AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 17 Septiembre 2008

Concentración en Vitoria organizada por la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística
DENAES 17 Septiembre 2008

Estimados amigos:
Mediante este escrito, la Fundación DENAES para la Defensa de la Nación Española desea dar a conocer y al mismo tiempo manifestar su apoyo a la próxima concentración en Vitoria, el 20 de septiembre a las 17,30 horas, frente al palacio de Ajuria Enea, organizada por la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística. El objetivo de esta movilización civil, que coincide plenamente con el pensamiento y la línea de actuación de DENAES, es exigir al lehendakari Ibarreche que los padres del País Vasco puedan elegir libremente en cuál de las dos lenguas quieren que sus hijos cursen sus estudios; así como expresar su rechazo -nuestro rechazo- a la reforma impulsada por el departamento de Educación de dicho gobierno autónomo, el cual permitirá la implantación de un modelo único con el euskera como lengua principal (70%) acabando así también con el modelo trilingüe y relegando al otro idioma oficial, y lengua materna de la mayoría de los alumnos, a la única asignatura de Lengua Castellana.

La Fundación DENAES considera que, dada la situación actual de inmersión lingüística que sufren algunas comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco, junto a la vergonzosa impunidad -permitida cuando no apoyada por el propio Gobierno de Zapatero- con la que actúan la mayor parte de sus dirigentes, sólo la rebelión cívica se revela finalmente eficaz en la lucha frente al fatal proceso de manipulación, falsificación y descomposición de la Nación Española. De ahí que, convencidos de su utilidad, os animemos a participar en este acto y en cuantos se organicen en toda España para impedir la consecución final del mencionado proceso.

Para asistir a la concentración, la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística pone a disposición de los ciudadanos varios autobuses que saldrán
De la Plaza Moyua en Bilbao a las 16:00
De la Iglesia de las Mercedes en Getxo a las 16:00
Reserva de plaza en el 691 33 40 74

FUNDACIÓN DENAES
APARTADO DE CORREOS 238 · SANTANDER
39080 - SANTANDER · Tel.: 628585607
www.nacionespanola.org
fundacion@nacionespanola.org

Lenguas minoritarias
Manuel Molares do Val Periodista Digital 17 Septiembre 2008

Quienes protestan públicamente porque la Xunta de Galicia impone el idioma local en todas las actividades públicas mientras se excluye el castellano son una minoría, dice el presidente Pérez Touriño.

Extraña minoría: según un estudio de la Universidad de Compostela, casi el ochenta por ciento de los alumnos gallegos de ESO son bilingües, pero tienen como principal idioma el castellano.

Son gente que no se queja públicamente contra la desaparición del castellano de toda actividad pública porque no desea exponerse a las iras de quienes al tener el gallego como sagrada religión obligatoria, persiguen con santa ira a sacrílegos y herejes.

Sí protestan unos 300 empresarios del Club Financiero de Vigo, que generan un tercio del PIB gallego: han elaborado un comunicado contra las leyes lingüísticas que ahogan crecientemente su expresión comercial y empresarial, que para ellos son el castellano y el inglés.

Advierten que frecuentemente pierden directivos ideales para sus actividades porque los mejores no quieren ir a una Galicia en la que ellos y sus hijos serán sometidos a innecesarios condicionantes culturales e idiomáticos.

Qué lejos está Galicia de la verdaderamente céltica Irlanda, donde renunciaron al gaélico en la vida pública por el inglés: siendo más pobre que España pasó a ser una de las primeras rentas del mundo al atraer inversiones con al idioma de los antiguos opresores inglese.

Pero imaginemos que, como dice Touriño, quienes se quejan de la imposición oficial del gallego son una minoría. Bien: aunque sólo representara al cinco por ciento, tal minoría debería ser atendida y sus derechos, respetados.

Aunque resulta que no: esa “minoría” del ochenta por ciento de los gallegos, bilingües, con preferencia castellanohablante, debe someterse al patriotismo idiomático de una “mayoría” del veinte por ciento.

¿Por qué los proetarras siguen en los ayuntamientos?
Si hace 2 años se tomó la decisión de disolver el ayuntamiento de Marbella, ¿qué no habría de hacerse en el caso de estos cuatro centenares largos de ayuntamientos donde se sientan miembros de un partido declarado ilegal por sus vinculaciones con la ETA?
EDITORIAL Libertad Digital 17 Septiembre 2008




A día de hoy 42 municipios en cuatro provincias son gobernados por un partido ilegal. 43 alcaldes, 25 de ellos elegidos por mayoría absoluta, a los que hay que sumar 432 concejales repartidos por el País Vasco, Navarra y el condado de Treviño, un pedazo de la provincia de Burgos que el nacionalismo vasco reclama para sí. Este es el poder contante y sonante con del que dispondrá la ya extinta Acción Nacionalista Vasca hasta las elecciones municipales de 2011, año en el que los amigos de la ETA se verán obligados a buscarse una nueva coartada política para recobrar el poder y usarlo en consecuencia. Es un misterio si para entonces el Gobierno habrá cambiado nuevamente de opinión y los proetarras podrán burlar, una vez más, la letra y el espíritu de la Ley.

Por de pronto, van a seguir mandando donde ya lo hacen, y donde no estarán plenamente facultados para influir, votar, elegir y ser elegidos. Y todo eso a pesar de que su partido es ilegal, tan ilegal como Batasuna, tan ilegal como Euskal Herritarrok, tan ilegal, en suma, como cualquier formación política que forme parte, ampare o sea un instrumento de una banda terrorista. Esto ya lo sabíamos hace año y medio, cuando, con el objetivo declarado de esquivar la Ley, presentaron sus listas en las elecciones locales. Se denunció entonces desde la prensa y desde la calle, pero el Gobierno Zapatero, más interesado en salvar in extremis su "proceso de paz" que en hacer cumplir la Ley, permitió que los neobatasunos se hiciesen con un parte nada desdeñable del poder municipal en el País Vasco.

Con el daño ya hecho, sólo cabe pedir enérgicamente que los ayuntamientos donde figuren concejales de ANV sean disueltos sin más demora. Y no por un capricho, sino en aplicación de la legislación vigente, que en su Artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local es concluyente al respecto. No sería, además, la primera vez que esto sucede, es decir, que se suspende una corporación municipal, aunque, eso sí, por causas diferentes. Si hace dos años se tomó la decisión de disolver el ayuntamiento de Marbella por irregularidades urbanísticas, ¿qué no habría de hacerse en el caso de esos más de cuarenta ayuntamientos gobernados por un partido declarado ilegal por sus vinculaciones con la ETA?

La pelota está de nuevo en el tejado del Gobierno, que tan satisfecho se ha mostrado tras la ilegalización de un partido del que, hace sólo 18 meses, decían que era inofensivo. Hoy ya no lo es, pero sus representantes, que han obtenido suculentas subvenciones en concepto de grupo institucional, siguen siéndolo porque siguen donde están. ¿Hará falta que la ETA ponga unos cuantos muertos sobre la mesa para reblandecer a Zapatero? O, si las tornas cambian, ¿será el propio Zapatero el que afloje el dogal que ahora ha apretado buscando el aplauso de la opinión pública? Visto lo visto, el Gobierno carece por entero de política antiterrorista y parchea aquí y allá según le va conviniendo y según va cambiando el momento político. Ahora, por ejemplo, toca dureza porque el panorama no está para abrirse más frentes de los que la crisis económica le ha abierto. Mañana, Dios dirá.

Estatut y referéndum de Ibarretxe
Rajoy, en nómina de Pepiño
El impecable razonamiento jurídico que avala esa resolución del Tribunal, de hecho, incorpora la doctrina derogatoria de todos y cada uno de los desvaríos soberanistas cometidos por Zetapé y Mas con nocturnidad, alevosía y varias cajetillas de Fortuna.
José García Domínguez Libertad Digital 17 Septiembre 2008

El eco mediático de la penúltima torpeza de Rajoy –ahora a cuenta de los inmigrantes– está teniendo la virtud balsámica para el Gobierno de ocultar la carga de profundidad contra el Estatut incluida en la sentencia del Constitucional que, con fecha once de septiembre –¿sarcasmos del azar?–, ha declarado ilegal el referéndum de Ibarretxe. Y es que el impecable razonamiento jurídico que avala esa resolución del Tribunal, de hecho, incorpora la doctrina derogatoria de todos y cada uno de los desvaríos soberanistas cometidos por Zetapé y Mas con nocturnidad, alevosía y varias cajetillas de Fortuna en un despacho de La Moncloa. Así, el Constitucional acaba de obligarse a interpretar el golpismo confederal de los apartados del Estatut relacionados con la financiación, las competencias de la Generalidad y las relaciones con el Estado a la luz del siguiente recordatorio nacido de su propio puño y letra:

El respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquellos que afecten al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se susciten abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines (...) No caben actuaciones por otros cauces ni de las comunidades autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión del constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político.

Lúcida, lucida y unánime reflexión de los magistrados que viene a colocar el foco sobre la genuina aberración jurídica y política del Estatut. Una tara de origen que, por cierto, nada tiene que ver con el chusco guirigay periodístico acerca de si Cataluña es o deja de ser una nación. Pues ni en el preámbulo ni en ninguno de los 223 artículos restantes de la ley se afirma que Cataluña sea tal cosa. Sin embargo, en ese mismo texto sí se insiste por activa, pasiva y perifrástica en la fantasía de que "los poderes de la Generalidad emanan del pueblo catalán".

Extravío germinal que junto a otra peregrina ilusión mítica –la que sostiene que entre Cataluña y España rige un ignoto "pacto"– da pábulo a la delirante pretensión de que las relaciones entre la Generalidad y el Gobierno del Estado se basen en el muy confederal y soberanista principio de bilateralidad, como si de una entente entre iguales se tratara. A ese respecto, la sentencia del Constitucional es demoledoramente clara y no deja ni un solo resquicio de esperanza a los padres putativos de la criatura.

En fin, suerte que al PSOE aún le queda Rajoy para desviar la atención.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

ANV, ilegalización justa y tardía
Editorial ABC 17 Septiembre 2008

LA ilegalización y la disolución eran el fin natural de Acción Nacionalista Vasca, como formación sierva de la estrategia de ETA, que se puso a disposición de la organización terrorista en sustitución del entramado batasuno, duramente golpeado por la aplicación de la Ley de Partidos Políticos y el Código Penal. La decisión unánime de la Sala Especial del Tribunal Supremo ha dado carta de naturaleza judicial a lo que era una realidad indiscutible. No en vano ANV ya tenía suspendida cautelarmente su actividad por decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Las pruebas de los servicios de Información de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han permitido a los magistrados del alto Tribunal dictar una sentencia -de la que sólo se conoce el fallo- que restaura en parte el daño hecho por las cesiones políticas del Gobierno a ETA en la negociación que mantuvieron durante la tregua. La sentencia conlleva muchos beneficios: impone la ley sobre la ilegalidad, expulsa del juego democrático a una organización filoterrorista, refuerza el Estado, merma parcialmente una importante fuente de ingresos del entramado proetarra y estrecha el cerco sobre ETA, que ayer mismo replicó al golpe del Tribunal Supremo intentando asesinar a un policía en Bilbao, que providencialmente salvó su vida al no explotar la bomba lapa que los terroristas habían colocado en los bajos de su vehículo.

Pero a pesar de esos beneficios, es una sentencia que llega tarde porque tardía fue la reacción del Gobierno, y sólo motivada por la necesidad política de responder a la revocación de la tregua, no por un impulso democrático sincero. Por llegar tarde, los concejales de ANV conservarán sus actas y seguirán votando y decidiendo en los ayuntamientos vascos y navarros, porque la sentencia del TS no elimina los derechos de participación política de cada electo, sino los de la organización ilegalizada y disuelta. Desde el momento en que ANV pudo participar con la mitad de sus candidaturas en las elecciones municipales el mayor daño ya estaba hecho: ETA había vuelto a las instituciones locales de donde fue expulsada. Aquel cálculo táctico de Rodríguez Zapatero de apaciguar a ETA haciéndole concesiones fue un error que se pagará hasta los próximos comicios municipales. Lo responsable es sacar las conclusiones adecuadas de estos experimentos realizados con el Estado de Derecho y que el PSOE no vuelva a incurrir en nuevas irresponsabilidades de cara a las elecciones autonómicas del País Vasco, previstas para el próximo año. Hoy, la Sala Especial del TS analizará las demandas de ilegalización contra el PCTV y si son estimadas, se abrirá la posibilidad real de que, por primera vez, el Parlamento vasco no acoja a ETA.

Ahora el Gobierno tiene en sus manos cerrar el círculo de los efectos políticos de la sentencia del TS y promover la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. Cuando el Estado de Derecho tiene recursos para reparar sus anomalías, la obligación de los poderes públicos es utilizarlos en su integridad, más aún cuando esa anomalía consiste en la detentación de poder político por ETA. Además, es oportuno revisar la Ley de Partido Políticos y valorar la experiencia de estos años de aplicación judicial. La ilegalización de grupos filoterroristas no consuma la limpieza democrática que sería deseable en estos casos porque sus electos permanecen en las instituciones. Sería oportuno estudiar una reforma que contemplara la inhabilitación de los concejales de la formación ilegalizada que se negaran a realizar una declaración pública y expresa de repudio de la violencia, porque quien es elegido con las siglas de un testaferro de ETA no se rehabilita democráticamente sólo por quedarse sin partido o sin una parte de los fondos públicos de su grupo municipal. Los jueces han ejercido su función aplicando la ley -tanto al ilegalizar a ANV como al declarar inconstitucional el «plan Ibarretxe II»- y ahora corresponde al Gobierno y al Parlamento llevar la defensa del orden democrático hasta sus últimas consecuencias, completando los efectos de las decisiones judiciales y demostrando políticamente que realmente se apuesta por la derrota incondicional de ETA.

Ilegalización de ANV
¿Por qué ahora sí?
Pero pese a la lógica alegría por esta resolución, no podemos ni debemos olvidar que ha sido el Gobierno Zapatero el que durante años ha permitido que los miembros de ANV estuvieran en las instituciones democráticas
Ignacio Villa Libertad Digital 17 Septiembre 2008

La decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar Acción Nacionalista Vasca vuelve a traernos a la memoria los momentos más negros de la pasada legislatura. Y deja en evidencia a un Gobierno acostumbrado a mentir a los españoles. Escuchar ahora a Zapatero, Rubalcaba y Alonso alegrarse y echarse flores por la ilegalización contrasta radicalmente con las declaraciones que hacían ellos mismos en la época en que defendían a capa y espada la legalidad de esas siglas que eran y que son una franquicia de ETA-Batasuna.

¿Que ha cambiado de entonces a ahora? Pues sencillamente nada. Es una cuestión de conveniencia política. Al PSOE no le interesaba entonces hacer cumplir la ley porque se encontraban metidos de lleno en el proceso de rendición con los terroristas etarras. Ahora parece que, de momento, los intereses son otros y por lo tanto han decidido llevar al Supremo la ilegalización de esas siglas. De todas formas, los 450 concejales de ANV en el País Vasco y Navarra no perderán su concejalía, aun pasando al grupo mixto. De hecho, seguirán gobernando sin ninguna duda en las 42 localidades donde ostentan la alcaldía.

La sentencia del Supremo es una gran noticia para la democracia. Se desmonta una nueva guarida para terroristas y se vuelve a quebrar una estructura política y social que formaba parte del entramado etarra. Pero pese a la lógica alegría por esta resolución, no podemos ni debemos olvidar que ha sido el Gobierno Zapatero el que durante años ha permitido que los miembros de ANV estuvieran en las instituciones democráticas, cabe suponer que como parte de las condiciones para mantener abiertas las negociaciones con los terroristas etarras. ¿Por que ahora sí y antes no? ¿Qué ha pasado para que de repente las franquicias de ETA incumplan la ley de partidos? Pues simplemente que el PSOE ha cambiado de estrategia. Un nuevo camino que sin duda es preferible al anterior, pero de que cuya sinceridad no cabe fiarse, visto lo visto.

Porque las hemerotecas no engañan: las mentiras de Zapatero y de su Gobierno no se sostienen. Fue tal la desfachatez defendiendo la legalidad de la nueva marca de Batasuna que a nadie con un mínimo de vergüenza se le ocurriría ahora sostener lo contrario, aunque este Ejecutivo sea capaz de eso y mucho más. Los mismos socialistas que han defendido a ANV ahora la condenan; ¿cómo podremos fiarnos de que mañana no volverán a las andadas?

Zapatero habilitó a ETA.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 17 Septiembre 2008

Zapatero, en los tiempos de su encamamiento con ETA, habilitó a la cosa política de la banda terrorista para que se presentase a las pasadas elecciones municipales al impedir que el Tribunal Supremo decretase el bloqueo del acceso de toda la ANV a las elecciones pues solo impugnó la mitad de las listas en un ejercicio infame de pampaneo. La otra mitad de las listas de ANV – ETA se presentaron y salieron muchos que ahora están en los ayuntamientos del País Vasco. Como dice un amigo, lo que hizo ZP fue decir que la mitad del contenido de una botella es apto para el consumo y que la otra mitad es pernicioso para la salud y se considera capaz de separar la mitad en buen estado y hacer que se consuma. Zapatero sabía que ANV es ETA y dejó que se presentasen, y lo sabía porque por lo menos supo que la mitad de sus listas eran de ETA de donde podría haber colegido que eran todas, pero se tapó os ojos pero después de haber visto que ETA estaba en ANV y no quiso colegir nada. Los hechos son que ordenó que la mitad fuese impugnada y dijo que la otra mitad era trigo limpio, pero no lo es.

No obstante, aun si asumimos que no lo sabía, la realidad es que dejó presentarse a unos tipos que ayer dijo el Tribunal Supremo que son sucesores de Batasuna y ya que está dictaminado judicialmente que Batasuna era la misma ETA, podemos decir que ANV es ETA y que Zapatero habilitó a ETA para presentarse a las elecciones municipales.

Si lo sabía porque lo sabía, y si no lo sabía por inepto ZP debe dimitir y con él su ministro del Interior, su ministro de Justicia y su Fiscal General del Estado que participaron en aquel aquelarre esperpéntico.

Que el pampaneo con ETA sigue lo demuestran las palabras de Rubalcaba que publica hoy El País y en las que dice el ministro que el gobierno “"no se plantea instar la disolución de ningún ayuntamiento con mayoría de ANV”. Está ya decretado que ANV es ETA, y ni el ministro ni Zapatero se plantea echarles.

La ley de Bases del Régimen Local, en su artículo 61.2 se dice:

“Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”

No soy jurista, ni he estudiado derecho pero si en el seno de un ayuntamiento hay tipos de ETA, incluso gobernándolo, es de cajón entender que ese ayuntamiento está dando no solo cobertura sino también dineros a los terroristas. Zapatero sabe que tiene que dejarles donde están porque no le estorban.

Vivimos en un país en el que somos tan garantistas que nos parece normal que tengamos a gentes de la banda ETA en los ayuntamientos y no salgamos a la calle a pedir que se eche a los terroristas, que no se financien con dinero público y para exigir a Zapatero a que inicie el proceso de disolución de todos los ayuntamientos en los que hay gente de ETA. Pero da la casualidad de que ji ji ji ja ja ja aquí no pasa ná.

Ilegalización de ANV
Cuánto tiempo perdido
Si quieren que nos creamos que algo ha cambiado, deberán solicitar la disolución de todos los ayuntamientos de ANV mañana mismo.
Juan Morote Libertad Digital 17 Septiembre 2008

La Sala especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha vuelto a asumir el protagonismo. Fue la misma Sala que decretó ilegales la mitad de las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca, ex PCTV, ex Batasuna, ex Herri Batasuna y ex lo de siempre. En aquel momento no pudo hacer otra cosa, porque la legitimación activa para solicitar la ilegalización la comparten el Fiscal General del Estado, es decir, Cándido, o sea, Bermejo, dizque Zapatero, y la Abogacía del Estado, que viene todo a ser uno. Y es que según la Ley de Partidos nadie más puede instar la ilegalización de un partido.

En aquellos días de mayo de 2007, previos a la celebración de las elecciones municipales, andaba el Gobierno enredado en salvar su proceso de paz, y es muy conveniente recordar que don José Blanco se permitía por aquel entonces darle lecciones al PP de respeto al trabajo de los magistrados del Supremo. ¡Pero don José! Si se abriera un procedimiento por el asesinato de Montesquieu, a su calificación lo adornarían las agravantes de alevosía y ensañamiento.

Ahora han cambiado las tornas, ya no hay superávit, ya no hay creación de empleo, ya no hay capacidad para hacer AVEs absurdos, en el corazón de Europa manda la derecha, ya no mueren americanos en Irak, Estados Unidos está ganando la guerra, Bush agota su último mandato y hasta parece que el Zapatero yanqui, Obama, no va a ganar. ¿Qué le queda al Gobierno? Necesita recuperar imagen como sea. Dado que son maestros en el arte de la mentira, pretenden que creamos que siempre han buscado la ilegalización de ANV. ¡Cuánta razón tenía Revel! Sería esta la causa que motivó que la Asociación de Víctimas del Terrorismo convocara una manifestación sin precedentes, para celebrar la acción del Gobierno.

Quedamos quienes nos acordamos de la persecución a José Alcaraz por parte del aparato de picar carne que es el tándem PRISA-PSOE. También recordamos cuando Patxi López, el "Montilla euskaldún", decía que la ilegalización de ANV era una pretensión y una obsesión del PP. Claro que era una obsesión de aquel PP, como que Mayor, Iturgáiz, San Gil y muchos otros sabían que el Gobierno estaba cometiendo una felonía no instando la ilegalización.

Hoy, casi un año y medio después, cuando al Gobierno le ha convenido, el Tribunal Supremo ha ilegalizado ANV. Habrá quien diga que sigo siendo un agorero por no alegrarme, pero me duele el dinero que, salido del bolsillo del contribuyente, ha ido a parar a ANV (o sea, a ETA), cuando se podía y debía haber evitado. Y eso ha sido con el conocimiento y el consentimiento tanto del PSE-PSOE, como del PNV. Si quieren que nos creamos que algo ha cambiado, deberán solicitar la disolución de todos los ayuntamientos de ANV mañana mismo.

Se ha perdido mucho tiempo, demasiado tiempo, contemporizando con asesinos, esperando una babosa recompensa en forma de rédito electoral, político. Es impresentable un Gobierno cuya estrategia de lucha contra el terrorismo cambia en función de sus intereses políticos, y no de la eficacia de la misma.

Sentencia contra el terror
EDITORIAL El Correo 17 Septiembre 2008

La disolución de ANV dictada por el Tribunal Supremo se convirtió ayer en la confirmación de un fallo que se daba por sentado y coincidió con el último intento de asesinato por parte de ETA mediante una bomba lapa colocada en el vehículo de un policía nacional. Las evidencias de que Batasuna, ya ilegalizada, se había adueñado de las siglas de una formación histórica para dar con ellas cobertura al terrorismo y para procurarse el máximo de presencia en las instituciones locales y forales de Euskadi y Navarra resultaban tan abrumadoras que parecía imposible un veredicto distinto al emitido por unanimidad por la Sala del 61. Lo que lleva a pensar que las deliberaciones sobre EHAK, que dicha Sala inicia hoy, probablemente conduzcan al mismo final.

La izquierda abertzale pretendió denunciar ayer que la resolución del Supremo era «una decisión política que ya estaba tomada», secundada en el fondo del argumento por los portavoces de las demás formaciones nacionalistas y de Izquierda Unida. El cinismo extremista y la fingida ingenuidad nacionalista intentaron soslayar que no todo es posible en democracia; que no cabe solaparse a la vez en la trama etarra y en las instituciones para brindar al terror una faz pública que propicie su perpetuación. La decisión del Tribunal Supremo agrava sin duda la debilidad y el desconcierto que han venido apoderándose de la izquierda abertzale tras la aplicación de la nueva Ley de Partidos. Ello unido a las tensiones generadas entre los activistas de ETA a raíz de su última ruptura de tregua -de la que dan cuenta recientes misivas de significados reclusos de la banda- confiere al momento una especial relevancia, acrecentada por la nueva constatación de que los terroristas siguen empeñados en matar. Es precisamente este último hecho el que obliga a los poderes del Estado a perseverar en el esfuerzo que conduzca cuanto antes a la irremisible derrota de ETA. De manera que la banda terrorista no pueda contar con resquicio ni oportunidad alguna para reactivarse y para regenerar sus maltrechas estructuras de relación y control social.

El fallo del Supremo pone en entredicho la coherencia de la actuación del Gobierno y de la Fiscalía General cuando optaron por impugnar unas y no otras listas electorales de ANV a los comicios locales de mayo de 2007, al tiempo que recuerda las incomprensibles dudas y renuencias entre las formaciones democráticas que, seis meses después del asesinato de Isaías Carrasco en Mondragón, permiten que electos de la izquierda abertzale continúen al frente de algunas alcaldías. Por eso mismo el milagroso fallo del artefacto letal que ayer estuvo a punto de costarle la vida a otro servidor público no debe ser contemplado como un incidente más, sino como la prueba de que el nacionalismo gobernante no puede desentenderse de su responsabilidad política a la hora de combatir a ETA y a quienes le dan cobertura con todos los instrumentos que brinda la legalidad sin que sobre él caigan todas las sospechas del interés electoral más reprochable.

Se despeja el horizonte constitucional
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ABC 17 Septiembre 2008

LA última buena noticia, en el ámbito jurídico-político, es la decisión de ilegalizar Acción Nacionalista Vasca, ANV, acordada unánimemente por la Sala 61 del Tribunal Supremo. ¿Estamos retomando, por ventura, el buen camino?

Hemos atravesado por una etapa con abundantes nubarrones. Parecía -y así era proclamado con cierta insistencia- que España podía descomponerse en una pluralidad de zonas territoriales, independientes unas de otras. Aparecieron en la escena pública unos personajes arrogantes que anunciaban el final de la actual configuración constitucional de España. Entre ellos, los portavoces de ANV. Se ha negado la unidad de nuestra Nación y se ha afirmado, por el contrario, que existen varias naciones en el territorio del Estado. «Lo que hay es un Estado plurinacional», se ha repetido en los medios de comunicación, mientras que la contestación al disparate, firme y contundente, apenas se percibía. ¡Ay de los tibios!
Este panorama oscuro ha empezado a iluminarse. El Tribunal Constitucional ha declarado que no tiene encaje en el presente ordenamiento jurídico-político, y por tanto es nula, la ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio, por la que se efectuó una convocatoria pública para recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política.

La presentación del texto, con ropaje literario atractivo, no ha engañado al Tribunal Constitucional. Los magistrados, de forma unánime, han ratificado la doctrina que fue establecida ya en 1981, en una de las primeras sentencias del tribunal: «La Constitución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional».

Se dijo así de formar clara en la STC 4/1981, de 2 de febrero, y últimamente se había recordado en la STC 247/2007, de 12 de diciembre.

Pero unos cuantos irresponsables o ignorantes (da lo mismo) pretendieron convencernos de que la diversidad de las regiones españolas -hecho indiscutible- tenía que configurarse en un Estado plurinacional, o sea que las regiones y nacionalidades que ampara la Constitución (art. 1,2) eran «naciones», y que la autonomía era una forma de soberanía.
Se ha venido actuando sin tener en cuenta lo que la Constitución establece. Es cierto que los textos constitucionales pueden (y deben) ser reformados, adaptándolos a las nuevas exigencias y nuevas circunstancias. Las Constituciones no son dogmas intocables, ni una generación política puede dejar una herencia que han de aceptar sin derecho a inventario los futuros ciudadanos. Pero la reforma ha de efectuarse siguiendo el procedimiento que la propia Constitución señala.

Bien lo ha proclamado el Tribunal Constitucional en su sentencia del día 11 de septiembre (casualmente la fecha de la «Diada Nacional de Cataluña», como con ironía ha destacado Andrés Betancor): «No caben -sentencia el tribunal- actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la voluntad del Pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político».

Con estas claras afirmaciones el horizonte político se está despejando. Sin embargo, nos han colocado sobre el tapete de nuestras preocupaciones otros asuntos que confunden a muchos e inquietan a todos.

Se intenta no distinguir, por ejemplo, entre la investigación histórica y la investigación judicial. Todos los españoles tenemos derecho a saber lo que le ocurrió a cualquiera de nuestros parientes, o simplemente amigos, en la terrible época de la República desvirtuada, la Guerra Civil y a partir de 1939. El historiador tiene el cometido de penetrar en ese tiempo pasado y facilitarnos la mayor información posible. Y el historiador puede solicitar las ayudas que necesite, verbigracia a los organismos ministeriales dotados de medios eficaces al efecto. (Un ejemplo a tener en cuenta lo acaba de dar Manuel Aguilera con su lista de 982 socialistas, comunistas, anarquistas, etc., asesinados en la denominada «zona republicana» por los propios antifascistas: rojos contra rojos).

Diferente, en cambio, es una investigación judicial cuando, como ocurre en este caso, el magistrado está paralizado por una amnistía que le impone el olvido completo.

Hace unos años, en 1996 y 1998, tuve la oportunidad de discrepar en el Tribunal Constitucional de la denegación del amparo a unos recurrentes que fueron víctimas de instrucciones cuasi demoníacas, en el sentido que el demonio tiene en el pensamiento griego clásico, como violador de las reglas de la razón en nombre de una luz trascendente que es no sólo del orden del conocimiento, sino también del orden del destino; se abrió una causa general que se convirtió en el cauce de cualquier denuncia de hechos sin la más mínima relación con el objeto del proceso penal.

Naturalmente al redactar esos Votos particulares a las SSTC 63/1996 y 41/1998 no pude prever que mis opiniones recobrarían actualidad con lo que ahora sucede.

Otro asunto que dificulta la buena convivencia de los españoles es la forma de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pero la culpa no es de los que han intervenido en la última renovación, sino de los que revisaron el sistema en 1985. El 10 de marzo de ese año 1985, al hacerse público el cambio, yo escribí un artículo en los periódicos que titulé «Cambio constitucional sin reforma del texto». Luego he insistido con la misma crítica en algunos libros. Terminaba mi análisis con estas palabras: «A partir de ahora hablar del ´Poder Judicial´ puede ser una broma, que algunos considerarán de mal gusto».

Recuerdo con tristeza que fueron muy pocos los que reaccionaron públicamente en aquel momento contra la mutación constitucional. Otra vez los tibios señalaron el cómodo camino a seguir.

Igual que se ha detenido el proceso de los independentistas (más o menos encubiertos) hay que confiar en que la administración de Justicia mejorará en un futuro próximo, y que recuperará su buena imagen el órgano del Gobierno de los jueces. Los magistrados de la Sala del 61 nos animan a pensar que el horizonte constitucional se despejará un día completamente.

ANV, fuera de la ley
Germán Yanke Estrella Digital 17 Septiembre 2008

Queda el famoso Partido Comunista de las Tierras Vascas (al que le toca turno hoy), pero desde ayer Acción Nacionalista Vasca es un partido ilegalizado y disuelto. Hay que felicitarse. Es verdad que, como repetía en otras circunstancias el actual ministro de Justicia, la ilegalización de un partido político afecta al núcleo de la democracia y, por tanto, debe tomarse con seriedad, pero en este caso —como en el de Batasuna, como en el pendiente por unas horas del PCTV— no se trata de colocar unas ideas fuera de la ley. Se trata, como se ha reiterado tantas veces, de una organización que se coloca fuera de la ley, y así lo reconocen los tribunales, por formar parte de una trama terrorista, la de ETA, a la que sirven y de la que dependen. Tiene razón Fernández Bermejo: hay cosas que el núcleo fundamental de una democracia no puede permitir si quiere sobrevivir y respetar los derechos de los ciudadanos.

Hay que felicitarse, por tanto, pero también reflexionar un poco. En la posición del Gobierno hay que anotar el más vale tarde que nunca, aunque no es de recibo a estas alturas que se diga que siempre estuvo a favor de la ilegalización y que sólo esperó a tener las pruebas pertinentes para la demanda basada en la relación de sucesión o continuación de Batasuna. No es de recibo porque las pruebas presentadas no son el colofón de una nueva investigación, sino datos ya conocidos, subrayados en informes, propios de la contemplación racional de lo que ocurría en el País Vasco y, la parte fundamental de ellos, la base alegada por quienes, desde la oposición y desde diversas organizaciones cívicas, pedían la actuación urgente del Gobierno.

No se hizo entonces y se hizo después porque se consideró que, en pleno “proceso” mal llamado de paz, constituía un inconveniente. Si se estaba tratando de ver cómo se negociaba la continuación de la suspensión de actividades terroristas, incluso hablando de ello con la ya ilegalizada Batasuna, no se iba a demandar a sus continuadores, que podían ser, en el laberinto absurdo en el que se metió el Gobierno, la vía de escape hacia la “política” de terroristas y sus secuaces. Y se hizo cuando el “proceso” fracasó o, más bien, cuando las reiteradas actuaciones de la banda demostraron que ya había fracasado tiempo atrás.

Le reflexión necesaria, en este contexto, no debe ser sólo acerca del fracaso del Gobierno en el “proceso”, ni incluso sobre el modo en que fue ridiculizado por un grupo de terroristas. Lo que se debería considerar ahora es que, ni en un periodo de alto el fuego, ni ante los señuelos (interesados y siempre falsos) de ETA se puede dejar de cumplir a rajatabla la ley. La enseñanza de lo ocurrido no es sólo, insisto, que en la banda terrorista no hay resortes internos para su autodisolución (porque la violencia no es únicamente su instrumento sino su entraña ideológica). También tenemos que aprender, y el Gobierno el primero, que la ley está por encima de las ensoñaciones, las maquinaciones e incluso la buena voluntad.

Batasuna y ANV estaban fuera de la ley, y debían ser perseguidas, antes, durante y después del intento de final dialogado. La ley que había que aplicar a De Juana Chaos era la misma durante y después del “proceso”. Ahora triunfa la ley, se dice muy ajustadamente. Pero debió triunfar siempre.

Salvado por los tribunales
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 17 Septiembre 2008

Entre las muchas definiciones de nuestro presidente de Gobierno, hay una que le viene como anillo al dedo: especialista en resolver problemas que él mismo ha creado. Primero, el disgusto: luego, el gusto. El Tribunal Supremo acaba de ilegalizar de un plumazo Acción Nacionalista Vasca, al encontrar indicios suficientes de que se trata de una terminal de Batasuna, instrumento a su vez de ETA. Tan simple y tan claro como esto. Está muy bien. Lo que ya no lo está tanto es que se haya tardado tanto tiempo y que en el camino se hayan quedado 42 ayuntamientos vascos y navarros en manos de la firma abertzale, con 320 concejales que seguirán en sus cargos al haber sido elegidos legalmente. Si no se les hubiera permitido presentarse a las elecciones municipales, nos hubiéramos ahorrado todo ello. José Antonio Alonso, ese juez que Zapatero se ha buscado como abogado en sus líos, nos dice que el Gobierno presentó recurso contra aquellos candidatos de ANV contra los que había causa suficiente. Pero si el Tribunal Supremo ha encontrado causa suficiente para ilegalizarlos a todos, o no buscaron bien o seguían albergando la esperanza de que su gesto amistoso empujara a ETA a negociar. Porque con este Gobierno ya estamos apercibidos, para saber de qué va la cosa, hay que imaginar lo contrario de lo que dice. Al final, habrá que agradecer a los etarras que sean tan bestias, porque con que lo fueran un poco menos, a estas horas estarían ya, no en los ayuntamientos, sino en el mismísimo Gobierno vasco, bajo la sonrisa meliflua de Zapatero.

Pero, en fin, gracias a su brutalidad y a un momento de lucidez en el Tribunal Supremo, se ha conseguido cortar ese tentáculo de la banda terrorista, aunque ahora habrá que desalojar de los cargos a sus miembros, cosa que sólo podrá hacerse en aquellos ayuntamientos donde no tienen mayoría absoluta, veinticinco. Y eso si los socialistas vascos y navarros están por la labor, cosa aún por ver. Pues con los nacionalistas moderados no hay que contar, aunque una de las primeras cosas que harían los chicos de ETA de alcanzar el poder verdadero sería despachárnoslos al resto de España o a algún sitio peor.
Ahora, para reparar el otro gran yerro del primer mandado zapateril sólo falta que el Tribunal Constitucional se pronuncie contra aquellos aspectos del nuevo estatuto catalán que desbordan la Constitución. Su reciente sentencia contra la consulta de Ibarretxe sentó ya las bases jurídicas de ello -nación española no hay más que una; Estado y Autonomías no pueden negociar de tú a tú-, pero ¿se atreverá? ¿Dará luz verde el Gobierno a los magistrados que le son afines? ¿O se dejará para después que los nuevos vocales tomen posesión de sus cargos y se haya salvado el formidable escollo de los próximos presupuestos, suponiendo que pueda salvarse? Es muy posible que ni el propio Zapatero lo sepa, tan liado está con los líos que ha montado.

Lástima que no haya un tribunal que pueda arreglar esa crisis económica en la que no había reparado mientras él se dedicaba a montarlos.

Batasuna, S. A.
TONIA ETXARRI El Correo 17 Septiembre 2008

Sin dilación, por unanimidad, sin votos particulares, los 16 magistrados de la 'Sala del 61' del Tribunal Supremo tenían tan clara la existencia de un vínculo entre ANV y Batasuna que, en cuanto la Abogacía del Estado y la Fiscalía General presentaron su demanda correspondiente, no tardaron en pronunciarse. ANV, como dijo el año pasado el juez Garzón de EHAK, es un «instrumento de ETA». De ahí la orden de disolución del grupo. Esa era una percepción que tenía la opinión pública en general, pero faltaba el detalle de que el Gobierno diera la orden para que el poder judicial investigara y actuara. Ahora, la izquierda abertzale, a la que no se le podía criminalizar hace un año, so pena de ser acusado de pretender instaurar un Guantánamo en Euskadi, está quedando fuera de juego.

En el caso de ANV, los 41 alcaldes y los 437 concejales de las instituciones vascas y navarras se quedarán sin el espacio de sus siglas, pero no sin actividad porque, seguramente, pasarán a formar otros grupos siguiendo la estela parlamentaria de Otegi cuando, por arte de birlibirloque y gracias al impagable apoyo de la Mesa del hemiciclo de Vitoria, pasó de ser representante de Batasuna al de Sozialista Abertzaleak. Y todos tan campantes.

Bueno, todos no. Los socialistas y los populares protestaron, pero les sirvió de poca cosa porque el argumentario nacionalista sobre la independencia del Parlamento vasco arrasó como una apisonadora en el hemiciclo de Vitoria, en donde se mezclaron alegremente conceptos tan distintos como el de la inmunidad y el de la impunidad de unos parlamentarios que, sin embargo, eran cómplices del entorno de ETA.

La orden de disolución de ANV nada tiene que ver con la «ilegalización de las ideas» como sostiene el Gobierno vasco. El hallazgo de pruebas que demuestran la vinculación de Batasuna y sus formaciones satélites tiene más relación con la complicidad con la banda que con la prohibición de ideas. Al PNV le parece una decisión desacertada. Lógico. Sabe que el ambiente en los pequeños pueblos en donde coinciden con los socios de Batasuna no será nada fácil para la convivencia, después de la decisión del Tribunal Supremo.

El caso es que se ha perdido un tiempo de oro desde que ANV presentó sus listas y la Fiscalía, que depende del Gobierno, tan sólo cuestionó la mitad de las candidaturas. Porque ANV pasó de ser una formación histórica con cuatro militantes y una trikitrixa a formar parte de la «caja única» de Batasuna, con sedes sociales y consignas compartidas.

Están en los ayuntamientos desde las pasadas elecciones municipales gracias a que la Fiscalía no actuó con la decisión que se le requería. Por eso, la pregunta que formula el nacionalista Erkoreka -«¿por qué si hace un año y medio ANV podía ser legal hoy se le prohíbe radicalmente su actuación en el terreno político?»-, aunque dicho por él suene a sarcasmo, tiene sentido.

Ilegalización de ANV
El polvo de las togas de los fiscales
¿Cuánto va a que no se disuelven los consistorios controlados por los ilegalizados etarras?
Isabel Durán Libertad Digital 17 Septiembre 2008

Está escrito en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. En su boletín del 17 de octubre de 2007, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo aseguraba: "Se volverán a dar las condiciones para que la resolución aprobada en esta Cámara vuelva a tener vigencia". Ni se dieron ni se verificaron las condiciones, pero el Gobierno negoció con los terroristas con dos muertos enterrados bajo los escombros de la T-4, los cadáveres de dos agentes en Capbreton y las pistolas y la dinamita, robadas en Francia y escondidas en "proyectos de zulos", todavía humeantes.

A esta memorable declaración solemne hay que añadir otra no menos célebre para que no flaquee la tan débil memoria de los españoles tan ahítos de la mal llamada paz de Zapatero. Esta vez fue su colega de puñetas, el ínclito Fiscal General del Estado, quien en sede parlamentaria, de nuevo, aclaró el sometimiento del Estado de Derecho a la voluble voluntad de los políticos de turno. "El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino", dijo Cándido Conde-Pumpido en el Senado. Entonces se trataba de no obstaculizar "el proceso", de llamar a Otegi "hombre de paz" y pasear a De Juana con la novia. El Ejecutivo de Zeta y aledaños quebraron la legalidad para bailar al son de los terroristas.

Ahora, cuando llega la tardía pero imprescindible ilegalización de la marca municipal etarra introducida a traición en las instituciones democráticas, los criminales tienen las arcas llenas. Más de 230 millones de euros sólo por sus casi medio millar de concejales, sin contar con las sabrosas subvenciones del Parlamento de Vitoria. La serpiente tiene sus huevos bien colocados al albur de la teta del Estado, con los millones a buen recaudo.

Con una bomba lapa desactivada en los bajos del coche de un policía, De Juana Chaos "controlado" por Rubalcaba, Arnaldo Otegi agazapado en los aledaños de Loyola y lo que es más importante, un Gobierno a la desesperada por la túrmix económica mundial, ¿cuánto va a que no se disuelven los consistorios controlados por los ilegalizados etarras?

Tres sesiones de deliberación le han bastado los 16 togados del Tribunal Supremo para emitir su fallo de ilegalización de la franquicia etarra auspiciada por el Gabinete de Rodríguez Zapatero. Una ilegalización retrasada deliberadamente por el Ejecutivo, que se pone ahora las medallas. Pero la pregunta es: ¿cuándo volverán las togas de los fiscales a tomar contacto con el polvo del camino? Porque lo que es seguro, como dijo el ministro Bermejo, es que volverán.

ANV: la herencia del Proceso de Paz de Zapatero
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 17 Septiembre 2008

De los errores cometidos en el ahora innombrable Proceso de Paz el que ha tenido un efecto más pernicioso y cuyas secuelas padecemos y aún vamos a seguir padeciendo fue el consentir que los tentáculos políticos de ETA volvieran a las instituciones democráticas. Eso se lo debemos al Gobierno y de ello hemos de pedir cuentas al presidente Zapatero. Es la peor de la secuelas de su ceguera, su empecinamiento y su equivocación mesiánica con ETA. Otros asuntos como aquel enaltecimiento de Otegui a interlocutor de “paz”, o aquella excarcelación coyuntural y "humanitaria" de De Juana Chaos tuvieron mejor remedio, pero devolvernos a ETA a los ayuntamientos no lo tiene por ahora, aunque el Tribunal Supremo la haya declarado ilegal y lo que siempre hemos sabido que era: Un apéndice de la organización terrorista, un nuevo camuflaje de Batasuna.

El Gobierno también lo sabía pero en su tozudez ciega con el Proceso de Paz y aun después de la bomba de la T-4, quiso seguir dando una oportunidad a los etarras y como gesto de buena voluntad permitió esa presencia. Primero Zapatero y de la Vega hicieron sonoras afirmaciones sobre la legalidad de la formación, después fue el Fiscal Conde Pumpido y cuando el escándalo fue inaudito al ver quienes iban en las listas hicieron una de las más ruines maniobras con las listas . Impugnaron la mitad y dejaron presentarse a las demás, por ejemplo en Pamplona, aunque fuera de primera una “batasuna” reconocídisima , publica y presentada como tal en anteriores elecciones.

El Tribunal Supremo se quejó amargamente en su sentencia de la jugarreta de la Fiscalía. Solo pudo anular las listas que le presentaron para ser anuladas no pudiéndose pronunciar sobre aquellas a las que el Gobierno no encontró tacha, o mejor dicho, no quiso ni verla ni mirarla.

El mal ya estaba hecho. ANV irrumpió en los ayuntamientos , consiguió cientos de conejales y mas de 30 alcaldías. Y ahí siguen , imponiendo sus métodos y extendiendo el miedo contra todos aquellos a quienes consideran enemigos de sus delirios independentistas. Y ahí seguirán, cobrando cientos de millones de euros para las arcas etarras de los impuestos de los ciudadanos españoles. Ahí seguiran porque el Supremo ahora, una vez que la Fiscalía del Estado rectifico y propuso la ilegalización, ha podido dictar sentencia en tal sentido.

Pero la rectificación llega tarde y el remedio ya no es aplicable. Los etarras podrán mantenerse en los ayuntamientos. Es la nefasta secuela, la herencia de aquel Proceso de Paz con que tanto nos adoctrinaron y del que ahora no quiere ni oír hablar el señor Zapatero

Hacerse el tonto
EDURNE URIARTE ABC 17 Septiembre 2008

Gaspar Llamazares y Joan Herrera recibieron ayer la ilegalización de ANV con la estrategia habitual. Hacerse los tontos. Con un llamamiento a la «izquierda abertzale» para que cambie su representación política. Porque ellos, que gustan de la tontuna para este asunto, no quieren enterarse de que izquierda abertzale, llámese Batasuna, ANV o PCTV, y ETA son lo mismo. Y eso que se lo constataron de nuevo, también ayer, los etarras Urrosolo y Gisasola en su carta en Gara.

Exactamente la misma ha sido la estrategia del Gobierno durante cuatro años. Hacerse los tontos. Y negociar con los terroristas sin darse oficialmente por enterados de que lo son. No obstante lo cual y los inmensos esfuerzos invertidos en ello, el Supremo ha podido concluir lo que ya sabíamos todos los demás. Que ANV, o la izquierda abertzale, como dicen Urrosolo y Gisasola, es ETA. Hace tan solo un año, el Gobierno aún sostenía que la mitad de ANV era ETA, pero la otra mitad no. No tenemos pruebas, decían, con varios informes policiales sobre lo obvio encima de la mesa.

Pero hace dos, la pretensión de imbecilidad fue aún más lejos. Entonces, cuando el Gobierno pactó con ETA en Loyola, decía que lo hacía con un partido político, con Batasuna. Una negociación con los partidos vascos, llamó a lo que los etarras Urrosolo y Gisasola también reclaman como sus acuerdos. Los de ETA, los de la izquierda abertzale, los de Batasuna.
La ilegalización de ANV es el resultado no deseado de todo ese proceso. De un esfuerzo denodado por disfrazar a ETA para acordar con ella que se rompió porque el precio político se puso por las nubes, hasta para Zapatero que, cuando se trata de aflojar el bolsillo del Estado, el financiero y el político, es de extremada generosidad.

Algunos dirigentes del PP como Jaime Mayor dicen que ese proceso nunca se rompió realmente. Yo creo que sí, la ilegalización de ANV es una consecuencia, pero podría reanudarse en cualquier momento. La carta de Urrosolo y Gisasola es una invitación a Zapatero, no sólo al resto de ETA. Le basta con volver a hacerse un lío con la izquierda abertzale y ETA. Como Llamazares y Herrera.

Entusiasmo por el Islam y 11-M
Pío Moa Libertad Digital 17 Septiembre 2008

El entusiasmo por el Islam exhibido por Zapo, Cebrián y tantos otros –casualmente fervorosos también de la memoria chekista y de la colaboración con la ETA–, tiene que ver, sin duda, con el 11-m, pues no en vano fueron ellos sus principales beneficiarios. Y no beneficiarios pasivos de la matanza, como quien recibe una herencia o le toca la lotería, sino activos, extraordinariamente activos, no hay más que recordar cómo se movieron en aquellos días para atribuir el atentado a los islamistas, presentándolo como una justificable venganza y acusando de asesino a Aznar (las contradicciones son lo de menos en esta increíble farsa). Seguimos a oscuras sobre el asunto, y no nos ha aclarado nada fundamental la sentencia de un politizado juez pro socialista, cuya esposa, con la colaboración del marido, sacó inmediatamente un libro sobre el juicio para, dicho en términos vulgares, "forrarse" aprovechando la repercusión del caso; y no ha habido investigación sobre los indicios de origen policial. Todo ello concebible solo en una democracia tan estragada como la española.

Fueran quienes fueren los autores del 11-m, el resultado práctico ha sido el mismo: todo el beneficio para el PSOE ha provenido de la idea y la impresión de una autoría musulmana, inmediatamente justificada. Y los actos de agradecimiento comenzaron enseguida: ustedes recordarán que la primera medida importante de Zapo fue retirar de Irak a las tropas españolas que defendían a los iraquíes de asesinos parecidos a los "vengadores" del 11-m, e incitar a otros países a hacer lo mismo, lo que valió al gobierno la felicitación de los terroristas (también el PSOE tiene su propio historial terrorista). "Estamos orgullosos del Islam", acaba de decir Zapo. Faltaría más.

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El fascismo, decía Mussolini, es más cuestión de estilo que de doctrina. Para bien y para mal ha quedado como un estilo de imposición, de negación de las libertades para los demás. Del estilo de El País impidiendo la expresión ajena y defendiendo la censura puedo dar cuenta personalmente. Y basta mirar la constante campaña de Prisa por silenciar a Jiménez Losantos, y la sucia labor que en el mismo sentido desarrollan Gallardón y algunos otros del PP, para percibir el estilo fascista de unos y otros. Fascistoide o marxistoide si se prefiere, que en estas prácticas se parecen muchísimo.

**** Parece que el historiador stalinista Francisco Espinosa está indignado por una pequeña manipulación del diario El País a un artículo suyo. Nunca manifestó la menor preocupación cuando se me negó a mí el derecho de réplica, probablemente estuvo de acuerdo en ello, como tantos más.

Cataluña
Atrapados en el tiempo
El nacionalismo sigue siendo minoritario en la sociedad, pero abrumador y hegemónico en lo institucional, en las administraciones y, en general, en lo público. El no nacionalismo, mayoritario en la sociedad, sigue apartado en lo público.
Maite Nolla Libertad Digital 17 Septiembre 2008

Además de ver la colección completa de Los Soprano, una de mis actividades veraniegas ha sido la lectura de la reedición de Lo que queda de España. Después de la lectura de cada capítulo, instintivamente, vuelves al principio del libro para comprobar que es únicamente la reedición de una obra que tiene casi treinta años, y no una versión actualizada por su autor. Sólo las referencias al judío de Praga que escribe en alemán o a los gustos marroquíes de Juan Goytisolo te sitúan en una época y en la Barcelona de entonces. Y el mérito no es sólo de la visión y del análisis del autor, sino que la política catalana vive permanentemente atrapada en el tiempo, o en El día de la marmota, como Bill Murray, al que recordaba el sábado Santiago González en su artículo en El Mundo para referirse a Ibarretxe.

La foto de los actos de la Diada que publicó La Vanguardia podía ser la de 2004, 2005, 2006 o la de 2007; incluso la presencia de Maragall añade confusión al asunto. A los políticos de la foto se refirió Valentí Puig como una clase "artificiosa, caduca y bien instalada", a los que se podrían añadir los calificativos de aburrida y permanente. Y es que yo entré en política en otoño de 2005, y excepto por el hecho de que el PP de Cataluña se ha retrotraído a una época pre-Vidal-Quadras, cualquier análisis que se hiciera entonces, sirve para ahora. El nacionalismo sigue siendo minoritario en la sociedad, pero abrumador y hegemónico en lo institucional, en las administraciones y, en general, en lo público. El no nacionalismo, mayoritario en la sociedad, sigue apartado en lo público y, salvo excepciones, silente y silenciado.

Al igual que hace tres años, la clase política crea sus propios debates, ajenos a la gente e innecesarios. Entonces fue el Estatut y hoy es la financiación autonómica. Pero aunque sean debates exclusivos de los políticos, la mera discusión de su necesidad, fundamento o, jurídicamente, de su constitucionalidad, te sitúa en la marginalidad y en el anticatalanismo, cuando no en la anticatalanidad.

Y el debate sobre la financiación, como entonces el otro, sólo tiene por objeto bloquear cualquier crítica a un Gobierno autonómico dirigido por un títere –entonces Maragall y hoy Montilla–, amojonado en parcelitas de poder y con el grifo del gasto pasado de rosca. Por ejemplo, Montilla recibió grandes elogios por el mero hecho de enviar una carta a algunos departamentos para que éstos redujeran un veinticinco por cien el gasto. No se conoce cual ha sido la respuesta de los destinatarios o si se ha llevado efectivamente a cabo. No afecta a los departamentos que conllevan mayor gasto, como el de Salud. Tampoco sabemos si afecta a los informes sobre el cultivo de la habichuela en Noruega, tan bien pagados, o a las externalizaciones, que es el eufemismo que se utiliza para denominar a los encargos que se hacen a particulares –algunos casualmente próximos al PSC, como se publicó hace tiempo– para que hagan el trabajo propio de los funcionarios.

Y en frente, una oposición disgregada, compuesta por algunos dirigentes del PP, la mayoría de sus militantes y simpatizantes, Ciudadanos y la organización de Rosa Díez en Cataluña, disgregados todos ellos, asimismo, entre sí.

¿La solución? En próximas entregas, que ahora mismo no se me ocurre nada.

¡Váyase Sr. Rajoy!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 17 Septiembre 2008

¡Váyase Sr. Rajoy! Al menos eso es lo que le reclama el metomentodo y crispador José Blanco. Y quizás no le falte razón, porque cada vez que el Gobierno atraviesa una crisis y no solo económica, aparece el Sr. Rajoy soltando alguna coletilla inapropiada que es aprovechada cual clavo ardiente por sus asombrados “enemigos”. La inoportunidad de este poco carismático líder del PP es ya una rémora insufrible hasta por su propio partido. Lo malo es que la nueva cúpula nunca morderá la mano que le nombró.

La deriva del nuevo PP hacia posiciones pretendidamente centristas, causan perplejidad entre sus bases y la masa social que le confía su voto. Pero las salidas de tono y su incapacidad para ir más allá en hacer una verdadera oposición, causan indignación y frustración. Así que en muchos aspectos, debo estar de acuerdo en que el Sr. Rajoy no es la mejor opción salvo para el PSOE y este Gobierno, que asisten con regocijo a las perlas mediáticas que suelta. Es cierto que el que habla, yerra, pero el que habla sin pensar sus palabras, denota una imprudencia supina.

Lo verdaderamente esperpéntico es querer rectificar sin reconocer el error cometido. Al menos alguien que pretende alcanzar la más alta representación del Estado, debe tener el aplomo y la gallardía necesarios para admitir su traspié y pedir excusas. Lo dicho no admite interpretaciones y trasluce un tinte xenófobo inadmisible. Cuando se trata de temas tan sensibles como la inmigración, no se puede hablar tan a la ligera y criminalizar a quien honestamente solo ha contribuido al desarrollo social de España con su trabajo y por tanto, tiene todos los derechos que le corresponden por Ley a recibir los subsidios.

Creo honestamente que el PP y el Sr. Rajoy se equivocan. Las declaraciones y discursos hay que hacerlos en el Congreso de los Diputados. Las propuestas hay que presentarlas en ese hemiciclo, incluida la moción de censura. Lo que no puede hacerse es imitar al Sr. Zapatero y hablar en corrillos o frente a las cámaras de las televisiones o emisoras de radio para obtener unos minutos de protagonismo en los telediarios y en los informativos. Con estas actuaciones solo se consigue alimentar con argumentos a quien debería estar asustado contra las cuerdas por su incompetencia en la resolución de los graves problemas por los que atraviesa España.

No tenemos un Gobierno a la altura que requiere esta crisis, pero tampoco tenemos una oposición que merezca ese nombre. Y mientras, España se hunde sin remisión y lo que es peor, parece que a nadie le importa. Un Gobierno sin ideas y que sigue empeñado en aumentar el gasto público al más puro estilo del Sr. Zapatero, “como sea”. La economía familiar ya no podrá soportar más la asfixia a la que está siendo sometida mediante el IPC y la pérdida de poder adquisitivo. La bajada del consumo interno hará que muchas empresas desaparezcan con el consiguiente aumento del paro. El endeudamiento externo está en límites técnicos de auténtica bancarrota nacional. España debería ser expulsada de la zona Euro para acomodarse a su situación real. ¿Es esto crisis, recesión o simplemente debacle económica?

No intentemos echar la culpa a quien no la tiene, sino a los verdaderos responsables políticos que mantenían que estamos en la “Champion league” de las potencias económicas mundiales. La oposición debe tener propuestas y hacerlas públicas y no dedicarse, como el Gobierno, a echar la culpa a los demás de sus propios fracasos e incompetencia.

Educación para la Ciudadanía
La normalidad de una situación insólita
Los alumnos no sólo tendrán que declarar qué piensan sobre multitud de cuestiones de índole desde ética, hasta sexual o incluso social y política, sino que para aprobar tendrán que acomodar ese pensamiento en su fuero interno al estándar de lo aceptable
Victoria Llopis Libertad Digital 17 Septiembre 2008

De la Vega el viernes nos dijo que "el Gobierno hará uso de todas sus competencias y facultades para garantizar que los escolares puedan hacer uso de sus derechos constitucionales en las aulas (¿?), recibiendo con normalidad la asignatura de Educaciónpara la Ciudadanía", y poco despuésla ministra del reconvertido Ministerio donde la Educación se diluye en un mix llamado "Política Social y Deporte" ("consignas sociales para su consumo en las aulas") se ha mostrado convencida de que las clases de Educación para la Ciudadanía se van a desarrollar "de manera absolutamente normal".

No sé cuál de las dos damas dice cosas más estupefacientes. Noten primero que De la Vega une la intención del Gobierno de imponer al estilo Z –"como sea"– la famosa asignatura con el hecho de "garantizar a los escolares el ejercicio de sus derechos constitucionales en las aulas". Como este Gobierno acostumbra a convertir cualquier cosa en un "derecho", parece que ha elevado a "derecho constitucional" nada menos la circunstancia de estudiar o no una materia. Pero, además, ¿a qué derechos se refiere? ¿Quizá al derecho constitucional de los escolares a no ser adoctrinados en un sistema moral incompatible con el que reciben de su familia, artículo 27.3 de la Constitución? ¿O se refiere quizá al derecho que tienen los alumnos a no ser obligados a declarar sobre su ideología, convicciones o creencias –artículo 16.2 de la Constitución–, el cual queda conculcado especialmente con los criterios de evaluación de la materia?

Y se que en Bachillerato se exige "evaluar la actitud que han desarrollado los alumnos ante los problemas sociales", y en los criterios de evaluación de Primaria nos encontramos con que "el aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de conocimientos. En este sentido, los planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a la hora de asegurar que el conocimiento de determinados principios y valores genere la adquisición de hábitos e influya en los comportamientos". Y por ello, en los criterios de evaluación se habla de "valorar si el alumno o la alumna manifiesta en sus comportamientos cotidianos un conocimiento de sus características propias y si ejerce una autorregulación de sus emociones y sentimientos".

Pero no acaba ahí la cosa. En la Educación Ético-Cívica de 4º se pide "descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales. Con este criterio se intenta comprobar que cada alumno y alumna asume y controla sus propios sentimientos". O también "identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. Este criterio permite comprobar si el alumnado, ante la presentación de un caso o situación simulada o real, es capaz de reconocer la discriminación que, por motivos diversos, sufren determinadas personas en las sociedades actuales y si manifiesta autonomía de criterio, actitudes de rechazo hacia las discriminaciones y respeto por las diferencias personales".

Es más, en algunos desarrollos autonómicos dan una vuelta de tuerca más a lo previsto por el Ministerio. Por ejemplo, en el Decreto del País Vasco (BOPV, 13 de noviembre de 2007) afirma que, con esta materia obligatoria, "el alumnado se enfrentará a situaciones que exigen tomas de posición y juicios de valor, lo que potencia la actividad crítica sobre los propios valores y conductas". Concretamente, Educación Ético-Cívica, en su versión vasca, se centra en "la construcción de valores morales ligada a la educación del juicio moral". Esta asignatura establece también, como criterio de evaluación, que el alumno "proporcione diferentes respuestas a una misma situación éticamente problemática de acuerdo a diferentes teorías éticas".

Es decir: los alumnos no sólo tendrán que declarar qué piensan sobre multitud de cuestiones de índole desde ética, hasta sexual o incluso social y política, sino que para aprobar tendrán que acomodar ese pensamiento en su fuero interno al estándar de lo aceptable según el currículum de EpC. ¿No decía el artículo 16.2 que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias"? Y me parece que si los alumnos muestran un juicio ético diferente del que marca el relativismo moral y los postulados de la ideología de género que impregna el currículum está abocado al suspenso, además de la burla del profesor y/o compañeros. Y no es hipótesis; algunos valientes objetores andaluces durante el curso pasado podrían poner muchos ejemplos a mis palabras.

Por otro lado, la vicepresidenta se ha declarado una vez más fervorosa creyente del "positivismo jurídico" al insistir en que ésta es "una asignatura aprobada en el Parlamento". Ya, ¿y qué? ¿Hay que volver a decir que aunque el Parlamento aprobara, por ejemplo, una ley por la que se declarara legal gasear a los judíos nos iba a parecer muy bien? ¿Es que hay que volver a decir que no todo lo legal es éticamente aceptable, y que precisamente porque se trata de una ley en vigor, que colisiona con la conciencia de miles de españoles, es por lo que se está produciendo la objeción?

Pese a todo, la ministra no puede esconder ya con facilidad a 45.000 objetores y ha rebajado su pretendida normalidad a una "normalidad salpicada de recursos ante los tribunales", como reconocía en sus declaraciones a la SER recogidas por Servimedia. Y tanto. Nos gustaría muchísimo saber, por cierto, qué opinan sus colegas europeos sobre la insólita "normalidad" que está dándose en España a propósito de una supuesta asignatura del sistema escolar. Sin duda se preguntarán qué intentan enseñar en España para que esté provocando 45.000 objeciones de conciencia, y subiendo.

"No es admisible que ninguna administración pública aliente a nadie a incumplir la ley, porque si no se respetan las leyes no se respeta a los ciudadanos", ha dicho De la Vega. Y la señora Cabrera, como un eco, ha dicho: "La ley hay que cumplirla. Es obligatoria. Es la mejor lección de educaciónpara la ciudadaníaque podemos dar". En eso estamos de acuerdo, señoras: la primera Ley que tiene obligación de cumplir el Gobierno es la Constitución. Respeten a los ciudadanos por el sencillo medio de respetar los derechos constitucionales de la ciudadanía. Ahorrarían molestias a los padres, y a los tribunales el colapso al que van a verse abocados. En fin. Son las lecciones de la democracia: cuando conculquen sus derechos, no se resignen y recurran.

El TS confirma que la negociación Zapatero-ETA impidió la ilegalización de ANV a tiempo de evitar su presencia en las instituciones
Redacción Bilbao Minuto Digital 17 Septiembre 2008

La resolución del Tribunal Supremo confirma lo que todos sabíamos, que ANV pertenece al entramado de ETA. Igual que todos sabemos que la postura de la Fiscalía General del Estado, y también de la Abogacía del Estado, permitiendo que la mitad de las listas del partido de ETA se presentase a las elecciones municipales fue consecuencia de la negociación entre el ejecutivo de Zapatero y ETA. Conde Pumpido puso la Administración de Justicia, no al servicio de la ley, sino de los designios políticos de un gobierno. El resultado es que la banda terrorista ha salido reforzada de todo aquel proceso de negociación y la sociedad democrática española quedo dividida y debilitada.

Ahora el TS ilegaliza ANV reconociendo lo evidente desde un principio, que ANV y PCTV siempre han sido un instrumento de ETA. Pero el gobierno del PSOE dice que “siempre ha trabajado por colocar fuera del sistema a aquéllos que se sitúan fuera del marco de la Constitución”. A buenas horas. Más vale que se hubieran acordado hace 2 años de defender estos principios y más vale que demuestren que los defienden en las siguientes elecciones en el País Vasco y no permitan la presencia de listas blancas de los batasunos para restar votos al PNV y aupar a Pachi López a la presidencia de la comunidad, para encima después pactar con los nacionalistas en vez de con el PP.

Recordemos que tras los comicios locales en los que se toleró la presencia de los etarras, ANV gobierna en 34 ayuntamientos vascos y en 9 navarros, gestionando desde los ayuntamientos más de 230 millones de euros anuales. Más de 150.000 euros cobró la formación separatista en concepto de subvenciones públicas derivada de sus resultados electorales, por no hablar del protagonismo político que recobró el entorno etarra a raíz de su regreso a las instituciones.

La disolución de los grupos municipales de los etarras es una consecuencia de la ilegalización que ahora decreta el TS, pero al igual que ocurrió con EH en su día en el Parlamento Vasco, podremos asistir a un calvario para que la sentencia del Supremo se cumpla, ya que como sucedió entonces es de esperar que PNV y EA obstaculicen todo lo posible la aplicación de la sentencia judicial.

La piedad y el Foro Ermua
Jaime Larrinaga 17 Septiembre 2008

Redacción Bilbao Minuto Digital 17 Septiembre 2008

Reproducimos por su interés, este artículo de Jaime Larrínaga, presidente de Foro El Salvador, que consideramos de obligada lectura para poder realizar un análisis exacto de todo lo que está ocurriendo en Foro Ermua. El artículo se publico en La Razón el pasado día 13.

En su libro “ETA pro nobis”, Iñaki Ezkerra tiene un impresionante capítulo sobre el sentimiento de la piedad; indaga las razones de su ausencia en la sociedad vasca y explica que la piedad no se debe ceñir solamente al ámbito cristiano. Como agnóstico que es, rescata dicho sentimiento para el laicismo; Ezkerra también analiza el sentimiento del odio nacionalista como una imposibilidad de quien lo experimenta para ponerse en el lugar del otro.

No he dejado de pensar en ese odio, en esa terrible enfermedad que el libro de Iñaki describe con tanta precisión, y en su posible capacidad contagiosa en estos días pasados en los que varios de sus compañeros del Foro Ermua le han atacado con tanta o más furia que los nacionalistas. El golpe de mano que han dado en esa encomiable asociación varios miembros de su junta directiva durante este pasado mes de julio, cuando ya todos nos habíamos ido de vacaciones o planeábamos hacerlo pronto, ha sido, un espectáculo, aparte de triste y bochornoso, inexplicable por ese componente de odio que ha dejado entrever. Se puede entender que existan diferencias en un colectivo y hasta ciertas ambiciones personales que por desgracia nunca son presentables pero que forman parte de la condición humana. Lo que no se puede entender es el linchamiento al que han sometido a alguien cuya trayectoria en la defensa de las víctimas del terrorismo y los derechos humanos es impecable. Si alguien ha dado la cara por la libertad en el País Vasco durante lustros, ese alguien ha sido Iñaki Ezkerra. Si alguien ha entregado su vida a la causa de la democracia en ese rincón de España es ese hombre que, además de un valeroso escritor, es también mi amigo.

Al comprobar durante este mes de julio cómo se pretendía justificar ese golpe de mano injustificable, yo me he acordado de mi salida atropellada de Maruri hace cinco años, del linchamiento que viví por parte del mundo nacionalista sólo por haber aceptado ser presidente del Foro de El Salvador y ponerme al lado de los amenazados y las víctimas. Fue un trance muy duro. Personas que me conocían de toda la vida me retiraron el saludo y hubo hasta algún vecino tan fanatizado que impidió que yo diera la comunión a su madre agonizante. Tengo que decir que, durante aquellos días en los que me sentí tan atacado y agredido, Iñaki Ezkerra fue uno de los amigos que no me dejaron solo y que se armó de ánimo para organizar la respuesta cívica a aquellos convecinos que se ponían con una pancarta insultante delante de la iglesia rural de la que yo era párroco.

Iñaki es agnóstico, cosa que yo siempre he respetado de la misma manera que él ha respetado mi fe, pero asistió uno y otro domingo a las misas de Maruri para mostrarme su apoyo y su solidaridad. No he conocido a una persona más tolerante, más abierta, más sensible, más respetuosa con las creencias religiosas de los otros que Iñaki Ezkerra y ojalá todos los agnósticos fueran como él. Ojalá fueran como él muchos católicos de misa diaria, lo digo bien alto.

Y ahora, de buenas a primeras, en este verano complicado por tantos factores políticos, me encuentro con que Iñaki Ezkerra, mi amigo, está viviendo una situación de acoso y de linchamiento semejante a la que yo viví, pero con la diferencia de que los ataques no son de los proetarras ni los nacionalistas sino de sus compañeros del Foro Ermua que él mismo contribuyó decisivamente a fundar. ¿Qué ha pasado en el Foro Ermua para que personas que considerábamos cabales hayan organizado semejante gresca con el único objetivo de quitar de manera tan agresiva y tan insólita a un presidente que había sido elegido para cuatro años y que es sencillamente un hombre ejemplar? ¿Qué intereses políticos o personales puede haber detrás de esta operación tan incomprensible?. Iñaki Ezkerra no es perfecto, como tampoco lo somos ni lo han sido las personas que estamos o han estado al frente de otros colectivos cívicos, pero ninguno de nosotros ha recibido nunca un ataque tan encarnizado como el que está sufriendo Iñaki de mano de sus compañeros, que airean con cainismo en los medios mentiras y calumnias solamente para hacerle daño y desprestigiarle. No es perfecto, pero es una persona culta y comprometida a la que hemos leído desde hace muchos años en la prensa, en sus ensayos sobre el tema vasco, en sus libros de poesía, y es la total encarnación de la valentía, la entrega y la generosidad. Un icono de la libertad.

Pienso que la virulencia con la que se han expresado algunas personas muy concretas contra Iñaki Ezkerra tiene que ver precisamente con el carácter inexplicable de esa sublevación. Cuando alguien comete un acto injustificado necesita inventarse excusas para justificarlo. Es eso exactamente lo que hacen los nacionalistas del País Vasco. No quiero herir a nadie, pero no me perdonaría a mí mismo callar ante esta grave injusticia. A mí nadie tiene que decirme ni quién es Iñaki Ezkerra ni quién es Antonio Basagoiti ni quién es María San Gil , ni quiénes son todos los valientes del Partido Popular del País Vasco que llevan años y años dando el tipo en las pancartas, en las calles, en las instituciones; luchando por hacer un País Vasco mejor. A mí nadie recién llegado a esta vieja batalla cívica tiene que venirme con cuentos ni con chismes malévolos para intentar desprestigiar a unas personas que simplemente no encajan con sus intereses políticos o personales ni con su visión sectaria de la vida.

Por último, me parece esta ocasión muy oportuna para decir que Iñaki Ezkerra tiene un corazón tan noble y desinteresado que su ayuda fue decisiva para el nacimiento del Foro El Salvador, el colectivo católico que yo presido. Tengo que contarles –aunque les asombre- que no sólo fue él quien organizó la rueda de prensa en la que nos dimos a conocer sino que nos ayudó en cantidad de aspectos internos y que él mismo fue el autor del manifiesto fundacional, que apenas necesitó de algunos retoques del sabio jesuita Antonio Beristain.

Ése es Iñaki Ezkerra, alguien que ha estado arrimando el hombro siempre que ha hecho falta, incluso a un foro de sacerdotes y cristianos de base sin que lo supiera nadie. De aquella experiencia tan ardua pero tan bonita nació el libro al que he aludido al comienzo de este artículo -“ETA pro nobis”- que él me dedicó a mí con unas sentidas palabras: “A Jaime Larrínaga y a los demás vascos que sienten piedad”. Yo sé que Iñaki es un hombre piadoso aunque no comparta mi fe. Sé que Iñaki Ezkerra es uno de esos demócratas profundos que usan su sentido de la moral laica para entenderse con los creyentes en las coincidencias y no para sembrar distancias sectarias. Yo sé cómo se ha tenido que sentir Iñaki estos días porque, cuando se dan este tipo de trances, muchas personas que deberían dar un paso al frente en defensa de la verdad se resisten a darlo por miedo a comprometerse, por no enfrentarse, por no adoptar posiciones incómodas, por no buscarse problemas, porque creen merecer un descanso. Y por esa razón, por todo lo que sé de Iñaki Ezkerra y de sus desvelos por la causa de las libertades democráticas en el País Vasco y en el resto de España, he querido con este artículo hacer algo semejante a lo que, en unas circunstancias tristemente parecidas, él hizo, sin dudarlo, por mí.

01.- Algunos recuerdos que me marcaron
http://libertaddeidioma.blogspot.com/ Xoán Xulio Alfaya 17 Septiembre 2008

Cuando estaba cumpliendo el servicio militar, abrumado por la pérdida de tiempo que éste suponía para mí, escribí una novela corta titulada “El paseo”. Como por aquel entonces no existían los ordenadores personales ni las fotocopiadoras, hice varias copias del manuscrito original en un papel muy fino utilizando para ello papel de calco, también llamado papel carbón, que era el único método que me permitía hacer hasta cinco copias a la vez del mismo texto, aunque las dos últimas resultasen prácticamente ilegibles.

Cuando me licencié comprobé que en mi cartilla militar me habían asignado la especialidad de “desinfector”, es decir que en caso de guerra, supongo que mi oficio consistiría no en matar seres humanos, sino los piojos de los demás soldados, así como la desinfección de las instalaciones militares. De vuelta a Vigo, viviendo con mi padre, solía ir a tomar café a la cafetería “Tamanaco”, justo enfrente de mi casa, hoy desaparecidas ambas, la cafetería y mi casa, al ser fagocitadas (¡cómo no!) por la misma entidad bancaria. Tengo que decir que mis padres estaban separados, lo que constituía un terrible pecado que, en aquellos tiempos, debíamos expiar los hijos con humillaciones y marginaciones que ahora no hacen al caso. Allí, en el “Tamanaco”, propiedad de un gallego retornado de Venezuela, coincidía con uno de los escritores más prolíficos e influyentes del galleguismo cultural al que llamaré don Heriberto, pues no me parece correcto, a tenor de lo que sigue, decir su nombre y apellidos completos.

Mi padre, conocedor de mis aficiones literarias, nos presentó y me recomendó que entablase relación con él y, como buen hijo, así lo hice. Don Heriberto y yo charlamos así varias tardes, entre café y café, hasta que un buen día le dejé una de las copias de mi manuscrito de “El paseo”. Don Heriberto, que dirigía una importante editorial, lo leyó, le gustó y me dijo: “Podemos publicártelo, pero con una condición, que sea en gallego”. Y añadió: “Yo te lo puedo traducir, pero no debes decírselo a nadie”. Yo, que había sido un lector precoz de los clásicos castellanos, cuyas obras se encontraban arrinconadas en un armario inservible en casa de mi abuela, en Tuy, creo que no peco de soberbia si digo que ya entonces escribía un castellano bastante bueno. El castellano era la lengua que se hablaba en mi familia, en la que fui educado tanto en casa como en el colegio y por la que, además, yo sentía una especial atracción. El castellano era, en definitiva, mi “lengua propia”.

Recuerdo como si fuera hoy mis primeras lecturas. Cuando mis compañeros de colegio leían a Emilio Salgari o a Julio Verne, yo ya conocía y admiraba lo mejor de la literatura castellana: “El Quijote”, “El lazarillo de Tormes”, el “Cantar del mío Cid”, “La Celestina”, “El conde Lucanor”, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega, Tirso de Molina, Góngora, Baltasar Gracián, Jorge Manrique, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Ramón María del Valle-Inclán, Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado, las primeras obras de Camilo José Cela (para mí las únicas verdaderamente buenas): “La familia de Pascual Duarte”, “Pabellón de reposo”, “Viaje a la Alcarria”, “La Colmena”, “Tobogán de hambrientos”, etcétera.

A esa edad, puede decirse con toda propiedad que un servidor era ya un bicho raro, un auténtico tipo sospechoso de no se sabe qué, pero sospechoso al fin y al cabo. Recuerdo de un modo especial que “La Celestina”, escrita durante el reinado de los Reyes Católicos, estaba por aquel entonces totalmente prohibida para un adolescente, lo que me hacía vivir permanentemente en pecado mortal, ya que era incapaz de renunciar a tan apasionante lectura.

Volviendo a don Heriberto, cometí el gravísimo error de aceptar su propuesta y dejar que mi primera novela, escrita en castellano, fuese publicada en gallego en el año de desgracia de 1970. Recomiendo a los escritores jóvenes que por nada del mundo cometan el tremendo error que yo cometí y que me metió en un callejón sin salida al tratar de adaptarme a un galleguismo cultural que no iba conmigo, por más que hubiera nacido en Randufe (Tuy) en un barrio limítrofe entre lo rural y lo urbano. El ansia de publicar de un joven puede hacer que cometa errores de ese calibre. Si bien ya he logrado perdonarme a mí mismo, no cedí nunca a la pretensión de algunos de hacer de Galicia un país monolingüe en el que entran en conflicto el gallego, considerado como “lengua propia” de Galicia por el Estatuto hoy en día vigente, y el castellano, lengua de colonizadores, depredadores culturales y violadores de nuestra identidad.

Varios años más tarde me enteré de la razón profunda por la cual la publicación de mi libro en gallego había sido una decisión correcta por parte de don Heriberto y mi malestar carecía de todo fundamento: “Si vivieras en Francia, tendrías que publicar en francés, si vivieras en Inglaterra, tendrías que publicar en inglés, si vivieras en Alemania, tendrías que publicar en alemán. Pues bien, si vives en Galicia tienes que publicar en gallego”.

El 90% de la población de Vigo habla castellano. Yo fui educado en castellano. En mi familia nunca se habló en otro idioma que el castellano. Yo pienso, siento, escribo y sueño en castellano, pero vivo en un país que, al parecer, tiene una “lengua propia” que es el gallego y una “lengua impropia”, colonizadora, impuesta, ajena a nuestra idiosincrasia, que es el castellano. Yo siempre había creído vivir en un país bilingüe, pero resulta que la “verdad” oficial es otra. Galicia es y debe ser monolingüe en gallego y el castellano debe ser erradicado. Los gallegos que lo hablamos, lo pensamos, lo amamos y lo defendemos no somos verdaderos gallegos, sino gallegos de segunda.

Mi intención al escribir estas páginas es desvelar y denunciar los mitos y falacias en que está basada semejante política que, por cierto, goza del beneplácito de todos los partidos políticos, del Parlamento gallego y la imposición coactiva de la Xunta de Galicia cuyos gastos en materia de la mal llamada “normalización lingüística” o erradicación del castellano de nuestra comunidad tenemos que pagar también, cómo no, los gallegos hispanohablantes.

Quiero dedicar este libro a todos los ciudadanos, gallegos o no, que sufran en sus carnes las consecuencias del mal llamado proceso “normalizador” y que defiendan de forma clara e inequívoca la libertad de idioma como derecho fundamental de las personas, pues, negada ésta, los demás derechos cívicos se vienen abajo como las piezas de dominó y la persona que sufre semejante atropello por parte de las instituciones autonómicas, en connivencia con los poderes del Estado, se convierte automáticamente en un ciudadano de segunda.
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Publicado por © Xoán Xulio Alfaya. Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987. en 20:00

RESISTE, ¡AUTOORGANIZATE EN LAS JUNTAS PROVINCIALES!
 www.juntasrepublicanas.com  17 Septiembre 2008

A los ciudadanos españoles sólo nos queda la autoorganización frente a las agresiones, las burlas y las estafas de las instituciones, los partidos y sindicatos del régimen del Borbón. Propugnamos el avecindamiento, el “ajuntamiento”, de compatriotas en Juntas, en cada una de las provincias del territorio nacional. La mera adhesión a los Estatutos de Juntas Republicanas Españolas basta para constituir en cada provincia las Juntas Provinciales y emprender la actividad de nuestra asociación cívica. Si los españoles no adoptamos formas de acción y organización al margen de los aparatos del régimen, cuya única finalidad es machacarnos y romper España, estamos condenados a sucumbir como ciudadanos. Pasaremos a convertirnos en súbditos de la partitocracia borbónica y de los grandes poderes económicos. Al régimen hay que oponerle un poder democrático de los españoles articulado en las Juntas Republicanas Españolas. Frente a su poder, el nuestro.

No confiamos en ninguno de los partidos del régimen de 1978: PSOE y PP, pretendidos "partidos nacionales", son en realidad los principales promotores de la centrifugación de España y de la ruina de los españoles. Ambos, juntos de la mano, nos embisten con sus autonomías y sus modelos de financiación, sus reformas estatutarias, sus políticas lingüísticas opresivas y sus recetas socio-económicas para descargar la crisis sobre nuestras espaldas.

Denunciamos a los sindicatos “más representativos”, que permanecen callados, con “perfil bajo”, mientras el paro alcanza a más de dos millones y medio de compatriotas y la inflación, los tipos de interés y los impuestos indirectos nos empobrecen cada día más. Aún más, auguramos que, en este periodo de crisis económica descomunal, traicionarán las conquistas socio-laborales de los trabajadores españoles, bajo el pretexto del “diálogo entre los agentes sociales”.

Sospechamos, con fundamento, de una justicia que emana de la partitocracia: encarcela o excarcela a etarras a conveniencia de la agenda del ejecutivo o pega carpetazo sobre el 11-M, con la connivencia del PSOE y el PP, sin haber esclarecido la autoría intelectual y el arma del crimen en la matanza.

Igualmente nos adelantamos a los hechos para vaticinar, tras múltiples filtraciones vertidas en la prensa, la legalización del Estatuto de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional, auspiciada desde el primer momento por el Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Decisión que Rajoy ya anunciado que “acatará”.

En fin, no se nos oculta el papel de la “Alta Magistratura” ocupada por Juan Carlos I, que entre su sempiternos discursos sobre la unidad de España y los demócratas, desliza sus predilecciones por la gestión del ejecutivo de Zapatero, retratándose él mismo y la institución que representa como la encarnación del régimen antinacional, antidemocrático y antisocial de 1978.

Lo dicho, los españoles no tenemos ninguna institución o aparato del régimen en la que ampararnos. Nos toca resistir y esto depende sólo de nosotros, mediante nuestra presencia masiva en la calle y nuestra organización democrática de base.

¡Acción directa y autooganización!

¡Juntas Republicanas Españolas en todas las provincias!!
Otras actualizaciones en www.juntasrepublicanas.com
Juntas Republicanas Españolas / Avda. del mediterráneo, 2 – 2º 28007 Madrid
E-mail: juntasrepublicanas@hotmail.com / Teléfono 693 655 778

OBVIA LOS ATAQUES AL CASTELLANO EN LA COMUNIDAD
El Gobierno se compromete a agilizar la promoción del gallego en la Administración
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha obviado las políticas agresivas que se están produciendo contra el castellano en comunidades como Galicia y ha anunciado que "dará las instrucciones oportunas" para agilizar el uso del gallego en la Administración del Estado ya que es "riqueza para el país". Además, según informa ABC, la propuesta del presidente aragonés Marcelino Iglesias paraa que el catalán sea la lengua vehicular en las comarcas limítrofes con Cataluña ha creado una crisis importante en el Ejecutivo regional al encontrarse con la oposición de sus socios del PAR.
Europa Press Libertad Digital 17 Septiembre 2008

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró este miércoles que dará "las instrucciones oportunas" para agilizar el uso de las lenguas cooficiales, y en concreto el gallego, en la administración general del Estado, ya que, según afirmó, para él "no sólo es un mandato constitucional sino que también es riqueza para el país".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Zapatero recordó al diputado del BNG Xesús Jorquera que el Gobierno ha trabajado durante estos años en "un esfuerzo" para hacer efectivos los derechos lingüísticos recogidos en la Constitución y el ordenamiento jurídico. Así, repasó algunas medidas adoptadas para que los ciudadanos puedan usar las lenguas cooficiales en la administración y recordó leyes como la de acceso electrónico, la de modificación del registro civil o la ley de publicidad institucional. "Además, en el ámbito de la Unión Europea hemos promovido el reconocimiento efectivo de los idiomas cooficiales en España", subrayó.

Sin embargo, el diputado del BNG repasó algunos casos en los que "el incumplimiento de la ilegalidad es demasiado reiterado" y puso como ejemplo la relación de los ciudadanos con la Policía y la Guardia Civil, la "vulneración" de la toponimia gallega en algunas páginas web de la administración o "la ausencia de versión en castellano de los escritos que los ciudadanos tienen que cumplimentar por infracciones de tráfico".

En este sentido, aunque valoró "muy positivamente" la actitud del Ejecutivo en el respeto a la diversidad lingüística, defendió que "ese talante" debe acompañarse "de más hechos" y de "mayor observancia de la legalidad". "Pedimos una mayor implicación", insistió. Zapatero garantizó que "en coherencia" con su actitud el Gobierno "seguirá velando" por el respeto a las lenguas cooficiales y adoptará las medidas complementarias que fueran necesarias. "Y soy consciente de que lo son", reconoció. Por ello, aseguró tomar nota de las críticas del diputado del BNG para "dar las instrucciones oportunas" que agilicen el uso del gallego en la administración general del Estado.

Problemas con el catalán en Aragón

El uso del catalán en los colegios ha abierto la polémica entre el Partido Socialista y sus socios de Gobierno del PAR. De hecho, el Ejecutivo de Marcelino Iglesias pretende en el anteproyecto de la Ley de Educación que establecería el catalán como lengua vehicular en las comarcas limítrofes con Cataluña. Este es el segundo choque entre ambas formaciones en este aspecto tras la Ley de Lenguas, igualmente con la polémica del catalán.

De hecho, según informa ABC, el partido regionalista ha asegurado que no aceptarán que "el catalán se convierta en lengua oficial unificadora de las lenguas propias de Aragón" ya que todo "lo que sea oficializar el catalán de una forma u otra, no contará con el respaldo del PAR". Sin embargo, Iglesias ha querido matizar que el catalán no sería obligatorio sino como optativa.

LENGUA
Zapatero se compromete a garantizar el uso de las lenguas cooficiales

Ha recordado además que España ha promovido en la UE el reconocimiento efectivo de los idiomas oficiales en España, que se usan habitualmente en el Comité de las Regiones.
EFE La Voz 17 Septiembre 2008

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido hoy en el pleno del Congreso a garantizar el uso de las lenguas cooficiales en cumplimiento del mandato constitucional y porque son, ha subrayado, una «riqueza cultural del país».

Zapatero ha respondido así a las quejas manifestadas en el hemiciclo por el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, quien ha denunciado la imposibilidad de usar el gallego en Galicia ante diferentes instancias de la Administración General del Estado y ha instado al jefe del Ejecutivo a acompañar su talante con hechos.

El presidente del Gobierno, que se ha comprometido a seguir velando por el respeto a todas las lenguas cooficiales, ha señalado que es consciente de que, en algunos ámbitos de la administración, todavía es necesario adoptar medidas complementarias.

Ha destacado también los «esfuerzos» realizados por su equipo para hacer efectivos los derechos lingüísticos que establece la Constitución y el ordenamiento jurídico, y ha enumerado así las leyes aprobadas para regular en diferentes ámbitos el uso de las lenguas cooficiales.

Ha recordado además que España ha promovido en la UE el reconocimiento efectivo de los idiomas oficiales en España, que se usan habitualmente en el Comité de las Regiones.

Pero para el portavoz del BNG, las medidas adoptadas no son todavía suficientes.

Frente a las «campañas» que alertan de que es el castellano el idioma discriminado, ha asegurado que la protección jurídica de la que goza el gallego es «muy inferior» a la del castellano y ha demandado políticas activas para cambiar la situación.

Jorquera ha asegurado a Zapatero que el BNG siempre ha valorado su actitud de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural del Estado, pero le ha advertido de que ese talante debe ir acompañado de hechos y de una mayor observancia de la legalidad.

Entre los incumplimientos de esa legalidad lingüística, ha apuntado la negativa de la Policía y de la Guardia Civil a admitir certificados oficiales en gallego para opositar a esos cuerpos o la ausencia de formularios en gallego para dar parte de los incidentes de tráfico.

Zapatero le ha garantizado que tomaba nota de sus denuncias y ha explicado las medidas que ya se están tomando.

Según ha explicado, se están haciendo esfuerzos para facilitar el uso del gallego ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el próximo año podrán tramitarse expedientes de tráfico en formatos bilingües en la comunidad.

PENAS DE 8 A 10 AÑOS DE PRISIÓN
Condenan a 21 dirigentes de Gestoras Pro Amnistía por pertenencia a ETA
La juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha condenado este miércoles a penas de entre 8 y 10 años de cárcel a 21 de los 27 acusados en el juicio seguido contra los responsables del entorno proetarra de las Gestoras Pro Amnistía, al considerar que todos ellos formaban parte de la banda terrorista ETA. Entre los condenados a la máxima pena están Juan María Olano (en la imagen), y Julen Zelarain y Aitor Ángel Jugo, a los que se imponen 10 años de prisión.
Agencias Libertad Digital 17 Septiembre 2008

La sentencia, acordada por unanimidad por los tres magistrados que componen el tribunal, Teresa Palacios, Juan Francisco Martel y Paloma González Pastor, decreta también la ilicitud y disolución de Gestoras Pro Amnistía y su sucesora Askatasuna, que fueron declaradas ilícitas de forma provisional por el juez Baltasar Garzón el 19 de diciembre de 2001 y el 5 de febrero de 2002, respectivamente.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha condenado a la máxima pena, 10 años de prisión, a los responsables principales de Gestoras Juan María Olano, Julen Zelarain y Aitor Ángel Jugo, para quienes el fiscal pedía 13 años como máximos dirigentes de esta organización.

Los otros 18 dirigentes que han sido condenados a 8 años de cárcel son los responsables de Vizcaya (Jagoba Terrones y Julen Larrinaga), Guipúzcoa (Aratz Estonba y Ainhoa Irastorza), Álava (Iker Zubia y María Teresa Díaz de Heredia) y Navarra (Josu Mirena Beaumont y Alejandro Velasco).

También han sido condenados a esta pena los responsables del área de Huidos (José María Olabarrieta), Bases Democráticas (Joseba Gotzon Amaro), Alde Hemendik (Jorge Chocarro), Presos vascos a Euskal Herria (Joseba Iñaki Reta), Tesorería (Gorka Zulaika), Red Empresarial (Jon Imanol Beaskoa) y Comunicación (Jesús Felipe Arriaga).Esta misma condena ha recaído también en los responsables de Askatasuna -sucesora de Gestoras- Sabin Juaristi, Iñaki Loizaga y Asier Virumbrales.

Los absueltos han sido los responsables de Askatasuna Ixone Urzelai; el de Internacionales, Julen Arzuaga, y el de la red empresarial, Juan Antonio Madariaga. A estos últimos se suman otros tres acusados que ya habían quedado absueltos al retirar el fiscal Carlos Bautista la acusación contra ellos poco antes de que el juicio quedara visto para sentencia (Mikel Sarasqueta, Jorge Luis Redondo y Maitane Méndez).

El PP y el Bloque valoran el fallo del TSXG sobre la norma lingüística
JAVIER CASTRO CAMBRE El Ideal 17 Septiembre 2008

Tanto el PP como el BNG se encuentran satisfechos con el dictamen del TSXG sobre el recurso contra la ordenanza de normalización del Ayuntamiento, que consideran parcialmente. Los denunciantes se sienten “amparados” y los nacionalistas esperan que la norma entre en vigor ya.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admite parcialmente el recurso interpuesto por varios miembros del PP en 2006 contra la ordenanza de normalización municipal aprobada por el pleno en septiembre de 2005. La sentencia contenta tanto al Partido Popular como al Bloque Nacionalista Galego.

Los demandantes se ven “amparados por la justicia” debido a la decisión contra una norma que entienden que “atacaba” a los derechos lingüísticos. Los populares resaltan la anulación de los artículos que obligaban al gobierno local a redactar exclusivamente en gallego los anuncios oficiales que publiquen, así como las comunicaciones a otros organismos estatales.

“Resulta sorprendente, siendo la finalidad de la publicación el público conocimiento de su contenido”, afirman. Los recurrentes opinan que el fallo deja claro que “debe existir un auténtico bilingüismo” en Cambre.

Irrelevancia > El portavoz del grupo nacionalista, Xabier Iglesias, comparte una visión diferente de la resolución del Tribunal. El líder del BNG considera que el dictamen les quita la razón a los populares en un “90%”. Además, Iglesias apunta que las enmiendas aceptadas abordan en su mayoría asuntos “irrelevantes”, como la prohibición de obligar a los partidos a presentar ruegos y preguntas en gallego.

El concejal señala que “le alegró” la sentencia del TSXG y confía en que el pleno apruebe definitivamente la ordenanza para poder empezar a ponerla en práctica.

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