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Recortes de Prensa    Viernes 5 Septiembre 2008

Normalización lingüística: el consenso de los corderos
Roberto Blanco Valdés La Voz 5 Septiembre 2008

Dado que lo más normal en una sociedad bilingüe es que, existiendo plena libertad, cada uno considere como propia la lengua que le plazca, parece fácil comprender por qué las mal llamadas políticas de normalización lingüística han generado conflictos desde siempre: porque su misma esencia consiste en restringir la libertad imponiendo medidas destinadas a cambiar hábitos lingüísticos que serían muy diferentes de no existir tales políticas.

Es cierto, desde luego, que caben distintos grados en la imposición y en la consiguiente restricción de las libertades personales. Por ejemplo, y por hablar solo de España, la belicosidad de las políticas de normalización fue muy diferente en los inicios del proceso autonómico, cuando el objetivo parecía ser el de acabar con la discriminación oficial de las lenguas regionales, y en la actualidad, cuando lo que persiguen los supuestos normalizadores no es otra cosa, al fin y al cabo, que erradicar el castellano.

Siendo ese el objetivo manifiesto, lo que llama la atención no es que muy de tarde en tarde algún grupo o entidad denuncie unas políticas que, además de violar la letra y el espíritu de la Constitución, se han propuesto imponer lenguas por la fuerza. No; lo que resulta sorprendente es que el clamor social contra la normalización lingüística que se percibe cuando los ciudadanos hablan en privado no tenga más traducción pública que la que, ocasionalmente, expresa algún grupo de valientes, que aceptan colocarse en la diana, para que los guardianes de la ortodoxia normalizadora (¡muchos de los cuales viven a su costa!) se entrenen jugando al pimpampum.

¿Por qué acontece de ese modo? ¿Por qué solo unos pocos se atreven a dar la cara y por qué cuando lo hacen la agresividad en su contra es tan desaforada? La respuesta a esas preguntas es común: porque los impulsores de la normalización saben que sus políticas se basan, a falta de un auténtico consenso social, en su capacidad para conseguir que nadie se salga del redil y manifieste en público lo que millones de personas piensan en privado, pero no se atreven a expresar.

Por eso, cada ataque y cada insulto a quienes hemos promovido el Manifiesto por la lengua común , o al documento que el Club Financiero de Vigo acaba de hacer público, proclamando verdades como puños, es un auténtico aviso a navegantes. Es decir, una advertencia destinada a mantener el silencio social sin el que no sería posible exigir a tanta gente lo que tanta gente considera una imposición que, tras no respetar la libertad, no ayudará, sino más bien todo lo contrario, a que nuestros hijos hablen gallego con la misma libertad y amor por esa lengua con que la hablamos sus abuelos y sus padres.

Balance
FERNANDO SAVATER El País 5 Septiembre 2008

Un texto tan sencillo como el Manifiesto es patentemente malinterpretado
Se trata, en efecto, de una cuestión política como dicen algunos críticos

Recuerdan la anécdota del orador que se levanta para pronunciar su alocución tras el banquete y pregunta a un comensal remoto: "Usted, allí al fondo, ¿me escucha bien?". Y el otro responde: "Perfectamente, pero voy a cambiarme con aquel señor, porque parece que allí ya no se oye". También yo he estado esperando hasta que han respondido al Manifiesto por la Lengua Común incluso los que se sentaban voluntariamente allí donde es imposible escuchar lo que dice. Pensando a veces, con cierto desaliento, que es una seria objeción contra la existencia de la lengua común el que muchos que parecen comprenderla malinterpreten tan patentemente un texto sencillo como ése. Pero en todo caso me parece una obligación de cortesía intentar finalmente hacer balance y responder a quienes se han molestado en hacer objeciones inteligibles a esa propuesta. Desde luego, sólo voy a tomar en cuenta las de cierto calado, que no han sido las más numerosas. En cuanto a las demás... bueno, a pesar de la artritis estoy dispuesto a agacharme ocasionalmente un poco para quedar a la altura de ciertos argumentos y seguir la discusión, pero no pienso ponerme a cuatro patas, como se requeriría para responder a otros. Asumo mis limitaciones por arriba... y por abajo.

Tampoco me detendré en algunos reproches que considero desenfocados. Por ejemplo, los de quienes han insistido en recordar que la lengua castellana -pujante y cada vez más extendida por el planeta- no necesita defensa ninguna. El Manifiesto confirma ese punto desde su primer párrafo y evidentemente trata de otra cosa, por lo que sólo puedo rogar a los obstinados que se molesten en leer al menos sus cinco primeras líneas. Por cierto, es curioso que en el pasado mes de julio -cuando día sí y día no se nos recordaba en todos los medios de comunicación la invulnerabilidad del castellano- la Junta de Castilla-La Mancha y la Fundación Santillana otorgasen un merecido premio a Carlos Fuentes y a Lula de Silva, "por su defensa del idioma español", según dijo la prensa. Esperé sobrecogido una lluvia de protestas o la universal rechifla ante tarea tan superflua, pero nadie dijo ni pío: por lo visto, entonces no tocaba. Otros han expresado su recelo ante el apoyo que mostraron al manifiesto ciertos medios de comunicación y personas conocidas que no les parecen con suficiente garantía de salubridad progresista: por lo visto, para ellos todo lo que no se promueve desde la izquierda oficial está políticamente "manipulado", pecado grande. Reconozco ser poco sensible ante esta grave imputación. Es la costumbre: si los movimientos cívicos más activos del País Vasco, en los que he militado, hubiésemos esperado el apoyo o tan siquiera el permiso de los medios de comunicación y los intelectuales llamados "progresistas" para ponernos en marcha, todavía estaríamos en vísperas de salir por primera vez a la calle... Aún peor: si hubiéramos escuchado luego a bastantes de ellos, aún estaríamos dándonos golpes de pecho por haber salido. De modo que miren: no.

Pero pasemos a las objeciones que merecen mayor atención. Una de las más frecuentes asegura que en cualquiera de las autonomías bilingües sigue siendo el castellano la lengua mayoritariamente utilizada por los hablantes. Personalmente no lo dudo, pero... ¿es esto un pecado? ¿Es una injusticia que debe ser corregida o una enfermedad que ha de ser curada? Por razones históricas y culturales, el castellano no sólo es la lengua común de España, así establecida constitucionalmente, sino también uno de los idiomas internacionales de mayor peso presente y futuro. Ofrece ventajas evidentes respecto a otras a los empresarios y comerciantes, a los viajeros y a quienes buscan bibliografía. Los medios de comunicación de masas suelen preferirla por razones de eficacia económica: hay inmersión lingüística en la escuela, pero no en la prensa, y La Vanguardia sigue publicándose en castellano. Se trata de una primacía práctica perfectamente razonable, no de un monopolio dictatorial: las otras lenguas oficiales siguen teniendo su debido reconocimiento y su viabilidad a todos los niveles en las áreas regionales que les corresponden. Lo que resultaría un poco raro es llamar "normalización" al empeño de corregir por las bravas, a base de prohibiciones e imposiciones, esta preferencia de tantos hablantes, bilingües o no... como si se tratase de un atropello. Puede que no haya un precepto constitucional que establezca que cada cual pueda ser educado en la lengua que prefiera -es lo que el Manifiesto propone corregir-, pero aún menos en ninguna parte de la Constitución se dice que en las comunidades bilingües la lengua co-oficial deba alcanzar forzosamente un uso igual o mayor que el castellano.

Otros de nuestros críticos (por ejemplo, el propio ex presidente Pujol, en una entrevista reciente) nos recuerdan que los niños en Cataluña conocen perfectamente el castellano, aunque estudien en catalán. Incluso podríamos añadir que en los exámenes para determinar los resultados del informe PISA, los estudiantes vascos -aunque estudien en euskera- hacen las pruebas en castellano para mejorar sus resultados. Pero nada de esto tiene que ver con el fondo del asunto. No se trata de que los niños (o los ciudadanos adultos, tanto da) sepan o no castellano: lo aprenderán sin duda de un modo u otro, como terminarán adquiriendo nociones de inglés a través de las letras de sus grupos preferidos de rock, porque se trata de idiomas de comunicación internacional cuya pujanza no podrá ser cortocircuitada por ninguna burocracia etnicista local. Pero no es lo mismo conocer una lengua de modo más o menos sobrevenido que estudiar en ella y aprovechar todos sus recursos expresivos o bibliográficos, así como utilizarla habitualmente para recibir información de las autoridades o comunicarse institucionalmente. Y lo más importante, está en juego el derecho a poder utilizar siempre que uno lo desee la lengua oficial del país del que somos ciudadanos, aun allí dónde coexiste con otras regionales. Invocar este derecho no es una reminiscencia franquista, salvo para quienes han olvidado lo que estipulaba la Constitución republicana de 1931 en su artículo 4 (bastante más perentoria y nítida al respecto que la actual). Por cierto, cuando uno ve los obtusos y sectarios que son respecto al presente ciertos adalides de la memoria histórica, entran dudas respecto a la exactitud de la visión del pasado que tratan de oficializar.

¡Ah, pero hablar de derechos lingüísticos es embrollar las cosas, según dicen algunos sabios del establishment! ¡La "demagogia de los derechos" no soluciona nada! Es mejor resolver esos temas por medio de acuerdos consuetudinarios y confiar en el sentido común. Dejemos a un lado los derechos y volvamos a los apaños: insólito consejo, por cierto, para venir de profesionales de la filosofía política... Sin embargo, perdón por la insistencia: ¿hay algún otro país en la CE -dejemos a un lado la nada envidiable Bélgica- en que los ciudadanos se vean impedidos para usar normal y culturalmente la lengua mayoritaria en determinadas regiones de su territorio? ¿no es lógico que entonces invoquen su derecho a algo tan elemental, sean cuales fueren las "costumbres" que otros tratan de imponerles?

Con todo, hay algo de verdad en la teoría de los "apaños": es cierto que en las comunidades bilingües los ciudadanos conviven y se entienden con pocos roces en las lenguas co-oficiales. Los problemas vienen cuando allí se legisla de tal modo que esa armonía se rompa para obstaculizar institucionalmente el derecho a usar una de ellas. Porque el busilis de la cuestión no es el bilingüismo, desde luego, sino el biestatismo que los nacionalistas pretenden imponer en sus autonomías. Es decir, que haya dos Estados superpuestos, el local que ellos controlan más y más, junto al general que soportan y al que sólo acuden cuando esperan beneficios. En tal empeño biestatal, la marginación de todo elemento común con el resto del país -empezando por la lengua- es una herramienta esencial. Como esencial resulta para quienes pensamos de otro modo oponernos a tal tendencia y denunciarla. Se trata, en efecto, de una cuestión política, como con rara clarividencia han señalado algunos de nuestros críticos...

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense.

El nacionalismo es muy mal negocio
Enrique de Diego Periodista Digital 5 Septiembre 2008

Los dispendios, sobre todo, con el dinero de los demás, no deben hacerse nunca, pero en tiempos de penuria, como los actuales, constituyen un suicidio.

Es preciso revisar el Estado autonómico. No podemos permitirnos diecisiete mini-estados, con diecisiete instituciones reproducidas en cada uno. Eso no hay sociedad que lo soporte sin hundirse en la miseria.

Pero, sobre todo, no podemos permitirnos ese cadáver ideológico que es el nacionalismo, dedicado a depredar a las clases medias en nombre de ensoñaciones totalitarias. El nacionalismo no puede deambular por el escenario como un zombi, no haciendo otra cosa que crear problemas. Hay que enterrarlo. Es una obra de misericordia y hemos de ser, por completo, misericordiosos.

El Gobierno vasco gasta doscientos millones al año en promoción del euskera y sólo el 11% de los vascos lo habla en casa.
En Galicia campan a sus anchas los del Nunca mais sin subvención.

La Generalitat catalana subvenciona cursos en la Universidad de Tel Aviv o en la de Oslo para un único alumno.

El Instituto Catalán de Industrias Culturales dedicó en 2007 dos millones cuarenta y cinco mil euros en subvenciones a la producción teatral y de circo de carácter profesional en catalán y otros dos mil millones a la producción editorial en catalán y aranés y para la edición en partituras de compositores/as catalanes/as (sic).

Según el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Economía, la Generalitat elevó su Presupuesto un 19,2% en 2007. La partida que más aumentó fue la de personal, un 32,5%, hasta los 7.554 millones de euros, y el de sus empresas públicas supone 2.000 millones. De esa manera, su gasto público destinado a operaciones no financieras aumentó de media un 11,3% en 2007 con respecto al pasado año, hasta los 157.583 millones de euros –un 15,2% del PIB español–.

Bajo las ensoñaciones nacionalistas el intervencionismo crece por todas partes. Se multa a los comerciantes dependiendo de en qué lengua rotulan sus establecimientos. Se lesionan los derechos personales de quienes se consideran españoles o de quienes hablan la lengua común –patrimonio de todos-, al tiempo que por cada ensoñación nacionalista se genera una agencia funcionarial, llena de comisarios políticos y lingüísticos, aumentando la expoliación de las clases medias. Se gasta dinero sin medida en busca de un imposible, de algo inexistente e irracional: la identidad. Y lo que se está haciendo es edificar el monstruo totalitario con el dinero de sus víctimas propiciatorias, las clases medias.

El nacionalismo no sólo es un absurdo muy peligroso, además es muy caro. Las clases medias catalanas, gallegas y vascas no pueden permitírselo. Es una losa, que han de quitarse de encima, con tanta gente viviendo del cuento identitario. Aitor cuesta un ojo de la cara.

No son sectores minoritarios
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 5 Septiembre 2008

Los nazionalistas y sus compañeros de viaje mienten con plena conciencia de que lo hacen. Pero aplican la máxima de Maquiavelo "el fin justifica los medios". Lo malo es que los medios perversos acaban por pervertir el mejor de los fines. Abundan ejemplos en el siglo XX y principio del XXI. Sólo hace falta darle un pequeño repaso a la historia.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, mintió ayer al afirmar que el uso del gallego dentro de la ley y del pacto lingüístico «constituye una riqueza para el país en todos los terrenos y en todos los órdenes», asegurando aún por encima que el Plan de Normalización es «un compromiso con la igualdad y con la ley». Touriño dijo que entiende que pueda haber alguien a quien «no le guste, pero tengo para mí que son sectores minoritarios».

Él sabe que no es así, que no son sectores minoritarios, sino sectores a los que se trata de ignorar, silenciar o ningunear. La ignorancia, el silenciamiento y el ninguneo no los convierte en minoritarios. Siempre estarán ahí y probablemente vayan en aumento en la misma proporción que el deterioro de la convivencia y el malestar ciudadano debidos a una política lingüística deliberadamente antidemocrática.

Con respecto al informe que emitió el pasado martes el Club Financiero Vigo, en el que se decía que algunos empresarios habían decidido irse por la obligatoriedad de sus hijos a recibir una educación en gallego, dijo: «Probablemente debemos explicar, concienciar y dialogar para trasladar también a estos sectores que el Gobierno está actuando de manera responsable, defendiendo el castellano y defendiendo la lengua del país». Vuelve a mentir.

Para rematarla le echó la culpa de todo al PPdeG. En un futuro próximo veremos cómo se pasan la patata caliente de un partido a otro ignorando deliberadamente la opinión de los ciudadanos y las empresas.

Y a "eso" le llaman democracia.

El cuco del Constitucional
Pedro González-Trevijano Rector de la Universidad Rey Juan Carlos La Voz 5 Septiembre 2008

Los niños de mi generación tenemos referenciado el paso del tiempo a los relojes de cuco que, tras la salida por su portezuela de un pajarillo, daban las medias y las horas. No es mi intención hacer un intimista remake de Marcel Proust en su En busca del tiempo perdido, pero sí quiero aprovechar la figura del cuco para expresar mi deseo de que, a no tardar mucho, deberíamos conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la tan traída constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Una resolución que no debería dilatarse -han transcurrido dos años- más meses. Las últimas disputas sobre la aplicación del Estatuto entre el Gobierno estatal y el Ejecutivo catalán -al hilo de la discusión sobre el modelo de financiación autonómica- así lo aconsejan.

El Tribunal Constitucional se encuentra ante la decisión de mayor calado desde su creación. La sentencia sobre la expropiación de Rumasa (111/1983), como la posterior que despenalizaba la interrupción voluntaria del embarazo (53/1985) fueron muy relevantes en su momento, pero carecían de la trascendencia institucional de la presente. La primera se circunscribía, a pesar de su incidencia económica, a un concreto holding financiero. La segunda afectaba a aspectos más morales de la vida de las personas. Ahora es bien diferente.

Lo que está en juego es la noción de la Constitución como norma jurídica suprema y directamente aplicable, y de los estatutos de autonomía, en tanto que normas sometidos a ella. Lo que se discute es el alcance jurídico de algunas declaraciones políticas -la afirmación de que Cataluña es una nación- contenidas en su preámbulo. Lo que se debate es la idea de soberanía. Lo que se rebate es la fragmentación del Poder Judicial. Lo que se pone en entredicho es la relación de bilateralidad generalizada -en presunta paridad igualitaria- entre el Estado y las comunidades autónomas. Lo que se impugna es la pertinencia de recoger en los estatutos de autonomía un listado de derechos y libertades fundamentales. Lo que se delibera es sobre la naturaleza expansiva de los estatutos de autonomía. Esto es, el mismísimo modelo territorial del Estado.

Estando tantos y tan sobresalientes asuntos en juego, es oportuno propugnar la inmediata resolución de las controversias. Tengo de los magistrados del Tribunal Constitucional -algunos, compañeros en la cátedra y amigos- la mejor opinión personal y profesional, y estoy convencido de que se trabaja intensamente en encontrar el ineludible acuerdo. Una sentencia de tal alcance no debe aprobarse por un estrecho margen de escasos votos, sino construirse sobre una sólida mayoría.

Al tiempo, deberían ser los presentes magistrados, que ya han estudiado el recurso, los que dictamen sobre él, y no dejarlo en manos de la futura composición del Tribunal. Primero, por deferencia a los actuales miembros, que verían afectada de otra suerte su profesionalidad, sobre todo tras tanta desafortunada intromisión de la clase política y la azarada historia de recusaciones, división interna, situaciones de bloqueo, votos particulares, etcétera. Y, segundo, porque son quienes mejor lo conocen; los nuevos cuatro magistrados designados por el Senado, amén del sustituto del fallecido García Calvo por el Congreso, habrían de ponerse a valorarlo desde cero.

De producirse, en suma, la inmediata renovación, la rápida resolución se vería probablemente afectada. Así lo impondrían la salvaguarda de los principios procesales de deliberación y caducidad. ¡Estamos ya a la espera del cuco del Constitucional!

Izquierda liberal
Croacia-Kosovo-Osetia
Este partido no lo ganará nadie. Ni los defensores de Rusia y su olor a estalinismo, ni los defensores de Occidente y su impresentable justificación del nacionalismo.
Antonio Robles Libertad Digital 5 Septiembre 2008

Uno de los principios que nos permiten pensar con coherencia; o sea, pensar, es el "principio de no contradicción" que formulara el sofista Gorgias hacia el siglo IV a. de C. "Una cosa no puede ser y no ser a la mismo tiempo". Solemos saltárnoslo a menudo, sobre todo en política.

Estados Unidos y 21 miembros más de la UE lo acaban de hacer con ocasión de la invasión y posterior pretensión de desgajar Osetia del Sur y Abjasia del Estado independiente de Georgia.

Las razones que les han llevado a escandalizarse siempre importan, pero déjenme obviarlas para centrarme en la falta de escrúpulos lógicos a la hora de juzgar con voluntad de justicia y coherencia intelectual ese acto de prepotencia militar de Rusia.

En el inicio de la desintegración de la antigua Yugoslavia, Alemania y el Vaticano reconocieron a Croacia como Estado independiente sin más criterio que los intereses católicos de la Capilla Sixtina y los intereses geoestratégicos de Alemania. Con esa cobertura internacional se daba conscientemente legitimidad al uso de la fuerza de todas las partes en conflicto. Curiosamente, los croatas, colaboradores de los nazis en los cuarenta, ahora se pasaban por víctimas, y a los serbios deSlobodan Miloševic los convertían en verdugos. Ni unos ni otros eran la madre Teresa de Calcuta, pero a Alemania le interesaba que unos fueran derrotados y otros pasasen a ser aliados en sus fronteras del sur hacia el Mar Adriático. Bosnia, Herzegovina, Srebrenica, fosas comunes, todo adobado con nacionalismo. Todo justificado por la integridad territorial o la libertad nacional. Excrementos del espíritu envueltos en banderas.

En la carrera final por el derecho a campanario propio, la provincia servia de Kosovo lloraba a Occidente el derecho a excluir a una parte de su población de mayoría albanesa, en nombre de unas futuras fronteras, distintas de las serbias. Y Estados Unidos reconoció a Kosovo como Estado independiente. Le siguieron la mayoría de los más poderosos países occidentales. Un precedente en Derecho internacional que ha apuesto en riesgo todo el sistema establecido después de la Primera Guerra Mundial. Ese sistema, a la vez que otorgaba a los pueblos colonizados el derecho de autodeterminación, penaba a quienes pretendieran aplicarlo a los estados ya establecidos de Occidente.

¿Cómo se atreven ahora a rasgarse las vestiduras ante el reconocimiento de Osetia y Abjasia por parte de Rusia? ¿Acaso no habían abierto ya la caja de Pandora con el reconocimiento de Kosovo? Aún teniendo de su parte la convicción de que Rusia hubiese preparado la intervención militar mucho antes de la "provocación del presidente de Georgia", Mijáil Saakashvil, no están en condiciones éticas de pedir cuentas a quién sólo ha llevado hasta las últimas consecuencias su propia política ventajista.

Pero lo mismo se puede decir contra la otra parte: ¿se acuerdan la furibunda indignación con que Rusia recibió el reconocimiento de Kosovo por parte de Estados Unidos? Para ser más exactos, ¿se acuerdan de la indignación con la que recibió Rusia la evidente incidencia de Estados Unidos en Kosovo para convertirla de provincia serbia en provincia de sus intereses comerciales y geoestratégicos?

Unos y otros, idénticos gañanes. Política para forofos. Importan poco las razones o los intereses legítimos de los ciudadanos corrientes de unos y otros lugares. Son los mismos politiqueos e idéntica estafa.

Política de alianzas, cordones de seguridad, control de fuentes de energías..., son algunas de las innumerables formas de nombrar las alambradas de espinos trenzadas con los hilos rotos del "principio de no contradicción". Detrás de toda esa bazofia que llaman políticas de Estado para justificar lo que no tiene justificación alguna, quedan miles de vidas segadas, millones de sentimientos rotos por el dolor, casas y bienes destruidos y un océano de odios para las próximas dos generaciones. O más.

Este partido no lo ganará nadie. Ni los defensores de Rusia y su olor a estalinismo, ni los defensores de Occidente y su impresentable justificación del nacionalismo.

Y al fondo, la inquietante espera de la decisión que habrá de tomar el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) sobre la legalidad o la ilegalidad de la independencia de Kosovo, que habrá de iniciar su procedimiento en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo 17 de septiembre. Serbia pretende que la ONU permita que su demanda contra la decisión unilateral de independencia de Kosovo llegue al tribunal de la Haya. Inquietante espera por el futuro incierto que se derive de esa decisión para otros estados de la propia Unión Europea, e inquietante espera por inútil. Diga lo que diga el Tribunal Internacional de Justicia, el mal está hecho: nadie retrocederá en Kosovo y Rusia no permitirá que nadie borre un solo centímetro de las nuevas fronteras ralladas por sus tanques.

Como Zapatero, lo que diga el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña empeorará los sentimientos de unos o de otros, sea lo que sea lo que dictamine, pero ya nada será igual después de ese Estatuto que pretende ser Constitución. Políticos que denigran la política, no por los contenidos de lo que defienden, sino por la suciedad y la irresponsabilidad con que los tratan.
antoniorobles1789@hotmail.com

El Gobierno está de maniobras
Vicente A.C.M. Periodista Digital 5 Septiembre 2008

Como cualquier prestidigitador, Zapatero y su Gobierno andan inmersos en “maniobras de distracción” de todo tipo. Con esas maniobras intentan apartar a los ciudadanos del verdadero manejo del truco principal, la falta de soluciones para la crisis económica que está ahogando a las familias y al entramado económico que sustenta a España. Cada día son más los frentes abiertos para que formen focos de opinión y controversia. No importa el alcance de las medidas propuestas, sino que el PP y los medios anden como borregos por el camino que les marcan.

Un éxito se ha conseguido y es que todos olviden el siniestro del MD-80 en Barajas con 154 muertos. La desfachatez de la Ministra de Fomento para inculpar a Spanair del suceso, eliminando cualquier responsabilidad de su gestión, sigue la misma táctica de dejar al Gobierno alejado de ese escenario incómodo.

La salida del juez Garzón con su procedimiento de búsqueda de desaparecidos y represaliados por el franquismo del bando republicano durante la guerra y posguerra civil, además de mezquina e ilegal, solo busca la crispación y hacer ver la intransigencia de la “derechona de siempre”, queriendo asimilar al PP con la herencia del régimen dictatorial de Franco. Ha sido muy esclarecedor el rápido apoyo que desde todos los estamentos de la izquierda han dado a este asunto,. También varios Ministros del Gobierno como Bermejo o Rubalcaba. Incluso las viejas reliquias se asoman a los medios para justificar la vuelta de un Comunismo vigoroso cuya misión no parece ser otra que tomarse justa venganza. Esa es la Memoria Histórica transformada en inquisitorial por la Audiencia Nacional y el juez Garzón.

Las prisas de la recién estrenada Ministra de Igualdad -como si fuera preciso semejante Ministerio estando las leyes y la propia Constitución-, para sacar la Ley del Aborto, va directamente a la línea de flotación del consenso existente con la ley actual, ya de por sí demasiado permisiva. Los embarazos son todos evitables con las medicinas modernas y otros medios médicos. Solo se quiere contemplar el derecho de la mujer, pero se olvida el derecho del otro progenitor y sobre todo el de la vida que se está desarrollando en su interior. Un feto humano en desarrollo tiene el mayor de los derechos, el de tener la oportunidad de vivir.

La patochada de la Ministra de Defensa que en vez de velar por la seguridad de las fuerzas a su mando y dotarlas del material militar que requieren, se fija más en lo superficial y su prioridad se centra en facilitar a las mujeres uniformes adecuados a su sexo bajo los patrones de los diferentes tipos de fisiología. Confunde lo que es un estamento militar con una ONG o un desfile militar en el Paseo de la Castellana. Claro que siendo pacifista no es de extrañar. Su falta de entusiasmo debió haber sido clave para que el Sr.Zapatero le nombrase e hiciesen recordar y añorar al Sr. Bono.

Y no me quiero olvidar del especial trato de favor a ETA que se resume en dos actuaciones. La permisividad que se ha tenido con el etarra de Juana Chaos al que se le ha consentido estar ausente y no presentarse en tiempo y forma a declarar por sus supuesta autoría de enaltecimiento del terrorismo. Y por otra parte las inexplicables facilidades para que su declaración sea en su propia casa. En segundo término, tenemos el caso de Arnaldo Otegi. A este terrorista se le concede graciosamente permiso para ausentarse de España, a pesar de tener varias causas pendientes por el mismo motivo que le llevó a prisión. No sería de extrañar que esto sea el prólogo de una vuelta a la negociación con ETA, por mucho que el Gobierno y el Sr. Zapatero nieguen esa posibilidad.

Pues esta vez no sé si bastarán estas maniobras para distraer a los ciudadanos, pero lo que debería tener claro el PP es abandonar esa nueva postura de seguimiento y ejercer de una vez una oposición con todo el rigor y contundencia que le avalan los más de diez millones de votos. Si no lo hace, deberá atenerse a las consecuencias de su pasividad.

Con un solo ojo
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 5 Septiembre 2008

SI se redujese a que los familiares de los fusilados por el mero hecho de ser de izquierdas o apoyar a la República tuvieran digno reposo, en vez de yacer en fosas comunes esparcidas por la geografía española, ¿quién podía negarles ese derecho? ¿Quién no estaría dispuesto a ayudarles en la labor, no ya por caridad, sino por humanidad?

Lo malo es si tras ello hay algo más, en la línea marcada por la Memoria Histórica. Me refiero al intento de dar la vuelta al resultado de la guerra civil, de ganarla a posteriori, no con fusiles, sino con argumentos, tendientes a demostrar que la razón estaba sólo de una parte, la vencida, que a un lado combatían los buenos, y al otro, los malos, aquí los demócratas, y allí, los totalitarios, aquéllos a las fosas, y éstos, a los puestos de mando. Es, en cierto modo, la imagen invertida del franquismo tras su victoria, negando a los republicanos incluso el derecho a considerarse españoles. Quienes tienen mi edad recordarán que se les llamaba «la antiespaña». Pues bien, lo que se intenta ahora es negar toda legitimidad, no ya a los vencedores, sino a sus hijos y nietos, por el mismo camino de la desacreditación total. Y eso es tan totalitario como lo anterior. Y tan nocivo, ya que nos retrotrae a la confrontación que nos llevó a la tragedia del 36. La Transición consistió precisamente en que los herederos de quienes habían hecho la guerra, e incluso algunos que la habían hecho en uno y bando, decidieron que las culpas estaban demasiado repartidas para adjudicárselas a uno sólo de ellos, por lo que lo mejor que podíamos hacer los españoles era aprender aquella amarga lección para no volver a repetirla.

Pero está visto que no la hemos aprendido. Al menos algunos intentan, al socaire de un entierro digno de los vencidos, ajustar aquellas viejas cuentas. El auto de Garzón no es una obra de misericordia, sino unas diligencias judiciales, con todas las responsabilidades jurídicas que acarrea, aunque instancias más altas y entendidas que él le han advertido que la responsabilidad penal no cabe en este caso, por razones bien fundadas. Pero eso no parece importar mucho a un juez que, a juzgar por anteriores actuaciones, no parece atenerse demasiado a la letra de la ley, ni a un gobierno, que no se atiene ni a su propia palabra, lo que nos autoriza a pensar que está encantado con este caso, que barre de los titulares la crisis económica, la financiación autonómica, el desafío de Ibarretxe, el Estatuto catalán, la inmigración ilegal, los pederastas y tantos otros problemas a los que no ha prestado el menor caso. Reabrir el debate sobre la guerra civil podría ser una buena cortina de humo sobre ellos.

Los 70 años transcurridos deberían ser suficientes para que empezáramos a ver esa guerra algo mejor que en negro y blanco, o rojo y azul, como hasta ahora hemos venido haciendo, con graves errores del perspectiva. Por lo pronto, no hubo sólo una guerra civil, hubo por lo menos dos: la de los «nacionales» contra los republicanos y la que tuvo lugar en el seno de éstos.

Hubieran sido tres si Franco no hubiera cortado en seco las rivalidades en su bando con el Decreto de Unificación y unas cuantas penas de muerte. En el bando republicano, en cambio, las rivalidades se mantuvieron con más o menos virulencia de principio a fin, que fue dantesco, con las tropas del coronel Casado batiéndose con las brigadas comunistas en las calles de Madrid. Pero ya mucho antes no se asesinó allí sólo a franquistas. Cayeron también ex ministros demócratas, como Melquíades Álvarez, Ramón Álvarez Valdés, Manuel Rico Abelló y José Martínez de Velasco.

Eso por no hablar de la liquidación de los anarquistas del POUM en Barcelona, a cargo de los agentes soviéticos siguiendo instrucciones de Stalin. ¿Se van a incluir también en las listas que pide Garzón? ¿Va el magistrado a investigar sus muertes? De lo que se ha filtrado de su requerimiento, no parecen interesarle lo más mínimo. Y es que, con un solo ojo se ve a veces menos que con ninguno.

MIENTRAS "SE ENFRENTAN" POR LA CONSULTA
PSOE y PNV pactan el regreso de los nacionalistas a las instituciones del Estado
El PNV volverá al Consejo General del Poder Judicial merced a un acuerdo con el PSOE. Según informa El Correo, lejos del enfrentamiento que escenifican ambos partidos por el referéndum ilegal de Ibarrexte, sus relaciones pasan por un momento dulce. De hecho la vocal nacionalista en el máximo órgano judicial ya tiene nombre: Margarita Uría. Como contrapartida, el apoyo peneuvista sería decisivo para la aprobación de los presupuestos del Estado. Además, Patxi López, que se presenta como la alternativa al nacionalismo en las próximas elecciones vascas, daría su apoyo a los presupuestos de Ibarretxe.
Libertad Digital 5 Septiembre 2008

La dirigente del PNV Margarita Uría será vocal del Consejo General del Poder Judicial tras el acuerdo alcanzado por los nacionalistas con el PSOE, según informa este jueves El Correo de Bilbao.

El diario de Vocento destaca el momento de entendimiento entre ambos partidos que podría desembocar en el apoyo recíproco para la aprobación de los presupuestos. Los de Zapatero en Madrid y los de Ibarrexte en Vitoria.

El PNV perdió su presencial el máximo órgano judicial en la segunda legislatura de José María Aznar, y el PSOE ha logrado que la presencia de la ex diputada Uría se incluya en el acuerdo que está a punto de cerrar con el PP, previsiblemente el próximo lunes, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el que también se ha reservado un lugar para los nacionalistas catalanes de CiU. También está avanzado el acuerdo para que los nacionalistas ocupen una de las cuatro vacantes que quedarán en la Comisión Nacional de la Energía.

Un idilio que nada tiene que ver con la imagen de enfrentamiento que ambos partidos trasladan a la opinión pública por la convocatoria del referéndum ilegal por parte de Ibarretxe. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el presidente autonómico vasco pretende explotar el victimismo tradicional de los nacionalistas, mientras la estrategia de Patxi López pasa por venderse con la única alternativa al nacionalismo vasco, cuando, vemos, la realidad es que ambos partidos atraviesan un momento dulce en sus relaciones.

El bilingüismo se extiende a la concertada y uno de cada cuatro centros ya lo oferta
M. ASENJO MADRID ABC 5 Septiembre 2008

El nuevo curso, que comenzará de forma oficial el próximo lunes día 15, incluye entre sus principales novedades la extensión de la enseñanza bilingüe a la escuela concertada y la implantación de Educación para la Ciudadanía.

Según informó ayer la consejera de Educación, Lucía Figar, en el Consejo de Gobierno de la Comunidad, por primera vez, el programa de bilingüismo llegará a 25 colegios concertados para un total de 1.900 alumnos, lo que sumado a los colegios públicos, supone que uno de cada cuatro centros de la región impartirá sus enseñanzas en español e inglés.

El bilingüismo, al que se acogerán 37.000 escolares -11.250 más que el curso pasado- implica que un tercio del programa se impartirá en inglés. En realidad, todas las asignaturas, excepto matemáticas, lengua castellana y literatura, podrán enseñarse en lengua inglesa. Figar señaló que la intención de la Consejería es que «uno de cada tres colegios públicos de Primaria madrileños sea bilingüe» a lo largo de la actual legislatura.

En cuanto a Ciudadanía, comenzará a impartirse en 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Además, se incorporarán al currículum las versiones previstas en la ley. Así, en 4º de la ESO se enseñará Educación ético-civica y en 1º de Bachillerato, Filosofía y Ciudadanía, ambas con carácter obligatorio.

A la espera del Supremo
La Comunidad de Madrid, que registra más de 11.500 objeciones -de acuerdo con los datos ofrecidos por los grupos contrarios a la asignatura de Educación para la Ciudadanía-, ofrecerá como alternativa a esa disciplina, que es obligatoria, acciones de voluntariado o trabajos sobre temas constitucionales. No obstante, los centros todavía no han recibido indicaciones sobre la forma de aplicar esa medida.

La Consejería de Educación apoya su decisión en que, hasta el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los distintos recursos sobre sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, debe amparar los derechos de los padres y atender a los objetores.

Por otra parte, y dentro de las cifras del curso, la Comunidad iniciará las clases con 1.050.495 alumnos, 21.742 más que el año anterior. De ellos, 625.834 (59,5 por ciento) estarán escolarizados en centros públicos, 284.665 (27,1 por ciento) en concertados y 139.996 (13,3 por ciento) en privados. Para atender el incremento de la demanda en la enseñanza pública, se incorporarán 612 nuevos profesores, con lo que la plantilla docente se eleva a 48.986 profesionales. A la concertada llegan 550 profesores para sumar un total de 20.308.

El número de centros de enseñanza asciende a 3.157 (1.544 públicos, 543 concertados 1.070 colegios privados). Habrá 45 nuevos colegios públicos y nueve concertados. Además, se terminarán 40 ampliaciones.

La consejera resaltó asimismo el incremento de plazas para niños de hasta tres años, ya que se ha llegado a 94.855 (20 por ciento más), de las que 64.000 son públicas. En cuanto a las ayudas, la consejera informó de que la Comunidad invertirá casi cien millones de euros en ayudas para libros, comedor y transporte escolar, de las que se beneficiarán 438.000 familias madrileñas (8,8 por ciento más que el curso pasado).

El número de inmigrantes crecerá un 10 por ciento y para su integración funcionarán rán 302 aulas de enlace.
Tras conocer las medidas sobre el nuevo curso, surgieron reacciones de los representantes del mundo educativo. Así, un portavoz de las escuelas católicas de Madrid (FERE-CECA) calificó de «positivo» el hecho de que sus centros puedan acogerse al bilingüismo, a pesar de que la posibilidad «llega tarde y con pocos recursos, lo que impide contar con los auxiliares de conversación necesarios» para la eficacia del programa.

Críticas de la oposición
Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea regional, Maru Menéndez, acusó al Gobierno de Esperanza Aguirre de «sectarismo y grave falta de responsabilidad al apoyar la objeción a una asignatura como Educación para la Ciudadanía y al desahuciar de su sede a la Federación de Asociaciones de Padres Francisco Giner de los Ríos». Maru Menéndez habló también de «récord en costes para las familias y en fracaso escolar».

Los alumnos extranjeros en Cataluña estarán un mes en aulas separadas
EVA CLOTA - Vic El País 5 Septiembre 2008

Los 30 días pueden reducirse.en función de cada niño y de su bagaje cultural. Para aquellos inmigrantes que lleguen en el período de vacaciones estivales, su paso por los nuevos centros se alargará hasta tres meses. El proyecto final, presentado ayer a la comunidad educativa de Vic, también incluye un programa de atención a las familias de 10 horas que tendrá carácter voluntario y que les ofrecerá información sobre el sistema catalán así como las características sociales y culturales del municipio al que han llegado.

Otro de los aspectos que se concretaron ayer es que se derivarán a los espacios de bienvenida a todos los recién llegados en edad escolar sea cuál sea su país de procedencia. Esto incluye también los niños llegados de la Unión Europea. En julio, el proyecto preveía que estas aulas acogerían sólo a alumnos procedentes de culturas distintas de las europeas; es decir, a los alumnos pobres, preferentemente de países africanos, magrebíes y países del Este de Europa y quedaban fuera de la EBE los de la UE y latinoamericanos.

Otra vez a vueltas con la ley de lenguas
CARLES DUARTE  EL PERIÓDICO  5 Septiembre 2008

Dirigentes del PP, incluido Mariano Rajoy, han reiterado este verano su voluntad de llevar al Congreso un proyecto de ley de lenguas, al considerar que hay territorios españoles en los que el castellano está amenazado. Si los parlamentos de autonomías con cooficialidad lingüística han aprobado, en el ejercicio de sus competencias, unas leyes lingüísticas avaladas por el Tribunal Constitucional, cuesta ver el sentido de una iniciativa legislativa que plantea como un problema lo que la sociedad no juzga como tal.

La función de los políticos es resolver los problemas que surgen, no crear otros nuevos. El PP intenta construir un discurso de inquietud, en la línea del manifiesto que el mes de junio promovió Fernando Savater. El pasado martes se añadía el Club Financiero Vigo, que retoma argumentos usados antes en Catalunya y que se han demostrado injustificadamente alarmistas, como afirmar que con la generalización del uso del gallego "existe el riesgo de que algunas empresas trasladen sus delegaciones fuera de Galicia".

Una ley de lenguas serviría, por ejemplo, para regular el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en las instituciones comunes del Estado o para facilitar el aprendizaje de estas lenguas en universidades y otros centros educativos de toda España. Partir de la premisa de que el castellano no existe o está amenazado en Catalunya es prescindir de los hechos cotidianos. Un dirigente del PP que se ha referido a esta cuestión ha sido Esteban González Pons. Como hombre culto que es, me sorprendería que desconociera los datos de conocimiento y uso de catalán y castellano en Catalunya.

En el fondo, lo que debe suceder es que González Pons, que domina el valenciano y el castellano, propugna un modelo desequilibrado de relación entre el castellano, como lengua de prestigio y de proyección pública, y el valenciano, nombre estatutario del catalán en Valencia, como lengua menor y sin usos comunicativos relevantes. Pese a la obra formidable de Ausiàs March, el Tirant lo Blanch, Joan Fuster o Vicent Andrés Estellés, para González Pons el valenciano es una lengua de segunda y querría que se aplicara en Catalunya ese mismo paradigma.

González Pons no acepta que en Catalunya se apueste, no por una marginación del castellano, sino, siguiendo el criterio mayoritario de la sociedad catalana, por un equilibrio real entre el catalán y el castellano. Naturalmente González Pons puede pensar y decir lo que quiera, pero tiene que ser consciente de que hay modelos lingüísticos perfectamente legítimos diferentes al suyo. Y sobre todo hay que reclamarle que no tergiverse la realidad lingüística de Catalunya para convertirla en una arma política contra el Gobierno español y las instituciones catalanas.

Y ahora ¡Las balanzas salariales! La UGT catalana calcula que el obrero extremeño le roba exactamente 23 euros al catalán
http://nacionalismodeandarporcasa.blogspot.com  5 Septiembre 2008

“Cuando el obrero extremeño explota al obrero catalán (…)

El dirigente de UGT Josep María Alvarez, secretario general del sindicato socialista en Cataluña, ofrecía en el diario Público sus cálculos para demostrar la explotación del obrero catalán por parte del obrero extremeño.

Según Alvarez (Josep), la prueba de esta nueva forma de opresión reside en las balanzas fiscales. Y el procedimiento que propone para calcular la cantidad exacta de expolio obrero es, por lo menos, pintoresco:

“Es el resultado de aplicar al salario medio de cada comunidad el Indice Regional de Precios Relativos y, posteriormente, sumarle el denominado Fondo de Suficiencia.”

Agítense los parámetros indicados y sírvase una ración de secesionismo que asciende a la bonita suma de 23 euros. Esa es la cantidad, según Alvarez, que pilla el obrero explotador extremeño de su camarada catalán.

De acuerdo con cálculos elaborados de manera tan peculiar, el esforzado obrero catalán cobra cuatro mil pesetas menos que el extremeño y muchas menos que los de Cantabria, Aragón, Castilla y León, Asturias y, por supuesto, Madrid. El obrero madrileño, como no podía ser de otro modo, es el que más dinero le quita al obrero catalán.

Por si cabían dudas acerca de cuál es la finalidad de toda esta basura étnica, el secretario general de UGT en Cataluña añade:

“La desafección [de España] de la que habla el presidente [Montilla] no es una premonición. Podemos afirmar, sin equivocarnos, que es un sentimiento constatable que crece a buen ritmo, y que se ampara en la percepción ampliamente compartida de que tan sólo formamos parte de España en términos fiscales.

“Si Catalunya no logra los instrumentos y los recursos financieros suficientes para afrontar con éxito nuestros propios retos de crecimiento como país, la distancia será mucho más que 23 euros” (el texto completo puede leerse en Josep María Álvarez: Valor sindical: 23 euros, o en http://www.josepmariaalvarez.org/blog/?p=67

(…) Los vericuetos a través de los cuales la izquierda española ha terminado defendiendo lo mismo que personajes tan reaccionarios como Pujol y Carod resultan tan insólitos como variados. En otros tiempos el PSUC se esmeró en la tarea de hacerles tragar a los trabajadores catalanes el nacionalismo.” ( Bye, bye, España, 09/06/2008 )

Y ahora la UGT quiere que traguen que los obreros catalanes son explotados por los obreros extremeños... y no por los empresarios (catalanes, alemanes, madrileños etc.).

La “lógica (matemática) de los ricos” adoptada por los sindicalistas ¡de UGT! ¡Cousas veredes!

Ese cálculo macarrónico es el que también podrían hacer los obreros “santacruceños” bolivianos respecto a los del altiplano boliviano, los de New York respecto a los de Nuevo México, los de París respecto a los de Bretaña, los de Barcelona (incluido Cornellá) respecto a los de Lugo; los de cualquier ciudad, respecto a cualquier campesino; los de cualquier registrador de la propiedad respecto a cualquier reponedor de supermercado; los empleados del Corte Inglés catalán respecto a los del Corte Inglés andaluz; los inmigrantes que trabajan en los invernaderos murcianos, respecto a los inmigrantes que trabajan en la manzana leridana.

¿Y si ese cálculo lo hace el sr. Botín, desde Cantabria? ¿Le deberían dinero a él los obreros catalanes, o le debe sólo 23 euros a los trabajadores (catalanes)?

¿Y cuánto dinero le deberán los de la UGT gallega a los de la UGT catalana?

¿Le tendrá que devolver Hacienda a los obreros catalanes esos 23 euros? ¿Se los cargará a los obreros extremeños?

¿Qué dirán los sindicalistas suecos de éstos cálculos? Que pasaría si los aplicáramos (macarrónicamente) a nivel europeo ¿Los obreros catalanes le deberían dinero a los alemanes?

Vamos, que los derechos se pueden cambiar por unos cálculos siguiendo la matemática de los ricos... la de las medidas impositivas de Bush.

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