AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 12 Septiembre 2008

Sobre el provincianismo
Daniel Martín Estrella Digital 12 Septiembre 2008

Una de mis ex jefas es una señora de unos 60 años que ha dedicado toda su vida a la misma empresa, donde comenzó en el puesto más humilde hasta llegar a ser, en la actualidad, su directora. Soltera, cultivada en la lectura de los más básicos clásicos españoles, su dedicación al trabajo ha sido extrema y exclusiva. Así, severa, rigurosa, obsesa del orden y amante de lo monótono, se ha ido construyendo fama de mujer dura y —aún más desde el mando— despótica.

Mi ex jefa es, en definitiva, pura entrega y dedicación a una única causa. Ha estado tan encerrada entre las mismas cuatro paredes que para ella no existe otra cosa que el prestigio de su empresa. Así, hosca con sus subordinados y asombrosamente servil con los clientes, ha ido cayendo en una idolatría donde sólo existe un becerro de oro: su centro de trabajo. Después de cuarenta años de encierro se ha vuelto temerosa y suspicaz con el forastero, enemiga de las novedades y adalid de que las cosas nunca cambien. Es una mujer que, por no mirar a su alrededor, ha tornado en huraña provinciana.

Sirva esta analogía para explicar en qué derivan los nacionalismos separatistas excluyentes. Algo de lo que, después de lustros de hecho diferencial e inmersión lingüística, comienza a suceder, en mayor o menor grado, en Cataluña, País Vasco y Galicia y que, si nadie lo remedia, también ocurrirá en las islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Poco a poco, por la necedad, ignorancia o temeridad —las tres cosas suelen ir de la mano— de unos pocos, estas Comunidades Autónomas se van encerrando en sí mismas para perder de vista España y el resto del mundo occidental.

El problema es que los nacionalismos españoles son tan jóvenes que apenas se notan sus efectos. Barcelona, no obstante, ya va dejando de ser aquel icono europeísta del tardofranquismo y se va convirtiendo en una humilde capital de provincias que mira mal a todo aquel que no sea catalán y haga alarde de ello. De momento, estas Autonomías se conforman con sus políticos y aceptan tragarse el sapo de unas políticas que las hacen diferentes y que, ante la extrañeza de los demás españoles, se van haciendo, cuando menos, antipáticas.

El nacionalismo que parte del hecho diferencial para, inevitablemente, tender hacia el independentismo, camuflado bajo eufemismos, suele ser poco dañino en sus inicios. Es más, al principio es una fiesta en cuanto se torna creativo para cambiar la historia y promover un idioma y unas costumbres diferentes. Cuando las tradiciones dejan de serlo para convertirse en señas de identidad, la fiesta es total y el pueblo se enorgullece de ser tan distinto y nuevo.

El problema es que estos nacionalismos secesionistas se basan en ideas endebles y recuerdos mentirosos. Por eso necesitan del avance continuado e imparable para continuar teniendo sentido. Y así avanzan hacia el extremo que supone ese odio a lo común y esa necesidad, a la postre imperiosa, de separarse del resto, en este caso la idea española, mucho más antigua y poderosa que esas ideas de advenedizo extremista.

Todo esto tiene sus consecuencias sociales. Los sistemas educativos, en manos de los mismos caciques que se empeñan en destacar lo que separa y nunca lo que une, van educando a los nuevos ciudadanos en la consciencia de ser diferentes y de estar sometidos a una cultura extraña. Por si fuera poco, la desaparición del servicio militar obligatorio y la proliferación del oxímoron “universidades locales”, permite que alguien pueda vivir toda su vida sin moverse de su localidad de nacimiento aunque, de vez en cuando, se viaje a Vietnam o la Pampa, que ver tierras remotas parece obligado en este mundo globalizado. Y así, la idea de ser español pierde fuerza ante el localismo, el provincianismo imperante en esta España nuestra.

Y así, con el falso enemigo común del poder central, la gente, de manera análoga a mi ex jefa, se va volviendo huraña, arisca y provinciana. Tiene miedo de lo extraño, del forastero, y sólo siente como propio lo que tiene al alcance de la mano. Las grandes ideas se les tornan incomprensibles y se aferran como náufragos al madero de lo local, de lo cercano, de lo que algunos llaman su auténtica nación. En definitiva, se “apaletan” y empobrecen. La variedad y la amplitud de miras, por el contrario, enriquecen.

Así, mi ex jefa, contentísima de haber servido tan bien a su causa, continúa con sus servicios sin darse cuenta del mal que hace en su propia casa. Y estas Comunidades Autónomas, en manos de personas que creen hacer el bien, se van perdiendo en el caciquismo y el provincianismo, perdiendo la perspectiva del futuro y la noción de pertenecer a un gran proyecto europeo. Advertía Kapuscinski de que los nacionalismos excluyentes, junto al racismo y el fundamentalismo religioso, eran el gran reto de la Humanidad del siglo XXI. En España lo sabemos mejor que nadie. Pero todos parecemos contentos. Allá nosotros.

dmago2003@yahoo.es

Despilfarro nacionalista: entre el sectarismo y el ridículo
Enrique de Diego Periodista Digital 12 Septiembre 2008

Aitor nos sale por un ojo de la cara. El nacionalismo nos sale muy caro y no está dispuesto a la austeridad, ni en tiempos de crisis. Nacionalista y socialista es el de natural cordobés José Montilla. El presidente de la Generalitat catalana maneja un Presupuesto de 34.798 millones de euros, aunque los ejecuta poco y mal. Del Presupuesto de inversiones ejecutó el año pasado el 86%. En vivienda se queda en el 65% y en el 54% en infraestructuras.

El capítulo que más se ejecuta es el de gastos corrientes –90% de 1.244 millones de euros-, en donde se incluye el apartado de informes a los amigos del tripartito, con frecuencia liberados de los partidos, cineastas sin película, escritores sin libro, pero todos muy fervorosos de la política lingüística.

Montilla tampoco es cicatero con los medios de comunicación. Las ayudas públicas –esas que pagan los contribuyentes- a las empresas de prensa, radio, televisión e internet superaron los 17 millones de euros. El santo, la seña y la subvención se la llevan los medios afines a la Generalitat: Ediciones Primera Plana, editora de ‘El Periódico de Cataluña’ recibió 14,3 millones de euros, el deportivo Sport, también del grupo Zeta, 223.200 euros.

El Grupo Godó no tiene queja. Su cadena de televisión 8TV se llevó 900.000 euros, el diario La Vanguardia y su edición digital, 674.080 euros, la división radiofónica Radiocat XXI, 488.840 euros y el diario deportivo El Mundo Deportivo otros 349.080 euros.

El grupo Prisa no podía faltar: El País recibió 339.160 euros; la cadena de televisión Localia, 499.920 euros y la emisora Onda Catalana, 681.138 euros. El diario Avui, participado en un 20% por la Generalitat catalana, se llevó 561.045.

Los ciudadanos catalanes que no llegan a fin de mes estarán muy contentos en saber que la nomenclatura no se aprieta el cinturón.

El nacionalismo se ha convertido en coartada de la expoliación de las clases medias y en un factor de empobrecimiento. En libertad y en dinero contante y sonante.

Ese pésimos sustituto de la religión que es el nacionalismo se ha convertido en un directo enemigo de la lógica. Josep-Lluis Carod-Rovira va a iniciar una campaña, con cargo al contribuyente como sus opíparos y carísimos almuerzos, para erradicar el castellano de la calle. Según Carod-Rovira, “no utilizar el catalán con las personas que aún no lo hablan es poner una barrera y así no lo harán nunca”. Esta actitud –contestar en catalán a quien te habla en castellano- dice que es de “buena educación”. Pues, puestos, es preciso ser maleducados.

Estas políticas son un lastre para la economía catalana y una barrera para las multinacionales, poco propensas a entender este tipo de lógicas ilógicas tan rentables para las castas parasitarias de barniz cultural.

Mientras tanto, los cántabros se muestran sumamente inteligentes: su gobierno autonómico apuesta por “la capital del turismo de la lengua castellana”. Porque el castellano lo hablan como primera lengua 400 millones de personas y hay otros muchos millones queriendo aprender la lengua.

Según los datos del Instituto Ramon Llul, encargado de promover el catalán “en las universidades y otros centros de estudios superiores fuera del dominio lingüístico", durante el curso académico 2004-2005, la Red de lectorado del Instituto estuvo integrada por 95 universidades, distribuidas en 27 países de todo el mundo, de las cuales 78 en Europa, 13 en América, 2 en África, en Oriente Medio y en Oceanía. La estadísticas lo aguantan todo, incluida la carcajada. En Australia hubo ¡1 alumno! Otro en Camerún. Idéntico número en Bélgica, Canadá, Cuba, Eslovenia y Finlandia, 2 en Austria, 3 en Argentina, 4 en Irlanda y 5 en Italia y Estados Unidos. ¡Bonita forma de gastar dinero! ¡Patéticas estadísticas de totalitarios paranoicos de papel mojado!

"En septiembre de 2004, el Instituto Ramon Llull firmó un convenio de cooperación con el Instituto Cervantes en virtud del cual este último se comprometía a impartir clases de catalán a celebrar en sus centros de todo el mundo actos organizados por el Instituto Ramon Llull. Como fruto de esta colaboración, durante el año 2005, se han iniciado 16 cursos de lengua catalana en 14 centros del Instituto Cervantes en las ciudades de Berlín, Estocolmo, Londres, Lyon, Manchester, Milán, Moscú, Munich, Nueva York, Rabat, París, Tel Aviv, Varsovia y Utrech que han contado con un total de 82 alumnos". Casi más ciudades que alumnos. La media se sitúa por debajo de 6 alumnos por curso.

El nacionalismo es insaciable. Le da lo mismo cuáles y cuántos sean sus logros, si son escasos pide más esfuerzos y dinero. El nacionalismo se ha convertido en el mayor factor de expoliación de las clases medias; en el último reducto de los intervencionistas; en el último refugio de los totalitarios.

El Club de la Comedia
POR IGNACIO CAMACHO ABC 12 Septiembre 2008

TIENE 650 asesores contratados en Moncloa. Tiene una Vicepresidencia económica con decenas de miles de técnicos, una Agencia Tributaria que maneja millones de datos y expedientes, un Ministerio de Industria dirigido por «cabezas de huevo» formados en las universidades americanas, un Banco de España con el mejor servicio de estudios, un círculo de amigos empresarios de alto nivel con los que se reúne periódicamente a almorzar. Tiene varias decenas de organismos e institutos oficiales consagrados a escudriñar la coyuntura económica, y numerosos gabinetes especializados en estrategia. Tiene a su disposición la maquinaria administrativa de un Estado que, tras la descentralización de competencias a las autonomías, se dedica fundamentalmente a elaborar informes, análisis y proyectos. Tiene hasta una oposición multipartidista que todos los días le propone reformas, iniciativas y planes. Y con todo eso va el señor presidente, se presenta en las Cortes sin una sola medida contra la crisis, la inflación o el paro; se cruza de brazos, enseña muy ufano las manos vacías y dice que no tiene sentido improvisar. Literal: «No esperen una nueva batería de anuncios o propuestas. No tiene sentido improvisar o aprobar todos los días iniciativas nuevas». Y no se sabe qué es peor, si pensar que se trata de un chiste o que de veras no sirve para nada todo ese aparato. Por favor, ¿alguien del Gobierno o de sus mil y una terminales ramificadas puede explicarnos en qué consiste gobernar? Más que nada para que no cunda el desaliento.

Más. Como no tiene sentido improvisar, el vicepresidente económico -¡el vicepresidente económico!- comparece en una cadena de radio y larga la siguiente receta financiera: el déficit del Ayuntamiento de Madrid, que lo paguen los que han votado a Gallardón. Olé tus ocurrencias, minerva excelsa, tómate algo que invita la casa.

Vamos a aplicar ese principio de inmediato. El célebre déficit fiscal catalán, que lo paguen los que votan al tripartito. El de Radiotelevisión Española, que lo cubran los que ven los telediarios. El saqueo de Marbella que se lo descuenten a los que eligieron a Gil. El AVE vasco que se lo carguen a los electores de Ibarretxe. La deuda histórica de Andalucía, que la sufraguen los que votan a Chaves. Y los 400 euros que no eran 400, el cheque-bebé, el cheque-piso y todas las dádivas, subsidios y derramas inventados para apuntalar a este Gobierno que no improvisa, que los costeen los votantes de Zapatero. Sí señor, este Solbes es una eminencia que ha dado con la piedra filosofal de la democracia tributaria. El déficit, para el que se lo trabaja. O, por decirlo al estilo del ministro de Sanidad, «tu deuda es tuya, eso es socialismo».

Llegado este punto es menester solicitar una aclaración urgente: ¿Esto es el Gobierno de la novena potencia mundial o una sesión especial del Club de la Comedia?

Un nuevo, perverso, CGPJ
POR CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 12 Septiembre 2008

El agravamiento de la situación del poder judicial ha dado un salto cualitativo esta semana. El acuerdo de los dos grandes partidos al repartirse el poder judicial abre una etapa que yo me atrevo a calificar como radicalmente antidemocrática. En adelante, todo lo que ocurra en este campo llevará la marca de lo inaceptable desde el punto de vista de los principios. De lo perverso por naturaleza. Del mismo modo que en una dictadura todos los actos políticos (incluso los «razonables») están deslegitimados de origen, en la nueva situación de un poder judicial dependiente de los partidos, nada de lo decidido por los jueces podrá escapar a una perversión intrínseca.

Hasta ahora se ha podido llegar a situaciones tan escandalosas como la decisión de varios miembros del CGPJ al saldar la actuación del juez Tirado (que había dejado libre a un pederasta criminal) con una multa de 1.500 euros. Con razón ha dicho el padre de Mari Luz que los representantes del CGPJ han escrito «la página más negra de la Justicia». Han preferido este espantoso arreglo corporativo a condenar al juez Tirado y de este modo librar a la magistratura de la situación de la que es responsable: el almacenamiento de procesos. ¿Puede tener puesto el culo la magistratura española encima de las montañas de papeles? Por salvar a uno de los suyos se comete injusticia en el caso de la niña asesinada. Pero ¿cabía suponer que no existiera una relación de pederastas?¿cabía suponer que nuestros jueces son capaces de aguantar tanto?

La respuesta afirmativa acaban de darla ahora: al aceptar que sean los partidos políticos (el Ejecutivo y el Legislativo) los que manden en el Poder Judicial los jueces están renunciando de modo definitivo a la asunción de sus propias responsabilidades a la hora de impartir justicia. De ahora en adelante, todos los casos tendrán la disculpa del «sistema». Porque en adelante ya no podrá hablarse de un poder judicial autónomo, independiente, sino derivado, antidemocráticamente dependiente, por la propia, nueva, naturaleza del Consejo General del Poder Judicial.

El optimismo de Zapatero
POR JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 12 Septiembre 2008

EN el debate del miércoles brincó la frase «usted no es un optimista antropológico, como se viene diciendo, sino patológico», algo bastante más grave, sobre todo en un caso como éste, que el aludido ocupa la presidencia de un gobierno. Patología significa la conversión de un desajuste en enfermedad, y sólo nos faltaría eso en las circunstancia que atravesamos.

El optimismo es una cualidad positiva e incluso encomiable. Pero cuando desborda los límites de lo razonable, puede llevarnos a batacazos proporcionales a su volumen ¿Es este el caso de Zapatero? Indicios de ello hay. Desde que llegó a La Moncloa, la línea de actuación ha sido que basta estar plenamente convencido de algo para que se cumpla. ¿Recuerdan su fe de carbonero en que la negociación con ETA traería la paz al País Vasco? La mantuvo incluso después de que ETA hubiese vuelto a asesinar. ¿Y qué me dicen del nuevo Estatuto catalán, que según él traería la vertebración definitiva de España? Incluso cuando amenaza con romper su propio partido, sigue respaldándolo, como hizo el miércoles, al confesar con orgullo que había sido él quien redactó el capítulo sobre la nueva financiación catalana, uno de los puntos más controvertidos del mismo.

Pero la cumbre de ese concubinato de deseos y realidades se ha dado en la presente crisis económica, que, se habrán fijado, sigue sin llamar crisis cuando la Comisión Europea la llama ya recesión. Nuestro presidente continúa en lo de «situación delicada» y otros eufemismos, sin apearse de sus convicciones de que se trata de un problema que nos llega de fuera y que estamos en mejores condiciones de afrontarlo que los países de nuestro entorno, no importan los indicadores negativos que caen como chuzos sobre nosotros. Ante lo que es lícito apelar a lo de patología. ¿Y qué dice ésta sobre ese desorden? Pues que basta con estar vehementemente convencido de que las predicciones personales son más justas, más positivas, más razonables que todas las demás, para dar por seguro que tales predicciones se realizarán. Admite las dificultades, pero el convencimiento de la bondad de sus creencias las dota de un poder ilimitado, capaz de vencer cualquier obstáculo y llegar a un desenlace feliz. Su gran problema es que no tiene en cuenta el mundo y cuando en él acontece, con su propia estructura y unas leyes inmutables que limitan nuestros deseos y convierten en temeridad todo plan que no cuente con ellas. Afortunadamente, conviene añadir, pues imaginen ustedes que se cumpliera lo que cada uno de nosotros estuviese convencido de que es lo mejor para todos. Ese acelerador de partículas que acaba de inaugurarse en Ginebra, como millones de choques por segundo, sería un juguete comparado con la atmósfera a presión que surgiría de que todos nuestros deseos se convirtiesen en realidades. La ley de hierro que, como la de la gravedad, limita nuestros anhelos es el mejor cinturón de seguridad para tamaño desbarajuste. Lo que no ha impedido que tal tipo de alucinación se haya dado en gobernantes, sobre todo en las postrimerías de su mandato, cuando el poder se les ha subido a la cabeza mientras sus posibilidades se reducen. Habiendo casos extremos que entran ya en el delirio. El de Hitler en la Cancillería, por ejemplo, soñando en divisiones fantasmas de las SS que acudían a rescatarle.

Dicho todo esto, sin embargo, me creo obligado a advertir que no creo que nuestro presidente sea un caso de optimismo, antropológico o patológico. Es simplemente un evasionista, uno de esos seres que usan todos los recursos de la realidad cuando el viento sopla a su favor, y se evade de ella en cuanto empieza a soplar en contra. Y lo hace, además, con más soltura y habilidad que nadie, empezando por la oposición. Estamos, en fin, ante un maestro en el arte del escaqueo o, si lo quieren, de la trilería. ¿Ven ustedes la bolita? Pues fíjense bien, cambiamos las chapas, una vez, otra, otra, y ya no la ven. Lo mismo con la crisis, ¿la ven?, ¿no la ven? Ya ha desaparecido. Ante unos espectadores asombrados, sin darse cuenta de que la crisis está en sus bolsillos.

Diada
¿Por qué alimentar a los de la "puta España"?
No se trata de que el PP no pueda pisar según qué lugares; puede acudir a donde le plazca. Pero del mismo modo que no se presentaría a avalar el lanzamiento de cabras desde un campanario, tampoco debería seguir alimentando esta cansina farsa.
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 12 Septiembre 2008

Avanzando en su degradación, lo que ya parecía difícil, esta Diada ha visto reventar los actos a un puñadito de radicales freakies, antitaurinos y despistados. Ellos saben que, marraneando unas horas con el "puta España", van a ser enfocados por las cámaras y, con suerte, salir en la portada de un diario con las fauces desplegadas y mirando muy fijo, llenos de ira, advirtiendo al mundo. Arrastran frustración y aburrimiento. Pero cada vez son menos. Su representatividad queda oscuramente clara cuando, una tras otra, todas las comitivas de todos los partidos parlamentarios son insultadas.

Unas más que otras, naturalmente. No me vayan a comparar ustedes a unos meros botiflers (clásica acusación contra todo lo que se mueva) con Ben Laden, que, como saben, es la imagen con que los más cultos independentistas catalanes identifican al PP. Pero el caso es que todos reciben. Curiosamente, a veces el que recibe sonríe complacido. Y no me refiero a la terrible trama de Al Qaeda que, a ojos de los historiadores oficiales de la Generalidad, gestiona Sánchez Camacho, sino a ex terroristas de verdad.

El monumento que concentra tanta injuria no es lo que la mayoría cree, la comprometida pieza largamente confinada en un sótano, sino una de las estatuas de personajes catalanes que jalonaban el paseo antes llamado Salón de Víctor Pradera. Lo de 1700-1714 tampoco es lo que suponen, una guerra de secesión, sino una guerra de sucesión. A la corona de España. Casanova tampoco es quien les han contado, un mártir, sino el conseller en cap que, herido, falsificó su certificado de defunción, huyó disfrazado de fraile, fue pronto perdonado por Felipe V y ejerció la abogacía tranquilamente hasta que murió de viejo. De hecho, nada es lo que parece. Pero, ¿a quién le importa?

Insistir en la ofrenda floral equivale a regalar atención y portadas al menguante grupo de la "puta España" y suscribir infumables mentiras históricas. ¿Por qué no dejarles a solas con su ira y su ignorancia? Para celebrar la fiesta institucional ya están los actos del Parque de la Ciudadela. No acabo de entender tanto masoquismo. No se trata de que el PP no pueda pisar según qué lugares; puede acudir a donde le plazca. Pero del mismo modo que no se presentaría a avalar el lanzamiento de cabras desde un campanario, tampoco debería seguir alimentando esta cansina farsa. Piqué lo entendió, fíjate tú.
Juan Carlos Girauta es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

¿Volverán PSOE y PNV a las andadas?
Conviene recordar que Ibarretxe ya aparcó su consulta en la pasada legislatura en pro de una "reforma" del Estatuto que, con la complicidad de Zapatero y con el anestésico de una tregua prenegociada, diera apariencia legal a sus soberanistas pretensiones
EDITORIAL Libertad Digital 12 Septiembre 2008

La sentencia que acaba de dictar por unanimidad el Tribunal Constitucional declarando ilegal la "ley de consultas" del Gobierno vasco, por la que Ibarretxe pretendía celebrar su referéndum soberanista, es tan clara, aunque no más, que el artículo 149.1.32 de nuestra Carta Magna, que ya señalaba que "el Estado tiene competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

Dicho sea esto para advertir que si Ibarretxe estaba dispuesto a saltarse a la torera la propia Constitución, nada nos garantiza que ahora no vaya a hacer lo mismo con la propia sentencia de marras. Más aun cuando desde el Gobierno de la nación –compañero de viaje de los secesionistas en la aparcada negociación con ETA– no se le ha dado a Ibarretxe la menor certeza o advertencia de las consecuencias políticas y penales que debería acarrear la comisión de sus ilegales intenciones.

En cualquier caso, aunque el lehendakari aparcara ahora su burda y descarada ilegalidad, tal y como le recomendaba hacer el astuto Imaz, y se limitara a hacer el ridículo en Estrasburgo, conviene recordar que Ibarretxe ya aparcó su consulta en la pasada legislatura: lo hizo en pro de una "reforma" del Estatuto de Guernica que, con la complicidad de Zapatero y con el anestésico de una tregua prenegociada, diera apariencia legal a sus soberanistas pretensiones. Al fin y al cabo, como entonces señaló Maragall con acierto insuperable, el "plan Ibarretxe" es "igual en el fondo, aunque distinto en las formas" que el Estatuto soberanista catalán.

La actual "fase de confrontación" entre el Gobierno y ETA hace ahora, sin embargo, más difíciles unas nuevas componendas entre el PSOE y el PNV en pro de un nuevo "marco jurídico-político" que contemple "el derecho a decidir de los vascos", tal y como textual y públicamente se comprometió ZP durante la tregua. Pero piénsese en el peligro que tendría esta reforma encubierta de la Constitución con la complicidad del Gobierno y su influencia en el Alto Tribunal.

Aunque tengamos, pues, que quedar necesariamente a una espera, que puede incluir nuevas elecciones, sólo nos queda por señalar que tan claro como son la sentencia del Tribunal Constitucional y el articulo de la Constitución referida a la celebración de consultas, es el Código Penal en su sección dedicada a la "usurpación de atribuciones", al señalar en su artículo 508 que "la autoridad o funcionario público que se arrogare atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente, será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".

Claro que, si hay alguien a quien no le gusta actuar a las claras, ni para bien ni para mal, es a José Luis Rodríguez Zapatero.

Nacionalismo catalán
Felipe V era del PP
Para el nacionalismo totalitario la vida ha de dedicarse por entero al fin supremo de la comunidad idealizada: la independencia.
Jorge Vilches Libertad Digital 12 Septiembre 2008

Alfred Bosch, escritor y coordinador del Área de Historia y Pensamiento Contemporáneo de la Consejería de la Vicepresidencia, la de Carod Rovira, el mismo que ha comparado al PP con Bin Laden, publicó en 2002 una hagiografía novelada de Françesc Macià subtitulada Una vida de leyenda. En la entrevista de turno le preguntaron si era riguroso en su tratamiento histórico y si había tenido en cuenta el independentismo del personaje. Bosch respondió que una existencia como la de Macià no necesitaba invención alguna –esto sí es cierto– y que, por otro lado, Macià "sólo" había sido independentista "los últimos veinte años de su vida".

No se entiende, a primera vista, el que Bosch desprecie un lapso de tiempo tan crucial en la vida de una persona, y menos si coincide con la época más convulsa de la historia de España en el siglo XX: nada menos que la crisis de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera y la proclamación de la Segunda República.

¿Y qué hizo Macià durante esos veinte años? Pidió ayuda a la Rusia de Lenin para iniciar un golpe en Cataluña, que repitió en 1926, constituyó en La Habana el Partido Separatista Revolucionario de Cataluña, y se fusionó con Esquerra Republicana para poco después, en 1931, desde el balcón del Palacio de la Generalitat, proclamar la República Catalana.

Claro que si para Bosch esos veinte años en los que Macià se alió con los comunistas soviéticos, intentó alzamientos armados y declaró la independencia de Cataluña no son nada, ¿qué puede pensar de un PP que desde hace un cuarto de hora le hace morritos al nacionalismo catalán? Nada bueno, porque para el nacionalismo totalitario la vida ha de dedicarse por entero al fin supremo de la comunidad idealizada: la independencia. Los conversos, los moderados o los prudentes han desperdiciado su existencia o llegan tarde. Lo apunta el editorial de Avui de este 11 de septiembre en referencia a "l’asfixiant poder politic espanyol": "Una classe política que en aquesta hora no hauria d’oblidar aquella sentència de Jordi Carbonell en la Diada de Sant Boi del 1976, la primera semiautoritzada després del franquisme: ‘Que la prudència no ens faci traïdors’.". Si el prudente es un traidor, el que opina de forma diferente ¿qué es? En este caso, ¿cómo no comparar al PP con Bin Laden, como ha hecho el empleado de Carod Rovira?

Más allá de la barbaridad política, social e historiográfica de la comparación de Bosch, y de la enorme irresponsabilidad, este coordinador de Historia muestra implícitamente una de las características propias del nacionalismo totalitario: la violencia legitimada por el servicio a la nación. El que no es nacionalista no sirve a la comunidad y entonces se convierte en un bulto sospechoso, tolerable quizá, pero prescindible y marginable; vamos, un lamentable traidorzuelo.

Y es que desde las instituciones nacionalistas se persigue la construcción de un imaginario colectivo mitificado y, por tanto, falso, que define como enemigo de la sociedad al que piensa de otra manera, y que acaba exaltando (o comprendiendo) los actos cometidos para eliminar la diferencia. Por esto vinculan al PP con Bin Laden, Franco o Felipe V si es preciso. Lo importante, dicen, es la cohesión social. Qué lejos queda el individuo y sus derechos.

Historia de una larga relación
ETA, el PNV y la democracia
El Pacto de Lizarra no sólo no fue algo excepcional, sino que constituye el último de muchos episodios de colaboración entre el PNV y los terroristas de ETA.
GEES Libertad Digital 12 Septiembre 2008

"Nosotros no queremos que ETA sea derrotada, no es bueno para Euskal Herria. El enemigo no es ETA. Es el de siempre". Las palabras fueron pronunciadas por Xavier Arzallus en una reunión con miembros de Herri Batasuna. Y no fue pronunciada durante el Pacto de Lizarra, del que se cumplen diez años, sino mucho antes, en la primavera de 1991, en una reunión con dirigentes de ETA-HB.

No olvidemos que las relaciones entre ETA y el PNV vienen de lejos. La primera unidad se dio en el mismo nacimiento de ETA: a la unión de las juventudes peneuvistas (EGI) con el grupo Ekin en el seno del PNV siguió la escisión con el nombre de ETA. Pero por no alejarnos mucho, convendrá recordar unos pocos datos de cómo el Pacto de Lizarra no sólo no fue algo excepcional, sino que constituye el último de muchos episodios de colaboración entre el PNV y los terroristas de ETA.

Durante la transición a la democracia, las relaciones entre ETA y el PNV fueron de estrecha unidad. En primavera de 1977, se produce la famosa reunión en Anglet (Francia) del PNV, la ETA y el resto del nacionalismo con el objeto de crear un Frente Nacional Vasco contra la naciente constitución española. Todos juntos, crímenes de por medio, presionaron a Adolfo Suárez para conseguir un Estatuto panvasquista y una amnistía general. Claro que entonces una rutilante ETA acabó por eclipsar al PNV, que al final optó no por la ruptura, sino por la participación en las elecciones de ese año. Los contactos, sin embargo, se mantuvieron.

El siguiente episodio reseñable fue en 1979. Los diputados del PNV abandonaron teatralmente el Congreso de los Diputados para el que habían sido elegidos. Según contaba Arzallus entonces "sólo negociaremos a Madrid cuando tengamos que negociar las transferencias". Pero lo que no dijo es que de ahí el PNV fue a negociar directamente con ETA, y los dirigentes peneuvistas se entrevistan con lo mejor de la casa etarra: Antxon, Josu Ternera y Txomin para negociar presión hacia la naciente democracia española.

Poco después se producen las peticiones a ETA (pm) para que no abandone las armas. Así cuenta Mario Onaindía:

PNV: ¿Es cierto el rumor de que los "pm" van a dejar las armas?
Onaindía: Creo que sí, esta vez lo lograremos.
PNV: Pues es la peor época para hacer una tregua. La peor época.

Tanto presionó el PNV para evitar la disolución de ETA (pm), que los etarras partidarios del abandono de las armas se encontraron con que la oposición más férrea era la del partido "nacionalista y demócrata". La razón era que querían arrancar más competencias al Estado mediante el chantaje. Una vez logradas, en 1986, cuando el PSOE cedió al PNV el Gobierno vasco, de nuevo el PNV corrió a dialogar formalmente con la banda para planificar cooperaciones futuras.

Poco después, en 1991, se produce la famosa frase de Arzallus sobre el árbol y las nueces, dirigida a miembros destacados de ETA-Herri Batasuna: "no conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas. Antes, sin un acuerdo explícito, había un cierto valor entendido de esa complementariedad entre PNV y ETA. Desde hace unos años, tras la muerte de Txomin, estamos olvidando esto. Y eso nos lleva a situaciones peligrosas". Hay más: En 1992, tras la caída de la cúpula de Bidart, PNV y ETA-HB vuelven a reunirse tras el descalabro etarra para reflotar el mundo nacionalista.

Justo lo mismo que tras el crimen de Miguel Ángel Blanco y el nacimiento del espíritu de Ermua –el que con tanto ahínco se encargan ahora Zapatero y Patxi López de aniquilar–. Pero el hecho de que un acontecimiento como el de julio de 1997 aproxime a ETA y al PNV no es nuevo. El Pacto de Lizarra ni fue ni algo novedoso ni algo excepcional. Y tampoco podemos decir que no se va a volver a repetir: tanto ETA como el PNV sueñan con la unidad del nacionalismo vasco. La única diferencia es que cada uno quiere para sí el liderazgo del proceso.

Conviene no engañarse. El Pacto de Lizarra no sólo no fue una excepción, sino que casi constituye la norma de las relaciones entre el PNV y ETA. Cuando al nacionalismo le ha hecho falta unirse contra la democracia española, lo ha hecho. Y mucho nos tememos que lo volverá a hacer.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Manifiesto nacionalista y marxista
La historia de España
Durante largos años estos señores y los historiadores de izquierdas han mantenido un campeonato de distorsiones contra los datos históricos y la simple lógica; ya va siendo hora de terminarlo, me parece.
Pío Moa Libertad Digital 12 Septiembre 2008

Un grupo de "historiadores vascos, catalanes y gallegos" amenaza con un manifiesto contra "los intentos uniformadores" promovidos, dicen por el "aparato del Estado" con una visión "centralista y elitista de la historia, que olvida el testimonio obrero, republicano y popular". Denuncian, al respecto, "los libros de historiadores con más difusión hoy, como César Vidal o Pío Moa, [que] mantienen visiones excluyentes de la realidad nacional; es algo parecido a lo del Manifiesto por la lengua común, donde el catalán quedaba como algo residual; la historia de España aún hoy es la de Castilla". Afirman sentirse "perseguidos" y manejan el nombre de Galeusca, pacto entre separatistas en 1923 y 1933. Preparan el manifiesto Josep Fontana, Hilari Raguer y otros menos conocidos, hasta 59 "expertos", nada menos, informa El País.

Como le comentaba al inefable Reig Tapia, estos caballeros serán sin duda historiadores, puesto que escriben de historia. Pero son también tan malos historiadores como el propio Reig y asimilables, así que voy a ver si les aclaro unas pocas cuestiones absolutamente elementales, con la esperanza no muy convencida de que tomen nota.

1. Ante todo, los excluyentes son ellos, pues pretenden escribir historias regionales (ellos suelen llamarlas nacionales) excluyendo a España, es más, en oposición a España. Y hablan de sí mismos como "gallegos, vascos y catalanes" como si quienes discrepamos de ellos fuéramos de otras regiones o como si su procedencia regional les autorizase a escribir cualquier disparate. Yo, desde luego, soy tan gallego como los gallegos de ese manifiesto y no estoy dispuesto a que unos botarates me excluyan porque no les gusten mis escritos.

2. España es una de las naciones que más ha influido en la historia del mundo. Podría no haber sido así, y no dejaríamos (muchos, por lo menos) de sentirnos identificados con ella; pero el hecho es que así ha sido, y este dato tiene la máxima relevancia histórica. Pues bien, se trata de España y no de ninguna región en particular. Castilla desempeñó durante unos siglos un papel esencial –luego decayó profunda y hasta diríamos vergonzosamente–; y el castellano constituye la base del español común, por cierto un servicio de primer orden a toda España. La historia de cada región al margen de la común española es inevitablemente una historia oscura, de escaso interés y trascendencia, por mucho que esos historiadores pretendan adornarla con la habitual mitología barata.

3. El llamado "testimonio obrero, republicano y popular" nunca fue otra cosa que la manipulación de todo ello por parte de historiadores e ideólogos marxistas o marxistoides. Estos señores no se han enterado de la caída del Muro de Berlín, y ahí siguen inasequibles al desaliento, repitiendo sus tópicos, rebajados por ellos a un nivel pedestre.

4. El nombre Galeuzca (no Galeusca) remite a una asociación política de separatistas fundada en 1933, precedida en 1923 por la Triple Alianza o Pacto Tripartito. Este pacto pretendía aprovechar la crisis revolucionaria vivida entonces por el régimen liberal de la Restauración para acabar con él mediante la lucha armada, en concomitancia o alianza con el terrorismo anarquista, la rebeldía de Abd El Krim y la demagogia desatada del PSOE. No sobra recordarlo cuando ellos mismos lo invocan.

5. En cuanto a César Vidal o a mí, nunca hemos recibido un duro del Estado, al contrario de las continuas subvenciones gracias a la cuales publican sus historias tantos de estos señores. Para que luego tengan la desvergüenza de acusarnos de estar promocionados por "el aparato del Estado". Y lo de la persecución que dicen sufrir... ¿será para ordeñar más los dineros públicos? Venga, hombre, que a estas alturas conocemos ya todos los trucos.

Y esto hay. Durante largos años estos señores y los historiadores de izquierdas han mantenido un campeonato de distorsiones contra los datos históricos y la simple lógica; ya va siendo hora de terminarlo, me parece.

Desafección política
Indefensión ciudadana
Los políticos creen que jamás les sucederá lo que les pasa a los ciudadanos. Solbes tampoco perderá un gramo de grasa por tener que ayunar a causa de la crisis económica. Perdón, por la recesión.
Agapito Maestre Libertad Digital 12 Septiembre 2008

El reto más importante de la ciencia política española es hallar nuevas categorías para explicar la ruptura entre la ciudadanía y sus políticos. Los votantes socialistas más informados miran con desconfianza absoluta, o alzando los hombros llenos de perplejidad, la manera de atajar la crisis económica del Gobierno. También la mayoría de los votantes del PP consideran que este partido no se emplea con contundencia para frenar los desmanes socialistas en todos los ámbitos de la administración y la vida cotidiana. Nadie parece estar contento. Cientos de miles parecen haberse percatado de que la representación, es decir, el vínculo que une a los votantes con sus políticos se ha roto. El ejemplo más patético es el de Llamazares que, a pesar de no pintar nada en ese extraño grupúsculo político que es IU, siguen ostentado la categoría de diputado en las Cortes nacionales.

He ahí el ejemplo extremo de lo que podemos llamar "indefensión ciudadana". Sí, sí, indefensión, porque unos políticos nos atacan, sin piedad ni contemplación, y otros, que se supone tienen casi la mitad de los votos, no nos defienden. Gobierno y oposición funcionan como una casta política. Tenemos unos "representantes" que sólo se representan "a ellos mismos" y con muchas dificultades. ¿Cómo podríamos estudiar esta indefensión ciudadana ante la casta política instalada en las instituciones? Quizá estaría bien aplicar las tesis de los teóricos de la mafia italiana; por cierto, ha sido en Italia donde se han llevado a cabo ese tipo de estudios con grandes rendimientos intelectuales. Comprobaríamos fácilmente que el hiato entre los ciudadanos y los políticos es total.

Los políticos son una especie aparte, que utilizan el Parlamento para sus juegos y descalificaciones medidas con el único objetivo de domesticar, aplacar y excluir, incluso a través de modos poco pacíficos, a cualquiera que muestre reticencias a este comportamiento cerrado y al margen de la ciudadanía. Aparte de la chulería y el desprecio a sus votantes con el que actúan todos los políticos, tienen a gala funcionar con un punto de vista, una "perspectiva moral y política", ajena a lo que digan los ciudadanos. La recesión económica, por ejemplo, es vista con miedo y horror por millones de ciudadanos, pero Solbes, el ministro de Economía, sin importarle los millones de seres humanos que lo pasarán mal, va y dice: "Si la recesión sirve para limpiar la economía, no tiene la mayor importancia."

Esto ya no es un vulgar régimen de derechos, cada vez más alejado de los procedimientos democráticos, sino que se parece a un régimen basado en el nepotismo de los políticos. Se reparten prebendas. Pactan todo de espaldas a los ciudadanos. Y, por supuesto, escenifican cruelmente tanto sus conflictos como consensos; entre estos últimos, resulta cruel e inmoral, entre otras razones porque media la muerte de una niña, la escenificación de Rajoy y Zapatero ante la leve sanción que ha recibido el juez, que dejó en libertad al pederasta que asesinó a Mari Luz; ninguno de los dos ha sido capaz de decir algo más que "lo sentimos, señor, nos solidarizamos con usted, pero casi no podemos hacer otra cosa que aceptar esta 'decisión' judicial".

Pues eso es, en verdad, la indefensión ciudadana: es un sentimiento parecido al que ha sentido el padre de esta niña asesinada, cuando estos castizos políticos lo han llamado para decirle esa paparruchada sentimentaloide. Esos descargos de conciencia no son políticos sino propios de representantes de hablan desde un lugar seguro. Ellos creen que jamás les sucederá lo que les pasa a los ciudadanos. Solbes tampoco perderá un gramo de grasa por tener que ayunar a causa de la crisis económica. Perdón, por la recesión.

Izquierda liberal
La demagogia de los sueldos parlamentarios
Un presidente de una comunidad autónoma que cobra el doble que el presidente de España y una directora de la CCMC que cobra ella sola casi lo que los dos presidentes juntos. ¿Tanto cuesta mantener la independencia de los medios frente al poder político?
Antonio Robles Libertad Digital 12 Septiembre 2008

No debemos confiar demasiado en la eficacia de nuestros políticos cuando al presidente de la empresa más grande y decisiva de España, el Gobierno del Estado, le pagamos mucho menos que a cualquier directivo de una gran empresa: 89.303 euros al año. Si sus decisiones son acertadas su sueldo siempre estará amortizado y si son erróneas, siempre lo podemos echar votando. En uno o en otro caso, la responsabilidad es enorme. Hay, sin embargo una animadversión generalizada contra los "elevados" sueldos de nuestros diputados y demás cargos públicos.

José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, ha explotado esa inquina de los españoles contra sus políticos, proponiendo la congelación salarial de los diputados. La reacción ha sido unánime: todos han celebrado la medida en tiempos de crisis. Tanto, que PP y PSOE se han peleado en los medios de comunicación por dejar sentado que la propuesta ha salido de sus filas respectivas. ¡Qué unanimidad en nuestras ilustrísimas señorías! Todos están de acuerdo en congelarse los sueldos. Es tanta la predisposición y tanto el empeño en encabezar la autoría contra sus intereses, que algo no cuadra. ¿Alguno de ellos se atrevería a oponerse y soportar las consecuencias electorales en un país que odia y a la vez envidia la leyenda del político ocioso y trincador?

Aparentemente la congelación salarial de nuestros diputados es todo un ejemplo en momentos de crisis. Si hay que apretarse el cinturón, quienes lo proponen habrían de ser los primeros. Y lo han sido. Perfecto, todo un símbolo. Más allá de eso, el montante económico es ridículo. Carece de la más mínima incidencia en la disminución de la crisis. ¿Por qué se hace entonces? ¿Acaso para preparar la congelación salarial de los convenios colectivos de trabajadores y mileuristas?

Como trabajador, la medida del presidente del Congreso es reaccionaria, posiblemente contraria a la reactivación económica y por supuesto, tremendamente demagógica. Es reaccionaria porque la inflación recae al cien por cien en los trabajadores, no así en otros actores de la actividad productiva; por ejemplo, los que tienen capital en bienes inmuebles. Es contraria a la actividad productiva, porque la menor disponibilidad presupuestaria retrotrae la reactivación económica y es demagógica porque es una medida estética de réditos electorales seguros sin un ápice de sinceridad y eficacia.

Debería ser hora ya de dignificar la política; también en los sueldos. En una sociedad que busca la equidad, pero en la que los recursos para alcanzar la riqueza que la garantiza la generan las jerarquías y la competencia, los responsables de tareas decisivas para una empresa como la política deberían estar muy bien pagados sin por ello levantar recelos.

Quizás sería mucho más relevante poner coto a los gastos superfluos con apariencia de imprescindibles, dilapidados por cientos de políticos de campanario que proliferan hoy día como setas por las autonomías. Por ejemplo, los gastos de representación de comunidades autónomas con complejo de Estado (Carod Rovira abrirá una cuarta "embajada" catalana en Nueva York después de hacerlo a todo trapo en Berlín, Londres y París; los gastos de la última delegación desplazada para inaugurar la sede de París rondaron los 30.000 euros). O los informes encargados por el Gobierno de turno a una empresa amiga o a gente de ideología afín (32 millones de euros se gastó el año pasado el Gobierno Tripartito de la Generalitat de Cataluña por 1581 informes externos que en buena medida deberían haber sido hecho por los funcionarios que están, entre otras cosas, para ello). También podía ahorrarse algo en dietas forzadas, publicidad institucional (o directamente propaganda), viajes de difícil justificación con séquitos bananeros y lo que es peor: puestos designados ideológicamente con sueldos millonarios.

Hay de esto último una muestra sangrante. Hace unos meses el Parlament de Cataluña aprobó la creación de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación (CCMC), cuya función sería garantizar la independencia de los medios públicos de comunicación (TV3, Catalunya Radio etc.) del poder político. Su primera función y causa para la que fue creada se quebrantó desde el primer momento: los 12 puestos del Consejo de Gobierno se repartieron entre los partidos políticos. Sus sueldos nunca fueron publicados hasta que Ciudadanos exigió a través de preguntas parlamentarias su montante. El presidente de este organismo, Albert Sáez, recibe un sueldo de 128.856 euros al año, mientras que la retribución del resto de sus 11 compañeros se eleva a 115.579 euros anuales por barba. Estos salarios no incluyen las dietas. 1,4 millones de euros le cuesta al erario público un organismo de supuesta independencia política pero cuyos miembros son designados por cuotas. Y lo que es peor, el Gobierno de la Generalitat se niega a desvelar el sueldo de su directora general, Rosa Cullell. Desde el lunes sabemos por e-noticies que asciende a los 230.000 euros al año. Un sinsentido. Cobra 66.000 euros más que el presidente de la Generalitat, José Montilla, cuyo sueldo asciende a cerca de 170.000 euros, y 140.000 más que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que gana alrededor de 90.000 euros.

Bonito país el nuestro: un presidente de una comunidad autónoma que cobra el doble que el presidente de España y una directora de la CCMC que cobra ella sola casi lo que los dos presidentes juntos. ¿Tanto cuesta mantener la independencia de los medios frente al poder político?

Por cierto, ¿alguno de ustedes sabe por qué un guardia civil de Cuenca o un policía nacional de Madrid cobra mucho menos que un "mosso de escuadra"? Y mientras eso sucede, entretenemos al personal con la congelación salarial del IPC de los representantes del pueblo.
antoniorobles1789@hotmail.com

¡Vaya Diada!
Germán Yanke Estrella Digital 12 Septiembre 2008

Como parece que los partidos políticos catalanes, las autoridades autonómicas y un buen grupo de entidades variopintas se sienten muy orgullosos de la Diada, tendré que ser yo el que sienta una cierta dosis de vergüenza ajena. La celebración, con la ofrenda floral a Rafael Casanova, herido el 11 de septiembre de 1714 con el estandarte de Santa Eulalia en las manos, es ya un curioso anacronismo: ni el ilustre abogado era consejero en jefe de Cataluña, sino de Barcelona, ni era nacionalista avant la lettre ni independentista, sino partidario de los Austrias, ni tenía una visión moderna —progresista se diría ahora— de la vida política y social. Cuando Felipe V le perdonó siguió viviendo plácidamente en su reino hasta la muerte.

Pero eso sería lo de menos, que ya sabemos cómo tratamos aquí la Historia, si no se hubiera convertido la Diada en una jaula de grillos en la que, año tras año, un grupo de fanáticos insultan, abuchean y, especialmente, agreden verbal o físicamente a los representantes del PP, que ayer volvieron a la “fiesta”, por segunda vez tras una razonable interrupción, con un cierto miedo escénico. No sólo por lo que pudiera ocurrir en el centro de Barcelona sino también por lo que se pudiera decir de su ausencia. Veamos algunos elementos de la vergüenza ajena: instituciones, políticos y asimilados subvencionados, en el pretendido día patriótico, no se enfrentan a los fanáticos para ponerse del lado de un grupo de ciudadanos maltratados; ante los gritos contra España (que en el caso de todos estos nacionalistas radicales lo son también contra el concepto mismo de la España constitucional), unos callan, otros gritan “Viva Cataluña socialista” y la autoridad competente da instrucciones para que Els Segadors suene más fuerte. Contra la violencia intransigente, farándula y “gritos ciudadanos”. Para ser el día de la patria, sí que da un poco de vergüenza.

Lo de Els Segadors tratando de que no se oyera a los fanáticos tiene su guasa. Los himnos, aunque no todos afortunadamente, son así (“buen golpe de hoz”, “qué tiemble el enemigo”, etc.), pero los segadores no solamente se levantaron contra la presencia del rey, sino también, y muy particularmente, contra los propietarios, tan catalanes ellos. Si no cogieron a Casanova es porque el prócer no había nacido aún. “Cataluña triunfante”, dice la letra de Guanyavents, pero luego vienen las encuestas y nos dicen que los catalanes de ahora están perplejos, que se preguntan dónde está su pujanza, su cosmopolitismo, su pasado reciente…. Desde luego, en la Diada no.

Campo de Agramante judicial
Lorenzo Contreras Estrella Digital 12 Septiembre 2008

El pacto de partidos para la constitución del nuevo Consejo General del Poder Judicial quedó momentáneamente diluido en su interés noticioso por la comparecencia parlamentaria de Zapatero en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación económico-financiera que atraviesa España. Pero el escándalo ha sido mayúsculo en los ámbitos políticos y jurídicos y ha afectado también a la opinión ciudadana más atenta al curso de la vida nacional. Se ha hablado de fraude de ley ante la composición del órgano de gobierno de la Justicia. Si así fuera, estaríamos ante uno de los mayores fracasos de esta democracia nacida bajo los mejores augurios y luego interferida en su funcionamiento por los vicios solapados en la letra de la propia Constitución y por la mala voluntad de los políticos encuadrados en el sistema de intereses. Para el Estado de las Autonomías, una triste realidad.

El objetivo de conseguir un CGPJ controlado no es algo nuevo, sino que responde a una estrategia política inmediatamente posterior a 1978 y a los comienzos de la postransición. La elección de los miembros del Consejo por la carrera judicial en su conjunto cedió pronto paso a una elección “más democrática” que consistiría en transferir la decisión al Parlamento, en teoría, como sede de la soberanía del pueblo, garante plano de una imparcialidad que algunos se resisten a ver.

La modalidad de las cuotas para conformar la composición del órgano encargado de regir la marcha de la vida judicial pervirtió, según autorizados pareceres, el plan de una Justicia justa. Una legalidad discutible se habría encaramado sobre los hombros del ideal inicialmente diseñado. La búsqueda de un empate de fuerzas dentro del Consejo, lejos de garantizar su neutralidad, lo que aseguraba era el bloqueo de sus más ejemplares designios. Una justicia reconducida por los intereses políticos carece de futuro como tal. Y si hace días se podía hablar de un aborto a la carta en la regulación de la interrupción de embarazos, ahora cabe hacer referencia a un Consejo del Poder Judicial estructurado a la carta por quienes, desde el ámbito de la política, prefieren atar corto a dicho Poder, que tal vez, bajo tales circunstancias, no merezca ser escrito con mayúscula.

Los políticos representativos de los partidos más poderosos o influyentes han tenido siempre en esta democracia la existencia de jueces no controlables, lo que algunos han llamado dictadura de las togas o dictadura corporativa. El sistema proporcional de cuotas no se configura como nueve más nueve, sino, para los casos más “delicados”, como nueve contra nueve. Y como son veinte en total, los dos que faltan se han personificado en vocales nacionalistas, catalán y vasco, que siempre podrán meter palos en las ruedas de las decisiones que les convengan. En la nueva composición del Consejo se da la circunstancia de que uno de los nueve del bloque considerado progresista es Margarita Robles, ex secretaria de Estado bajo el Gobierno de Felipe González y mujer significada por sus simpatías nacionalistas, concretamente pro vascas. O sea, que el equilibrio buscado queda, además de alterado, convertido en la posibilidad de un Campo de Agramante de desenlaces insospechados o tal vez demasiado previsibles según el giro de los intereses. Lo normal, para responder a la denominación, es que nadie se entienda con nadie, cuando más falta haga, en una Babel judicial. Agramante es un personaje del Orlando furioso de Ariosto. Hay otro Orlando, el inamorato, pero no es el caso en la actual coyuntura.

Educación para la Ciudadanía
El Supremo no es el final
La Constitución nació para limitar el poder, especialmente el ejecutivo, en defensa de los derechos de las personas frente a los abusos y excesos en cuya tentación tan frecuentemente caen algunos iluminados.
José Luis Bazán Libertad Digital 12 Septiembre 2008

El interés o la ignorancia parecen motivar el mensaje de ciertos políticos que anuncian el fin de la maraña judicial de Educación para la Ciudadanía (EpC) con una próxima sentencia, quizás navideña, del Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo no es nuestro más alto tribunal, como bien ha recordado el Constitucional en innumerables (y no siempre acertadas) decisiones. Nuestra ley suprema es la Constitución y su supremo juez es el TC.

Así que, sintiéndolo por la Abogacía y la Fiscalía del Estado, los padres objetores seguirán dando trabajo al Estado mientras el Gobierno que se ha adueñado de él continúe en su pretensión de vulnerar sus libertades ideológicas y de conciencia, y pasar por alto que él también está sometido a la Constitución. Porque la carta magna nació para limitar el poder, especialmente el ejecutivo, en defensa de los derechos de las personas frente a los abusos y excesos en cuya tentación tan frecuentemente caen algunos iluminados.

No han existido vacaciones judiciales para los padres objetores, que han seguido en su lucha interponiendo recursos contra EpC incluso en el mes de agosto. Y ya a la vuelta de curso, seguirán lloviendo recursos por toda España, que evidencian la falta de disposición al diálogo del Gobierno promotor de esta bazofia adoctrinadora, enrocado en una ya indefendible posición argumentativa. Tan flagrante y sistemática agresión jurídica a derechos básicos solamente puede encontrar contestación con los medios que el Estado de Derecho nos proporciona: jueces y Constitución.

En el caso de que el TS no reconociera debidamente el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones éticas (Artículo 27.3 Constitución), los padres se verían obligados a interponer masivamente recursos de amparo ante el TC pidiendo, además, la suspensión de las sentencias del TS que vulneren sus derechos fundamentales. Tal suspensión procederá "cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad... siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona". (Art. 56.1 LOTC)

Aunque la regla general es la no suspensión, lo cierto es que no es infrecuente que el TC acceda a suspender una sentencia del Tribunal Supremo cuando "la ejecución del fallo cause al solicitante de amparo un perjuicio irreparable en los derechos fundamentales invocados en el proceso constitucional", entendiendo por perjuicio irreparable "aquel que provoque que el restablecimiento del recurrente en el derecho constitucional vulnerado sea tardío e impida su efectiva restauración" (autos TC 51/1989, 20/1992, 370/1996, 69/1997, 263/1998, 215/1999, 7/2002, 9/2003, 26/2003, 10/2004, 36/2004, 337/2004, 335/2005 y 37/2006, entre otros muchos). Con ello se quiere evitar que el restablecimiento del derecho constitucional vulnerado mediante una sentencia favorable sea meramente "ilusorio y nominal" (Auto 171/2008, 23 de junio de 2008, Sala Primera).

El TC ha distinguido entre aquellas decisiones judiciales cuya efectividad no impide devolver las cosas al ser y estado en que se hallaban antes de la ejecución y que admiten una posterior restitutio in integrum, y aquellas otras decisiones judiciales en las que la suspensión está justificada por afectar a bienes o derechos de imposible restitución a su estado anterior (Auto 274/2006, 17 de julio de 2006, Sala Primera). Este último es el caso de la objeción de conciencia a EpC:una eventual ejecución de una sentencia del TS que no tutele debidamente los derechos de los padres (y sus hijos) y que obligue a padecer el adoctrinamiento contrario a sus convicciones constituiría un daño irreparable. Una posterior sentencia del TC que pretendiera restablecer el derecho vulnerado carecería de efectividad porque ya el daño (transmisión de la doctrina) se habría consumado. Como decía Cicerón en In Pisonem, "praeterita mutare non possumus" (no podemos cambiar el pasado), por lo que la única forma de evitar los actos de adoctrinamiento hasta que el TC resolviera consistiría en suspender la ejecución de la sentencia del TS.

Las sentencias de los juzgados y tribunales son provisionales en la medida en que cabe suspenderse su ejecución y el Supremo puede, además, revertirlas. Pero una sentencia del TS es también provisional en cuanto que su ejecución puede ser suspendida, en las condiciones descritas anteriormente, por el TC, que puede incluso declarar eventualmente su nulidad (art. 55.1 LOTC).

El interés que muestran algunos políticos por inseminar mediáticamente en la sociedad la idea de que el Supremo zanjará definitiva e inapelablemente los cientos de contenciosos contra Educación para la Ciudadanía oculta una realidad: toda sentencia del TS que no tutele los derechos de los padres a la educación de sus hijos en libertad será recurrida en amparo ante el TC. ¿Es esta la solución "definitiva" de la que hablan algunos políticos? La sentencia del TS será la única que determinará si el éxito de la libertad evita continuar con la batalla por los derechos educativos de los padres y sus hijos, o bien, si estamos ante un eslabón más de una larga cadena que podría llegar al TC o, si éste no se muestra sensible a tan noble causa, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Aunque hay una forma de que, fuera del ámbito judicial, EpC deje de ser un problema social: que el Gobierno asuma que la libertad real y efectiva es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, como dice el Artículo 1 de nuestra Constitución, y actúe en consecuencia, dejando atrás todo su afán adoctrinador en la escuela española.

Continuando con la cita de Cicerón, si bien no podemos cambiar el pasado, debemos prever el futuro ("...sed futura providere debemus"). Confiamos en que el TS tutele nuestra libertad, pero si por una sinrazón no lo hiciera, los recursos ulteriores seguirán su cauce, dentro y fuera de España.
José Luis Bazán es coordinador del área jurídica de Profesionales por la Ética

Se acabó la fiesta y el despilfarro: los barones regionales encaran su primera recesión
Carlos Sánchez El Confidencial 12 Septiembre 2008

De las crisis también se aprende. Y si no que se lo pregunten a los alemanes, que en plena república de Weimar llegaron a emitir billetes con un valor facial de 100 millones de marcos, lo que les vacunó definitivamente contra la inflación. Desconozco si la clase política española quiere (o está en condiciones) de aprender de los errores del pasado, pero no estaría de más que en estos tiempos económicamente revueltos, le echaran una pensada a una cuestión capital que a menudo se escapa del debate político: en qué medida el actual modelo territorial se ha convertido en un lastre o en un trampolín para salir de la crisis. O, dicho en otros términos, si la actual configuración institucional del Estado colabora o es un desincentivo para evitar que España caiga en un estancamiento económico prolongado en el tiempo.

Vaya por delante que estoy convencido de que uno de los mejores inventos de la democracia española tiene que ver con el Estado de las autonomías. Sólo hay que echar un vistazo a la miseria que se ha enseñoreado por este país en los últimos 200 años (en los que el centralismo ha sido el santo y seña del sistema político) para entender que la descentralización administrativa ha permitido aumentar los niveles de bienestar. Gracias, fundamentalmente, a que la gestión de la cosa pública se ha acercado a los ciudadanos. Lo cual es muy saludable.

Pero dicho esto, no estaría de más que en lugar de poner parches al actual modelo autonómico (mediante la mera actualización del sistema de financiación) el Parlamento se pusiera a trabajar sobre la vigencia del actual esquema territorial, plagado de contradicciones y duplicidades, lo que sin lugar a dudas explica que cada vez más gente (y con razón) cuestione el despilfarro de las comunidades autónomas y la insensatez de un modelo manifiestamente mejorable. Y no lo digo sólo respecto a lo más visible, la ruptura de la unidad de mercado mediante la proliferación de normas legales de carácter autonómico, muchas de ellas claramente contradictorias.

El papel de la provincia
Veamos. Resulta que el mandato constitucional diseñó tres niveles de administración: la central, la autonómica y la local, pero al mismo tiempo mantuvo la presencia de la provincia como ente territorial. No podía se de otra manera teniendo en cuenta que en 1978 aún no se había constituido ninguna comunidad autónoma, pero lo cierto es que 30 años después las autonomías tienen hoy plenitud de competencias. Sin embargo, y aquí está el problema, las diputaciones provinciales siguen ahí como una especie de antigualla de difícil justificación. Eso si, con un abundante aparato burocrático y administrativo, lo que verdaderamente escandaliza en unos tiempos de recortes presupuestarios. Estamos hablando de casi 50 diputaciones provinciales, lo que da idea de la dimensión del problema, a las que habría que añadir mancomunidades o cualquier otra forma de organización local.

El problema no es, sin embargo, que sigan existiendo las diputaciones provinciales, cuya labor de coordinación de los diferentes municipios (fundamentalmente en la gestión de obras y servicios) deberían ejercerlas los ejecutivos regionales, sino que ayuntamientos y comunidades autónomas continúan funcionando como si se tratara de entes independientes entre sí, generando duplicidades de difícil justificación.

Detrás de la angustiosa situación financiera de muchos ayuntamientos se encuentra, de esto parece haber pocas dudas, el hecho de que han asumido competencias impropias que corresponden a las comunidades autónomas, y que afectan a materias como la prestación de servicios sociales, la seguridad pública, la educación o la asistencia sanitaria. Diversos estudios han estimado que estaríamos hablando de una cantidad que se movería entre 6.000 y 9.000 millones de euros. En cualquier caso, como se ve, mucho dinero.

El problema no es sólo que los ayuntamientos hayan asumido competencias impropias, al fin y al cabo lo que preocupa a los ciudadanos es que haya servicios públicos de calidad, independientemente de quien los preste. El problema, por el contrario, es que muchos de esos servicios ya los prestan las comunidades autónomas, lo que provoca aumentos del gasto público insoportables para los ciudadanos. Y además es absolutamente ineficiente en términos económicos.

Es curioso que las comunidades autónomas, siempre atentas a arañar competencias a la Administración central del Estado, sean algo más que rácanas a la hora de transferir más poderes (y también más dinero) a los municipios. Y eso que la Constitución deja bien claro que los ayuntamientos “se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas”.

Como se ve, son asuntos de gran calado político, pero que tienen indudable trascendencia económica, y por eso sorprende la inexistencia de un debate de mayor profundidad ahora que se está discutiendo el nuevo modelo de financiación de las regiones, y que debe ir mucho más allá que un mero ajuste de cuentas entre Cataluña y el resto del Estado. Máxime cuando estamos ante un momento histórico que no se había producido en los últimos 30 años. Por primera vez desde la aprobación de la Constitución, las comunidades autónomas van a ver en carne propia lo que es una recesión. Dicho en otros términos, van a tener que despedir a empleados públicos y recortar programas de bienestar social. El malo de la película ya no va ser el ‘Solbes’ de turno, sino el jefe político que hasta ahora cortaba cintas inaugurales más contento y bonito que un San Luis.

Si las comunidades autónomas han disfrutado, hasta ahora, de dinero abundante -lo que les ha permitido acometer proyectos mastodónticos de difícil justificación económica con los que así poder ‘fardar’ de buenos gestores ante sus votantes-, en el futuro van a tener que poner en valor una crisis económica que se presume intensa, y que pone fin a una larga temporada de vino y rosas. De ahí la importancia de reformar lo antes posible la organización territorial del Estado.

LOS ENIGMAS DEL 11-M: CAPÍTULO 47. Petróleo por alimentos
Luis del Pino Libertad Digital 12 Septiembre 2008

La Primera Guerra de Irak se inició el 2 de agosto de 1990, como respuesta a la invasión de Kuwait por parte del ejército de Sadam Hussein.

Una coalición de 34 naciones, encabezada por Estados Unidos y con la aprobación de la ONU, tomó a su cargo la tarea de expulsar a los iraquíes de Kuwait, agrupando en el área cerca de un millón de hombres. Durante muchos meses, las actividades bélicas se centraron en la destrucción de la infraestructura militar y civil de Irak mediante ataques aéreos, como paso previo a la ofensiva terrestre.

Las operaciones en tierra dieron comienzo el 24 de febrero de 1991 y duraron menos de 100 horas, el tiempo que se tardó en desalojar de Kuwait a las maltrechas tropas de Sadam Hussein. El 28 de febrero, el ejército de la coalición decretó un alto el fuego, tras el cual se celebró una conferencia de paz en territorio iraquí.

Como consecuencia de la guerra, se aprobaron una serie de restricciones de las actividades del ejército iraquí, incluyendo la prohibición de vuelos militares en ciertas zonas de su propio territorio. La ONU también aprobó un paquete de sanciones económicas, fundamentalmente destinadas a evitar el rearme iraquí y a compensar a Kuwait por las pérdidas sufridas a consecuencia de la ocupación. El primer paquete de sanciones fue aprobado por Naciones Unidas el 6 de agosto de 1990, cuatro días después de iniciadas las hostilidades.

Quien más sufrió los efectos tanto de la guerra, como de las sanciones económicas posteriores, fue lógicamente la población civil. Las restricciones a la exportación de petróleo de Irak venían a agravar una situación ya complicada, debido a la destrucción de las infraestructuras civiles iraquíes durante la guerra.

Como consecuencia, el 15 de agosto de 1991 la ONU aprobaba una resolución que autorizaba a Irak a exportar petróleo a cambio de bienes y servicios de primera necesidad que sirvieran para aliviar los sufrimientos de la población civil. Ese programa recibió el nombre de "Petróleo por alimentos".

Petróleo por alimentos
Inicialmente, las sanciones hubieran debido levantarse en un plazo no muy largo, pero el régimen de Sadam Hussein comenzó a poner obstáculos a las inspecciones destinadas a verificar la inexistencia de armas químicas y la congelación del programa nuclear iraquí, de modo que las sanciones se fueron prolongando en el tiempo y, como consecuencia, también se fue prolongando en el tiempo el programa "Petróleo por alimentos", que sólo terminaría con el estallido de la segunda guerra de Irak, en 2003.

La resolución 712 de la ONU (19 de septiembre de 1991) autorizaba a Irak a vender petróleo puntualmente por valor de 1600 millones de dólares para financiar la compra de alimentos para la población civil. Posteriormente, la iniciativa "Petróleo por alimentos" se transformaría en un programa continuado de intercambio, con la aprobación de la resolución 986 de la ONU, que autorizaba a Irak a vender crudo por valor de 5200 millones de dólares cada semestre, a cambio de bienes y servicios de primera necesidad.

En conjunto, entre 1991 y 2003, el programa "Petróleo por alimentos" representó un montante total de más de 60.000 millones de dólares, supuestamente destinados a que Irak comprara comida, medicamentos y otros suministros humanitarios. Los contratos de suministro estaban sujetos a una serie de inspecciones, destinadas a verificar que los bienes y servicios suministrados no violaran los términos del embargo de Naciones Unidas. Así, por ejemplo, se prohibía la exportación a Irak de equipamiento electrónico que fuera susceptible de un doble uso civil y militar, para evitar que las autoridades iraquíes desviaran a su programa de armamento equipos que estaban destinados exclusivamente a mejorar el nivel de vida de la población iraquí.

Una orgía de corrupción
En teoría, el programa "Petróleo por alimentos" era una loable iniciativa de la ONU para aliviar las penurias de la sociedad iraquí. Pero en la práctica, todo el programa terminó convirtiéndose en una orgía de corrupción, en la que las comisiones, mordidas y sobornos estaban a la orden del día y en la que funcionarios iraquíes, funcionarios de Naciones Unidas, funcionarios de diversos gobiernos, numerosas empresas suministradoras de bienes y servicios, diversas compañías petrolíferas, periodistas y políticos de distintos países y no pocas ONGs, se embolsaron auténticas fortunas de manera irregular, sin que los iraquíes vieran un alivio significativo de su situación.

En lugar de usar el programa para garantizar el abastecimiento de la población, los dirigentes iraquíes lo emplearon para enriquecerse de forma extraordinaria y para alimentar una maquinaria propagandística que puso en marcha una campaña perfectamente orquestada para defender al régimen de Sadam de las presiones de la ONU y del gobierno americano.

Los mecanismos utilizados para alimentar la máquina de la corrupción y la propaganda eran variados. Para empezar, la propia concesión de los contratos requería la aprobación de las autoridades iraquíes, con lo que éstas usaban esa potestad para favorecer en muchos casos a personas vinculadas a organizaciones dispuestas a participar en la campaña contra las sanciones impuestas por la ONU.

En segundo lugar, las autoridades iraquíes incrementaban artificialmente entre un 5 y un 10 por ciento el valor de los bienes y servicios adquiridos. Por ejemplo, si una empresa estaba dispuesta a entregar una determinada remesa de material a un precio unitario de 100 dólares, las autoridades iraquíes exigían que el precio unitario se fijara a 110. Las empresas suministradoras tenían luego que entregar por debajo de la mesa ese sobreprecio de 10 dólares por unidad, como comisión para los funcionarios y el gobierno iraquíes.

En tercer lugar, los iraquíes entregaban el petróleo a un precio inferior al de mercado, lo que incrementaba las ganancias de los adjudicatarios de los contratos, que podían revender el crudo con márgenes mayores. Pero una parte de esa ganancia extra volvía, de nuevo, a los bolsillos de los funcionarios iraquíes en forma de comisiones.

La ONU trató de implementar una serie de medidas de control para evitar ese tipo de abusos, pero lo único que se consiguió es que funcionarios de la ONU y de algunos gobiernos entraran en la rueda de la corrupción, aceptando sobornos a cambio de agilizar las inspecciones de los contratos.

Se calcula que entre 1996 y 2003, año en que se canceló el programa, las comisiones y sobreprecios repartidos superaron los 1.800 millones de dólares.

Evidentemente, no todas las empresas, personas y organizaciones participantes en el programa se lucraron de manera irregular, pero la corrupción estaba tan generalizada que, cuando saltó el escándalo en 2004, numerosas empresas, funcionarios, políticos y ONGs de diversos países fueron sometidos a investigación parlamentaria o judicial por su actuación irregular a lo largo del programa "Petróleo por alimentos".

La participación española
Fueron numerosas las empresas españolas que participaron en el programa. Las adjudicaciones totales a empresas de nuestro país fueron de cerca de 400 millones de dólares entre 1997 y 2001, aunque muchos de esos contratos nunca llegarían a materializarse, al ser rechazados por los organismos de control de la ONU.

Entre las empresas españolas participantes había compañías de renombre, que ofertaban sus bienes y servicios a los iraquíes igual que lo hacían en cualquier otro mercado potencial. Pero junto a ellas acudieron al programa otras muchas empresas creadas específicamente para aprovechar la oportunidad de negocio que el programa "Petróleo por alimentos" representaba.

Para conseguir los contratos era necesario disponer de una buena capacidad comercial o de unos excelentes contactos políticos, tanto en Irak (para lograr la adjudicación) como en España (para vencer los numerosos obstáculos administrativos). De modo que no es de extrañar que varias de esas empresas adjudicatarias de nueva creación no fueran otra cosa que empresas creadas por personas que disponían de los contactos políticos necesarios para conseguir los contratos y estaban dispuestas a explotarlos.

Ése es el caso, por ejemplo, de la empresa Gestiones Hispano Árabes Export Import S.L.

Gestiones Hispano-Árabes
En el capítulo anterior de la serie de "Los enigmas del 11-M" veíamos que la suegra de Jamal Ahmidan estuvo conviviendo con un libanés llamado Radwan Nazih, a cuyo nombre estaba, según los informes policiales, el seguro de uno de los coches con los que supuestamente se transportaron los explosivos del 11-M.

Veíamos también que la suegra de Jamal Ahmidan puso en marcha, junto con Radwan Nazih, una empresa denominada Eurolibanesa, dedicada a la hostelería y los comercios de alimentación.

Pero ésa no es la única empresa que fundó Radwan Nazih. Creó varias otras, alguna de las cuales resulta especialmente interesante.

Concretamente, el 15 de marzo de 1999, Radwan Nazih constituyó, en compañía de otros dos socios, la empresa Gestiones Hispano Árabes Export Import S.L., con domicilio en la Planta 16 de la Plaza de Colón 2, Torre 2, de Madrid.

El objeto de la empresa, según consta en los estatutos de la sociedad, era "fomentar el comercio entre España y Países Árabes; la importación y exportación de bienes de equipo; la prestación de servicios de intermediación; el suministro de maquinaria, productos farmacéuticos y bienes de equipo; y la compra y venta de inmuebles".

En la práctica, para lo que la empresa se constituyó fue para participar en el programa "Petróleo por alimentos", aprovechando los contactos de los que disponía una de las amistades de Radwan. En concreto, Radwan Nazih montó la empresa por sugerencia de un médico iraquí amigo suyo afincado en España, que no participaba, al menos directamente, en el accionariado de la empresa. Ese amigo de Radwan era miembro del Partido Baaz de Sadam Hussein y contaba, por tanto, con los contactos políticos necesarios dentro del régimen iraquí para intentar conseguir las adjudicaciones necesarias. En paralelo, ese médico estaba ligado a la organización "Campaña por el Levantamiento de las Sanciones a Irak", una plataforma promovida por el Comité de Solidaridad con la Causa Arabe.

Como socio capitalista, se incorporó al proyecto un empresario español con intereses en diversos sectores de negocio.

Fueron numerosos los viajes a Irak realizados por Radwan y por sus socios españoles, durante los cuales tuvieron la oportunidad de entrevistarse con varios ministros del gobierno de Sadam. Esos viajes, similares a los que otros muchos empresarios españoles realizaron por las mismas fechas, terminaron rindiendo sus frutos y la empresa conseguiría finalmente dos contratos dentro del programa "Petróleo por alimentos": el primero de ellos fue adjudicado en enero de 2000 y tenía por objeto el suministro de cables de acero, por un importe total de 236.000 dólares. El segundo de los contratos de Gestiones Hispano Árabes se adjudicó en agosto de ese mismo año, y su objeto era suministrar equipos médicos por un valor total de algo más de 526.000 dólares. Tan prometedores parecían las perspectivas, que el socio capitalista español llegó a alquilar un piso en Bagdad, en el que poder alojarse durante los muchos viajes que hubo que realizar a la capital de Irak.

El negocio, sin embargo, no salió como se esperaba. La aventura iraquí de Radwan y de sus socios españoles se saldó con un fracaso, ya que uno de los dos contratos conseguidos fue puesto en cuarentena por las autoridades norteamericanas (a la espera de analizar el posible doble uso del material médico que se pretendía suministrar) y del otro sólo se llegó a realizar una primera entrega, que al parecer nunca se cobró, por las dificultades encontradas a la hora de colocar entre las petroleras españolas la cuota de petróleo asignada.

Sea como fuere, el caso es que la segunda guerra de Irak puso fin a las actividades no sólo de Gestiones Hispano Árabes, sino de otras muchas empresas similares que trataron de beneficiarse (por supuesto que no todas ilegalmente) de los contratos surgidos de un programa de cooperación que acabó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de la historia de Naciones Unidas.

Los contactos de Radwan
El nombre completo de Radwan era Rached Radwan Mohamed Nazih. Estaba divorciado de una mujer siria que trabajaba en la embajada de ese país y con la que tenía un hijo que vive en España.

Quien aportaba los contactos con el régimen de Sadam era el amigo iraquí de Radwan, como ya hemos dicho. Pero Radwan Nazih aportaba, además, otro tipo de contactos también importante: el enlace con los servicios de información españoles.

Porque Radwan Nazih era colaborador de la Policía desde hacía mucho tiempo, desde mucho antes de montar la empresa Eurolibanesa con la suegra de Jamal. Tenía unas excelentes relaciones con varios miembros de la famosa (y extinta) Brigada de Interior que dirigiera el comisario Alberto Elías, los cuales acudían frecuentemente a tomar una copa a uno de los locales que Radwan regentaba en un pasaje cercano a la C/ Leganitos. Y fue a esos miembros de la Brigada de Interior a los que se ofreció como informante bastante antes de que el terrorismo de carácter islámico pasara a primer plano de la actualidad en todo el mundo.

Cuando Radwan y la suegra de Jamal Ahmidan abrieron otro restaurante cerca de la Plaza de Juan Pujol, varios de sus amigos de la Policía continuaron frecuentando el nuevo local. Y la amistad que tenían con Radwan se amplió a la suegra de Jamal, que entabló una buena relación con algunos de ellos. Entre esos amigos, que la apodaban cariñosamente "la zamorana", estaba, por ejemplo, un miembro del CNP que protagonizó en su día alguna noticia en relación con las investigaciones derivadas del asesinato del dirigente batasuno Josu Muguruza.

Cuando, más adelante, Radwan Nazih y sus socios españoles iniciaron su aventura iraquí, los servicios de información españoles estuvieron puntualmente informados de la puesta en marcha de la empresa y de las vicisitudes por las que ésta fue pasando. De hecho, algún miembro de los servicios de información españoles viajó a Bagdad en un par de ocasiones con Radwan Nazih y su socio capitalista español.

No era nada poco habitual. Muchos servicios de información occidentales aprovechaban, cuando no fomentaban directamente, los contratos del programa "Petróleo por alimentos" para tener la oportunidad de recabar sobre el terreno información sobre la situación interna de Irak.

Jamal Ahmidan
Como vemos, tanto Radwan Nazih como su compañera sentimental (la suegra de Jamal Ahmidan) tenían excelentes relaciones con los servicios policiales.

Por otro lado, los datos dispersos en el propio sumario acreditan que existió a lo largo de los años una estrecha relación de Jamal Ahmidan tanto con su suegra como con Radwan Nazih:

Entre mayo y noviembre de 1996, Jamal Ahmidan fue detenido en cuatro ocasiones con la falsa identidad de Ahmed Ajon y las reseñas policiales dicen que su domicilio era la C/ Corredera Baja de San Pablo 22. Precisamente ése es el domicilio que consta para Radwan Nazih en las escrituras de constitución de una de sus empresas, fundada en junio de 1996. Jamal Ahmidan y él compartían, por tanto, domicilio en aquella época.

En agosto de 1998, la suegra de Jamal Ahmidan compró el vehículo Opel Astra azul por cuenta, según su propia declaración, de Jamal Ahmidan. Ignoramos quién contrató los primeros dos años de seguro, pero en agosto de 2000, Radwan Nazih suscribió el seguro para ese coche de Jamal, seguro que continuaría pagando hasta 2003.

En consecuencia, la pregunta que cabe hacerse es muy sencilla: ¿es creíble la historia de que Jamal Ahmidan, a quien le unía una estrecha relación con un colaborador de la Policía y que era yerno de una mujer con excelentes relaciones dentro de la Policía, pudiera montar el operativo del 11-M sin que la Policía española se enterara?

La historia que nos contaron es que Jamal Ahmidan fue radicalizándose en los meses previos al 11-M, transformándose de delincuente común en terrorista en potencia, sin que su familia española pudiera hacer nada por evitar la tragedia que se avecinaba. Pera esa historia no se sostiene. No es creíble, por ejemplo, que alguien que contaba con buenos amigos dentro de los servicios de información policiales no diera el más mínimo aviso al ver que su yerno frecuentaba a radicales islámicos; aunque solo fuera por proteger a su hija de las posibles consecuencias, la suegra de Jamal Ahmidan habría comentado con alguno de sus amigos policías la extraña conducta del padre de su nieto.

Y, si ella no hubiera comentado nada, alguien la habría venido a preguntar. Recordemos que el 1 de octubre de 2003, otro de los suicidas de Leganés (El Tunecino) fue visto dentro de ese coche Opel Astra azul propiedad de la suegra de Jamal y cuyo seguro estaba a nombre de Radwan Nazih. ¿Nadie en la Policía se puso en contacto con esas dos personas que tenían excelentes contactos entre los servicios policiales, para preguntarles qué hacía su coche en poder de un individuo investigado por su posible radicalismo?

Cuanto más profundizamos en la investigación de la figura de Jamal Ahmidan, más interrogantes surgen que permiten poner en duda nuevos aspectos de la versión oficial de la masacre de Madrid. Ni Jamal Ahmidan parece ser quien nos dicen que era, ni su historia cuadra con determinados episodios que nos contaron (como el de la estancia en una cárcel marroquí).

¿Qué parte de la historia de Jamal es real y qué parte corresponde a una simple cortina de humo? ¿Qué otras partes de la historia de Jamal nos han ocultado? ¿Qué papel real juega en toda la trama la supuesta familia española de Jamal?

Abanderados del insulto
ABC 12 Septiembre 2008

Hace años que la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova se convirtió en una cuestión de orden público por obra y gracia del independentismo más exaltado, que aprovecha la Diada para salir a la calle e insultar a todo aquel que no comulga con su ideario. Cada vez son menos, pero más cabreados, quizá por el madrugón -a las 9 de la mañana comenzaron a desfilar partidos e instituciones- y la resaca. Porque, a juzgar por los rostros de estos jóvenes que rinden culto a la bandera «estelada», mucho no habían dormido.

Ninguna comitiva se libró de los insultos de ese medio millar de radicales que ayer se concentró ante un monumento cercado por vallas y estrechamente vigilado por los Mossos d´Esquadra. Incluso ERC, su brazo ideológico, fue víctima de los abucheos, a pesar de haber propiciado que cerca de 120 ayuntamientos izaran la bandera «estelada» -símbolo independentista que sólo un juez de Gerona se atrevió a prohibir- en sustitución de la española con motivo de la Diada.

Una Diada con la negociación de la nueva financiación autonómica como telón de fondo en la que los partidos políticos insistieron en reclamar unidad, aunque no se fíen los unos de otros. En un alarde de firmeza, el presidente José Montilla advirtió de que no «consentirá» que los catalanes paguen más que otras comunidades y reciban menos.

Ayer sí hubo unidad, pero ante el insulto. A los republicanos se les permitió acceder al recinto por la puerta de atrás en lugar de hacerlo por el pasillo, mucho más visible, habilitado para los partidos e instituciones. Fue inútil. El grupo, encabezado por Joan Puigcercós y Josep Lluís Carod-Rovira, fue recibido al grito de «Botifler» (españolista) y «Carretero, presidente», en alusión al líder del sector crítico, Joan Carretero, contrario a la presencia de ERC en el Gobierno tripartito. Los miembros de ERC enarbolaban banderas independentistas, al igual que la comitiva de CiU, que tampoco se libró de los insultos.

Pero la exaltación de los radicales se había desatado momentos antes con la llegada del PP catalán, liderado por Alicia Sánchez-Camacho. «¡Fascistas!» y «¡Puta España!» fueron algunas de las expresiones jaleadas por esos angelitos que, azuzados por el calor, lucían el torso desnudo con la «estelada» atada al cuello y exageraban su furia ante las cámaras de televisión. Algunos dirigentes populares se preguntan si vale la pena soportar ese oprobio, pero ha pesado más la tesis de no ceder al chantaje.

Al Gobierno catalán, con José Montilla al frente, también se le permitió acceder al recinto por el camino más corto, pero fue igualmente insultado, mientras que el PSC, puños y rosas en alto, retaba a los enardecidos independentistas. A modo de coro intervinieron las plataformas antitaurinas -«Barcelona mata», rezaban sus pancartas- y trabajadores en fase de despido, quizá los únicos con autoridad moral para gritar en tiempos de crisis.

«Marca un gol a España»
Hubo indulto para Unitat Nacional Catalana, un grupo independentista de extrema derecha cuyos estrafalarios miembros -camisetas negras, gafas de sol, banderas negras con la «estelada» y la cruz de Sant Jordi- fueron muy aplaudidos. También hubo vítores para la comitiva del Barça, pero no para su presidente, Joan Laporta, a quienes los furibundos secesionistas pidieron la dimisión a gritos. Por contra, el grupo que representaba al Espanyol fue doblemente abroncado por su supuesta anticatalanidad.

Y es que el deporte se ha convertido en una de las principales armas de reivindicación identitaria. De hecho, la actividad estrella del marketing independentista fue la organizada por la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas. Con el lema «Marca un gol a España», esta entidad invitaba a los ciudadanos a acudir a su estand y chutar un balón contra una portería donde se había colocado una gran foto de la selección española. Una forma de adoctrinamiento con éxito entre los menores.
 

Recortes de Prensa   Página Inicial