AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 22 Agosto 2008

Es la hora de lengua común en el País Vasco
ANTONIO BASAGOITI, Presidente del PP del País Vasco ABC 22 Agosto 2008

EN los últimos tiempos se debate con intensidad acerca del castellano y la política lingüística. Esta controversia tiene un origen y una realidad muy significada en el País Vasco. El análisis de la estrategia ejecutada por el nacionalismo vasco nos permite desvelar las intenciones de algunos, así como acercarnos a los motivos por los cuales es imprescindible defender la lengua común. El PNV, tras su llegada al poder, puso en marcha unas políticas de fomento de la lengua vasca en ámbitos como el de la educación, la cultura o la propia Administración. Estas actuaciones no fueron mal vistas por una mayoría que interpretaban que serviría para preservar un idioma antiguo, propio y enriquecedor. Pero los nacionalistas desde el inicio entendieron que el euskera podría ser un elemento crucial para conservar el poder y alcanzar sus metas. Tras una labor de homogenización del antiguo idioma pusieron en marcha una maquinaria encaminada a adoctrinar. El objetivo era y es hacer nacionalistas a través de la Lengua.

Sembraron a través de la educación.
Los socialistas, compartiendo gobiernos con los nacionalistas, avalaron el adoctrinamiento, respaldando normas que lentamente iban sacando el castellano de las aulas. La postura de los socialistas, entre los que se encontraban algunos que ahora son ilustres defensores del castellano, creían que cediendo, saciarían al nacionalismo. Después, los herederos de Arana, cultivaron la falsa historia llamando normalización a la imposición del euskera en lugares en los que jamás se utilizó ese idioma de manera habitual, la propia carta puebla de Bilbao del año 1.300 esta escrita en castellano antiguo. Pero como su objetivo no es, ni era, preservar un importante patrimonio cultural de todos, sino tener una máquina de hacer independentistas, pasan a la fase de arrinconar el castellano. Su intención es ocultar el castellano de la misma manera que ocultan la bandera o borran la historia para negar que esto es y siempre ha sido España.

Y la verdad es que la cosa les estaba funcionando bien, la gente poco a poco traga, el uso del euskera aumenta lentamente, los distintos gobiernos centrales no se meten, la demagogia de que quien critica sus políticas esta en contra de lo vasco funciona, hasta que en los últimos tiempos se han inquietado y están acelerando. Por eso, lo están haciendo desparecer de la educación, lo hacen obligatorio para poder trabajar e intervienen hasta en el sector privado. Se están poniendo nerviosos porque perciben que la sociedad, y sobre todo, la juventud, comienza a rechazar su imposición lingüística. La gente en Euskadi cada día esta más harta de la falta de libertad también en lo lingüístico y ha empezado a reaccionar fundamentalmente por dos razones: la primera es que los ciudadanos son ya conscientes que el nacionalismo gobernante se ha pasado de vueltas con esto del idioma, y que una cosa es querer el euskera y otra muy distinta es que la sanidad publica contrate a los médicos que mejor conocen esta lengua y no a los que mejor saben operar, o que te impongan el idioma en el que tienes que hablar dentro de tu comercio. Y la segunda, es que la globalización, la normalidad de los millones de hispanohablantes, las nuevas tecnologías, la movilidad laboral y el pujante sector servicios llevan a muchos jóvenes a dudar de la utilidad de estudiar obligado algo que no les ayuda para entenderse con el resto del mundo.

Todos los nacionalistas, desde los democráticos hasta lo que defienden el terrorismo, se han dado cuenta de este nuevo fenómeno, por eso están apretando más aún, por eso están dando otra vuelta de tuerca. En este escenario es imprescindible que defendamos con ahínco la lengua común y las libertades porque los pasos que van a dar ahora, y más si siguen en el poder, van a ser más discriminatorios, más radicales, más en contra del progreso de esta parte de España. Sé que no van a conseguir eliminar el castellano del País Vasco, sé que es la hora del castellano, y por eso, soy consciente de que ahora más que nunca hay que defender a los ciudadanos y defender el sentido común, la lengua común, la historia común y las tradiciones comunes.

Izquierda liberal
El castellano no debe enseñarse en Cataluña
La Universitat Catalana d’Estiu se ha convertido en el espacio patrocinador de cualquier idea que vaya en contra de la cultura francesa y española y de todo aquello que promocione la eliminación oficial del castellano en Cataluña.
Antonio Robles Libertad Digital 22 Agosto 2008

Hace años que La Universitat Catalana d’Estiu se ha convertido en el espacio patrocinador de cualquier idea que vaya en contra de la cultura francesa y española y de todo aquello que promocione la eliminación oficial del castellano en Cataluña. En democracia puede ser hasta legal, pero antropológicamente a eso se le llama racismo cultural.

Suele ser ordinario entre sus modos de vender su nacionalismo cultural, político y lingüístico, recurrir a personajes internacionales para que repitan como loros sus tesis en los eventos que montan para ello. Pagan bien y agasajan mejor. Rigoberta Menchú o Mayor Zaragoza lo saben.

Este año, le ha tocado el turno al lingüista de padres alemanes nacido en Barcelona, pero criado y educado en Alemania y EEUU, Til Stegmann. Ha soltado la criatura que el castellano no debería enseñarse en Cataluña: "No sería necesario impartir clases en español en Cataluña. Lo más normal es que en el país se pueda vivir íntegramente en catalán, porque no es una lengua de segunda".

El lingüista alemán, es fundador de la Biblioteca Catalana de Frankfurt, es el primer traductor de la cultura catalana al alemán y tiene en su currículo el Premi Internacional Ramon Llull 2006, como no podía ser de otra manera.

Por lo que se ve, el lingüista es experto en política, por eso consideró que la Constitución española está equivocada en el capítulo de lenguas; para él, todos los idiomas españoles deberían ser considerados iguales, y ya puesto, ha criticado el "Manifiesto por una lengua común". La lección bien aprendida. Dejà vu.

En la Universidad Catalana de verano de Prada de Conflent (Francia), parte de lo que los nacionalistas llaman "països catalans", cada año se dan cita todos los lingüísticas y políticos catalanes más radicales. Siempre ha ocurrido que lo que allí se pide acaba imponiéndose años más tarde: lengua propia, inmersión, lengua institucional... Ahora sueltan la liebre de la eliminación del castellano en la escuela. Es lo que piensan aunque no sea lo que puedan hacer por ahora. Sigan atentos al presidente español de turno que quiera formar Gobierno y no pueda sin los votos de los nacionalistas.

A continuación los patrocinadores de la Universitad Catalana d’Estiu:
La UCE no seria possible sense el suport de les següents institucions:
Generalitat de Catalunya:

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural - Departament de Cultura (a través del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana i la Institució de les Lletres Catalanes) - Departament d’Educació - Departament de la Presidència (a través de la Secretaria General i la Direcció General d'Afers Religiosos) - Departament de la Vicepresidència (a través de la Secretaria de Política Lingüística) - Departament d'Innovació, Universitats i Empresa - Departament de Salut - i Departament d'Economia i Finances.Govern de les Illes Balears - Govern d’Andorra - Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló Diputació de Barcelona - Diputació de Lleida - (Presidènciai Institut d'Estudis Ilerdencs) - Diputació de Tarragona - Diputació de Girona Consell General dels Pirineus Orientals - Consell de Mallorca - Consell Insular d'Eivissa - Institut d'Estudis Ilerdencs - Ajuntament de Barcelona - Ajuntament de Mataró Vila de Prada - Institut Menorquí d'Estudis - Ajuntament de Sant Cugat del Vallès - Vila de Perpinyà - Caixa de Balears - Ajuntament de Cardedeu - Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat - Ajuntament de Figueres - Ajuntament de Vic - Ajuntament de Vilaseca - Ajuntament de Tortosa - Ajuntament de l’Ametlla de Mar - Ajuntament de l’Ametlla del Vallès - Ajuntament de Reus, i la col·laboració de mitjans de comunicació: Catalunya Ràdio - TV3 MacInformàtica - Fundació Juvinter - Raco Català - Fundació puntCat.

antoniorobles1789@hotmail.com

Nacionalismo
El imperialismo catalán
Aquel planteamiento "imperial" se hacía acompañar de un repudio al liberalismo al socaire de los vientos regeneracionistas y totalitarios de inicios del XX, pues era el "Gran Satán".
Jorge Vilches Libertad Digital 22 Agosto 2008

Enric Prat de la Riba esbozó el primer catalanismo político sobre dos ideas. La primera de ellas consistía en conseguir la unidad cultural de Cataluña, la homogeneidad interna, especialmente en torno a la lengua. La dificultad con la que se encontraron los catalanistas agrupados en la Lliga Regionalista fue la resistencia de la gente a abandonar el gusto por utilizar el idioma que les placiera. La solución fue acorde al nacionalismo totalitario de comienzos del siglo XX: utilizar las instituciones para borrar la diversidad cultural e ingeniar una comunidad etnolinguística. La segunda idea de Prat de la Riba fue el imperio plurinacional. Y en eso, o en su adaptación, estamos.

Prat no se refería con "imperio", al menos exclusivamente, a la extensión de los Països Catalans, sino a convertir al Estado español en una especie de Imperio Austrohúngaro compuesto de naciones reconocidas, unidas por un Jefe del Estado común; un rey (o emperador), por ejemplo. El objetivo era que Cataluña fuera un Estado dentro de un "imperio", en el que el Estado catalán fuera la vanguardia, el motor político, el modelo a seguir, el guía para la reforma territorial de España. En esta ensoñación algunos han querido ver la idea de España del catalanismo político, alejada del separatismo y cercana al eufemismo de la España plural y la nación de naciones. Aquel planteamiento "imperial" se hacía acompañar de un repudio al liberalismo al socaire de los vientos regeneracionistas y totalitarios de inicios del XX, pues era el "Gran Satán", el demiurgo de todos los males. Y un obstáculo, claro, para la ingeniera social.

Hoy se aprecia ese inapreciable legado de Prat de la Riba en todo el entramado del modelo de financiación. El desarrollo del Estado de las Autonomías depende de ese modelo, ya que cuanto mayor sea el traspaso de recursos más competencias se pueden asumir y, por tanto, el grado de descentralización será cada vez más completo. El primer paso fue la reforma del Estatuto de Autonomía impulsada por el Gobierno y parlamento catalanes, que absorbía funciones antes estatales y exigía, por tanto, más dinero. El segundo paso es obligado: la modificación del sistema con el que se financian las autonomías para cumplir con los Estatutos convertidos en ley. Nos encontraremos, de esta manera, con un Estado vacío de contenido para crear otros diecisiete, que serán (son) más voraces y omnipresentes para justificar su existencia.

El modelo de construcción estatal es, por tanto, el catalán, por lo que otras autonomías no sólo se reservan cláusulas estatutarias para llegar a las mismas cotas que sus vecinos del norte, sino que se edifican sobre la elaboración "nacional" que promocionan sus instituciones públicas. Al fin, el sueño imperialista de Prat de la Riba acabará convirtiéndose, sino lo es ya, en lo políticamente correcto, en la doctrina oficial. Salut colegues.

El síndrome sectario
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 22 Agosto 2008

DEBE ser el verano y la perspectiva que da el distanciamiento de nuestras esclavitudes diarias, pero encuentro mucho más sensata a la gente, mucho menos partidista, más dispuesta a reconocer errores y hasta ver virtudes en los adversarios políticos. Como si el calor derritiera la coraza de ideología sectaria y permitiera algunos rasgos de sentido común. Lástima que la democracia española sea todavía débil en exigir coherencia temporal a los políticos. Parece que funciona una máxima implícita por la que uno tiende a sincerarse con los periodistas del pueblo, a condición de que nadie espere que luego actúe en consecuencia al volver a la vida política en Madrid. Si no me creen, les propongo el siguiente ejercicio. Imagínense un país en el que tres máximos representantes del partido en el Gobierno declaran, y cito textualmente, a la prensa sobre el principal asunto político de la legislatura: «el Gobierno central es el responsable del lío de la reforma estatutaria», «el Gobierno de la Generalitat pretende cambiar la Constitución por la vía de los hechos», «algunos compañeros catalanes se han olvidado de lo que significa ser progresista». Busquen un conocido anglosajón o nórdico que veranee cerca de ustedes y pregúntenle si cree que en esas condiciones puede aguantar el gobierno. Les invito sin miedo a una espléndida cena en el Sport de Luarca o Casa Vicente en Castropol si encuentran uno solo que crea que en su país sería posible.

Pero este país nuestro sigue siendo tan diferente como cuando lo recorría a caballo Richard Ford. Ningún ciudadano español informado debería tener la menor duda de que el presidente Zapatero superará el trámite parlamentario porque cree firmemente que el fin justifica los medios. Si está dispuesto a comprometer mil millones de gasto adicional en Cataluña a un simple diputado solo para evitarse el trago de dar explicaciones en el Parlamento -por cierto sin que le avergüence aquella promesa suya de hacer del Congreso el centro de la vida política- ¿qué no hará para asegurar la aprobación de las cuentas públicas? Siendo justos esa actitud presidencial no constituye el hecho diferencial español, casi todos los primer ministros europeos harían lo mismo, si les dejaran. Lo que explica que España sea diferente es el síndrome sectario que predomina en nuestra vida política. Cualquier despropósito es posible, cualquier estupidez está justificada, siempre que perjudique al Partido Popular. Solo esa enfermedad que ha contagiado a nuestros progresistas puede explicar que los mismos que hacen esas declaraciones las olviden al ponerse el traje de faena y ejerzan la disciplina de voto sin el menor escrúpulo.

Un síndrome sectario por cierto que parece contagiarse por el Caribe, obviamente en una versión magnificada como corresponde a un clima que es el mejor caldo de cultivo para todo tipo de virus y bacterias. En la Venezuela de nuestro querido Chávez vale todo con tal de que perjudique a Estados Unidos y a Bush, la versión local del imperialismo que aquí juegan Aznar y los neoliberales, hasta expropiar una cementera mexicana porque, ingenua ella, no ha convenido en simular una venta de común acuerdo. Enhorabuena a Cemex, cuya actitud evidencia una vez más el régimen totalitario que ha impuesto Chávez entre el silencio cómplice de la progresía internacional, ¿dónde están García Márquez y Saramago?, y la incomprensible sumisión de las grandes empresas que siguen sin atreverse a denunciar ese régimen ante los organismo internacionales. El comandante hizo aprobar el día 1 de agosto, el último de los 545 días que se había dado de plazo para legislar por vía extraordinaria, 26 decretos que transforman radicalmente el panorama político y económico del país y que suponen una completa burla a la derrota que el propio pueblo venezolana impuso a su proyecto de Constitución. Ha pasado casi un mes. ¿Saben ustedes de alguna acción más allá de la retórica de nuestro Gobierno que supuestamente lidera la comunidad iberoamericana de naciones? A Chávez le puede pasar como a Zapatero, guardando la distancia que impone el realismo mágico, que el cambio de ciclo le pille con el pie completamente cambiado y con una política económica que amplifica y perpetúa la crisis. Son las cosas que tiene el síndrome sectario.

No todo está perdido
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 22 Agosto 2008

Las grandes desgracias dan fe de la existencia de la nación. No tienen en cuenta las demarcaciones territoriales ni distinguen entre nacionalidades y regiones. No piden permiso a Puigcercós o a Ibarretxe para ser sentidas, y no cabe aplicar en este punto de los sentimientos la «cláusula Camps». La catástrofe de Barajas ha afectado por igual a «toda España», y más fuertemente que en otros países. Como el desastre de Afganistán ha dolido menos aquí que en Francia.

La catástrofe de Barajas ha conmovido a la nación, no al Estado, que carece de sentimientos. Ha venido a demostrar que, más allá de los cuarteamientos territoriales, existen una conciencia común y una sensibilidad que se corresponden a nuestra realidad geográfica e histórica. La explosión del avión de Spanair fue mala noticia en el resto del mundo, pero donde se está viviendo como desgracia es entre nosotros, hayamos nacido en le valle de Valderredible, como el idioma que nos es común, o en cualquier punto de la «realidad nacional» como Chaves o Javier Arenas... El infortunio es, desgraciadamente, la última prueba de que España sigue existiendo como «nación» por encima de los empeños de los que se han apuntado a la idea de que ha sido una construcción falsa y perversa. ¿Unos cuántos nacionalistas? Lo suficientemente influyentes como para haber determinado un proceso institucional cuyas heces estamos apurando.

Pero, como digo, la nación se manifestó como tal ante la tragedia de Barajas. Como en otras ocasiones, la familia española fue agrupándose al atardecer en torno a las emisoras, aturdida por las terribles informaciones. El hecho es que la reacción fue, una vez más, la confirmación de la existencia de una sensibilidad colectiva, al tiempo que, a renglón seguido, nos llegaban otras noticias que daban cuenta de la destrucción del Estado en relación con la financiación de las autonomías. La conclusión era llamativa: lo único que sigue dando fe de la pervivencia de la nación ha quedado reducido a los sentimientos de solidaridad ante las desgracias colectivas... o de autoestima ante los éxitos deportivos.
¿Podemos deducir de ello que no todo está definitivamente perdido?

Impago de impuestos
Arrimando el hombro
Si los impuestos son una incautación forzosa de nuestras rentas y de aquello que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo, ¿por qué ha de ser inmoral no informar al Estado de lo que ganamos?
Jorge Valín Libertad Digital 22 Agosto 2008

Los dos candidatos americanos a la Casa Blanca se entrevistaron la semana pasada con el pastor protestante Rick Warren. El candidato demócrata, Barack Obama, soltó el típico discurso pijo-progre transformando hechos tiránicos en bellas palabras: "todos debemos entender que la educación, las carreteras, los servicios... no son gratis. Todos debemos arrimar el hombro". ¿No le suena esta expresión de "arrimar el hombro"? También es muy usado por el Gobierno socialista español.

Cuando alguien le pide que arrime el hombro entiende que le está solicitando ayuda y que usted, de forma voluntaria, se la da si quiere. Esta expresión recibe un sentido totalmente diferente cuando es usada por los políticos. En política, arrimar el hombro significa que aprobarán leyes obligándole a pagar más dinero al Estado. Esto no es altruismo, ni bondad, ni mucho menos un acto solidario y de civismo, simplemente es un crimen y un robo ya que usted paga los impuestos porque el Gobierno le amenaza y extorsiona con multarle, juzgarle, encarcelarle o matarle si se defiende de la agresión estatal y no cede el tributo al Gobierno de turno.

Afortunadamente, la sociedad española se está dando cuenta de qué son los impuestos y de que estos son siempre ilegítimos. Según el Ministerio de Economía, casi un 50% de la población ve con buenos ojos no declarar al fisco todas las rentas obtenidas. Estos datos contrastan con los años anteriores. En 1995 sólo el 33% de la población encontraba lícito engañar a Hacienda para no dejarse saquear por el Estado. En 2006 esta proporción ascendió al 39% y en 2008 se sitúa concretamente en el 49%.

Casi el 88% de los encuestados piensan que "hay circunstancias en la vida personal o de una empresa que justifican cierto fraude para seguir adelante". Esto es muy interesante, porque contradice totalmente el argumento izquierdista que los impuestos se revierten directamente en el individuo como un efecto multiplicador al estilo keynesiano generando más rentas o bienestar para todos.

No pagar impuestos es algo más que un hecho circunstancial a la situación económica. ¿Se imagina que por ley tuviésemos que informar a un ladrón a qué horas no estaremos en casa para que él entrase a saquear nuestra propiedad? Si los impuestos son una incautación forzosa de nuestras rentas y de aquello que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo, ¿por qué ha de ser inmoral no informar al Estado de lo que ganamos? Si caemos en la extorsión del Estado, éste nos sacará nuestro dinero para comprar más votos, repartirlo entre sus grupos de presión o emprender proyectos de ayuda inútiles que no repercuten en nuestro bienestar. Más bien al revés, lo usarán para crear más leyes que les sirvan para controlar nuestras vidas. Engañar al fisco es un acto de defensa para mantener nuestro bienestar y conservar aquello que nos hemos ganado trabajando. Nadie tiene derecho a sacárnoslo.

¿De verdad cree que la presión fiscal, que supera ligeramente el 40%, es para pagar los llamados servicios básicos del Estado? Sólo en la recaudación por tabaco y licores ya se paga todo el presupuesto de Defensa. ¿Cree que los políticos administrarán mejor su dinero que usted? Ellos no les bajarán los impuestos, así que tome usted la iniciativa.
Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

Rusia y la amenaza nuclear
¿Alguien se acuerda de Irán?
Rusia como China quieren limitar la influencia de Estados Unidos en el mundo y están dispuestas a asumir los riesgos de un Irán nuclear para lograrlo.
GEES Libertad Digital 22 Agosto 2008

La crisis georgiana, la contundente reaparición del Imperio Ruso en la política internacional, ha relegado a un segundo plano otro grave problema: el intento iraní de acceder a la tecnología nuclear con fines militares. Sin embargo, una y otra crisis están estrechamente vinculadas y conviene reflexionar sobre su relación para comprender el teatro de operaciones en el que nos encontramos y de qué márgenes de actuación disponemos.

En democracia el uso de la fuerza sólo es posible tras haber agotado las vías diplomáticas y logrado un consenso suficiente. Caso aparte es cuando se vive en una permanente situación prebélica y hay acuerdo para hacer uso de la fuerza con carácter preventivo para evitar que el enemigo acceda a un determinado armamento. Los ataques israelíes a las instalaciones nucleares iraquíes y sirias son ejemplos de esta particular situación. Sin embargo, el descubrimiento de que Irán estaba violando el Tratado de No Proliferación Nuclear y de que estaba tratando de enriquecer uranio con fines militares no pareció justificar una acción. Había tiempo suficiente para ensayar medidas diplomáticas dirigidas a hacer comprender a las autoridades de ese país que su interés nacional aconsejaba abandonar el programa nuclear.

Una estrategia de "palo y zanahoria", de sanciones y gratificaciones en función del comportamiento iraní comenzó a desarrollarse desde el Consejo de Seguridad. Era lo que tocaba hacer, lo lógico, lo propio de naciones que respetan el derecho internacional público y que creen en los mecanismos propios del régimen de no proliferación. Sin embargo, pocos confiábamos en que la diplomacia surtiera efecto y, desde luego, entre los crédulos no se encontraban los responsables iraníes.

Que un proceso diplomático no conduzca a la solución de un problema no implica que sea inútil, porque sólo su fracaso legitima el uso de la fuerza. Esto no quiere decir que la diplomacia no sea instrumento suficiente para doblegar a los dirigentes iraníes. El problema no está en las sanciones sino en los sancionadores. En ningún momento ha habido voluntad suficiente entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para imponer sanciones realmente duras a Irán. China le compra hidrocarburos; Rusia le vende tecnología nuclear y armamento, en concreto baterías de misiles tierra-aire con que defenderse de un ataque israelí o norteamericano. Alemania siente vértigo cada vez que tiene que actuar con firmeza en política internacional y, en plena crisis económica, no quiere castigar su industria privándola de contratos.

Irán siempre ha estado convencida de que nada serio había que temer del Consejo, por las razones citadas y porque tanto Rusia como China quieren limitar la influencia de Estados Unidos en el mundo y están dispuestas a asumir los riesgos de un Irán nuclear para lograrlo. Rusia establece su área de influencia invadiendo Georgia y reivindica su condición de actor relevante en Oriente Medio protegiendo a Irán y a Siria.

En estos momentos el Consejo de Seguridad se ocupa de preparar una resolución sobre Georgia, que Rusia amenaza con vetar, y de pactar nuevas sanciones contra Irán. A nadie le puede sorprender que la diplomacia no logre detener el programa nuclear iraní o que el Consejo de Seguridad vuelva a resultar inútil para gestionar una crisis internacional. Lo sorprendente es que no tengamos un plan para actuar a continuación. Durante años Bush amenazó con usar la fuerza si la diplomacia fracasaba; McCain repitió que sólo había algo peor que una acción militar contra Irán, un Irán nuclear; los dirigentes israelíes proclamaron que no aceptarían la existencia de un programa nuclear... La realidad es que en un plazo muy breve de tiempo veremos si Rusia está o no dispuesta a colaborar seriamente para impedir que los ayatolás dispongan de cabezas nucleares para sus misiles, y llegará el momento de tomar una decisión. No parece que Bush vaya a asumir esa responsabilidad, por lo que la cuestión iraní será el primer tema en la agenda internacional de su sucesor.

Para entonces ya tendremos más claro hasta qué punto la cuestión iraní es la cuestión rusa; en qué medida regímenes dictatoriales de distinta naturaleza hacen frente común ante unas democracias divididas, en crisis económica y dependientes del suministro energético, planteando unos retos insalvables para buena parte de ellas. Hemos consumido el tiempo en conversaciones diplomáticas que no conducían a nada. El tiempo es un bien escaso, y en lo que concierne a la crisis iraní aún más. Habrá que afrontarla en las peores condiciones diplomáticas y económicas, pero esa ha sido nuestra opción.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

La Xunta impide a 400 familias objetar la asignatura de Ciudadanía
El Gobierno gallego desestima las peticiones de exención de clase por tratarse de una "norma imperativa". Los afectados presentaron recurso ante del Tribunal Superior.
La Opinión 22 Agosto 2008

A. MÉNDEZ. VIGO. Primer pronunciamiento oficial de la Xunta de Galicia respecto a la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). La conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, firma las resoluciones en las que se desestima la petición de las casi 400 familias gallegas que, según los colectivos de afectados, han formalizado hasta ahora su oposición a la nueva materia y solicitado que se exima a sus hijos de asistir a clase. Ya han recurrido la decisión ante el Tribunal Superior.

El Ejecutivo autonómico responde a las familias en una extensa carta de tres páginas que "no admite los escritos presentados" por tratarse de una asignatura "obligatoria e imperativa" ante la que entiende que "no cabe invocar el derecho a la libertad ideológica y religiosa", que es uno de los que esgrimen los padres para objetar.

Las resoluciones están firmadas el 31 de julio y empezaron a recibirse el 6 de agosto, con decenas de familias fuera de sus domicilios por vacaciones. Esta circunstancia, criticada por las asociaciones que lideran el movimiento en contra de EpC, no ha impedido, no obstante, que los padres hayan vuelto a movilizarse.

El presidente del Foro Gallego de la Familia, Javier Sanz, abogado, presentó el pasado miércoles "los primeros 13 recursos que impugnan 32 resoluciones ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia". En ellos los padres alegan que la nueva materia, que empezará a impartirse en septiembre, "se entromete en el ámbito reservado a la libre decisión de los padres". Añaden en sus recursos "el derecho de objeción de conciencia forma parte del derecho de libertad ideológica ".

Los españoles creen que la Justicia protege más al delincuente que a la víctima
 Periodista Digital 22 Agosto 2008

La Justicia en España nunca ha estado bien vista. Polémicas decisiones sobre presos etarras, errores que dejan a reincidentes en la calle o su excesiva politización han limado la confianza de los españoles sobre uno de los pilares de la estabilidad democrática. Pero lejos de encontrar soluciones, los políticos se pierden en retórica electoralista.

Casos con el de De Juana o del asesino de Mariluz demuestran el sentir de los ciudadanos. La irresponsabilidad de algunos jueces, potenciado por una politización en extremo; y la concatenación de errores que han puesto a criminales en libertad han conseguido que la ciudadanía no confíe en la Justicia.

Según una encuesta elaborada por Sigma Dos para el diario El Mundo, el 66% por ciento de los españoles cree que la Justicia protege más al delincuente que a la víctima y la suspenden en eficacia e independencia. Además, seis de cada diez ciudadanos considera "deficiente" el funcionamiento de los juzgados, siendo las mujeres y los ancianos los más críticos con nuestro sistema judicial.

Los expertos, no obstante, advierten que la mayor parte de los juicios que emiten los ciudadanos se basan más en las informaciones que aparecen en medios de comunicación que en experiencias personales.

Más allá de los casos puntuales, lo que sí refleja es que la acción de la Justicia no llega o lo hace distorsionada. Los españoles opinan que el sistema judicial no es capaz de dar respuestas eficaces a las demandas de los ciudadanos e instituciones clave como el Constitucional son percibidas como órganos politizados y nada independientes.

Seis de cada diez encuestados consideran "deficiente" o "muy deficiente" el funcionamiento de los juzgados mientras que apenas el 8% lo califica de "bueno o "muy bueno". Las mujeres son más críticas que los hombres y la opinión empeora con la edad. Mientras el 53% de los jóvenes de 30 años considera deficiente el funcionamiento de la Justicia, la cifra sube hasta el 70% cuando se trata de mayores de 65%.

Por tendencia política, son los votantes de IU y PP los más severos en cuanto al funcionamiento de la Justicia, mientras que los socialista también tienen una opinión negativa, aunque en menor proporción.

“No” rotundo del Tribunal Constitucional para la consulta de Ibarretxe
Redacción Bilbao MD 22 Agosto 2008

El Tribunal Constitucional dice ‘no’ a los partidos vascos que pretendían personarse en el recurso que el Gobierno y el PP presentaron en julio contra la ley que habilita al lehendakari, Juan José Ibarretxe, a convocar una consulta soberanista en Euskadi. El pleno de la corte, por unanimidad, ha asegurado que ni las tres formaciones que integran el Ejecutivo de Ibarretxe -PNV, EA y EB- ni Aralar están legitimados para ser parte en este recurso de inconstitucionalidad, solicitado por los cuatro grupos hace dos semanas.

Los líderes de los tres partidos nacionalistas y de Ezker Batua viajaron a Madrid el día 6 para entregar el recurso como representantes de la voluntad popular y para acusar a Zapatero de «amordazar» a los vascos por vetar el plebiscito. Asimismo, alegaron que sus derechos están afectados por la suspensión cautelar de la ley, aprobada el 27 de junio por el Parlamento vasco gracias a sus votos y a uno de EHAK, y por la posible anulación del referéndum fijado por Ibarretxe para el próximo 25 de octubre.

En un auto de 18 folios, que coincide con las alegaciones de la Abogacía del Estado y el PP en contra de los cuatro partidos, los magistrados señalan que la doctrina constitucional es «reiterada y está consolidada», y señala que ninguna persona física o jurídica, incluidos los grupos políticos, pueden personarse en un recurso de inconstitucionalidad, «tengan los intereses que tengan en la invalidación de la ley».
«No hay indefensión»

Los únicos legitimados para ello son, además de los demandantes y demandados, los citados por la ley -Gobierno, Congreso y Senado- y, de manera excepcional, las comunidades autónomas cuando la norma o disposición recurrida afecte a su ámbito de competencias. El alto tribunal considera la pretensión de esas cuatro formaciones como «una manifestación más de la voluntad extrasistema que la ley impugnada puede consagrar».

El Constitucional niega que la doctrina provoque indefensión y rechaza que los ciudadanos vascos a los que dicen representar los cuatro grupos queden excluidos de un pleito que les afecta, ya que en el recurso son parte principal el Gobierno vasco y el Parlamento de Vitoria. Los magistrados aclaran que «los partidos políticos no son representantes políticos de los ciudadanos», porque esa es «una relación entre electos y electores», ya que la representación política la tienen los parlamentarios sobre su cuerpo electoral. El auto resume que «esa representatividad política (pretendida y alegada) la tiene el Parlamento vasco, que ya está en el proceso como recurrido».

El tribunal da la razón a la Abogacía del Estado, que ha considerado que los nacionalistas vascos conocían perfectamente la doctrina asentada en los últimos 30 años y su imposibilidad de personarse. Y, por este motivo, ha señalado en sus alegaciones que «es forzoso concluir que los partidos, solicitantes de una personación cuyo rechazo podían fácilmente anticipar, no persiguen más que el aprovechamiento e instrumentalización del presente proceso constitucional».
El próximo pleno que celebrará el Constitucional sobre este asunto será posiblemente para resolver el fondo del recurso. Los magistrados trabajan con la intención de dictar una sentencia antes del 15 de septiembre, día fijado por el lehendakari para convocar la consulta.

Los partidos del tripartito y Aralar cuestionaron con dureza la decisión del tribunal. El portavoz de Ezker Batua, Mikel Arana, calificó la medida de «atropello democrático» y «acto de censura» contra las formaciones que defienden la iniciativa. Por su parte, el vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, señaló que «es increíble que el Constitucional sentencie que los partidos no representamos a la sociedad». Aralar «seguirá en la defensa de la consulta», concluyó.

La reacción más crítica partió de Joseba Azkarraga (EA). En unas duras declaraciones, el consejero vasco de Justicia advirtió de que «ya ha llegado el momento de que organismos internacionales valoren la ínfima calidad democrática del Gobierno de Zapatero y del Estado español». Por su parte, el portavoz del PP, Leopoldo Barreda, destacó ayer «la pretensión» de las cuatro formaciones de «retorcer hasta el infinito» la legalidad y su «incompatibilidad» con la jurisprudencia europea. Barreda les acusó de buscar «la manipulación política y la precampaña electoral».
El PNV ha suspendido la rueda de prensa que tenía previsto celebrar hoy Joseba Egibar para valorar la decisión del Constitucional, en solidaridad con las víctimas de la catástrofe de Barajas.

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