AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 24 Agosto 2008

Partidos que no dan la talla
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 24 Agosto 2008

PP y PSOE van a acordar las renovaciones del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, terminando así con el inaceptable retraso que ellos mismos causaron. Una buena noticia que los dos grandes van a estropear llevados de su irresistible afán de zarandear al poder judicial, sin responder por ello, claro. Un modo muy nuestro de corromper la democracia constitucional en el que, visto el comienzo de las negociaciones, van a persistir.

El PP propone al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ para entrar en el Tribunal Constitucional, y el PSOE lo veta. El PSOE propone para el TS y el CGPJ al fiscal general del Estado, y el PP lo veta. Se veta a quienes han desempeñado los cargos más relevantes en nuestro poder judicial y su órgano de gobierno. ¿Dos maleantes? En absoluto. Ocurre que nuestros partidos, todos, creen tener derecho a seleccionar a los miembros del CGPJ, del TC, del TS, de los Tribunales Superiores de Justicia de las CA y hasta a los presidentes de las Audiencias Provinciales, con criterios de proximidad personal y política, para que, llegada la ocasión, al otro lado del teléfono conteste siempre un leal para lo que guste mandar. Que los partidos zarandeen así a los órganos encargados de controlar jurisdiccionalmente sus actuaciones, pone de manifiesto lo poco que progresan democráticamente sus comportamientos.

¿Que los señores Hernando y Conde han sido propuestos para que el otro partido los vete? Seguro. Como seguro es que los vetos que ahora sufren son la consecuencia del exceso de lealtad partidaria con el que se comportaron durante estos años. Ellos han contribuido disciplinadamente al zarandeo del que hablaba. Si este es el comienzo de las negociaciones, el final no augura nada bueno.

Otra muestra de lo que importa a nuestros partidos eso de la calidad de la democracia ha sido la actuación ridícula del único diputado de IC-els verts, señor Herrera. Presentó hace días una petición de comparecencia del presidente ante la Diputación permanente del Congreso para explicar sus propuestas de financiación autonómica, y la retira ahora tras una visita de la vicepresidenta al consejero de la Generalitat, señor Saura que, supongo, recibirá a cambio algún dinerito y alguna competencia para su departamento. Algo parecido a lo que ocurrió con el vicepresidente Quintana cuando el asunto de la reprobación de la ministra de Fomento. El enredo confirma que, en efecto, para Zapatero el parlamento es el centro de la política democrática y que tiene muy claras las ideas sobre el objeto de la sesión. Tan claras como las que defendió sobre el Estatuto catalán. Confirma también que IU es una fuerza tan coherente y leal en Cataluña como en el País Vasco y en España entera. Que Solbes dará con precisión de decimales los datos de inflación, crecimiento y paro del año pasado. Que al portavoz socialista, el ex magistrado Alonso, le va a caer una buena en cuanto lo pille la vicepresidenta, por hacerla pasar el trago de pedir audiencia a un consejero catalán de vacaciones en Mallorca para pedirle un favor, todo un placer. Que a Saura lo van a engañar como a un chino, con perdón, y que al PP, con una petición de comparecencia igualita a la anterior, no lo secunda nadie.

A los partidos les ha movido el interés propio bastante más que el general en estos casos. Nada que ver con lo que sucede en Galicia. Aquí el presidente de la Xunta convocará elecciones anticipadas sólo si es en interés de todos los gallegos. En serio.

José Antonio Portero Molina es catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña

La financiación como síntoma
JAVIER ZARZALEJOS EL Correo 24 Agosto 2008

Salvo que en la sede socialista de Ferraz se hayan empezado a distribuir argumentarios que incorporen bromas pesadas, los 'barones' del PSOE parecen haberse puesto de acuerdo para coordinar un ejercicio de cinismo político a propósito de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y de la posición de la Generalitat catalana en este asunto.
Abrió la serie de declaraciones el presidente de la Diputación General de Aragón, Marcelino Iglesias, advirtiendo de que Cataluña no puede pretender que haya dos acuerdos de financiación, uno de esa comunidad con el Estado y otro con todas las demás comunidades autónomas. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, exhortaba a Cataluña a acostumbrarse a ser una comunidad como las otras. Finalmente, el último en pronunciarse era el presidente de la comunidad extremeña, Guillermo Fernández-Vara, denunciando que con el Estatuto de Cataluña se pretende una revisión del modelo de Estado al margen de los procedimientos constitucionales previstos.

Estos tardíos descubridores del Mediterráneo exhiben con sus declaraciones la torpeza, la doblez y el oportunismo que ha impulsado la revisión del marco territorial detonada por el nuevo Estatuto catalán sin otra razón objetiva que la satisfacción de los intereses partidistas de los socialistas. No sólo es que declaraciones idénticas a las de estos presidentes autonómicos del PSOE en boca de cualquier dirigente del PP habrían merecido la condena sumarísima a la marginación por 'catalanofobia', sino que este perezoso despertar al desaguisado territorial resulta más una maniobra táctica que un empeño decidido de corregir la debilitada articulación del Estado. Poco puede esperarse, más allá de estos fogonazos, de los que ahora quieren ponerse a la cabeza de la manifestación de la solidaridad y la igualdad después de avalar con mansa disciplina los experimentos de aprendiz de brujo de su jefe de filas. Y tanto es así que a la izquierda le está correspondiendo el dudoso honor de protagonizar el debate sobre los límites de la solidaridad, lo que, por cierto, no significa negar a Cataluña el pan y la sal de sus reivindicaciones ni dar por bueno el uso que en nombre de la solidaridad se hace del dinero público no para superar sino para instalar a cientos de miles de ciudadanos en la cultura de la subvención y de la lealtad electoral a los nuevos caciques.

No se extrañe Marcelino Iglesias -a quien recordamos riéndole a Maragall la gracia aquella de rehacer la Corona de Aragón- de que Cataluña exija bilateralidad. Eso es lo que dice su nuevo Estatuto si el Tribunal Constitucional no lo corrige. Bilateralidad, sí, y, además, no sólo como método de negociación sino como principio que define la posición política y competencial de la Comunidad Autónoma de Cataluña frente al Estado. Ya puede el presidente castellano-manchego hacer grandes protestas de igualdad entre comunidades autónomas cuando el salto estatutario protagonizado por su partido en Cataluña tenía por objetivo declarado consagrar la singularidad cualitativa del autogobierno catalán, más allá de la ampliación hasta límites rayanos con el soberanismo de su 'quantum' competencial. ¡Y qué decir de que ahora el presidente de Extremadura haga suyo el argumento fundamental de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán del Partido Popular y del Defensor del Pueblo, y nos ilustre sobre la mutación constitucional -es decir, modificación de la Constitución al margen del procedimiento previsto para su reforma- que resulta de aquel texto! Una observación tanto más contradictoria con la posición socialista cuanto que mientras el dirigente extremeño denunciaba los efectos del Estatuto catalán, el secretario de organización de su partido, José Blanco, retaba al PP a retirar el recurso de inconstitucionalidad como prueba de autenticidad de su denominado giro al centro.

on estos antecedentes, parece un afán imposible que el debate sobre la financiación autonómica se ajuste a exigencias de rigor y coherencia y que abra la oportunidad para una reflexión seria y madura sobre el papel del Estado y la articulación territorial del país. Lo probable es que el juego oscile entre la sorprendente matemática de Rodríguez Zapatero, según la cual todos van a ganar, y el aprovechamiento táctico que en el ejercicio legítimo de la oposición intentará el PP para demostrar la incompetencia del Gobierno para hacer frente a una crisis del modelo territorial que el propio Ejecutivo fue generando durante la pasada legislatura.

Hay, sin embargo, dos efectos secundarios de la crisis de la financiación que pueden vislumbrarse con especial interés. Por un lado, la negociación del nuevo modelo financiero, con las necesidades evidentes de apoyo parlamentario que manifiesta el Gobierno, puede acabar con este pretendido clima de distensión y consenso entre PP y PSOE sin que apenas haya llegado a producir resultados. Los apuros de Rodríguez Zapatero para librarse de la comparecencia extraordinaria ante el Congreso y el pacto 'in extremis' que hubo de tejer el PSOE con ICV para desactivar la iniciativa han devuelto al Gobierno a la realidad de su debilidad parlamentaria y la dependencia de los mismos socios de los que Rodríguez Zapatero se jactaba en la investidura de haberse emancipado. Proclamar que, con el acuerdo con ICV para evitar que Rodríguez Zapatero vaya al Congreso, el PSOE ha roto el frente nacionalista catalán no es más que una interpretación voluntarista. Rodríguez Zapatero vuelve a estar donde ha estado desde que llegó al poder. Pero para legitimar una nueva legislatura bajo dependencia nacionalista, la operación de reconstrucción del enemigo -huelga decir que es el PP- debe ponerse en marcha con rapidez desempolvando las viejas descalificaciones que habrán de remozarse para que produzcan el impacto deseado en una opinión pública que va consumiendo el amplísimo margen de benevolencia que ha tenido con Rodríguez Zapatero.

A largo plazo, más importante incluso que las maniobras tácticas de unos y otros en torno al problema de la financiación resultará comprobar el efecto que este debate tiene sobre los dos grandes partidos nacionales, sobre su estructura real de poder y su configuración como organizaciones políticas. En los principales federalismos (Estados Unidos, Alemania) los partidos de ámbito nacional actúan como estabilizadores del sistema y representan una fuerza de compensación de las presiones centrífugas que se dan en cualquier forma de Estado con un intenso reparto territorial del poder. Por el contrario en España, esas presiones centrífugas que se han intensificado en los últimos cuatro años parecen haberse trasladado a los principales partidos, en los que prende el convencimiento de que la mejor forma de gestionar el modelo de acuerdo con sus intereses electorales es mimetizarse con los elementos más particularistas de aquél al considerar que el camino que ha emprendido el modelo territorial español después del Estatuto catalán es irreversible. En el Partido Socialista, los estragos que ha causado la adopción en buena medida del discurso, la lógica y el lenguaje nacionalistas son palpables y probablemente se manifiesten con toda su gravedad cuando pase a la oposición. Ahora es el PP el que se somete a una prueba de equilibrio y coherencia como partido de ámbito nacional que ha proclamado su compromiso con un Estado viable y con los principios de solidaridad e igualdad que, a la vista está, se encuentran en entredicho.

Ultrajes a España
Manuel Molares do Val Periodista Digital 24 Agosto 2008

Muchos ciudadanos se indignaron al saber que numerosos independentistas catalanes se manifestaron provocativamente hace unos días en Barcelona sólo para quemar banderas españolas al grito de “Ultrajemos a España”.

Este cronista ha hecho todo lo posible por entrevistar a la agraviada, pero España no ha contestado a ninguna de sus llamadas, a pesar de haberla reclamado respetuosamente por llanuras, montes y ríos.

El cronista diría que ese silencio demuestra el desinterés de España por quienes la insultan. Si ni siquiera se ha molestado en provocar un terremotillo de indignación o un hundimiento que denuncie la corrupción de los políticos nacionalistas, como en el Carmelo. Nada: a España no le importa que la insulten.

Aunque esas ofensas le afectan a los españoles más emotivos, de los que esos secesionistas esperan reacciones iracundas que no deben dárseles porque cuando nadie les concede importancia se sienten fracasados y terminan pegándose entre ellos mismos, lo que resulta muy hilarante.

España pensará para su corteza, manto y núcleo terrestres que esos tipos están locos, que insultarla es como rebuznarle a la luna, igual que los asnos. Y a la luna, la verdad, no le importa nada lo que le digan esos equinos de carga que ni siquiera son caballos.

Quienes habitan este país deberían observar a estos insultadores con igual estoicismo que el territorio agraviado: mientras no agredan a sus habitantes no presentan peligro alguno.

Que sigan rebuznando para que, en lugar de indignarse, la gente se ría ante y de ellos viendo como se metarfosean hasta acabar a cuatro patas, momento ideal para darles un azucarillo, ponerles freno, silla y estribos y cargarlos de fardos, como es su función: unos excelentes asnos, el emblema patriótico que han creado para oponerlo al bravo, pero sacrificial, toro español.

Una paradoja socialista
GERMÁN YANKE ABC 24 Agosto 2008

El acalde de San Sebastián, Odón Elorza, publicó hace unos días un artículo en «El País» que contenía una curiosa paradoja socialista. Digo una porque no todos sus compañeros de partido, también en el País Vasco, participan del mismo análisis y de similares propuestas, pero sí responde al punto de vista de algunos de ellos, significativos en ciertos sectores del socialismo vasco. Si siempre reviste interés conocerlo, este aumenta cuando el Partido Socialista de Euskadi puede jugar un papel decisivo tras las elecciones autonómicas que Ibarretxe puede verse forzado a adelantar.

Odón Elorza hace una dura crítica a la actual posición del PNV. Considera que las discrepancias en su seno ya no pueden considerarse una muestras de una pluralidad porque revelan una grave crisis forzada por una posición dominante que, con el intento de convocar un referéndum, supone, causando una quiebra en la sociedad vasca, la pretensión de iniciar un camino hacia la independencia. Es una obviedad, pero no por ello conviene evitar la insistencia porque el nacionalismo se maneja bien en la ambigüedad, en el escenario de buscar una meta subrayando que se persigue otra y, de paso, en el más absurdo, pero a veces eficaz, victimismo.

Lo paradójico es que, tras este diagnostico, el alcalde de San Sebastián hace una primera sugerencia al líder de su partido en el País Vasco, Patxi López: que aclare que no va a pactar con el PP. Y una segunda: que proponga un proyecto «transversal», palabreja con la que se quiere dibujar un acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas, entre nacionalistas y socialistas en este caso. Así que, identificado el enemigo, lo que se debería pretender es pactar con él. Y si utilizo la palabra enemigo, y no adversario, es porque tanto la realidad política del País Vasco como el propio texto de Elorza revelan que el nacionalismo vasco se ha colocado en una posición frontal contra la Constitución y la convivencia.

Se me podría decir que el dirigente socialista habla del PNV y yo acabo de señalar que, hoy, es el nacionalismo vasco el que, por encima de sus discrepancias, ha elegido colocarse frente a la Constitución. Y no sería un comentario banal porque da la impresión de que Elorza, como Maragall y un sector de los socialistas catalanes, prefiere un acuerdo con las respectivas versiones autonómicas de Izquierda Unida y otros partidos nacionalistas más a la izquierda y más minoritarios para dejar fuera tanto a los tradicionales partidos nacionalistas (PNV en el País Vasco, CiU en Cataluña) y al PP.

No por ello deja de ser una paradoja porque, en el País Vasco, todos los males (antidemocráticos) que se condensan en el intento de un proceso de autodeterminación impulsado por Ibarretxe están respaldados no sólo por el PNV, sino por IU y el resto de menores partidos nacionalistas. Es más, a nadie se le oculta que, con ello, han venido a asumir una vieja doctrina de ETA y Batasuna, sin el que no se entendería, siquiera estratégicamente, el préstamo de votos del Partido Comunista de las Tierras Vascas para sacar el proyecto provisionalmente adelante en el Parlamento vasco. Así que insisto en la paradoja: una vez identificado el enemigo, se propone pactar con él con el subterfugio de llamarlo «transversalidad» y el de hablar del contenido de la «España federal».

Pacto con el PP
La paradoja se agranda cuando, para paralizar ese reto a la legalidad de PNV, EA, Aralar, IU y el apoyo de las diferentes caretas de Batasuna, el PSOE, el partido que ha hecho alcalde a Elorza, tiene que contar con el PP. O el asunto no es tan grave como este político señala con su particular mezcla de lamento y enfado, o no se entiende bien que, precisamente ahora, el primer paso de la estrategia política de los socialistas vascos tenga que ser anunciar formalmente que en ningún caso pactará con el PP. Sin olvidar la utopía -ya que el PSOE no tendrá lehendakari sin el PP ni gobernará sin el PNV-, en este batiburrillo intelectual parece subyacer un cierto complejo... ante los nacionalistas: ya sabemos que no tenemos más remedio que ser españoles, constitucionales y defensores de la ley, pero no nos miren como al PP. Ya se sabía que Odón Elorza no era un pensador, pero se le puede pedir que no nos trate como si los demás no pensáramos nunca.

El mito del hecho diferencial catalán
POR MARÍA JESÚS CAÑIZARES I BARCELONA. ABC 24 Agosto 2008

El Gobierno autonómico catalán siempre ha esgrimido la similitud del Estatuto catalán con los textos reformados de otras comunidades autónomas para defenderse de los ataques a su supuesta inconstitucionalidad. Un argumento de doble filo porque, según esas similitudes, Cataluña no podría reclamar un trato diferencial con el Gobierno. Los estudios comparativos efectuados por el Ministerio de Administraciones Públicas y la Consejería de Relaciones Institucionales ahondan en esos denominadores comunes, entre los que se encuentran la agencia tributaria propia, cesión de impuestos y disposiciones adicionales que regulan las inversiones del Estado en infraestructuras.

Cataluña
El Estatuto catalán prevé la creación de una Agencia Tributaria de Cataluña a la que corresponde la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los tributos propios y cedidos, así como la constitución de un consorcio tributario con participación paritaria del Estado y la Generalitat. Este consorcio tenía que estar ya constituido el pasado 9 de agosto.
La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat debía concretar en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor del Estatuto la aplicación del capítulo dedicado a la financiación. El Estatuto contempla la contribución de esta comunidad a la solidaridad interterritorial , pero precisa que «el Estado deberá garantizar que la aplicación de los mecanismos de nivelación no alteren la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades antes de la nivelación». La Generalitat participará en el rendimiento de los tributos estatales cedidos de forma total o parcial. Respecto a las inversiones del Estado en Cataluña, la disposición adicional tercera toma como referencia el PIB catalán durante siete años.

Andalucía
Esta Comunidad también prevé crear una Agencia Tributaria encargada de gestionar, liquidar, recaudar e inspeccionar todos los tributos propios y cedidos. Andalucía define, asimismo, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, como órgano bilateral de relación entre Estado y comunidad autónoma.
Respecto a las inversiones en Andalucía, la disposición adicional tercera del Estatuto asegura que «será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años». Con esta finalidad «se constituirá una Comisión integrada por la Administración estatal y autonómica».

Comunidad Valenciana
El Estatuto valenciano contempla competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos. Al igual que Cataluña, alude a la creación de una Comisión Mixta de Transferencias donde se determinarán las condiciones de la cesión. Asimismo, el texto prevé la cesión a la Generalitat del rendimiento de una larga relación de impuestos.

Islas Baleares
Prevé la creación de una Agencia Tributaria y una Comisión Mixta que decidirá qué tributos gestiona, recauda e inspecciona este organismo. Asimismo, contempla la cesión a la comunidad del rendimiento de una extensa relación de impuestos. Baleares, al igual que Cataluña, prevé su contribución a los fondos de solidaridad, pero precisa que esta comunidad «recibirá recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad».
El Estatuto dice que, en un plazo no superior a siete años, la inversión del Estado se establecerá según la inversión media per cápita tal como aplican las comunidades autónomas de régimen común, pero teniendo presente los hechos diferenciales y excepcionales de las Islas Baleares.

Castilla y León
También prevé la creación de un organismo para la gestión, recaudación, liquidación, inspección y revisión de los tributos propios y cedidos. Esa lista de tributos cedidos podrá ser modificada por acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma. El Estatuto garantizará un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos, ponderando la extensión de su territorio, su superficie forestal, la dispersión y la baja densidad de su población.
En cuanto a la inversión del Estado en infraestructuras, se tendrá en cuenta la superficie del territorio, aplicando los criterios de equilibrio territorial en favor de las zonas menos desarrolladas.

Aragón
También compete a esta Comunidad la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de sus tributos propios y cedidos. Su aplicación corresponderá a una Agencia Tributaria a la que se encomendará la aplicación de todos los tributos. La disposición adicional sexta establece que, para la fijación de las inversiones del Estado en infraestructuras, «se ponderarán con carácter prioritario, la superficie del territorio, los costes diferenciales de construcción derivados de la orografía, así como su condición de Comunidad fronteriza y se incorporarán criterios de equilibrio territorial a favor de las zonas más despobladas».

Castilla-La Mancha
La propuesta de reforma del Estatuto incluye la creación de una Agencia Tributaria propia, cuyas competencias están mucho más detalladas que las que aparecen en el Estatuto de Autonomía catalán.
Asimismo, se prevé la creación en un plazo máximo de dos años de «un ente común de colaboración» en el que participarán la Agencia tributaria estatal y la agencia de Castilla-La Mancha.
Contempla el borrador del Estatuto que el Estado «realizará inversiones complementarias en Castilla-La Mancha por un importe equivalente al 1% del PIB regional».

Los cachorros de ETA queman un cajero en Bilbao y contenedores en San Sebastián
 Periodista Digital  24 Agosto 2008

La kale borroka volvió a actuar la pasada madrugada en Bilbao y San Sebastián. En la capital vizcaína, un grupo de desconocidos atacó un cajero automático que quedí completamente calcinado, mientras que en la capital guipuzcoana desconocidos quemaron varios contenedores y las llamas afectaron a una furgoneta y dos motos.

Mientras, el parlamentario del PP vasco Carlos Urquijo exigió hoy al consejero de Interior vasco, Javier Balza, "dureza" en la lucha antiterrorista "que va a cumplir cinco años sin ninguna detención por parte de le Ertzaintza" en lugar de dirigir su "dureza verbal" a quienes, como el PP, le exigen que prohíba manifestaciones "de ETA bajo sus diferentes disfraces".

Según informó la Ertzaintza, los hechos en San Sebastián ocurrieron sobre las 6.30 horas de la madrugada, en la calle Santa Bárbara, donde varios desconocidos prendieron fuego a varios contenedores cuyas llamas afectaron a una furgoneta Nissan y dos motos. Del mismo modo, en torno a las 22.10 horas de la noche de ayer, un grupo de desconocidos lanzó varios cócteles molotov contra un cajero automático del Banco Popular sitúado en el Casco Viejo de Bilbao y que quedó completamente calcinado.

Mientras, el parlamentario del PP Carlos Urquijo respondió a las declaraciones de ayer de Javier Balza, que después de la decisión de la Audiencia Nacional de permitir la marcha abertzale en Bilbao consideró que el planteamiento sobre esa manifestación de su Departamento era "el correcto". En esta línea, exigió a los dirigentes del PP vasco -que solicitó en varias ocasiones la prohibición de la marcha- que mantengan "un mínimo de responsabilidad política a la hora de abordar el ejercicio de derechos fundamentales por parte de los ciudadanos".

Pese a estos comentarios, Urquijo aseguró que el PP vasco continuará con la "exigencia del cumplimiento del Estado de Derecho en el País Vasco" frente a un consejero que "sigue siendo tolerante y permisivo con quien no tiene que serlo".

Esta dureza verbal que emplea contra el PP nos gustaría que la empleara, no sólo verbal, sino desde el punto de vista del Estado de Derecho, contra quien tiene que emplearla: la propia banda terrorista, contra la que actúa y hace casi ya cinco años que no detiene a un comando, y contra su brazo político al margen de cual sea el disfraz que utilice en cada momento.

SE EQUIVOCA DE ENEMIGO
Urquijo indicó que parece que al consejero de Interior "le gusta mostrarse fuerte con los demócratas y débil con los que trasgreden la ley", por lo que le advirtió de que "se equivoca de enemigo" al criticar al PP por sus peticiones de prohibición de marchas de la izquierda abertzale.

Nosotros hemos venido reclamando únicamente que se cumpla el Estado de Derecho en el País Vasco, es evidente que esta manifestación la convocó ANV. No hay más que ver la rueda de prensa de convocatoria en la que intervino Arantza Urkaregi, cabeza de lista a las elecciones forales por Bilbao.

Así, aseguró que el PP pidió "como en otras ocasiones anteriores" que el Gobierno vasco "levantara el velo de este fraude y por lo tanto no esperara una resolución judicial". Sobre la decisión judicial, dijo que "habría que saber también" que datos aportó Interior al juez para "que se pronunciara de esa manera" y "no tomara la decisión que parecía más lógica y más razonable". Según dijo, Balza tiene "por sí mismo capacidad, autoridad y competencia para prohibir este tipo de manifestaciones". En este sentido, recordó que hace unas semanas prohibió sin esperar a una resolución judicial el homenaje "que estaba previsto en Amorebieta a un preso de ETA".

"Todas las decisiones que adopta este consejero y este Gobierno en este sentido tienen una clara intencionalidad política. En primer lugar pagar el apoyo que recibió el lehendakari Juan José Ibarretxe en el Parlamento vasco con el voto del PCTV para sacar adelante su referéndum ilegal del mes de octubre y, en segundo lugar, hacer gestos para facilitar un trasvase de votos de esos partidos ilegalizados al PNV", advirtió Urquijo, que lamentó que ayer "ETA con uno de sus disfraces" logró "pasearse tranquilamente por la calles" de la capital vizcaína.

Partidos
El difícil camino del euskera en la Justicia vasca
J. L. La Razón 24 Agosto 2008

Madrid- El Gobierno vasco ha dado un paso más este año en la difícil tarea de enseñar euskera a los trabajadores de la Administración de Justicia.

Según los datos recogidos por el boletín «Zifretan» del Observatorio Vasco de la Administración de Justicia (OVAJ), un total de 548 personas han participado durante 2007-2008 en cursos para aprender esta lengua. De ellos, 466 trabajan como personal funcionario, 43 son jueces y magistrados y 39 son miembros de la carrera fiscal y del cuerpo de Secretariado Judicial.

No es la primera vez que el Gobierno vasco se enfrenta a esta difícil tarea. Ya en 2002 el Departamento de Justicia puso en marcha en ciertos órganos judiciales una serie de experiencias piloto para fomentar el uso de la lengua vasca en el ámbito jurídico. Con esta iniciativa el Ejecutivo pretendía afianzar y garantizar su uso, en la medida de lo posible, en la relación de la ciudadanía con la Administración de Justicia tanto a nivel oral como escrito.

Por el momento, el Gobierno vasco ha dado prioridad a los órganos que, por sus características, presentan condiciones más favorables, como son los juzgados de paz, juzgados de primera instancia e instrucción, registros civiles, decanatos y servicios comunes.

Tras el éxito de estos primeros proyectos, el Departamento de Justicia advierte en la publicación de que extenderá esta iniciativa para fomentar el euskera a los órganos judiciales.

Además, según describe este estudio, 572 funcionarios han participado en programas cuya finalidad es que aprendan a atender a los ciudadanos durante la gestión de sus trámites en euskera.

Partidos
«Indiana Jones» no sabe gallego
La Xunta renuncia a apoyar el doblaje de películas a este idioma en favor de internet y de otras plataformas Los nacionalistas denuncian que se tienen que traducir, al menos, diez películas con salida comercial al año
La Administración autonómica sostiene que es «inviable» asumir el precio exigido para llevar a cabo los doblajes.
J. López La Razón 24 Agosto 2008

madrid- Que Harrison Ford no habla fluidamente el castellano es un hecho, como también lo es que no hable gallego. No obstante, se esperaba que hiciera uso de la lengua de Castelao en las salas de proyecciones gallegas. Finalmente «Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal» no fue doblada. Y precisamente por este motivo, el BNG realizó una pregunta parlamentaria para que la Xunta le explicara por qué no utilizaron esta lengua, tal y como establece el Plan General de Normalización de la Lengua Gallega.

Y obtuvieron respuesta. Según la Administración autonómica, se renuncia a apoyar el doblaje de películas al gallego para potenciar este idioma tanto en internet como en otras plataformas de contenidos.

El diputado de la formación nacionalista, Bieito Lobeira considera que la apertura de nuevos caminos para el gallego en ámbitos como las plataformas de contenidos es «una buena noticia». No obstante, advierte de que «esto no debería suponer en ningún caso el abandono de los derechos lingüísticos de los espectadores de cine en nuestro país».

Política Lingüística alegó que resulta «inviable» para la Administración autonómica asumir el «precio exigido» para los doblajes, según informa Ep. El departamento que dirige Marisol López apuntó que sólo se puede doblar al gallego cuando «las productoras muestran un compromiso con el proceso de normalización lingüística». Según los datos aportados, el año pasado seis películas pudieron verse en gallego en las salas de cine.

Sin embargo, la secretaria general aseguró que «seguirá insistiendo en recabar apoyos» para el doblaje, dentro de su intención de cumplir el Plan General de Normalización de la Lengua Gallega, que obliga a doblar a este idioma al menos diez películas con posibilidad de éxito comercial al año.

En cualquier caso, advirtió de que «el reto del gallego no está en las salas de cine, sino en las televisiones y en los teléfonos móviles, las dos plataformas que en el presente y cada vez más de cara al futuro distribuyen más contenidos audiovisuales a un número mayor de personas».

La Secretaría General de Política Lingüística apuesta por una nueva estrategia que pasa por desviar «a medio plazo» las líneas de acción en apoyo al gallego en el audiovisual de las salas de cine y el DVD a internet -páginas web y blogs, etc.-y a las plataformas móviles. Entiende que así se podrán mejorar los rendimientos de la inversión en el sentido de conseguir un mayor número de productos de calidad y éxito comercial.

Ante la respuesta del departamento autonómico, Bieito Lobeira defiende que, aunque estén perdiendo público, las salas de cine siguen siendo «un buen escenario para dignificar el idioma» y critica que se incumpla lo recogido en el citado plan.

sociedad
Quintana denuncia que existe ´racismo lingüístico´ en contra del gallego
El vicepresidente de la Xunta niega que en Galicia haya una "persecución del castellano".
REDACCIÓN / AGENCIAS. SANTIAGO. La Opinión 24 Agosto 2008

Mientras algunos denuncian la "persecución del castellano" en Galicia, para otros como el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, lo que existe es "racismo lingüístico" en contra del gallego. Desde Forcarei, a donde acudió para celebrar la Festa do Gaiteiro de Soutelo, el líder nacionalista advirtió que "no tolerará" esta actitud racista de los detractores de la normalización del gallego.

Quintana reivindicó el papel de la lengua, como espacio de reafirmación de la identidad de Galicia como pueblo, después de años de represión.

"Algunos, desde fuera de Galicia, intentan hablan de una persecución del castellano en nuestro país y eso es faltar a la verdad", criticó. El vicepresidente indicó que en un mundo globalizado la identidad propia nunca es un problema sino "una riqueza y un valor añadido". "Los gallegos y gallegas somos un pueblo con identidad propia, que puede vivir con todas las cultura", aseveró. Por esta razón, reclamó para la lengua y la cultura gallega "el mismo estatus que para el resto de las culturas".

Quintana fue el viernes objeto de las críticas del PSOE que lo acusó de "utilizar a los mayores" igual que hacía el PP. El coordinador de la Ejecutiva del BNG, Francisco Jorquera, salió ayer en su defensa advirtiendo a los socialistas que con estas declaraciones "faltan al respeto" a la gente de la tercera edad. Para el dirigente nacionalista la actitud del PSOE responde al "nerviosismo" porque saben que el Bloque lo está haciendo bien.

El vicepresidente del Ejecutivo gallego calificó la Festa do Gaiteiro de Soutelo como "la fiesta de la música tradicional gallega, que supone una declaración de confianza y reivindicación de nuestra identidad".

Además representa, indicó, un reconocimiento de la nueva generación de gallegos comprometidos con la música tradicional de Galicia y un homenaje a la trayectoria del célebre Avelino Cachafeiro, gaiteiro de Soutelo, uno de los personajes más relevantes de la historia musical gallega.

Quintana finalizó una intervención felicitando a los galardonados en esta edición, entre los que figuran la Fundación Barrié de la Maza, el grupo de gaitas Muxicas y Enrique Otero Cobelo.

La batalla del idioma
Nota del Editor 24 Agosto 2008

Yo no he visto a ningún nacionalista perseguir al castellano, lo que si veo todos los días es como los nacionalistas y sus allegados tanto del PSOE como del PP, prohiben el uso del castellano, persiguen a los español-hablantes con sus escritos y medios en los que utilizan exclusivamente la lengua regional e incumplen sistemáticamente el art. 3º de la Constitución Española que impone el deber de conocer el español, y por tanto conculcan los derechos civiles y constitucionales de los ciudadanos español-hablantes.

Y hemos llegado a tal estado de intoxicación que hasta los contertulios de emisoras críticas con la imposición lingüística utilizan ya las propias palabras de los (a)normalizadores, y se han olvidado del español: Junta de Galicia, BNG(e), consejero, Generalidad, Izquierda Republicana de Cataluña, Gerona, Lérida, La Coruña, etc.

Los (a)normalizadores imponen el nombre del ente autonómico en lengua regional y a continuación imponen todos los nombres de los departamentos que de ellos emanan, y la denominación en español no aparece en lugar oficial alguno.

Si un español-hablante mezcla palabras que conoce de otros idiomas, enseguida se le define como cursi o inculto, pero cuando el que habla es un contertulio, un ser que en la mayoría de los casos se cree "experto" en todo lo sucede en el mundo,  utiliza palabras de cualquier lengua regional, nadie levanta la voz ante tal falta de educación, como si ello fuera correcto o legítimo (por cuanto está tratando de imponer a sus interlocutores y oyentes palabras de un idioma que no tienen el deber ni el interés de conocer). Y eso sin pensar mal, es una auténtica cursilada; pensando mal, pues vaya Vd. a saber, los impuestos de todos (sólo de algunos) en manos de los políticos son armas de destrucción social masiva.

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