AGLI

Recortes de Prensa    Martes 9 Septiembre 2008

Trucos contra la coacción
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 9 Septiembre 2008

La verdad es que la noticia me ha pillado totalmente fuera de juego. No sabía que se podían hacer ciertas cosas para evitar la coacción lingüística y que un colegio español podía estar bajo el amparo legal de los Estados Unidos, sin tener que depender de la política coactiva de la Xunta de Galicia, la Generalidad de Cataluña o el Gobierno Vasco.

El pionero ha sido un colegio de Vigo, O Castro International School of Vigo, al recurrir a la reglamentación norteamericana de la enseñanza, pues de este modo podrá impartir más clases en español como centro bilingüe inglés-español que como colegio gallego. Como colegio español estaría obligado a aplicar el Decreto de Normalización Lingüística impuesto por la Xunta de Galicia que establece la educación obligatoria en gallego, sin que los padres ni los alumnos tengan la más mínima libertad de elegir idioma.

Pero al acogerse al sistema norteamericano, concretamente a la Middle States Association of Colleges and Schools, será esta federación de escuelas privadas norteamericanas la que supervise los contenidos educativos, la idoneidad del personal docente y los exámenes de los alumnos. De esta forma, el colegio vigués podrá evitar la inquisición lingüística llevada a cabo por los inspectores de la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia.

Espero que tengan éxito en su original iniciativa. De momento tienen lista de espera:

Estimados padres/madres.
El día 12 de Febrero martes a las 19 horas, tendremos una reunión en el hotel "Los Galeones" (Avda. de Madrid, 21) con un doble objetivo:

Profundizar en aspectos que no hayan quedado claros el día de la presentación del nuevo colegio.
Responder a las muchas preguntas que me estáis haciendo llegar de forma individualizada.

Os anticipamos las gracias por vuestra asistencia.
La Directora

PD: Debido a las numerosas solicitudes que nos están llegando para 2º curso de primaria, se creara una lista de espera.

Mi más entusiasta enhorabuena al equipo directivo de O Castro International School of Vigo que han encontrado una fórmula que tal vez en el futuro se animen a seguir otros centros escolares, aunque lo ideal sería que el Parlamento de Galicia derogase la Ley de Normalización Lingüística de 1983 y la sustituyese por otra más democrática que respete la libertad de idioma de los ciudadanos de una comunidad bilingüe.

Eso sería democracia, lo demás es imposición coactiva.

«Si un niño pide pan, agua o pis en castellano, hay que ignorarlo»
 Periodista Digital  9 Septiembre 2008

La imposición del catalán en los centros educativos de Cataluña traspasa los límites de las aulas. La Consejería de Educación de la Generalitat, a través de directores, profesores y personal de servicio, interviene en los patios, los comedores, las actividades extraescolares y en el ámbito familiar. No son incidentes aislados. Es una estrategia para imponer el catalán como lengua habitual fuera del horario lectivo. El fervor de unos y el temor de otros permite que niños de 6 años vean afeada su conducta por pedir hacer pis en castellano.

Como en cualquier sistema de dominación en el que los cómplices pasivos son necesarios, la inmersión lingüística en Cataluña requiere de colaboradores tácitos que ejecuten las reglas que emanan de la Consejería de Educación de la Generalitat. Sara Burgos estaba llamada a engrosar esas filas pero ha roto la cadena de órdenes y el manto de silencio que cubre la implantación del catalán en las escuelas y en la sociedad catalana, informa hoy El Mundo.

Para el Colegi de Educació Infantil i Primaria Gayarre, en el barrio de Sants de Barcelona, su rebelión no es baladí. La insubordinación de Sara, monitora de comedor de 22 años de edad, representa, a juicio de sus superiores, una amenaza para los cimientos de la política lingüística de la Generalitat.

Su acción de sabotaje: contestar en su idioma a los niños de Primero de Primaria -de 6 años- que le solicitaban permiso en castellano para hacer pis o reclamar algo más de pan o agua en la comida.

Sara Burgos es natural de Barcelona y vive en la cercana localidad de Santa Susana, en la comarca del Maresme. Aunque su lengua materna es el castellano, habla perfectamente catalán. «Cuando comencé a estudiar, siempre en colegio público, acababa de ponerse en marcha la enseñanza en catalán, así que lo hablo sin problemas. Quien se dirige a mí en catalán le contesto en ese idioma y si me hablan en español, cambio con naturalidad. No recuerdo que nadie en mi infancia me prohibiera hablar en castellano».

«Hay críos ecuatorianos, incluso un chico de seis años con una edad mental de tres, con problemas de desarrollo y dificultades en el habla, que tiene el castellano como lengua materna y una necesidad muy fuerte de que le hablen en su idioma. También debía contestarle que no le entendía cuando se dirigiera a mí en español».

Tras las vacaciones, Sara Burgos ha vuelto a trabajar, pero ha puesto una condición: que no sea en el CEIP Gayarre. Cuando ella no esté, los niños de Primaria tendrán que aprender a decir pis en catalán si no quieren volver a casa con los pantalones mojados.

Disciplina férrea más allá del aula
Los colegios en Cataluña se rigen por la Ley de Inmersión Lingüística y por las resoluciones 1 de julio de 2005 de la Generalitat «para la organización y el funcionamiento de centros docentes». En ellas se confiere a los colegios actuaciones que trascienden el ámbito escolar, como el fomento de agrupaciones de alumnos fuera del centro con el fin de favorecer «las interacciones comunicativas para mejorar el aprendizaje y el uso de la lengua catalana».

Además, su plan de actuaciones incluye:
- Consolidar la lengua catalana y el aranés, si fuera en caso, como eje vertebrador de un proyecto plurilingüe.

- El proyecto lingüístico debe garantizar un tratamiento de las lenguas que dé respuesta a las necesidades reales de todo el alumnado, velando por el uso del catalán como vehículo de enseñanza y aprendizaje y como lengua de relación en todos los ámbitos.

- La programación general del centro ha de incluir objetivos y actuaciones que garanticen el uso de la lengua catalana entre los miembros de la comunidad educativa.

- Utilizar la lengua catalana como lengua propia de Cataluña, y el aranés en el Valle de Arán, normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en todas las actividades internas y externas de la comunidad educativa.

- Establecer pautas de uso lingüístico favorables a la lengua catalana para todos los miembros de la comunidad educativa y garantizar que todas las actividades y las comunicaciones entre el centro y el entorno sean en lengua catalana, sin perjuicio de que se arbitren medidas de traducción en el periodo de acogida de las familias de alumnos recién llegados.

El inicio del curso | La reforma lingüística
Los colegios podrán perder las subvenciones si no logran euskaldunizar a sus alumnos
Educación plantea que los alumnos de centros públicos que incumplan el nivel de bilingüismo exigido puedan cambiar de escuela
MARTA FDEZ. VALLEJO BILBAO 9 Septiembre 2008

m.f.vallejo@diario-elcorreo.com
Los colegios que no logren los objetivos lingüísticos que pretende establecer el Departamento de Educación podrán perder las subvenciones económicas que reciben del Gobierno vasco. Esa posibilidad figura en uno de los artículos del proyecto de ley marco de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas oficiales y extranjeras de Euskadi, diseñado por la consejería en manos de EA y que su máximo responsable, Tontxu Campos, presenta durante estos días a partidos políticos, sindicatos y agentes educativos. Los centros concertados acogen a más de la mitad de los alumnos de la comunidad. El Ejecutivo autónomo les financia casi un 70% de sus presupuestos. Sin ese dinero no serían viables.

En concreto, la propuesta indica que si una escuela incumple el nivel de euskera que quiere fijar el Gobierno vasco, esa situación acarreará la «pérdida de prioridad» para acceder a la concertación económica. La Administración dedica 500 millones de euros anuales a más de 350 colegios privados.

El proyecto, aún pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno y al que ha puesto objeciones el PNV, también marca los límites del juego a la escuela pública. Así, establece que los padres cuyos hijos acudan a colegios de ese tipo que no logren euskaldunizar a los alumnos tendrán derecho a pedir el traslado de matrícula a otro centro que sí cumpla los objetivos, aunque no les corresponda por lugar de residencia o baremos.

La pérdida de la subvención por no lograr las metas de bilingüismo es un temor que planea desde hace tiempo sobre la red concertada. De hecho, es uno de los argumentos que emplean algunos centros para justificar ante los padres la eliminación del modelo A. El plan de financiación del sistema de enseñanza que prepara el departamento -otro de sus proyectos en estudio- ya apuntaba la posibilidad de condicionar el dinero que recibe una escuela al servicio que presta, en atención a la inmigración o necesidades especiales, y los objetivos que cumple, entre ellos los lingüísticos.

Niveles
El proyecto de ley que trata de sacar adelante la consejería de Campos detalla que los escolares deberán hablar y escribir correctamente en euskera y castellano al finalizar la Secundaria, con 16 años. En la situación actual sólo las ikastolas, y no todas, podrían superar las pruebas en lengua vasca. Los últimos exámenes realizados por el Instituto Vasco de Evaluación dejaron claro el punto del que parte cada sector: apenas dos tercios de los estudiantes del modelo D, en euskera, y un tercio de los del B, bilingüe, demostraron un nivel suficiente al finalizar la Secundaria. Colegios concertados con modelos B, o incluso líneas D que acogen alumnos de familias y zonas castellanoparlantes, tendrían que reforzar la euskaldunización si la reforma se aprueba y quieren sobrevivir.

La norma que impulsa el departamento de EA marca a los colegios un mínimo de un 60% de asignaturas en euskera, y les deja autonomía para distribuir el 40% restante entre castellano e inglés. Educación considera que ese 60% es el porcentaje mínimo para que una escuela logre formar alumnos bilingües, después de la «experiencia acumulada en estos 25 años de funcionamiento de los modelos».

Campos volvió a argumentar ayer su teoría sobre la necesidad de la reforma lingüística durante la presentación del nuevo curso en la escuela Gorondagane, de Sondika. «El objetivo es que los alumnos lleguen a ser bilingües, tal y como establecen la Ley de Normalización del Uso del Euskera y la Ley de la Escuela Pública Vasca», dijo. En caso contrario, «habría que cambiar las leyes, y creo que nadie quiere modificar la legislación». AL consejero le cuesta entender que «alguien plantee poner en marcha un sistema que no ha funcionado», en clara referencia a populares y socialistas, que apuestan por porcentajes para euskera cercanos al 25%.

El responsable de EA señaló que, siempre que se parta del objetivo de lograr el bilingüismo, mantendrá «una voluntad negociadora», y que está dispuesto a «discutir todos los puntos de la reforma». Expresó su propósito de alcanzar un consenso amplio para que, cuando la ley llegue al Parlamento, «su tramitación no tenga dificultades».

¿Problemas Linguisticos ?
Cartas al Director Mara Gonzalez Galvache La Voz 9 Septiembre 2008

Algunos lectores expresan y defienden en Cartas al Director sus particulares opiniones sobre la panorámica lingüística que se vive en Galicia como consecuencia de las normas impositivas que se han hecho y se hacen para convertir el gallego en lengua única y común de todos los que vivimos en esta región.

A mi, respetando aunque no compartiendo algunas de esas opiniones, me gustaría por medio de esta carta poner de manifiesto las incongruencias que muchas de esas quejas expresan, cuando por defender a un determinado idioma se descalifica y atenta contra el universal idioma común y oficial de España, el castellano.

La mayoría de las opiniones que reivindican que el gallego por el hecho de vivir en Galicia, debe usarse regular y cotidianamente tanto en la calle como en la escuela por ser el castellano una lengua ajena para ellos, demuestran una profunda ceguera y un claro y radical partidismo.

En Galicia no había problemas. Usábamos el gallego en libertad. Lo aprendíamos por cariño y estábamos orgullosos de ser gallegos, hablando en gallego. Pero desde el momento en que alguien pretende quitar esa libertad imponiendo, discriminando, denunciando y alterando el curso de esa espontaneidad, crea problemas donde no los había. Se puede defender y promocionar el idioma sin violentar a nadie y mucho menos negando las evidencias que el Club Financiero ha puesto de manifiesto.

Llegar a tildar de burdas mentiras y de manipulaciones los problemas que los directivos del Club Financiero de Vigo han puesto de manifiesto en su informe, es un atrevido intento de querer esconder y negar las evidencias y deseos de la sociedad gallega ajena a las políticas lingüísticas que otros le imponen . La repetida queja de que aquí, la prensa, la radio, la TV y la inmensa mayoría de las publicaciones literarias o no utilizan el castellano no es más que la demostración de lo que el pueblo quiere.

La descalificación permanente que se practica contra quienes se sienten españoles, en Galicia y en toda España, tildando de nacionalistas lingüísticos y fascistas a quienes firmaron el ?Manifiesto por la lengua común ?, o de odiosos enemigos de la lengua gallega a quienes piensan distinto a ellos, más bien exterioriza quien es él que más que nadie miente y manipula la realidad por un visceral odio al castellano, idioma común, propio y oficial de Galicia y de todos los españoles.

No hay la menor excusa para no reconocer que el gallego pueda ser la lengua propia y muy respetable de una cierta parte de los ciudadanos gallegos, lo cual no significa, como la propia sociedad demuestra, que el gallego sea la lengua común de todos los gallegos. Sin duda ese es el objetivo que se quiere conseguir con las políticas impositivas que los radicales nacionalistas de la Xunta promueven.

El problema es el de siempre, temor a la libertad y no respetarla. Con torcidos argumentos y falsas afirmaciones se niega la libertad de los ciudadanos para elegir, y al mismo tiempo se pretende erradicar lo que la Constitución dispone, pues de acuerdo con ella yo puedo y tengo el derecho para ?desenvolverme como monolingüe en castellano en toda España y nada ni nadie puede forzarme u obligarme a ser monolingüe gallego en Galicia?, quien quiera hacerlo es muy libre de serlo, nadie se lo impide, aunque es absurdo ir contracorriente.

Un paso más en la política abiertamente racista y xenófoba de la Generalitat catalana
Redacción Bilbao Minuto Digital 9 Septiembre 2008

Un paso más en la política abiertamente racista y xenófoba de la Generalitat catalana. La próxima campaña del Departamento de Política Lingüística de la Generalitat, dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno catalán, tendrá por objetivo convencer a los catalanoparlantes de que no deben cambiar de lengua cuando alguien que viva en Cataluña se les dirija en castellano. Así lo explicó el propio vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, que, sin embargo, no dejó claro en su explicación si el catalanoparlante sólo deberá aplicar esta política con los que vivan en Cataluña o con los que estén circunstancialmente en la Comunidad: “El mejor gesto de educación que puedes tener hacia alguien de fuera es tratarlo como alguien que quiere ser de dentro”.

Para el vicepresidente de la Generalitat, de cuya Consellería depende el Departamento de Política Lingüística que pondrá en marcha la campaña mencionada, no utilizar el catalán con las personas que aún no lo hablan es poner “una barrera” a esas personas y “así, no lo hablarán nunca”. Carod-Rovira cree que los catalanoparlantes no deberían cambiar su lengua a la hora de responder o dirigirse hacia alguien que habla en castellano y, de esta forma, realizar un cambio “con simpatía, con habilidad y mano izquierda”.

“No son las lenguas las que salvan a los países, sino al revés”, proclamó el vicepresidente de la Generalitat, al tiempo que sentenció que “el mejor gesto de buena educación y de respeto que puedes tener hacia alguien de fuera es tratarlo como alguien que quiere ser de dentro”. “Y a los de dentro ya se les habla en catalán”, añadió, sin dejar del todo claro si los catalanoparlantes deben utilizar esa política lingüística sólo con los ciudadanos que sean de Cataluña o también con los que están de paso en la Comunidad.

En esta línea, Carod-Rovira destacó la importancia de la despolitización de las lenguas para que puedan sobrevivir, y afirmó también que con el uso del catalán “se es a veces demasiado fuerte y contundente con los más débiles, con los que acaban de llegar”, mientras que se adopta una actitud contraria con “los más fuertes”. Por ello defendió la necesidad de dar a los inmigrantes la posibilidad de que se puedan hablar el catalán “y poco a poco lo irán mejorando”. “Es evidente que al principio lo hablarán mal, pero más vale hablarlo mal que no hablarlo”, recalcó.

Del mismo modo, el vicepresidente de la Generalitat consideró que a los catalanoparlantes se les debe pedir que hablen “con propiedad” su lengua, considerando que quienes más responsabilidad tienen en este sentido son los escritores, los periodistas y los políticos. “Hay políticos catalanes que, si en vez de ser catalanes fueran franceses, la Asamblea Nacional ya les habría aplicado un correctivo absoluto”, subrayó Carod-Rovira, quien tuvo que dejar claro que con estas declaraciones no se refería al presidente de la Generalitat, José Montilla, muy criticado por ciertos sectores en sus primeros días como jefe del Ejecutivo por su bajo nivel de catalán.

A juicio de Carod-Rovira, el president de la Generalitat tiene un nivel de catalán “bastante superior” si se compara con la media de políticos catalanes “entre otras cosas porque lo estudia cada semana”, aseveró. “Si su lengua originaria no es el catalán, lo que debes esperar de Montilla es que hable el catalán con corrección, y el catalán con corrección el presidente lo habla”, concluyó.

La Generalitat insta a sus ciudadanos a responder a los españoles en catalán
Carod propone por medio de una campaña que el cambio se haga «con simpatía»
Suma y sigue. Desde el tripartito se asegura que hablar en catalán a cualquier persona es de «buena educación».
J. Planes La Razón 9 Septiembre 2008

Barcelona- El Govern sigue adelante con su campaña para favorecer el catalán en detrimento del castellano, y la nueva demostración es el anuncio de ayer del vicepresidente del Ejecutivo catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, quien señaló que el departamento de Política Lingüística -que depende de su Consejería-, iniciará en breve una campaña dirigida a los catalanohablantes, invitándoles a no cambiar de lengua cuando alguien que viva en Cataluña se les dirija en castellano.

El cambio de lengua de los catalanohablantes es un asunto recurrente dentro del debate lingüístico de Cataluña, casi siempre en clave de victimismo. Dentro del catalanismo, existen unas corrientes que abogan por no cambiar nunca de idioma, y parece ser que Carod ha cogido su testigo.

El dirigente republicano señaló que «el mejor gesto de buena educación y de respeto que puedes tener hacia alguien de fuera es tratarlo como alguien que quiere ser de dentro, y a los de dentro ya se les habla en catalán».

Para Carod, no utilizar el catalán con las personas que aún no lo hablan es poner «una barrera, y así no lo hablarán nunca». Este cambio, en su opinión, debe hacerse con «simpatía, con habilidad y mano izquierda. No son las lenguas las que salvan a los países, sino al revés», añadió. Destacó que es fundamental la despolitización de las lenguas para que puedan sobrevivir, y afirmó también que con el uso del catalán «se es a veces demasiado fuerte con los más débiles, con los que acaban de llegar», mientras que se adopta la actitud contraria con «los más fuertes».

Pero hay más. La Consejería de Agricultura invertirá 300.000 euros en un acuerdo con la cadena Caprabo para llevar a cabo una campaña del 20 por ciento de descuento de los productos catalanes que se vendan en estos supermercados.

Otro funeral por Montesquieu
Si la pérdida de independencia del poder judicial, que indefectiblemente conlleva la designación política de sus miembros, merma la calidad de cualquier democracia, en el caso de España está, además, haciendo peligrar su misma existencia como nación
EDITORIAL Libertad Digital 9 Septiembre 2008

PSOE y PP han llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y el resultado es el que cabía esperar de un sistema en el que el poder legislativo nombra a los miembros del poder judicial: un órgano de gobierno de los jueces que refuerza su perfil político en detrimento de esa separación de poderes que cabría esperar de un Estado de Derecho digno de ese nombre.

Por mucho que el portavoz del todavía vigente CGPJ, Enrique López, nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino al destacar el carácter "técnico y profesional" del nuevo Consejo, basta echar un vistazo a las trayectorias de muchos de sus nuevos vocales para llegar a la conclusión de que su carácter político, cuanto menos, se consolida. Ahí está el caso de Margarita Robles, ex secretaria de Estado con el PSOE y premiada muy meritoriamente por la Fundación Sabino Arana, o de Fernando de la Rosa, consejero autonómico del PP. ¿Y qué decir de Ramón Camp, ex portavoz de CiU en el Senado, vicepresidente del Parlamento de Cataluña y entusiasta redactor del soberanista Estatuto de Cataluña? Eso, por no hablar de la ex diputada del PNV Margarita Uría.

Por otra parte, aunque el hecho de estar afiliado a alguna de las asociaciones judiciales no tenga que significar necesariamente falta de independencia o de meritos profesionales, también cabe destacar que no haya ni un solo vocal no afiliado entre los jueces, a pesar de que estos representan casi el 50 por ciento de la carrera. Además, el nuevo Consejo ni siquiera refleja el peso relativo de las diferentes asociaciones. Así, la claramente mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura sólo tiene un vocal más que la minoritaria y, eso sí, muy "progresista" Asociación de Jueces para la Democracia, que tiene cuatro vocales. La asociación Francisco de Vitoria, a pesar de ser la segunda por número de afiliados, cuenta con un solo vocal.

Con todo, y tal y como señalábamos al principio, nada alienta más la politización de la Justicia que el sistema de elección que, desde los tiempos de González y bajo la proclama guerrista de "Montesquieu ha muerto", merma de manera decisiva la independencia del poder judicial. Por mucho que fuera el PSOE el que matara políticamente al célebre defensor de la división de poderes, lo cierto es que el PP, desde entonces, no ha hecho más que colaborar en el entierro. Así, la promesa del PP de Aznar de restablecer el sistema de elección de los órganos judiciales a cargo de los propios jueces, fue primero aparcada con la excusa de falta de apoyos, para luego ser olvidada una vez que se obtuvo la mayoría absoluta.

Ahora, tras el nuevo apaño, algunos en el PP se querrán consolar con el hecho de que sus nueve vocales elegidos les aseguran una minoría de bloqueo que hará imprescindible su acuerdo para las decisiones más importantes, en las que se requiere una mayoría de tres quintos. Sin embargo, no es esto a lo que el pensamiento constitucionalista se refería al abogar por un sistema de "frenos y contrapesos" al poder. La independencia del poder judicial es mucho más garantía y salvaguarda de los derechos constitucionales que la necesidad de acuerdos coyunturales a los que puedan llegar los distintos intereses partidistas para designar a los miembros de los órganos judiciales.

Si la pérdida de independencia del poder judicial, que indefectiblemente conlleva la designación no vitalicia de sus miembros por parte del poder legislativo, merma la calidad de cualquier democracia, en el caso de España está, además, haciendo peligrar su misma existencia como nación. Así, la consentida realidad de que no se pueda estudiar en español en muchas partes de España, o la posibilidad de que un Estatuto soberanista quiebre la unidad de España como nación y como Estado de Derecho, son factibles por culpa de una designación política de los miembros que conforman el poder judicial.

En cualquier caso, y a la espera de la pendiente renovación del Tribunal Constitucional, esperemos que este funeral por Montesquieu, esta subordinación de los jueces al poder político, no termine con el tiempo por ser el funeral de España.

Escándalo judicial
Daniel Martín Estrella Digital 9 Septiembre 2008

El PP y el PSOE han elegido, con la minoritaria aportación de PNV y CiU, a los futuros miembros del Consejo General del Poder Judicial. En reuniones privadas, como mafiosos evitando los micrófonos y las miradas del FBI. Han hecho en secreto lo que es conocido por todos. Se han repartido el botín judicial y lo han anunciado a bombo y platillo porque han alcanzado un acuerdo con dos años de retraso. ¿Ya ni siquiera intentan camuflar que el Estado tiene tres poderes independientes entre sí? Todo es uno, y ese uno está controlado no por un poder sino por los propios partidos políticos.

Lo escandaloso del caso no es que haya un retraso sustancial ni que la decisión se haya tomado sin luz y taquígrafos. En este país estamos acostumbrados a que todo funcione tarde y chapuceramente. Ni siquiera es escandaloso que los partidos políticos apenas disimulen el control que tienen de los tres poderes del Estado. Nuestra Constitución así nos hace funcionar, y el pluralismo político del artículo 1 hace tanto daño como el Título VIII. Son más importantes los partidos que los ciudadanos.

Lo auténticamente escandaloso es que durante dos años hemos asistido a este patético espectáculo y nadie ha movido un dedo. Los partidos políticos son los que mandan, y antes deciden las oficinas de Ferraz y Génova que nuestros falsos representantes del Congreso o del Senado. El presidente del Gobierno vive en el palacio de la Moncloa pero su fuerza reside en la sede de su partido. Y el tema judicial es el más triste de todos, porque este poder es el que debería controlar los desmanes de gobernantes y parlamentarios.

Así, aunque titule este artículo “Escándalo judicial”, lo realmente escandaloso es la molicie social española. En ningún país del mundo civilizado existe tamaña y tan aceptada promiscuidad entre los poderes políticos. Que nadie se engañe: esto no es una democracia porque, antes que los ciudadanos, mandan y gobiernan los partidos políticos. Lo que me entristece es que andemos todos tan satisfechos y demos esta noticia sin la crítica feroz que se merece, como si fuera bueno, justo o necesario.

Para que una democracia lo sea, es indispensable que exista un sistema educativo que construya ciudadanos y que los tres poderes del Estado, judicial, ejecutivo y legislativo, estén claramente diferenciados, sin injerencias de ninguno en los otros dos. Lo de la Educación es un caso perdido y, por consiguiente, lo otro es mera utopía. A efectos prácticos, Montesquieu tiene, hoy día, menos valor que Batman o Superman.

Por otra parte, tampoco podemos elegir a nuestros representantes en el Congreso. Ya digo que, sin disimular, se han reunido los del PP y PSOE para repartirse el gobierno de los jueces sin que ningún diputado haya dicho ni mu. Ahí están, cobrando sus sueldos, sin recordar quizás a qué circunscripción representan. Lo importante son las siglas de su partido y no decir nada, no vaya a ser que pierdan su empleo.

Poco más hay que decir. El PSOE hizo que la Justicia perdiera su independencia con la ley de 1985. Desde entonces, sólo Aznar prometió, que no cumplió, una renovación del poder judicial para hacerlo independiente. Y el poder judicial, el único realmente activo —el Ejecutivo no se diferencia del partido de turno y el legislativo existe como engaño institucional—, no deja de dar escándalos porque sus sentencias están manchadas con la sospecha desde que salen a la luz. Supremo y Constitucional también son elegidos por los partidos, y así nunca se sabe hasta qué punto cualquier sentencia es imparcial.

Lo más alucinante de todo es que aquí seguimos como si no pasara nada. Luego se extrañan los políticos cuando las encuestas dicen que el pueblo español pasa de política. Ya que no tiene la solidez ni la fuerza necesarias para tomar medidas contra los que nos mangonean, lo lógico es que se desentienda de este engaño continuado. Lincoln decía que es imposible engañar a todo el mundo todo el tiempo. La cuestión es qué narices pasa cuando a todo el mundo le da igual que le engañen o no. Como escribe Salvador Monsalud, es trágico que el escándalo se convierta en lo cotidiano.

dmago2003@yahoo.es

El PSOE y el PP politizan aún más el Poder Judicial: sólo uno de los 20 nuevos vocales del CGPJ es 'neutral'
José L. Lobo El Confidencial 9 Septiembre 2008

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) será aún más dependiente del poder político que el actual, ya que los dos partidos mayoritarios se han repartido casi a partes iguales el control del órgano de gobierno de los jueces. Tras el acuerdo alcanzado ayer por el PSOE y el PP para la renovación del CGPJ, tan sólo uno de sus 20 vocales puede considerarse neutral, es decir, ajeno a socialistas y populares o no adscrito a ninguna de las dos asociaciones judiciales afines a ambos partidos.

Tras meses de intensas negociaciones, el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, y la del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, cerraron ayer el pacto para la renovación total del CGPJ, que se mantenía en funciones desde hace casi dos años precisamente por la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos. De los 20 vocales designados -cuyo nombramiento deberá ser ratificado la próxima semana por el Parlamento-, nueve han sido propuestos por el PSOE y otros nueve por el PP, mientras que los dos restantes se los reparten CiU y el PNV.

La afinidad política de los nuevos miembros del CGPJ está fuera de toda duda: todos los vocales propuestos por el PSOE pertenecen a la asociación Jueces para la Democracia (JpD), de tendencia progresista y muy próxima a los socialistas, o bien se mueven en la órbita del partido; mientras que los candidatos del PP son miembros de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), notoriamente vinculada a los populares, o bien no ocultan sus simpatías hacia esta formación. Sin embargo, la Asociación Francisco de Vitoria (AFV), de corte moderado y equidistante de los dos grandes partidos, sólo ha logrado colar a uno de sus afiliados en la lista, a pesar de que es el segundo colectivo judicial en número de asociados, sólo por detrás de la APM. Se trata de Manuel Torres Vela, de 52 años, presidente de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Málaga.

Pero aún llama más la atención que ni un solo juez o magistrado no asociado, es decir, independiente de las tres grandes asociaciones del gremio, haya sido incluido por el PSOE y el PP en la lista. Sobre todo teniendo en cuenta que los no adscritos, que habían presentado cuatro candidatos, representan casi la mitad de los aproximadamente 4.200 jueces que ejercen en España. El actual CGPJ sí cuenta en sus filas con tres vocales no asociados: Agustín Azparren, José Merino y Juan Carlos Campo.

"Es un fraude de ley y un desprecio a la independencia del Poder Judicial", se lamentaba ayer Lorenzo del Río, portavoz de la AFV, tras conocer el acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP, fruto del pacto institucional que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy sellaron durante su encuentro en La Moncloa el pasado mes de julio. "Lo que han hecho el PSOE y el PP es vergonzoso, porque la elección de los vocales debe hacerse con criterios de proporcionalidad y representatividad social. Es una afrenta a la sociedad y a la configuración constitucional del Consejo. ¿Dónde quedan las promesas de los dos grandes partidos de impulsar un Poder Judicial menos politizado y no dividido en dos bloques antagónicos? ¿Para esto hemos esperado dos años con un Consejo en funciones?", se preguntaba el portavoz de la AFV.

Afinidad partidista
Alonso y Sáenz de Santamaría coincidieron ayer en destacar el "perfil profesional y técnico" de los 20 vocales. El portavoz del PSOE aseguró que la composición del nuevo CGPJ introduce "estabilidad" en una institución que había sufrido un importante "desgaste", y su colega del PP resaltó el "equilibrio" de los candidatos. Sin embargo, uno y otro pasaron por alto la afinidad partidista de prácticamente todos los jueces y magistrados propuestos. "Nadie discute la profesionalidad de los nuevos vocales, pero llama poderosamente la atención que en la lista no haya un solo juez o magistrado no afiliado", señalaba ayer a El Confidencial uno de los miembros del actual CGPJ.

Para ilustrar la dudosa imparcialidad de los vocales propuestos por los dos partidos mayoritarios bastan algunas muestras. El PSOE, por ejemplo, ha incluido en la lista a Margarita Robles, que fue primero subsecretaria del Ministerio de Justicia y más tarde secretaria de Estado de Interior en el último Gobierno de Felipe González; o al abogado y catedrático de Derecho Penal José Manuel Gómez Benítez, que ha defendido al PSOE en numerosas causas políticas, entre ellas la querella presentada contra los tránsfugas socialistas de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.

En el PP, por su parte, destaca la designación de Concepción Espejel, presidenta de la Audiencia de Guadalajara, que ha jugado un papel determinante a la hora de sentar en el banquillo a varios altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha por el incendio ocurrido en Guadalajara en 2005, en el que murieron 11 personas; o la de Gemma Gallego, jueza instructora del llamado caso del ácido bórico, por el que fueron procesados varios policías, luego absueltos, que fueron víctimas de la fallida hipótesis que vinculaba a ETA con los atentados terroristas del 11-M; o la de Fernando de Rosa, actual consejero de Justicia en la Generalitat valenciana.

Partidista neutralidad, parcial imparcialidad y veraz mendacidad.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 9 Septiembre 2008

Tras el trapicheo entre el PSOE, PP, PNV y CiU para colocar en el CGPJ a sus seguidores complacientes, han salido los voceros del socialismo nacional Bermejo y Alonso a correr la voz de que con los digitalizados para el órgano de los jueces reinaría la imparcialidad y la neutralidad. Oí a una mandamasa del PP. Soraya creo, en una radio haciendo declaraciones en el mismo sentido. Echando mano de las enseñanzas de ese gran filósofo patrio, Chiquito de la Calzada, podría decir de estos tales, aunque sin el gracejo del filósofo, que “excusatio non petita, accusatio manifesta”. Que gran razón lleva Chiquito, que tengan que salir diciendo que los nombrados por los partidos van a ser neutrales e imparciales indica que saben que sabemos que serán parciales y obedientes cumplidores de los dictados de quienes les encumbran a tan altos puestos. Dicho de otro modo, miente Alonso, miente Bermejo y miente Soraya, y ya se sabe que los políticos que mienten unidos se sienten mas compadres y dispuestos a nuevos compadreos. Ya les falta menos a los del PP para que sean admitidos en los aledaños del redil socialista.

Aviados vamos con una justicia gobernada por quienes son tan neutrales e imparciales que ni en Laponia se lo creen. No obstante aun peores son las carencias aritméticas de El País, que aunque despotrica contra el montaje de parcialidad partidista en los nombramientos, no sabe sacar las cuentas y publica un artículo que titula “El PSOE y el PP se aseguran el control del nuevo Consejo del Poder Judicial” dando a entender que se crea una paridad controladora entre ambos quedando El País bastante mal al decirnos que 9 + 2 = 9.

Es triste, tristísimo, ver lo que la LOGSE ha llegado a provocar, El País ya no sabe ni sumar y menos reconocer desigualdades aritméticas. Si el PSOE tiene 9 de los suyos en la cosa, y los nacionalistas vascos y catalanes 2 eso suman 11, ya que sabemos positivamente que, salvo que deje de soltarles Zapatero la pasta gansa, votarán con el PSOE, lo que hace que el PP no tenga el control por más que se empeñe El País y haya algún mecanismo de veto. Pero es que al parecer queda feo hoy decir que el PSOE se asegura el control del nuevo CGPJ.

La ventaja que siempre ha tenido el control político del órgano ese es que sabemos con absoluta seguridad qué decidirá, en los casos que estén politizados aunque sea someramente, días antes de que decida y eso si que es seguridad jurídica y no lo que se entendía antes por tal.

Como decía mi abuelo, un país sin justicia imparcial y neutral no es un país sino el cortijo de algunos. Y si el órgano que decide el futuro profesional de los jueces que juzgan es partidista, ya se sabe que tiene que hacer un juez que quiera ascender y sin que nadie se lo tenga que decir, cosa esta harto maravillosa para quienes han montado el montaje del tinglado este en plan martingala.

PSOE y PP: igualados en vergüenza antidemocrática
Francisco Rubiales Periodista Digital 9 Septiembre 2008

El PSOE y el PP han culminado una "fechoría" contra la democracia al acordar un reparto de poder en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces. La medida iguala a los dos grandes partidos políticos españoles en antidemocracia y viola el que quizás sea el más sagrado e imprescindible principio del sistema democrático: la independencia de los poderes básicos del Estado y, sobre todo, de la Justicia.

La renovación del órgano de gobierno de jueces y magistrados ha representado una larga negociación con mucho chalaneo, sobredosis de descaro y demasiada decepción para los demócratas, que no necesitaban esta nueva prueba para asumir con plenitud que la democracia ya ha sido asesinada en España por los partidos políticos y sustituida por una sucia oligocracia.

La renovación del CGPJ estaba pendiente desde hace casi dos años, tiempo en el que los dos partidos mayoritarios no habían conseguido ponerse de acuerdo sobre los 20 vocales del nuevo Consejo.

Tras un compromiso formal alcanzado el pasado mes de julio entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, PSOE y PP acordaron ultimar el acuerdo a comienzos de septiembre, con el límite de hoy lunes, día 8, a las ocho de la tarde, para presentar las listas de candidatos.

La "fechoría" antidemocrática de los dos grandes partisos españoles ha quedado culminada.

PSOE y ETA
Valores en común
El análisis de la situación política, de la realidad histórica presente, debe tener en cuenta estas afinidades profundas. Más aún, si no las calibra en su justo valor ni siquiera será un análisis, sino un enredo
Pío Moa Libertad Digital 9 Septiembre 2008

Como la evidencia es lo que menos se ve, y menos todavía en el remolino de espejismos a que nos someten los políticos e ideólogos al uso, conviene insistir en ella. Por ejemplo, en los valores básicos compartidos por la ETA y el PSOE.

Ante todo, los dos partidos son socialistas. Puede haber diferencias de matiz, pero lo esencial del socialismo permanece en ambos: el partido debe determinar –a través del control del Estado, los fondos públicos y los medios de masas– la vida de la sociedad, entrometiéndose incluso en la privacidad de los ciudadanos y sometiéndolos a un permanente lavado de cerebro desde la escuela. Nunca ha sido otra cosa el socialismo, ni en la ETA ni en el PSOE, y, como ha dicho el jefe de este último, sus valores y aspiraciones nunca han cambiado desde su fundación.

Los dos partidos son antiliberales. Sobra argumentarlo, pues sus ataques permanentes al liberalismo no dejan lugar a duda. Aunque liberalismo y democracia no coincidan por completo, el primero constituye la base de la segunda, pues fuera del sistema de libertades e independencia de poderes no hay democracia, sino totalitarismo. Por lo tanto, ETA y PSOE son también antidemócratas.

Los dos son "antiimperialistas". Ven en Usa el enemigo número uno y consideran una prioridad la defensa de los Castro, Sadam, Evo, Chávez, etc.: la "alianza de civilizaciones", por ejemplo.

Los dos son feministas: parloteando de "emancipar a la mujer" de males imaginarios, intentan igualdades no menos imaginarias con las que sustituyen la igualdad ante la ley, otra base liberal de la democracia. Como en tantas cosas, tratan de conseguir una bolsa de votos cautivos a cambio de privilegios o discriminaciones pretendidamente positivas. Su feminismo va de la mano con la promoción de la homosexualidad y el socavamiento de la familia.

Los dos son antiespañoles, activamente la ETA y pasivamente el PSOE. Este último salió al ruedo tras la muerte de Franco hablando de autodeterminación, como la ETA. "Autodeterminación" es la consigna con la que se encubre el proyecto de desmembración de España, y nunca fue otra cosa. Más tarde el PSOE olvidó la consigna, que podía restarle votos en el conjunto del país, pero permanece su coincidencia con la ETA y los separatistas en una valoración muy negativa de la historia de España, según observaba Julián Marías. Sus sinuosas maniobras balcanizantes durante estos últimos cuatro años, con la colaboración última del PP, demuestran su concepción profunda al respecto. Solo el riesgo de perder el poder disuade al PSOE de ir mucho más allá en la desintegración de España.

Los dos son antifranquistas, y lo son de modo furibundo. Pero ese antifranquismo sólo quiere encubrir su carácter antidemocrático, ya que la democracia actual viene, efectivamente, del franquismo y no de la ruptura ansiada entonces por aquellos partidos de la "autodeterminación", siempre enemigos de las libertades –aunque las invocaran en cuanto creyeran poder explotarlas–. El programa involucionista del actual Gobierno en connivencia ("diálogo") con la ETA ha consistido fundamentalmente en desmantelar la herencia de la Transición, y para ello han usado el "antifranquismo" como pretexto y cobertura. Y, no por casualidad, su farisaica explotación de las víctimas de la represión glorifica a los chekistas y denigra a los inocentes.

En fin, por no seguir, señalemos que ambos partidos tienen una amplia experiencia práctica de terrorismo, el PSOE mucho más antigua y en ocasiones virulenta que la ETA.

El análisis de la situación política, de la realidad histórica presente, debe tener en cuenta estas afinidades profundas. Más aún, si no las calibra en su justo valor ni siquiera será un análisis, sino un enredo, y no permitirá entender nada de cuanto sucede ante nuestros ojos. Pero abundan quienes creen que cerrar los ojos ante los peligros los hace desaparecer.

Semillas de sonrisas
Las ocas de Rajoy
Lo único que han hecho ustedes desde el fatídico día en que Aznar designó a dedazo a su sucesor ha sido la huida constante de sí mismos, de lo que una vez fueron o creímos que eran.
Joan Valls Libertad Digital 9 Septiembre 2008

La estrategia opositora del PP recuerda mucho al juego de la oca. Para Génova, el tablero es sólo un conjunto de casillas por el que se pasa a vista de pájaro, como con desprecio, porque lo importante son las ocas y, sobre todo, no caer en el pozo. Para los socialistas, es lo contrario: que el dado marque un número bajo, para recorrer así cada casilla, cada aldea y cada imaginario. Para Rajoy, dominado por el paradigma marxista-pedalista, las ocas representan los problemas económicos de la ciudadanía. Y de esta forma, de oca en oca, espera llegar a la Moncloa en 2012 sin despeinarse. La gente de Pepiño, en cambio, huye de las ocas. La victoria se gana casilla a casilla. Y si caen en el pozo de la recesión, todo un tablero de posibilidades revierte la desgracia, ya sea a modo de previsible garzonada, mediante comités de sabios proabortistas, eutanasias variopintas, destejiendo en el discurso los papeles para todos o con cualquier otra estratagema para posicionar a su adversario, quiera éste o no.

Los que todavía no renunciamos a la memoria histórica sabemos cuánta sangre, sudor y lágrimas costó a España librarse del régimen de González. No fue, desde luego, gracias al Partido Popular, que se limitó a repetir como una soraya aquello de "Váyase, señor González". Lo hizo la prensa medianamente independiente, a la que luego Aznar trató a patadas, con esa ingratitud estúpida y prepotente tan propia de la derecha española. Y, aún así, tuvimos que sufrir la dulce derrota y la posterior bajada de pantalones con el sacrificio del siempre predispuesto Vidal-Quadras. No fue la bancarrota española lo que sacó a González del poder, señor Rajoy. Asúmalo de una vez. En España, las izquierdas votan con las vísceras, no con el bolsillo, y siempre contra algo. Y hacen política desde el contradiscurso, no de una forma proactiva. Para pescar en esos caladeros, deberá usted olvidarse de la economía y, en cambio, mostrar todo un abanico de plumas identitarias, casilla a casilla, pero desde la coherencia, no desde el travestismo político o el carnaval de Trinidad y Tobago.

Para ganar unas elecciones (incluso para heredarlas) en el régimen que emergió de las cenizas del 11M, hay que recorrer el tablero de la oca unas cien veces, casilla a casilla. Y no basta sólo con eso. Los dados están trucados y las reglas se las reescriben a los populares como si fueran una alineación del Real Madrid en manos de Raúl. Cómo no recordar a Nietzsche cuando decía que el que abiertamente se propone grandes fines, y luego se da cuenta íntimamente de que es demasiado débil para ellos, no suele tener tampoco bastante energía para renunciar abiertamente, y entonces se convierte inevitablemente en hipócrita. Quizá sea tan sencillo como eso.

Hipocresía a la búlgara, desde luego, pero también a la valenciana, a la catalana y al pil-pil. Ciertamente, lo único que han hecho ustedes desde el fatídico día en que Aznar designó a dedazo a su sucesor ha sido la huida constante de sí mismos, de lo que una vez fueron o creímos que eran. Y es que ustedes, como el filósofo de Röcken, saben que nadie se muere hoy de verdades mortales, que hay demasiados contravenenos.

Joan Valls es editor de debate21.com.

'Operación Disimulo' o de cómo el PP tiene que sobrevivir a las trampas del PSOE
Federico Quevedo. El Confidencial 9 Septiembre 2008

Volvemos a las andadas. Había quienes, de buena fe, creían que obligado por la situación, Rodríguez daría un giro a su política radical y buscaría el acercamiento a posiciones más moderadas en las que el encuentro con el PP fuera posible. Ilusos. De hecho, es la apuesta de Mariano Rajoy por la moderación lo que está obligando a Rodríguez a escorarse todavía más a la izquierda, al peor de los extremismos, con el único fin de mantener encendida la llama excluyente que atrajo a sus siglas el voto prestado por Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña. La crisis económica le está pasando una dura factura en ese electorado que sufre de manera más intensa sus efectos, así que la única manera de mantenerlo movilizado es al grito de “¡que vienen los fachas!”. Es decir, la misma estrategia excluyente que utilizó, con buenos resultados, en la pasada legislatura.

El problema, para la estrategia de Rodríguez, es que Rajoy ha conseguido desprenderse de aquellos elementos -personales y políticos- que le hacían aparecer como muy a la derecha para determinados sectores de la extrema izquierda, a pesar de que en el centro el PP ha conseguido robarle votos al PSOE. ¿Cómo contrarrestar esa nueva imagen del PP? El ‘laboratorio de ideas’ de Ferraz se puso manos a la obra y el resultado es insistir en lo que ya saben hacer, es decir, buscar la confrontación con los sectores más conservadores y, sobre todo, con la Iglesia.

¿Cómo? Radicalizando las posiciones en asuntos en los que, si de verdad Rodríguez quisiera consenso, lo encontraría. Verán, en una primera instancia el Gobierno propuso abrir el debate sobre el aborto planteando una reforma de la actual ley, y el PP no se opuso. Como no encontró oposición, fue un poco más allá y empezó a hablar de ley de plazos, algo que incluso podía acabar resultando más represivo que la ley actual en la medida en que esta deja abierta la puerta al asesinato indiscriminado de bebés por parte de médicos sin escrúpulos.

Como parecía que el PP no entraba al trapo, han ido más allá, y la ministra Aído se ha puesto manos a la obra en una ley que, ya lo verán, legalizará el crimen indiscriminado de fetos a las puertas de su nacimiento. Y lo mismo ocurre con la eutanasia. Los primeros esbozos del Gobierno apuntaban a una legislación que garantizara la muerte digna, algo que, con matices, puede aceptar cualquier cristiano con dos dedos de frente. Insuficiente. Con eso no se consigue enervar la sangre de la derecha. Hablemos entonces de “suicidio inducido”, que es más brutal y, seguro, sacará a la Iglesia de sus casillas. Ya puestos, podrían establecer un sistema de premios para aquellos conductores que se carguen viejecitos y tullidos en los pasos de cebra: a más abuelos atropellados, más puntos en el carné de conducir. Todo con tal de obligar al PP a salir a la calle, como hiciera en la pasada legislatura contra el matrimonio gay, y así poder señalarles con el dedo: “¡Que vienen los fachas!”.

Como ‘Operación Disimulo’ no está mal pensada. Al desentierro de muertos de la Guerra de un lado de la cuneta, el asesinato de niños y el suicido legal, se unirá en los próximos meses la laicidad del Estado y, si se tercia porque la situación lo requiere, el expolio a la Iglesia de parte de su patrimonio, la legalización de la poligamia y de cualquier otra forma de convivencia aunque sea con animales, una vuelta de tuerca a Educación para la Ciudadanía con un complemento concreto de sexualidad y amor a tu cuerpo -pero no al que llevas dentro-, etcétera. Y si la cifra de parados llega a los cuatro millones, entonces ya se prohibirá celebrar misa los domingos y se establecerá por ley que cada pareja no tenga más de dos hijos, y el Estado acabará con la vida de los que nazcan a partir de esa cifra, así como de la de todos los mayores de sesenta años que no sean capaces de dar más de tres pasos sin la ayuda de un bastón. Así, yo también subo las pensiones mínimas... A Rodríguez lo bauticé una vez como el Doctor Terror Rojo –como llamaban a Marx- pero se ha superado a sí mismo: ya es el Doctor Muerte.

¿Qué debe hacer el PP? Después de lo que acabo de escribir, pensarán ustedes que lo que tiene que hacer el PP es echar espumarajos por la boca y salir a la calle a incendiar la sede de Ferraz. Eso, probablemente, se lo recomendarán algunos energúmenos, pero de lo que se trata es de que los que se retraten como energúmenos, porque lo son y las circunstancias les van a obligar a serlo aún más, sean precisamente los de Ferraz. He querido exagerar un poco algunas cosas, precisamente, para poder llegar a esta conclusión: cuanto más se radicalice Rodríguez, menos debe hacerlo el PP. La estrategia de Rajoy tiene que seguir siendo la de evitar entrar a estos trapos, caer en estas trampas. Eso no significa, ni mucho menos, aceptar como buenas las barbaridades que propone el PSOE, entre otras cosas porque nada de lo que propone se concreta negro sobre blanco. Lo que quiere Rodríguez es que Rajoy caiga en la trampa, le pregunte en las sesiones de control y se aleje de la cuestión primordial, que no es otra que los problemas que tienen la inmensa mayoría de los españoles para llegar a final de mes.

Al electorado del PP le basta con saber que cuando el PSOE lleve esos proyectos -si es que lo hace- al Parlamento, el principal partido de la oposición votará en contra. Además, no será el único, porque me cuesta creer que CiU y el PNV acepten pulpo como animal de compañía, teniendo en cuenta que se trata de partidos que obedecen a principios humanistas, por lo que la estrategia de aislamiento le saldrá mal a Rodríguez. En la pasada legislatura, con bonanza económica de su lado, Rodríguez pudo llevara a cabo esta estrategia porque contaba a su favor con una sociedad complaciente y acomodaticia que no veía mal alguno en que la unión de dos personas del mismo sexo se llamase matrimonio, entre otras cosas porque no le afectaba a su vida diaria. Pero en estas condiciones de crisis económica y política graves, es probable que asuntos mayores como el aborto indiscriminado y el suicidio inducido no logre el mismo grado de complacencia, y quedará al descubierto la estrategia siniestra de Rodríguez. Claro que habrá quien todas las mañanas le siga exigiendo a Rajoy que se eche al monte.

Menú del día con Zapatero
POR VALENTÍ PUIG ABC 9 Septiembre 2008

ZAPATERO se ha decidido por no tomar decisiones. Puentear es ahora mismo el verbo más conjugado en el Gobierno del PSOE. Prácticamente todos se puentean de cara a una transfiguración gubernamental porque mucho pivota en las expectativas de una dulcificación hipnótica de la crisis económica cuando llegue la presidencia semestral de la Unión Europea para España en 2010. Para entonces, Zapatero habría reciclado su Gobierno y, con el viento a favor de una crisis transitada con decorados ilusionistas y maniobras de distracción, el horizonte electoral estaría más claro después de las elecciones europeas de junio de 2009. A la espera de esa hora mirífica, el Gobierno cruje como un navío sometido a presiones desconsideradas, entre otras cosas porque los ministros buscan un hueco para el «lifting» aconsejable ante la remodelación augurada. La oposición, concretamente el PP, cuenta a su favor con que esa semidilución gubernamental -todavía no del todo visible para el hombre de la calle- contrasta claramente con la apuesta de Rajoy por una estrategia parlamentaria que sistemáticamente expugna una u otra cota táctica del PSOE. La vicepresidenta Fernández de la Vega ha perdido el blindaje que, quizá más por desidia y complejos de la derecha que por atributos reales, la protegía de los arietes.

Como portavoz socialista, José Antonio Alonso padece con resignación leal como le puentean Pérez Rubalcaba o la propia vicepresidenta, hasta ahora más que dispuesta a rectificar a cualquier ministro, sea Solbes -vicepresidente- o Corbacho.
En manos de la ministra Aído y del ministro Soria, el aborto puede llegar ser uno de esos efectismos de artillería zapaterista que acaban asemejándose al tiro por la culata. No sé sabe de un ministro europeo de Sanidad que haya llegado al punto sin retorno de decir que el cuerpo es de cada uno y que eso es una idea socialista. Los dogmas del libertarismo biotecnológico de Bernat Soria no encajan en un Gobierno que cree que el Estado debe proteger a los individuos de los peligros del tabaco, del alcohol o de la obesidad. Este Gobierno, por «razones humanitarias», alimentó a De Juana Chaos cuando estaba en huelga de hambre y no ha abolido el uso obligatorio del cinturón de seguridad en los coches. En fin: al contrario que su ministro de Sanidad, este Gobierno cree que hay que proteger el cuerpo de los individuos y que eso es el socialismo. La contradicción es honda y posiblemente irá a más, con grave perplejidad de aquellos socialistas que -católicos o no- son partidarios de extensos consensos bioéticos.

Zapatero ha tenido que improvisar un utillaje de mampostería política para primero negar y luego reconocer la crisis. Quién sabe si se le había ocurrido que así podía lograr un cortafuegos entre La Moncloa y una crisis de perfil recesivo que tiene en alarma a todos los indicadores económicos. La desaceleración se asemeja ya a la parálisis, hasta el punto de que para Rajoy es el mejor costado del Gobierno para, parlamentariamente, irle machacando el hígado sin que la sociedad lo vea como un regocijo, sino como tarea opositora. El PP tiene tiempo por delante para ir formulando en dosis su alternativa económica. Pudiera ser creíble dado el actual tono razonador de la crítica de Rajoy y el precedente operativo de los dos gobiernos con la política económica de Rato. Es un incentivo más para que desde los escaños del PP se configure la agenda parlamentaria y, al fin y al cabo, política de estos meses venideros.

El reparto teatral para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado lleva ya implicando un «casting» de lo más variado. En el caso de CiU anda por en medio la financiación autonómica. Ahí Solbes sacó la artillería pesada y se le reprocha desde la Generalitat. Montilla incluso dice que peligra el pacto constitucional. Tras la revisión de los respectivos órganos judiciales asomará la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Serán dignas de estudio las magnitudes inciertas en la reacción de la sociedad catalana, sea cual sea esa sentencia. Los socialistas catalanes tendrán que escenificar algo y no es improbable que consista en mostrar mayores fricciones con el PSOE. De nuevo, erosión parlamentaria. Para este menú sirven de poco los vales de oficina.
vpuig@abc.es

El cura trabucaire de Lizarza no conoce el Evangelio
 Periodista Digital 9 Septiembre 2008

Suma y sigue en la localidad guipuzcoana de Lizarza. Subversión de valores, una vez más, esta vez con motivo de la celebración de la misa de la Patrona del pueblo, la Virgen del Sagrario.

La Corporación municipal en pleno, con Regina Otaola a la cabeza, quiso asistir a la celebración religiosa para demostrar que cumple a rajatabla el guión de la normalidad y que no sucumbe a la presión ambiental.

La alcaldesa popular ha vivido desde su toma de posesión difíciles y variados sinsabores. Ha soportado insultos, amenazas y hasta intentos de agresión por parte de algunos radicales. Ayer, durante la misa en honor a la patrona del pueblo, que celebra estos días sus fiestas, el cura de la localidad, antes de comenzar la misa, se acercó hasta el banco que ocupaban ella y el resto de concejales del PP para decirles que los escoltas debían permanecer fuera del templo.

«No quiero pistolas en la iglesia», sentenció el párroco que ni siquiera se molestó en dar los buenos días, según explicó a este periódico Otaola. La alcaldesa y sus compañeros, sorprendidos ante la postura del cura, le aseguraron que ellos no llevaban pistola, «quizá lleven otros, pero no nosotros», le contestó uno de los ediles.

Afirma J.A. en ABC que fue esta vez el párroco quien «disparó» primero.

El rechazo a los escoltas armados como si fueran ellos quienes encarnasen la amenaza y el terror en el País Vasco es una clásica trampa dialéctica en medios batasunos para intoxicar.

Lo de «aquí nada de pistolas» es frecuente y trata de estigmatizar a los acosados y amenazados, como si fueran ellos los asesinos, los «represores».

«Todavía hay una parte del clero vasco que confunde a las ovejas con los lobos», resumió ayer Otaola, tras ser testigo, una vez más, de cómo son no pocos pastores de la Iglesia vasca los que asumen la «evangelización nacional vasca».

La alcaldesa de Lizarza explicó que los miembros de la Corporación asistieron a la misa porque lo exige su «deber institucional», pero el párroco, denunció, «pretende hacer ver que son los representantes municipales los responsables de haber roto la idílica normalidad y la armonía».

Otaola recordó que «la función pastoral implica asistir a todos por igual, pero no cerrar los ojos ante la evidencia de quiénes son los que atacan al prójimo».

«Demasiados años lleva Lizarza soportando el yugo de ETA-Batasuna para que ahora nos increpe el párroco por asistir escoltados a misa», añadió, al tiempo que pidió al sacerdote que «esas recomendaciones se las dé a los que usan las pistolas para aterrorizar, no a los que las llevan para proteger la vida».

Lizarza, que no alcanza los seiscientos habitantes, tiene tradición como feudo proetarra. En las últimas elecciones municipales, ni siquiera el PNV se atrevió a presentar lista. Sólo lo hizo el PP, que tiene por norma concurrir en todos los municipios del País Vasco.

La candidatura de ANV quedó anulada y el resultado puso a prueba el coraje de los populares, que legalmente pudieron formar equipo de Gobierno con sólo 27 votos, frente a los 186 nulos promovidos por los batasunos y 142 en blanco propugnados por PNV y EA.

ESPAÑA
La bandera independentista catalana ondeará mañana en Palafrugell con el apoyo del PP
M.H.G. El Confidencial 9 Septiembre 2008

Al Partido Popular le ha salido una concejala díscola en Cataluña. Laura Galiana, la única representante de su partido en el Ayuntamiento del pueblo gerundense de Palafrugell, ha votado a favor de que la bandera independentista catalana ondee del mástil del consistorio municipal este miércoles y jueves con motivo de la celebración de la Diada de Cataluña.

La moción, que fue presentada por ERC, ha conseguido con la ayuda de los populares que la conocida Estelada, símbolo del independentismo, tome más protagonismo del habitual en la celebración de la Diada de este 11 de septiembre, cuando se cumple el primer centenario de la bandera.

De hecho, 78 ayuntamientos ya han anunciado que se suman a la propuesta de la Comisión 100 años de Estelada para que la bandera ondee desde sus consistorios. Algunos de los pueblos que han secundado la petición son Figueres, Berga, Ripoll, Vilafranca del Penedès o les Borges Blanques. Otras ciudades como, Girona o Lleida han discutido la moción pero ha sido rechazada. Mientras que en Barcelona y Tarragona no ha entrado en el pleno municipal.

El PP siempre se ha manifestado en contra de la independencia en Cataluña, por eso, la concejala Laura Galiana intentó defender su voto afirmando con “no somos independentista, pero sí defendemos la reivindicación catalana”. Una declaración chocante, pues el PP no comparte la ‘reivindicación catalana’ o el ‘hecho diferencial catalán’. Asimismo, Galiana –que se niega a comentar si ha recibido algún tipo de reprimenda por parte de sus superiores en el partido- se ha amparado en el centenario de la Estelada para asegurar que “desde un punto de vista histórico y no independentista le di apoyo a la moción”.

Poca coordinación en el PP catalán
Lo más curioso del caso es que en Palafrugell -un ayuntamiento gobernado por el partido municipalista Entesa Juns per Palafrugell en coalición con Esquerra- la moción no recibió la totalidad de los votos a favor. De los 21 concejales, 13 votaron a favor de que ondee la Estelada, cinco lo hicieron en contra –la mayoría de ellos representantes de los socialistas catalanes- y tres se abstuvieron.

El voto de Galiana ha evidenciado una vez más la poca dirección conjunta del PP en Cataluña. Pues mientras en Palafrugell ya desempolvan la Estelada, en Barcelona el presidente del grupo municipal popular y miembro de la ejecutiva, Alberto Fernández-Díaz, ha solicitado al Ayuntamiento la retirada de la Estelada del monumento a Rafael Casanovas que se cuelga del hombro de la propia estatua el 11 de septiembre. Fernández-Díaz, que acude año tras año a la ofrenda floral a Casanovas junto al presidente de los populares catalanes, considera que “un acto oficial no puede estar presidido por la bandera independentista”.

Consigna: ignorar al niño castellanoparlante
Impresiones EL MUNDO  9 Septiembre 2008

Erradicar lo español e ignorar a los alumnos que hablen castellano. Esa es la consigna que ejecutan las escuelas públicas y privadas de Cataluña por orden de la Generalitat, según denuncian hoy en nuestras páginas dos víctimas más de la imposición lingüística que han decidido reaccionar. Es el caso de Sara Burgos, monitora de comedor de un centro público de Cataluña, que por responder a los alumnos en la misma lengua en la que éstos se dirigían a ella, castellano o catalán, recibió las recriminaciones de sus superiores. Estos le ordenaron que su deber era «no darse por enterada» si los alumnos de 6 años a los que vigila le pedían pan, agua o pis en castellano; una regla sin excepciones, ni siquiera para los niños latinoamericanos o algún chico con problemas de desarrollo y dificultades en el habla. Por no plegarse, Sara se ha visto obligada a abandonar el centro. Por desgracia, la mayoría de sus compañeros en ese y otros colegios acataran la orden, lo que inevitablemente tendrá una repercusión en la formación de los chavales. Así lo demuestra el testimonio de Francisco López, cuyo hijo de 9 años ha optado por mimetizar la conducta despótica y excluyente de sus profesores y en un viaje por Andalucía se ha negado a hablar o demostrar que entendía a quienes se dirigían a él en castellano, a pesar de que domina perfectamente esta lengua. ¿Quiere más casos concretos, señor presidente? Pues en los próximos días los tendrá.

PROHIBIDO ESTUDIAR EN ESPAÑOL / La persecución
«Si un niño pide pan, agua o pis en castellano, hay que ignorarlo»
La monitora de un comedor escolar de Barcelona denuncia el sistema de imposición del catalán promovido por la Generalitat en Cataluña
MANUEL ROMERO El Mundo  9 Septiembre 2008

La imposición del catalán en los centros educativos de Cataluña traspasa los límites de las aulas. La Consejería de Educación de la Generalitat, a través de directores, profesores y personal de servicio, interviene en los patios, los comedores, las actividades extraescolares y en el ámbito familiar. No son incidentes aislados. Es una estrategia para imponer el catalán como lengua habitual fuera del horario lectivo. El fervor de unos y el temor de otros permite que niños de 6 años vean afeada su conducta por pedir hacer pis en castellano.

BARCELONA.- Como en cualquier sistema de dominación en el que los cómplices pasivos son necesarios, la inmersión lingüística en Cataluña requiere de colaboradores tácitos que ejecuten las reglas que emanan de la Consejería de Educación de la Generalitat. Sara Burgos estaba llamada a engrosar esas filas pero ha roto la cadena de órdenes y el manto de silencio que cubre la implantación del catalán en las escuelas y en la sociedad catalana.

Para el Colegi de Educació Infantil i Primaria Gayarre, en el barrio de Sants de Barcelona, su rebelión no es baladí. La insubordinación de Sara, monitora de comedor de 22 años de edad, representa, a juicio de sus superiores, una amenaza para los cimientos de la política lingüística de la Generalitat.

Su acción de sabotaje: contestar en su idioma a los niños de Primero de Primaria -de 6 años- que le solicitaban permiso en castellano para hacer pis o reclamar algo más de pan o agua en la comida.

Sara Burgos es natural de Barcelona y vive en la cercana localidad de Santa Susana, en la comarca del Maresme. Aunque su lengua materna es el castellano, habla perfectamente catalán. «Cuando comencé a estudiar, siempre en colegio público, acababa de ponerse en marcha la enseñanza en catalán, así que lo hablo sin problemas. Quien se dirige a mí en catalán le contesto en ese idioma y si me hablan en español, cambio con naturalidad. No recuerdo que nadie en mi infancia me prohibiera hablar en castellano».

Su relación con el aparente equilibrio lingüístico de Cataluña dio un vuelco a principios del pasado junio, cuando el curso escolar estaba a punto de concluir. «Estoy estudiando Integración Social y realicé un curso de monitora de comedor de colegio, una actividad muy socorrida en Cataluña para ganar algo de dinero y ayudarte en los estudios».

Sus funciones en el colegio Gayarre eran sencillas. Cada día, Sara Burgos debía acompañar, a la una de la tarde, a un grupo de niños procedentes de la clase de Primero de Primaria y llevarlos al comedor, atenderles y vigilarles durante el almuerzo, conducirlos al patio de recreo y devolverlos a su aula a las tres.

«Comencé a realizar esta labor en enero. A finales de curso, en los primeros días de junio, se dirigió a mí la coordinadora del comedor. Me explicó que la Generalitat había realizado una encuesta escolar y se había detectado que las monitoras hablaban castellano frecuentemente con los niños en el patio de recreo. A ello se sumaba que mi grupo tenía un alto índice de conversación en castellano conmigo en el comedor. Después de recriminar mi acción, me dijo que lo que estaba sucediendo era muy grave y que tenía que acabar con esta situación. Había que erradicar el español de las escuelas catalanas y de ésta en particular».

Sara Burgos se quedó atónita. Durante cinco meses había estado respondiendo a los niños en el idioma en el que se dirigían a ella y eso, al parecer, ponía en riesgo los objetivos lingüísticos catalanistas.

Sara desconocía que aquel incidente no era una anécdota o una rabieta de su superiora. Había incumplido el espíritu y la letra del Plan por la Lengua y la Cohesión Social, elaborado en 2004 y actualizado hace un año por la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña. El proyecto establece en su página 21 las normas básicas de actuación dentro de la escuela, tanto pública como privada, para «incrementar el uso de la lengua catalana y el aranés, si fuera el caso, como lengua vehicular y de comunicación en los centros educativos». Esa era la clave.

Sara Burgos había incumplido la regla. La Consejería de Educación de la Generalitat dispone de numerosos equipos humanos, herramientas técnicas y la información de colaboradores voluntarios que la mantienen al tanto del estado de la cruzada para la imposición del catalán. «La Consejería habían realizado un test para conocer el idioma de los niños en las horas lectivas, no lectivas, extraescolares, actividades y comedor», relata Sara.

El Plan por la Lengua y la Cohesión Social indica en la misma página que entre sus fines se encuentra «elaborar un diagnóstico de la situación del centro con la consecuente reflexión y valoración» y «establecer actuaciones para adaptar los programas de inmersión lingüística a la situación actual». Allí estaba Sara, siendo objeto de las medidas correctoras.

«Cuando se conocieron los resultados, el director del colegio llamó a su despacho a mi coordinadora y le entregó el apartado que me afectaba». Constaba que Sara había utilizado el español para contestar a los niños que le habían reclamado en ese idioma algunas de las necesidades a la hora de comer, como pedir más pan, agua o ir a hacer pis.

«Mi coordinadora fue tajante. Si me hablaban en castellano no debía darme por enterada. En su lugar debía contestarles: 'A veure, torna-me'l a repetir que no t'he entès' (A ver, vuelve a repetírmelo que no he entendido), ya que estábamos en Cataluña y la lengua de enseñanza es el catalán».

Sara Burgos respondió que no iba a seguir esas directrices y que estaba dispuesta a que la despidieran por ello. «Dije claramente que si un niño se dirigía a mí en castellano, iba a continuar contestándole en su idioma. Por otro lado, en ningún caso he hablado en español si me han preguntado algo en catalán. Entre otras cosas, porque sé catalán. Sorprendentemente éste no era el caso de la coordinadora, que se estaba dirigiendo a mí en castellano en medio del comedor y ante los niños. Ahora está estudiando catalán para alcanzar el nivel C».

Sara Burgos argumentó que existen niños sin ningún conocimiento de catalán y que la única forma de comunicación que tienen es el castellano.

«Hay críos ecuatorianos, incluso un chico de seis años con una edad mental de tres, con problemas de desarrollo y dificultades en el habla, que tiene el castellano como lengua materna y una necesidad muy fuerte de que le hablen en su idioma. También debía contestarle que no le entendía cuando se dirigiera a mí en español».

El enfrentamiento alcanzó su punto álgido cuando Sara puso una sola condición para acatar la orden, «que el colegio cumpliera la sentencia que les obliga a incluir en sus impresos de inscripción la casilla con la opción de educación en castellano, que no aparece». A la coordinadora, esta demanda le pareció todo un desafío y se limitó a decir que estaba conduciendo el asunto hacia un debate político.

La amonestación sirvió para que en las orillas del oasis del colegio público Gayarre afloraran los cactus de la imposición lingüística. «Trataron de convencerme argumentando que para lograr metas profesionales había que cumplir órdenes y que, para alcanzar su puesto, mi superiora había tenido que asumirlas sin rechistar, aparte de que en este colegio el director era de Esquerra Republicana de Catalunya».

Precisamente la figura del máximo rector del centro sobrevolaba el conflicto. «El se reunió con mi coordinadora, que fue quien me presionó y amenazó con que no llegaría a ningún lado. Directamente el director no se dirigió a mi».

Al día siguiente, Sara Burgos volvió a estar con los niños de su aula. Aunque estaba decidida a seguir tratando igual a los escolares, su comportamiento no era el mismo. «Sentía la angustia de que me estaban escuchando. Me molestaba todo, incluso que los niños me hablaran. Estaba deprimida. Después de la reunión con mi coordinadora me puse a llorar de rabia, de impotencia. Es horrible que traten de privarte de la libertad de expresarte en tu lengua materna».

La amonestación a Sara y el requerimiento al resto de las monitoras del comedor para que no contestaran en castellano a los niños que se dirigieran a ellas en este idioma no provocaron más que su única oposición. «Mis compañeras no decían nada. Al contrario, repetían a la coordinadora que nunca hablaban en español, cuando eso es mentira. Los niños se dirigen a nosotras en castellano y acostumbramos a contestarles en lo que nos hablan. Si es en catalán, les respondemos en catalán. Los críos nos van marcando el idioma y lo que quieren es que les des las respuestas».

El proceso para reconducir lingüísticamente el comedor del colegio público Gayarre no había concluido. Días después, la coordinadora del comedor comunicó a Sara que cuando el director del centro compartiera mesa con ellas, toda la conversación debería ser en catalán. «Era completamente hipócrita. Entre las monitoras hablamos en castellano durante la comida y era antinatural que yo, después de seis meses, comenzara a hablar en catalán a unas personas con la que nunca lo he hecho. Es como si con mi madre empiezo a hablarlo».

Sara recibió este requerimiento en dos ocasiones, sin que ella modificara el hábito. «Nos avisaban cuando iba a venir a comer con nosotras pero yo mantuve mi costumbre. En una ocasión me habló en catalán y yo le contesté en ese idioma, pero recuerdo que otra vez me dirigí a él en español, como algo natural. Cataluña es España y tenemos dos idiomas oficiales».

Tras las vacaciones, Sara Burgos ha vuelto a trabajar, pero ha puesto una condición: que no sea en el CEIP Gayarre. Cuando ella no esté, los niños de Primaria tendrán que aprender a decir pis en catalán si no quieren volver a casa con los pantalones mojados.
Dime, niño, en qué hablas

Al colegio público Roc Blanc, en Viladecavalls (Barcelona) no le basta con enseñar en catalán todas las materias. También quiere conocer en qué lengua se desarrolla la vida privada de sus alumnos y familiares. El viernes 8 de febrero entregó a los niños una hoja con preguntas que debían devolver en mano el lunes siguiente. Las encuestas son cada vez más frecuentes en los colegios catalanes. Tratan de averiguar por qué tras 25 años de imposición del catalán en las escuelas, y de 450 millones de inversión anual, los alumnos prefieren el español para comunicarse en la calle.

Algunas de las preguntas de la encuesta eran:
- ¿Qué lengua hablas en casa?
- ¿Qué lengua hablas normalmente con tus amigos y compañeros de escuela?
- ¿Qué lengua se habla en las emisiones de radio o de televisión que oyes o ves?

La hija de Manuel Cuevas, de 11 años, devolvió la encuesta con la anotación de sus padres: «La vida privada no está regida por ninguna norma y cada uno hace lo que le apetece».

Disciplina férrea más allá del aula
Los colegios en Cataluña se rigen por la Ley de Inmersión Lingüística y por las resoluciones 1 de julio de 2005 de la Generalitat «para la organización y el funcionamiento de centros docentes». En ellas se confiere a los colegios actuaciones que trascienden el ámbito escolar, como el fomento de agrupaciones de alumnos fuera del centro con el fin de favorecer «las interacciones comunicativas para mejorar el aprendizaje y el uso de la lengua catalana».

Además, su plan de actuaciones incluye:

- Consolidar la lengua catalana y el aranés, si fuera en caso, como eje vertebrador de un proyecto plurilingüe.

- El proyecto lingüístico debe garantizar un tratamiento de las lenguas que dé respuesta a las necesidades reales de todo el alumnado, velando por el uso del catalán como vehículo de enseñanza y aprendizaje y como lengua de relación en todos los ámbitos.

- La programación general del centro ha de incluir objetivos y actuaciones que garanticen el uso de la lengua catalana entre los miembros de la comunidad educativa.

- Utilizar la lengua catalana como lengua propia de Cataluña, y el aranés en el Valle de Arán, normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en todas las actividades internas y externas de la comunidad educativa.

- Establecer pautas de uso lingüístico favorables a la lengua catalana para todos los miembros de la comunidad educativa y garantizar que todas las actividades y las comunicaciones entre el centro y el entorno sean en lengua catalana, sin perjuicio de que se arbitren medidas de traducción en el periodo de acogida de las familias de alumnos recién llegados.

LAS VICTIMAS DE LA INMERSION LINGÜISTICA (2) / FRANCISCO LOPEZ / Vilanova i la Geltrú
«Mi hijo mimetizaba fuera de Cataluña las actitudes despóticas de sus profesores»
"si al
guien le hablaba en español decía en catalán que no le entendía y me preguntaba a mí qué es lo que había dicho"
"España, directamente, no existe. A los niños sólo se les inculca su pertenencia a Cataluña. Y eso cala"
MANUEL ROMERO EL MUNDO  9 Septiembre 2008

VILANOVA I LA GELTRU.- Las alarmas saltaron en la casa de Francisco López, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el día en que el mayor de sus dos hijos, de 9 años, viajó fuera de Cataluña y asumió la misma actitud que había observado en sus profesores: silencio, indiferencia y hasta desprecio hacia aquellos que le hablaban en castellano. «El niño inició con tres años la educación en catalán. No habíamos notado nada extraño hasta ese viaje. Durante toda la estancia en Extremadura y Andalucía se negó a hablar».

Francisco López no sabía cómo interpretar la actitud de su hijo. Aunque en casa y con los amigos hablaba en catalán, con su abuela lo hacía en castellano sin ningún reparo. «El niño rechazaba hacerlo en un entorno social. Si alguien le hablaba ponía cara de tonto. Decía en catalán que no le entendía y me preguntaba a mí delante de ellos qué es lo que le habían dicho».

De vuelta a Vilanova, Francisco López descubrió el motivo de la actitud arrogante de su hijo. Durante el viaje había asumido el papel que interpretaban sus profesores cuando él hablaba castellano en clase o en el recreo. «No entenc el quin has dit. Repeteix-lo en català» (No entiendo lo que has dicho. Repítelo en catalán). Esta actitud reiterada e inmisericorde hacia un niño, que sabía que sí le habían comprendido, generó en él una sensación de culpabilidad, que a juicio de su padre se tradujo en una actitud «mimética y despótica hacia aquellos que se dirigían a él en castellano. Los responsables del colegio no logran impedir que los críos hablen en castellano, así que han adoptado medidas, llamémoslas penalizadoras».

Francisco López tiene la impresión de que el nivel de exigencia de catalán y de castellano en la escuela es muy diferente. «Cuando recibo las notas de mi hijo, que habla un catalán cerrado de la Seo d'Urgell, siempre puntualizan que debe mejorar en tal aspecto o en otro. Por el contrario, del castellano, que es deficiente, el comentario reiterado es que progresa adecuadamente».

No ha solicitado legalmente la enseñanza para sus hijos en castellano «porque la ley no se cumple». Francisco López desearía que la enseñanza se impartiera parcialmente en catalán y en castellano, incluso incorporando el inglés como lengua vehicular. Pero, «además del idioma, existen otros problemas igualmente graves. Las fiestas tienen un contenido de adoctrinamiento que asustan. En Carnaval, el colegio hizo una simulación de los Juegos Olímpicos. Disfrazaron a los críos formando parte de diferentes equipos de países. Allí estaba China, Andorra y Cataluña. España no iba a los Juegos».

Francisco López denuncia que «España, directamente, no existe. Sólo se les inculca su pertenencia a Cataluña. Y eso cala». El florecimiento de nuevas generaciones imbuidas en la escuela con el elixir del nacionalismo está costando no pocas relaciones dentro del propio ámbito castellanohablante. «Formamos un grupo de amigos que hablamos en español cuando nos juntamos. Algunos matrimonios y parejas han tenido que dejar de venir porque sus hijos ya no se integran en el grupo en ese idioma. ¡Y sus padres ni siquiera son nacidos en Cataluña! Es lo que quiero evitar en mi casa».

Sorprendentemente, el resultados del pasado Campeonato de Europa de fútbol ha remediado parte de la sensación de culpabilidad que sienten muchos niños en Cataluña. «Gracias a ser campeones de Europa de Fútbol y, después, de los Juegos Olímpicos, muchos críos han tenido la sensación agradable de ser españoles. A raíz de los éxitos deportivos han reafirmado su pertenencia al país. Sin esto y sin el esfuerzo que hemos puesto explicándoles cómo son realmente las cosas, nuestros hijos creerían que su país es únicamente Cataluña».

El 'Govern' paga 300.000 euros a Caprabo para que venda más baratos los productos catalanes
BARCELONA GABRIEL TRINDADE EL MUNDO  9 Septiembre 2008

La Generalitat ha invertido 300.000 euros en una campaña de promoción de productos catalanes en la cadena de supermercados Caprabo. El acuerdo entre el Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural y la empresa fija que, hasta el 30 de septiembre, 267 supermercados de la cadena ofrecerán un 20% de descuento en productos de Cataluña, aparte de una campaña informativa sobre éstos.

«Nos encontramos en una época difícil, de crisis, nuestros productos necesitan protección», aseguró ayer el conseller de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, el socialista Joaquim Llena, durante la presentación del acuerdo. Al acto también asistió el consejero Delegado y director General de Caprabo, Javier Amezaga, quien reflexionó sobre la necesidad de adoptar este tipo de medidas dentro del marco de crisis económica actual. «Estamos trasladando a los clientes los productos de calidad catalanes a un mejor precio, competitivo y compatible con lo que busca el consumidor en este momento», explicó.

El conseller también señaló la necesidad de convencer a los ciudadanos de que en Cataluña existen buenos productos. «Tenemos un problema. No es normal que en un país como el nuestro, productor de magníficos vinos, sólo una de cada cinco botellas vendidas sean catalanas», indicó. Llena afirmó que, pese al carácter abierto de Cataluña, su primera obligación gira en torno a cuidar «lo de casa».

En este sentido, el conseller destacó el compromiso de empresas como Caprabo con la industria agroalimentaria de Cataluña, ya que la compañía apuesta por la responsabilidad social con su entorno. De hecho, el propio Amezaga aseguró que el 48% de los productos que el supermercado vende proviene de productores catalanes.

Llena, por su parte, se mostró satisfecho ya que, pese a que Eroski es la propietaria del 75% de Caprabo, no ha habido cambio en el trato con los productores catalanes. Siguiendo con esta línea de colaboración, Amezaga anunció que Eroski también se sumará a la iniciativa con una campaña similar en sus supermercados catalanes a partir de la segunda quincena de septiembre.

Pero Caprabo y Eroski no serán las únicas empresas que cuenten con el respaldo de la Generalitat. Fuentes del Departamento de Agricultura afirmaron a EL MUNDO que se espera cerrar más acuerdos con otras cadenas de supermercados y empresas de la industria agroalimentaria.

Llena puso de relieve la voluntad del Departamento de Agricultura de trabajar toda la cadena de producción y no centrarse únicamente en el inicio o el final. «Antes estábamos muy centrados en la producción y no conocíamos las necesidades de los consumidores», señaló el conseller, quién también indicó que los supermercados deben actuar como «termómetros» de las tendencias del mercado.

Para dar a conocer la iniciativa y sensibilizar al consumidor, Caprabo tiene preparada una campaña de márketing que contará con más de un millón de folletos, pósters en sus establecimientos y hasta cursos de cocina en su club social.

Tanto el Departamento de Agricultura como Caprabo han expresado su voluntad de seguir trabajando conjuntamente en la potenciación del sector primario catalán con medidas que ayuden a incrementar el consumo y la penetración en los hogares catalanes de los productos autóctonos.

La importancia de Caprabo en la economía catalana es relevante. Como ejemplo, los supermercados de dicha compañía venden la cuarta parte de la totalidad del vino y cava catalán que se comercializa en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
 

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