AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 19 Septiembre 2008

ARLES CRUZ, PROPUESTO POR EL PSOE
Un vocal del nuevo CGPJ negó a un abogado la traducción de una sentencia al castellano
Carles Cruz, magistrado de la Audiencia Povincial de Gerona, será uno de los nuevos vocales del CGPJ fruto del acuerdo entre PSOE y PP. Fue propuesto por Jueces para la Democracia y apoyado por el PSOE. Según ha podido saber Libertad Digital, Cruz denegó a un abogado su derecho constitucional a recibir una copia testificada en español de la sentencia, redactada sólo en catalán. El letrado, que necesita la sentencia para defender sus intereses en otro proceso, se ha visto obligado a plantear un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, pendiente aún de admisión a trámite.
Raúl Vilas Libertad Digital 19 Septiembre 2008

La composición partidista del nuevo CGPJ pactada por el PP y PSOE no se le escapa a nadie. Se dice que los vocales son propuestos atendiendo a su "prestigio profesional" en el ámbito jurídico pero lo que importa realmente es la afinidad política. No sólo por casos tan evidentes como la socialista Margarita Robles, la peneuvista Margarita Uría o el ex consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, del PP.

El abogado catalán Sergio Santamaría que ejerce su profesión en Gerona ha relatado a este periódico como uno de los nuevos miembros del Consejo participa del arrinconamiento institucional del castellano en Cataluña, algo achacable sólo a motivaciones políticas y no jurídicas. Se trata del magistrado de la Audiencia Provincial de Gerona Carles Cruz, que fue propuesto por la asociación Jueces para la Democracia y contó con el apoyo del PSOE.

Este letrado llevaba un proceso civil de apelación en la Audiencia Provincial, pero a mitad del mismo se produjo una pérdida confianza con su representado que no le ha liquidado los honorarios que el abogado entiende debe percibir. Por esta razón y para defender sus intereses frente a su antiguo cliente necesita la sentencia del proceso inicial que fue redactada sólo en catalán. Santamaría, cuya lengua materna es el español, solicitó una copia testificada en castellano de la misma, de acuerdo con su derecho legítimo y constitucional a que sus relaciones con la Administración de Justicia se produzcan en castellano, lengua oficial del Estado.

Primero se encontró con la negativa del secretario judicial bajo la argumentación de que el catalán es una lengua oficial. Ante esto presentó un recurso de reposición en la propia Audiencia, y el magistrado Carles Cruz, ponente de la sentencia, emitió un auto que no es susceptible de recurso denegando la solicitud de Santamaría con la única fundamentación de que el abogado conoce el catalán, a la que se refiere como lengua oficial –y no cooficial– ya que lo usó durante el proceso y que no existe indefensión. El magistrado alega además que la traducción supondría un coste innecesario.

El afectado ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional que aún está pendiente de ser admitido a trámite. En su conversación con este periódico destacó la "exigua fundamentación" del auto del magistrado para negarle lo que es un derecho legítimo, consagrado como derecho fundamental en la Constitución. El artículo 53 de la Carta Magna establece que los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos. Santamaría explica, además, que según la jurisprudencia del Constitucional la utilización de las lenguas cooficiales no debe ser una traba al uso del castellano.

En suma, que el nuevo vocal del órgano de gobierno de la Justicia española ha emitido un auto, según este letrado, que "no tiene ningún apoyo legal", que "vulnera un derecho constitucional de forma superficial y poco razonada" con la única motivación, política y no jurídica, de la "defensa a ultranza del uso en exclusiva del catalán". Santamaría recuerda también que niguna legislación de rango inferior puede obstaculizar los preceptos constitucionales.

La solicitud, explica el letrado, no la hizo "por capricho", sino que es abogado y parte en un proceso ulterior por el conflicto de sus honorarios en el que precisa esta sentencia y para gozar de la mejor defensa posible de sus intereses solicita que se le facilite en la que es su lengua materna, el castellano, que, además, es la lengua oficial del Estado, siendo la propia Audiencia Provincial de Gerona un órgano dependiente de la Administración del Estado.

Santamaría considera que es una situación "surrealista" que este magistrado vaya a ser "vocal de un CGPJ que va a controlar toda la Administración de Justicia del Estado". Entre otras atribuciones, se encargará de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado sobre el Estatuto de Cataluña. El abogado subraya que, aunque algunos pretendan negarlo, el arrinconamiento institucional del castellano y de los derechos de sus hablantes es una realidad cada vez más dramática en la Cataluña gobernada por el PSC, el mismo partido que ha apoyado el nombramiento de Carles Cruz como vocal del CGPJ.

Izquierda liberal
A vacas flacas, nacionalismo al descubierto
ERC subvenciona la suscripción temporal a un medio de prensa escrita para promocionar la lectura de diarios de pago entre los jóvenes catalanes. Curiosamente, y a pesar de que están todos los grandes periódicos, no aparecen El Mundo, La Razón y ABC.
Antonio Robles Libertad Digital 19 Septiembre 2008

No hay mal que por bien no venga. Lo que el sentido común no ha logrado, están a punto de hacerlo las vacas flacas de la economía. Durante años, una sociedad catalana ociosa y endiosada ha malcriado a una generación de políticos adolescentes. A lomos del nacionalismo, han derrochado energías y presupuestos en actividades no productivas. A espaldas de la sociedad del conocimiento, la investigación, el desarrollo y la innovación, han vivido en un eterno recreo. Las viejas estructuras industriales que dieron lustre a la región más desarrollada de España en el siglo XIX y XX han devenido antiguallas o han sido deslocalizadas. Cataluña ha pasado de ser la primera potencia económica de España a ocupar el tercer puesto. Mientras tanto, el nacionalismo, creaba mitos y convertía la escuela y la atmósfera social en una eterna cruzada lingüística.

La obsesión nacional subvencionó cientos de asociaciones que replicaban la frivolidad gubernamental. A la vuelta de casi tres décadas, una sociedad laboriosa y responsable ha devenido en folklórica y rentista. Vive del negocio nacional. Pondré tres ejemplos, los últimos. Tres subvenciones: Los 5.859 euros de las escuelas La Bressola en Francia; los tres millones para fomentar la lectura ó los 107.000 a Caprabo.

Mientras el último informe de la Fundación Jaume Bofill, conocido ayer, pone a los colegios públicos de Cataluña a la cola de las calificaciones de todos los países de la OCDE (a excepción de Grecia), el vicepresidente, Carod Rovira, gasta 1.771 euros más por niño francés subvencionado a través de la Fundación La Bressola, que escolariza 600 alumnos en catalán en el sur de Francia, que por niño catalán de nuestras escuelas públicas. En total 3.515.894 millones de euros. La cuestión es hacer país, construir una nación; incluso más allá de nuestras fronteras. La lengua solo es un instrumento.

El Plan de Fomento de la Lectura 2008-2011 para chicos/as de 18 años impulsado por la Consejería de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Cataluña, dirigida por el republicano Joan Manuel Treserras, subvenciona la suscripción temporal a un medio de prensa escrita para promocionar la lectura y el consumo de diarios de pago entre los jóvenes catalanes. Curiosamente, y a pesar de que están todos los grandes periódicos, no aparecen El Mundo, La Razón y ABC, los tres con ediciones en Cataluña. Por supuesto, sí están periódicos y revistas que recogen el imaginario nacionalista, pero no hay ninguna publicación científica, cultural o deportiva neutral, como Muy Interesante, por poner un ejemplo. Tres millones de euros costará la campaña. Loable también, pero diseñada no sólo para fomentar la lectura, sino también para encarrilar a los jóvenes a unos medios y no a otros.

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y pesca que preside Joaquín Llena ha desembolsado 107.000 euros a la cadena de supermercados Caprabo para promocionar determinados productos catalanes. El estupor ha sido mayúsculo, ya que el Gobierno de la Generalitat ha decidido subvencionar a una cadena y no a otras ni a pequeños comerciantes. Además, deja in albis a los productores en origen. ¿Por qué? Llueve sobre mojado. Puede que no haya sido por esta razón, pero a nadie se le escapa que Caprabo es un grupo empresarial que apoya al nacionalismo catalán y que Eroski, que se ha hecho con el 75% de sus acciones, pasa por hacer lo propio con el nacionalismo vasco.

Estas pequeñas pero constantes frivolidades han constitutito buena parte de las preocupaciones de las fuerzas vivas de Cataluña. Las vacas flacas acabarán por enmendar en Cataluña lo que no hemos conseguido ni los gobiernos de España, ni los tribunales ni la sociedad civil. Optimista que está uno.
antoniorobles1789@hotmail.com

Al margen de la Ley
IGNACIO SUÁREZ-ZULOAGA El Correo 19 Septiembre 2008

E uskadi es el territorio de Europa Occidental en el que el Estado de Derecho y el principio de autoridad son más débiles. En ninguna parte como aquí puede observarse cómo el fenómeno de la inobservancia de algunas normas jurídicas no sólo es consentido de forma bastante generalizada, sino que incluso es liderado por las propias autoridades; una tendencia que ya se ha convertido en una asentada tradición (más de dos siglos) que ha ido calando profundamente en el subconsciente colectivo, hasta configurarse como un hábito generalizado y cotidiano.

En todo Occidente, ni siquiera en territorios asolados por la corrupción y la delincuencia organizada -como las islas de Córcega y Sicilia y la Calabria italiana- es posible encontrar un Estado de Derecho más débil que en el País Vasco español. Desde que se instauró la democracia, las autoridades locales y autonómicas han venido incumpliendo sistemáticamente todas las normativas que no gozaban de la aprobación del líder de turno; sea éste un alcalde o incluso el propio lehendakari.
Entre la larga lista de incumplimientos, los más notorios (y exitosos desde la perspectiva del infractor) fueron la normativa sobre reclutamiento de quintos y la ley de banderas. No es extraño que semejante resultado animara a seguir ampliando la apuesta a las normas provenientes de los poderes localizados en Madrid: especialmente las medidas dirigidas contra la presencia parlamentaria, propaganda, actos electorales y financiación del MLNV. Asimismo, cuando el origen del desagrado era una resolución judicial, las propias autoridades autonómicas y locales -así como los partidos que las sustentan- han sido las que han organizado e implantado protestas ciudadanas para amedrentar a quienes tienen asignada la responsabilidad de impartir justicia.

La tradición vasca -especialmente intensa en las provincias costeras- es tan antigua como el pulso entre el Gobierno de Madrid y las diputaciones forales. Las revueltas conocidas como matxinadas consiguieron amedrentar lo suficiente a las autoridades forales durante los siglos XVII y XVIII; por lo que a partir de la llamada 'zamacolada' (la revuelta surgida en algunas anteiglesias próximas a Bilbao en 1804) las autoridades locales pasan a ser las que lideran el desafío al poder central. La acusación de que los diputados generales y los junteros no defendían lo suficiente los derechos forales ante las autoridades de la Corte -parcialmente cierta- acabó por asumirse por una parte importante de las elites vascas, que pasaron a aplicar más o menos sistemáticamente el llamado principio del 'se obedece pero no se cumple'. Esta obstaculización en la aplicación de las medidas consideradas 'contra fuero' se repitió una y otra vez en las disposiciones relacionadas con la desamortización de propiedades comunales y en otros campos conflictivos como el de la educación, el reclutamiento de quintos y la tributación.

Un cambio de actitud que consiguió un creciente acercamiento entre las autoridades forales y los líderes de los grupos populares más propensos a adoptar la fuerza como medio de resolución de conflictos. Así, una mayoría de las autoridades forales participan en los levantamientos del carlismo; movimiento que, a lo largo del siglo XIX, va cambiando el énfasis reivindicativo desde la cuestión dinástica a la foral, con especial incidencia en los derechos colectivos de la población rural (que era su principal sostén).

La deseable identificación entre gobernantes y gobernados y el importante cometido de velar por la aplicación de la normativa foral (conservada en buena parte por la presión de esas masas populares) tuvo unos efectos secundarios que seguimos padeciendo hoy mismo: el menosprecio de la ley y la autoridad entre los vascos. Porque el ejemplo del desafío a las normas 'de Madrid' se ha extendido al conjunto de la población, que confía más en su propia capacidad de presión -a menudo mediante la fuerza- que en la confianza en la justicia impartida por los órganos jurisdiccionales.

Sin ir más lejos, este mes de agosto, quien esto escribe ha podido observar hechos como los siguientes: un ciudadano abroncando agresivamente a un policía municipal mientras éste se disculpaba tímidamente por tener que imponerle una multa, un manifestante desafiando e insultando a un antidisturbios a pocos centímetros de su cara (enmascarada, no vaya a ser que lo reconozca luego y le atice) mientras el ertzaina trataba de mirar para otro lado, personas paseando por un jardín particular y retando a su propietario para que intentara echarles de allí, entre otras. Frecuentes son las noticias de disturbios que se saldan sin detenciones y la consiguiente impotencia de las fuerzas de seguridad. Como me comentó en una ocasión un agente de la Ertzaintza al presentar yo una denuncia: «Comprendo que lo haga, pero esto no le va a servir para nada».

La lucha de poderes entre Vitoria y Madrid ha tenido un efecto colateral: el debilitamiento de la seguridad jurídica percibida en la calle. Desconozco las estadísticas comparativas entre la litigiosidad y el grado de cumplimiento de sentencias de Euskadi respecto de las del resto del Estado, pero la percepción que aquí escribo es generalizada en lo que se refiere al derecho administrativo.

La debilidad de la autoridad, propiciada por las propias autoridades locales y autonómicas, se está volviendo contra éstas. Porque el incumplimiento de las leyes ha sido uno de los principales factores que han permitido que el movimiento antisistema vasco haya resistido a toda clase de coyunturas, convirtiéndose en uno de los más influyentes del mundo. Así, con la ayuda de muchas de las autoridades locales y autonómicas, el MLNV ha conseguido que el desafío a la autoridad y a la ley se hayan convertido en un elemento central del hecho diferencial vasco, en una parte de la personalidad colectiva de este pueblo.

I. Suárez-Zuloaga es autor de 'Vascos contra vascos' (Planeta, 2007)

¿Los vicios privados de los gobernantes hacen la prosperidad pública?
Javier Ybarra* El Confidencial 19 Septiembre 2008

Es probable que Francia, debido a sus cuatrocientas variedades de quesos, sea una nación difícil de gobernar pero, en cambio, lo francés no es una simple etiqueta sino un corazón vigoroso que, desde la Revolución, palpita con ritmo armonioso en el subsuelo del país. Ello se debe a que, a partir de 1789, dio por zanjadas las cuentas pendientes con su Historia.Ya sabemos también que los ingleses no tienen vida sexual sino botellas de agua caliente “instead”, pero un inglés es más inglés que un español español.

Un escocés, por ejemplo, nunca dirá en la BBC que “a Inglaterra se la metan por el culo los ingleses”, como dijo aquí Pepe Rubianes. Entonces, ¿qué es España? ¿Una gran nación? ¿Un consorcio de territorios a cuyo frente hay un gerente, ZP? ¿Un país que, a pesar de haber padecido 4 guerras civiles en los últimos 160 años, no ha sabido zanjar, como Francia, las cuentas pendientes con su Historia, y en sus cementerios yacen, unos junto a otros, los cadáveres de nuestros tatarabuelos, abuelos y padres que se mataron entre ellos? ¿Un gigante Gulliver que mientras duerme, los enanos lo atan al suelo y al despertar lo hacen prisionero, y no lo liberan hasta que prometa no infringir las leyes del País Vasco (autodeterminación) y catalán (el Estatuto de la bilateralidad)?

“España es un panal insolidario”. Me lo decía ayer mismo un vendedor de miel de la Alcarria que había tenido mucho tiempo para pensar pues fue cartujo en Miraflores y luego quiso ser cantante de rock en la orquesta Los Infames de Antonio Hernández Mancha: “¿Qué culpa tendré yo de que el Panal [el Estado] se componga de 17 celdillas con miel [las Comunidades Autónomas] y que, desde 1978, con el permiso de UCD, PSOE y PP, lo estén vaciando a cambio de votos con los que sacar adelante leyes partidistas?”. Luego, el alcarreño metió un dedo en el tarro de miel y antes de llevárselo a la boca dijo:

- La colmena nacional se está quedando vacía. Aunque siempre hay honrosas excepciones, lo que más importa a los gobernantes es gestionar el poder y servirse de él, anteponiendo su voluntad, sus instintos y obsesiones [Ley de Memoria Histórica, la anticrisis, acabar con ETA como buenos amigos, promover el suicidio asistido, etc] a la razón. Miran más por sus vicios privados que por el beneficio público.

Aunque el mielero jamás había oído hablar de Mandeville, acababa de desenterrar la teoría que él había defendido con ardor en el siglo XVIII y que había causado furor en toda Europa. Bernard de Mandeville fue un médico y pensador jansenista que, procedente de Holanda, se había establecido en Inglaterra justo cuando el país debatía acaloradamente sobre los valores morales de la época.

En 1714, con la intención de meter el dedo en el ojo de los fanáticos religiosos, Mandeville dio a la estampa un estrafalario libro que acabó siendo uno de los más leídos de todo el siglo: The fable of the bees; or private vices, public benefits (La fábula de las abejas; o los vicios privados hacen la prosperidad pública). Según él, las abejas viven como seres humanos formando parte de una colmena corrompida por los vicios.

Pero “el vicio”, decía, “es el fundamento de la prosperidad y la felicidad nacional”, pues allí donde el comercio es intenso, el fraude y el vicio se filtran en él como una culebra, y a medida que éstos desaparezcan también irán desapareciendo de los mares los barcos y los comerciantes y, con ellos, el vicio y el lujo, “pues jamás hubo ni habrá frugalidad nacional sin pobreza nacional”.

*Javier Ybarra es autor de Nosotros, los Ybarra.

El fracaso de los políticos españoles
Francisco Rubiales Periodista Digital 19 Septiembre 2008

Los políticos españoles que han gestionado la democracia han cosechado un rotundo fracaso, a juzgar por sus frutos. La España que se dice democrática ocupa hoy los primeros puestos europeos en mala calidad de la enseñanza, fracaso escolar, divorcios, destrucción de empleo, abortos per cápita, consumo de drogas, prostitución e incremento de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia.

Hay otros capítulos, tan vergonzosos que ni siquiera se someten a estadísticas, seguramente porque no le conviene al poder, en los que España también ocuparía la cabeza del ranking europeo. Nos referimos a factores como el número de ciudadanos que caen en la pobreza, la pérdida de los grandes valores, la insolidaridad, la arrogancia del poder, el sometimiento de la Justicia al poder político, el hundimiento de la calidad de la democracia, el deterioro de la convivencia, la crispación en la vida política, el control gubernamental de los medios de comunicación, la marginación política del ciudadano, el desprecio ciudadano a los políticos, el desprestigio de la clase gobernante, la hipertrofia del Estado, el despilfarro de dinero por parte del poder, la creciente distancia entre ricos y pobres, la desigualdad y la corrupción.

Aunque no se midan, algunos de esos datos sí tienen referentes elocuentes. Los políticos españoles, para vergüenza de esa clase dirigente, aparecen ya en las encuestas entre los diez mayores problemas de la nación. En los sondeos, los partidos políticos figuran como las instituciones más corruptas, por delante, incluso, de la policía.

Esta es la España que nos han fabricado aquellos partidos políticos que fueron tan deseados en tiempos del dictador, transformados hoy, paradójigamente, en el principal obstáculo para que España sea realmente una democracia. La decepción es tan alta entre los demócratas que algunos ya se atreven a decir que "éstos están haciendo bueno al viejo general".

Voto en Blanco

El patriota inesperado
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 19 Septiembre 2008

CUANTO más intenta tranquilizarnos, más nos intranquiliza. Se ha contradicho tantas veces, ha echado tantas veces las cuentas de la lechera -en la negociación con ETA, en los nuevos estatutos, en esta crisis económica-, que cada vez que nos dice que todo va bien, pensamos que va mal. Ocurre a los mentirosos crónicos: que no se les cree ni cuando dicen la verdad. Que no es este el caso, desde luego.

Se comprende que un presidente de Gobierno intente que no cunda el pánico, para que sus conciudadanos no corran a sacar sus ahorros de los bancos. Pero para eso, los presidentes deben gozar de un margen de confianza que el nuestro no tiene tras habernos mentido tanto. Y que sigue haciéndolo lo demuestra su última joya. Un hincha del fútbol puede decir «Mi equipo es el mejor, aunque pierda», y se le disculpa. Pero un presidente del Gobierno español no puede decir, por mucho énfasis reiterativo que le eche, «Prefiero la industria española a cualquier otra industria de cualquier otro lugar del mundo», sin provocar la carcajada o el desdén. ¿Mejor nuestra industria que la alemana, qué la japonesa, qué la finlandesa incluso, que se ha puesto a la cabeza de la telefonía móvil? Esos alardes de patriotismo desaforado caben en los estadios o en las tertulias, no en un Parlamento cuando se debate la mayor crisis económica de las últimas décadas. No dudo de que haya empresarios españoles que con enorme esfuerzo y sacrificio mantienen sus industrias a un nivel aceptable. Pero nunca estarán entre las punteras por faltarles la tecnología necesaria.

Algo que sólo se consigue a base de educación e investigación, en lo que vamos a la cola de los países desarrollados, precisamente por la desidia de los políticos. Pero a este hombre tanto le da, con tal de escabullir el bulto y echar a otros las culpas de los problemas que surgen, cambiando su discurso sin el menor rebozo. Ahora resulta que después de decir que «nación es un concepto discutido y discutible» se ha convertido en un nacionalista de los que decían que nuestro cielo es más azul que ninguno, nuestras mujeres, las más guapas y nuestros hombres, los más valientes. Hombre, no está mal que nuestro presidente descubra finalmente España y reconozca sus cosas buenas, en vez de hacer como hasta ahora, que sólo veía las malas. Pero a España no se la defiende con exageraciones pueriles ni con patriotismo de pandereta. Se la defiende con verdades, que él nunca mantuvo, y posiciones realistas, que él nunca adoptó. Y lo primero que tendría que hacer en estos momentos, en vez de esos brindis al sol, es lo que están haciendo otros jefes de Gobierno: admitir la gravedad de la crisis, averiguar su profundidad en nuestro país e ir poniendo los diques de contención necesarios para lograr que los daños sean los mínimos posibles. Al tiempo que deslinda las causas endógenas y exógenas de la misma, para ir poniendo remedio a las que son propias de nuestra economía.

Aparte de callarse, para no ponernos aún más nerviosos.

La ficción y el pacto con el PNV
GERMÁN YANKE ABC 19 Septiembre 2008

Asistimos estos días, después de meses de visible presión policial, a la persecución judicial de ETA y sus caretas de todo tipo. De sus ramificaciones más bien, ya que la banda terrorista, como acreditan tanto las sentencias como el sentido común, no son sólo una serie de grupos armados sino también un entramado complejo de apoyos económicos, políticos, etc., sin los cuales aquellos no podrían existir y hacer el daño continuado que hacen.

Todo ello nos retrotrae al tiempo nefasto en que una y otra cosa parecían detenidas para ver si el Gobierno conseguía sacar adelante el proyecto de final dialogado -llamado «proceso» con un término que procede de la propia banda- y que terminó, como se preveía, en un rotundo y desgraciado fracaso. Hemos constatado, algunos tarde, es de esperar que ninguno mal, que en ETA no hay resortes internos para una pretendida autodisolución: el terrorismo no es para la banda sólo un instrumento, lo que ya sería pernicioso, sino parte de su entraña y de su ideología totalitaria.

La consecuencia no es otra que seguir con la férrea persecución policial de todos los extremos del terrorismo para poner a sus responsables a disposición de la Justicia y mantener, con idéntica tenacidad, la exclusión -y hasta el hostigamiento legal- de los que de un modo u otro colaboran con él o cooperan a sostenerlo y conseguir sus bárbaros objetivos. No es sino lo que se decía en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

Poder local activo
Si el juicio de lo que se hizo durante la primera legislatura de Zapatero, siendo legítimo, pertenece al pasado, las enseñanzas y las consecuencias de lo que ocurrió son asuntos candentes del presente, retos políticos que deben ser afrontados con seriedad. Un ejemplo ha saltado ya a las páginas de los periódicos y al debate político: ANV ha sido ilegalizada y disuelta (con datos y argumentos que ya se conocían cuando no se quiso presentar la correspondiente demanda), pero su poder local real sigue activo. Es un inconveniente y una alteración de la vida democrática. El Gobierno, si no quiere disolver los ayuntamientos en que gobierna ANV, tendría que explicar cómo va a lograr el objetivo de que ninguno de los que sostienen y dependen de ETA participen en la vida política.

Pero, quiérase o no, este asunto -el de ETA- afecta directamente al PNV y a las relaciones de los grandes partidos con esa formación nacionalista. Afecta porque el PNV es el sostén principal de los planes de autodeterminación del lehendakari Ibarretxe, aprobados con la ayuda de los secuaces de la banda terrorista en el Parlamento Vasco y recogiendo, hasta en la terminología, la doctrina de ETA. Afecta porque, desde las mismas bases de la «Izquierda Abertzale», con la que Ibarretxe quiere conformar una plataforma política, el PNV es el elemento fundamental de un enfrentamiento con el Estado y con el propio sistema constitucional hasta el punto de animar absurdas y esperpénticas demandas contra el primero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya intentó el Gobierno vasco demandar a España en el mismo tribunal y, como se le dijo que era parte del Estado y no podía admitirse, se saca de la manga esta operación en la que los elementos atrabiliarios no ocultan la indignidad.

Ya sabemos que el PNV, más que tener dos caras, quiere hacérnoslas ver con todo tipo de mistificaciones. Se apoya a Ibarretxe, se sostienen sus planes, se recurre al Tribunal Constitucional con él, se aprueban los gastos que ya ha ocasionado la iniciativa, se pacta parlamentariamente con el PCTV para que siga vigente, etc. Y, por otro lado, cuando interesa, se dice que es un acuerdo del Gobierno autonómico y que sus intereses como partido son otros. Si fueran realmente otros la coherencia debería llevar al PNV por otro lado pero no es así en absoluto: el que tenía otros planes, el ex presidente del PNV Josu Jon Imaz, no pudo ni convencer a sus compañeros de la dirección y lo que tuvo que hacer es dimitir y abandonar la política.

Querencia de vínculos con PNV Importantes sectores del PSOE quieren, a pesar de todo, seguir manteniendo vínculos de entendimiento y acuerdo político con el PNV, incluso defienden, antes de conocer los resultados, la conveniencia de un acuerdo con los nacionalistas tras las próximas elecciones vascas. Ya empiezan las contrapartidas y los manejos. Debe quedar claro, al menos, que no lo hacen con un PNV ajeno a los planes de Ibarretxe y la doctrina de ETA, sino tratando de engañarse y engañarnos con una ficción.

España y Libertad se felicita por ilegalización de ANV
España y Libertad Bilbao  19 Septiembre 2008

España y Libertad exige de los partidos que se dicen democráticos y contrarios a la violencia de ETA, que inmediatamente planteen mociones de censura en todos los ayuntamientos con presencia de la formación abertzale, para que los ediles de ANV carezcan de cualquier tipo de responsabilidad de gobierno.

COMUNICADO
España y Libertad, ante la sentencia del TS que ilegaliza al brazo político de ETA en los ayuntamientos del País Vasco, por un lado quiere felicitar a la Justicia española por adoptar una decisión que debió adoptarse ya desde un principio y que
por desgracia fue frenada desde instancias políticas, debido a la negociación que entonces mantenía el gobierno del PSOE con ETA-Batasuna.

Por otro lado España y Libertad exige que la sentencia del tribunal Supremo se cumpla sin dilación alguna, y a diferencia de lo que sucedió con el grupo parlamentario de EH en el Parlamento Vasco, los grupos municipales de ANV se disuelvan inmediatamente.

Igualmente España y Libertad exige de los partidos que se dicen democráticos y contrarios a la violencia de ETA, que inmediatamente planteen mociones de censura en todos los ayuntamientos con presencia de la formación abertzale, para que los ediles de ANV carezcan de cualquier tipo de responsabilidad de gobierno.

Por último España y Libertad considera que es intolerable que existan cargos electos que representen a ETA y además sigan embolsándose casi 4 millones de euros en concepto de emolumentos a costa del pueblo español hasta 2011. Por ello y para
evitara que los ediles separatistas sigan en el grupo mixto representando la violencia terrorista, España y Libertad exige a las fuerzas democráticas de cada ayuntamiento que fuercen la convocatoria de nuevas elecciones municipales en el País
Vasco aprobando una moción en tal sentido, instando al gobierno para que disuelva los consistorios vascos con presencia abertzale.

Más información
Javi Muñoz
Comunicación
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El viaje de Ibarretxe a Estrasburgo
El órdago del 'lehendakari' al demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede ser intrascendente si fracasa. Él debería asumir las consecuencias de un fallo contrario a sus pretensiones
ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN EL País 19 Septiembre 2008

Durante los seis años que han transcurrido desde la primera entrega del plan Ibarretxe en el Parlamento Vasco (septiembre de 2002), su promotor ha tratado reiteradamente de dirigir nuestras miradas hacia el exterior, de focalizar nuestra atención más allá de nuestras fronteras. Frente a las objeciones que se oponían a su pretensión, Ibarretxe trataba de mostrar que lo que tanto sorprendía en España, lo que entre nosotros se consideraba inaceptable, era moneda común en otras partes del mundo y, en primer lugar, en Europa.

Ahora Ibarretxe prosigue por ese mismo camino con una iniciativa inscrita en similares pretensiones de fondo. Al demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) quiere transmitir la idea de que, negando la capacidad de las instituciones vascas para realizar la consulta aprobada por ley del Parlamento autonómico, se contradice el estándar democrático europeo, vulnerando, en este caso, un derecho considerado fundamental y garantizado como tal en Europa. Por ello es necesario que las instituciones europeas -el TEDH, en este caso- vengan a poner las cosas en su sitio, corrigiendo las grandes limitaciones de la democracia española.

Pero la iniciativa actual tiene unas connotaciones muy diferentes. Ya no se trata de ignorar las razones de quienes objetan la validez de los ejemplos utilizados, o, incluso, su mismo relato, por mostrar una realidad tergiversada. El desprecio de estas razones, con la despreocupada facilidad con que se ha venido haciendo, carecía de consecuencias. Ahora, sin embargo, la pretensión de Ibarretxe será sometida a un contraste irrefutable: la decisión del Tribunal de Estrasburgo. La iniciativa, si finalmente se materializa, tendrá que superar un primer rasero formal sobre la admisibilidad de la demanda y, en su caso, si lo salvase, un examen definitivo sobre el fondo del asunto.

Se han puesto ya ampliamente de manifiesto las serias dificultades que plantea, desde el punto de vista del procedimiento, la admisibilidad a trámite de una demanda como la que se pretende. La naturaleza jurídica internacional del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) (CEDH) configura un sistema de garantías de carácter supletorio, para cuya activación deben agotarse, previamente, las posibilidades de protección dentro de cada Estado; es decir, los recursos judiciales internos (artículo 35 del CEDH). Las características del sistema español de protección judicial de los derechos fundamentales, que culmina con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, convierte en una tarea de extraordinaria dificultad la pretensión de que se admita la demanda sin que sus promotores hayan agotado los recursos internos, por resultar inútiles o impracticables.

Pero el problema de la iniciativa de Ibarretxe, por encima de todo, es de fondo, de identificación del derecho vulnerado entre los contemplados en el CEDH. ¿Tienen los ciudadanos vascos demandantes, al amparo del CEDH, un derecho a ser consultados por las autoridades regionales sobre la situación política en su comunidad o sobre el estatus futuro de la misma sin que sea necesario requerir autorización del Estado? O, ¿tienen los partidos políticos derecho a llevar adelante, a través de las instituciones representativas regionales, una iniciativa similar? Porque ésta es la cuestión a la que tendrán que enfrentarse los jueces de Estrasburgo. Y ninguno de los derechos amparados por el CEDH alberga un contenido como el pretendido, lo que abocaría al directo rechazo de la iniciativa.

Las serias dificultades para engarzar la pretensión de Ibarretxe en el catálogo de derechos del Convenio Europeo tienen un significado trascendental, que va más allá de esta concreta iniciativa: ponen de relieve que la concepción de la democracia que sostiene Ibarretxe, lo que es sustancial en ella, no se corresponde con el estándar democrático europeo.

Ibarretxe viene afirmando con reiteración, desde el debate de política general de septiembre de 2003, que negar el derecho de autodeterminación -y, ahora, negar el "derecho de decidir"- no sólo es "negar la identidad de los vascos como pueblo", sino, también, "negar la democracia"; lo mismo que negar la capacidad del lehendakari para consultar directamente a su pueblo.

Ibarretxe viene expresando durante estos años una concepción muy simplista de la democracia, articulada sobre dos fundamentos que, pudiendo parecer contradictorios, tienen una profunda complementariedad: la construcción de un liderazgo que pretende concentrar el poder político de forma absorbente -como representante directo del pueblo- y el establecimiento de la participación directa de la ciudadanía, a través de la forma de referéndum, como expresión suprema y fundamento de la auténtica democracia. Y se trata, además, de una concepción peligrosa. Los padres fundadores de la democracia americana, especialmente James Madison y Alexander Hamilton, comprendieron muy pronto, frente al bíblico Thomas Jefferson, que una democracia no puede ser viable si sus leyes fundamentales quedan sometidas a continua revisión por el poder constituyente del pueblo. La viabilidad del sistema democrático descansa sobre el establecimiento de un adecuado sistema de controles y equilibrios (checks and balances) entre las diferentes instituciones que ejercen poder político. Como expresa Gore Vidal (Inventing a Nation) con su habitual agudeza, para ellos era necesario construir una democracia "tan cuidadosamente sometida a controles y equilibrios que ningún César, ni mucho menos la muchedumbre, pudieran secuestrarla fácilmente". Porque ésos son los riesgos a los que aboca la concepción de la democracia que Ibarretxe ha pretendido imponernos.

Europa viene preocupándose desde hace muchos años por la democracia; y viene preocupándose por la protección de las minorías nacionales desde la reordenación de nuestro continente tras la caída del muro de Berlín, por referirnos a nuestra historia más reciente. Y ni el derecho de autodeterminación forma parte del estándar europeo de protección de las minorías nacionales, ni la consulta a los ciudadanos a través de referéndum forma parte del estándar básico de la democracia europea. Aunque le disguste a Ibarretxe, la autonomía de que disfrutamos garantiza la "identidad como pueblo" de los vascos; y nuestra democracia es solvente. Porque la concepción europea de la democracia se asienta sobre la representación y el ejercicio de los derechos fundamentales por los ciudadanos; y los institutos de democracia directa no forman parte del núcleo fundamental de ese estándar democrático, precisamente, por la facilidad con que, en determinadas condiciones, pueden ser manipulados en contra de la democracia.

Los partidos que sostienen el Gobierno vasco, especialmente el PNV, empiezan a mostrarse conscientes de estas dificultades, lo que hace más difícil de entender la iniciativa de Ibarretxe y la convicción aparente con que la lanzó. Ibarretxe actuó de forma irreflexiva; o está tan ensimismado en su construcción argumental que no es consciente de la distancia entre ésta y la realidad.

La iniciativa contenía los elementos propios de una operación de consumo interno, terreno en el que el nacionalismo ha demostrado una contrastada sagacidad. Pero en una sociedad como la actual, esta operación presenta grandes dificultades. Los excesos verbales de Ibarretxe cuando pontifica sobre democracia pasarán ahora, por su propia decisión, un examen europeo. Un examen que tiene que tener consecuencias. De la misma forma que la iniciativa, si prosperase, tendría consecuencias ineludibles, debe tenerlas si no prospera.

Una apuesta de esta naturaleza, con el pulso político extremo que contiene, no puede ser intrascendente si fracasa. Es la propia credibilidad de Ibarretxe como gobernante la que se pone en juicio. Si como ciudadano tiene derecho a defender su concepción de la democracia y como representante político a tratar de hacerla realidad, siempre que respete los límites impuestos por las leyes, como gobernante no puede embarcar a la sociedad en una iniciativa similar sin asumir las consecuencias de su fracaso. ¿Preferirá la sociedad vasca seguir regodeándose en la parálisis?

Alberto López Basaguren es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

Ilegalizar, deslegitimar
EDITORIAL El País 19 Septiembre 2008

Sacar de la legalidad al PCTV y ANV es legítimo; ahora el PNV debe renunciar a defenderlos

La ilegalización por el Tribunal Supremo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), dos días después de la de ANV -las dos últimas siglas utilizadas por Batasuna para presentarse a las elecciones-, significa que la izquierda abertzale ligada a ETA no podrá participar en las autonómicas de la primavera próxima, lo cual tendrá consecuencias políticas. Esas ilegalizaciones, como la de las Gestoras pro Amnistía por la Audiencia Nacional esta misma semana, forman parte de la dinámica de acoso judicial al mundo de ETA impulsada tras la oficialización, en junio del año pasado, de la ruptura de la tregua.

El PP ha reprochado al Gobierno su negativa, en 2007, a impugnar la totalidad de las listas de ANV para las elecciones municipales, lo que habría evitado que fueran elegidos bajo esas siglas 437 concejales que conservarán su acta hasta el final de su mandato, pese a que la sentencia considera a su partido un instrumento de ETA. Los indicios de que Batasuna había colonizado ese viejo partido para burlar la ley eran abrumadores, y aun así el Gobierno y la fiscalía sólo instaron la ilegalización de la mitad de sus listas. Se invocaron para ello razones jurídicas, aunque era obvio que la decisión estaba condicionada por el deseo de evitar la ruptura definitiva de la ya agonizante tregua.

Hoy es evidente que, además de incoherente jurídicamente (un partido no puede ser en parte legal y en parte ilegal), fue un mal cálculo. Sin embargo, tuvo la virtud de evidenciar (especialmente ante las bases de Batasuna) que la razón de la ruptura no fue la intransigencia del Gobierno; y que no son las ideas independentistas, sino la incapacidad para desligarse de quienes tratan de imponerlas violentamente, lo que marca la frontera entre legalidad y prohibición.

Esto tiene importancia en el momento presente, con una ETA inercial cuya influencia política es cada día menor y en cuyo organismo más sensible, los presos, han aparecido señales de disidencia precisamente en torno a lo injustificado de la ruptura de la tregua. La eficacia policial frente a una ETA que esta misma semana ha vuelto a intentar asesinar sigue siendo el principal argumento para restar apoyos sociales a la banda. Pero la otra condición para que la disidencia se torne un día en desbandada es que el nacionalismo gobernante extienda su indudable rechazo a ETA al frente político de la banda.

El PNV es incoherente al considerar, por un lado, que constituye un abuso vincular con ETA actividades políticas de grupos y partidos no violentos, y realizar, por otro, continuos llamamientos a que esos grupos y partidos rompan su dependencia de ETA. No puede haber igualdad de oportunidades si uno de los partidos que participan en las elecciones forma parte de un entramado dirigido por una banda que en vísperas de las últimas elecciones asesinó a un ex concejal de Mondragón sin que ni Batasuna, ni el PCTV ni ANV hicieran nada para distanciarse del crimen.

Bruselas condena el uso separatista de las lenguas
R. M. DE RITUERTO - Bruselas El País 19 Septiembre 2008

La Comisión Europea condena los intentos de utilizar las lenguas para promover el separatismo, y alienta a los Estados a que adopten políticas que permitan a los inmigrantes conocer a fondo los idiomas del país de recepción, señaló ayer el comisario de Multilingüismo, Leonard Orban. La pluralidad es una ventaja que debe aprovechar la UE para tener mayor proyección en el resto del mundo, dijo Orban.

"Hemos luchado contra la voluntad de utilizar la lengua para promocionar el separatismo", respondió el comisario cuando se le preguntó sobre lo que algunos en España ven como acoso y derribo del castellano en beneficio de las lenguas cooficiales.

Evitando referirse a este caso, el comisario reconoció que son los Gobiernos nacionales y regionales los que tienen competencias sobre las políticas lingüísticas y subrayó que "el multilingüismo es una política que debe unir y promover la comprensión".

“EL ESPAÑOL ES EL IDIOMA COMÚN, O DEBERÍA SERLO”
Air Berlin no introducirá el catalán: “No es rentable”
El director de Air Berlin para España y Portugal, Álvaro Middelman, ha dejado meridianamente claro que no introducirá el catalán en sus vuelos, según informa e-noticies. Ni las presiones del Gobierno mallorquín ni los improperios y amenazas de Joan Puig, ni el boicot del Barça han conseguido amedrentar a la compañía alemana. “El castellano es, hoy por hoy, el idioma común a todos los españoles, o debería serlo” y “el catalán no es rentable”.
Libertad Digital 19 Septiembre 2008

El ejecutivo se ha visto obligado a tener que explicar que "somos una compañía alemana" que "nos cuesta mucho tener personal de vuelo que al menos hable el español", y ha recordado que "llevamos invertidos 800.000 euros". Middelman ha recordado que estamos en época de crisis y que el coste de los aparatos y de vuelos se ha incrementado.

"Sinceramente hemos optado -espero que se comprenda porque somos una empresa privada, que cotiza en bolsa y tiene que dar explicaciones a los accionistas- por el español, el idioma que, hasta que no se demuestre lo contrario hoy por hoy es común a todos los españoles, o debería serlo", ha insistido.

El director general de Air Berlin ha dicho que "el catalán no es rentable" y que "lo importante es que hay operadores que conecten ciudades y regiones con avión y no el tema del idioma". "Con todo respeto", ha añadido. "Yo hablo cinco idiomas, cinco y medio, pero no me he lanzado a hablar el mallorquín en la intimidad", ha comentado a modo de chiste en recuerdo a las palabras del ex presidente Aznar sobre el catalán.

Álvaro Middelman ha admitido que es "un tema muy complicado" pero un “secundario”. "Somos una compañía que no podemos beneficiarnos de subvenciones para este tipo de cosas, aparte que sería impracticable" y que "tenemos otras prioridades". “Tenemos que sacar la compañía adelante, y además hay otros idiomas, que el tema no se acaba ahí”, ha dicho en referencia al gallego y al vasco. "Hoy he volado esta con una compañía que me ha traído de Palma a Barcelona y no he oído ninguna frase en catalán, se conoce que no somos los únicos", ha concluido.

UGT estará «vigilante» con la extensión del catalán en las aulas aragonesas
ROBERTO PÉREZ ABC 19 Septiembre 2008

ZARAGOZA. El sindicato UGT ha anunciado que estará «vigilante» en el desarrollo del anteproyecto de Ley de la Educación de Aragón. La responsable de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT-Aragón, Gloria Pardillos, indicó ayer a ABC que están analizando el contenido del anteproyecto de ley para presentar alegaciones. El plazo de información pública se abrió el pasado martes, por treinta días naturales.

Una de las cuestiones que «vigilará» UGT es la extensión del catalán en las aulas de colegios e institutos de comarcas aragonesas limítrofes con Cataluña. Tal y como adelantó este diario a principios de semana, el anteproyecto preparado por la Consejería de Educación del Gobierno aragonés, dirigida por el PSOE, prevé reforzar el uso del catalán como «lengua vehicular». Es decir, que se den en catalán las clases de distintas asignaturas.

Gloria Pardillos reconoció que llevar a la práctica una regulación de este tipo «puede resultar problemático, aunque no necesariamente». Todo dependerá de la letra pequeña, del detalle. Por eso, UGT entiende que uno de los primeros pasos que debe dar el Gobierno aragonés es «concretar más, dotar de contenido» al articulado en diversos apartados, entre ellos el del uso del catalán en las aulas.

Y es que esa extensión del catalán en colegios e institutos de varias comarcas de Aragón, por la que apuesta el anteproyecto de ley preparado por el Gobierno del socialista Marcelino Iglesias, tendría consecuencias directas para los docentes. A más centros en los que se impartan asignaturas en catalán, mayores restricciones a la hora de acceder a la docencia y más limitaciones en la movilidad geográfica de los profesores.

Autonomía de los centros
Hasta ahora, las clases en catalán sólo se imparten de forma limitada y experimental en cuatro centros de Fraga y en uno de Tamarite de Litera. Para evitar problemas a futuro, Pardillos ha indicado que «estaremos vigilantes para que los derechos de los trabajadores de la enseñanza no se vean mermados o vulnerados».

Uno de los aspectos que debe concretarse es la autonomía de los centros. Esta sindicalista indicó que la experiencia catalana obliga a ser prevenidos, porque «estamos radicalmente en contra de que la autonomía del centro se interprete para seleccionar al profesorado». UGT defenderá este criterio con carácter general en todos los centros públicos aragoneses, pero es algo que adquiriría mayor relevancia en aquellas comarcas en las que el catalán pueda ser «lengua vehicular». Allí, esa autonomía en los procesos de selección podría conducir a restricciones y a una mayor prevalencia de los catalano-parlantes a la hora de acceder a los puestos docentes.

La responsable de Enseñanza de UGT-Aragón considera, en cualquier caso, que se puede alcanzar una Ley de Educación positiva y cree que la clave será delimitar con claridad su contenido y hacerlo a partir de ahora contando también con los docentes, mediante la negociación con los sindicatos.

Unión Coruñesa exige que se juzgue a los autores del ataque a la tienda de Antonio Pernas
La Voz 19 Septiembre 2008

El partido político Unión Coruñesa quiere mostrar su apoyo al diseñador y empresario Antonio Pernas después del ataque que sufrió uno de sus comercios ayer. Desde esta agrupación, señalan que se trata de un hecho intimidatorio que pretende amedrentar a los ciudadanos que deciden usar el castellano como lengua vehicular. Consideran que los autores del suceso son delincuentes, que «merecen que el peso de la ley recaiga sobre ellos».

Desde Unión Coruñesa se insta a todos los partidos políticos a que se unan de manera unánime al rechazo de estos grupos incontrolados, «que quieren imponer el gallego con métodos violentos».

ESTATUTO DE CATALUÑA
El Constitucional justifica los dos años de tramitación de los recursos contra el 'Estatut'
El TC informa de otros asuntos que requerían una resolución también inaplazable, como las leyes de Igualdad o la consulta popular promovida por Ibarretxe
El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho pública una nota de prensa en la que justifica, "ante las informaciones y declaraciones aparecidas en diversos medios de comunicación", los dos años que los recursos presentados contra el Estatut de Cataluña llevan en tramitación. En el comunicado, el Constitucional da cuenta de todos los pasos seguidos desde que el 31 de julio de 2006 el PP interpuso el primer recurso contra el texto estatutario e informa de otros asuntos "que requerían una resolución también inaplazable" y que el tribunal ha visto en este tiempo, como las leyes de Igualdad o de Violencia de Género o la consulta popular promovida por el Parlamento vasco.
Madrid Efe Estrella Digital 19 Septiembre 2008

En las últimas semanas, varios medios de comunicación han publicado informaciones en las que se acusa al TC de retrasar el fallo sobre el Estatuto catalán, e incluso el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, afirmaba el pasado lunes en una entrevista en el diario La Razón que el Constitucional "está en condiciones de emitir la sentencia sobre el Estatut desde hace cinco meses".

El TC recuerda que, después del interpuesto por el PP, se presentaron otros seis recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut, el último de los cuales fue admitido a trámite el 8 de noviembre de 2006.

Además, "al haberse presentado, sucesivamente, cuatro recusaciones contra otros tantos magistrados del tribunal", el procedimiento estuvo paralizado, como establece la ley, "hasta que tales recusaciones, con sus múltiples incidentes procesales, fueron resueltas", lo que no ocurrió hasta el 19 de abril de 2007.

Estimada la recusación del PP
Tres de las cuatro recusaciones fueron rechazadas, pero sí se estimó la que el PP presentó contra Pablo Pérez Tremps, que ha quedado excluido de las deliberaciones del recurso de este partido.

Desde ese momento, y hasta el 17 de diciembre de 2007, el pleno del TC abordó las diversas incidencias procesales planteadas por las partes -como peticiones de acumulación de los recursos y de desistimiento parcial- "cuya resolución debía igualmente preceder a su examen de fondo".

A partir de esa fecha -es decir, durante lo que llevamos de 2008-, "el pleno del Tribunal Constitucional ha venido deliberando de manera continua, simultáneamente a los asuntos urgentes a los que se ha hecho referencia, sobre el preámbulo y los más de cien artículos con más de doscientos preceptos impugnados en este recurso", según la nota.

El TC recuerda también que antes de abordar el debate sobre el Estatut tuvo que resolver el recurso presentado contra otro texto estatutario, el de la Comunidad Valenciana, que había sido interpuesto antes -concretamente el 11 de julio de 2006- y que no quedó resuelto hasta el 12 de diciembre de 2007.

Recursos previos
Además de los asuntos ya citados y que se han resuelto en este tiempo, como los recursos contra las leyes de Igualdad -la sentencia se dictó el pasado 29 de enero- y de Violencia de Género -se resolvió el 14 de mayo pasado- o la consulta popular vasca declarada inconstitucional la semana pasada-, el Constitucional tuvo que ocuparse de cuestiones de afectaban a su propia renovación.

Se trata de los recursos que el PP interpuso contra la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), rechazado el pasado 9 de abril, y posteriormente contra el artículo del Reglamento del Senado que faculta a los parlamentos autonómicos para proponer candidatos al TC, desestimado el 24 de julio pasado.

Por último, el tribunal dice que este trabajo "ha ido unido (...) al irrenunciable ejercicio de la jurisdicción de amparo de los derechos fundamentales y libertades públicas, lo que ha llevado a pronunciar durante el pasado año 265 sentencias, 471 autos y 11.341 providencias", mientras que en los siete primeros meses de 2008 se han dictado 102 sentencias, 258 autos y 7.297 providencias.

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