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Recortes de Prensa    Domingo 31 Agosto 2008

El español y el catalán como lenguas de cultura
POR EUGENIO TRÍAS ABC 31 Agosto 2008

1.En la reciente guerra de lenguas hay algo que todos parecen dar por sentado. Defensores de la «lengua común» o críticos del Manifiesto parten siempre de una premisa que parece que nadie pueda discutir. Hablan de la pujanza envidiable de la lengua española, una de las tres o cuatro lenguas más habladas del planeta. Unos lo afirman con complacida satisfacción. Otros con nada disimulada envidia.

Los nacionalistas se apoyan en ese dato para hacernos escuchar su eterno estribillo de pretendidas víctimas: el resto de lenguas autóctonas, ante la avasalladora vitalidad y fuerza de la «lengua común», se hallan siempre, como las pequeñas especies ante la inexorable ley de selección natural de Darwin, en peligro de extinción. Por ello exigen tratos de favor por parte de todas las instituciones del Estado.

Ahora bien: ¿Es cierto que el español es una lengua tan pujante, tan creciente, tan arrolladora como afirman unos y otros? ¿Es verdad que, a diferencia del francés, del italiano y hasta del alemán, el español se ha despegado hasta alcanzar, junto a tres o cuatro lenguas mundiales competidoras, ese rango en el que se la cree confortablemente instalada?

Para sostener esa afirmación se efectúa siempre un razonamiento que atiende exclusivamente las leyes de las máximas audiencias. Eso es verdad en términos estadísticos numéricos. Y ello si se contempla al español únicamente como vehículo de comunicación, como lingua franca. Es verdad que desde Nueva York o Miami hasta Tierra de Fuego, excepto en tierras indígenas, apenas se necesita traductor.

Pero es necesario plantear las cosas desde otro punto de vista. Debe atenderse también a la manera como las lenguas, todas las lenguas, se proyectan en el abigarrado territorio de la cultura. Plantear criterios de calidad no es elitismo. Ya va siendo hora de que esta socorrida palabra sea convenientemente des-construida.

Esos criterios de calidad son válidos en la enseñanza. Son indispensables si se considera a las lenguas como lo que potencialmente son o pueden ser: modos de configuración cultural que atienden a algo más que a la comunicación y a la información. O que hacen de la lengua vehículo de expresión, de concepción del mundo y de conocimiento. No entro ahora en la distinción entre Alta Cultura o Cultura de Masas. En ambos dominios han de regir criterios de calidad.

Hoy por hoy la principal lengua de cultura es el inglés. Vence en todos los frentes: en la cultura minoritaria y en la masiva. Me refiero a la cultura de verdad (con o sin mayúsculas): la que a la vez conmueve y hace pensar. La que habla a los sentidos siempre y en la misma medida en que se dirige a la inteligencia.

Me temo que en este terreno otras lenguas de cultura sobrepasan al español a pesar de la pujanza y vitalidad cuantitativa de éste. Si atendemos a esos criterios no puede decirse que entre la extensión que el español disfruta y la intensidad cualitativa que posee haya equilibrio.

Las facilidades lingüísticas no implican garantías de buena travesía para todo aquello que tiene por sustento la lengua española. Los desequilibrios socio-económicos, políticos y educativos dificultan hasta el absurdo la consolidación de una comunidad cultural como la que, sin duda, se ha podido crear de forma brillantísima con el inglés a través de toda la Commonwelth. No se ha configurado una red como la que de forma tan meritoria han urdido países con idiomas mucho más limitados en términos de cantidad en sus áreas de influencia, como Francia, Alemania o la misma Italia.

Es una lástima que en el Manifiesto ni siquiera se haga alusión a este asunto. Es especialmente importante en relación a los asuntos que en ese texto se denuncian.

2.Una de las razones principales, si no la mayor, de todo ese despliegue de medios de todo orden para potenciar, en Cataluña al menos, la lengua autóctona es, justamente, el intento de convertirla en lengua exclusiva de prestigio y cultura, obviamente a expensas del español.

El sueño del legislador catalán pretende un bilingüismo catalán-inglés. Pero la realidad es tozuda. Gracias a la espontánea respuesta de la sociedad civil, que no suele crearse problemas con las dos lenguas dominantes, resiste el español mucho más de lo que la obstinación oficial desearía, incluso en este delicado asunto del prestigio cultural.

El Manifiesto es, al menos en relación al contexto catalán, bastante decepcionante. De entrada se parte de una contradicción evidente. Se insiste en él en que las lenguas y los territorios no tienen derechos. Éstos sólo los poseen los ciudadanos individuales. Son ellos los que hablan: quienes hacen de la lengua un uso.

Pero entonces cabe preguntar de manera bien legítima: ¿Por qué se procura la defensa de la «lengua común»? Por lo que se ve, también es digna de ser defendida (de lo contrario no necesitaría abogacía). ¿En qué quedamos, tienen o no tienen derechos los territorios y las lenguas? Pues la ciudadanía siempre lo es de un territorio, de un contexto lingüístico, de un ámbito comunitario y geográfico.

¿Es verdad que todo empieza y termina con el ciudadano individual como único y exclusivo sujeto de derechos y de deberes? ¿Dónde se halla ese ciudadano abstracto, erigido en único átomo de la realidad lingüística, social, cultural? ¿Nada importan los contextos?

Todo el Manifiesto se halla recorrido por un individualismo cívico que llama poderosamente la atención: un adamismo de la ciudadanía (como si ésta hubiera sido naturalizada). Este enfoque, en relación a la lengua, es empobrecedor. Bloquea además todo planteamiento que intente pensar la lengua en su cualidad cultural.

3.El legislador autonómico catalán adoptó, a principios de los ochenta, un modelo lingüístico en la enseñanza, y en el mundo oficial de su incumbencia, que evitase la formación de dos comunidades lingüísticas (como sucede en Bélgica). Pero de esa premisa impecable se desprendió una mala consecuencia. La aplicación de ese modelo fue nefasta: de un celo puntilloso en todos y cada uno de los rincones en los que tenía jurisdicción.

El legislador, de sañudo carácter nacionalista, quiso imponer la lengua catalana a costa del castellano. Y lo que es muy importante (y siempre se quiere olvidar en todas estas discusiones): quiso erigirla en lengua de cultura, lengua que en el imaginario social se pudiese asociar a calidad, a distinción, a status.

En los ámbitos en los cuales la política oficial catalana tiene influencia directa o indirecta se procuró promover al catalán como única lengua culturalmente prestigiosa. No lo ha conseguido. La prueba: el escandaloso modo de exportar cultura en Frankfurt hace ahora diez meses.

La nula representación de cultura hablada y escrita en español, pero genuinamente catalana, causó sentimiento de estafa en toda la prensa alemana. Quienes siendo catalanes tenemos como lengua materna y forma de escritura el español sentimos la helada evidencia de que se nos rechazaba desde instancias oficiales. La vergonzosa forma de afrontar por parte del Tripartito la Feria de Frankfurt fue lo más parecido a una expulsión.

4. Si los sueños de pequeño país independiente pudieran trascenderse en ambiciones de país sano y afirmativo, entonces la cooperación leal con toda la cultura que desde España se proyecta en el mundo daría frutos sabrosos en ambas partes. Sería beneficioso para España y para Cataluña.

Pero eso implicaría que los defensores acérrimos de la lengua española modificasen igualmente su actitud. El Manifiesto sólo ha conseguido, de momento, azuzar y atizar los peores instintos: los que tienen por funesto embajador la recíproca inquina, en un juego siniestro de espejos deformados. De la unión de Materia y Antimateria no surge nada fecundo.

No guerra de lenguas y sí genocidio de la lengua española en las regiones donde es lengua"impropia".
Nota del editor 31 Agosto 2008

A los defensores de las lenguas regionales les encanta utilizar el argumento de la guerra de las lenguas, como si a los español hablantes nos importara otra cosa que nuestros derechos humanos y constitucionales en el tema de las lenguas.

Los español hablantes no hemos iniciado guerra alguna contra lengua alguna, apañados estaríamos si hubieramos decidido iniciar una guerra contra el inglés, el chino, el ruso o cualquiera de las 6.000 lenguas que se utilizan en el mundo; todo lo contrario, el español, como cualquier otro hablante de una lengua viva, copia y adapta si es necesario lo que inventan en otras lenguas.

Lo que hay es un intento de genocidio contra los ciudadanos españoles que tienen la desgracia de estar sometidos a leyes anticonstitucionales emanadas de parlamentos regionales donde por razones bastardas de profesionales de la política se han dotado de una lengua "propia".

Las lenguas hay que dejarlas que sigan su vida, son elementos de comunicación y no elementos de disgregación, de limpieza étnica, de imposición, de generación de "ciudadanos" de cuarta clase.

La constitucón francesa dice que el francés es la lengua de la república y punto; eso es lo que necesita la constitución española, y punto (en cuanto a la lengua).

El Manifiesto por la Lengua Común, es un intento de sacar a la luz pública el terrible sufrimiento de miles de familias que son sometidas a todo tipo de tropelías por el simple hecho de ser español-hablantes en unas regiones donde la lengua española es "impropia", a causa del incumplimiento sistemático de la Constitución Española por parte de todos los gobiernos, del propio Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del Parlamento Europeo.

El Manifiesto por la Lengua Común da incluso por buena la imposición de la rotulación en lengua regional, lo que sin duda constituye un intento de asesinato contra los ciudadanos español-hablantes, que se ven obligados a perder un tiempo precioso en buscar o esperar que salga el mensaje en lengua española  mientras el peligro de un accidente de tráfico, el escape en una situación de emergencia o en cualquier otra situación crítica.

Los español-hablantes no hemos iniciado ningún proceso para marginar a los hablantes de cualquier otra lengua, lo que pedimos es que si alguien quiere comunicar con nosotros, utilice nuestra lengua, especialmente si tal sujeto es el estado español, en vertientes de enseñanza, sanidad, tráfico, justicia, cultura  y demás.

El penúltimo desafío de Otegui
La reacción del Ejecutivo y del PSOE asegurando que la negociación mantenida la pasada legislatura está “enterrada” es insuficiente. Tampoco resulta satisfactoria la enésima manifestación de confianza del PP en un Gobierno que no la merece.
EDITORIAL Libertad Digital 31 Agosto 2008

La excarcelación de Arnaldo Otegui tras 15 meses en prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo entre el entusiasmo y los desafíos a la libertad y la democracia de sus partidarios demuestra una vez más que ni ETA, organización a la que Otegui lleva sirviendo más de 30 años, ni sus portavoces mal llamados políticos han cambiado sus posturas. Es la única conclusión que cabe extraer de las declaraciones del líder batasuno, quien una vez más ha expresado su apoyo a los asesinos encarcelados, a quienes se ha referido como "compañeros", y ha abogado de forma cínica por el "diálogo" y la "negociación".

Que una persona cuya única ocupación desde la adolescencia ha sido el respaldo al asesinato, la extorsión, la tortura y el secuestro haya sido condenada a menos de año y medio por una conducta relacionada con el terrorismo (¿acaso ha hecho otra cosa a lo largo de su vida adulta?) revela uno de los mayores obstáculos del Estado de derecho a la hora de proteger a los ciudadanos españoles: un Código Penal laxo y poco realista que no cumple la función primordial de un Estado que se precie de serlo, la salvaguarda de la vida, la propiedad y la libertad de movimiento de quienes lo sostienen con sus impuestos contra quienes pretenden imponer su voluntad mediante la violencia.

Este penúltimo insulto a la memoria de los que han perdido su vida a manos de los etarras es una iniquidad que no debería pasar por alto a nuestros gobernantes, a quienes urgimos a tomar las medidas necesarias para que situaciones como la producida el sábado en las inmediaciones de la cárcel de Marturene no vuelvan a repetirse. La reacción del Ejecutivo y del PSOE asegurando que la negociación mantenida la pasada legislatura está "enterrada" es insuficiente. Tampoco resulta satisfactoria la enésima manifestación de confianza del PP en un Gobierno que no la merece.

Si el partido que en la actualidad lidera Mariano Rajoy quiere hacer una aportación positiva a la justicia debida a las víctimas del terrorismo, es decir, a las de los compañeros de Otegui, deberá solicitar una reforma legal que garantice que delitos como el enaltecimiento del terrorismo sean castigados con el rigor que su trascendencia exige, elevando la categoría de su pena de leve a grave. Las más de mil vidas truncadas y los cientos de miles de afectados directos (heridos, desplazados, etc.) que el terrorismo ha causado en España justifican plenamente una modificación de este tipo.

Las liberaciones de diversos miembros de ETA-Batasuna en las últimas semanas y las que se avecinan en los próximos meses suponen sin lugar a dudas una nueva victoria de ese entramado conocido como Movimiento de Liberación Nacional Vasco, una empresa totalitaria a la que pertenecen no sólo los terroristas, sino también por todos aquellos que por acción u omisión les asisten movidos tan solo por su odio a España. Por desgracia, ninguno de los principales partidos políticos parece haber aprendido de los errores del pasado. En el caso del PSOE, a los trágicos yerros de la época de Felipe González se suman las deslealtades cometidas por Rodríguez Zapatero y los dirigentes del PSE, algunos de los cuales siguen apostando por una alianza con los nacionalistas. El diálogo que los populares ofrecen al PNV tampoco es una señal edificante ni tranquilizadora para quienes sufren a diario la amenaza y la exclusión de los separatistas. Triste consenso es aquel que olvida lo más importante.

Otegi, el príncipe destronado
Roberto Blanco Valdés La Voz 31 Agosto 2008

La visión de Arnaldo Otegi saliendo ayer, muy de mañana, de la prisión de Martutene, donde cumplía una condena de quince meses por un delito de apología del terrorismo, constituye la imagen de la normalidad en una sociedad en la que rige el principio del imperio de la ley. La misma normalidad que la inmensa mayoría del país apreciará si, dentro de unos meses, el tal Otegi es nuevamente encarcelado tras ser condenado en alguno de los procesos que tiene pendientes todavía: entre otros, uno por pertenencia a ETA, en tanto que miembro de la Mesa Nacional de Batasuna.

¿O es que puede haber algo más normal que el hecho de que un presunto delincuente sea detenido, juzgado con todas las garantías de un Estado de derecho, condenado si los tribunales lo estiman procedente a partir de las pruebas presentadas y encarcelado en cumplimiento de una sentencia judicial?

No, se mire como se mire, nada es más normal. Lo anormal -y, más que anormal, escandaloso- era que un sujeto cuya única profesión conocida fue durante años la de amparar la violencia terrorista de todos los modos imaginables e incluso, presumiblemente, la de planificarla desde varios de los diversos círculos concéntricos que controlan el funcionamiento de ETA pudiera llegar a convertirse en uno de los protagonistas fundamentales de la vida política española.

Porque eso terminó por ser Otegi, en el ambiente de bochornosa impunidad que se estableció en España durante la vigencia de aquel proceso de paz que llevó al presidente y a la vicepresidenta del Gobierno a afirmar algunas cosas de las que hoy no quieren ni oír a hablar: no ya «un hombre de paz», sino, incluso, el Príncipe de la Paz, si así pudiera decirse, robando a Manuel Godoy tan lustroso título con dos siglos de retraso.

Otegi impartía doctrina, criticaba a diestro y a siniestro, ofertaba, prometía y se mostraba como el negociador indispensable. Y todo ello por una única razón: porque él presumía de ser el privilegiado interlocutor de la banda terrorista con la que el Gobierno estaba negociando. En realidad, el tiempo demostró que Otegi no era ni siquiera el apoderado de ETA, pues en ETA no hay más poder que el que tienen los que manejan las pistolas.

Y ahí está finalmente el canalla que ha justificado todos los crímenes, todas las agresiones, todos los atropellos a los derechos de miles de ciudadanos no nacionalistas: solo y clamando por la reapertura de un proceso de paz que pudiera quizá devolverle el único protagonismo que un día consiguió: el que le dieron las pistolas y las bombas de quienes, como Otegi, están convencidos de que se puede matar y secuestrar a todo el que no comparta el delirio de ETA y su inframundo nacional socialista.

Otegi, memoria de indignidad
Editorial ABC 31 Agosto 2008

LA excarcelación del ex líder de Batasuna Arnaldo Otegi puede ser sólo provisional porque tiene pendientes varias causas penales, algunas con más viabilidad que otras, que podrían devolverlo a prisión en caso de que se le impusiera una nueva condena. Las víctimas han pedido, con justificado temor, que se le someta a vigilancia, aunque sea difícil desde el punto de vista legal atender esta petición. Se podría decir que Otegi, al fin, entró en la cárcel después de la ardua campaña de inmunidad que le dedicó el Ministerio Fiscal durante el tiempo que duró la negociación política del Gobierno con ETA. Aún está vivo el recuerdo -más vivo con Otegi en la calle- de la escandalosa retirada de acusación por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el líder proetarra en el juicio por ensalzamiento de la terrorista Olaia Castresana. La ausencia de una acusación popular en ese proceso impidió al Tribunal condenar a Otegi, y así quedó claro en la sentencia que la absolución venía impuesta por la decisión del fiscal de no acusar. Otro tanto sucedió con la denuncia contra Otegi por la apología al etarra Arkaitz Otazua. La Fiscalía pidió el sobreseimiento e impidió al juez Grande-Marlaska continuar la investigación.

Si Otegi entró en prisión fue debido a una condena impuesta en 2003, antes de que el cambio de Gobierno producido en 2004 cambiara su condición de proetarra en «hombre de paz», título que le concedió públicamente Rodríguez Zapatero, y con el que lo investía de hecho como interlocutor de la negociación con ETA y sujeto de inviolabilidad penal, de la que puntualmente se encargó el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido. Antes de 2004, Otegi, pese a estar imputado en sumarios por integración por banda armada y hallarse Batasuna suspendida en sus actividades, fue el muñidor en la sombra con el Partido Socialista de Euskadi, de la tregua etarra de 2006. Mientras Zapatero decía ser leal al Pacto Antiterrorista firmado con el PP, su partido negociaba con ETA a través de Batasuna. Ahora hay un nuevo tiempo de relación entre ambos partidos, que es el que necesita la lucha contra ETA, pero conviene tener presentes los errores cometidos.

Con estos antecedentes, el encarcelamiento de Otegi y su posterior excarcelación representan el fracaso de toda una política de apaciguamiento, engaño y negociación con ETA. Es difícil para una sociedad democrática aceptar que este sujeto fuera ensalzado por el propio presidente del Gobierno. Cuestión distinta es que la opinión pública española sea particularmente condescendiente con sus gobernantes. Pero el dato histórico es que Otegi, un delincuente habitual, condenado hace tiempo por participar en un secuestro, luego procesado por integración en ETA, y nuevamente condenado por injuriar a Su Majestad el Rey y por apología del terrorismo, fue para el PSOE y para Rodríguez Zapatero el «caballero blanco» de la negociación con los terroristas. No es extraño que Arnaldo Otegi abandonara la prisión reivindicando «el diálogo y la negociación», que ayer mismo rechazó tajantemente el vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Uno y otra fueron los reclamos que le permitieron blindarse mientras se producían las conversaciones y pactos con el PSOE. Otegi tiene que rehabilitarse a sí mismo defendiendo las posiciones que lo encumbraron a la primera línea de la actividad política, rompiendo todas las reglas del Estado de derecho, de las resoluciones judiciales y de la ética. No obstante, la cárcel parece haber suavizado a este delincuente. Por eso es tan recomendable que el mayor número de terroristas pase el mayor tiempo posible en prisión.

Tan recomendable como no olvidar toda la indignidad política y moral en la que se incurrió durante la negociación con ETA y de la que Otegi, como un estigma imborrable, es la máxima representación, y con él, todos los que intentaron hacer de él -de un terrorista- un «hombre de paz».

Comisión de servicio
POR IGNACIO CAMACHO ABC 31 Agosto 2008

ARNALDO Otegui es una especie de etarra en comisión de servicio al que los tribunales rechazaron su complemento de destino enviándolo a una penitenciaría. Cumplida la excedencia forzosa, el hombre sospecha que sus jefes pueden haberle amortizado el cargo y trata de buscarse por su cuenta una función mediadora, por si se diera el caso de que el Gobierno tuviese tentación de reincidir en el error de negociar. Por ahora no lo parece, y si se diera el caso -tratándose de Zapatero nunca conviene mostrarse categórico- es improbable que eligiese como interlocutor a un tipo al que la ETA da la impresión de haber arrojado a la papelera de reciclaje.

Si trata de reinventarse a sí mismo, Otegui debería de haber elegido otro camino: el de condenar sin paliativos la violencia y mostrarse dispuesto a la reinserción tras su condena. Tampoco así tendría mucha credibilidad, pero al menos hubiera sido un primer paso. Sin embargo, el antiguo portavoz etarra ha sido incapaz de romper con el lado oscuro de la fuerza siniestra que siempre le ha manejado como un títere; antes al contrario, trata de hacer valer una posición que a todas luces ya no ocupa. Así lo que parece es un muñeco patético, un vendedor de nada que ni siquiera tiene coraje para enfrentarse a su propio pasado. Tiene más miedo a un ajuste de cuentas que al gris futuro que le espera fuera de las rejas de Martutene. En ese sentido da pena: ha sido puesto en libertad, pero no es un hombre libre. Está secuestrado, abducido por un mundo que quizá ya no le guste, pero del que no tiene arrestos para salir.

Otra cosa sería que alguien cometiese la catastrófica equivocación de darle vidilla desde este lado. De usarlo como correo de mensajes que volverían a perderse en las tinieblas y debilitarían a un Estado que ha recuperado un poco la cordura. De reincidir en el sueño inútil de un Nobel a la ingenuidad. Incluso desde el punto de vista más flexible y pragmático, ETA ha tenido tres oportunidades en la democracia, con González, con Aznar y con Zapatero, y ha tirado las tres a la basura (y mira que la última fue larga: le ofrecían hasta una claudicación política). Ya no ha lugar a más desengaños, y el que aún albergue alguna esperanza no merece ostentar responsabilidades de Estado.

Esto debería de saberlo también Otegui, si fuese el político que dice ser y no el buzón de terroristas que siempre ha sido. Otros cruzaron la raya con más arrojo y se hicieron a sí mismos una cierta justicia tardía. Quizá debería ensayar en la soledad de estos días en que probablemente buscará en vano el eco de una llamada del lado oscuro. Plantarse ante el espejo y repetir que la violencia es un error, que el dolor no sirve para nada, que es hora de hacer política y dejar las armas. Venga hombre, prueba. Date a ti mismo la oportunidad que los otros no te van a dar por más que te empeñes en arrodillarte ante sus capuchas.

Castigo
POR JON JUARISTI ABC 31 Agosto 2008

AL tipo que se puso a amenazar de muerte a la concejala popular de Guecho en la feria de San Lorenzo lo han metido al trullo, por reincidente, y parece que le pueden caer entre dos y cuatro tacos (de calendario), que dan para una carrera profesionalizante de grado medio, de las que gustan en Bolonia. Si aprovecha el tiempo, puede que salga de puericultora o de sexador de pollos, que falta hacen en Vascolandia, donde todo el mundo se dedica a los audiovisuales. Lo importante es que lo separen de la familia por una temporada, y me refiero a la gran familia abertzale. Porque me pregunto si siguen permitiendo en las prisiones que los etarras y sus grupis vivan en comuna.

Yo creo que a estos matones hay que mezclarlos con la hez de la hez, a ser posible con los de la Hermandad Aria o sus equivalentes nacionales, tatuados hasta el cogote y practicantes de halterofilia y otras filias, para que salgan regenerados y con corbata, como Edward Norton en aquella estupenda peli de cuyo nombre no me deja acordarme el alcaselcher y en la que iba de gamberro neonazi al que se lo ponen como un bebedero de cormoranes.

Es lo que no se hizo con De Juana Chaos, y ya se ve el juego que sigue dando la permisividad. Estos comportamientos hay que cortarlos en agraz, o sea, que no nos enteremos que este angelito llamado Zigor se va a tirar su estancia en lo que ETA llama el mako jugando a la rana, en el patio, con su hermano Rocco -que no otra cosa significa Arkaitz-, el del komando Bizkaia. Si priman otra vez las consideraciones humanitarias, en cuanto vuelva a la calle, el tal Zigor se nos dedica a la bomba lapa, lo presiento.

Por cierto, el nombre del mastuerzo, Zigor, vale en vasco por «castigo» o «azote», y no es de los peores, que yo conozco quien se llama «venganza» e incluso «incendio» (de cajeros). Nomen omen, como sospechaban los antiguos romanos. Tales nombrecitos y sus correspondientes atavismos definen una subcultura tribal que impide a mucha gente tomar el fresco en Alderdi-Eder o ir de pinchos por lo viejo, y me limito a Donostia, porque, lo que es en Guecho, si mis recuerdos no me fallan, se ha bordeado siempre el bandolerismo comunal, y a los Rocco y sus hermanos no les falta ya sino cobrar peaje a la entrada de su barrio. Mi amiga Marisa, que es una concejala ejemplar y una dama muy valiente, ni siquiera recuerda los tiempos en que iba a hacer la compra sin guardaespaldas. Pero un tertuliano de la tele vasca argumentaba, esta semana, que, como en Euskadi le llaman fascista a uno cada cuarto de hora, si nos ponemos todos a denunciar, la justicia no va a dar abasto. Hombre, una cosa es que te llamen facha, y otra que prometan matarte, y claro que hay que echarle bemoles y denunciar, camarada. Tolerancia cero, como se recomienda a las maltratadas, sin que los traumas infantiles de los maltratadores le preocupen a nadie, salvo a Bibiana, que les iba a poner unas telefonistas de guardia para reorientarles la masculinidad.

Porque, de lo contrario, va a ser que no, que en la dulce Euskadi del insulto por minuto y la amenaza por hora, no se ha de ver nada semejante a una cultura ciudadana y liberal (que, por otra parte, nunca han sabido lo que era por aquellos andurriales, digan lo que digan en Bilbao).

Hay que recuperar el sentido original de la palabra castellana «castigo», que era «consejo» o «advertencia» antes de que los Zigor impusieran el uso vernacular, que quiere decir «cortarte la rabadilla y quemarte la cuadra». Al que diga que te va a matar antes de un lustro, otro tanto a la sombra, como medida admonitoria. No se debe consentir que el hermano de Rocco vuelva a ser la estrella de la feria de San Lorenzo, Guecho, salvo que me lo asen a la parrilla, como al santo.

Inmovilismo a la baja
EDITORIAL El Correo 31 Agosto 2008

El momento de la puesta en libertad de Arnaldo Otegi, tras cumplir quince meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, se convirtió ayer en una expresión más del inmovilismo que atenaza a la izquierda abertzale. Las palabras pronunciadas por el dirigente de Batasuna a la salida de la prisión de Martutene, apelando al 'diálogo y a la negociación' para la solución del 'conflicto', reprodujeron en realidad la misma letanía con la que la banda etarra persiste en justificar su propia existencia como emanación ineludible de un contencioso histórico. Aunque el insistente mensaje de ese mundo debilitado en su sectarización va más allá, porque viene a decir que no son ellos los que tienen que cambiar de actitud, que es el resto de la sociedad y las instituciones quienes deben modificar su conducta haciendo suyas las exigencias de la barbarie.

Con otras cuatro causas abiertas contra él por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Superior del País Vasco, la situación de Otegi es equiparable a la de tantos otros dirigentes batasunos que a lo largo de los últimos años han visto cómo la Ley y la actuación de la Justicia han ido reduciéndoles la insostenible impunidad en la que venían moviéndose dando cobertura política a ETA y siguiendo sus directrices. La propia trayectoria de Otegi es el vivo ejemplo de la disciplinada sumisión con la que los líderes y cuadros de la izquierda abertzale han actuado y continúan comportándose respecto a la banda terrorista. Quien encarnara un aparente movimiento de apertura coincidiendo con la tregua de 1998, llevando a la marca EHAK al resultado electoral más importante cosechado por el entorno etarra y erigiéndose en un personaje de indudable influencia en la política vasca, no dudaría en secundar la ruptura asesina de aquel alto el fuego, la cerrazón decretada por ETA hacia su mundo mediante la creación de Batasuna y en emplear toda su verborrea para eludir cualquier condena de los más execrables crímenes contra la vida y la libertad por parte del terror. Hoy poco importa si Otegi cuenta con un asiento propio en la cúpula activista de la izquierda abertzale, o si sus posiciones resultan demasiado tibias para los actuales propósitos de ETA. Lo relevante es que ni el paso por la cárcel sirve para que dirigentes como él opten por cortar amarras con su propio pasado y ofrezcan algún viso de rectificación que permita alentar un mínimo de esperanza en la evolución de un mundo tan fanatizado.

Cumplimiento estatutario
JOSEBA ARREGI El Correo 31 Agosto 2008

La política vasca produce mucho ruido en el día a día. Y sin embargo, las batallas serias son pocas y tienden a durar en medio de tanto ruido. En estos momentos se dan por lo menos dos batallas en la sociedad vasca: una es la batalla por la narrativa de las víctimas, por la perspectiva desde la que se vaya a escribir la historia de los años en los que ha imperado el terrorismo de ETA, si será la perspectiva de los verdugos, o la de las víctimas, si será la perspectiva de la razón nacionalista aducida por los terroristas o la perspectiva de la razón del Estado de Derecho, de la democracia, del pluralismo democrático.

Y junto a esa batalla por la autoría de la narración concerniente a lo más grave que nos ha sucedido a lo largo de todos estos años, y no sin relación con ella, se está librando otra batalla, la batalla por la narración de lo que ha sucedido con el pacto estatutario: un nacionalismo vasco que intenta escribir la historia de sus decisiones estratégicas de los últimos años -al menos desde la apuesta de Estella/Lizarra- como consecuencia del incumplimiento estatutario por parte del Estado, frente a quienes narran esa misma historia como consecuencia de la radicalización del PNV, derivada de su sueño de obtener de un golpe la consecución de sus fines maximalistas y la desaparición de ETA, la paz.

En los últimos tiempos se puede observar en manifestaciones de portavoces del PNV un reconocimiento cada vez más claro de que la paz -la desaparición de ETA- no va a ser consecuencia de cesiones políticas, y, al mismo tiempo, un esfuerzo por reconducir toda la narrativa de lo sucedido al incumplimiento del Estatuto. Merece la pena acercarse a este elemento de la narrativa política vasca.

Ibarretxe, y con él el PNV, se han visto abocados a apostar por Estella/Lizarra y los subsiguientes esfuerzos por transformar aquel fracaso en proyectos positivos, los sucesivos planes de Ibarretxe, a causa del incumplimiento estatutario por parte del Estado, por parte del Gobierno central, por parte del PSOE y del PP. Y como argumento se cita una y otra vez el acuerdo de comisión en el Parlamento vasco en el que se recogía el listado de las transferencias pendientes, que siguen en el mismo Estado desde entonces.

¿Qué hay de verdad en ello? Para poder contestar a la pregunta es preciso situarse en, al menos, tres planos distintos: en el plano de la lealtad al sistema conjunto en el que se incluye el pacto; los contenidos concretos de lo pactado; la ejecución de lo pactado. No basta colocarse sólo en el plano del cumplimiento de los contenidos pactados, como lo hace el PNV, aunque para ello tenga que recurrir a esconder la verdad más que a ponerla de manifiesto.

El Estatuto es un pacto, un pacto interno a la sociedad vasca, y un pacto de la sociedad vasca con el resto del Estado. El pacto interno a la sociedad vasca implica el reconocimiento del pluralismo de la sociedad vasca, con todas sus consecuencias, el reconocimiento de que no puede haber una definición política unilateral de la sociedad vasca. Y el pacto con el Estado significa asumir el sistema en el que el pacto estatutario posee su sentido.

Hablar de cumplimiento estatutario requiere comenzar por el cumplimiento de las consecuencias de la aceptación del sistema, no sólo en la práctica, no sólo por acatamiento silencioso, sino con lealtad al conjunto del sistema que da significado al pacto estatutario. Entre otras cosas porque mal se puede respetar el pluralismo de la sociedad vasca en todas sus consecuencias si no se da esa aceptación clara del conjunto del sistema. Y el PNV tendrá que dejarse preguntar dónde queda su lealtad para con el conjunto del sistema, sin la cual su queja de incumplimiento pierde mucha de su fuerza, en caso de que la tuviera.

En el plano de los contenidos de lo pactado, debiera ser sabido por todos que en la famosa lista del referido acuerdo de la comisión parlamentaria se confunden churras con merinas, se colocan transferencias debidas por ley junto a posibles delegaciones por parte del Gobierno central de competencias exclusivas suyas, caso de que le pareciera oportuno.
Centrándonos en las transferencias debidas por ley, llama la atención el vaivén de cifras que se utiliza para referirse a ellas, pero sobre todo llama la atención la falta de concreción de la queja. No cabe duda de que existen previsiones estatutarias de transferencia que no se han cumplido. Por ejemplo: prisiones. Pero no creo que sea de las más reclamadas y de las que más ilusión hagan al nacionalismo. Queda también investigación, aunque últimamente poco se escucha por parte de la comunidad científica vasca de la necesidad de que sea transferida.

Pero sobre todo quedan unas cuantas transferencias que tienen un elemento común: su financiación por medio de las aportaciones de trabajadores y empresas a la caja única de la Seguridad Social. Éste es el escollo importante con el que se han encontrado todas las administraciones. ¿Qué dice el Estatuto de la Seguridad Social? Reconoce, en primer lugar, que su ordenamiento y su normativa es competencia exclusiva de los órganos centrales del Estado, Parlamento español y Gobierno central. En segundo lugar, dice que es posible proceder a la transferencia de la gestión de la tesorería, de la caja central, mediante convenios.

Si el Estatuto habla de convenios, en minúscula y en plural, es para evitar el paralelismo con el Concierto Económico. Pero el Gobierno vasco, especialmente el PNV, ha defendido siempre que la transferencia de la gestión de la caja se produjera según el sistema de Concierto: se cobran todas las contribuciones de trabajadores y empresas por las administraciones vascas, que pagan un cupo pactado al Gobierno central, lo que supondría romper el principio de la caja única -que hasta Madrazo ha solido defender en épocas de lucidez-. Pero esta interpretación no se deriva del Estatuto, no está obligada esta interpretación por ley. Más bien todo lo contrario. ¿Dónde queda entonces el incumplimiento estatutario?

En la falta de una Ley municipal vasca. En la gestión de la Ertzaintza y en la falta de una carrera profesional para los miembros de la Policía vasca. En la falta de un discurso de legitimación del poder estatutario que ha gestionado, solo o acompañado, el PNV desde el año 1980. En la incapacidad de reconocer con todas sus consecuencias el pluralismo que define a la sociedad vasca. Pero en realidad todo este esfuerzo por sustentar las últimas apuestas estratégicas del PNV en el incumplimiento estatutario no son más que subterfugios para ocultar la deslealtad para con buena parte de la sociedad vasca que supuso la apuesta de Estella/Lizarra, la apuesta por la unidad de acción nacionalista, y sus revestimientos posteriores en los distintos planes de Ibarretxe.

El País da en el clavo, ZP no da una.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 31 Agosto 2008

Hoy publica El País su habitual homilía editorial dominical, en ella analiza someramente la que llama intensa crisis económica sin que se note demasiado o casi nada el olor a pólvora de las batallitas de la II Guerra Interprogres, ni tampoco mucho el tufillo a manta tapa vergüenzas de Zapatero, cosas ambas habituales en la política prisáica del palo y tente tieso para ZP combinada con dulces de zanahoria no muy ácidos, todo ello por haber osado ponerles los cuernos con los de la Sexta, Mediapró, Público.. Podrá parecer increíble para muchos, pero El País da una receta para salir de la crisis que ya se estudia en algunos cursos de primaria de algunos países, la contención del gasto público equilibrado con los menores ingresos fiscales, la inversión en formación y tecnología, liberalización de los servicios y reforma del mercado laboral.

Nunca es tarde si por fin Zapatero se cae del burro aunque sea a resultas de un empujón de PRISA. Nunca es tarde si no se es tan sectario como para no aplicar las medidas adecuadas solo porque sean las mismas que aplicó Aznar cuando llego al poder en una situación de crisis y de bloqueo del paso de España a la Unión Europea; aunque muy mucho me temo que por ahí irán los tiros que dispare Zapatero y que como es habitual en él, en estas cosas de la economía, no dará una.

Siempre les he reconocido a los chicos de El País una cierta habilidad para dar un estacazo a ZP forrando previamente la estaca con una almohada para que le duela menos. En este caso quieren endulzarle el hecho de recomendarle que haga lo mismo que hizo Aznar diciéndonos que después de todo el gran Zapatero no tiene la culpa de no haber previsto a tiempo la fenomenal crisis que tenemos, ni tiene la culpa por tanto de no haber tomado medidas eficaces a tiempo.

A pesar de la estaca forrada de blando dejan bien claro que las medidas que tomó inicialmente fueron ineficaces por electoralistas. Gracias señores hijos del dios laico Polanco.

Quiero dejar aquí constancia de las grandes verdades que El País editorializa hoy y repitiendo mis sinceras felicidades.

“La crisis, con un paro del 11%, tres puntos por encima de la media europea, obliga a abordar ahora lo que no se hizo antes: inversión prioritaria en formación y tecnología, reforma del mercado laboral y liberalización de los servicios. Se necesita también un equilibrio entre la austeridad en el gasto público (de acuerdo con los menores ingresos fiscales)”

Eso que le dice a ZP de que está obligado a hacer ahora lo que no hizo antes es lo que yo siempre he llamado como grandes mentiras de Zapatero cuando nos decía que íbamos tan de maravilla, estábamos tan en cabeza en la Champions de las narices que no hacia falta hacer nada para enfrentar una crisis que nunca ha existido para el presidente.

Creo que El País debería hacerle otro gran favor al país explicándole a Zapatero, con sus mejores dotes didácticas y sabiendo que se dirige a un analfabeto total en lo económico, que las medidas que propone no se le ocurrieron a Aznar, sino que son cosas bien sabidas desde muchos años antes de que su bicha personal, bajito y con bigote, durmiese en la misma casa en que él duerme ahora. Igual así se olvida del dichoso Aznar y se pone las pilas de una vez haciendo lo que tiene que hacer aunque no sea muy popular y le de una imagen de antipático. Esto si que habría que endulzárselo al gran ZP, porque eso de hacer lo mejor por España sabiendo que le dejará muchos arañazos en sus humos, la verdad es que es el mayor imposible que habría que hacer posible para que esto no nos lleve a la hecatombe. Igual dejándole caer que conducir una política así le daría muchos puntos para el Premio Nóbel funciona.

Mis felicitaciones de nuevo para El País.
Documentación.
El País editorial. Un curso caliente.

ENTREVISTA: MARIANO RAJOY Presidente del Partido Popular
"Este Gobierno lleva cuatro meses y da la sensación de que está agotado"
"Hemos llegado a un acuerdo antiterrorista, y haré todo lo que esté en mi mano para que en septiembre estén renovados todos los órganos judiciales"
V. JIMÉNEZ / J. M. ROMERO - Pontevedra El País 31 Agosto 2008

El líder de la oposición repasa el escenario político ante el inicio de un curso marcado por la crisis económica, la negociación de la financiación y, en su caso, el comienzo de una etapa distinta con un equipo recién estrenado

"¡Ahí llega Mariano!", anuncia una de las personas que han abierto el piso que acoge la sede provincial del PP en Pontevedra. Rajoy llega solo, relajado, con ropa informal, apurando sus últimos dos días de vacaciones. Se queja de una ligera llovizna. "¡Con el buen tiempo que ha hecho todo el mes!", bromea. Frente a la sede popular, el Palacio de Justicia de Pontevedra, un edificio robusto y elegante. "Ahí viví de pequeño", explica, y señala las ventanas del último piso. Su padre fue presidente de la Audiencia Provincial. "Y entonces los jueces tenían piso en la sede", aclara. En Pontevedra, Rajoy es "¡Mariano!". Con admiraciones. Camino de la plaza de la Herrería, por las calles peatonales de la iglesia de la Peregrina, donde posa para las fotos, Rajoy no da dos pasos sin oír un "¡Mariano!". Amigos, vecinos, simpatizantes, admiradores... "¡Mariano!".
Mariano Rajoy Brey
Nacimiento: 27-03-1955 Santiago de Compostela

"Mi padre me decía de pequeñito que en la vida hay que ser independiente. Siempre he aspirado a eso"
"Mi obligación como líder de la oposición es llevarme bien con la Iglesia católica. Soy católico, pero me tengo que llevar bien con todo el mundo, que es lo que pido al Gobierno. No le pido que se haga católico, sino que no cree más problemas de los necesarios"
"El impuesto de sociedades se puede bajar al 20%, subiríamos al 25% la deducción por intereses de créditos hipotecarios y el presupuesto no debería crecer más del 2%"
"El nuevo modelo de financiación autonómica debe hacerse por unanimidad, porque es la garantía de igualdad entre los ciudadanos"
"El mensaje que hay que darle a ETA es que, gobierne quien gobierne, en España no se va a negociar de política nunca"

Han pasado dos meses del congreso que reafirmó el liderazgo de Rajoy en el PP tras una de las crisis más fratricidas que ha vivido el partido conservador. Nadie dio un duro por él, pero Rajoy sobrevivió. Ahora se siente fuerte. Con el Gobierno abrasado por la crisis económica y sus adversarios en el PP laminados, dice tener ganas de que comience el curso.

El despacho donde atiende la entrevista pertenece al presidente popular pontevedrés, Rafael Louzán. Lo decoran un par de fotos: una de Fraga rejuvenecido bien visible y otra de Aznar, de cuando su bigote era negro, arrinconada tras un montón de libros. Hay que asomarse para verla. Ninguna de Rajoy. Responde armado con gráficos de la crisis y un montón de notas.

Pregunta. ¿Qué nota le pone al Gobierno en estos cuatro meses de nuevo mandato?

Respuesta. Suspenso. Lo más importante que tenía el Gobierno, que es abordar la crisis económica, ha sido un fracaso. ¡Lleva cuatro meses y la sensación que transmite es que es un Gobierno antiguo y agotado! Es verdaderamente sorprendente. Son los mismos, diciendo lo mismo. Es un Gobierno quemado.

P. Arranca el curso con la crisis económica golpeando. No hay día sin algún dato negativo. Es previsible que usted centre su oposición en este asunto. ¿Qué medidas propone?
R. Nuestra prioridad será afrontar la crisis. Hablé con el presidente del Gobierno sobre esto en julio. No ha habido coincidencia ni en el diagnóstico ni en lo que hay que hacer. El presidente cree que es sólo producto de la situación internacional y yo digo que, además, España tiene un problema de competitividad muy grave y un déficit exterior de más del 10% del PIB. El presidente cree que estamos mejor que otros, cosa que tampoco comparto. Los datos de paro y crecimiento son peores en España que en otros países.

P. Las medidas...
R. Vamos a llevar una propuesta al Congreso para bajar el impuesto de sociedades a pequeñas y medianas empresas, para aumentar las deducciones del IRPF a quienes pagan intereses de créditos hipotecarios. Queremos que estas medidas se debatan en septiembre. Le vamos a decir al presidente que no nos parece bien que el gasto público crezca otra vez por encima del crecimiento nominal de la economía.

P. ¿Podría precisar esa propuesta de rebaja fiscal?
R. El impuesto de sociedades se puede bajar al 20% [ahora está en el 25%]. La economía española necesita confianza y hacer una apuesta por la pequeña y mediana empresa, que emplea a más del 80% de los trabajadores en España. Sería un movimiento en la dirección correcta. Desgraciadamente, hemos dilapidado 6.000 millones de euros con la rebaja fiscal de los 400 euros. La otra medida prioritaria serían las deducciones por intereses de créditos hipotecarios. Aumentaríamos el tipo del 15% al 25% y la base sobre la que se aplique. Hay más de ocho millones de hipotecas en España, son ocho millones de familias que sufren una situación de crisis, y pretendemos además lanzar un buen mensaje al sector de la construcción.

P. ¿Cómo reduciría el gasto público?
R. El Gobierno ha aumentado el gasto público los últimos cuatros años el 9%, muy por encima del PIB nominal. Nosotros, en 2000 y 2004, aumentamos el gasto público por debajo del crecimiento de la economía, a pesar de que eran años electorales. Ahora, el Gobierno ha previsto aumentar el gasto público por encima del 4%, aunque dice que el crecimiento nominal de la economía será del 3,5%. El Presupuesto no debería crecer por encima del 2%. El Gobierno debería mantener el gasto social, teniendo en cuenta que le va a subir mucho la partida de desempleo. Y debería mantener la inversión productiva, pero, al igual que se aprietan el cinturón las familias, el Gobierno daría una señal de confianza si hiciera un esfuerzo de austeridad. La única medida que ha tomado fue la de los 400 euros, que fue un anuncio pintoresco, y la del regalo de una bombilla a cada español. Eso no contribuye a generar esperanza y credibilidad.

P. ¿Eliminaría usted el cheque-bebé [ayuda mínima de 2.500 euros por hijo]?
R. Yo no soy el Gobierno. De lo que soy partidario es de que el gasto público no crezca por encima del 2% del Presupuesto. Lo hicimos en 1997 y funcionó. Vinieron diez años muy buenos para la economía. Pero es el Gobierno el que tiene que tomar la decisión. Yo defiendo una apuesta por la inversión productiva y el mantenimiento de las políticas sociales.

P. Hay países europeos que usted pone como ejemplo de buena política económica que, sin embargo, han experimentado en el segundo trimestre cifras negativas. España mantiene, aunque sea muy escaso, un crecimiento positivo. ¿Cómo lo explica?
R. En el primer trimestre, España creció mucho menos que el resto de economías europeas, y ahora sólo hemos crecido un 0,1%. Y en España, desgraciadamente, se sigue destruyendo mucho empleo, algo que no está ocurriendo ni en Francia ni en Alemania ni en la mayoría de países europeos.

P. ¿Cómo frenaría la destrucción de empleo?
R. España necesita hacer reformas porque en cuatro años no se ha hecho nada. No se trata de una genialidad de un día. Desconozco de qué están hablando empresarios y sindicatos, pero no he encontrado nada de sustancia en las propuestas del Gobierno. No veo una apuesta clara en innovación y nuevas tecnologías, no veo nada importante en materia de formación y conciliación de la vida laboral y familiar, no veo que se esté hablando de la posibilidad de trabajos más flexibles. Todos estos asuntos son los que nos van a permitir competir en el futuro en un mundo más abierto y global. Creo que éstas no son las prioridades del Gobierno.

P. ¿Qué reforma laboral defiende? ¿Mayor flexibilidad en la contratación, despidos más baratos?
R. Hubo una reforma en 1997 pactada por sindicatos y empresarios y apoyada por el Gobierno. Soy partidario de mayor flexibilidad en la economía y de mayor seguridad en el empleo.

P. ¿Le preocupan las alianzas que pueda alcanzar el PSOE con partidos nacionalistas a cambio de apoyar los Presupuestos? ¿Estarían ustedes dispuestos a apoyarlos para evitar concesiones a los nacionalistas?
R. Los Presupuestos deben tener como objetivo combatir la crisis económica. Los Presupuestos no deben ser un enjuague para atender los intereses de partidos o de la financiación autonómica. Estoy dispuesto a hablar. Pero veo que la crisis económica se ha convertido en crisis política por la falta de apoyos del Gobierno. Incluso con su propio partido, el PSC, tienen problemas.

P. El PSOE tiene muchos problemas para aprobar la financiación autonómica por las exigencias de Cataluña, pero en el PP también hay diversas sensibilidades a la hora de afrontar el modelo. ¿Cómo piensa resolverlas?
R. Es un problema que se generó hace un par de años. Los políticos deben ser conscientes de que sus decisiones tienen consecuencias. Y el señor Zapatero debería saberlo. Ahora, con Cataluña, está en la situación del bombero pirómano. Él ha propiciado una norma que ha creado un problema y ahora no sabe qué hacer para resolver ese problema. Aunque yo no lo voté e incluso lo recurrí, el Estatuto de Cataluña es una ley. Me gustaría que el presidente explicara en el Congreso qué va a hacer y si cree que las leyes hay que cumplirlas o no. En septiembre volveré a pedir la comparecencia del señor Rodríguez Zapatero. Estamos hablando de la financiación de la sanidad, de la educación, de los grandes servicios públicos.

P. Solbes se ha enfrentado a los partidos catalanes en defensa de un sistema aceptable por todas las comunidades. Estará de acuerdo con él, ¿no?
R. Solbes no ha aportado nada nuevo al debate de la financiación. Debe explicar lo que quiere hacer, porque aún no lo sabe. Creo que el nuevo modelo de financiación autonómica se debe hacer por unanimidad, como se ha hecho siempre, porque es la garantía de igualdad de los ciudadanos en el acceso a las prestaciones públicas. Y eso debe hacerse sin subir los impuestos, y sin dejar al Estado, que tiene que garantizar la cohesión y la solidaridad, en la indigencia económica.

P. Ustedes aprobaron un modelo de financiación en 2001, cuando estaban en el Gobierno, y plantearon un instrumento corrector, que aún no se ha aplicado, para el aumento de población. Pero ahora defienden un nuevo modelo cuando el que aprobaron tenía vocación de definitivo...
R. Todos votamos ese modelo y dijimos que sería indefinido en el tiempo, que era una manera de decir que fijábamos las reglas del juego. Uno de los elementos de ese modelo contemplaba la evolución de la población. Es verdad que ahí hay que actuar porque la población ha aumentado en cinco millones de personas en los últimos tiempos, y es verdad que ha aumentado en algunos lugares más que en otros. Cuando eso ocurre se disparan los gastos en sanidad, educación... Le recuerdo que el modelo anterior lo había aceptado todo el mundo, incluso la Generalitat de Cataluña. Por eso hablo del bombero pirómano. No había ninguna necesidad de crear un problema como el que ha creado Zapatero, que ahora somos incapaces de resolver.

P. Oyéndole, se podría pensar que el Estatuto de Cataluña y la financiación que recoge ha sido una ocurrencia de Zapatero, cuando lo aprobó el Parlamento catalán por amplísima mayoría y luego fue refrendado, con reformas, por el Parlamento español.
R. Yo no he dicho que sea una ocurrencia de Zapatero. He dicho que hace dos años planteé mi posición sobre la bilateralidad, que parece coincidir con las últimas declaraciones de Solbes... Lo que digo es que un gobernante debe medir bien las consecuencias de sus actos, y ahora no se puede desentender de su responsabilidad. Zapatero ha creado un problema, no yo. Estoy dispuesto a pactar la financiación autonómica con los límites que pongo: la unanimidad, no aumentar los impuestos y no dejar desprotegido al Estado.

P. Su partido también está dividido en este debate. Hay gobiernos autónomos del PP que simpatizan con el modelo de financiación catalán, como Madrid o la Comunidad Valenciana, y otros que lo rechazan abiertamente, como Castilla y León.
R. Estamos de acuerdo en lo esencial. Lo que ocurre es que si se pretende dar vueltas a todo el modelo es evidente que a unos, para el reparto del dinero, les gusta más el criterio de la población, y a otros, el del envejecimiento, la dispersión o la insularidad. En mi partido, en este asunto, los problemas son menores. Nosotros no propusimos el cambio, es el Gobierno quien dijo que había que cambiar el modelo de financiación, y lo que tiene que hacer es decir cómo quiere cambiarlo.

P. Solbes lo ha hecho varias veces.
R. El Gobierno está metido, no diré en un sudoku, sino en un callejón con muy difícil salida. Solbes no tiene ninguna autoridad moral para criticar ahora el modelo de financiación catalana porque no asume las consecuencias de sus decisiones. Y eso no lo puede hacer un dirigente político. No puede gobernar pensando en el corto plazo, porque al final nos acaba metiendo en problemas a todos. Yo estoy dispuesto a colaborar en este asunto, pero agradecería que el Gobierno me dijera qué piensa hacer. Y por eso voy a pedir que comparezca Zapatero.

P. ¿Le parecen legítimas las reivindicaciones de los partidos catalanes y de la Generalitat?
R. A mí todas las reivindicaciones me parecen legítimas, pero los gobiernos están para gobernar.

P. El PP arranca el lunes una nueva etapa tras la crisis posterior a la derrota del 9-M y con un equipo renovado. El único que se mantiene en su puesto es usted. ¿Qué ha cambiado en el PP?
R. Del congreso de junio ha salido un PP reafirmado en lo esencial de sus ideas, fortalecido, renovado en sus equipos, que va a hacer un esfuerzo para abrirse a muchos más españoles; un PP que pueda ser votado por mucha gente que no defiende el grueso de nuestra ideología. Eso es lo que yo quiero transmitir. Un partido abierto a la sociedad, que aspira a gobernar, que está dispuesto a dialogar con todo el mundo, salvo con los que están fuera de la ley.

P. ¿Un partido dispuesto a llegar a acuerdos con el Gobierno?
R. Ya hemos llegado a un acuerdo en materia antiterrorista. Si el Gobierno actúa como en estos cuatro meses, le apoyaré. Hemos llegado a un acuerdo parcial en materia de Justicia y haré todo lo que esté en mi mano para que en septiembre estén renovados todos los órganos judiciales, pero también exigiré más medios a la administración de Justicia, porque no podemos mirar para otro lado cuando nos hablan de 200.000 sentencias de lo penal sin ejecutar o de casos terribles como el de la niña de Huelva, Mari Luz. Me gustaría que empezáramos a trabajar en la renovación del Pacto de Toledo, en el tema de pensiones. Me gustaría que pudiera haber un acuerdo en política exterior y en los temas de modelo de Estado. Es bueno que haya acuerdo entre los grandes partidos. Es lo que voy a hacer. Queremos hablar con todos los partidos.

P. Dice usted que el PP se ha reafirmado en sus principios, pero hay gente, como María San Gil, que ha denunciado que usted estaba traicionando o abandonando esos principios.
R. Respeto todas las opiniones. El episodio que viví con María fue muy triste, porque es una persona a la que valoro mucho, que ha hecho una gran labor política, que ha tenido un gran coraje y una enorme dignidad personal. Sólo puedo decir que la respeto y que la quiero mucho. Pero mi posición en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la España constitucional no ha cambiado.

P. ¿Considera injustos los reproches de María San Gil?
R. Yo, en relación con María San Gil, no considero injusto nada. No vi en ella ninguna intención contra mi persona. En otras personas, sí. Intentaron aprovecharlo.

P. ¿Qué otras personas?
R. No. Para qué dar nombres.

P. En la última etapa del PP hay dirigentes muy señalados que han dejado el partido, sus cargos o sus escaños. Es el caso de Zaplana, que era portavoz, o Acebes, que era secretario general. Usted sigue. Es legítimo pensar que con usted al frente no puede haber renovación.
R. En política todo es opinable y todos los políticos somos objeto de discusión. Pero lo importante es que en junio hubo un congreso en el que el PP tomó las decisiones que quiso. El 84% de los 3.000 compromisarios votó a esta dirección. Si me permite una opinión, yo creo además que la gente en el PP está muy contenta.

P. ¿Controla plenamente su partido o teme que vuelvan a desatarse las hostilidades?
R. No lo creo. La estabilidad actual se va a mantener. En este partido todo el mundo tiene su sitio. Me considero el presidente de todos. Mi objetivo es construir un proyecto político en el que se puedan identificar, no sólo diez millones de personas, sino doce o trece.

P. ¿No teme que si no recuperan el Gobierno de Galicia en las elecciones de 2009, o si obtienen un mal resultado en el País Vasco o pierden las elecciones europeas del próximo año, algunos se vuelvan de nuevo contra usted?
R. No trabajo con ese escenario. No veo que se vaya a producir, sinceramente.

P. Ha tenido usted un espíritu poco integrador con gente que pertenece a su generación, con la que compartió gobierno y a la que ahora parece haber abandonado, como Mayor Oreja, Aznar, Rato...
R. No. Mayor está en el Parlamento Europeo. Aznar y Rato están fuera de la política por decisión propia. No soy partidario de ganar amigos por vía de sustitución, sino por vía de ampliación.

P. ¿Será Mayor Oreja el cabeza de lista en las próximas elecciones europeas?
R. No está cerrado, pero sería un buen candidato.

P. Esperanza Aguirre echó del Gobierno de Madrid a dos consejeros, Alfredo Prada y Manuel Lamela, a los que usted había elegido para su comité ejecutivo nacional. ¿Fue una venganza?
R. Respeto las decisiones que toma todo el mundo. Confío en Esperanza Aguirre, somos del mismo partido y vamos a mirar hacia el futuro.

P. ¿Cómo sobrevivió a los ataques que sufrió los meses previos al Congreso? Fueron feroces.

R. Yo estoy aquí porque mi partido ha querido. Mi padre me decía de pequeñito que en la vida hay que ser independiente. Siempre he aspirado a eso. Sólo dependo de mi partido, y si presenté mi candidatura fue porque me lo pidió la gente de mi partido. Me encuentro con muchas ganas y creo que puedo ser un buen presidente del Gobierno. Si no, no hubiera seguido.

P. Había gente en su partido que no daba un duro por usted.
R. Mucha gente no, algunos. Ahora se han dado cuenta de que a lo mejor no acertaban. La mayoría quería que siguiera.

P. ¿Qué ocurrió la noche del 9 de marzo, cuando usted salió al balcón de Génova y mucha gente interpretó sus palabras como una despedida? 48 horas después sorprendió a su propio partido al anunciar que continuaba.
P. No sucedió nada. Alguien interpretó que había un mensaje... Yo fui allí solo, no le dije a nadie ni que saliera ni que no saliera, incluida mi mujer. Sé que mucha gente puede pensar "¡menuda organización tienen éstos!", pero fue así. En el comité ejecutivo siguiente, el martes, ya dije que me iba a presentar. A lo largo del lunes y el martes hablé con mucha gente que me pidió que lo hiciera.

P. Antes ha dicho que no tiene queja de la política antiterrorista del Gobierno.

R. La política del Gobierno debe ser dos cosas: que no haya negociación política, y entiendo que no la hay, y que se aplique la ley y que modifiquemos las leyes para ser más eficaces. Ahora tenemos en los tribunales la ilegalización de ANV y del PCTV, y hemos llegado a un acuerdo que pretendemos poner en marcha con el tema de los símbolos, los nombres de las calles... y una fórmula que evite acontecimientos como el de De Juana Chaos.

P. ¿No son suficientes las penas que ya hay contra los terroristas: 40 años de cumplimiento íntegro, alejamiento de sus víctimas, requisitos durísimos para la libertad condicional...?
R. Siempre se puede mejorar. Hace 30 años, el grueso de la lucha antiterrorista era la Policía y la Guardia Civil. Luego fuimos mejorando y hubo normas como la Ley de Partidos, el endurecimiento de las penas y la ley contra la violencia callejera, que nos permitieron ser más eficaces. El único límite en la lucha contra el terrorismo es la ley y la Constitución.

P. Con ese límite, entiendo que usted no es partidario ni de la cadena perpetua ni de la pena de muerte.
R. No me niego a ningún debate, salvo el de la pena de muerte, que sería absurdo. Creo que 40 años de cumplimiento íntegro son muchos años...

P. ¿En qué condiciones aceptaría usted un diálogo, que no negociación, con ETA?
R. No aceptaría ningún diálogo. ETA sólo tiene una esperanza de ganar y de conseguir sus objetivos: que alguien los negocie, porque asesinando no los va a lograr.

P. Diálogo, no negociación.
R. El mensaje que hay que darle a ETA, que era el principio inspirador del pacto antiterrorista, es que, gobierne quien gobierne, en España no se va a negociar de política nunca.

P. ¿Cree usted que De Juana Chaos tiene que volver a la cárcel por el discurso que alguien leyó supuestamente en su nombre?
R. Eso es una decisión de los tribunales y me parece muy bien que el fiscal haya actuado. Me gustaría que el señor De Juana vaya a la cárcel si el juez cree que hay motivos.

P. ¿Para cuándo la renovación de los órganos judiciales (Tribunal Constitucional y Consejo del Poder Judicial), pendiente desde hace casi dos años?
R. Haré todo lo posible para que haya un acuerdo en septiembre. Y debe haberlo. Sería muy bueno porque esto se debería haber renovado hace un tiempo...

P. Alguna responsabilidad tienen ustedes. El PP hizo todo lo posible para impedir esa renovación.
R. Éste fue uno de los peores elementos de la pasada legislatura. El Gobierno rompió las reglas del juego en materia judicial, cambiando unilateralmente el número de votos necesarios para nombrar a los cargos judiciales por parte del Consejo del Poder Judicial; y modificó, sin acuerdo de la oposición, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Yo llevaba en mi programa electoral que todas las decisiones sobre temas judiciales necesitasen un quórum reforzado de tres quintos. El Gobierno cambió unas reglas de juego por mayoría y no debería haber actuado de esa manera unilateral cuando estamos hablando de un poder que debe ser lo más independiente posible de los políticos.

P. Pero es que una de esas decisiones que critica del Gobierno consistió, precisamente, en hacer obligatoria una mayoría de tres quintos para nombrar a los cargos judiciales. Y ustedes votaron en contra...
R. Sí, por ser una decisión unilateral. Esas cosas había que haberlas pactado. Tampoco me pareció correcta una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para prorrogar el mandato de una persona [la presidenta, María Emilia Casas].

P. No admite entonces que el PP actuó mal. Oyéndole, cualquiera diría que el PP fue ajeno a esas batallas.
R. Supongo que nosotros no hemos acertado al 100%, como no acierta nadie.

P. ¿Apoyaría la reforma del aborto, encaminada a aprobar una ley de plazos?
R. No soy partidario de tocar la ley. No me parece una prioridad. Esa reforma no figuraba en el programa electoral del PP ni en el del PSOE.

P. Le parecen poco relevantes entonces las disfunciones que la actual ley ha evidenciado.
R. Eso tendrán que decirlo los tribunales. A mí no me parece que sea necesario ni bueno hacer un cambio.

P. De sus palabras se deduce que tampoco aceptarían un debate sobre la eutanasia y el derecho a una muerte digna.
R. Efectivamente. No son temas prioritarios.

P. Las comunidades del PP han optado por soluciones alternativas para aplicar la asignatura de Educación por la Ciudadanía aprobada por ley en el Congreso. Algunas amparan la objeción de conciencia. ¿Le parece bien que no se cumpla una ley?
R. Soy partidario de que no exista esa asignatura. El Gobierno hace una legislación básica que permite que cada uno aplique Educación para la Ciudadanía como le parezca oportuno. Y han sido los tribunales los que han amparado el derecho de objeción.

P. Unos tribunales sí y otros no.
R. Eso nos lleva a otro debate sobre la necesidad de unificar el criterio judicial.

P. Pero usted no objetaría Matemáticas o Lengua.
R. Efectivamente.

P. Porque no lo permite la ley...
R. No, por puro sentido común. Porque quiero que estudien Matemáticas y Lengua, y no otras cosas. La objeción de conciencia es un derecho de las personas. Se pueden objetar algunas leyes como ésta por problemas de conciencia. Y luego son los tribunales los que tienen que tomar la decisión. En este asunto sí me parece justificado. A mí me importa la educación de mis hijos y hay cosas que no me gustan. Y si puedo objetar, porque es un derecho que existe y me asiste, lo voy a hacer.

P. Ustedes recurrieron la Ley del Matrimonio de Homosexuales. ¿Cree que esa norma ha perjudicado a la familia clásica o a alguien en particular?
R. Mi posición es la misma que tuve siempre. Esas cosas es mejor que se pacten entre los grandes partidos y se busque una solución que merezca un apoyo mayoritario de la gente. Yo, en el programa de 2004 llevaba una ley como la actual, con los mismos derechos, pero con la única diferencia de que no lo llamábamos matrimonio. No había ninguna necesidad de llamarlo así. Voy a esperar a lo que diga el Constitucional.

P. ¿Cuál es su relación con la jerarquía de la Iglesia católica?
R. Correcta. Mi obligación como líder de la oposición es llevarme bien con la jerarquía de la Iglesia católica. Soy católico, pero me tengo que llevar bien con todo el mundo, que es lo que le pido al Gobierno. No le pido que se haga católico, sino que no cree más problemas de los necesarios.

P. A ustedes se les vio muy involucrados en las manifestaciones callejeras de la Iglesia contra el Gobierno.
R. Coincido con la Iglesia católica en unas cosas, y en otras no. Por dar un dato de discrepancia entre la Iglesia católica y el PP, le recuerdo el tema de Irak.

P. ¿Cree que el Gobierno debería profundizar en una mayor aconfesionalidad del Estado?
R. Es un asunto que está muy bien como está. Ha habido unas muy buenas relaciones de la Iglesia católica con gobiernos socialistas y con gobiernos del PP.

P. En países que usted admira, con gobiernos conservadores, sería impensable ver a un ministro jurando o prometiendo el cargo ante un crucifijo.
R. Hay de todo. Eso corresponde a nuestra tradición y a nuestra historia. Pero no me parece que sea un asunto que preocupe a la mayoría.

P. ¿Le agrada el endurecimiento del Gobierno en su política de inmigración?
R. Ha dado un giro en el discurso y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho el ministro de Trabajo. No voy a criticar al Gobierno por ello. La rectificación se ha producido en el discurso, es un primer paso que me parece bien. Yo he pedido una ley contra las regularizaciones masivas y creo que deberíamos revisar la normativa sobre reagrupación familiar. Es muy generosa.

P. El Gobierno ha anunciado un endurecimiento de los requisitos para el reagrupamiento.
R. Pero sólo lo ha anunciado. Si lo hace, lo apoyaré; si no lo hace, exigiré que el Gobierno cumpla su palabra.

P. ¿Qué le parece la directiva europea de inmigración?
R. Yo he apoyado en este tema al presidente del Gobierno en contra de otros grupos de la Cámara. Soy gallego y de aquí se fue todo el mundo. No estoy en contra de la inmigración. Pero en asuntos como estos, el orden y el control son importantes.

P. ¿Le parece aceptable una directiva europea que ampara encerrar 18 meses a un inmigrante que no ha cometido delito?
R. Esos son casos extremos. Aquí estamos en 40 días.

P. Pero, ¿le parece bien que una directiva comunitaria, un texto legal, avale un encierro de 18 meses? ¿No le parece un retroceso en derechos básicos?
R. Son medidas que contribuyen a hacer pedagogía. El mayor retroceso en libertades y en democracia es el hambre, son las pateras, las mafias que se llevan a las personas o la explotación de inmigrantes por su situación legal...

P. Pero los inmigrantes son personas que no han incumplido ninguna ley...
R. Sí, entrar ilegalmente en un país. Eso es incumplir una ley.

P. ¿Nos puede detallar la proposición de Ley sobre Política Lingüística que ustedes pretenden llevar al Congreso? ¿La consideran prioritaria?
R. Sí, porque afecta a los niños y a los derechos fundamentales de la persona.

P. Muchos estudios afirman que el conocimiento del castellano entre niños gallegos, catalanes o vascos es igual o mejor que el de comunidades monolingües.
R. No hablo de eso, que sería discutible. Hablo de derechos fundamentales. No hay ningún país del mundo donde un nacional no pueda estudiar en la lengua de ese país, ninguno.

P. Su partido e incluso Gobiernos de su partido en comunidades bilingües han aceptado la actual legislación autonómica en materia de lenguas.
R. Pues ésa no es mi posición. El problema es que hay sitios donde el castellano no existe, y todos los españoles tienen garantizado el derecho constitucional de conocer y usar el castellano.

P. ¿Realmente cree que hay sitios donde el castellano no existe? ¿Usted cree que el castellano está amenazado en Cataluña?
R. No, no. Yo no hablo de que esté amenazado. Yo hablo de derechos fundamentales y no quiero que se me prive del derecho a estudiar el castellano. Busquemos una fórmula razonable.


P. ¿Obama o McCain?
R. Me gustan cosas de Obama y cosas de McCain. Lo único que digo es que nosotros tenemos que llevarnos bien con cualquiera de los dos.

P. No se moja.
R. No, es que me gustan cosas de los dos.

P. Ha planteado la necesidad de un acuerdo en política exterior, pero usted siempre ha sido muy duro con la política exterior de Zapatero.
R. Le pondré un ejemplo. En el tema de Georgia, España ha estado ausente. Por lo menos podía haber ido un ministro a la reunión de la OTAN que hubo en agosto. Ahora, el señor Sarkozy ha convocado una reunión el 1 de septiembre, a la que espero que vaya el señor Zapatero, porque esto ya pasa de castaño oscuro. Rusia ha incumplido sus acuerdos con la UE, sigue instalada en Georgia y ha reconocido la independencia de los dos territorios georgianos. Por tanto, yo espero del Gobierno español que plantee esto y que esto tenga consecuencias. La UE no puede mirar hacia otro lado. Rusia ha dejado en una situación desairada la mediación de Sarkozy.

P. Le voy a hacer una pregunta que no le va a gustar sobre política internacional.
R. Ya sé por dónde va. ¡No me la haga!

P. ¿Qué le parece la afirmación de Aznar de que la foto de las Azores es el momento más importante en la historia de España de los últimos 200 años?
R. Que no, oiga, mire... punto. No quiero opinar. Creo que es su legítima opinión sobre un asunto que ocurrió hace cinco años y que a nadie puede sorprenderle.

P. ¿Qué piensan hacer para remontar en Cataluña?
R. Voy a hacer un esfuerzo esta legislatura. Ha habido un intento de aislar al PP y de transmitir que su posición en el Estatuto de autonomía era contraria a los intereses de Cataluña. Yo no lo veo así. Como diputado nacional voy a defender los intereses de Cataluña. Voy a estar más allí y hablar más con la gente. Yo les entiendo y espero conseguir que los ciudadanos de esa comunidad también nos entiendan mejor.

P. ¿Por qué cree usted que el PP de Madrid ha hecho todo lo posible para echarle de la presidencia del partido?
R. ...

P. El debate en el Congreso sobre el accidente de Spanair fue de guante blanco. ¿Ha indicado usted a los dirigentes de su partido que no deben hacer del accidente de Spanair un instrumento de confrontación política?
R. Yo he dicho que no quiero que sea un instrumento de confrontación política.

P. ¿Tiene algún dato que plantee dudas sobre la seguridad aérea en España?
R. Me cuidaría muy mucho de hacer afirmaciones de ese tipo si no tengo el 100% de las pruebas. No estaría de más hacer una subcomisión.

P. En la pasada legislatura hemos visto muchos casos de corrupción. Algunos afectaban a su partido; otros, al PSOE. No parece que sea un tema prioritario para ninguno de los dos partidos.
R. Yo llevo mucho tiempo en política y he conocido a mucha gente. Lo que sale en los medios de comunicación son casos de corrupción, no las actuaciones honorables de la inmensa mayoría de los que se dedican a la política. Ha habido casos, y hay que aplicar la ley y endurecerla, y tiene que ser más rápida y ágil.

P. En ocasiones, su partido ha dado la sensación de ser complaciente con personas inmersas en procesos por corrupción. Hay nombres...
R. Ni demos nombres, ni presuntos. Es muy difícil erigirse en juez de conductas ajenas sin tener las pruebas. Es que ahora eres imputado para que puedas defenderte. Las cosas no son tan fáciles...

P. Hay casos y casos. Ustedes mantienen a un presidente de Diputación
[Carlos Fabra, en Castellón] pese a estar imputado por múltiples delitos graves de corrupción. La Agencia Tributaria ha acreditado un presunto delito fiscal ¿Por qué le mantienen en el PP?
R. La expresión 'acreditado'...

P. Lo dice la Agencia Tributaria de España.
R. A mí no me gusta erigirme en juez y creo que es muy arriesgado imputarle a alguien algo porque luego puede ser absuelto.

P. El debate sobre la energía nuclear está cada vez más presente debido a las tensiones internacionales sobre el precio del petróleo y las energías renovables. ¿Cuál es la posición de su partido respecto al cierre de centrales o la construcción de nuevas?
R. Lo que no podemos hacer es quejarnos permanentemente de la subida del petróleo y tomar como única medida regalar una bombilla a cada ciudadano. Marruecos va a construir centrales nucleares, en Francia están en el 80% y también se están construyendo en Finlandia y en el Reino Unido. A mí me parecen bien las energías renovables, y además van a ser útiles, pero no van a servir para abastecernos. Hay que hacer ese debate. Cerrar las centrales nucleares que están abiertas sería un disparate.

Resuelve dejar exentos de ir a clase y de examinarse a los alumnos que lo pidan
La Rioja desafía a Educación y admite objetar a Ciudadanía

La autonomía acumula 21 sentencias en las que los jueces dan la razón a los padres que se han opuesto a la asignatura.
Rocío Ruiz La Razón 31 Agosto 2008

Madrid- A las puertas del comienzo del nuevo curso académico -en que ya será obligatorio en toda España impartir la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía en 3º y 4º de la ESO-, la cruzada contra la materia que mantienen los más de 44.500 objetores a la asignatura en toda España se recrudece y las administraciones educativas de las comunidades autónomas empiezan a dar respuestas dispares.

La Rioja acaba de lanzar el último desafío al Gobierno al convertirse en la primera autonomía en reconocer, el derecho de los padres a objetar, con lo que los alumnos afectados quedarán exentos de asistir a clase y de ser evaluados.

La Consejería de Educación riojana ha plasmado su decisión en una resolución que ha empezado a remitir a cada uno de los padres objetores. La Rioja asegura que ha tomado esta decisión «en congruencia con los pronunciamientos en sede judicial que han venido a reconocer el derecho a la objeción expresada por los padres, llegando el tribunal a eximir a sus hijos del deber de cursar la asignatura», argumenta en la resolución. Y es que la comunidad acumula 21 sentencias en las que el Tribunal Superior de Justicia da la razón a los padres al reconocer que la nueva asignatura conculca la libertad de conciencia de los padres e impone una concepción moral e ideológica que supera los límites constitucionales. El órdago educativo riojano se produce a la par que la ministra de Educación recordaba la advertencia el pasado viernes de que «no ir a clase de Ciudadanía tendrá los mismos efectos que no cursar Matemáticas». De hecho, muchos alumnos objetores cuentan ya en su expediente con un «suspenso» en la asignatura por no asistir a clase. Los objetores han aplaudido la iniciativa riojana al entender que «implica un compromiso claro y valiente con los derechos fundamentales de los ciudadanos y con la libertad de educación. Era muy importante que una Administración reconociera con hechos y no sólo con buenas palabras este espacio inviolable de libertad y pluralismo, frente al discurso autoritario de una buena parte de los responsables políticos», asegura Ana Lomas, presidenta de la plataforma de padres «La Rioja Educa en Libertad».

El presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, invitó al resto de administraciones a seguir el camino de La Rioja porque «los padres sólo estamos pidiendo que se respete algo tan elemental como es nuestro derecho a elegir libremente la educación moral de nuestros hijos.

Los padres asumen las consecuencias
La resolución de La Rioja es clara: el que quiera objetar puede hacerlo, no está obligado a ir a clase y no será evaluado de las asignaturas englobadas bajo el término Educación para la Ciudadanía, pero tiene que ser consciente de las consecuencias de su decisión, «especialmente de las desfavorables que pudieran derivarse de los pronunciamientos de los tribunales competentes», dice la resolución (en la imagen). Y es que, aunque los tribunales han tenido pronunciamientos tanto favorables como desfavorables hacia los objetores, dependiendo de la autonomía, la última palabra sobre si está permitido objetar a la asignatura la tiene el Tribunal Supremo, que podría tardar en pronunciarse, pero unificaría toda la jurisprudencia que ha generado la asignatura.

Educación
Los «reinos de taifas» de la asignatura más rechazada
Los objetores reciben un trato desigual según la autonomía
Seis comunidades autónomas se oponen a la asignatura, frente a diez que «castigan» al objetor con el suspenso.
R. Ruiz La Razón 31 Agosto 2008

madrid- La irrupción de Educación para la Ciudadanía en el sistema educativo ha generado enfrentamientos políticos, respuestas dispares de las administraciones a la objeción, efectos académicos adversos para los alumnos, alternativas creativas a la asignatura, como el caso de Valencia, y una cascada de resoluciones judiciales que no acaba. Nunca antes se había habido un movimiento ciudadano que ofreciera tanta resistencia a una asignatura: son ya más de 44.000 los españoles que se han negado a que sus hijos estudien la asignatura. Ésta es la particular situación que viven las comunidades autónomas respecto a la objeción.

Madrid. La Consejería de Educación prevé seguir los mismos pasos que La Rioja con los alumnos objetores. No tendrán que asistir a clase y tampoco se les podrá calificar con un suspenso por no acudir a la clase, pero todavía no ha formalizado su postura a través de ninguna orden ni pronunciamiento.
Valencia. Aceptó la objeción mediante una orden de Consejería que fue paralizada por un auto del TSJ de Valencia. Ha recortado el currículo de la asignatura, se imparte en inglés y ha cambiado el sistema de evaluación mediante una orden que ha sido recurrida por el Ministerio de Educación y otras entidades. El consejero anunció a los objetores que si no cursan la asignatura tendrán un suspenso. El TSJ valenciano suspendió cautelarmente la evaluación de Ciudadanía mediante trabajos y en inglés.

Andalucía. Acepta el modelo de la asignatura que impone la LOE. Rechaza la objeción y lo ha formalizado a través de varias resoluciones administrativas. La Consejería de Educación ha amenazado a los objetores con no darles el título de la ESO, a pesar de que hay autos y sentencias del TSJ andaluz que reconocen la objeción. En el expediente académico de los que no han cursado la asignatura figura «no evaluado», en lugar de «suspenso», como había pensado calificarlos en un primer momento, aunque sólo en el caso de alumnos que tienen un fallo judicial, el resto están suspensos.

Castilla y León. Mantiene una postura que no está en sintonía con la de otras comunidades gobernadas por el PP. El consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, ha garantizado que la asignatura se va a implantar este curso y se va a desarrollar «con la neutralidad propia» del currículum escolar de la Comunidad. El rechazo a la objeción lo ha formalizado a través de distintas resoluciones administrativas en julio de 2008. Además, «no garantiza» la titulación a los alumnos que objeten.

Castilla-La Mancha. Es una de las comunidades autónomas, después de Madrid, que acumula más objeciones y demandas judiciales de los padres a los que les han denegado la objeción. El gobierno regional, en la misma línea que otros gobernados por el PSOE, ha formalizado el rechazo a la objeción a través de varias resoluciones administrativas. Ha amenazado a los objetores con no darles el título de la ESO si no acuden a clase de Ciudadanía.

Navarra. En línea discordante con las comunidades gobernadas por el PP, rechaza la objeción y los alumnos que se resisten a la asignatura han sido calificados con un suspenso.

Guillermo Fernández Vara: «me hubiera agradado una llamada de Montilla cuando nos llamaron malnacidos»
MARIANO CALLEJA | MÉRIDA ABC 31 Agosto 2008

Algunos dirigentes nacionalistas catalanes han dirigido contra los extremeños su lenguaje más radical e insolidario. Pero el presidente de la Junta de Extremadura no se achanta y pide un Gobierno de España fuerte que garantice la igualdad y la cohesión.

-En las últimas semanas, un dirigente de ERC llamó malnacidos a los extremeños, por no reconocer «la solidaridad catalana», ¿quiere contestar?
-Quizás más grave fue lo que dijeron del padrinazgo de los niños extremeños por mil euros. No quiero alimentar ese enfrentamiento que algunos pretenden imponer. Mucha gente en Cataluña no ha visto con buenos ojos esos insultos, he recibido muchos correos y llamadas en ese sentido.

-¿Alguna del señor Montilla?
-No, de Montilla, no. Cosa que me hubiera agradado, pero cada uno es muy libre de decir lo que piense. He echado de menos llamadas de compañeros del PSC. Me preocupa que todo esto sea la consecuencia de un caldo de cultivo que se ha sembrado, y que por defender la igualdad y la España de la Constitución vayamos a ser unos malnacidos.

-Al final, el lío de la financiación autonómica está derivando en una guerra de comunidades.
-El modelo de financiación siempre ha sido complejo. Cuando se pasa de las ideas a las pesetas, los euros, hay cierta tendencia a abandonar las ideas. Si el territorio sustituye a las ideas, mal asunto. En ese contexto, tenemos que seguir defendiendo una España en la que quepamos todos.

-¿Usted también pide una comunidad autónoma más fuerte a costa del Estado?
-No, no. Yo defiendo que no deben ser más fuertes las comunidades si para ello tiene que ser más débil el Estado.

«Me preocupa que los insultos se produzcan por defender la igualdad y la España de la Constitución»
-Pero si piden más medios, más recursos, ¿de dónde salen?
-El Estado debe tener recursos suficientes para mantener las competencias que nos cohesionan como país. El discurso de que el Estado se tiene que debilitar es perverso en sí mismo. Yo defiendo la fortaleza del Gobierno de España.

-¿Entendió que Rodríguez Zapatero accediera a publicar las balanzas fiscales?
-Nos hemos opuesto a las balanzas fiscales no porque tengamos miedo a la transparencia, sino porque no le damos veracidad. Si la España de hoy fuera un fiel reflejo de lo que dicen las balanzas fiscales, no sería España, sería otra cosa.

-¿Y por qué cree que el presidente accedió a publicarlas?
-Porque el presidente del Gobierno ha dicho: balanzas fiscales, sí, para que nadie pueda acusarnos de falta de transparencia. Y sin que tuviera efectos en la financiación autonómica, lo ha dejado muy claro.

-Es un poco ingenuo eso.
-Sí, lo que ocurre es que el presidente del Gobierno tiene la obligación de contentarnos a todos. Así no le acusan de falta de transparencia.

-¿No le parece que publicar unas balanzas fiscales como se ha hecho es antisocialista y muy poco solidario?
-No sólo por la solidaridad, que es un concepto subsidario. El concepto principal es la igualdad. Deberíamos preguntarnos si las personas que pertenecemos a los partidos estamos cediendo parte de nuestra ideología en favor de nuestros territorios.

-El Estatuto de Autonomía de Cataluña hay que cumplirlo. Frente a eso, hay una Constitución, que también hay que cumplir. ¿Y ahora qué hacemos?
-El Estatuto establece la bilateralidad, pero hay otras normas que establecen la multilateralidad. Se pueden cumplir las dos cosas.

-Pues usted dirá. ¿El Gobierno debe pactar primero con la Generalitat y luego con los demás?
-Yo entendería que el Gobierno hiciera lo que ha hecho siempre. Primero que intentara llegar a acuerdos bilaterales, y que luego tuvieran todos cabida en un acuerdo multilateral.

-¿Pero debe ser un acuerdo igual para todos?
-Evidentemente. El resultado final del modelo tiene que hacer que nos sintamos todos iguales, no cómodos. No es un problema de comodidad, es un problema de igualdad. Si se establecen diferencias, ya no estamos hablando de un modelo de financiación, sino de reescribir la Constitución.

-¿Usted tiene la fórmula mágica para resolver el sudoku de Pedro Solbes?
-Un criterio que reconociera la población actual de España e introdujera elementos que responden a las peculiaridades de cada uno. Hay fórmulas que serán más fáciles de encontrar si nos dedicamos a hablar de eso y de lo que realmente preocupa a los ciudadanos, que es mantener los servicios que tenemos que prestarles.

-Hay algunos que están hablando más de modelo de Estado que de financiación. ¿Está en juego el modelo de Estado?
-Hombre, claro. Si se quisiera imponer lo que establece el Estatuto de Cataluña sobre el «statu quo» de los demás se estaría modificando el modelo de Estado, claro. No puede ser que desde fuerzas minoritarias se quiera cambiar la realidad de un país, y menos utilizando un Estatuto de Autonomía.

-¿Usted cree que España es una nación?
-Yo creo que España es una nación, claro, y huyo de los nominalismos. Ha habido quien pensara que por el hecho de denominarse de una manera o de otra tendría determinados derechos. Y no. Usted puede llamarse como quiera y tener la historia que quiera, pero eso no le otorga más derechos.

-¿Ve al Gobierno fuerte ante las presiones nacionalistas?
-La realidad de estos años no se entenderá sin entender la personalidad de José Luis Rodríguez Zapatero. Él ha sido capaz de poner en marcha un proceso de reformas estatutarias, para intentar que todo el mundo se sienta cómodo. Ese mismo presidente no iba a dejar que eso sirviera para que hubiera desigualdad.

-¿Por qué no se reúnen los barones socialistas para ponerse de acuerdo en la financiación?
-Sería bueno que nos viéramos para hablar de cómo somos capaces de no defender cosas distintas en función del territorio al que pertenecemos, porque entonces se disuelve el concepto esencial de partido.

-¿Cómo puede ser que usted y José Montilla sean del Partido Socialista y defiendan cosas tan diferentes?
-Porque compartimos montones de cosas. El Partido Socialista no es un proyecto homogéneo cien por cien. Cada uno tenemos nuestras señas de identidad. Eso sí, si el resultado de todo este proceso es que lo que finalmente se apruebe no se entiende en algún sitio habremos perdido como partido, y habremos perdido como país.

-¿Cuándo va a tener Extremadura un Estatuto nuevo?
-A finales de este año.

-¿Con agencia tributaria propia?
-Si fuera para compartir, sí; para sustituir, no.

-¿Le gustaría ser una realidad nacional?
-No, no, somos una región de España, que se constituye en comunidad autónoma con la Constitución, y punto.

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