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Recortes de Prensa    Lunes 15 Septiembre 2008

Dictando qué idioma se habla en casa
Hay verdades que, dada la tozudez de los políticos, parece que hay que repetir una y otra vez, por más obvias que sean. Una de ellas es que los idiomas no tienen derechos; los únicos que pueden tenerlos son los ciudadanos, hablen el lenguaje que hablen.
EDITORIAL Libertad Digital 15 Septiembre 2008

Hay verdades que, dada la tozudez de los políticos, parece que hay que repetir una y otra vez, por más obvias que sean. Una de ellas es que los idiomas no tienen derechos; los únicos que pueden tenerlos son los ciudadanos, hablen el lenguaje que hablen. Así, las distintas medidas propuestas por gobiernos nacionalistas, socialistas y –desgraciadamente– populares para la defensa de tal o cual idioma suelen ser una conculcación de los derechos reales de aquellos a quienes gobiernan, pues van encaminados a restringir sus opciones en el nombre del catalán, el gallego, el valenciano o el vascuence.

Pero en algunos casos la realidad es tan patente que los esfuerzos por moldearla al antojo de los ingenieros sociales de turno resultan más bien patéticos. El exiguo porcentaje de bilbaínos que hablan en su supuesto "idioma propio" se va reduciendo cada vez más, por mucho que su ayuntamiento no haga más que derrochar dinero público para promocionar su uso. El ánimo totalitario que se adivina detrás de su última campaña, "Euskera también en su casa", sólo se ve parcialmente aliviado por el hecho de que, por ahora, no van a introducir comisarios lingüísticos en los hogares para multar al crío que tenga la ocurrencia de llamar "papá" a su padre, en lugar de "aita". No será por falta de ganas.

En todo caso, la realidad evidencia que, como dice Antonio Basagoiti, los jóvenes "ven que el euskera no es útil como lengua de uso común". Las personas expresan sus verdaderas preferencias cuando actúan, y en el País Vasco lo hacen hablando en castellano. De ahí que el gasto en promoción lingüística sea inútil. Pero mientras los ciudadanos no expulsen del poder a los políticos que arrojan su dinero a la basura, seguirán haciéndolo. Al final tendremos que darle otra vuelta a la idea de Solbes de que sólo paguen estos gastos quienes han votado a los políticos que los aprueban.

Medicina patriótica
Manuel Molares do Val Periodista Digital 15 Septiembre 2008

Los enfermos catalanes, gallegos y vascos van a darle ejemplo de patriotismo al mundo aceptando, como demandan sus ultranacionalistas, que sus médicos los atiendan no por sus conocimientos científicos, sino porque hablan los idiomas autonómicos.

Morir en manos de ignorantes autonómicos en lugar de vivir en las de forasteros es patriotismo, porque los titulados más incompetentes conocedores de las lenguas locales encontrarán plaza en los hospitales que, en esas comunidades, rechazarán a los sabios de otras regiones o países si son sólo castellanohablantes.

Heroísmo y patriotismo de los enfermos, que sucumbirán confortados porque sus médicos patrióticos, además, les recomendarán que pidan lápida también en su bella lengua local.

La medicina patriótica debe verse como superación revolucionaria del juramento hipocrático, como nuevo paradigma.

Exige la colaboración de políticos, médicos y contribuyentes y haber sido formado en el Espíritu Nacional para aceptar morir patrióticamente, con la alegría del héroe, mientras le entonan a uno el himno territorial.

La medicina patriótica aplicada se explica con porcentajes: en relación a la población española, por cada médico con idioma autonómico hay tres castellanohablantes, lo que supone que hay tres bobos estatales por cada bobo local, pero también tres sabios estatales por cada uno local.

Y en los concursos para obtener plazas deberían ganar los mejores, locales o estatales, con idioma autonómico o castellano, porque hoy hablan castellano prácticamente todos los pacientes.

Pero el idioma local se impone por motivos ideológicos, lo que nos dará muchos homicidios. Porque un médico bobo local desplazará siempre a tres listos castellanohablantes.

Así, nuestros patriotas locales podrán engendrar muchísimos tontos para darles trabajo como médicos sin competencia del exterior.

Pues seamos más patriotas aún: si tenemos más derecho al idioma autonómico que a la mejor medicina, volvamos a nuestros empíricos, entrañables curanderos.

Prohíben hablar a sus hijos en español
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 15 Septiembre 2008

Baleares se ha convertido en una de las comunidades más totalitarias en la aplicación de las leyes de inmersión de lingüística. En el Colegio Público Son Caliu, en la barriada de Palmanova de la localidad de Calviá, está totalmente prohibido el español en el centro escolar. Ni tan siquiera se les permite a los padres hablar en español en las reuniones con los profesores ni en presencia de sus hijos. De hecho, la escuela tiene alumnos de diversas nacionalidades lo que ha provocado que muchos hayan cambiado de centro.

Una de las particularidades de este colegio es la diversidad de nacionalidades de los alumnos en los que hay hijos de alemanes, ingleses, de la península y de Baleares. Pues bien, este hecho no se tiene en cuenta a la hora de comunicarse padres e hijos. Tienen que hacerlo en catalán.

El Gobierno autonómico, formado por socialistas y nacionalistas, aprobó una ley de inmersión lingüística a imitación de la de Cataluña. Su objetivo era igualmente conseguir una marginación total del español. Si bien a nivel teórico optaron por disfrazar este fin con una supuesta enseñanza trilingüe, en catalán, español e inglés, en la práctica el catalán se ha convertido en la lengua vehicular.

A todo esto hay que sumar la militancia catalanista de la directora del centro. Muchos padres se han visto obligados a cambiar a sus hijos de colegio.

1º La enseñanza es cien por cien en catalán.
2º Los niños tienen terminantemente prohibido hablar en español.
3º En las reuniones de padres y profesores está prohibido el español.
4º A los padres se les prohíbe hablarles a sus hijos en español dentro del centro.

Las asambleas de padres y profesores, en las que se trata de coordinar la acción de ambos para mejorar la calidad educativa de los alumnos, acababan en auténticas batallas campales en las que sobre todo las familias extranjeras eran las más sorprendidas. No entendían muy bien por qué no les hablaban en español. Iban allí con el ánimo de participar y de colaborar y se marchaban indignados.

Ahora les pido que reflexionen. ¿Les parece esto normal en un país presuntamente democrático donde su Constitución, en el artículo 14, afirma de forma clara e inequívoca: "Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"?

El ordenamiento jurídico de cualquier país verdaderamente democrático se rige por unos principios muy concretos que si no se respetan destruyen el Estado de Derecho. El artículo 9.3 de nuestra constitución contempla los siguientes: "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

El principio de jerarquía normativa es el que sistemáticamente pisotean los políticos de las comunidades dominadas por el nazionalismo.

Los nazionalistas, verdaderos prestidigitadores en el arte de volver la realidad del revés, no podían dejar de dar su versión tergiversada de los hechos, recurriendo como siempre a calificativos denigratorios para sus víctimas: "Pares forasters i argentins de Son Caliu fan la vida impossible als mestres mallorquins. Palmanova i Costa d'en Banes concentren un grupet de famílies forasteres i argentines racistes i antimallorquines que es dediquen a fer la vida impossible als mestres mallorquins que fan classe a les escoles públiques de la zona com la de Son Caliu".

O sea que el que no se someta al totalitarismo lingüístico es "forastero, racista y antimallorquín".

Casi nada.

Nacionalistas unidos
Germán Yanke Estrella Digital 15 Septiembre 2008

La vieja teoría de que el nacionalismo vasco precisa estratégicamente, y antes que nada, la unidad de todas sus versiones es ya vieja, incluso en el PNV, que mantenía una posición hegemónica. Se formuló inicialmente desde los sectores universitarios de la izquierda abertzale y la doctrina fue rápidamente comprada por el sector más radical (o, para ser más preciso, más alejado del sistema constitucional como concepto político) del PNV, que ya representaba Joseba Egibar y al que ahora, desplazado del poder, se ha sumado con entusiasmo jesuítico Xabier Arzalluz.

Precisamente por su (mayor) alejamiento del sistema constitucional, esta estrategia del nacionalismo considera que hay más puntos en común entre sus diversas versiones que entre la más moderada de ellas y los partidos políticos o las escuelas de pensamiento no nacionalistas. Y por la misma causa, ha terminando aceptando, en la retórica y en el fondo, las posiciones más extremas. Los planes soberanistas de Ibarretxe y las propuestas autodeterministas del PNV no tienen como contenido real sino las tesis y el lenguaje tradicional de ETA y sus caretas políticas.

Ahora añaden al calor de la unión de los enemigos del sistema constitucional una nueva razón: o van unidos o no ganan las elecciones. El nacionalismo del PNV había gobernado ya con los socialistas en el País Vasco, pero el triunfo de esta opción soberanista implica la negativa a que pueda repetirse: no sólo se prefiere a los demás nacionalistas sino que se considera que un pacto de esa naturaleza traiciona lo que se pretende. Porque no se pretende otra cosa que subvertir el orden constitucional.

“No todo el PNV es así” es un argumento también viejo para tratar de defender lo que se da en llamar “acuerdos transversales” entre nacionalistas y no nacionalistas. Pero que el PNV, por el triunfo de esos hipotéticos críticos, sea algo distinto de lo que es hoy debería ser algo que le correspondiese demostrar a ese partido y no, paradójicamente, a los que no son nacionalistas. A aquellos con los que no se quiere acordar nada si no doblan la cerviz. Se pone siempre el ejemplo de Josu Jon Imaz, del “PNV de Imaz” como señuelo y símbolo de lo que podría ser. Si de algo es ejemplo es de lo contrario: porque el PNV no es lo que seguramente le habría gustado a su ex presidente, tuvo que dimitir y abandonar la actividad política. Ésa es la realidad.

Aún hay más paradojas porque, en vez de enfrentarse a ese desvarío (constitucional y democrático), un más que poderoso e influyente sector del socialismo español quiere buscar a toda costa el acuerdo “transversal” por una acomplejada renuncia a acuerdos con los que defienden el sistema constitucional y el Estado de Derecho. El PNV ya se aprovecha: al menos se va avanzando. Su portavoz en el Congreso le pregunta irónicamente al presidente si es verdad el rumor de que no se lograrán transferencias (de competencias y de fondos) por sus posiciones políticas y, a continuación, el Gobierno se empeña en negarlo. El Presupuesto se utiliza como moneda de cambio, no sólo por compensaciones inmediatas al nacionalismo por su apoyo, sino por el respaldo mismo al de Ibarretxe. ¿Quieren un representante político en el Consejo General del Poder Judicial? Muy bien, vamos a conseguir el apoyo del PP a cambio de los suyos. ¿Quieren un representante en la Comisión Nacional de Energía? De acuerdo, faltaría más. Y mientra van forjando la unidad con esos otros nacionalismos tan leales…

La sentencia de los treinta años
José Antonio Zarzalejos Estrella Digital 15 Septiembre 2008

Es incomprensible que la sentencia más importante de cuantas ha dictado el Tribunal Constitucional en relación con el modelo territorial de España, es decir, acerca de la unidad de España, haya pasado tan inadvertida y con tan escasas valoraciones mediáticas. No por descontada, la tesis del Tribunal de garantías constitucionales es menos importante. La resolución del pasado día 11 de septiembre del TC estima el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la Ley del Parlamento vasco 9/2008, de 27 de junio, “de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política”.

Los motivos por los que el Constitucional tumba esta atolondrada y peligrosa iniciativa del Gobierno tripartito vasco, en connivencia con los filoetarras, son tres:

1. La tal “consulta” es, en realidad, un referéndum que, como tal, correspondería convocar al Gobierno de la Nación, de tal manera que el Parlamento vasco con esta ley invade las competencias exclusivas del Estado.

2. La consulta, además, es ilegal porque articula un inexistente “derecho a decidir” del pueblo vasco. Pues bien, ni ese “derecho a decidir” existe en la Constitución porque sería tanto como reconocer facultades secesionistas a las comunidades autónomas, ni hay más titular de tal capacidad de decisión que el soberano pueblo español en su conjunto, porque es el que titulariza la soberanía nacional.

3. La ley del Parlamento vasco es inconstitucional también porque es de “artículo único” y semejante formato normativo restringe inadecuadamente el derecho de los parlamentarios a la participación legislativa.

Con esta sentencia, además de echarse por tierra —segunda vez— la iniciativa independentista de Ibarretxe y sus aliados, establece una doctrina general que afecta también al nuevo Estatuto de Cataluña y disuade de cualquier intento de, con la actual Constitución, alterar el modelo de Estado: unitario y autonómico; por tanto, no federal, ni confederal, ni plurinacional. ¿Es o no decisiva la resolución? Lo es y no deja de serlo porque el PNV —que va a pactar los Presupuesto con el Gobierno de Zapatero— haya mirado a otro lado para no contemplar la chapuza de su lehendakari que reincide en un mesianismo que ni a los nacionalistas vascos les resulta mínimamente coherente. El propio Consejo Consultivo de Euskadi ya le advirtió que el texto era inviable e Ibarretxe sabía que, aun prosperando, la Unión Europea establecería condiciones incumplibles para el buen fin de su propósito: en relación con la autodeterminación de Montenegro la UE requirió un referéndum con una participación mínima del 50% y un apoyo del 55% de los sufragios emitidos. Ambos guarismos hubiesen sido literalmente imposibles en el País Vasco.

Además, la sentencia del TC es inapelable. Así lo recordó el ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Javier Borrego, que en una entrevista publicada en El País el pasado 7 de septiembre afirmaba, taxativo, que el “derecho a decidir” no existe en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que los gobiernos no tienen acceso al Tribunal de Estrasburgo. Así que sus bravatas reactivas conducen al presidente del Ejecutivo de Vitoria también al peor de los ridículos.

Todo ha sido una enorme impostura del PNV, una ensoñación, un ejercicio de distracción radical y estéril, pero de esta nueva ignara iniciativa hemos extraído una resolución histórica, la más importante sobre la unidad de España y su interpretación justo cuando está al caer el trigésimo aniversario de la Constitución. El lehendakari no ha reparado en el enorme favor que ha hecho a la causa de la cohesión territorial de España y a su teorización jurídico-constitucional. Hemos salidos con bien de la refriega con este iluminado de evocaciones dieciochescas y los nacionalistas catalanes harían bien en tomar nota de esta sentencia. Porque, insisto, es histórica y causa estado jurídico y político.

Respuesta a Don José Rodríguez desde Galicia Bilingüe.
Cartas al Director José Manuel Pousada La Voz  15 Septiembre 2008

Usted, como tantos otros manipula el mensaje y las propuestas de Galicia Bilingüe. Esta asociación jamás dice que el gallego no es «práctico», ni pretende que «sus» hijos puedan estudiar en castellano, sino que lo que pretende es que, como en cualquier país democrático con más de una lengua oficial, los padres o los alumnos puedan elegir en qué lengua reciben éstos la enseñanza, además de que sean los ciudadanos los que elijan en qué lengua oficial se relacionan con la administración.

No defendemos lenguas, sino derechos lingüísticos, que los tenemos las personas. Por tanto, defendemos también que los que así lo deseen puedan recibir la enseñanza en gallego. Naturalmente hay personas que creen que con recibir el gallego como materia obligatoria es más que suficiente para tener un conocimiento aceptable de esta lengua y, como mínimo, poder comunicarse con los que la usan por bilingüismo pasivo, como ocurre en otras sociedades bilingües, que hay quien no acaba de entender en qué consiste el bilingüismo social y lo confunde con el individual (inalcanzable, salvo para una minoría exigua, si se interpreta como la igualdad de competencia en ambas lenguas).

De lo que se trata precisamente es de que cada uno juzgue qué resulta más interesante, o práctico si usted quiere, a la hora de elegir la lengua docente. Es muy posible que para una parte de la población sea muy práctico recibir la enseñanza en gallego, como a usted le ocurre, pero no entendemos esa insistencia absurda de pretender que lo que es práctico para unas personas ha de serlo para todos. En GB no nos ofendemos porque alguien diga que recibir la enseñanza en castellano no es «práctico». Si alguien lo dice sus razones tendrá, y si se equivoca pagará las consecuencias más que nadie. Lo que pide GB es, ni más ni menos, que se aplique una política lingüística homologable a la de cualquier país democrático con más de una lengua oficial en un territorio, y podemos dar muchos ejemplos a favor.

Una política en la que la igualdad de derechos sea entre los hablantes, y no entre las lenguas que carecen de ellos. En definitiva, una política lingüística en la que los ciudadanos no estemos al servicio de la conservación o expansión de una lengua en su uso, y que no restrinja innecesariamente los derechos de los que prefieren emplear una, cuando ello no es necesario para que los que prefieren emplear la otra se vean impedidos de ello. O lo que es lo mismo, donde los ciudadanos seamos los sujetos de regulación y las lenguas el objeto de la misma, y no al revés, como está sucediendo ahora. ¿Lo entiende? Pues es bien fácil.

Respecto a su comentario sobre el club financiero debería sentirse avergonzado, ya que también manipula lo que ha dicho: el club financiero no dice que haya que educar a la gente en castellano, sino que hay que permitir que la gente pueda elegir la lengua en la que se educa, que es muy distinto. No dice que permitir la enseñanza en gallego disuada a gente de venir a Galicia, sino que la disuasión es consecuencia de no poder, el que quiera, recibir la enseñanza en gallego. Y cuide ese ramalazo totalitario de tener que estar orgulloso de lo nuestro. Lo «nuestro» para muchos gallegos es el castellano. El gallego nos es la lengua del pueblo gallego, sino una de las lenguas, a no ser que se vaya usted 200 años para atrás y se coloque fuera del juego de la democracia.

José Antonio Martínez: "El PP no hace lo suficiente para defender el derecho de los catalanes a usar el castellano"
Christian Rubio Periodista Digital 15 Septiembre 2008

La asociación Convivencia Cívica Catalana, a través de su secretario José Antonio Martínez, exige que se cumpla la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La tercera hora de castellano en las aulas catalanas sigue sin ser aplicada en aquella Comunidad Autónoma. En palabras de Martínez, “dan patadas” a iniciativas que propongan una inmersión lingüística voluntaria del catalán, dejando la lengua castellana totalmente "desprestigiada".

¿Hasta qué punto queda marginado el castellano en Cataluña?
Hablamos concretamente de la escuela y de la Administración. La Administración es totalmente en catalán: las comunicaciones, las revistas… La lengua vehicular de la escuela es también el catalán. Es inmersión lingüística. Pero el modelo que propugnan, acuñado en Canadá por Lambert, debe cumplir 3 requisitos: En primer lugar la inmersión es voluntaria. Después, los padres son generalmente de clase media, porque así pueden ayudar a sus hijos en las cosas que no entienden. Y la tercera condición es que la lengua materna sea una lengua prestigiada. En Cataluña nos encontramos con que ninguna de estas 3 condiciones se cumple. El castellano no es una lengua prestigiada ni es voluntario. Las clases medias intentan, a través de los colegios más elitistas, paliar este gravísimo problema, por lo que es en las clases más desfavorecidas donde más se concentra el fracaso escolar.

¿Y desde cuándo venimos arrastrando este problema?
Desde hace muchísimos años. Pero ha funcionado a lo largo del tiempo con distintas intensidades, poco a poco avanzando en ese terreno. Primero bajo la máscara de la imposición franquista del español y después con la democracia. Con Pujol, que encargó al señor Roca que estudiara este asunto, finalmente no llegó al Tribunal Constitucional la Ley de Política Lingüística fraguada en 1996. Pujol dijo que se acababa la gobernabilidad y que él no respondía de lo que pasara en la calle.

¿Tenéis la sensación de que no se os escucha desde el gobierno catalán?
Ni se nos escucha ni hay la voluntad para hacerlo. Nosotros presentamos una iniciativa legislativa popular con la que conseguimos 56.000 firmas, teniendo derecho a presentarla en el Parlamento de Cataluña. Cuando el señor Francisco Caja se presentó en el atril, todos los parlamentarios se fueron de la sala. Únicamente quedaron unos cuantos, entre ellos el señor Maragall y los del Partido Popular. Eso demuestra que no es que no nos escuchen, es que nos dan patadas.

¿Por qué si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a los que han denunciado la discriminación del castellano el gobierno de Cataluña no acata el fallo? ¿No se puede obligar a la ejecución de una sentencia?
Nosotros tenemos una sentencia en la cual se le exige a la Generalitat la tercera hora de castellano, el famoso decreto de mínimos. Lo primero que debemos hacer es exigir el cumplimiento de la sentencia y, en el caso de que esto no se lleve a cabo, tomaremos medidas muy serias. Sería una clara desobediencia a los tribunales.

Se ha hablado mucho sobre la financiación autonómica y los presupuestos destinados al ámbito educativo… ¿Cuál es esta proporción en Cataluña?

En general, en España es verdad que no se destina suficiente dinero a la educación comparando con otros países. Ahora bien, lo que la enseñanza no aborda es que hay cuestiones que no cuestan dinero. Dar al profesor más prestigio y autoridad en el aula no requiere más dinero. La inmersión lingüística, el decidir que una lengua sea vehicular o no vehicular arrinconando el castellano, sí requiere mucho dinero.

¿Es este extraño bilingüismo una de las causas del fracaso escolar?
Con la iniciativa legislativa popular pretendemos que los niños aprendan las 2 lenguas, pero que las aprendan bien. Y que la lengua materna esté presente en las escuelas para aquellos padres que la soliciten, sobretodo en primaria, y que después se den evidentemente algunas asignaturas en catalán. Pero la enseñanza en castellano. Los ciudadanos queremos que todos seamos iguales, y de la misma manera que un niño catalán va a la escuela y ve su lengua materna reflejada, es lo que queremos para los nuestros. Un niño hispanoamericano que lleva menos de 2 años en Cataluña acude a un aula de acogida y hasta que no aprende exclusivamente catalán no se incorpora. Esto aún no ocurre con los españoles, pero el dato es para tenerlo en cuenta.

¿Sienten que el PP está luchando de verdad porque no se merme más este derecho constitucional en esta comunidad autónoma?
En la actualidad pensamos que no está haciendo lo suficiente. Tampoco nos apoyó con la iniciativa. Lo que no se puede es ir de rodillas por el mundo, implorar a los demás como si tuviéramos deudas con el nacionalismo. Los ciudadanos no tenemos deudas con nadie. Todos somos ciudadanos españoles y es algo que debemos tener muy en cuenta.

El PNV no aprende la lección
Editorial ABC 15 Septiembre 2008

TAL y como hoy informa ABC, el PNV está ensayando en la sombra una suerte de «plan C» soberanista con el pretencioso ánimo de sustituir las distintas versiones del fracasado «plan Ibarretxe» por otro proyecto alternativo, aparentemente más legalista en las formas, pero exactamente igual de independentista en el fondo que los intentos anteriores. Sin embargo, el varapalo jurídico que ha infligido el Tribunal Constitucional al lendakari Ibarretxe, desmontando con argumentos muy contundentes su intención de convocar una «consulta popular» -un referéndum ilegal en toda regla- como antesala del inexistente derecho a la autodeterminación no deja ningún resquicio a la duda: el camino emprendido por el PNV, disfrace como disfrace cada uno de sus desafíos al Estado, no tiene más salida que la escrupulosa sumisión al mandato de la Constitución. Sin esa premisa, cualquier iniciativa no sólo será una provocación inane y un fracaso asegurado, sino que contribuirá a prolongar en el tiempo la inútil deriva del nacionalismo vasco, más implicado en destruir que en construir. El hecho es que si el PNV -dé o no a Ibarretxe definitivamente por amortizado- trata en los próximos meses de recalcular una ruta para salir de su deriva, no lo hará como un ejercicio político corrector para rectificar sus graves errores, sino simplemente como un gesto, como un cínico ademán basado en el instinto de supervivencia que garantice a ese partido cuatro años más en el poder. No es una novedad que desde las instituciones el PNV siempre ha utilizado, a conveniencia de parte y bajo estrictros criterios de oportunismo, a ETA y a su brazo político -fueran cuales fueran sus siglas-, a sus socios del tripartito, a los socialistas vascos y, por supuesto, a la propia ciudadanía, y nada invita a sospechar que algo vaya a cambiar. No es el escenario de un País Vasco en paz el que anima al PNV a reflexionar sobre salidas razonadas y legales a los desvaríos independentistas encarnados por Ibarretxe y nunca desautorizados por la dirección de su partido. Muy al contrario, sólo un escenario de división ciudadana en bloques irreconciliables, con ETA asesinando y con la mitad de la sociedad vasca marcada por el dedo nacionalista -cuando no amenazada, chantajeada o vilmente asesinada-, es el que permite al PNV manejarse con mayor desenvoltura para satisfacer sus excluyentes intereses. La hipotética exhibición de un «plan C», como lo fueron los anteriores, sería una trampa.

El PNV es consciente de que afronta las próximas elecciones en una situación de extrema debilidad y de falta de credibilidad ante sus propios electores, debilidad a la que se ha visto voluntariamente arrastrado por el desgaste de Ibarretxe, cuya imagen ha alcanzado un grado de deterioro difícilmente recuperable. Es de suponer que en breve el PNV empezará a adoptar nuevamente una fingida pose de calculada moderación y ambigüedad para impedir un castigo en las urnas mayor del que ahora mismo teme la dirección del PNV. Sin embargo, está por ver en qué medida el PNV rentabilizará en esta ocasión su sempiterno victimismo. Hoy por hoy -su trayectoria le avala- la palabra rectificación no existe en su diccionario. Una simple mirada al pasado demuestra que las apariencias de modulación del mensaje del PNV suelen ser un mero recurso táctico no creíble: con tanta vehemencia se inclina por interesados acercamientos al socialismo vasco como se apoya en los proetarras para retar al Estado con planes inviables y atentatorios contra la soberanía nacional, a los que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dado carrete de forma tan peligrosa como innecesaria. Sólo en el desafío permanente al Estado de Derecho, a la sociedad española y a las instituciones que la representan, el PNV encuentra el caldo de cultivo idóneo para imponer su modelo de sociedad sojuzgada y manipulada. Atribuir visos de viabilidad a cualquier proyecto independentista, por corregido y disminuido que el PNV aspire a presentarlo en el futuro, incluso en Europa, sólo es una excusa formal para mantener viva una expectativa ficticia y absurda que le ayude a aferrarse al poder.

Otro golpe para la memoria histórica
César Vidal Libertad Digital 15 Septiembre 2008

El 15 de noviembre de 1937, André Marty, jefe de las Brigadas internacionales en España, dirigió al Comité central del Partido comunista francés el siguiente comunicado: “ En España, mezclados entre los buenos militantes comunistas, socialistas, antifascistas italianos, emigrados alemanes, anarquistas de todos los países y razas, vinieron muchos centenares de elementos criminales internacionales, y mientras que una parte de ellos se dedicaban a vivir con comodidad sin hacer nada y sin luchar, otros muchos, aprovechando el desorden de los primeros días, comenzaron una serie innumerable de delitos abominables: estupros, violencias, saqueos, asesinatos por pura maldad, robos, raptos de personas, etc....

Se enviaba a estos elementos a Albacete, el centro de formación de las Brigadas internacionales sometido a mis órdenes. Aunque una parte de los mencionados elementos lograron lavar sus culpas, yendo a luchar con valentía y cayendo en las batallas más duras libradas por las Brigadas en la defensa de Madrid, otros han dejado de manifiesto que son incorregibles. Algunos intentaron seguir con los comportamientos criminales realizados en otros lugares; se escaparon del campo de concentración en que estaban recluidos, agrediendo y asesinando a sus guardianes. Ante aquello no dudé y ordené las ejecuciones necesarias... Las ejecuciones ordenadas por mí no sobrepasan las quinientas”. El texto de Marty, jefe de las BI al que se apodó el “carnicero de Albacete” por las medidas represivas adoptadas contra sus propios hombres, resulta extraordinariamente esclarecedor.

Un buen amigo mío, norteamericano de izquierdas que vino a combatir a España y se integró en el Batallón Lincoln, me contaría décadas después cómo Marty había estado a punto de fusilarlo en una época en que se llevaba por delante a docenas de combatientes de su propio bando. Mi amigo se salvó, fue productor de alguna conocida película de John Travolta y charlaría conmigo sobre todo eso y más, pasados los años, en su hogar de Sarasota. Sin embargo, centenares de antiguos camaradas suyos no tuvieron esa suerte. Desde luego, la represión en el seno de las Brigadas internacionales no fue una excepción. Más bien, se trató de uno de los capítulos de las matanzas internas que ensangrentaron la más que cruenta Historia del Frente popular.

Seguramente más de un político y más de un ignorante encaramado a una cátedra lo negarán lanzando espumarajos, pero, durante la guerra civil española, la represión contra elementos de izquierdas no fue llevada a cabo únicamente por las fuerzas de Franco sino también, de manera escalofriantemente numerosa, por las del Frente popular. Si mediada la guerra, Marty había ordenado la ejecución de cerca de medio millar de interbrigadistas, en el curso del conflicto, los comunistas asesinarían a socialistas, anarquistas y poumistas; los socialistas darían muerte a republicanos, anarquistas y comunistas y los nacionalistas manifestarían un impulso asesino que les llevaría a dar muerte también a los extranjeros venidos a España a combatir por el Frente popular. La muerte y la represión en el seno de las izquierdas, a diferencia de lo sucedido en el bando rebelde, no la sembraría sólo el enemigo de la trinchera de enfrente, sino, de manera bien significativa, los compañeros y camaradas de bando.

Una parte de estos asesinados – 982 – han sido objeto de un estudio reciente que el 11 de septiembre, el periodista Manuel Aguilera entregó al juez Garzón. La peculiaridad de la rigurosa investigación de Aguilera es que las cerca de mil víctimas eran republicanos asesinados por gente del Frente popular y no por las fuerzas de Franco. Para colmo, buen número de este millar de asesinados se halla en la actualidad enterrados en fosas perdidas.

Entre los republicanos asesinados por gente de su propio bando a los que se refiere se hallan dos militantes del PCE, otro de UGT y otro de IR que fueron asesinados por los anarquistas el 7 de mayo de 1937 en Olite, Teruel. Los asesinos perpetraron el crimen a cuchilladas a pesar de contar con armas de fuego. También se encuentra el coronel Barceló que pertenecía al PCE y al que fusilaron soldados republicanos el 18 de marzo de 1939, 12 días antes de acabar la guerra. Igualmente menciona Aguilera a los anarquistas italianos Lorenzo de Peretti y Adriano Ferrari a los que en la noche del 3 al 4 de mayo de 1937 dieron muerte los nacionalistas catalanes del Estat Catalá, la guardia personal del presidente Companys. Y a estos casos hay que sumar los de los intelectuales anarquistas Camilo Berneri y Francesco Barbieri igualmente asesinados por los nacionalistas catalanes de Companys; las decenas de asesinados pertenecientes al POUM sobre los que se volcó la furia represora del PCE y de los agentes de Stalin o los comunistas asesinados por socialistas y republicanos durante el golpe del coronel Casado de marzo de 1939. Insisto en ello. Se trata sólo de botones de muestra porque la lista de Aguilera es rigurosa, pero no exhaustiva.

Sí constituye la lista elaborada meticulosamente por el periodista Manuel Aguilera un ejemplo del disparate que supone la ley de memoria histórica e intentos de más que dudosa legalidad como el impulsado por el juez Garzón. Deja al descubierto que la represión contra miembros de la izquierda no fue llevada a cabo únicamente por los vencedores de la guerra civil sino de manera muy especial por los vencidos que, en medio del combate, se dedicaban a exterminar a los que consideraban posibles obstáculos para sus respectivas revoluciones. Si el PCE, títere a las órdenes de Stalin, no tenía ningún problema en dar muerte a los miembros del POUM, a los anarquistas, a los socialistas o a los republicanos; el PSOE, los nacionalistas vascos y catalanes, los republicanos de izquierdas y los anarquistas tampoco se caracterizaron por el respeto hacia las vidas de los que compartían bando con ellos.

En buena medida, la derrota del Frente popular encuentra explicación en esas luchas intestinas en las que se arrancaba la vida a los denominados anti-fascistas tan sólo porque su carnet o su simpatía política era diferente a la propia. He sostenido esa tesis durante mucho tiempo – algo que a Tusell le sacaba de quicio hasta el punto de protestar contra ello por escrito – y me consta que no soy ni lejanamente el único. A fin de cuentas, es la pura verdad.

Si Garzón y los defensores de la mal llamada memoria histórica desean ser consecuentes habrán de reivindicar también a aquellos que fueron asesinados no por las tropas de Franco sino por otras fuerzas de las autodenominadas progresistas y, sobre todo, tendrán también que reconocer que no pocos de los muertos y de los que mataron en el bando del Frente popular encajan igualmente en la categoría de asesinos. Estoy leyendo estos días un libro de Jorge Fernández-Coppel sobre Queipo de Llano – una obra que, cuando se publique, se convertirá en referencia obligada – y una de las cosas que queda de manifiesto de manera descarnada, pero innegable, es que más de uno de los posibles desenterrados futuros fue un criminal al que se fusiló en venganza por los asesinatos que, previamente, había perpetrado. Ésa – como la de la represión en las filas del Frente popular - es otra de las terribles conclusiones a las que se llega cuando se estudia imparcialmente la guerra civil española. Se trata de una terrible conclusión que, en absoluto, encaja con el sectarismo de la mal llamada memoria histórica, a la que asesta un nuevo golpe. Y es el que se dedica a falsear la Historia con fines bastardos juega con el riesgo de que, al fin y a la postre, se descubra que está sirviendo de coartada a asesinos de sus propios compañeros.

El Constitucional dará luz verde al Estatut
  Periodista Digital 15 Septiembre 2008

Resuelto el desafío plantado por el Gobierno Vasco de Vasco de Ibarretxe, el Tribunal Constitucional se enfrenta ya a varias decisiones de diversa índole que van a marcar su propia actividad. La primera de ellas es si se procederá a la renovación que toca en el próximo mes de octubre o si, de nuevo, se alargará el plazo.

La impresión ahora mismo es que triunfará la segunda de las opciones. ¿Por qué? Fácil: porque la tesis es que los actuales magistrados ya han estudiado los dos recursos sobre el Estatuto de Cataluña: uno presentado por el Partido Popular, y otro, por el Defensor del Pueblo, según publica lanacion.es.

Por eso, lo más predecible es que los componentes del Tribunal amplíen su mandato hasta el próximo mes de junio, aunque pudieran acelerar sus deliberaciones y concluir con una sentencia incluso antes de final de año.Esto es lo más probable. ¿En qué fase se encuentra el estudio del Estatut? Fuentes de toda solvencia del Tribunal lo tienen muy claro: “La impresión es muy mala; salvo el rechazo, casi general, al concepto de “nación”, casi todo lo demás puede salir adelante”. Aparte de esta clave inicial, que impregna todo el texto, existe otra de enorme complejidad y debate: el establecimiento de la bilateralidad entre España y Cataluña que el texto redactado incluso por el propio Rodríguez Zapatero (así lo reconoció el mismo en el Parlamento) impone como cuestión fundamental.

Algunos, los menos, magistrados del Constitucional consideran literalmente “intolerable” esta condición; los más, sin embargo, entre los cuales figura por cierto el magistrado de consenso Jiménez, se inclina por su reconocimiento. En una de las últimas discusiones, los magistrados se quedaron perplejos cuando uno de ellos dijo nada más y nada menos que esto: “Sorprende que se acepte la bilateralidad cuando sólo existe un precedente en Europa”. Y añadió: “¿Saben cuál? La Constitución de la Unión Soviética del 36, que reconocía cierta dosis de bilateralidad a algunas de las repúblicas conquistadas y asimiladas al régimen comunista”.

Ahora mismo las presiones sobre el Constitucional son tremendas: por parte del Gobierno, sobre todo Rodríguez Zapatero, y más aún por la Generalitat. Los magistrados se encuentran en una situación de “hartazgo absoluto” y esperan en su mayoría un relevo porque ya no aguantan más. Sólo parecen existir dos excepciones: la de Manuel Aragón, que aspira a suceder a María Emilia Casas como presidente del TC, y la de Ramón Rodríguez Arribas que aceptaría, encantado, la vicepresidencia.

Ésta es la situación en una entidad que, por lo demás, está padeciendo físicamente las sucesivas muertes y enfermedades de sus miembros. Ahora mismo, el magistrado Javier Delgado, ex presidente del Consejo General del Poder Judicial, ha dejado de acudir por enfermedad a su despacho.

LUCHA ANTITERRORISTA
La patronal navarra denuncia el "notable" aumento de cartas de ETA
Para José Manuel Ayesa, presidente de la CEN, el incremento de estos envíos es "prueba inequívoca de que la banda necesita más financiación"
EFE PAMPLONA El Correo 15 Septiembre 2008

Presentación del comité de dirección del plan estratégico para un nuevo modelo económico para Navarra. /EFE
El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, ha denunciado hoy que el número de cartas de extorsión de ETA a empresarios navarros "se ha incrementado notablemente en los últimos meses". Ayesa ha precisado que aunque ETA ha enviado "casi con carácter continuado" a los empresarios estas cartas para exigirles dinero "ya llevamos como cinco o seis meses en los que el incremento es notable".

"También es verdad que en este momento hay más predisposición por parte de los extorsionados a la denuncia de lo que ha habido en tiempos anteriores", ha reconocido el presidente de la patronal navarra. Las cartas de extorsión, ha agregado, "preocupan a todo el que las recibe, pero es evidente que la concienciación de que hay que terminar con esta lacra cada es mayor por parte del mundo empresarial". Esta circunstancia a su juicio "es una nota positiva de cara a la resistencia de los empresarios ante las demandas de la banda terrorista".

En cuanto a las misivas, ha indicado que "son exactamente las mismas, es un documento clonado de lo que ha sido siempre la extorsión, salvo la época de la tregua, en la que más que una amenaza era una invitación" al pago. Ahora, ha explicado, "son las cartas habituales que manda ETA y que se van haciendo más agresivas a medida que se produce la primera, la segunda, la tercera o la cuarta".
El incremento de estos envíos es para José Manuel Ayesa "prueba inequívoca de que la banda necesita más financiación, o bien porque los empresarios no pagan o bien porque otras fuentes de financiación que antes explotaban las tienen en estos momentos cerradas".

CABRERA: "LAS LEYES ESTÁN PARA CUMPLIRLAS"
El Gobierno obligará a cursar EpC, pero no las tres horas de castellano en Cataluña

La ministra de Educación ha afirmado tajantemente, refiriéndose a EpC, que “las leyes están para cumplirlas”. Sin embargo, en comunidades como Cataluña se incumple el decreto del Gobierno que obliga a las autonomías con dos lenguas oficiales a impartir tres horas de castellano. El que sí ha celebrado este incumplimiento ha sido el secretario general de ERC, Joan Ridao. Ciudadanosya ha convocado una manifestación para protestar por la violación de este decreto.
Europa Press Libertad Digital

En rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva, Ridao valoró como "muy positivo" el inicio "con toda normalidad" del curso escolar, pese a la "evidencia" de que "subsisten algunas dificultades" de infraestructuras y equipamientos, que atribuyó a la creciente presión derivada de la llegada masiva de inmigración, aunque destacó la "buena planificación" del gobierno catalán para responder a ello.

Tras reclamar la nueva financiación para hacer frente a las necesidades de Cataluña también en materia educativa, se felicitó de que este curso se haya iniciado sin la tercera hora de castellano en Cataluña, precisamente una de las líneas rojas establecidas por ERC para mantenerse en el gobierno catalán.

Ridao reivindicó para ERC la autoría del blindaje de la inmersión lingüística en la LEC, que opinó que "otorga de manera clara al Govern la capacidad para regular el marco horario en todas las áreas curriculares". "Es una ley bien encaminada y espero que esté lista antes de acabar el año", concluyó.

No obstante, Ciudadanos ha convocado una manifestación para el próximo 28 de septiembre en Barcelona para protestar por el incumplimiento, por parte de la Generalidad, del decreto del Gobierno de Zapatero, que obliga a las CCAA con dos lenguas oficiales a impartir tres horas de español en las escuelas. Así, el portavoz de Ciudadanos ha asegurado que la "insumisión de la Generalidad es total", debido a que ya han anunciado que no piensan cumplir con lo que se dice en el decreto, y que desde su partido se "velará por el cumplimiento de la ley".

El Gobierno central por su parte, se muestra muy beligerante con los objetores a Educación para la Ciudadanía y ha amenazado en reiteradas ocasiones con no otorgar el título a quien no la cumpla. "La leyes están para cumplirlas", dijo este mismo lunes la ministra de Educación. No ha empleado el mismo tono de dureza con Cataluña.

¿Libertad en el País Vasco? 70 concejales no tomaron posesión de sus cargos por amenazas de ETA
Redacción Bilbao Minuto Digital 15 Septiembre 2008

Cerca de setenta concejales elegidos en las últimas elecciones municipales del País Vasco no han podido tomar posesión de sus cargos debido a las amenazas y la presión que ejerce sobre ellos la banda terrorista ETA, según constata el primer informe del “Observatorio Mediterráneo de Derechos Humanos”.

El estudio, que ha presentado hoy en Alicante el consejero de Inmigración y presidente de la Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco, analiza la situación que viven las víctimas de ETA y presenta diferentes testimonios a través del ciclo titulado “Emigrantes en su propio país”.

El estudio refleja que 67 concejales elegidos democráticamente en las últimas elecciones municipales no han podido tomar posesión de sus cargos en el País Vasco debido a la presión de la banda.
El consejero ha denunciado la situación en que se encuentran estas personas y ha subrayado que “las víctimas del terrorismo son también aquellas que sufren el acoso en su entorno, viendo así mermados sus derechos”.
El informe muestra que 270.075 vascos residen en otras comunidades autónomas, al haberse vistos “obligados a abandonar su tierra” por la presión y las amenazas de la banda terrorista.
Con el fin de reflexionar sobre el tema, el seminario “Emigrantes en su propio país” contará con la participación de varias víctimas de ETA, como el escritor Jon Juaristi o el sacerdote Jaime Larrinaga, entre otros.

Blasco ha considerado que esta iniciativa “colabora con la lucha y la defensa de los derechos humanos” y ha dicho que es “una apuesta por mantener los criterios de la dignidad humana”.
El Observatorio Mediterráneo de Derechos Humanos, creado en colaboración con la Fundación de Derechos Humanos y Caja Mediterráneo (CAM), realizará informes periódicos sobre la situación de los Derechos Humanos en los países del Mediterráneo.

TOPÓNIMO
El PP propondrá en el pleno buscar un acuerdo para llevar al Parlamento la cooficialidad del topónimo

La Voz 15 Septiembre 2008

El Partido Popular presentará en el pleno de hoy una moción en la que propone trasladar al Parlamento gallego la defensa de la cooficialidad de los dos topónimos A Coruña y La Coruña con el objetivo de garantizar la libertad de los ciudadanos para poder elegir entre las dos formas, como desea la mayoría de la sociedad coruñesa. En este sentido, después de años de lucha judicial de los responsables municipales «sin ningún fruto», el PP considera que ha llegado el momento de proponer una solución dialogada y consensuada para asegurar la libertad de elección del topónimo de la ciudad. Se trata de una iniciativa «que se basa en el diálogo, sin coste económico y alejada de los litigios planteados en los tribunales, mediante un acuerdo de los grupos municipales mayoritarios, en el que se plantee una propuesta legislativa común en el Parlamento de Galicia».

El Grupo Popular considera que este acuerdo permitirá a los coruñeses utilizar tanto el gallego como el castellano para denominar a su ciudad. Para conseguir este objetivo, el grupo municipal del Partido popular propone que esta opción sea posible por ley.
 

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