AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 4 Septiembre 2008

Política lingüística: una visión empresarial
Club Financiero Vigo Julio 2008

ÍNDICE
Presentación
Introducción
Marco jurídico
Lengua y libertad. Un apunte
Lengua y economía
Otros países
Situación actual
El problema para las empresas
Nuestra propuesta
Conclusión

PRESENTACIÓN

Desde su fundación, en el Club Financiero Vigo hemos venido elaborando propuestas e informando a las Instituciones sobre todos aquellos asuntos que entendemos que de un modo u otro puedan incidir en el desarrollo económico y empresarial de Vigo, Galicia y España, procurando estar presentes de modo responsable y con el rigor necesario, en el debate de todos aquellos temas que como empresarios y ciudadanos pueden afectarnos.

El Estatuto Gallego, la ría de Vigo, los aeropuertos, la Marca Vigo, las infraestructuras, el área metropolitana de Vigo, la competitividad de la economía española y otros temas han sido objeto de reflexión, análisis, debate, y elaboración de propuestas a las distintas administraciones por parte del Club.

Esta posición, que no persigue otro objetivo más que la colaboración con las instituciones desde un sector de la sociedad civil de tanta importancia como es el empresariado, y que hemos mantenido a lo largo de diez años, hace que no podamos permanecer ajenos a uno de los debates que, cada vez con mayor intensidad, empieza a estar presente en la sociedad y que, por su dimensión, tiene y tendrá efectos, no solamente sobre los intereses y el funcionamiento de las empresas, sino también sobre el desarrollo social y económico de Galicia: la llamada "política de normalización lingüística"

Club Financiero Vigo, julio de 2008

INTRODUCCIÓN

Antes de entrar en las razones que han aconsejado a hacer pública nuestra posición sobre este tema, queremos dejar claro que está fuera de toda duda nuestra defensa del patrimonio histórico y cultural de Galicia, como ya ha demostrado el CFV en diferentes ocasiones. Lejos de nuestro ánimo está denostar ningún idioma u ofender a quienes optan por una u otra lengua.

Que Galicia sea una comunidad bilingüe debería ser una ventaja, y difícilmente se puede justificar que la preservación de una lengua pueda convertirse en una cortapisa para el aprendizaje y la ‘competencia’ en otras. El idioma debe ser un elemento enriquecedor y en absoluto es defendible que pueda convertirse en un obstáculo para la inmersión en el mundo globalizado. Como responsables de la educación de las futuras generaciones, padres, administraciones y educadores deben exigir y fomentar una enseñanza que garantice competencia suficiente a nuestros hijos para enfrentarse a los retos del presente y del porvenir. Y esto difícilmente se conseguirá con la imposición de medidas que limitan el aprendizaje de materias tan fundamentales como los idiomas. La experiencia de otros países, que sin renunciar a la defensa de sus lenguas vernáculas minoritarias, han optado por su difusión sin imposiciones, debería servirnos como referentes.

Así pues, nuestra postura no está sustentada en criterios de carácter ideológico o político. Estamos convencidos de que sólo desde la libertad, la contraposición de opiniones y la formulación de propuestas rigurosas, se puede construir una sociedad verdaderamente democrática, moderna, estable y capaz de competir en un mundo globalizado y abierto, en el que desde hace tiempo ya se han venido derribando todo tipo de fronteras.

No está en nuestro ánimo entrar en el debate sobre cuál es la lengua propia de un territorio: en primer lugar porque partimos de la base de que no son los territorios los que tienen lengua, sino las personas. En segundo lugar, porque además, siendo las lenguas patrimonio de las personas, en Galicia conviven cientos de miles de gallegos que tienen como lengua propia el gallego, y cientos de miles de gallegos que tienen como lengua propia el español, y tanto unas como otras, tienen el derecho a expresarse en su lengua y a que sus hijos sean educados en la lengua materna, sea esta cual fuere de las dos oficiales en Galicia.

En todo caso, en el CFV estamos convencidos de que las sociedades "abiertas" a todas las culturas, a los avances y cambios tecnológicos, a los flujos de personas o a los intercambios económicos, son las que se beneficiarán de un mejor clima de convivencia, un mayor desarrollo económico y, en definitiva, mayor bienestar. El espectacular crecimiento y desarrollo de Vigo, por ejemplo, a lo largo del siglo pasado, tiene mucho que ver con esta concepción.

Marco jurídico

A efectos de situar la reflexión dentro del marco jurídico que le sirve de base, conviene recordar que la Constitución Española recoge en su artículo 3, que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla; que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, y, por último, que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Por otro lado, nos parece también de interés señalar que la Constitución, en sus artículos 14 y 139, expresa que los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

Por su parte, el Estatuto de Galicia recoge en su artículo 5 que la lengua propia de Galicia es el gallego y añade que los idiomas gallego y castellano (español) son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos. Además, el mismo artículo señala que los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento,asícomoquenadiepodráserdiscriminadoporrazóndelalengua.

La pregunta que procede hacerse es si, efectivamente, todos los ciudadanos de Galicia tienen esos derechos y, en el supuesto de que sea así, si realmente y en determinadas circunstancias estos derechos son respetados por las administraciones y pueden ejercerlos.

Lengua y libertad. Un apunte

Es fácilmente constatable que en su desarrollo histórico, las lenguas, como herramientas que son, "se tienen solas" y se mantienen, expanden o languidecen por razones absolutamente pragmáticas, derivadas de condiciones sociohistóricas concretas, ajenas a toda consideración ética o política a posteriori, y, por supuesto, a toda voluntad consciente de cambiarlas.

Toda política lingüística que apele al imperativo, corre serios riesgos de fracasar. Es más, bajo el criterio del imperativo, el propio concepto de ‘política lingüística’ es en sí dudoso y tiene en el fondo un cierto tinte de Big Brother orwelliano. Nadie se imagina una política indumentaria, que, bajo factores de identidad, estimulase la uniformidad en el vestir. La lengua es algo tan personal, tan definitorio y tan profundo como nuestros sentimientos.

El uso y abuso de conceptos como "política lingüística", "normalización lingüística", "lengua de Galicia", etc. entrañan riesgos que, al cabo, van componiendo un clima de imposición de guante blanco que, como es lógico, aviva el fuego de las posiciones contrarias. En nuestra opinión, no existe un territorio donde el ejercicio de la libertad sea por definición más intocable que el de la lengua que hablamos.

Esto no quiere decir que, en una situación de bilingüismo desigual, no se pueda desde los poderes públicos estimular, incentivar o promover el libre uso de una determinada opción. Pero cuando la pretendida normalización, además de dar alas a toda suerte de posiciones radicales o sectarias, encuentra el refrendo oficial, etiquetándose con el peligroso marchamo de la obligatoriedad un ejercicio de libertad inalienable, se está prendiendo la llama de la discordia y el enfrentamiento y, más tarde o más temprano, llamando a la invocación de derechos fundamentales, como ya está sucediendo.

Todo estado de opinión impuesto unilateralmente, que obvie sensibilidades y pareceres legítimos, genera su contrario. ¿Que el gallego es la lengua de Galicia? Digamos que sí, que el gallego es el idioma de Galicia para quienes en Galicia hablan gallego. ¿Cuál es el idioma de un gallego que habla castellano, por herencia familiar, desde generaciones? ¿Hemos avanzado en el terreno de la recuperación del idioma, obligando a sus hijos o nietos a estudiar en un idioma que no conocen y que simplemente, guste o no, no es el suyo?

No son los pueblos los que tienen lengua, sino las personas. No ha de hacerse fuerza dogmática en principios de la lingüística histórico comparativa para que adquieran una preponderancia que no les corresponde. ¿Es el rumantsch la lengua de Suiza? ¿O el galés de Gales? Sí, desde la disciplina científica. No, o no solo, desde la perspectiva social.

Hay un clamor hoy en Galicia, como en otras comunidades españolas, por retornar al sentido común y a una lectura progresista e integradora de España, que muchos compartimos, persuadidos de encontrarnos en una "casa común" en la que vivimos muy a gusto, conscientes de lo que nos diferencia, pero también de lo mucho que nos une.

Se hace imposible conocer el fin de todos los caminos; pero a nadie se le escapa que, en un mundo globalizado y dirigido cada vez con mayor intensidad a la ruptura de fronteras, erigir nuevos muros es una estrategia que, tarde o temprano, se acabará volviendo contra quienes la promueven.

Lengua y economía

La lengua constituye uno de los principales soportes de la economía. El imparable crecimiento de la globalización de los flujos comerciales y de los procesos productivos, la creciente internacionalización de los mercados de bienes y servicios, la mundialización de las actividades económicas y el amplio despliegue intercultural o de la sociedad del conocimiento, hacen que las lenguas tengan cada vez una mayor relación con la economía, especialmente las lenguas puente o internacionales.

La lengua puede, por tanto, favorecer los flujos económicos, aportar valor o reducir costes en transacciones comerciales y ser una de las más útiles herramientas para un empresario que pretenda proyectar su actividad más allá de las fronteras de su país, más allá de los límites lingüísticos. A título de ejemplo, valga la observación del proceso experimentado por Irlanda, que, siendo una comunidad bilingüe, ha basado su crecimiento en su clara y decidida opción por el inglés, sin por ello descuidar la recuperación y protección del gaélico.

La misión fundamental de una lengua es, por encima de cualquier otra consideración, propiciar y favorecer la comunicación y parece evidente que su valor de uso estará en proporción directa al número de intercambios de comunicación de quienes la utilizan. Es decir, a mayor número de hablantes en una determinada lengua, mayor será su valor y su utilidad para quienes necesitan utilizarla.

Ofrece pocas dudas, y la historia así lo demuestra, que el progreso económico de las naciones ha ido al mismo ritmo que la expansión de su lengua, como ha ocurrido con el griego, el latín, el árabe o el inglés en cada etapa histórica, actuando también como un factor de cohesión y vertebrador de amplias áreas, como podría ser la comunidad anglófona o hispanohablante hoy. Todo ello, se traduce en unas expectativas de mercado e interacción económica que tienen, precisamente, como nexo de unión, la lengua común.

Hay un factor sumamente importante en lo que se refiere a la incidencia de la lengua en la economía: el papel de la lengua como reductor de costes de transacción y como elemento potenciador de un clima que facilita la negociación. Esta reducción de costes y esta creación de clima de negociación favorable se dan si las partes implicadas utilizan un idioma común.

A título de curiosidad, conviene destacar que el estudio de Martín Municio El valor económico de la lengua española (Espasa Calpe, 2003), desde una perspectiva macroeconómica, le atribuye un valor en torno al 15% del PIB, según los datos de la nueva Contabilidad Nacional: aproximadamente, unos 125.000 millones de euros. Se refiere, obviamente, Martín Municio al hecho de que la lengua entra a formar parte del producto nacional, como insumo directo de un gran número de bienes y servicios e indirecto de prácticamente todos ellos en una proporción que se estima en ese porcentaje. (*)

En definitiva, la utilidad de una lengua y los servicios que presta son tanto mayores cuanto más amplio es el colectivo de quienes la utilizan. La capacidad de comunicación se amplía en la medida en que se recurra a una lengua que es accesible a un número más amplio de personas. En consecuencia, parece claro que la utilidad del conocimiento de una lengua crece con el tamaño del grupo lingüístico que la utiliza.

(*) Economía del español. García Delgado y otros.

Otros países

En la actualidad, el español también lengua propia de Galicia es, después del inglés, la segunda lengua de comunicación internacional y es la segunda lengua más estudiada en Europa, Brasil, China, etc., además de en EE UU donde ha experimentado un crecimiento exponencial en la enseñanza y donde hay más de 40 millones de hispanohablantes.

Sin embargo, de la información de la que disponemos se deduce que es España el único país occidental en el que, en amplias áreas de su territorio, no es posible educar a un niño en la lengua oficial del conjunto del país.

Hemos recogido aquí, de forma sucinta, cuál es la situación en algunos de los países de nuestro entorno, que se citan en algunas publicaciones (por ejemplo la del área de Normalización Lingüística de la Universidad de Vigo) como modelos de bilingüismo a imitar:

Reino Unido. En Gales, con dos lenguas oficiales, se puede elegir la lengua de instrucción. El 78% de los alumnos reciben enseñanza esencialmente en inglés; el galés es materia obligatoria.

Italia. En la región del Alto Adigio Trentino/Süd Tirol, donde hay dos lenguas oficiales, italiano y alemán, los padres o alumnos pueden elegir en qué lengua reciben la enseñanza.

Finlandia. Hay dos lenguas nacionales, el sueco y el finés. En los municipios bilingües los padres tienen derecho a elegir la lengua de instrucción de sus hijos, estudiando la otra lengua nacional como materia. Se permite la inmersión en lengua no materna, pero es voluntaria.

Islandia. La lengua de instrucción es el islandés, que es la lengua materna de prácticamente la totalidad de la población; se estudian el danés y el inglés como materias obligatorias.

En estos países, la "inmersión" en una u otra lengua es siempre una opción que voluntariamente asumen las familias.

El Club Financiero Vigo propone como alternativa para la enseñanza en Galicia un modelo lingüístico similar al vigente en los países citados con más de una lengua oficial. Se propone un modelo flexible basado en el principio del derecho a la elección de la lengua docente por parte de padres o alumnos, ya que, además, la flexibilidad fomentaría la venida a Galicia de profesionales muy necesarios para el desarrollo económico y social del país.

Situación actual

A partir de la aprobación de la Ley 1/1983 de Normalización Lingüística y hasta el año 2005, la convivencia del gallego y el castellano en la enseñanza tenía un nivel de razonable aceptación, sin que ello produjera excesivas fracturas o tensiones, ya que si bien las familias no tenían la posibilidad de una educación en su totalidad en español o en gallego, como hubiera sido su deseo, existía un razonable equilibrio entre ambas lenguas.

Desde el año 2005 y especialmente a partir de la publicación del Decreto 124/2007, las posibilidades de escolarización en español para los niños de Enseñanza Primaria y de lengua materna castellana son prácticamente nulas. Algo parecido ocurre aunque en menor medida con la enseñanza en sus niveles secundario y de bachiller, donde en la práctica totalidad de los colegios ya sean públicos, concertados o privados el español ha desaparecido u ocupa un lugar residual, ya que la lengua vehicular es el gallego; las asignaturas troncales se imparten en esta lengua, quedando el castellano con tratamiento de lengua extranjera y utilizado para impartir algunas asignaturas "menores" como la Música, la Religión, la Gimnasia o las Manualidades.

El problema para las empresas

Como consecuencia del endurecimiento en la exigencia del gallego en la enseñanza, sin prácticamente posibilidad de opción de enseñanza en español, muchas empresas se están enfrentando a la dificultad de retener o contratar personal cualificado procedente de otras regiones españolas o de otros países, cuya edad se sitúe en la franja de 30 a 50 años y que tengan hijos en edad escolar.

Muchos de estos profesionales, ante la tesitura de tener que formar a sus hijos en una lengua que no es la suya y debido a la imposibilidad de hacerlo en español, optan por rechazar su incorporación a las empresas, con el consiguiente perjuicio, muchas veces para la competitividad de las mismas, por tratarse de profesionales de alta cualificación.

También se están dando casos de profesionales que abandonan Galicia por las mismas razones y que no tienen dificultades para encontrar empleo en otras comunidades de habla castellana.

Se corre el riesgo, objetivo, de que algunas grandes corporaciones, por las mismas razones y ante la presión de sus directivos, puedan trasladar sus delegaciones territoriales fuera de las Comunidades en las que se aplica esta política, en la actualidad.

A esto hay que añadir las dificultades que, de facto, tienen las empresas para optar a concursos y ofertas de la Administración u obtener subvenciones especialmente en determinadas áreas si la documentación no se presenta en gallego, lo que puede representar problemas o retrasos muy considerables, cuando se trata de proyectos de cierta complejidad técnica y léxico especializado.

En definitiva, y en lo que a la actividad empresarial se refiere, todos los esfuerzos de las administraciones deben ir dirigidos a impulsar políticas que eviten la posible fragmentación de los mercados, que faciliten las inversiones españolas y extranjeras y, como decíamos más arriba, que no ahuyenten a profesionales que podrían ser muy valiosos.

Nuestra Propuesta

De acuerdo con los datos expuestos y con el único objetivo de que sean respetados los derechos de las personas, el Club Financiero Vigo propone a la Xunta de Galicia que se adopten las siguientes medidas en materia de política lingüística:

En el ámbito de la educación en sus distintos niveles. Serán los padres quienes decidan en cuál de las dos lenguas oficiales (español o gallego) deben ser educados sus hijos, impartiéndose la otra lengua como materia obligatoria.

En el ámbito de las administraciones. Todos los ciudadanos tendrán el derecho a ser atendidos por las administraciones en cualquiera de las dos lenguas oficiales. La Administración atenderá y contestará los escritos que reciba de los ciudadanos, en la lengua en la que estos se dirijan a ella; ambas tendrán el mismo tratamiento.

En el ámbito del comercio. Serán empresarios y comerciantes quienes decidan en qué lengua prefieren anunciar sus productos, rotular sus establecimientos o relacionarse con su clientela.

En el ámbito de la señalización oficial en el territorio. La señalización pública así como la rotulación de los edificios oficiales, será bilingüe gallego español, pero no exclusivamente en la lengua autonómica.

Conclusión

En el Club Financiero estamos convencidos de que un cambio de modelo tanto en la política lingüística como en la política educativa en general, en el sentido que proponemos en este documento, además de contribuir a fortalecer la lengua gallega y un bilingüismo armónico, suavizará tensiones sociales e impulsará el desarrollo económico y social.

En este sentido, hacemos nuestras las recientes manifestaciones del presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño: "Galicia vive nun ámbito plurilingüe, que será máis rico na medida en que os cidadáns se expresen en galego, en castelán e en lingua estranxeira". El idioma gallego es "un valor do país" y, si bien es preciso "traballar a prol do impulso, o coñecemento e a utilización do idioma galego", son rechazables "imposicións en materia lingüística".

Del mismo modo, animamos a la Xunta de Galicia a hacer realidad la reivindicación del vicepresidente, Anxo Quintana, para "seducir" a quienes no utilizan el gallego, pero "lonxe de imposicións".

Ahora, solamente se trataría de actuar en consecuencia.

 

Economía lingüística
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión 4 Septiembre 2008

No me negarán que tiene su aquel que el empresariado gallego, que apenas ha objetado la gestión económica del bipartito, se atreva sin embargo a reprocharle abiertamente su política lingüística. Tal vez la explicación sea que en asuntos económicos PSOE y BNG, desde el sano pragmatismo, optaron por la continuidad sin sobresaltos, o sea, casi más de lo mismo, y en cambio decidieron cambiar por completo el escenario idiomático, sin prever que además de muchas otras implicaciones sociales y culturales, aunque fuese de rebote y sin pretenderlo, ese cambio podía menoscabar la competitividad de nuestro tejido empresarial, justo en un trance de crisis.

Mucho ha de dar que hablar el documento del Club Financiero de Vigo en el que denuncia los perjuicios que a las empresas les causa la cada vez mayor presencia del gallego en diferentes ámbitos, pero en especial en la enseñanza. Entre otras cosas, dicen que les cuesta atraer o retener a directivos y técnicos cualificados procedentes de otras comunidades o extranjeros, sobre todo si tienen hijos, por la práctica imposibilidad de escolarizarlos en castellano. Un problema, advierten, no del todo nuevo, pero que se ha visto agravado últimamente por la estricta aplicación de la normativa que puso fin a una situación de presencia equilibrada en las aulas gallegas de las dos lenguas cooficiales.

En San Caetano han acusado el golpe y les duele mucho, seguramente por venir de donde viene. El Club Financiero vigués tiene fama de avanzado, de moderno y de progresista. De hecho su gerente, Jesús Bahíllo, es un antiguo diputado del PSOE y en la dirección hay empresarios y ejecutivos a los que por talante y por ejecutoria no les encaja para nada la etiqueta de carcas. No es un reducto de millonarios y rentistas. Más bien todo lo contrario. Abunda la gente joven, arriesgada y emprendedora. Estamos, además, ante una institución con prestigio, en su entorno y fuera de él, precisamente por promover un debate abierto y plural sobre las cuestiones que preocupan, no sólo a sus asociados, sino al conjunto de la sociedad civil.

Por allí han pasado no hace mucho tanto Touriño como Quintana, a cuyos propios argumentos se apela para que reconduzcan lo que constituye una peligrosa deriva.

No es que el polémico documento aporte en sí nada novedoso respecto al bien conocido posicionamiento de colectivos como Galicia Bilingüe o, antes, AGLI (Asociación Gallega por la Libertad de Idioma). Lo que sí ofrece es otra perspectiva del problema, hasta hoy inédita: el coste empresarial de la normalización lingüística en la medida en que la progresiva imposición del gallego perjudica a las compañías gallegas, frente a las radicadas en comunidades castellano-hablantes, en el desarrollo de su actividad productiva, en la captación de personal y de cuadros, en la comercialización de los productos y en sus relaciones con la Administración.

En resumidas cuentas, y eso es lo verdaderamente relevante, el Club Financiero de Vigo nos advierte -a los gallegos en general, pero en especial a nuestros gobernantes- de que, cuando se toman decisiones de política lingüística, aunque no nos demos cuenta, estamos jugando con las cosas de comer. Que, a decir de la sabiduría popular, es justo con lo que no se debe jugar nunca.

FERNANDOMACIAS@TERRA.ES

Empresarios vigueses contra la imposición del gallego
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 4 Septiembre 2008

Muchas empresas están perdiendo competitividad porque el personal técnico no quiere venir a Galicia o quiere irse, al obligar a sus hijos en edad escolar a estudiar la mayoría de las asignaturas en gallego. Es algo que se veía venir y no tiene nada de extraño que el Club Financiero Vigo (CFV) lo denuncie.

Dicho Club agrupa a unas 350 firmas del sur de Galicia con una facturación conjunta de unos 10.000 millones de euros. Entre ellas están los ayuntamientos de Vigo y Redondela que, evidentemente, están en contra del informe hecho público por la mayoría del Club.

Como es lógico, aquellas empresas que más se benefician de la actual política lingüística, como Caixanova, se desmarquen discretamente del análisis del CFV. Y lo hacen discretamente para no perder clientela, como es obvio.

En el texto de la CFV se explica que «muchos de estos profesionales, ante la tesitura de tener que formar a sus hijos en una lengua que no es la suya y debido a la imposibilidad de hacerlo en español, optan por rechazar su incorporación a las empresas, con el consiguiente perjuicio, muchas veces para la competitividad de las mismas, por tratarse de profesionales de alta cualificación».

La reflexión fue presentada por el presidente y el director de la entidad, Jaime Borrás y Jesús Bahíllo, respectivamente, quienes afirman que debido a la actual reglamentación lingüística en Galicia también se están dando casos de profesionales que «están abandonando» la comunidad y que éstos no tienen dificultades para encontrar empleo en otras autonomías de habla española. Los casos más próximos citados son los de León y Asturias.

«Se corre el riesgo -añade el CFV- de que algunas grandes corporaciones por las mismas razones, y ante la presión de sus directivos, puedan trasladar sus delegaciones territoriales fuera de las comunidades en las que se aplica esta política». Vamos, lo que nos faltaba a los gallegos que no estamos precisamente nadando en la abundancia.

El presidente de la Asociación de Empresas Metalúrgicas de Galicia, José María Hidalgo, enfatizó que habla «el 90% del tiempo en gallego» y sintetizó su opinión en que «no debemos cometer el error de Cataluña, porque aquí habían convivido perfectamente castellano y gallego, hasta que desde hace un par de años la enseñanza se impone en gallego».

El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), José Manuel Fernández Alvariño, antepuso ser «un defensor del gallego», pero añadió que con la imposición de un idioma sobre otro se «están retrocediendo siglos y siglos».

El Club Financiero Vigo añade que existen dificultades para las empresas para optar a concursos y ofertas de la Administración y obtener subvenciones si la documentación no se presenta en gallego. Lógico, estamos en un miniestado cada vez más invadido por un antiespañolismo que carece de toda base racional.

El documento del CFV, en síntesis, reclama que los padres puedan decidir en qué idioma principal estudian sus hijos, y que la otra lengua, la descartada, se convierta en asignatura obligatoria, para evitar así las fugas de profesionales o incluso de delegaciones de empresas radicadas en este momento en Galicia, cuyo personal es contrario a que sus hijos estudien en gallego.

El comercio, las finanzas, el turismo y la formación son algunos de los sectores que se verán perjudicados por la política lingüística del gobierno de Emilio Pérez Touriño, coaligado con el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), que ha llegado a forzar una radicalización en la imposición coactiva del gallego. Los empresarios gallegos temen, especialmente, la promulgación de una nueva ley del comercio, que exija el gallego en la rotulación, los formularios y la información pública, siguiendo el modelo de Cataluña.

El sindicato nazionalista CIG tachó de «delirante» y de «gallegófobo» el análisis de la entidad viguesa, en tanto que la asociación Galicia Bilingüe apoyó el documento del CFV al mostrarse partidaria de que los padres elijan libremente la lengua en la que estudien sus hijos.

La lucha contra la realidad es tan absurda como la de Don Quijote contra los molinos de viento, pero los españoles somos así de irracionales, como bien supo ver y plasmar en una obra maestra de la literatura universal don Miguel de Cervantes.

Un par de idiotas
Pío Moa Libertad Digital 4 Septiembre 2008

--- No debe de ser tan idiota Zapo, cuando ha ganado dos veces las elecciones y pone siempre a la defensiva a la oposición.
--- Sí, es un idiota. Solo un auténtico idiota puede declararse rojo y no español, afrancesado (es decir, traidor a España), conchabarse con la ETA y los separatistas, perseguir a las víctimas directas del terrorismo, montar la parodia del “matrimonio homosexual”, acosar a la familia y a la Iglesia, sacar la ley de la memoria chekista y tantas otras fechorías.

Zapo recoge lo peor de la tradición sociata, desde la guerra civil, la república y antes, como ha dejado claro en su último congreso y en la reivindicación de Negrín, González Peña o de un asesino macabro de la peor especie como Ángel Galarza… Hace falta un grado de estupidez profunda, la osadía del estúpido, para perpetrar tales fechorías. La inteligencia en política, al menos para un demócrata, se revela en la acción dentro de las reglas del juego, del respeto a las libertades, a la independencia judicial y, desde luego, al propio país. Usted confunde la inteligencia con la listillería. Zapo es un “listillo”, criado en los trucos de la política casi desde la adolescencia, y su habilidad básica consiste en bautizar sus agresiones a la libertad y a España con nombres pomposos, y hacerlos circular a través de unos medios manipuladores y corrompidos. En España, como en Latinoamérica, abundan demasiado los listillos en política, y sobre todo, por una básica mala educación popular, por una educación a través de los medios basura, los rebaños de bobos que admiran sus proezas; y así nos va…

--Pero consigue sus objetivos.
--Porque no tiene oposición. O, si lo prefiere, porque el jefe de la oposición es un idiota mayor todavía que él. No obstante, hay diferencias. Zapo se cree sus propias simplezas, es un verdadero iluminado, mientras que cuando Rajoy pone cara de circunstancias para largarnos lo de la nena angloparlante o lo mucho que sufre por las hipotecas y toda la sarta de majaderías que le es propia, se ve que hace un esfuerzo por convencerse, que no lo cree realmente. Además, es mucho más torpe que Zapo. Es un oportunista sin ninguna convicción, el clásico pastelero a quien Aznar creyó adecuado porque parecía seguro el triunfo electoral y una etapa de estabilidad. No lo conocíamos, pero su idiotez ya se puso de manifiesto en la campaña por el voto en 2004, con el bajo, el ínfimo perfil que le es propio, cuando en pocas semanas bajó en las encuestas hasta ponerse al nivel de Zapo. Pudo haber perdido sin la matanza del 11-m. Después simplemente redujo la oposición a la nada, esta ha sido su labor. Entre un idiota listillo y con convicciones y otro torpón y sin convicciones, suele ocurrir que el primero gane, al menos mientras las consecuencias de los actos del listillo no se hacen bien palpables. Pero el juego es sumamente negativo para España.

*** "Podría, a fin de cuentas, soportar que la vida me la jodieran grandes monstruos del mal a escala histórica. Los que invocara un Joseph Roth descuartizado entre dos guerras. Que me la joda una banda de idiotas es más de lo que todo estoicismo podría hacer tolerable. No hay siquiera epopeya en ver perecer este país a manos de caricaturas: Pepe Blanco, Zapatero, Rubalcaba...[y Rajoy, más su pandilla] Muy miserables hemos debido de ser -y muy medrosos- para merecernos esta casquería. Y no hay dolor al contarlo. Ya. Ni siquiera la rabia asesina del vencido. No es ni resignación. Sólo vergüenza." (Gabriel Albiac)

Renovación de cargos judiciales
Una baza que jugar
El PP se ve obligado a elegir entre no renovar nada, en cuyo caso pierde, o renovarlo todo, para perder igualmente. Sólo gana si se renueva sólo la plaza de García-Calvo. Y exigir este nombramiento y negarse a hacer los demás que tocan no es presentable.
Emilio Campmany Libertad Digital 4 Septiembre 2008

Nos enteramos por El País de que este mes será el que finalmente vea la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial. Para más adelante quedarán los nombramientos que toca hacer en el Tribunal Constitucional. Si esto es verdad, los populares se equivocan.

Al PSOE le interesa que la renovación del Consejo se produzca cuanto antes para que los nombramientos judiciales que de allí salgan recaigan en gente de su cuerda. Respecto al Tribunal Constitucional, en cambio, le conviene que su actual composición continúe hasta que haya sentencia acerca del Estatuto catalán, puesto que la de ahora garantiza una sentencia favorable a su constitucionalidad. Recordemos que, en este asunto, se empezó por esperar un empate a seis que la presidenta María Emilia Casas desharía en favor del Gobierno; que, al prosperar la recusación presentada contra Pablo Pérez Tremps por haber redactado un informe sobre el futuro estatuto, la sentencia más probable sería una de inconstitucionalidad; y que, tras la muerte de García-Calvo el mayo pasado, lo previsible es la vuelta al empate, esta vez a cinco, y a la seguridad de que Casas lo dirimirá a favor del Estatuto.

Por eso, al PSOE le interesa que el Constitucional se quede como está, a pesar de que a un tercio de los magistrados, incluida María Emilia Casas, les venció el mandato en diciembre pasado. El PP, en cambio, necesita que la plaza vacante del magistrado fallecido se cubra, ya que, como García-Calvo fue designado por ellos, tienen que ser ellos quienes designen al sustituto. Cubierta la plaza vacante con un conservador, los populares podrían razonablemente esperar una sentencia estimatoria de su recurso.

En estas condiciones, lo normal es que nadie diera su brazo a torcer. Pero, no. Si El País está bien informado, el PP se dispone a aceptar la renovación del Consejo sin haberse asegurado la sustitución de García-Calvo. Probablemente, los socialistas han dicho que si se cubre la plaza de García-Calvo hay que hacer a la vez los nombramientos que están pendientes desde diciembre. Al PP no le viene bien que se lleve a cabo esta renovación porque, cuando se haga, aun cubriéndose la plaza de García-Calvo con un conservador, los socialistas tendrán una mayoría de seis a cinco porque tres conservadores y una progresista serían probablemente sustituidos por dos de un bando y dos de otro.

De manera que el PP se ve obligado a elegir entre no renovar nada, en cuyo caso pierde, o renovarlo todo, para perder igualmente. Sólo gana si se renueva sólo la plaza de García-Calvo. Y exigir este nombramiento y negarse a hacer los demás que tocan no es presentable.

Sin embargo, entre no renovar y renovarlo todo, los del PP deberían, en contra de lo que parece que han hecho, preferir esto último. Esta baza tiene dos ventajas: el PSOE tendría que enfrentarse a la impaciencia que un nuevo retraso suscitaría en el PSC y, por otro lado, siempre cabría la esperanza de que alguno de los nuevos magistrados progresistas que el PSOE eligiera fuera susceptible de ser convencido de la inconstitucionalidad del Estatuto.

En cualquier caso, no se entiende que el PP consienta la renovación del Consejo sin exigir como contrapartida que se nombre un sustituto a García-Calvo. Tolerarlo es aceptar soluciones opuestas para órganos y problemas similares de manera que todos ellos se resuelvan del modo más beneficioso para el PSOE.

Ministerio de Defensa
Rehén de la ideología
Esta es la tragedia del mandato de Chacón: se dedica a hacer ideología progre con un ministerio complicado con el que no se debe jugar, porque son las vidas de nuestros soldados las que se ponen en juego.
GEES Libertad Digital 4 Septiembre 2008

Lo advertimos aquí en varias ocasiones, y los hechos testarudamente nos dan la razón: el problema del nombramiento de Carmen Chacón como ministra de Defensa no está en el hecho de que sea mujer, lo que no es evidentemente impedimento para ocupar el cargo. Tampoco en el hecho de su embarazo y maternidad, algo a lo que se enfrentan cada día miles de españolas sin montar un circo a su alrededor. El problema es que Chacon no es ni más ni menos que la punta de lanza del proyecto político de Zapatero, que no cree ni en la Defensa, ni en la Nación española, ni en los valores militares que las Fuerzas Armadas encarnan. La nación y el ejército son, para esta nueva izquierda, instituciones conservadoras y antiguas que hay que ir dejando atrás. Para ello, lo primero es descafeinarlas, convertirlas en ONGs de uniforme al servicio del Gobierno y entretenerlas en asuntos distintos a aquel para el que realmente están.

Chacon fue nombrada no por ser fémina –como desvergonzadamente dijo Zapatero–, sino por ser "feminista", esto es, por representar los valores políticos y morales del progresismo: antinacionales, antimilitares, pacifistoides. No se trataba de afrontar los problemas a los que se enfrenta el Ministerio, sino de llevar a cabo, desde él y hacia él, la ofensiva ideológica y cultural del Gobierno que se inició ya con Bono y Alonso. Sólo que, a diferencia de ellos, Chacon sí está poniendo todo su empeño en la inmersión ideológica de las Fuerzas Armadas.

La consecuencia que tiene todo proyecto ideológico es el desprecio por las circunstancias reales de cada día. A día de hoy, la situación en Afganistán es harto complicada. Nuestros aliados en aquel país –mal que le pese a Zapatero–, luchan a brazo partido para frenar la ofensiva talibán y reconstruir el país. Ésta es la más fuerte de los últimos tiempos, y las tropas españolas están siendo atacadas en el país afgano. Ello exige un esfuerzo considerable a sus responsables. Pero la ministra, lejos de explicarnos como están las cosas en Afganistán, a lo que se dedica es a explicarnos sus medidas para la igualdad de género en las Fuerzas Armadas, y las directrices para el diseño de nuevos uniformes para las soldados españolas. Lo cual no es ni casual ni ingenuo. Esta es la tragedia del mandato de Chacón: se dedica a hacer ideología progre con un ministerio complicado con el que no se debe jugar, porque son las vidas de nuestros soldados las que se ponen en juego. Algo que algunos militares debieran tener en cuenta antes de postrarse mansurronamente ante la maquinaria socialista.

Lo peor de todo es que no será porque no estaba claro desde el principio: el proyecto de Zapatero es ideológico. No le interesa la economía, y por eso a la crisis responde con soflamas ideológicas y propagandísticas. Menos aún le interesa la Defensa, puesto que ni cree en el uso de la fuerza ni cree en una nación que merezca la pena ser defendida. Lo que le interesa es la reeducación de los españoles, su inmersión cultural y moral en el progresismo, la conversión de éste en una religión de Estado y la utilización de los resortes de este último para cambiar de régimen político. En el fondo, lo que importa es la foto de la ministra con las chicas del ejército, las sonrisas y los uniformes a la hora del telediario. Pero el polvo que tragan nuestras tropas en Afganistán, las bombas y los tiros que reciben y que dan, es algo que les interesa bastante menos. Veremos hasta cuando.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

El veneno de la Memoria Histórica
Lorenzo Contreras Estrella Digital 4 Septiembre 2008

Estaban aquietadas —o eso al menos parecía— las aguas de la guerra y de la posguerra civil española, metidas en los canales subterráneos de un aparente olvido llamado Ley de Amnistía de 1977, cuando de repente el juez Baltasar Garzón rompe los cauces por donde discurrían y esas aguas se desbordan, saltan a la superficie y se convierten en materia de discusión política y acaso algo más: objeto de nuevos odios civiles. Odios convertibles, al viento de una memoria pervertida, en posibles, si no probables o tal vez seguros, elementos de propaganda partidista aprovechable por el zapaterismo en las contiendas electorales venideras.

No se ha tratado tanto de otra manifestación del “ego” incurable de Garzón —que existe— como de una circunstancia que el zapaterismo toma a su servicio para explotar todas las posibilidades de la Ley de Memoria Histórica. El famoso juez no ha hecho otra cosa que ponerse en la dirección que marcan los nuevos criterios políticos, que no las normas preexistentes dirigidas a cancelar los rencores del pasado, del mismo modo que durante el mandato de Aznar secundó las orientaciones de esa etapa a través de la Audiencia Nacional. De remar al compás de Jaime Mayor Oreja ha pasado a hacerlo al ritmo que marca la nueva gobernación interior del Estado.

Nada es casual en este asunto. Cuando apenas había dado tiempo para digerir la novedad “made in Garzón”, trasciende que el Ministerio de Justicia ya tenía ultimado y dispuesto el reglamento para “reconocer” a víctimas del franquismo, lógicamente con la correspondiente “identificación oficial” de desaparecidos, en la línea de la providencia dictada por el citado juez. Sincronía casual, tal vez, pero todo armónicamente dispuesto por un fatídico destino justiciero que se salta a la torera los perdones e indulgencias de la Ley de Amnistía, democráticamente aprobada en 1977.

Valga, si cabe, que se reconozca, aunque sea ya con el reloj de la historia rebasado, un nuevo censo de víctimas del franquismo. Pero, ¿sólo para uso de familiares o también para utilidad política del Gobierno zapaterista? Porque si hay que exhibir en esa macabra galería un atroz listado para ilustración de las nuevas generaciones, hágase también un repaso exhaustivo a la etapa que va de 1931 a 1939. Realícese una reconstrucción de aquellos tristemente célebres “paseos” y fusilamientos, cuya constancia ha sido selectiva por corresponder a personajes de resonantes nombradías, pero no a tantos y tantos anónimos “paseados” y fusilados que han quedado en el registro sentimental de sus familias o de los parientes que las sucedieron, y hoy, olvidados de lo que pasó, pueden preguntarse con curiosidad, ante el nuevo clamor guerracivilista, “¿qué hubo de lo mío?”, aunque no es probable que lo hagan.

La piedad que en el recuerdo merecen unos y otros, del bando que fueran, va a ser sacrílegamente profanada para redondear, desde una de las aceras de la Guerra Civil, la Ley de Memoria Histórica, verdadera culpable, con Zapatero de inspirador, de la atmósfera enrarecida que va adueñándose de España en uno de los momentos más críticos que modernamente atraviesa y cuando la memoria de los supervivientes de aquella tragedia está mayoritariamente quebrantada por el Alzheimer.

Los nuevos contendientes que el zapaterismo intenta crear va a ser, si el proyecto cuaja, la otra leva de nuestros eternos demonios familiares. A estas alturas, de la mano de Garzón, asistido por ZP, la “causa general” confeccionada por el franquismo con sangre partidaria va a conocer, si el destino no lo evita, la réplica de otra causa escrita y editada con la sangre reseca y no menos partidista de víctimas tan olvidadas como las anteriores y no menos merecedoras de una piedad sin manipulaciones políticas.

Desigualdad territorial ante la Ley.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 4 Septiembre 2008

Aunque no nos lo creamos tenemos una Constitución que en su Artículo 14 ni más ni menos que dice “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Yo creo entender que no puede haber discriminación ante una ley por vivir en un lugar u otro del territorio español, pero la realidad es que tal discriminación ocurre en muchos casos y ante muchas leyes.

El diario Público publica un interesante artículo sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en España que titula “Las ayudas de la ley sólo llegan a uno de cada tres dependientes” y en él detalla las diferencias brutales que se dan en la aplicación de dicha ley en función de en qué comunidad autónoma se encuentre la persona necesitada de la ayuda que establece la ley.

“En España hay 1.173.764 personas que pueden acogerse a las ayudas de la Ley de Dependencia. Un año y medio después de aprobarse la ley, 345.274 personas (un 29,41%) ya se benefician de ellas. Andalucía lidera el ranking en grado de asistencia a sus dependientes. Un 48,7% ya goza de ayudas. Le siguen La Rioja (47,2%) y Murcia (40%).

A la cola está Madrid, en solitario. Sólo un 11,8% de los dependientes que viven en esa comunidad se benefician de la norma. Aunque también Canarias (atiende a un 13,7% de sus dependientes), Illes Balears (19,1%) y la Comunitat Valenciana (21%) están por debajo de la media.”

La aplicación, según esas cifras fluctúa entre un 48,7% en Andalucía y el 11,8% en Madrid. ¿Se puede considerar ese hecho una violación de la Constitución?.

La proliferación de leyes autonómicas, cada cual distinta de la equivalente de su vecino, hace que la desigualdad vaya ganando terreno día a día y a este paso llegaremos a la absurda situación de que nos tendremos que plantear el donde empadronarnos en función de las prestaciones que cada comunidad otorga y que nos vengan bien, lo que hará que proliferen los consultores especializados.

Que si tiene usted cuatro hijos en edad escolar, le conviene tal sitio, si va a crear una empresa de tal clase lo mejor es ubicarla en tal lugar porque allí el chupe es mayor, si quiere ser bombero o policía municipal o trabajar en la sanidad, deberá pensárselo mucho porque la diferencia entre la comunidad en que mejor se paga ese trabajo y la que peor se paga puede ser bestial.

Es muy probable que el empleo de consultor de chupes territoriales se convierta en el empleo estrella del futuro si no lo es ya. Y no digo nada de los abogados que tengan capacidad de estar al loro de los miles de leyes, disposiciones, normas, códigos, ordenanzas, reglamentos y similares que han proliferado por toda las Españas y que seguirán proliferando, esos abogados y bufetes se van a poner las botas aunque me huelo que las tendrán ya puestas.

Estarán conmigo en que si ya cuesta asumir eso de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, lo de tener que conocer las innumeras leyes autonómicas para no incumplirlas por desconocimiento es diabólico, a mi que no me esperen porque aunque esté pirao perdío no estoy tan descontextualizado neuronalmente como para meterme entre neuronas semejante exhuberancia legal.

La eutanasia de la Transición
Vicente A. C. M. Periodista Digital 4 Septiembre 2008

Ya resulta evidente que toda esta movida del juez de la AN D. Baltasar Garzón no persigue otra cosa que cerrar las heridas de aquellos terribles años de la guerra civil y de la posguerra -según las palabras del Ministro de Interior- el portavoz el Gobierno del GAL. Creía yo que la Transición se realizó con la Ley de Amnistía y la Constitución. Estaba equivocado, la Ley de la Memoria Histórica, el Sr. Zapatero, la izquierda en pleno, los nacionalistas secesionistas y algún juez de la Audiencia Nacional, opinan que existen heridas abiertas que deben ser sanadas. El poder al servicio de la hipocresía.

Lo malo de meterse a curar heridas es cuando solo se intenta curar las de uno de los bandos contendientes. Ahí se pierde toda la legitimidad para su justificación y que no parezca realmente que se trata de un “ajuste de cuentas” , buscando abrir causas penales y no juicios históricos o morales. El simple hecho de hacer caso omiso a la ley de Amnistía de 1977 es de por sí un flagrante desafío al Estado de Derecho. La sola apertura de diligencias sin haber siquiera planteado el caso de su total falta de competencia en este asunto por parte del juez Garzón, es otro acto deliberado de discrecionalidad en la interpretación de la Ley. Alguno le ha llamado directamente “prevaricación”.

Y mientras ¿qué hacen los jueces de la AN ante este hecho de descarada politización? Hacen piña común y apoyan al infractor. ¿Y qué hacen los jueces del CGPJ o del TS? Hasta ahora, callar. Y el que calla, otorga. La Ley vuelve a ser ignorada e interpretada a conveniencia de un determinado sentimiento político. La Ley vuelve a ser papel mojado en manos de quienes se consideran por encima de ella y únicos capacitados para cuestionarla y aplicarla según su propio criterio.

Además luego surgen espontáneamente aquellos que ante esta demanda, aunque no les haya sido solicitado, están dispuestos a dar toda la información que disponen, eso sí limitada a lo que el juez ha pedido, solo aquellos casos relacionados con la represión del régimen de Franco. Faltaría más. ¿A quién le importa lo que pasó antes de 1936 o en la zona de la República durante la guerra?¿A quién le importa los fusilamientos masivos de sacerdotes, religiosos, marcados con la cruz gamada del fascismo?¿A quién le importa los abusos y muertes de las “checas”, los “paseos” de madrugada?. Desde luego a esos diligentes y mezquinos políticos nada.

Es tal el desecho moral de la propia petición que causa verdaderas náuseas al espíritu democrático. La aberrante conducta de quienes se apuntan a este carro de desenterrar a los fantasmas del pasado, no busca justicia, sino venganza y querer crispar de nuevo a la sociedad. Lo que se quiere es buscar la reacción del PP para inculcar la idea de que son los herederos del franquismo. Una estrategia propia de quien se sabe perdedor y sin valor moral. Son los que quieren ganar la guerra después de 70 años a base de decretazos. Es patético que solo la venganza sea la motivación que les impulsa.

Aquí lo único que se cierra por eutanasia es la Transición. Queda abierto el proceso del reparto de la herencia.

Educación para la Ciudadanía
Para cuando objete usted, señor Rajoy
Esté usted tranquilo y tranquilice a su señora de mi parte, que llevamos casi 40 sentencias y muchos más autos, en su mayoría de medidas cautelares, que nos dan la razón en Andalucía, en Castilla La Mancha, en Aragón, en La Rioja e incluso en Asturias.
Fabián Fernández de Alarcón Libertad Digital 4 Septiembre 2008

En la entrevista publicada el pasado domingo en El País, Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, declara entender perfectamente las motivaciones de los objetores de conciencia a Educación para la Ciudadanía, pero incluso va más allá. Entiende que en el caso de EpC sí está justificado objetar, que le importa la educación de sus hijos y "hay cosas que no me gustan. Y si puedo objetar, porque es un derecho que existe y que me asiste, lo voy a hacer".

¡Bienvenido al club, Don Mariano! Ya somos más de 44.000 los objetores conocidos a dicha asignatura, porque en efecto porque nos importan nuestros hijos, y en efecto por que EpC no nos gusta. Y no nos gusta porque pretende formar la conciencia moral de nuestros hijos, porque se articula como un conjunto de cuatro asignaturas adoctrinadoras que imponen obligatoriamente una concepción de la vida, de la sociedad, de la familia, de los valores, con la que no estamos de acuerdo.

Pero ándese con cuidado, don Mariano. Dado que desconozco dónde estudian sus hijos, me veo en la obligación de hacerle algunas advertencias. Si están escolarizados en Andalucía o Galicia, o en cualquiera de las comunidades autónomas actualmente gobernadas por el PSOE, dé usted por seguro que su hijo será suspendido. Probablemente no tenga consecuencias, porque la LOGSE y la LOE permiten pasar con varios suspensos, e incluso obtener el título de graduado escolar al final de la ESO. Pero es desagradable tener que explicar al hijo que de ese suspenso (y no de otros) hay que estar orgulloso. El problema es que a veces no se conformarán con suspenderle, sabe usted: en Andalucía algún cargo público y la propia CEAPA piden pena de cárcel para usted, en Cataluña incluso alguno sugiere que es usted un rebelde civil, en Aragón o Extremadura llamarán a su hijo "dogmático intransigente" y le prohibirán hablar en la tutoría "por ser católico" (declaraciones y hechos reales, no es ficción). He de comentarle, Don Mariano, que en Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía está habiendo una valiente y comprometida labor del PP en su labor opositora, denunciando en los correspondientes parlamentos regionales el carácter adoctrinador de la asignatura y apoyando a los padres.

Si están escolarizados en La Rioja, estése tranquilo porque el Gobierno autonómico del Partido Popular acaba de comunicar a los padres que tienen derecho a objetar en conciencia y que sus hijos no serán obligados a entrar ni serán suspendidos, mientras dependa de su administración hasta sentencia en firme del Tribunal Supremo.

Pero si están escolarizados en la Comunidad Valenciana, debería pedir explicaciones a su compañero de partido Font de Mora, consejero de Educación, porque yo no estoy seguro de entenderle. En principio se ha articulado una "Opción B", aunque sólo para 2º de ESO, con lo que su hijo estará vendido en los demás cursos; aunque no, porque puede hacer un trabajo; pero sí, porque está recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad; aunque no, porque se impartirá en inglés y no se enterará de nada; pero sí, porque muchos centros y profesores se han negado a impartirla en esa lengua y las editoriales a publicar los textos; aunque no, porque la Opción B ha sido suspendida por el máximo tribunal valenciano, por lo que Font de Mora dice ahora que suspenderán; en fin, un lío. Le recomiendo, por tanto, que su hijo objete y no asista a ninguna clase de EpC en ninguna de sus opciones ni lenguas: así no correrá riesgo de adoctrinamiento, que es de lo que se trata.

Si está escolarizado en Castilla y León, sepa usted que el consejero de Educación (del Partido Popular), el señor Mateos, le entiende y le respeta, pero comunica a los centros que le suspendan oportunamente. Es lo que tiene el cariño de los cobardes. Mantiene que ellos han adaptado los contenidos, pero oculta que han sido recurridos por el Ministerio, precisamente por pulir los contenidos ideológicos, no siendo competencia autonómica. Y ¡cuidado!, si presentó usted su objeción a lo largo del año pasado, le habrán hecho un requerimiento durante este verano, estando usted de vacaciones en Pontevedra, para que se le pasen los plazos para recurrir y dejarle vendido. Lo que le habrán requerido es que justifique que su hijo es suyo (sí, no se ría, no es una ofensa a su señora) y que está escolarizado en el centro donde objeta. Vamos, es como si para empadronarse le piden a uno copia del padrón. ¡Tiene bemoles! Ese tipo de artimaña la vimos el verano pasado en Castilla-La Mancha y Andalucía, y evidentemente no se sostuvo.

Algo similar le ocurre si su niño estudia en Navarra: el consejero le quiere y le aprecia, y hasta objetaría como usted, pero le deja vendido ante los leones para que "pierda" usted sólo la batalla. Tenga usted por seguro que rechazarán su objeción y tendrá que acudir a la vía judicial, como en el resto de los casos.

Si está escolarizado en Madrid o Murcia, mantenga su objeción. La consejería correspondiente le apoya, le comprende, le dice que no se preocupe que no le obligarán a entrar en clase ni será evaluado. De hecho acaba de confirmarlo la consejera doña Lucía Figar, en consonancia con lo ya declarado por doña Esperanza Aguirre, presidenta autonómica. Parece que admitirán su objeción como en La Rioja y darán la debida atención a su hijo. Pero de las palabras a los hechos hay aún algo de distancia, porque así llevamos un año y... nos siguen comprendiendo. Aguante un poco que con suerte de aquí a que empiece el curso tal vez se lo comuniquen convenientemente en orden, circular o decreto a los centros, y entonces su Consejería de Educación se habrá posicionado en defensa de los derechos de conciencia y de la libertad ideológica y de educación. Pero por ahora, aguante su objeción, don Mariano, y que su hijo no entre en clase.

Poco más le puedo decir. Esté usted tranquilo y tranquilice a su señora de mi parte, que llevamos casi 40 sentencias y muchos más autos, en su mayoría de medidas cautelares, que nos dan la razón en Andalucía, en Castilla La Mancha, en Aragón, en La Rioja e incluso en Asturias.

Por último, no quiero dejar de advertirle que no se crea que va a recibir más apoyo moral si su hijo está en un centro privado o concertado, o de ideario católico. Por desgracia, no es necesariamente así, los padres nos hemos quedado muy solos en esta batalla por nuestra libertad y por el alma de nuestros hijos. De hecho, en muchos centros adscritos a FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza) le invitarán a declinar la objeción, la guardarán en el cajón sin cursarla, le amenazarán con el suspenso y la no titulación (algo que como ya le he dicho es falso en Primaria y Secundaria) y le invitarán a sacar a sus niños del centro por estar objetando al ideario, ya que supuestamente van a adaptar la asignatura al mismo, no sabemos en virtud de qué derecho, cuando en realidad ni a las autonomías les está permitido, y tendrían que hacerlo contra las amenazas de sindicatos y cuerpo de inspectores. Si su hijo está escolarizado en un centro religioso católico, es posible que intenten obligar a su hijo a entrar (vulnerando su derecho y deber como padre), que le pongan de cara a la pared (como algún centro de Valladolid o Cáceres) y que le llamen de todo.

Don Mariano, mucho ánimo. Esta es una lucha dura, pero parte del trabajo está ya hecho. Y no está usted sólo, somos ya muchos los padres, agrupados en casi 60 plataformas, y multitud de instituciones de la sociedad civil como Profesionales por la Ética, los que estamos comprometidos en esta tarea tan hermosa. Si tiene usted algún problema como los referidos (con su centro, con el profesor o con la administración) no dude en acudir a la red de abogados y procuradores que de manera generosa y desinteresada hemos articulado por toda España.

¡Adelante, Don Mariano, y ni un paso atrás en la defensa de la libertad de educación! Nos jugamos mucho.

Fabián Fernández de Alarcón es secretario general de Profesionales por la Ética.

Un informe alerta de la fuga de empleados y compañías por la imposición del gallego
ANA MARTÍNEZ ABC 4 Septiembre 2008

SANTIAGO. El Club Financiero de Vigo (CFV), que agrupa a 300 empresas del sur de Galicia y su área de influencia, encendió la alarma con un informe de 19 páginas que arremete contra la cruzada galleguista del bipartito que dirige la Xunta y recuerda la sólida interacción que se establece entre la lengua, uno de los principales soportes de la economía, y la competitividad del tejido industrial. El documento, aprobado de forma unánime por la junta directiva, evidencia la dificultad de retener o contratar a personal altamente cualificado con hijos en edad escolar.

«En el segmento de directivos y empresarios de la franja situada entre los 35 y los 50 años, la situación se recrudece», porque los castellanohablantes no pueden educar en su lengua materna a sus vástagos, explica Jesús Bahíllo, director gerente del CFV. Esta asociación, de carácter independiente, aclara que se han encontrado con el hecho de que trabajadores procedentes de otras comunidades o países, ante la imposibilidad de optar por una enseñanza alternativa en castellano y debido a la obligatoriedad del gallego en, al menos, el 50% de las asignaturas en las enseñanzas obligatorias y el bachillerato, renuncian a los puestos para los que son requeridos.

Esta agrupación avisa que se dan dos casos más por idéntico motivo: que, ante la práctica eliminación del español en los centros, son muchos los matrimonios que deciden irse fuera de Galicia e incorporarse a otras empresas; y que se corre el riesgo de que algunas grandes corporaciones, por la misma razón y ante la presión de sus directivos, puedan trasladar sus delegaciones territoriales fuera de las autonomías en las que se aplica esta política.

Jaime Borrás, presidente de este organismo empresarial, defendió que en el ámbito de la educación sean los progenitores los que decidan en qué lengua han de estudiar sus hijos, y recordó que «aunque la administración defienda el gallego por encontrarse en una situación peor, la demanda global determina que en el mundo de los negocios es mejor entenderse en castellano, por ser el segundo idioma en el mundo».

El documento, remitido a las consejerías de Cultura y Educación, a Presidencia y Vicepresidencia, a los ministerios con competencias en este campo, y a la Secretaría General de Política Lingüística, defiende el valor de la lengua como un factor económico que contribuye a reducir costes y apunta que el español «tiene retribuido un valor del 15% del PIB de España, unos 125.000 millones de euros; y, por ello, no garantizar a las generaciones futuras el pleno conocimiento y dominio de este idioma, puede tener graves consecuencias en la economía gallega».

El texto, que insiste en que «toda política lingüística que apele al imperativo corre serios riesgos de fracasar», agrega que bajo el marchamo de la obligatoriedad «el propio concepto es en sí dudoso, y tiene en el fondo un cierto tinte de Big Brother orwelliano». Las reacciones a este dossier, pese a su «espíritu de colaboración» (lo han dicho sus autores), no se han hecho esperar, y ya hay defensores y detractores.

Xunta de Galicia
Economía e Industria
«Esto nunca ha sido un problema»
El consejero de Economía y Hacienda, el socialista José Ramón Fernández Antonio, recordó que en Galicia el uso del idioma propio nunca ha sido un problema, y garantizó que «así continuará con el actual gobierno autonómico», de modo que confesó que le había llamado la atención el análisis del CFV. El responsable de la cartera de Industria, el nacionalista Fernando Blanco, se mostró igual de sorprendido «por un ataque de estas características», y alegó que «la realidad no va por ahí».

Galicia Bilingüe
Asociación
Suscribe al 100% el informe empresarial
Galicia Bilingüe suscribe en su totalidad el documento presentado por el Club Financiero de Vigo contra la política de imposición lingüística que desarrolla la coalición de socialistas y nacionalistas y considera revelador que este importante colectivo empresarial (en La Coruña está el Club Económico de Iñás) haya alertado de las negativas consecuencias de la cruzada galleguista, no sólo pedagógicas, sino económicas, a raíz del decreto del gallego en la enseñanza. El texto del CFV, que según esta agrupación supone una evidencia más de la existencia del conflicto lingüístico que una y otra vez se ha empeñado en negar el presidente Emilio Pérez Touriño, recoge al 100% las propuestas defendidas por este organismo que preside Gloria Lago.

BNG de Vigo
Teniente alcalde
«Buscan la polémica y faltan al respeto»
El teniente alcalde nacionalista de Vigo, Santiago Domínguez, mostró su desacuerdo con las manifestaciones de los responsables del Club Financiero de Vigo y les retó a que presenten «un niño que tenga problemas para hablar o estudiar en castellano». Recordó que hay mecanismos, como la adaptación curricular, para que los estudiantes que no son de Galicia puedan integrarse en el sistema educativo.

PP de Galicia
Principal grupo de la oposición
Estudia posibles iniciativas políticas
Los populares gallegos aseguraron que estudiarán este dossier, hecho público, para valorar la adopción de posibles iniciativas políticas. El PP criticó la «imposición lingüística» instaurada por el bipartito, y señaló que, a priori, el informe refleja, con realismo, el intenso malestar social causado por este proceder. Este grupo advirtió a la Xunta que la determinación de hacer saltar por los aires el clima de bilingüismo cordial, «va a pesar como una losa sobre la conciencia de sus responsables». Por ello, aconsejaron a Touriño que «actúe con sentido» y lo animaron a que «de marcha atrás en su estrategia de imposición idiomática».

Mesa por la Normalización
Carlos Callón, presidente
«El CFV sigue el catecismo del PP»
Carlos Callón, presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, dice que el CFV «sigue al pie de la letra el catecismo del PP en materia lingüística, al camuflar de bilingüismo armónica su descarnada propuesta de que el gallego carezca de protección oficial. Mienten y manipulan sobre la realidad sociolingüística del país». Este órgano recuerda que «fomentar las lenguas propias en la enseñanza no es perjudicial para la economía, como claramente demuestran los ejemplos del País Vasco y Cataluña, que en los últimos veinte años mejoraron su nivel de desarrollo, al mismo tiempo que fortalecieron sus idiomas propios». Y acusa al CFV de padecer una acumulación de «perjuicios carpetovetónicos».

Unión Progreso y Democracia
Partido de Rosa Díez
«Aplaudimos la propuesta»
Desde UPyD constatan la vitalidad de la sociedad civil en Galicia, «decidida a mantener la convivencia lingüística por encima de las imposiciones», e invita a todos los ciudadanos a adherirse al Manifiesto en Defensa de la Lengua Común, para el que mañana recogerán firmas.

Xunta y sindicatos rechazan que el gallego perjudique a las empresas
Los conselleiros de Industria y Economía y la directora xeral de Política Lingüística niegan que la imposición del gallego en la enseñanza dificulte contratar a directivos de fuera.
M. H. A CORUÑA. La Opinión 4 Septiembre 2008

Xunta y sindicatos cierran filas en torno al gallego. El informe presentado el pasado martes por un grupo de empresarios de Vigo, en el que arremeten contra la imposición del gallego en la enseñanza, ha sido duramente criticado por los conselleiros de Industria y Economía, Fernando Blanco y José Ramón Fernández Antonio, por la directora xeral de Política Lingüística, Marisol López, y por los principales sindicatos, mientras que la conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, eludió opinar sobre un tema que concierne, directamente, a su departamento.

El conselleiro de Industria, Fernando Blanco, se mostró ayer "sorprendido" por el análisis realizado por los empresarios vigueses, quienes advierten en su documento de que la política lingüística de la Xunta les resta competitividad y les dificulta contratar a directivos de fuera con hijos en edad escolar, e incidió en que "la realidad no va por ahí".

En la misma línea, el titular de Economía, José Ramón Fernández Antonio, recordó que, en Galicia, el uso del idioma "nunca ha sido un problema". "Gallego y castellano han convivido siempre sin ningún problema, y lo seguirán haciendo en el futuro", reiteró.

Por su parte, la directora xeral de Política Lingüística, Marisol López, subrayó que la finalidad de su departamento es conseguir que los ciudadanos de Galicia se puedan expresar con libertad en su propia lengua y negó, rotundamente, que el uso del gallego reste competitividad a las empresas. "Es más, muchos empresarios le dan un valor añadido", apostilló.

Los principales sindicatos de Galicia también rechazaron ayer al documento suscrito por los empresarios de Vigo. Para el secretario de Política Institucional de CCOO de Galicia, Xosé Manuel Fernández Pérez, normalización lingüística y desarrollo económico son totalmente compatibles. "El desarrollo de la normalización lingüística no tiene por qué ser un problema para el desarrollo económico, más bien se trata de un valor añadido. El gallego es una riqueza para nuestra sociedad, para nuestra cultura y también para nuestra economía", indicó el portavoz de CCOO.

Por su parte, la CIG consideró ayer que el informe sobre la lengua en la enseñanza presentado por el Club Financiero de Vigo se inscribe "dentro de una planificada campaña por parte de la extrema derecha contra el gallego". El central sindical nacionalista calificó de "cuaderno para el debate" el documento presentado por los empresarios vigueses, que defiende "el uso exclusivo del español como lengua que favorece la negociación".

Además, el sindicato expresó su sorpresa por el hecho de que una "institución de este tipo esté dispuesta a sacrificar nuestra lengua en favor de un supuesto beneficio económico". La opinión de la CIG es compartida por A Mesa pola Normalización lingüística. "Fomentar las lenguas propias en la enseñanza no es perjudicial para la economía, como claramente nos lo demuestran los ejemplos de Euskadi y Cataluña, que en los últimos veinte años mejoraron su nivel de desarrollo al mismo tiempo que fortalecieron sus idiomas propios", apuntó ayer A Mesa, a través de un comunicado.

La institución se pregunta, también, si alguien "puede afirmar, sin caer en el ridículo más absoluto, que Cataluña tiene más dificultades económicas que otras comunidades del Estado porque allí el catalán es la lengua vehicular en la enseñanza".
Para A Mesa, "la dirección del Club Financiero de Vigo sigue al pie de la letra el catecismo del PP en materia lingüística". A su juicio los empresarios camuflan de bilingüismo armónico "su descarnada propuesta de que el gallego carezca de protección oficial y mienten sobre la realidad sociolingüística del país".

La AVT denuncia al Gobierno Vasco de amparar a terroristas
Redacción Bilbao Minuto Digital 4 Septiembre 2008

La AVT reitera su denuncia al Gobierno Vasco de amparar a terroristas y darles carta de protagonistas políticos cada vez que estos quieren. La decisión del Ejecutivo del señor Ibarretxe de permitir el homenaje programado para el próximo sábado en la localidad guipuzcoana de Elgoibar, que tendrá como protagonista al ex líder de Batasuna Arnaldo Otegi, vuelve a demostrar la hipocresía, la falsedad y la doblez de intenciones y de moral del Gobierno de Vitoria.

Esta nueva situación, pero vieja en el tiempo, reafirma lo acertado de la decisión de esta asociación de declinar la invitación de las Juntas Generales de Guipúzcoa a un homenaje que quiere realizar el Parlamento Vasco y el Gobierno de Ibarretxe a las víctimas del terrorismo el próximo 8 de septiembre.

La AVT quiere recordarles a los dirigentes del tripartito vasco la importancia de que el recuerdo y el reconocimiento público a las víctimas del terrorismo comprenda, además de la realización de homenajes puntuales, sin duda muy necesarios, la adopción de medidas legales y administrativas que impidan que se den circunstancias en las que ciertas instituciones parezcan equiparar a las víctimas con los verdugos.

Es indignante leer que el consejero de interior del Gobierno Vasco, el señor Baltza, ha permitido el homenaje aunque la autorización está supeditada a que en el acto no se produzca “enaltecimiento del terrorismo” ni se aluda a “ninguna organización ilegal”. La AVT considera que el señor Baltza tiene que prohibir inmediatamente este acto a favor de Arnaldo Otegi porque la base del mismo homenaje incumple los deseos del consejero de interior. El acto es un “enaltecimiento del terrorismo” porque se va a homenajear a un miembro que ha pertenecido a comandos de la banda terrorista ETA en acciones criminales, que ha sido acusado por apología y enaltecimiento del terrorismo en su última condena y que el 26 de mayo del 2005 ingresó en prisión preventiva acusado de pertenencia a banda armada (ETA). Tiene cuatro causas pendientes, la más grave de todas es el sumario contra los integrantes de las sucesivas mesas nacionales de Batasuna, que el juez Baltasar Garzón finalizó el pasado 1 de abril con el procesamiento de Otegi y otros 39 dirigentes de la formación en los que se les juzgara como integrante de banda armada por considerar al partido ilegalizado el ‘frente político’ e ‘institucional’ del entramado etarra. ¿Cree usted señor Baltza que un homenaje al señor Otegi no en si mismo un enaltecimiento al terrorismo?

¿No cree usted señor Baltza que si el señor Otegi es homenajeado es debido a que ha sido el líder de la Mesa Nacional de Batasuna y referente de dicha formación? ¿No cree que el simple homenaje a Otegi es aludir directamente a una organización ilegal como Batasuna?. Hay que recordarle señor Baltza que la organización que ha dirigido el señor Otegi fue ilegalizada en sentencia firme por ser una organización creada y dirigida por ETA que “pretende instaurar en el País Vasco un clima irrespirable para quienes se opongan a las tesis de la banda terrorista y sus organizaciones afines”. ¿no cree señor Baltza que el homenaje a Otegi es un homenaje a Batasuna?. Si usted dice que la sociedad no relaciona a Otegi con Batasuna miente de manera descarada, algo a lo que las víctimas por desgracia ya estamos acostumbradas. 

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