AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 10 Septiembre 2008

Encuestas falsificadas
AURELIO ARTETA  El Correo 10 Septiembre 2008

SOCIÓLOGO. CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA DE LA UPV-EHU

H ay cosas de las que aquí no se habla en público ni en privado, ni en euskera ni en español. La política lingüística vasca no sólo es profundamente injusta por los fundamentos ético-políticos en que descansa y por los perversos efectos que produce. Sin duda es asimismo falsa, porque comienza por ser falso su punto de partida. Quiero decir que las periódicas encuestas sociológicas destinadas a averiguar la realidad del conocimiento y uso del euskera, ésas con las que las autoridades proclaman los éxitos de su política..., cuentan con escaso valor científico y son de muy poco fiar. Este juicio vale también para la IV Encuesta Sociolingüística del Gobierno vasco publicada hace unos meses. Pero quienes comparten ese juicio siguen callados por mor de una prudencia que linda con la cobardía; y así nos va.

De modo que me permitirá el viceconsejero señor Baztarrika que le ofrezca algunos consejos para que el próximo sea un estudio fiable, y no como todos los anteriores sin excepción. El principal sería que su Viceconsejería deje claro a la empresa investigadora cuáles son los datos primordiales que desea conocer. Ello requiere, naturalmente, sentar los criterios básicos que deberían guiar la confección del cuestionario y la posterior interpretación de sus respuestas. Bien es verdad que, dado el color ideológico dominante, la magnitud multimillonaria de los intereses creados y la función crucial de esa política para la autodeterminación..., no parece probable que el Consejo Asesor del Euskera y organismos afines acierten a fijar unos criterios medio decentes.

Demos por supuesta la corrección de la muestra estadística escogida y vengamos al cuestionario. En realidad, ni siquiera se intentan estudios sobre el grado de conocimiento y uso de la lengua vasca entre nosotros. Lo que se busca medir es, a lo sumo, los grados de creencia o de autoconciencia que manifiestan los ciudadanos de Euskadi sobre su propio conocimiento y su uso, que es cosa bien distinta. De ahí sólo puede obtenerse un cuadro de lo que los encuestados han querido decir acerca de su nivel de dominio de la lengua, pero no de su efectivo dominio o ignorancia de ella. Vamos, que se trata de creerles bajo palabra. ¿Deberíamos también los profesores ahorrarnos los exámenes que miden el aprovechamiento académico de nuestros alumnos y dejarles que ellos mismos se autocalifiquen en cada asignatura?

Porque hay que arrancar de la presunción de un giro subjetivo a favor del vascuence, es decir, de que el entrevistado se atribuya un conocimiento bastante mayor y un uso más intenso del que posee y usa. Las razones de esa segura desviación son varias y a cuál más notoria. Primera, la natural inclinación a creernos más de lo que somos. Segunda, la universal tendencia al conformismo, a hacer y decir lo que suponemos socialmente mayoritario (y el miedo si hacemos o decimos lo contrario). Y tercero, por si fuera poco, entre los nacionalistas y allegados abundan las incitaciones para hinchar imaginariamente su saber acerca de esa lengua: la confusión entre la realidad y el deseo, la necesidad de justificar ante uno mismo los duros esfuerzos de aprendizaje, rentabilizar sus sacrificios o lavar su mala conciencia, el propósito premeditado de agrandar los resultados en beneficio de su causa política... Estas y otras variables falsean las respuestas e invalidan muchas conclusiones del estudio.

Pues bien, lo que importa es reducir o neutralizar en lo posible esa falsificación. Ante todo, mediante el recurso a entrevistas directas, en casa del entrevistado, y no a través de una simple llamada telefónica. Esta última servirá para los análisis de consumo y prospección de mercados, pero en modo alguno para lo que aquí se emplea. Centrados en el euskera, habrá que anotar el grado en que a juicio del entrevistado lo lee, lo escribe y lo habla. Pero, a fin de contrastar lo que dice saber y lo que sabe, sería bueno que el entrevistador presente al sujeto dos o tres textos breves en vascuence y de complejidad creciente para que los traduzca sobre la marcha. Otrotanto debería probarse mediante la escritura, solicitando la versión inversa de algunas líneas de gradual dificultad; y al propio entrevistador -euskaldún probado, claro- le tocaría evaluar la calidad de la conversación en vascuence del entrevistado. Alcanzaríamos así una idea aproximada de las capacidades lingüísticas reales de la población.

ero mucho más que en el conocimiento por parte de los habitantes, la realidad sociolingüística del euskera en nuestra Comunidad se expresa en su uso. A poco que el estudio se lo proponga, ese uso resulta bien sencillo de medir. No ya sólo a través de las respuestas de los encuestados, que pueden aún sentirse inclinados a mentir o exagerar en cuanto a la emisora que escuchan, la televisión y periódico de los que son asiduos o los círculos sociales en que se sirven del vascuence. Bastaría con la observación directa en pueblos y ciudades del grado de frecuencia de esa lengua en bares, comercios, plazas, juegos de los niños o servicios públicos de toda clase. Si fuera preciso (que no lo es, porque nadie lo ignora), háganse consultas a cuantos puedan informar de la presencia de la lengua en actividades tan comunes como las siguientes: lectura de prensa, espacios publicitarios, consultas médicas, servicios religiosos, trámites municipales, documentos notariales o pedidos de las carnicerías.

En cuanto a las supuestas actitudes del ciudadano hacia el euskera y los presuntos deseos colectivos en esta materia, los criterios para detectar su verdad son más difíciles de establecer. Aquí las preguntas solicitan del sujeto no datos verificables, sino preferencias y vagos propósitos. Por eso mismo son propicios a un mayor ocultamiento y a la 'corrección política': porque las respuestas no cuestan nada y no comprometen a nada. De suerte que no es relevante saber cuántos exaltan la importancia del conocimiento del vascuence en general o en su entorno particular. Habría que saber también, además de sus porqués, si creen conveniente que aumente en su pueblo o en su barrio el número de charlas en euskera y si acudirían a ellas. De poco sirve averiguar la proporción de quienes declaran que el conocimiento del euskera debería contar como requisito o como mérito en el acceso al empleo público. Para conocer el valor efectivo que le conceden a esa lengua, pregúntenles de la manera más apropiada a quién elegirían como médico de cabecera o profesor de su hijo: a la persona de mejor expediente académico y amplia experiencia profesional, pero sin idea de vascuence; o a otra de peor curriculum y más corta experiencia, pero en posesión del título del EGA o similar.

Es decir, hay que incluir en el cuestionario bastantes preguntas indirectas. Significa muy poco que el sujeto manifieste su disposición a aprender euskera, mientras no se evalúe el crédito efectivo que merece su afirmación. Que el entrevistado indique, pues, cuántas horas semanales dedicaría al empeño y de qué otras aficiones restaría ese tiempo. O que ordene jerárquicamente sus preferencias, ya sea de un trabajo más agradable, mejores servicios asistenciales, conocimiento del euskera o ampliación de las instalaciones deportivas. O que valore de 1 a 10 qué elegiría para su hijo: la obtención del título universitario o una beca de estudios, una estancia en el extranjero, el dominio del euskera, un pronto contrato de trabajo, el conocimiento del inglés o del chino mandarín...

Otra investigación será deficiente, cuando no tramposa. No hace falta oficiar de profeta para presumir desde ahora mismo los decepcionantes resultados de un estudio enmarcado en estas coordenadas. Pero sólo si los conocemos se llegará algún día a legislar conforme a nuestra realidad sociolingüística, y no contra ella.

El pacto de la vieira
Luis del Pino Libertad Digital 10 Septiembre 2008

Ayer oí de refilón que en Galicia habían arrestado a alguien por vender mercancía averiada. Acudí presuroso a leer el texto de la noticia, pero mis temores eran infundados: nadie ha arrestado a Rajoy todavía. A quien han arrestado es a una conocida restauradora gallega, por comprar para su restaurante vieiras a las que no se les había retirado el hepatopáncreas, que es una glándula que puede contener una toxina amnésica.

Ya, ya sé que algún malvado podría decir que si se detiene a la propietaria de un restaurante por suministrar a sus clientes vieiras que no han pasado los controles sanitarios, lo mismo habría que hacer con los políticos que colocan a sus electores mercancía que tampoco ha pasado los controles democráticos. Y he de reconocer que es cierto que Rajoy se ha pulido, dentro del PP, a muchos de los que mejores resultados electorales han obtenido (por ejemplo, a Esperanza Aguirre) y ha aupado a una serie de personajes que en las últimas elecciones obtuvieron resultados desastrosos (por ejemplo, a Núñez Feijoo o a Alicia Sánchez Camacho). ¡Pero es que no es lo mismo, caballeros! Una cosa es poner en riesgo la vida de una persona vendiéndole alimentos en mal estado y ora cosa bien distinta es poner en riesgo la vida del partido, que ni siente, ni padece, porque es una cosa abstracta que, como tal, lo aguanta todo. Si alguien se muere por comer lo que no debe, no hay solución que valga. Por el contrario, los partidos son instrumentos perfectamente prescindibles; y si un partido decide suicidarse, algún otro cubrirá el hueco de mercado que el partido deje libre.

Algunos mal pensados podrían tratar de llevar el paralelismo un paso más allá y decirme que Rajoy también lleva meses intentando suministrar a sus electores una toxina amnésica, para ver si éstos se olvidan de que se les pidió el voto para oponerse al nacionalismo, y no para rendirse a él; para defender una serie de valores morales, y no para dejar a Zapatero reformar por la vía de los hechos consumados la realidad social de España; para regenerar la vida democrática, y no para pactar el secuestro final de la Justicia; para oponerse al cambio de régimen, y no para convertirse en un engranaje más del golpe de estado permanente en que se ha convertido la vida política española. Y de nuevo he de reconocer que tendría razón quien esto me dijera. ¡Pero hombre, tampoco vamos a arrestar a Rajoy por eso! A quienes habría que arrestar es a todos los tontainas que le hemos votado, por dejarnos engañar.

Con el desbloqueo de la renovación del CGPJ se elimina el penúltimo obstáculo para la consumación del golpe de régimen confederal, golpe al que el PP ya se ha incorporado de manera definitiva. Para los que todavía duden, basta con hacerse dos preguntas:

1. ¿Por qué el PP, que ha estado bloqueando la renovación de ese órgano durante más de dos años, accede precisamente ahora a conceder la mayoría del CGPJ a los vocales social-nacionalistas, en lugar de esperar tranquilamente a que la crisis económica fuerce unas elecciones anticipadas?
2. ¿Y por qué el PSOE, a quien el adelanto de las elecciones gallegas sólo podía beneficiarle, accede a agotar la legislatura autonómica, evitando así a Rajoy una debacle en Galicia que pusiera en entredicho su liderazgo dentro del PP?

Tal vez las respuestas a esas dos preguntas estén relacionadas. En el actual panorama tóxico de la política española, Zapatero y Rajoy se necesitan mutuamente, porque ambos forman parte de un mismo proyecto. Así que el PP y el PSOE harán encaje de bolillos a cuatro manos en los meses sucesivos, para seguir vendiendo mercancía en mal estado a los españoles, pero intentando por todos los medios que la clientela no se harte y abandone en masa el restaurante.

Como soñar es gratis, permítanme que pregunte: ¿habrá algún emprendedor lo suficientemente inteligente como para montar un restaurante de comida casera? ¡Se le llenaría el local, oiga!

UPN y PP
Reyes de la taifa
Que un Miguel Sanz se muestre dispuesto a apoyar los presupuestos de Zapatero a cambio de ciertos beneficios para Navarra es la resultante de la ley de la jungla que impera en el reino de la taifa.
Cristina Losada Libertad Digital 10 Septiembre 2008

Escribía Diderot en El sobrino de Rameau que uno se traga a grandes sorbos la mentira que halaga y se bebe gota a gota la verdad que resulta amarga. A grandes sorbos y con aparente delectación tragó el PP que en Navarra gobernara UPN bajo la espada de Damocles de los socialistas, y ahora le toca beberse una de las amargas gotas de la verdad que entonces prefirió apartar de su vista. No extraña que en su comparecencia con Sanz se sintiera Rajoy descompuesto por efecto de esa gota de la pócima.

El asunto, sin embargo, no se limita a un desencuentro entre UPN y el PP. Se trata del conflicto por antonomasia: el que se ha gestado aquí durante décadas. El Estado de las Autonomías, diseñado para disipar las tensiones centrífugas a través de la descentralización, ha conseguido aumentarlas. Y no sólo por obra del nacionalismo, que no se dedica a otra cosa. También por la gracia de los gobiernos centrales, que han ido soltando más poder y dinero a las autonomías hasta convertirlas en pequeños Leviatanes con burocracias en continuo engorde y voraces castas políticas, que no miran más allá del terruño en el que pacen.

Que un partido regional anteponga sus primeros y primarios intereses a los generales de la nación, no puede sorprender cuando las sucursales de los partidos dizque nacionales lo hacen. Que un Miguel Sanz se muestre dispuesto a apoyar los presupuestos de Zapatero a cambio de ciertos beneficios para Navarra es la resultante de la ley de la jungla que impera en el reino de la taifa. Pelea cada cual por llevarse más piezas del tesoro, por ver quién arranca más de Madrid y quién expolia con mayor éxito al resto de competidores. Y todo ello con el fin de exhibir el trofeo y que les voten. Al modo de los caciques de antaño, se han erigido en conseguidores.

Por el bien de Navarra y de España vino a justificarse que Sanz asumiera el Gobierno bajo la amenaza perenne de una moción de censura y al albur de las exigencias del PSOE. Las grandes y huecas palabras que no falten. Pero lo que este episodio revela es una pavorosa ausencia de convicciones.

Rajoy
El gestor apacible
Los populares desean centrarse en la crisis económica porque en los demás terrenos no saben qué proponer.
Emilio Campmany Libertad Digital 10 Septiembre 2008

Una parte del éxito del PSOE en las pasadas elecciones se debió a que supieron presentar al PP como un partido reaccionario. Los populares están convencidos de que la operación tuvo éxito por haberse dejado arrastrar a las manifestaciones contrarias a la negociación con la ETA, incómodamente atestadas de banderas españolas, oponerse al nuevo Estatuto de Cataluña y enredarse en las teorías de la conspiración del 11-M.

Creen que para ganar en 2012 deben abandonar esos terrenos y desplazarse allí donde un partido de centro reformista como el suyo pueda transmitir mejor su mensaje. En ese sentido, la crisis económica les ha caído como pedrada en ojo de boticario porque saben que los españoles los consideran mejores gestores que los socialistas. Y con este espíritu acudió Rajoy al debate sobre la crisis en el Congreso: "Gestionamos mejor la crisis", que es lo que se lee en unas camisetas que acaba de imprimir el partido.

Así que el PP ha decidido limitar su trabajo de oposición a la crisis económica. Y ni siquiera para prometer que la superarán, sino sólo que la gestionarán mejor. Esta decisión, con ser un error, no es lo peor. Lo peor es que los populares desean centrarse en la crisis económica porque en los demás terrenos no saben qué proponer. Por un lado, no quieren prometer una marcha atrás, porque si lo hacen les acusarán de reaccionarios. Tampoco pueden decir que irán en la misma dirección que está yendo el PSOE porque, para eso, ya están los socialistas. De forma que a lo que se comprometen con sus cariacontecidos electores es a pararse: no ir más allá de hasta dónde haya llegado el PSOE, pero tampoco ir hacia atrás. Entienden pues la política como un camino en el que sólo se pueden hacer tres cosas: ir hacia delante, que es lo que hace el PSOE; ir hacia atrás, que es lo que quieren los reaccionarios, que votan al PP, pero que no bastan para ganar unas elecciones; o pararse, que es lo único que puede hacer el PP para poder decir que no son ni socialistas ni reaccionarios.

Sin embargo, la política no es un camino, sino una perpetua encrucijada. Hay muchas maneras de avanzar, y las de la izquierda son casi siempre las peores. La derecha, y muy especialmente la nuestra, tiene un sinfín de oportunidades para demostrar que tiene políticas superiores a las del PSOE. En materia de organización territorial, podría proponer hacer de España una verdadera federación en la que todos los estados federados tuvieran las mismas competencias y éstas estuvieran fijadas de antemano; en educación, el cheque escolar; en justicia, una radical profesionalización de los jueces, estableciendo un sistema de nombramientos donde prime la antigüedad y no la adscripción política; en asuntos exteriores, una "atlantización", estrechar lazos con Estados Unidos y Gran Bretaña en vez de con Francia y Alemania; en defensa, la modernización del ejército; en seguridad, la mejora salarial de los cuerpos de seguridad para luego exigir mejor formación, capacidad y eficacia; y en cultura, la casi total desaparición de las subvenciones.

Podrían añadirse muchas más y debatirlas para aceptarlas, matizarlas o rechazarlas. Sin embargo, no hay debate porque no hay propuestas. Lo único que el PP sabe prometer a sus potenciales electores es que, si ganan, no empeoraremos.

Gestionar, gestionar, sí parece que saben hacerlo, pero entusiasmar...

Cataluña ya no es lo que era
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 10 Septiembre 2008

[Cataluña] En el primer Congreso Internacional de Sociología, inaugurado en Barcelona y presidido por José Montilla, los sociólogos catalanes afirman que "Cataluña ha dejado de ser el motor de la economía y de la modernidad de España". Algo, por cierto, sobradamente conocido por la opinión pública española desde hace tiempo. Es decir que los sociólogos catalanes no han dicho nada nuevo, sino que han confirmado "científicamente" lo que ya era vox populi.

Los Juegos Olímpicos de hace 16 años, recordemos que apoyados con verdadero entusiasmo por todos los españoles, han sido el único evento que ha concitado multitudes y simpatía por parte de todos. El Forum de las Culturas de 2004, presupuestado en 50.000 millones de pesetas, fue un fracaso tan espectacular que ni tan siquiera se celebró su primer aniversario. El entonces alcalde de Barcelona, el socialista Joan Clos, ahora es embajador en Turquía. Jean Clos se pasó de triunfalista antes de la celebración del Forum y llegó a decir que "en Barcelona hay más actividad cultural que en París". Le faltó decir que los niños ya no vienen de París, sino de Barcelona.

Uno de los elementos más graves de la decadencia cultural catalana que detectan los sociólogos es el incremento del radicalismo en Cataluña. La imagen que los políticos catalanes están dando de Cataluña es lamentable para cualquier ciudadano con un mínimo de sentido común, excepto para los ultranacionalistas que supongo que estarán al borde del nirvana.

La Televisión de la Generalidad (TV3), debido a su proceso de radicalización que interesa sólo a una minoría, va cuesta abajo, perdiendo cada vez más audiencia y dinero. La audiencia del mes pasado no superó el doce por ciento. Ha pasado de ser la primera de Cataluña al tercer o cuarto lugar. Según Minuto Digital: "Su contenido informativo es mucho más comparable a la desaparecida televisión soviética que a TVE. Un dirigente del PSC manifestó que TV3 está en manos de un "soviet" (sic) que no pueden controlar. Su admiración por Hugo Chávez es continua y patente".

La política de subvenciones "selectivas" no favorece en nada el desarrollo de la empresa y la economía catalanas. Según el Financial Times, bajo Pujol la Generalidad llegó a subvencionar una película en catalán con una cantidad que resultó ser equivalente a más de 15.000 pesetas por espectador efectivo. En Galicia, al menos, la Xunta ha previsto el despilfarro económico que supondría el doblaje de las películas al gallego y ha tenido la prudencia de renunciar al intento. Con toda seguridad la audiencia de las películas dobladas al gallego sería mucho menor y la asistencia a las salas de cine, ya en crisis, bajaría en picado.

Muchas empresas catalanas, ante las limitaciones impuestas por la inmersión lingüística, se han reubicado en Madrid o en otras capitales. Según el abogado y politólogo Óscar Serrano Peña: "El 40% de las empresas extranjeras afincadas en España se concentran en el entorno de Madrid, cuya área metropolitana alberga nada menos que 1918 empresas multinacionales, y en cuanto a inversión de capital directo el 60 % de ese capital extranjero que vino en la última década se concentró también en Madrid. El área de Barcelona -y por extensión en influencia el área catalana- no es siquiera la segunda ciudad española con mayor facturación y empleo de multinacionales, sino la tercera, por detrás de Madrid aún nos supera Alcobendas. Además, el área de Barcelona sólo acoge a un escaso 9% de empleo de multinacionales por un 34% de Madrid. Con los sueldos no nos va mejor tampoco, los madrileños, según el I.N.E. -datos correspondientes al primer trimestre del 2008- cobran unos 2.086 € de media, los vascos unos 1.932 €, por unos 1.789 € los catalanes".

Y he aquí la sabia conclusión de Óscar Serrano Peña: "Encerrarse y engordar en el huertecito patrio ni nos hará mejores ni más competitivos, ni siquiera nos hará más catalanes. Despierten ya, por favor. De lo contrario, quienes se acabarán cargando el autogobierno catalán serán ustedes [se refiere a los políticos nacionalistas catalanes] y no los conservadores más acérrimos escondidos en sus despachos grises de las secretarias de estado y direcciones generales de los ministerios".

El enemigo, como vengo repitiendo hasta la saciedad, no es el pretendido españolismo, sino el propio nazionalismo. La prueba es que Cataluña ya no es la que era. Y lo peor es que Galicia, con muchísimo menos nivel económico y cultural, va por el mismo camino.
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Blog de Óscar Serrano Peña: http://oscarsepe.blogspot.com
Minuto Digital: http://www.minutodigital.com

Togas bordadas
M. MARTÍN FERRAND ABC 10 Septiembre 2008

ESTAS líneas no las escribo al amparo de la libertad de expresión que reconoce la Constitución vigente. Me acojo, para redactarlas, al más consuetudinario y rotundo derecho al pataleo, el único que nos resta a los ciudadanos pacíficos cuando quienes dicen ser nuestros representantes olvidan sus compromisos electorales y anteponen, incluso chapuceramente, sus conveniencias partidarias a la más generalizada demanda social. La componenda pactada por el PSOE y el PP para, con dos años de retraso, renovar (?) el Consejo General del Poder Judicial, aparte de demostrar que los poderes del Estado han quedado reducidos a la voluntad pactada de los dos grandes partidos, sirve para difuminar la poca fe que los más ingenuos pudieran mantener en la Justicia.

Mal día fue para la democracia el del pasado mes de julio, en que Mariano Rajoy visitó, en La Moncloa, a José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos, en lamentable compadraje, sentaron las bases del acuerdo que ahora han rematado sus portavoces parlamentarios. Con el interesado visto bueno de CiU y PNV, grandes raqueros de la Constitución, el PSOE y el PP se han repartido, mitad por mitad, la nómina del CGPJ en beneficio de jueces y juristas próximos a cada uno de los dos bloques que, en los hechos de cada día, dejan sin contenido los valores y principios propios de una democracia constitucional, parlamentaria y representativa.

El PSOE, al designar a «sus» miembros en el CGPJ, ha mantenido su línea, iniciada en los días del felipismo para tapar, en lo posible, los crímenes de Estado y la galopante corrupción del momento. El PP, por el contrario, ha renunciado a sus prédicas de «regeneración democrática», las que le proporcionaron la victoria electoral en 1996 y luego dejaron incumplidas. Ahora, tal para cual, los socialistas se han abrazado a su tribu judicial, Jueces para la Democracia, los populares a la suya, Asociación Profesional de la Magistratura, y, con una mutua concesión a la Asociación Francisco de Vitoria, más independiente, han dejado sin representación proporcionada en el Consejo a la mitad de los cuatro mil y pico jueces que ejercen en España y no están asociados en ninguna de ellas.

Sería procedente, en consecuencia, que los integrantes del CGPJ, para evitar equívocos y malas interpretaciones, mandaran bordar en la pechera de sus togas el símbolo de su partido de referencia. Un delicado bordado en hilo de oro fino, con la técnica del canutillo que le dé relieve, sobre el brillante raso que marca la tradición. Unos con la rosa y otros con la gaviota. Los de CiU y PNV con lo que se les antoje, como si se tratara de un Estatuto, y si alguno se siente independiente y puede, sin sonrojo, declarase como tal que se mande bordar un trébol de cuatro hojas. También deben reconocerse la suerte y la casualidad.

Justicia con minúscula
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 10 Septiembre 2008

A los periodistas nos encanta citar al Jefferson joven, cuando dijo que prefería periódicos sin gobierno a gobierno sin periódicos. Lo que nos callamos, puede que por desconocerla, es otra cita del Jefferson presidente: «El que no lee periódicos está mejor enterado que el que los lee». Pienso que en ambos casos Jefferson exageraba, como buen político.

De lo que no cabe duda es de que, puesto a elegir entre los tres poderes, gobierno, parlamento y Justicia, un verdadero demócrata elegiría siempre la Justicia, piedra angular del Estado de Derecho y garantía de los ciudadanos al controlar los otros dos, hasta el punto de poder decirse que sin Justicia independiente no puede haber democracia verdadera.

Como ocurre, desgraciadamente, en España. Es el pecado original de nuestra democracia, consagrado por la Constitución del 78. El Consejo General del Poder Judicial, máximo organismo de los jueces, es designado por el Congreso, esto es, por los partidos políticos, que lo han convertido en Parlamento en miniatura. El PP tuvo oportunidad de corregirlo cuando tenía la mayoría absoluta, pero no lo hizo, en uno de sus errores más garrafales. Pero dejar a los políticos el control de la Justicia es como dejar a una cabra en un huerto de lechugas. ¿Tienen también culpa los jueces? Pues en parte, al haberse dejado clasificar, o clasificarse ellos mismos, de progresistas y conservadores. Un juez tiene que ser sólo juez. Se le supone imparcial y demócrata, pero cualquier otro adjetivo le desvirtúa. Y no digamos ya si se ha metido en política activa.

Es como el pecado original, no ha hecho más que aumentar en los 30 años transcurridos. Lo demuestra el recién nombrado CGPJ, con más acento partidista que ninguno. El PP ha podido salvar los muebles, con 9 vocales, los mismos que el PSOE, aunque debe despedirse de ganar cualquier votación, pues los 2 correspondientes a los nacionalistas -una ex diputada del PNV y un ex portavoz de CiU en el Senado- difícilmente votarán con él. Le queda el bloqueo de los nombramientos importantes, que requieren los tres quintos de los votos, aunque eso signifique volver a la parálisis que viene agarrotando la justicia española, ya con minúscula.

En resumen, que nadie eche las campanas al vuelo por esta renovación del CGPJ. Vamos a ver más de lo mismo, incluso acentuado. Aquí, los únicos que pueden alegrarse son los elegidos y los partidos políticos, quedando al resto de la ciudadanía, que clama por una justicia independiente, rápida y efectiva, muy poco que festejar.

Ocurre cuando el Tribunal Constitucional, cuya renovación está también pendiente, se enfrenta a casos trascendentales, como el nuevo estatuto catalán y la consulta de Ibarretxe. Mi única esperanza es que me equivoque por completo, y que algunos de los nuevos vocales se olviden de quién les ha elegido y recuerden que son jueces o «juristas de reconocido prestigio». No sólo se salvarían ellos. Salvarían también la Justicia española y, con ella, la democracia.

La fosa común de la justicia
IGNACIO CAMACHO ABC 10 Septiembre 2008

LA justicia española sería igual de lenta e ineficiente si no existiese el Consejo General del Poder Judicial, pero al menos saldría algo más barata. Para lo que ese organismo ha hecho en los últimos (bastantes) años hubiese bastado una comisión parlamentaria, cuyos diputados habrían votado igual que los presuntos juristas independientes; es decir, alineados sin fisuras con los partidos a los que deben el cargo. En la tarea de inspección de los jueces sobra con una subdirección general, y el resto de las funciones dependen del caso que haga el Gobierno, que es ninguno. Durante la Transición, bajo el entusiasmo de la refundación democrática, se crearon instituciones muy esperanzadoras que han devenido inútiles, como el citado CGPJ o el Senado, debido al poder invasivo de la partitocracia de aparatos. Incluso el Tribunal Constitucional podría haberse subsumido en una Sala Especial del Supremo, como en otros países, en vez de convertirse de hecho en una tercera cámara, por cierto mucho más determinante que la segunda.

Claro que esa arquitectura institucional habría podido tener éxito, pero para eso hubiera sido menester que los dirigentes públicos se cortasen las manos en vez de meterlas en todo guiso que se cocine fuera de su teórica área de influencia. El sistema de las «correas de transmisión», originariamente centrado en los sindicatos, se ha extendido a la justicia, a la cultura, al mundo económico y a casi cualquier esfera social. Nuestra vida pública funciona por cuotas en estricto correlato con la aritmética parlamentaria, encerrando la vitalidad de la sociedad civil en un corsé de sectarismo. No es que hayamos enterrado a Montesquieu: es que hemos fusilado de golpe a toda la filosofía democrática moderna y hemos arrojado sus restos a una fosa común que nunca buscará el Garzón de turno.

Con todo, no es posible culpar en exclusiva de esta degradación institucional al apetito de poder de los partidos; si éstos han extendido sus insaciables tentáculos es porque han encontrado campo libre. En la justicia esta anuencia resulta particularmente escandalosa, porque el estatus de independencia reside en los jueces mismos, en tanto que tales, y son ellos los que a menudo se dejan hacer para actuar como meras terminales de consignas. Si el nuevo Consejo del Poder Judicial resulta, como el Constitucional, del todo previsible en sus fallos es en la medida en que los miembros electos se comportan con perruna fidelidad a quienes los designan.

Bastaría que afirmasen sus criterios en sus convicciones para erigirse en un órgano de gran interés capaz de servir de contrapeso a los intereses sindicados de la clase política. Las pocas veces que esto ha ocurrido en la magistratura se han dado casos muy edificantes, como en el sumario de los GAL, que concluyó con un ministro en la cárcel, sano ejemplo de la supremacía de la ley. Ahora en cualquier asunto de índole política los fiscales actúan como fuerza de choque del Gobierno de turno y los miembros del CGPJ votan como galeotes al compás del tambor de un aparatchik. Ya no sirve la maldición popular de "pleitos tengas y los ganes"; basta con que te toque uno de esos jueces que cuando se ponen la toga dejan colgada la independencia en el perchero.

Grave error de UPN
Editorial ABC 10 Septiembre 2008

La estabilidad política de Navarra es un elemento clave para el funcionamiento del sistema territorial. A nadie se le escapan las ambiciones de unos y otros sobre la Comunidad Foral, agravadas por el resultado de las últimas elecciones regionales, que permite a los socialistas jugar con diferentes opciones. El anuncio de Miguel Sanz sobre la posibilidad de que los dos diputados de su partido en el Congreso apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2009 ha desatado lógicamente un conflicto entre PP y UPN. La respuesta impertinente y destemplada del presidente navarro a Javier Arenas es fiel reflejo de un estado de nervios que resulta incompatible con la lógica política. UPN es un partido foralista e inequívocamente español que representa la opción moderada y centrista en una región en la que los ciudadanos son conscientes de que no se debe jugar con fuego en asuntos tan delicados. Cuando Sanz dice que Arenas tiene que «meterse en su casa» olvida que existe una casa común que comparten populares y foralistas en la defensa sin ambigüedades de la España constitucional. Más allá de palabras fuera de tono, los problemas deben encauzarse a través de la comisión de seguimiento del pacto entre las dos formaciones de centro-derecha, y así lo intentó ayer Mariano Rajoy, primer interesado en que se reconduzca esta crisis, con su oportuna visita a Pamplona.

El sector de UPN que se deja tentar por los cantos de sirena socialistas olvida que, en último término, el objetivo del PSN —coincidente con el PSOE a escala nacional— sería llegar a acuerdos con el PNV, al que necesitan como socio. Porque si UPN abdica de sus convicciones por mantenerse en el poder estará dando a los socialistas un peligroso margen de movimientos que les permitirá zafarse en Navarra de las contradicciones que les llevaron a su último batacazo electoral y liberarse de buena parte del descrédito que suponía acercarse al nacionalismo vasco después del fracaso de la negociación con ETA. Rodríguez Zapatero sigue a lo suyo con tal de encontrar algún apoyo en el Congreso. Miguel Sanz no es la voz única de su partido y debe reflexionar sobre una situación absurda, que no se corresponde con el deseo muy mayoritario de sus electores, que no en vano dejaron claro que no estaban dispuestos a que Navarra fuera moneda de cambio. La lógica implica que UPN cumpla con naturalidad sus compromisos y que la lealtad recíproca conduzca a una solución convincente. PP y UPN representan lo mismo en términos sociológicos y políticos, y esta realidad elemental debe prevalecer sobre cualquier consideración coyuntural y oportunista. Las cosas no se arreglan con salidas de pata de banco y excesos retóricos . Tampoco jugar a dos bandas es una decisión adecuada. El presidente foral manifestó ayer que el pacto con el PP goza de buena salud y que su formación política es fiel a los compromisos, pero al mismo tiempo dejó la puerta abierta a negociar con el Gobierno el apoyo a los Presupuestos a cambio de determinadas concesiones. Para rematar la faena, aseguró que no se trata de actuar con egoísmo, sino con «coherencia», lo que supone un esfuerzo imposible para hacer compatibles dos actitudes contradictorias.

La clave en política consiste en mantener en todo momento las propias señas de identidad. Se equivoca gravemente UPN si pretende sacar provecho de estas extrañas contorsiones, porque los electores son muy sensibles a la coherencia entre los medios y los fines. Lo único sensato es que todo el centro-derecha siga votando de forma común en el Congreso de los Diputados. El único beneficiado de este asunto es el PSOE, que trata de aprovechar que los socialistas navarros son vitales en la permanencia de UPN en el poder para buscar un apoyo inesperado ante una negociación presupuestaria larga y difícil. La gran mayoría de los navarros exige que se imponga la sensatez, porque por este camino UPN conseguirá el sorprendente resultado de permitir —por vía indirecta— la expansión del nacionalismo vasco.

Hoy Gabriel Albiac en las «Las claves de LA RAZÓN»
En ausencia de Constitución
Sin autonomía de poderes no hay Constitución, reza la teoría clásica. En 1985, esa autonomía fue borrada en España
  La Razon 10 Septiembre 2008

La Constitución en España duró siete años: los que van de 1978 a 1985. Luego vino otra cosa. Indefinida. Ésta. La que hizo posible anteayer -una vez más- que los partidos políticos se repartan las plazas del gobierno de los jueces. Legalmente. Marcándolos, así, con el hierro del amo. Amo, aun benévolo.

Dejemos, pues, hoy de lado todo adorno. Es demasiado grave lo anteayer exhibido como para eufemismos. Es demasiado grave, aunque todos supiéramos que sucedería. Demasiado grave, aunque todos los políticos sean felices con el resultado. Demasiado grave, porque todos los políticos son felices con él.

No hay Constitución en España. No es un juicio político. Es constancia académica. Si uno se atiene a la ortodoxia constitucionalista, fijada por el abad de Sieyès en 1789: «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y la división de los poderes no esté determinada, no posee constitución».

No pone un átomo de retórica el abad de Sieyès en la fórmula. Sí el peso de los hechos. El Estado moderno es la más fantástica concentración de fuerza que haya concebido el ingenio de los hombres. Tiene enormes ventajas: pone en juego mecanismos de eficacia sin precedente; en lo económico como en lo militar; desde el control de los impuestos hasta el tallado de las conciencias. Tiene riesgos también extraordinarios: da al Estado que quiera ejercerla la potestad de borrar lindes entre lo público y lo privado, capacidad de succionar cada instante de nuestras vidas, de hacer de lo privado instancia que regula el poder político. Y, cuando Montesquieu fija el principio irrebasable «il faut, par la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir», o sea que «es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder contrarreste al poder», no está haciendo una filigrana de excelente estilo conceptual y literario; ni un juego fatuo académico. Está dando forma axiomática a la condición de supervivencia individual en el mundo moderno. Sin esa condición, no hay ciudadano; sólo súbdito. Sieyès no hizo sino dar a ese axioma forma de manifiesto político: «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y la división de los poderes no esté determinada, no posee constitución». No posee Constitución. España. Ahora mismo. Luego de 1985. Cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial puso en manos de los partidos parlamentarios la designación de todos -todos- los miembros del gobierno de los jueces. Y cuando, luego, un PP en el poder violó la literalidad de su programa y pactó con el PSOE la perpetuación de ese modelo.

Muchas son las vergüenzas de la democracia española. La ley orgánica de 1985 no es una de ellas; es su destrucción. Hace de nuestro sistema político un despotismo atenuado: el ciudadano puede votar, y el político queda exento de responder ante la ley de sus posibles fechorías, que han sido muchas -ligadas a su oscura financiación, en buena parte-; que han sido, sobre todo, sistemáticas. No hay Constitución, en el rigor académico del término. Hay libertad tutelada por poder único y ajeno a derecho. Impune.

Rosa Díez: "El nacionalismo nos cuesta muy caro a los ciudadanos"
 Periodista Digital 10 Septiembre 2008

 "Quiero parecerme a los países que diseñan coches, no a los que los montan". Así de contundente se ha mostrado Rosa Díez en su turno de palabra. Después de que Zapatero haya ido motu proprio al Parlamento para no anunciar ninguna medida nueva contra el paro y tampoco ha hecho balance de las anteriores medidas, la parlamentaria de UPyD también ha tomado la palabra.

Zapatero ha reconocido que los gastos sociales aumentarán y ha dicho que lo financiará con "el margen fiscal". Rosa Díez le ha echado en cara su autocomplacencia en materia de innovación afirmando: "yo quiero parecerme a los países que diseñan coches, no a los que los montan".

“Más allá de la crisis económica, España sufre una crisis política. La crisis no sólo está en los mercados; está en las instituciones”.

Así ha comenzado su discurso la parlamentaria vasca:

"Usted ha venido al Parlamento a eludir su responsabilidad. Pero su gobierno es responsable ante los ciudadanos y yo le voy a recordar por qué. Su Gobierno hizo caso omiso a los síntomas de cambio de ciclo económico que se apreciaban en la segunda mitad de 2007 porque las elecciones generales estaban demasiado cerca y cualquier medida económica que se adoptase hubiera puesto en entredicho su única baza política dado que, tras el fracaso de la negociación con ETA y el convulso proceso de reforma estatutaria, el PSOE se había quedado con un único discurso: “los socialistas pueden gestionar la economía mejor que la derecha”. Y por eso usted negó la crisis, cometiendo así la enorme irresponsabilidad de poner en riesgo la economía de los españoles para no poner en riesgo el resultado electoral de su partido.

Y a medida que los datos económicos confirmaban los peores augurios, la oposición se empezó a sentir cómoda esgrimiendo el viejo discurso de que “la derecha gestiona mejor la economía que la izquierda”… Todos parecen olvidar que la economía española tiene importantes carencias competitivas que se derivan del modelo económico y productivo desarrollado durante la última década. El Gobierno socialista, su gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, ha heredado y dado continuidad al “Modelo Aznar-Rato”, haciendo caso omiso a las señales que indicaban su agotamiento. La crisis sería una buena oportunidad para cambiar un modelo de crecimiento económico basado en el ladrillo y los servicios, apostando por la calidad de producción y empleo. Pero eso requeriría cambiar los eslóganes por la política. Y eso es algo que usted no parece estar dispuesto a hacer.(Ya en la segunda legislatura de Aznar ese modelo debió revisarse, así lo aconsejaban todos los indicadores exteriores y así lo reclamaban los agentes sociales y económicos nacionales).

¿Es posible que no haya ni una sola persona en el Ministerio de Economía que pueda apuntar una medida correcta en el momento adecuado? No; la cosa es más grave. No estamos ante un problema de incapacidad; estamos ante un problema de irresponsabilidad, de un país en manos de partidos políticos sin sentido de Estado; de un estado débil, sometido a los intereses políticos de los partidos grandes o a las miserias y chantajes de los que no reconocen al Estado.

La gran irresponsabilidad del Gobierno ha erosionado la credibilidad, (con usted hemos llegado a un déficit por cuenta corriente que supera el 10% del PIB. Han bastado los primeros vientos de cambio en la coyuntura internacional para que se pusiera de manifiesto que nadie nos va a seguir financiando ese déficit) y por tanto la eficiencia de la política económica. Ustedes han realizado de forma interesada un mal diagnóstico (primero porque las elecciones estaban cerca y después para que no fuera tan evidente el engaño). Y todo porque los votos han pesado para ustedes mucho más que los puestos de trabajo".

Y ha concluído:

"Por último, Sr. Presidente. Un país competitivo debe ser, necesariamente, un país unido. Un país en el que no existan mercados fragmentados, en el que esté garantizada la libre circulación de las personas y mercancías y los capitales no encuentren frenos. En esto también estamos fallando. El Club Financiero Vigo acaba de señalar que determinadas políticas lingüísticas, que a usted tanto le gustan, son un freno para la competitividad de las empresas gallegas. Lo mismo se podría decir de lo que está ocurriendo en otras regiones de España. Otro tanto podría decirse de los efectos negativos que sobre la economía y el empleo está teniendo la proliferación de regulaciones de ámbito autonómico. La Constitución le reconoce al Estado competencias para la armonización, pero su Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, ha renunciado a ejercerlas.

La política española, dominada por las concesiones a los nacionalistas, está dejando al Estado sin instrumentos para desarrollar políticas económicas eficaces contra la crisis, que reclama una planificación racional centrada en el interés general y no en el de determinados partidos o elites regionales. Es un disparate que habiéndose cedido tantas competencias a instituciones comunes de la Unión Europea (por ejemplo la política monetaria) el resto de los instrumentos económicos, como el presupuesto del estado, se haya convertido en materia de mercadeo con comunidades autónomas, partidos nacionalistas o secciones autonómicas del partido del gobierno (como el PSC). El nacionalismo nos cuesta muy caro a los ciudadanos, aunque sea muy cómodo para algunos políticos que han perdido el sentido de estado. Lo que nos lleva a la triste conclusión de que, más allá de la crisis económica, España sufre una crisis política. Lamentablemente la crisis no sólo está en los mercados; está en las instituciones.

Y de eso su gobierno es también responsable. Es responsable del agravamiento de la crisis económica y de empleo por la mala gestión que ha hecho de la misma. Y es responsable de que el Estado se haya ido vaciando de instrumentos en materia financiera, en las infraestructuras de transporte, en la política hidráulica, en el ejercicio de la función pública…- y que ahora, cuando hay que enfrentarse a una crisis, se vea impotente para hacerlo. El Gobierno ha renunciado a hacer política de Estado y se ha conformado con ser el coordinador de las diecisiete Comunidades Autónomas. Eso, Sr. Presidente, es lo que se llama, no tener ambición de país. Su intervención en el Pleno de hoy ha sido un buen ejemplo de esa carencia".

POR DENUNCIAR LA PERSECUCIÓN DEL CASTELLANO
Joan Puig pide a la Generalidad que boicotee a El Mundo
El dirigente de ERC que asaltó en bañador la propiedad de Pedro J. Ramírez, llama ahora a boicotear al diario El Mundo. En su blog del que se hace eco e-noticies, Joan Puig habla de una "campaña contra la lengua y la cultura de Cataluña" por las informaciones que denuncian la conculcación de los derechos de los castellanohablantes. En un tono solemne que no se compadece con el personaje pide a las "instituciones de Cataluña" que "dejen de colaborar con estos panfletos que insultan a los ciudadanos de este país".
Libertad Digital 10 Septiembre 2008

La bitácora de Joan Puig, dirigente de Esquerra Republicana, tanto sirve para llamar nazis a los directivos de Air Berlin y "malnacidos" a los extremeños, como para arremeter contra Pau Gasol por su compromiso con la selección española.

En esta ocasión este asaltapiscinas vuelve con una de sus obsesiones para pedir un boicot institucional al diario El Mundo. Llega a recordar una campaña contra La Vanguardia en 1960 por unas palabras contra los catalanes atribuidas su entonces director, Luis Martínez de Galinsoga.

Dice Puig que las informaciones de El Mundo sobre la persecución que padecen los castellanohablantes en Cataluña "son claramente candidatos a los premios desecho de la información" y que "modestamente yo digo que ya es suficiente, basta de insultar, mentir y tergiversar la realidad de la lengua en Cataluña".

"El panfleto antes mencionado ha ido más allá del caso Galinsoga, desde hace años no para su campaña de difamación contra la lengua y la cultura de este País, provocando el odio y el enfrentamiento, creo que es hora de reaccionar, creo que es hora de que aquellos que mienten sobre nuestro País sufran el vacío de nuestra sociedad", añade Joan Puig.

El independentista considera "intolerable, insultante, que directivos de este panfleto intervengan en nuestros medios públicos predicando la mentira y el engaño, ¿alguien se imagina en Israel o Alemania permitiendo que aquellos que niegan el holocausto tengan amplía tribuna en sus medios de comunicación?". "Pido modestamente que el Gobierno de mi País y sus instituciones dejen de colaborar con estos panfletos que insultan a los ciudadanos de este País con sus malas informaciones", concluye.

ENTREVISTA: La renovación del Poder Judicial
FERNANDO GRANDE-MARLASKA Juez de la Audiencia Nacional
"Es una bofetada para el 50% de la carrera judicial"
JOSÉ YOLDI - Madrid El País 10 Septiembre 2008

Casi la mitad de los 4.200 jueces que hay en España no pertenecen a ninguna asociación. Este colectivo, representado en el Consejo saliente por tres vocales, queda ahora sin presencia en el órgano. Los cuatro magistrados no adscritos que aspiraron a formar parte de él creen que el gobierno de los jueces será un poco menos independiente

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que optaba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como magistrado no asociado, declaró ayer a EL PAÍS desde São Paulo (Brasil), donde participa en un simposio, que la composición del nuevo CGPJ "ha sido una bofetada para el 50% de la carrera judicial, que no está asociada".

"Está claro", manifestó Grande-Marlaska, "que los independientes no gustamos ni en Génova ni en Ferraz" [sedes centrales del PP y del PSOE, respectivamente].

El magistrado lamentó que "la voz de los no asociados no será oída ni representada en el gobierno de los jueces", y sentenció: "Los políticos han callado la voz de los jueces independientes. ¿Qué juez no asociado querrá presentarse ahora al próximo Consejo General del Poder Judicial?", se preguntó.

El magistrado se presentó como candidato con la confesada intención de tratar de cambiar lo que hasta ahora ha sido el CGPJ: una traslación del porcentaje de representación partidista existente en el Parlamento al gobierno de los jueces y magistrados. A su entender, esa situación es muy negativa y, como ya aseguró en julio de 2006, cuando debía de haberse renovado el CGPJ, podría llegar a pervertir la función jurisdiccional.

El juez de la Audiencia Nacional reconocía que el CGPJ tiene una naturaleza política desde el momento en que sus miembros son elegidos por el Parlamento, pero precisaba que hay que evitar que se olvide su faceta estrictamente profesional en tanto que gobierno de jueces y magistrados. En ese sentido, criticó lo que considera un reparto de los puestos de designación discrecional entre las diferentes asociaciones. En los nombramientos debería primar el mérito y la capacidad, independientemente de que los candidatos estén o no asociados.

El Consejo saliente fue un reflejo extremo del arco parlamentario en que fue elegido. El resultado de las votaciones se conocía antes de que se produjeran, lo que no era bueno para la justicia.

Grande-Marlaska, sin embargo, deseó "la mejor de las suertes" al nuevo Consejo, "no sólo por el prestigio de la carrera judicial, sino también para que responda a las demandas sociales". "Los españoles se merecen una justicia independiente", concluyó.

La renovación del Poder Judicial
El Consejo pactado por Zapatero y Rajoy indigna a la mayoría de jueces
La Asociación Francisco de Vitoria lo considera "un auténtico fraude de ley"
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid El País 10 Septiembre 2008

"Indignación", "apaño", "fraude de ley", "estupefacción"... Son algunos de los calificativos que se escuchaban ayer en el colectivo de jueces no inscrito a ninguna asociación judicial (son casi la mitad de la carrera) y en la segunda asociación en número de afiliados, la moderada Francisco de Vitoria. Reaccionan así ante el perfil de los vocales propuestos por el PP y el PSOE para renovar, dos años después de lo establecido, el Consejo del Poder Judicial.

Los no asociados, que son alrededor de la mitad de los 4.200 jueces españoles, se han quedado fuera del nuevo Consejo. Ninguno de los cuatro magistrados de este colectivo que se postulaban para el Poder Judicial, entre ellos el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, y que habían logrado los avales que establece la ley, fueron designados. En el Consejo saliente tenían tres representantes.

La Asociación Francisco de Vitoria sólo ha conseguido un vocal de los 20, Manuel Torres Vela, una situación que ayer les hizo protestar en un comunicado en el que calificaban el pacto "de un auténtico fraude de ley que no respeta el principio de proporcionalidad" y en el que denunciaban "la desmedida ambición de los partidos políticos para repartirse las cuotas de poder".

Los jueces no asociados también se quejan del sesgo político de los vocales propuestos, entre los que se encuentran el consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, dos ex diputados, una ex secretaria de Estado, un ex subsecretario, dos magistradas muy significadas en causas contra Gobiernos socialistas...

Consideran los independientes estas designaciones como "un intento de tener prietas las filas" en un órgano que debe emitir dictámenes sobre las importantes reformas legales -aborto, mayores penas para pederastas, suicidio asistido-. Entienden que, por esa razón, los grandes partidos han tirado de sus tradicionales graneros: la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), la tercera en afiliados, en el caso del PSOE, y la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria, en el caso del PP.

Un paso más en la política abiertamente racista y xenófoba de la Generalitat catalana
Redacción Bilbao  Minuto Digital  10 Septiembre 2008

Un paso más en la política abiertamente racista y xenófoba de la Generalitat catalana. La próxima campaña del Departamento de Política Lingüística de la Generalitat, dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno catalán, tendrá por objetivo convencer a los catalanoparlantes de que no deben cambiar de lengua cuando alguien que viva en Cataluña se les dirija en castellano. Así lo explicó el propio vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, que, sin embargo, no dejó claro en su explicación si el catalanoparlante sólo deberá aplicar esta política con los que vivan en Cataluña o con los que estén circunstancialmente en la Comunidad: “El mejor gesto de educación que puedes tener hacia alguien de fuera es tratarlo como alguien que quiere ser de dentro”.

Para el vicepresidente de la Generalitat, de cuya Consellería depende el Departamento de Política Lingüística que pondrá en marcha la campaña mencionada, no utilizar el catalán con las personas que aún no lo hablan es poner “una barrera” a esas personas y “así, no lo hablarán nunca”. Carod-Rovira cree que los catalanoparlantes no deberían cambiar su lengua a la hora de responder o dirigirse hacia alguien que habla en castellano y, de esta forma, realizar un cambio “con simpatía, con habilidad y mano izquierda”.

“No son las lenguas las que salvan a los países, sino al revés”, proclamó el vicepresidente de la Generalitat, al tiempo que sentenció que “el mejor gesto de buena educación y de respeto que puedes tener hacia alguien de fuera es tratarlo como alguien que quiere ser de dentro”. “Y a los de dentro ya se les habla en catalán”, añadió, sin dejar del todo claro si los catalanoparlantes deben utilizar esa política lingüística sólo con los ciudadanos que sean de Cataluña o también con los que están de paso en la Comunidad.

En esta línea, Carod-Rovira destacó la importancia de la despolitización de las lenguas para que puedan sobrevivir, y afirmó también que con el uso del catalán “se es a veces demasiado fuerte y contundente con los más débiles, con los que acaban de llegar”, mientras que se adopta una actitud contraria con “los más fuertes”. Por ello defendió la necesidad de dar a los inmigrantes la posibilidad de que se puedan hablar el catalán “y poco a poco lo irán mejorando”. “Es evidente que al principio lo hablarán mal, pero más vale hablarlo mal que no hablarlo”, recalcó.

Del mismo modo, el vicepresidente de la Generalitat consideró que a los catalanoparlantes se les debe pedir que hablen “con propiedad” su lengua, considerando que quienes más responsabilidad tienen en este sentido son los escritores, los periodistas y los políticos. “Hay políticos catalanes que, si en vez de ser catalanes fueran franceses, la Asamblea Nacional ya les habría aplicado un correctivo absoluto”, subrayó Carod-Rovira, quien tuvo que dejar claro que con estas declaraciones no se refería al presidente de la Generalitat, José Montilla, muy criticado por ciertos sectores en sus primeros días como jefe del Ejecutivo por su bajo nivel de catalán.

A juicio de Carod-Rovira, el president de la Generalitat tiene un nivel de catalán “bastante superior” si se compara con la media de políticos catalanes “entre otras cosas porque lo estudia cada semana”, aseveró. “Si su lengua originaria no es el catalán, lo que debes esperar de Montilla es que hable el catalán con corrección, y el catalán con corrección el presidente lo habla”, concluyó.

La Generalitat amplía su red de «embajadas» catalanas con una nueva sede oficial en Nueva York
I. ANGUERA ABC 10 Septiembre 2008

BARCELONA. La Generalitat de Cataluña completará este otoño la primera fase de expansión internacional de su nueva red de «embajadas» con la apertura de una delegación en Nueva York que canalizará las relaciones oficiales del Gobierno catalán con los gobiernos de diverso nivel de Estados Unidos y Canadá, además de las relaciones institucionales con Naciones Unidas. Tras la creación de las sedes de Berlín, Londres y París -todas bajo la responsabilidad del vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, que «colocó» a su hermano, Apel.les Carod, en París- el ejecutivo autonómico oficializará su presencia en Nueva York y ampliará sus relaciones con el gobierno federal en aplicación de las nuevas competencias que el Estatut le otorga en la materia.

La Generalitat ya tenía presencia en Nueva York desde hace dos décadas a través de las oficinas de promoción comercial del Copca y el Cidem, instaladas en Estados Unidos desde 1987.

Aunque el decreto de creación de la nueva sede aprobado ayer por el Gobierno catalán no incluye memoria económica del proyecto, la Generalitat ha dedicado a las sedes de Berlín y Londres una media de 90.000 euros anuales sólo para sufragar el coste de puesta en marcha del espacio físico de la sede. A parte está el coste del personal, que en el caso de los delegados de la Generalitat en el exterior, con rango de director general, supone un sueldo bruto de 87.596 euros anuales.En conjunto, la proyección exterior de Cataluña le ha costado a la Generalitat 180.000 euros en el último año.

Tras la apertura de la sede catalana en Nueva York, que el tripartito espera hacer efectiva este otoño, la Generalitat quiere crear nuevas delegaciones en México y Argentina antes de finalizar la presente legislatura. El Gobierno catalán cuenta además con una representación en Bruselas.

EL APUNTE
Inmersión en párvulos
ALEX SALMON El Mundo  10 Septiembre 2008

La inmersión lingüística llega por decretazo a los parvularios catalanes. No es nada nuevo. De hecho es lo que ya ocurría en la mayoría de centros educativos. Puede que algunos profesores fueran más laxos en según qué momentos, pero la regla general es que en las clases de P3, P4 y P5 el catalán es la lengua vehicular.Este decreto se aprueba justo el día en que nuestro diario denunciaba el caso de Sara Burgos, monitora en los comedores del colegio público Gayarre de Sants, donde después de todo un curso dirigiéndose con normalidad a los niños en la lengua que éstos hablaran, o sea, catalán o castellano, le llamaron la atención porque esta situación creaba un exceso de la segunda lengua. El caso de esta monitora de 22 años, estudiante de Integración Social, es el de otras personas que utilizan las dos lenguas con normalidad hasta que la dirección alerta del inconveniente políticamente correcto de ese acto. Por fortuna, la situación no es general.Una mayoría de directores de centros mantienen cierto sentido de la realidad, pero el decreto de ayer da alas para una intromisión más en la libertad de idioma.
alex.salmon@elmundo.es

PROHIBIDO ESTUDIAR EN ESPAÑOL / La denuncia
El colegio público Son Caliu no permite hablar español en el centro ni a los padres
La escuela mallorquina presiona a las familias que no cumplen con la normativa excluyéndolas de viajes y celebraciones organizadas por el centro
MANUEL ROMERO El Mundo  10 Septiembre 2008

La imposición de las lenguas cooficiales hasta convertirlas en los únicos instrumentos de comunicación en la enseñanza desemboca en situaciones que rayan el absurdo. Obedecen a una estrategia para excluir el castellano de las aulas y de todas las relaciones que partan del centro. El colegio público Son Caliu, de Calvià, en Mallorca, es un espacio vedado al español. Los niños de Infantil y Primaria, todos castellanohablantes, no podrían asimilar que sus profesores se comunicaran en otro idioma que no fuera el catalán, argumenta la dirección.

MADRID.- El colegio público Son Caliu ocupa un edificio moderno inaugurado hace sólo cuatro años en la zona residencial de Palmanova, en Calvià, a 14 kilómetros de la capital balear. El centro es más joven que la media de sus 450 alumnos, niños de Educación Infantil (3-6 años) y Primaria (6-12 años), que proceden de familias de muy distinto perfil y nacionalidad. Hijos de mallorquines, peninsulares, alemanes, ingleses e, incluso, tasmanos, se mezclan en una Babel que comparte, además de la afición por la playstation, la resignación de aprender todas las materias en catalán.

El colegio nació con mal pie. El día que fue inaugurado por el consejero de Educación, Francesc Fiol, y por el recién elegido alcalde de Calvià, Carlos Delgado, habían estallado las conducciones de desagües y todo el colegio estaba impregnado de un fuerte olor a cloaca. Hoy, las instalaciones están reparadas, pero siguen supurando las cicatrices abiertas a lo largo de estos cuatro años de imposición del catalán.

La Ley de Inmersión Lingüística está siendo aplicada en las Islas Baleares siguiendo los mismos métodos que en Cataluña: eliminación progresiva del castellano como lengua de enseñanza -hasta llegar a su extinción- y su sustitución por el catalán. A ello se añade la utilización de una pedagogía con procedimientos férreos, que no permite apenas la contaminación por parte del español, aunque sí la incorporación tímida del inglés como pretendida seña de identidad, lo que convierte en más universal este modelo de inmersión made in Illes Balears.

Precisamente, el trilingüismo fue el caballo de Troya del que surgió el catalán como única lengua vehicular de la enseñanza cuando el hexapartito (PSOE, Unió Mallorquina, ERC, PSM, Els Verds y Esquerra Unida) sustituyó hace un año al PP de Jaume Matas en el Gobierno autonómico. Sin embargo, desde entonces, el español y el inglés interpretan un simple cameo en el proyecto de catalanización de la cultura insular.

El colegio Son Caliu no es más que una muestra del plan. En sus métodos no se diferencia de los otros centros. Su excepcionalidad reside en los alumnos, una amalgama de nacionalidades, y en su directora, una catalanista decidida a convertir esa asamblea de la ONU en un coro monocorde que interpreta al unísono la lengua propia.

«Nadie nos engañó», afirma Lucía Feliú, madre de una niña de cuatro años, que este septiembre ya no acudirá al colegio. «A principios del curso pasado, la dirección y los profesores explicaron que la enseñanza iba a ser 100% en catalán. Y que las reuniones se celebrarían en este idioma. Los niños no podían vernos hablar en español, debíamos utilizar el catalán para hablar con los profesores».

Las normas de comportamiento para la catalanización de las escuelas imponen que todas las actividades dentro del centro se desarrollen en este idioma. Los contactos de los padres con el equipo docente están regulados por estas pautas y, por ello, es frecuente que se produzcan situaciones irracionales, como cuando los profesores mantienen conversaciones en catalán con interlocutores que les hablan en español.

«Muchos padres han dado la espalda a los profesores y se han marchado», asegura Ignacio Artiles, canario, padre de dos alumnos y vocal de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del centro. Las asambleas se convertían en batallas dialécticas en las que el desenlace se producía cuando parte de los padres las abandonaba. «Las más sorprendidas eran las familias extranjeras, que no entendían muy bien por qué no nos hablaban en español. Iban allí con ánimo de participar y de colaborar y se marchaban indignadas», comenta Ignacio.

Estas situaciones están justificadas por la directora del colegio, María Morell, «por la necesidad de que los niños vean hablar a sus profesores en la lengua referente», según manifestó ayer en una conversación en tono de burla con este periódico.

Los padres se vieron obligados a contratar monitoras que entretuvieran a los niños cuando se celebraban las asambleas. «Así los manteníamos alejados de donde nos encontrábamos y podíamos pedirles que nos hablaran en castellano. Pero nada, enseguida se pasaban al catalán».

Ignacio Artiles, como siete de sus nueve hermanos, es ciego. Tiene 43 años y lleva 15 en Baleares. Está casado con una extremeña y vende cupones en un centro comercial frente al colegio. Su hija Tamara tiene nueve años. En el presente curso estudiará 4º de Primaria. No muestra muchas ganas de volver al colegio «porque todo es en catalán». La utilidad que encuentra a conocerlo es «poder contestar a la gente», pero reconoce que fuera de la escuela nadie le habla en ese idioma.

La oposición de los padres a la implantación progresiva del catalán en la escuela se ha manifestado en numerosas discusiones públicas con la dirección del centro. Hace dos años, el Consejo Escolar y la Ampa votaron contra el aumento de asignaturas en este idioma. La respuesta de la directora fue suspender la asistencia de los padres a una excursión a la playa y a la fiesta de fin de curso. El castigo fue levantado después de que intervinieran los inspectores de la Consejería de Educación, entonces todavía en manos del PP.

«¿Cómo es que los representantes de los padres pretenden tener un poder absoluto dentro del centro para transformarlo en una escuela a la carta?», se preguntaba la directora en una carta remitida a EL MUNDO.

Las tensiones no han remitido. Los propios padres fueron testigos este año de cómo la directora reprendía a algunos profesores porque, durante una visita a un museo, hablaron en castellano. «Delante de todos la directora abroncó a los maestros», relata Lucía Feliú.

Los intentos por desbancar a la directora no dieron fruto y la práctica totalidad del equipo docente de Primaria dimitió al finalizar el curso y se marchó a otros centros. El pasado viernes, los profesores celebraron un almuerzo de confraternización, pero el miedo a las represalias -siguen siendo funcionarios públicos- les impide relatar el clima de acoso que sufrieron.

LAS VICTIMAS DE LA INMERSION LINGÜISTICA (3)
LUCIA FELIU / Calvià
«Pago 700 euros por dos horas de castellano»
MANUEL ROMERO El Mundo 10 Septiembre 2008

MADRID.- Lucía Feliú, contable de una gasolinera de Palmanova (Mallorca), calculó al finalizar el curso pasado a cuánto ascendería la compra de un par de horas de español para su hija, de cuatro años, hasta entonces alumna de párvulos del colegio público Son Caliu. La cuenta ascendería a 700 euros mensuales. Para ella, madre separada, era todo un esfuerzo. Pero la ayuda familiar, significaba quitarse parcialmente la imposición del catalán.

«Cuando decidí escolarizar a la niña comprobé que todos los centros de las inmediaciones impartían las clases en catalán, así que opté, como mal menor, por inscribirla en el más próximo», relata Lucía. Aún así, le solicitó a la directora del centro que, en ocasiones, se dirigieran a la niña en castellano «para evitar que el 100% fuera en catalán». «Me contestó que era imposible y me advirtió de que en ningún colegio iba a obtener esa posibilidad».

Lucía contaba con la predisposición de Mar, la profesora de su hija, de quien recibió la promesa de que si la niña no entendía algo, se lo transmitiría en español, «aunque de cara a la dirección no lo podamos hacer. Para nada quiere que utilicemos el castellano».

Los reencuentros de Lucía y su hija, finalizada cada jornada, resultaban desoladores. «Le preguntaba qué tal le iba en el colegio y ella me contestaba, triste, que le hablaban raro, que no entendía. Cualquiera puede imaginar la sensación de impotencia. Una cosa es que libremente elijas para tu hijo una enseñanza en un idioma y otra que te la impongan por narices y te bombardeen con una lengua que no es la tuya».

Dentro de su familia, mallorquina con tradición, el castellano ha sido la lengua usada por generaciones. «No soy catalanohablante, ese no es el idioma de las islas», afirma Lucía. «Soy mallorquina y siempre he oído hablar mallorquín. Nunca hemos tenido problemas entre nosotros. Yo hablo español porque me siento más cómoda y porque me permite comunicarme con más gente. La mayoría de los mallorquines tenemos esta opinión. Es una minoría la que se está encargando de catalanizar nuestra lengua y nuestras tradiciones».

Su hija volvió un día del colegio con un cuento del que ella jamás había oído hablar. «Se trataba de la Yaya Coroma, una especie de personalización de la Cuaresma, con una viejecita con muchas piernas a la que había que ir quitando una a una cada día. Era un relato catalán que nunca se ha contado a los niños de aquí. El objetivo de la política cultural actual es absorbernos».

Lucía considera que forma parte de una mayoría de padres que preferiría que sus hijos tuvieran como lengua el español. «Si hubiera libertad, sólo una minoría radical optaría por el catalán. Incluso aquellos padres que pueden estar conformes con que estudien en este idioma, nunca te argumentan con razones idiomáticas o culturales, sino con la resignación del mal menor. Es decir, que si no lo estudian, sus hijos no podrán ir a la Universidad o acceder a un puesto de funcionario público».

Ahora Lucía se encuentra a la espera del inicio del nuevo curso. «Pregunté en varios colegios de curas y monjas y también son en catalán». Ha matriculado a su hija en un colegio trilingüe a cambio de 1.500 euros. «Tendrá dos asignaturas en castellano, dos en catalán y cuatro en inglés. El catalán no hay quien se lo quite de encima. Así que por esas dos horas de español voy a llevarla a un colegio que cuesta 700 euros al mes». Está en alerta porque ha recibido el listado de material que necesita la niña y está sólo en catalán.

«Me gustaría un colegio sólo en castellano, algo imposible. Las horas de español van a representar un esfuerzo económico grande. Podré pagarlo gracias a mi padre y a una tía. Mi ex marido es búlgaro, va y viene a su país, y no tengo mucha ayuda».

Ha pensado trasladarse a la Península, «pero tendría que empezar de cero y creo que es inaceptable que, para que mi hija estudie en su lengua, yo tenga que realizar ese sacrificio, pagando como pago mis impuestos. Si vivo en un archipiélago bilingüe, y uno de nuestros idiomas es el español, que me digan a qué colegio puede ir mi hija».

El PP llevará al 'Parlament' el caso del comedor del colegio Gayarre
El Mundo  10 Septiembre 2008

BARCELONA.- El Partido Popular de Cataluña anunció ayer que pedirá la comparecencia del conseller de Educación del Govern, Ernest Maragall, para «aclarar los hechos denunciados» por la monitora de comedor Sara Burgos en EL MUNDO. En la información publicada en la edición de ayer de este diario, la joven de 22 años relata cómo, en su trabajo en un colegio del barrio barcelonés de Sants, fue presionada por sus superiores para utilizar únicamente el catalán como idioma de interlocución con los niños de primaria que tenía a su cargo. Según Burgos, se trataba de una orden generalizada a la que tenían que ceñirse todas sus compañeras del comedor del Colegio de Educación Infantil y Primaria Gayarre.

En relación a este mismo asunto, que calificaron de «caso grave de falta de respeto al bilingüismo», los populares catalanes elevarán también «una pregunta parlamentaria al president Montilla».

Según indicó ayer en un comunicado, el Partido Popular de Cataluña «considera intolerable la imposición lingüística que se quiere aplicar sistemáticamente desde el Departamento de Educación de la Generalitat y se insistirá en que se corrijan todas aquellas directrices que buscan erradicar el castellano de la escuela» de la comunidad.

Respuesta a Carod
Por otro lado, el portavoz de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña, Albert Rivera, presentó ayer una propuesta de resolución en la cámara catalana en contra de las declaraciones del conseller de la vicepresidencia de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, en las que manifestaba «la intención» del Govern de «impulsar una campaña» dirigida a los catalanoparlantes para que no cambien de lengua cuando alguien les hable en castellano.

En el escrito, el diputado pide que se respete la libertad de uso lingüístico de los ciudadanos, que no se impulsen «campañas con tintes totalitarios» en base a «criterios ideológicos, y que se dirija el gasto público a aspectos «realmente relevantes».

PROHIBIDO ESTUDIAR EN ESPAÑOL / Las medidas
La Generalitat elimina por decreto el castellano de los parvularios catalanes
LEONOR MAYOR El Mundo  10 Septiembre 2008

BARCELONA.- La Generalitat aprobó ayer un decreto que, al adaptar la normativa educativa al nuevo Estatut, eliminará el castellano de los parvularios. El artículo 4 de la citada norma establece que: «El catalán, como lengua propia de Cataluña, se tiene que utilizar normalmente como lengua vehicular de enseñanza y aprendizaje».

La nueva regulación prevé también que el catalán sea el idioma preferente para el entendimiento entre los profesores y los padres, al ordenar que esta lengua se use tanto «en las actividades internas» como en «las externas de la comunidad educativa».

En concreto, el catalán se usará a partir de ahora en segundo ciclo de educación infantil, es decir, en la educación que se reciba de los tres a los seis años, «en las actividades orales y escritas del alumnado y del profesorado, exposiciones del profesorado, libros de texto y material didáctico, actividades de aprendizaje y de evaluación y comunicaciones con las familias».

El decreto aprobado ayer no hace referencia a cuál será la presencia del castellano en las aulas del segundo ciclo de educación infantil, aunque incorpora una cláusula por la que se establece que «se respetarán los derechos lingüísticos individuales del alumno, de acuerdo con la legislación vigente».

Este precepto podría remitir al artículo 21.2 de la actual Ley de Política Lingüística que prevé: «Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique».

Esta disposición no ha llegado a aplicarse nunca, puesto que los formularios de preinscripción escolar no disponen de una casilla para solicitar que la primera enseñanza, que es hasta los ocho años, se imparta en castellano. La Asociación por la Tolerancia presentó varios recursos contra esta práctica omisiva.

El Tribunal Superior de Justicia dio la razón a esta entidad a través de varias sentencias, pero la Generalitat no rectificó y no incluyó la casilla para pedir enseñanza en castellano en sus formularios. Ahora, el nuevo decreto de segundo ciclo de educación infantil blinda todavía más la inmersión lingüística en catalán al establecer que este método tiene como finalidad «potenciar el aprendizaje».

La norma permite también a los centros «elaborar un proyecto lingüístico que establezca las pautas de uso de la lengua catalana para todos los miembros de la comunidad educativa». Por último, introduce la posibilidad de enseñar una lengua extranjera, el inglés, en el último curso.


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