AGLI

Recortes de Prensa    Martes 16 Septiembre 2008

La crisis moral, la corrupción de los valores, está sobre el tapete
Santiago Abascal elsemanaldigital  14 Septiembre 2008

Que en España se están produciendo varias crisis –además de la económica- solo lo puede negar un cínico o el promotor de alguna de tales crisis. La que afecta a los aspectos puramente materiales es la que –aparentemente- concita todas las preocupaciones colectivas. Pero tal análisis neo-marxista obvia las motivaciones morales, nacionales, y religiosas del actuar humano.

Claro que la crisis económica es grave y probablemente se tornará pavorosa en el futuro inmediato. Millones de españoles tienen el agua al cuello, alcanzar el fin de mes sin aumentar la deuda de las familias se ha convertido en un caminar angustioso. Claro que el sistema financiero se desploma y el valor de los inmuebles comienza a caer llamativamente.

Pero eso no impide que los españoles vean con preocupación –incluso mayor- las demás crisis que acogotan a la nación. La crisis institucional es una de las principales y los ciudadanos ven con verdadero asco la politización de la justicia y la corrupción municipal asociada al urbanismo. Dos elementos, entre otros muchos, que alejan cada día más al españolito de a pie de la denominada "clase política".

Sin embargo también la crisis moral, la corrupción de los valores, está sobre el tapete y no como una simple cortina de humo sino como un programa amoral que pretende imponer el nihilismo en la sociedad española, que persigue que el drama del aborto y del suicidio asistido sean derechos.

Y, como no, una crisis galopante, que viene de lejos, y cuyo principal inductor es el presidente del Gobierno: la crisis nacional. Y esa también desasosiega, y mucho, a los españoles. Que unos responsables políticos se dediquen a convocar refrendos de secesión, que persigan a los castellanohablantes en amplias zonas del territorio nacional, que las voraces autonomías , en lucha unas con otras, pretendan para sí el conjunto del bienestar común es una desgracia terrible que nos ha tocado a los españoles al conjurarse unos líderes políticos sediciosos con otros débiles y con unas instituciones políticas ruinosas.

Todo esto – y no solo el estómago o el dinero- perturba la felicidad del pueblo español y quien no quiera verlo y crea encontrar en los españoles a criaturas sedientas y ambiciosas sin principios, valores ni sentimientos perderá el voto y la confianza de los mismos.

Claro que hay una crisis económica de cuidado, pero los españoles también lloran pensando en la pervivencia histórica de España, sienten escalofríos al ver una vida despedazada antes de nacer, se aterran ante una justicia cada día más dependiente del poder partidario, y sienten pavor cuando el mostrenco autonómico con sus miles de funcionarios exige comerse las reservas del Estado –por cierto, en mitad de una crisis económica brutal- mientras amenaza con la secesión. Y por eso también votan los españoles

David Cal, harto de nazionalismo
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 16 Septiembre 2008

El no ser nazionalista en Galicia supone cargar con una pesada cruz sobre todo si se es famoso. David Cal no se arredra ante el acoso, las mentiras y las continuas provocaciones de los nazionalistas apoltronados en el poder.

El piragüista gallego niega haber recibido los 106.000 euros que dijo haberle ingresado en cuenta la conselleira Ánxela Bugallo e invita a la nazionalista a «ponerse en contacto» con él «para que te pueda dar mi número de cuenta y así puedas ingresar esos 106.000 euros que, según tú, ya me has entregado».

David Cal trata a la conselleira de tú, como debe ser, porque un cargo público capaz de manipular y mentir sin sonrojarse no merece ser tratado de usted. La Consejería de Cultura de la Xunta de Galicia, controlada por la nazionalista del BNG, Ánxela Bugallo, ya ha quedado en entredicho al salir a la luz unas facturas en las que se muestran que se pagaron con fondos públicos unos 400 mojitos en la Feria del Libro de La Habana.

El mojito es un cóctel típico de Cuba, tan popular como el daiquirí, compuesto de ron, azúcar, lima, hierbabuena y agua con gas. Supongo que tendrá además la propiedad de estimular la creatividad y el intercambio cultural, pues los chicos se tomaron un mínimo de 400. Al menos ésos fueron los que salieron a la luz, aunque probablemente hubo más movida alcohólica de la que un pobre ciudadano de a pie se pueda imaginar. Vamos, como un botellón, pero aderezado, en plan finolis, con culturiña galega y socialismo real para disimular.

Un verdadero atleta, si quiere competir en una olimpiada, no puede permitirse tales excesos alcohólicos, pero al menos merecería alguna ayuda por parte del gobierno de su comunidad autónoma pues sus éxitos son, les guste o no a los bloqueiros, tan suyos como de todos los gallegos que nos sentimos representados por nuestros esforzados deportistas.

No digo que le den 400 mojitos, como a nuestros "intelectuales" subvencionados, pero sí que al menos le proporcionen un lugar y unas condiciones dignas donde poder entrenar y no obligarlo a marcharse a Asturias con su entrenador y su piragua.

David, eso de encabezar en Pekín el desfile del equipo español llevando con orgullo la rojigualda es un delito de lesa patria que los nazionalistas galegos jamás te perdonarán.

Pulso a los padres
Editorial ABC 16 Septiembre 2008

El curso escolar se abre con la incógnita sobre el futuro legal de la objeción de conciencia de padres y alumnos a la asignatura de EpC. Es lamentable que las ideas del Gobierno en educación se hayan centrado en implantar esta asignatura. El sistema educativo sigue presentando carencias graves en relación con la autoridad de los centros y los profesores, con los medios materiales disponibles y con un método exigente de esfuerzo y dedicación por parte de los alumnos. A pesar de la denuncia de la comunidad escolar para resolver estos problemas, el Gobierno ha incrustado en la enseñanza una discordia irresponsable en torno a una asignatura que se basa en el acto soberbio de atribuir al Estado la capacidad para decidir cuáles son los valores que forman a un buen ciudadano. Esta asignatura no transmite conocimientos, sino una visión ética de formación cívica que sería muy respetable si su enseñanza fuera potestativa de cada centro, pero que deviene inaceptable al ser impuesta a padres y educadores. Desde el momento en que el Gobierno reconoce que esta asignatura contiene valores, afecta al derecho de los padres a decidir la educación moral de sus hijos. El Tribunal Supremo tiene que resolver la disparidad de criterios que se constata en las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia sobre la objeción de los padres. Es un grave problema legal que podría tener continuidad ante el TC e instancias judiciales europeas, pero también una cuestión de libertad frente a un intervencionismo ético inadmisible.

para el próximo sábado en Vitoria
UGT apoya la concentración por la libertad de elección lingüística y CC OO lo descarta
M. F. V. BILBAO El Correo 16 Septiembre 2008

El sindicato UGT ha decidido respaldar la concentración que ha convocado la plataforma por la libertad de elección lingüística para el próximo sábado en Vitoria en contra de la reforma de modelos del Departamento de Educación, que elimina la línea en castellano. La central CC OO, mayoritaria en las enseñanzas no universitarias, no apoyará la protesta ya que considera que contribuye al «enfrentamiento» en la comunidad educativa y sostiene que el acto está «politizado».

Los responsables del colectivo de padres mantuvieron ayer reuniones con los sindicatos CC OO y UGT para explicarles su defensa de la lengua materna como idioma de aprendizaje en el sistema educativo vasco y de la libertad de elección de los padres. Las centrales coincidieron con la plataforma en la necesidad de que el Departamento de Educación logre «amplios consensos» antes de acometer un cambio de tal calado.

En todo caso, las centrales se oponen a la reforma diseñada por la consejería de Tontxu Campos. Los dos sindicatos apuestan por el bilingüismo en las enseñanza y la extensión de un tercer idioma extranjero en el sistema educativo vasco. La plataforma se reunirá mañana con el PSE para solicitar su apoyo a la protesta del sábado.

Soberanismo: Estación Termini
Lorenzo Contreras Estrella Digital 16 Septiembre 2008

El viaje a ninguna parte emprendido por Ibarretxe con el objetivo de ganar por vía de referéndum vasco, disfrazado de consulta inocua, la batalla de la soberanía frente al “Estado español” ha terminado en eso: una terminal consistente en una pura y concluyente derrota. Pero cuidado: una derrota personal. Una “Estación Termini” donde ha tenido que apearse del tren con todo su equipaje, en espera de que otro convoy le conduzca a su verdadero destino: la conclusión más que probable de su trayectoria política individual.

Conviene meditar si la aventura del lehendakari, aparte del descalabro político, se queda en eso. Es decir, si el siempre equívoco PNV no perpetrará, en forma de hipócrita venganza como homenaje a su dirigente, un atentado inconstitucional de distinto formato o factura. Ya lo formuló como estrategia el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, cuando el Gobierno (y su partido) recurrió la llamada “ley de consulta” sobre el futuro de Euskadi ante el Tribunal Constitucional: “Mira, chico (el chico es Ibarretxe), si te das tres veces contra la pared, pues dale la vuelta a la pared y no vayas la cuarta vez también contra ella. Por tanto, si el Gobierno central recurre la consulta, se acabó, vete por otro camino”.

El Constitucional ya habló y cerró el camino legal. Ibarretxe ya había anunciado que en tal caso “se reservaría acciones”. El consejo de Azkuna, cuyo desparpajo evidenciaba cierto desprecio hacia el aventurero, ofrecía metafóricamente dos salidas: darle “la vuelta a la pared” o ir “por otro camino”. Todo menos renunciar al esencial designio contrariado. Enigmáticamente, el alcalde de Bilbao, que no deja de ser una voz importante dentro del nacionalismo vasco, propuso como enigmática alternativa “volver a la centralidad”. Vaya usted a saber cómo se come eso. Por vía de aclaración, el regidor bilbaíno advertía que “en política con cuatro órdagos no se hace nada”. ¿Y con un quinto órdago? Porque ya se sabe que en política tampoco hay quinto malo. Como en los toros.

¿Y quién puede ser ese quinto no malo capaz que prender a España, o a lo que la represente, por la taleguilla como primera fase del revolcón y posterior cornada? Eso es parte del misterio procedimental que los nacionalistas ocultan. Sin ánimo de llevar la metáfora a terreno agraviante, recordemos que Azkuna, en sus declaraciones de mediados de julio, apostó por Iñigo Urkullu, el actual presidente del PNV, sucesor del defenestrado Imaz, para decir de él, de Urkullu, que puede “llevarnos directamente” a la mencionada “centralidad”, ese concepto mágico que puede significar, por ejemplo, moderación y siempre que —decía el alcalde— se resuelvan determinadas “cosas” o más bien, literalmente, “una serie de cosas”. Otra expresión etérea, vaga, neblinosa, cuya concreción tiende a no coincidir con la peregrinación a Estrasburgo que Ibarretxe prepara como, posiblemente, cuarto órdago; ya vendrá el quinto si el Tribunal de Derechos Humanos europeo pone al lehendakari contra la pared para que medite, como se hace en las guarderías con los niños traviesos.

Urkullu, mientras tanto, es una incógnita dentro de su papel provisorio. Ya anunció, tras reunirse con Unai Ziarreta, líder de Eusko Alkartasuna, que la negación del derecho a la consulta, como así ha sido, resultaría “muy preocupante”. ETA, por ahora, se limita a observar con las manos puestas en los detonadores. Para la banda, lo que se acaba de encasquillar es el marco jurídico que el PNV pactó hace treinta años “y que ha defendido siempre —léase Gara— que le ha resultado de utilidad”.

La senda constitucional
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR El País 16 Septiembre 2008

Amenazados como hemos estado por unilateralismos y bilateralismos varios, el pasado mes de agosto fue dejando caer con alivio mensajes de respeto a las decisiones pendientes del Tribunal Constitucional. Habían proliferado casi con entusiasmo las escenografías del enfrentamiento, por ejemplo, a propósito de la consulta que proponía celebrar el lehendakari tras su aprobación bajo mínimos por el Parlamento vasco. Las preguntas de los periodistas iban siempre en la misma dirección. Trataban de saber cuál sería la reacción del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero si la consulta llegaba a celebrarse trasgrediendo las normas vigentes. La respuesta se mantuvo inalterable en el sentido de reiterar que la hipótesis era inverosímil. No tendría lugar.

Pero en las páginas de la prensa cundían los análisis que propugnaban la suspensión anticipada de la autonomía vasca, conforme autoriza el artículo 155 "si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España". El procedimiento establece que al Gobierno corresponde requerir al presidente de la comunidad autónoma "y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Además, "para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas".

Esa particular mixtura de empecinamiento y gusto por el desastre a la que estamos abonados hacía imaginar a algunos el momento de la desobediencia y reclamar por anticipado detalles sobre la mecánica a emplear para corregirla. Por fortuna, de modo pausado en el seno del PNV al que pertenece el lehendakari se fueron dejando oír voces dosificadas a favor de la cordura, empezando por la del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, hasta concluir con la del presidente de la formación, Íñigo Urkullu. Celebrémoslo. Al final llegó la sentencia del Tribunal Constitucional, a la que todos han rendido el acatamiento debido. Celebrémoslo de nuevo. Que ahora, quienes se ven desprovistos de la razón jurídica, declaren su intento de recurrir al Tribunal de Estrasburgo, a nadie puede sorprender. Pero antes de que llegue ese pronunciamiento, si fuera el caso, al País Vasco se le cumplirán los días para convocar las elecciones autonómicas y en las listas de candidatos que los partidos habrán de presentar para competir tendremos indicaciones muy relevantes sobre aprendizajes y tozudeces.

Ante el mismo Tribunal Constitucional están presentados los recursos contra el Estatuto de Cataluña y sucede que la doctrina empleada para pronunciarse sobre la consulta intentada por el lehendakari deberá aplicarse en esta nueva ocasión. Verdadero encaje de bolillos sería necesario que hiciera el Tribunal para que algunas de las afirmaciones del Estatuto puedan pasar las líneas rojas que acaban de trazar por unanimidad todos los magistrados. Además, la situación económica y las negras expectativas que se avizoran están reclamando de todos un baño de inmersión en la realidad y un enfoque preferente sobre las prioridades elementales, más allá de las abstracciones en que tanto gusta encerrarse a la clase política, jaleada ruidosamente por los incondicionales en el momento de la Diada pero desasistida cuando la aprobación del Estatuto hace preceptivo un referéndum donde todos los electores están convocados a pasar por las urnas.

Es un mal momento para la lírica, las gentes de a pie se resisten a dar por buenos resúmenes interesados para niños y reclaman que les cuenten las cosas "desde buenas, buenas", como escribe con acertada expresión Joseph Galinek en su reciente novela La décima sinfonía.

El Gobierno deberá aguzar el oído para considerar las razones válidas que asistan a la Generalitat de Cataluña al plantear sus demandas en el ámbito de la financiación autonómica, pero el plano del bilateralismo confederal carece de encaje posible, con independencia del resultado aritmético al que permita llegar.

Hay palabras cargadas que deberían empezar a desactivarse cuanto antes, sin que nadie renuncie a la legítima defensa de sus intereses en el marco de un país común que a todos acoge. Fuera de la senda constitucional sólo nos esperaría una bronca empobrecedora y sin sentido.

Para echarse a temblar
Vicente A.C.M. Periodista Digital 16 Septiembre 2008

No sé si es mejor que hable o que calle y deje que los silencios sean una elocuente respuesta. La letanía que suelta el incomparable Vicepresidente económico Sr. Solbes, además de increíble y falsa, suena a verdadera “tomadura de pelo” a la inteligencia de los ciudadanos. Con la que está cayendo en el ámbito internacional y las insensatas medidas de despilfarro que siguen propugnando desde el Gobierno, no solo España va hacia un profundo abismo financiero, sino que la recuperación puede ser imposible.

Lo peor es que cuando habla se le nota demasiado que miente. Su mirada huidiza y centrada en la lectura de unas hojas de tablas de datos y gráficos irreales, no pueden disimular la nula fe en sus propias palabras y en admitir que su papel será pasar a la historia por alguien, que por su connivencia con los deseos estrafalarios y electoralistas de sus patrones, llevó por dos veces a la bancarrota al Estado. Es normal que no se sienta incómodo en una situación tan desastrosa como la que ya tuvo la experiencia de contribuir y ser actor principal. Los datos nunca son para él alarmantes, claro que para el resto de los que o están ya en el paro o ven su puesto de trabajo en peligro, si lo son.

La irresponsabilidad no es solo haber negado la existencia de una profunda crisis, sino además permitir que esta se agrave hipotecando al Estado con las insolidarias y onerosas demandas de unas Autonomías que sangran al Estado para compensar sus propias ineficiencias de gestión. Los conciertos económicos se han transformado en verdaderos caos de disputas de patios de vecinos. Todos quieren aumentar sus ingresos para poder seguir incrementando su gasto sin ninguna voluntad de moderación. Sería cuestión de plantearse si debe ser el Estado el que asuma el control general del gasto público declarando el “estado de excepción económica nacional”.

Unas Autonomías y Corporaciones con un funcionariado desproporcionado. Unas Autonomías que han hecho que el gasto se multiplique incontroladamente con la creación de puestos directivos altamente remunerados y que son una vergüenza y causan bochorno a quien padece los efectos de la crisis y ven peligrar su futuro laboral e incluso el cobro de las prestaciones sociales a las que tienen derecho. Y es el propio Gobierno quien desde Presidencia ha dado un mal ejemplo con sus más de seiscientos asesores directos. De nada sirve decir ahora que los fabulosos salarios se congelan, cuando el verdadero virus es haber multiplicado por tres los recursos humanos para hacer la misma función.

Este Gobierno carece de credibilidad. La oposición no es capaz de reaccionar con la contundencia que la situación requiere. No podemos permitir que un Gobierno sin ideas arrastre a España a un punto de difícil retorno. Lo que costó muchos años remontar cuando el Gobierno del Sr. González abandonó la gestión del Estado, ahora podría ser mucho más duro y permanente. Han pasado ya seis meses desde las elecciones generales. La situación no solo ha empeorado, sino que el Sr. Zapatero y su Gobierno además de haber mantenido la mentira, se muestra incapaz de tomar medidas serias y de la dureza necesaria acorde con la gravedad de la misma.

Es el momento de que desde el PP se plantee seriamente si van a seguir tolerando que España caiga en el pozo de la recesión. Deberán decidir si exigen al Gobierno del Sr. Zapatero un cambio radical en sus propuestas o promover una censura parlamentaria y la convocatoria de unas elecciones anticipadas.¿Se atreverán o seguirán jugando al "buenismo"?

Históricos asesinos.
José Javier Solabre Heras Periodista Digital 16 Septiembre 2008

Joseba Urrusolo Sistiaga y Carmen Gisasola Sarasola, reniegan de ETA, de la banda de asesinos, más bien parece que han sido expulsados por criticar y cuestionar la forma de actuar de los dirigentes actuales de la barbarie asesina.

Los de antes estaban descerebrados, pero los de ahora lo están más no buscan sino otra forma de vida, mediante la extorsión a los empresarios, los asesinatos y la negociación con determinados Gobiernos que así se lo permiten.

Esto de abandonar ETA, es un camelo más, de los de siempre, podían empezar por demostrar la buena intención diciendo donde está De Juana. A quien pensaban matar, como y donde tiene las pistolas, los explosivos etc… Y después colaborando con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y decir como se estructura toda la banda de asesinos, donde se esconden quienes son y donde captan jóvenes engañados.

Eso de ser históricos de ETA, no es más titulo que ser histórico asesino. ¿Merece alguna credibilidad?

Etarra Joseba Urrusolo Sistiaga procesado por el asesinato en 1991 de tres policías cuando trataban de desactivar un paquete-bomba que la banda dirigió contra el entonces subdirector general de personal del Ministerio de Justicia, Jesús María Pérez. Ellos si que son historia, de la vergüenza de un país.

Etarra Carmen Gisasola Sarasola procesada por un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa en relación con un atentado frustrado contra una patrulla de la Guardia Civil en Gernika en 1.986. Si no lo consiguió sería por que se pensaba arrepentir?

Vamos hombre, lo que tiene que hacer es deponer las armas “DE VERDAD” y después cuando se pueda ir por la calle con libertad, y el País Vasco y Navarra sean territorio de Paz, hablamos de las condenas.

CHAVES OBVIA LAS RESOLUCIONES
La Junta vuelve a suspender a los objetores de EpC a pesar de las sentencias del TSJA
La consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha vuelto a suspender a los alumnos de Educación para la Ciudadanía en la convocatoria de septiembre a pesar de las muchas sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado contra la aplicación obligatoria de esta asignatura. La defensa de los implicados ha anunciado que pedirá al Alto Tribunal que ejecute las medidas cautelares de los alumnos que han sido suspendidos. Al parecer, la Junta de Andalucía no ha notificado a los centros educativos afectados la existencia de nuevas sentencias para los alumnos objetores, alumnos que han sido suspendidos consecuentemente.
Pedro de Tena Libertad Digital 16 Septiembre 2008

Debido a esta falta de información sobre las sentencias del TSJA que ha favorecido la Junta de Andalucía por indolencia o por expresa voluntad política, bastantes de los alumnos que fueron suspendidos el pasado mes de junio, han obtenido la mismo calificación en la convocatoria de septiembre. Y ello pese a que las medidas cautelares dictadas por el TSJA fallaban a favor del derecho a la objeción e instaban a Educación a no evaluar a estos alumnos hasta que se resolvieran definitivamente los citados procedimientos.

Si lo ocurrido es obra de un comportamiento negligente o resultado de la lentitud burocrática, la Junta de Andalucía tiene la oportunidad de rectificar anulando estos suspensos reconociendo el derecho a no ser evaluados, derecho, hasta el momento, judicialmente reconocido. "Esta situación podría haberse evitado. Ahora, si la Consejería no retira esas calificaciones, sabremos cuál es su verdadera actitud", advirtió Carlos Seco, abogado sevillano que representa los intereses de varias de las familias de los objetores.

El abogado anunció este lunes que elevará a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una petición de ejecución de las medidas cautelares de las que gozaban estos estudiantes que en septiembre han sido calificados nuevamente como suspensos pese a que ya en el mes de julio, tras la primera evaluación, dicha instancia judicial había reconocido su derecho a la objeción y, por ende, a no ser evaluados.

En declaraciones a Europa Press, Carlos Seco explicó que el "supuesto" en el que se encuentran estos alumnos parte de sentencias emitidas por el Alto Tribunal andaluz a lo largo del mes de julio en cuanto a las solicitudes de objeción a la asignatura Educación para la Ciudadanía formalizadas por entre 15 y 20 alumnos andaluces. Estos fallos reconocían el "derecho" de los alumnos a objetar y, por tanto, su derecho a no ser evaluados en esta materia.

Estos fallos, según explicó Seco, surgieron cuando estos alumnos habían sido ya calificados como suspensos en la asignatura, por lo que sus familias y tutores esperaban que la Consejería de Educación rectificase sus calificaciones declarando a estos alumnos como "no evaluados" en la convocatoria de septiembre. No obstante, y siempre según Seco, "buena parte" de estos 15 ó 20 alumnos han vuelto a ser calificados como suspensos en los boletines del mes de septiembre.

Recordarán que la comunidad autónoma de Andalucía ha registrado, con fecha cerrada hasta el pasado 24 de junio, un total de 7.133 objeciones a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), según los datos recabados del foro 'Ciudad Real en Libertad', y en los que ofrece el número de objeciones de conciencia presentadas contra esta asignatura. En concreto, por comunidades, detrás de la Comunidad de Madrid (10.875) y de Castilla-La Mancha (8.790), se sitúa Murcia, con 3.895; Comunidad Valenciana, con 2809; Navarra, con 615; Aragón, con 598; y Cataluña, con 536.

Es preciso tener en cuenta además cómo poco a poco iba retrocediendo la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que rectificó en junio su decisión de suspender a los alumnos que no han asistido a las clases de Educación para la Ciudadanía por ser sus padres objetores de conciencia y mandaron una nueva orden a los centros escolares en la que sustituye la de darles una «evaluación negativa», como mandó hacer a principios de este mes de junio, por la de calificarlos como «no evaluado». Al parecer no la mandó a todos los centros o si lo hizo, no ha llegado.

Recuérdese asimismo que el pasado 9 de julio se dictó otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a favor de los padres que objetan en conciencia ante a la asignatura Educación para la Ciudadanía. En ella se reconoce el derecho de unos padres a la objeción de conciencia contra Educación para la Ciudadanía y a no ser obligados sus hijos a cursarla, quedando exentos de ser evaluados de la misma. Primero fueron los padres de Bollullos, después los de Málaga y en esta sentencia les ha tocado a una familia cuyo hijo estudia ESO en un centro público de Sevilla, el Instituto Pablo Picasso.

PSOE y BNG impiden debatir en el pleno la cooficialidad del topónimo de la ciudad
El Partido Popular lamenta que el Ayuntamiento rechace por sistema el debate de sus iniciativas plenarias: "Muchos socialistas apuestan por la L de la libertad lingüística", afirma Carlos Negreira.
RUBÉN GARCÍA. A CORUÑA. La Opinión 16 Septiembre 2008

La cooficialidad del topónimo de la ciudad desapareció de los juzgados pero no de la vida política, aunque PSOE y BNG evitaron ayer debatir sobre esta cuestión en el pleno y rechazaron una moción del PP en la que instaba al Parlamento gallego a modificar la legislación para que en los documentos oficiales se pueda optar por A Coruña o La Coruña.

Fue un pleno sin apenas contenido, de una hora escasa, y en el que la polémica se produjo justo a la salida. La entrada del BNG en el Ayuntamiento no ha impedido que se mantenga en A Coruña la práctica habitual de los anteriores gobiernos de mayoría absoluta del PSOE de impedir el debate de cualquier propuesta que presenta la oposición. Además, era de las pocas quejas que nacionalistas y populares compartían en anteriores legislaturas.

No es la primera vez que el PP lleva a pleno, sin éxito, una moción para que el Concello inste a la Xunta a promover la cooficialidad del topónimo, pero sí la primera que su portavoz, Carlos Negreira, convocó -acabado el pleno- a la prensa para denunciar lo ocurrido: "No es nuestra costumbre, pero es imposible en este Ayuntamiento. No se puede discutir absolutamente nada. [El alcalde] Javier Losada no está a la altura de las circunstancias. Muchos socialistas apuestan como el PP por la L de la libertad lingüística".

El debate sobre el nombre de la ciudad acabará de todas formas en el Parlamento gallego. "Vamos a pedir que se traslade al programa electoral [de cara a la autonómicas del próximo año] y [la dirección del partido] va a asumir la iniciativa", afirmó el portavoz del PP.

"Al no tener los votos suficientes no se tramita por la vía de urgencia". Esta es la frase que en los plenos pronuncia el regidor después de cada moción que presenta la oposición. Ayer, se volvió a repetir otras tres veces, puesto que el PP también demandó la paralización del proyecto urbanístico del parque del Agra para reclamar más zonas verdes, y un plan de "austeridad" municipal.

La moción sobre el topónimo tenía un único destinatario posible -el PSOE-, con el objetivo de conseguir un "acuerdo de los grupos municipales mayoritarios". Pero el BNG ha conseguido que el PSOE coruñés se pliegue a su posicionamiento sobre el topónimo, puesto que en el pleno de julio el Concello acordó dejar de pleitear para declarar oficial el topónimo La Coruña, después de 16 años en los juzgados y de recibir siempre el no como respuesta en las sentencias. Entonces, la portavoz de los socialistas, Carmen Marón, justificó esta decisión de retirar los pleitos, aunque matizó que "muchos coruñeses quieren" esa cooficialidad.

El Bloque evitó en el pleno la tramitación por la vía de urgencia de la moción de los populares y, por tanto, su debate, aunque horas después sí mandó un comunicado en el que respondió a Negreira. Para los nacionalistas, el PP ha sacado a la luz su "profundo carácter reaccionario", "sólo persigue la división de los ciudadanos" y "busca resucitar viejos fantasmas". "No es tiempo de malgastar recursos públicos en cuestiones ya superadas y normalizadas", insistieron en el BNG. El diputado nacionalista Carlos Aymerich también aprovechó una comparecencia pública para debatir en la calle lo que sus compañeros evitaron en el pleno: "El PP sigue apostando por alargar un conflicto lingüístico en vez de defender los derechos del gallego que son día a día violados. No debe tener otra cosa que hacer; el topónimo está formalizado en una ley que aprobó el PP", apostilló.

«Comporta la liquidación de todos los bienes y efectos» de la formación
El Tribunal Supremo ilegaliza ANV y acuerda su disolución Cambiar el tamaño del texto

La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha acordado hoy la ilegalización y disolución de ANV, al estimar las demandas presentadas por el Gobierno y por la Fiscalía.
- Dos miembros históricos de ETA critican a Batasuna
- ETA asume que es la organizadora del terrorismo callejero en Francia
- Las amenazas proetarras impiden ocupar sus cargos a casi 70 ediles del País Vasco
- ANV, un histórico partido resurgido para los comicios locales de 2007
Efe - Madrid La Razón 16 Septiembre 2008

La ilegalización de ANV ha sido confirmada posteriormente en rueda de prensa por el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, que ha señalado que la sentencia -que no cuenta con ningún voto particular- se hará pública en los próximos días.

Según Hernando, la declaración de ilegalidad de ANV, que tendrá como consecuencia la disolución de este partido, también «comporta la liquidación y la puesta a disposición del Tesoro, según prevé la Ley de Partidos, de todos los bienes y efectos que pertenezcan» a la formación abertzale.

El Tribunal Supremo ha notificado verbalmente su decisión esta mañana a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, han confirmado fuentes del Ministerio de Justicia.

La Sala del 61 volverá a reunirse mañana para comenzar a deliberar sobre las demandas de ilegalización que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) y, según las fuentes consultadas, podría anunciar el fallo el próximo viernes.

La Ley de Partidos establece que, tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución de una formación, «procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto».

Además señala que «la disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora» y que «el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario».

El pasado 30 de enero el Gobierno -a través de la Abogacía del Estado- presentó su demanda de ilegalización de ANV ante la existencia de «una relación de sucesión o continuación» de este partido con la ilegalizada Batasuna.

En su escrito los servicios jurídicos del Estado consideraban que ANV, que concurrió a las pasadas elecciones municipales, formaba parte de la Izquierda Abertzale del complejo Batasuna y que era la «candidatura de ETA».

Un día después la Fiscalía interpuso también una demanda de ilegalización de este partido, al considerar que se había producido una cesión a favor de la organización ilegal Batasuna de los derechos y prerrogativas que la normativa electoral concedía a ANV.

El Ministerio Público señalaba también que, tras una inicial ambigüedad calculada respecto de los actos terroristas de ETA, los miembros de ANV habían minimizado las acciones violentas de los terroristas, para terminar asimilando el discurso clásico de Batasuna.

Todos los alumnos extranjeros recién llegados a Vic irán a un centro separado
La estancia media será de una semana, antes de tener asignada una escuela
EVA CLOTA / SEBASTIÁN TOBARRAVIC / BARCELONA - Vic / Barcelona El País 16 Septiembre 2008

En Vic, todos los caminos conducen al alumno inmigrante recién llegado al llamado "espacio de bienvenida educativa", es decir, a un centro separado donde permanecerá de forma temporal antes de ir a la escuela con el resto de los alumnos.

Ayer, 21 niños y jóvenes de Ecuador, China, Uruguay, India, Colombia, Polonia, Perú y Nigeria estrenaron el primer espacio de esas características, iniciativa sobre la que sobrevuelan numerosos interrogantes que reciben respuestas distintas de las administraciones implicadas (véase la columna adjunta).

En Reus también habrá tres centros, aunque tardarán unos días en entrar en funcionamiento. La Generalitat promueve esas aulas separadas, con la etiqueta de experimentales, con el apoyo de los ayuntamientos.

Al centro de Vic irán todos los extranjeros, "vengan de donde vengan, sean del color que sean" y lleguen o no dentro del plazo de matrícula, dijo el alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU). La comisión de escolarización los derivará al centro, agregó.

Las aulas separadas no son escuelas. Se pretende que en ellas los recién llegados aprendan nociones de catalán para comunicarse y se familiaricen con el entorno. El tiempo medio de permanencia en ellos será de 30 horas, a razón de cuatro horas por día, es decir, unos siete u ocho días. Pero el periodo se puede prolongar hasta más o menos un mes, antes de integrarse en las escuelas ordinarias, dijo la regidora de Educación de Vic, Anna Erra. Además los padres recibirán informacion durante 10 horas. El alcalde rechazó que estos centros segreguen alumnos. "Ir a una escuela sin preparación sí es una segregación porque allí sí que los segregan", afirmó.

Este curso pasarán por el centro de Vic todos los alumnos extranjeros que han llegado fuera de plazo de matrícula, pero se pretende que en el futuro vayan todos los alumnos extranjeros aunque lleguen dentro del periodo de matrícula, dijo el alcalde. Esta afirmación choca con el plan expresado por el Departamento de Educación, que afirmó que irán a él los alumnos que llegan con el curso ya empezado.

Vic tiene 40.000 habitantes, el 23% de ellos extranjeros. Cada curso llegan a la ciudad unos 25 alumnos por mes.

El consejero de Educación, Ernest Maragall, volvió a defender ayer estos espacios, al tiempo que SOS Racismo los criticaba. "Nadie sabe cuánto durará la estancia ni para qué deben servir", reprochó esta asociación.

Los padres que acudieron al centro se mostraban satisfechos. El primer contacto lo encabezó la educadora social, Cesca Morera, y sirvió para explicar a los padres que mientras sus hijos no tengan escuela asignada disponen de este servicio para aprender las primeras nociones de catalán, cómo se deben y pueden relacionar con el nuevo entorno y en qué consiste su próxima escolarización.

"Venimos voluntariamente para asistir a este curso y luego tener colegio aquí", dijo Ledis, colombiana, junto a sus hijos de 14 y 15 años. Alex, polaco, lleva año y medio en Vic y ayer llegó con su hijo de 10, que apenas lleva un mes en la ciudad. Shina Alaran, un padre nigeriano, dijo: "Este lugar me parece bien".

La peruana Nelly Aguado acudió con sus cuatro hijos. "Me han dicho que tengo que venir para poder llevar a los tres chicos a la escuela", explicó. Según la inspectora de Educación, Maria Eugènia Anta, estos centros nacen para preparar el ingreso a la escuela de los chicos, "pero también nos han de permitir", añadió, "conocer las necesidades emocionales, físicas y psíquicas del alumno".

Llena pide disculpas al comercio pero mantiene la campaña con Caprabo
El consejero niega que subvencione al grupo y dará ayudas a otras empresas
A. TRILLAS - Barcelona El País 16 Septiembre 2008

"Pido disculpas al pequeño comercio", dijo ayer públicamente el consejero de Agricultura, el socialista Joaquim Llena. Pero la campaña acordada por la Generalitat con la cadena de supermercados Caprabo, que le ha valido acusaciones de "competencia desleal" y un conato de denuncia por parte de la Confederación de Comercio de Cataluña (CCC), seguirá adelante "porque no podemos convencer a quienes no ven con buenos ojos la promoción de nuestros productos agroalimentarios catalanes".

La campaña de la discordia con Caprabo, controlada por la vasca Eroski, consiste en promocionar el consumo de productos autóctonos. Pero no a cambio de "una subvención directa" a la cadena de supermercados, aclaró Llena tras admitir que en sus explicaciones iniciales no estuvo a la altura: el dinero que la Generalitat da a Caprabo para que sus establecimientos en Cataluña sean escenario de la promoción ascenderá a 107.000 euros -en la presentación del acuerdo de hace unos días, el consejero habló de 300.000 euros- y este dinero se dedicará "sólo a pagar los costes de habilitar un espacio para nuestros productos, a los carteles y distintivos que éstos llevarán y a un millón de folletos explicativos".

La intención de Agricultura es proseguir con la campaña, que recibió las críticas del consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, en función de si logra azuzar el consumo de alimentos originarios de Cataluña. La cifra de los 300.000 euros sale de la suma de las acciones que en el futuro se puedan realizar.

El pequeño comercio, que mañana u hoy mismo podría reunirse con el consejero para recibir sus explicaciones de primera mano, reivindica que vende más del 80% de los productos autóctonos y no recibe por ello subvenciones. Miguel Ángel Fraile, secretario general de la Confederación, estudia denunciar a la Generalitat ante las autoridades de la Competencia.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que depende del Ministerio de Economía, avanzó la semana pasada que pediría explicaciones a la Generalitat y que elaboraría un informe para evaluar si el pacto con Caprabo pone trabas a la competencia, con las siguientes recomendaciones. Fuentes de la CNC recordaron, sin embargo, que no tiene capacidad para sancionar a una Administración.

El pequeño comercio no descarta acudir a Bruselas. Agricultura -que no ha notificado las ayudas efectivas, al no haber alcanzado por ahora la cifra de 200.000 euros, a partir de las cuales debe notificarlas a la Comisión Europea- se dijo abierto a extender sus campañas a los comerciantes o a otras empresas.

El grupo Caprabo, que todavía mantiene una pequeña participación de La Caixa y de una de las familias fundadoras (la familia Botet) pero cuya mayoría está en manos de Eroski, había detectado la percepción de "supermercado caro" que persistía entre los consumidores de su marca. En su nueva etapa de la mano de Eroski, la empresa había anunciado rebajas de precio significativas y ha asegurado que esta campaña "responde estrictamente a la tradicional política comercial de la compañía".

"Habíamos hecho otras campañas de promoción en las ferias y en los mercados, pero no con los supermercados, y hemos hecho un acuerdo con Caprabo porque su respuesta fue rápida y ya tenía experiencia", dijo el consejero. Caprabo también tiene acuerdos de promoción con otros gobiernos autónomos.

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