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Recortes de Prensa    Viernes 26 Septiembre 2008

¿Un genocidio cultural?
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 26 Septiembre 2008

Los nacionalismos han ganado la batalla de los idiomas. El estudio de la lengua común ha quedado reducido a un par de horas semanales. La persecución del castellano es sistemática en Cataluña, País Vasco Galicia y, en buena medida, en Baleares. ¡El español, prohibido en España! ¿Paradójico? Es el triunfo de los totalitarismos etnicistas y la derrota de la conciencia española. Estamos ante el fracaso del sistema democrático mismo. Lo que iba a ser la recuperación de los idiomas perseguidos durante el franquismo se ha convertido, después de sucesivas inmersiones de la población, en la implantación de un nuevo monolingüismo.

¿Y los dos grandes partidos? ¿Qué actitud mantienen los dos grandes partidos ante este inmenso desastre? Los socialistas, que vienen favoreciendo sin reservas la misma política lingüística que los nacionalistas, se empeñan en negar los hechos. Mientras, el Partido Popular, abrumado por sus contradicciones según las regiones, no es capaz de proponer la solución del bilingüismo. Ni ahora como principal partido de la Oposición, ni durante los ocho años en los que gobernó en España.

El hecho de que desde el poder central se esté negando tal estado de cosas indica hasta qué punto resulta difícil justificar la barbarie. Desearían que la hegemonía de las lenguas regionales fuera tal que no llegaran a producirse denuncias. Ocurre, sin embargo, que la violación sistemática de los derechos de los niños a ser escolarizados con derecho al estudio y el uso de la lengua materna se prolonga más allá de la escuela: el idioma como instrumento de discriminación social y laboral. Las dos sociedades.

Si Josep Benet tuvo razón en su día cuando escribió «L´Intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya», ¿cómo deberíamos calificar la persecución que está padeciendo en este régimen la población castellano-hablante en las llamadas nacionalidades y, ahora, en Baleares?

Pocas manifestaciones más justificadas que la promovida por Ciudadanos para el domingo, en la plaza barcelonesa de Urquinaona.

Las mentiras del comisario europeo de Multilingüismo
Al comisario sólo le faltó cenar con representantes de Òmnium Cultural y Carod Rovira para acabarse de documentar objetivamente sobre la realidad lingüística de Cataluña.
Antonio Robles Libertad Digital 26 Septiembre 2008

Es paradójico, pero cuanto más ha avanzado el mundo en acceso a la información, más expuesto y vulnerable está el ciudadano ante la mentira. El jueves pasado, el comisario europeo de Multilingüismo, el rumano Leonard Orban, ha declarado que Cataluña es un modelo de convivencia lingüística porque los organismos de la Comisión Europea no han recibido queja alguna por discriminación lingüística en Cataluña. O bien Orban miente o es un pésimo gestor de la responsabilidad que ostenta.

Según el Avui, "el comisario estuvo en noviembre del año pasado para comprobar el multilingüismo de La Caixa, del Fútbol Club Barcelona y una escuela del barrio de las Corts de la capital catalana, además de entrevistarse con el presidente de la Generalitat, José Montilla". Solo le faltó cenar con representantes de Òmnium Cultural y Carod Rovira para acabarse de documentar objetivamente sobre la realidad lingüística de Cataluña. Aunque según declaró a los periodistas, su impresión de que no hay discriminación lingüística en Cataluña la sacó de sus paisanos rumanos que viven en el Principado: "Los rumanos que viven en Barcelona están impresionados con la capacidad que tiene mucha gente para cambiar de lengua sin ninguna dificultad y sin siquiera darse cuenta".

Da vergüenza ajena que todo un comisario europeo se deje llevar por sensaciones coloquiales de unos paisanos suyos que viven en Barcelona y del aparato político que impone el modelo de inmersión y de exclusión del castellano. Todo un alarde de método científico.

Es evidente que el comisario europeo de Multilingüismo es un perfecto incompetente. Desde hace ya años se han ido haciendo llegar a los organismos internacionales y a la Comisión Europea varios informes de más de 300 páginas, que han sido contestados y que en algún caso han provocado que se instara al Gobierno español a actuar para evitar la discriminación de los derechos lingüísticos en Cataluña. Resulto ocioso aclarar que el Gobierno español nunca hizo caso a las recomendaciones de los organismos europeos.

Por ejemplo, el 28 de marzo de 2996, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas dejó escrito en el apartado 12 de su informe anual: "Aunque el Comité celebra la amplia autonomía de que gozan las comunidades autónomas en materia de educación, observa con preocupación que en Cataluña y en el País Vasco a los niños de la minoría castellanohablante les puede resultar difícil recibir la educación en su lengua materna".

El 26 de enero de 1999, en Estrasburgo, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) dejó escrito en el apartado 14 de su informe sobre educación: "Existen informes sobre las dificultades a las que a veces se enfrentan los niños de lengua castellana residentes en Cataluña y en el País Vasco cuando se trata de recibir una educación en castellano. Este tipo de casos debería seguirse de cerca".

El 19 de Abril de 2000, de nuevo la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial afirmaba: "Se invita al Estado Parte (España) a que en su próximo informe proporcione más información sobre las siguientes cuestiones: (...) d) las medidas tomadas para que las leyes que rigen el derecho a la educación y a la normalización lingüística en las comunidades autónomas no sean discriminatorias en la práctica."

También se han presentado cientos de quejas y recursos en organismos administrativos en Cataluña y en España, como el Sindic de Greuges y el Defensor del pueblo, por no menos de un millar por parte de asociaciones como la Asociación Miguel de Cervantes, CADECA y Asociación por la Tolerancia, además de denuncias particulares. De hecho hay sentencias de los tribunales españoles, sobre todo del TSJC, instando a la Generalitat a permitir a los padres ejercer su derecho a escoger la lengua vehicular de sus hijos en la escuela.

Pero lo más cínico de todo, son las declaraciones de políticos nacionalistas que, a pesar haber remitido ellos mismos informes para contrarrestar los que la Asociación por la Tolerancia ha remitido en varias ocasiones, aprovechan el informe de Orban para afirmar sin pudor que nadie nunca se ha quejado de discriminación lingüística alguna en Cataluña.

Avui trataba así el informe del comisario en titulares: "Europa niega la persecución del castellano en Cataluña". para seguir en la entradilla: "La Comisión Europea no ha recibido ninguna queja por discriminación y elogia el modelo lingüístico del Principado". En parecidos términos lo hacía El Punt y así lo repiten ya sin necesidad de consigna nacionalistas y socialistas.

La misma táctica de siempre, negar la realidad, negar los hechos objetivos y utilizar las palabras de Orban para arremeter contra los miles de ciudadanos en Cataluña que desde hace tres décadas vienen denunciando el apartheid lingüístico en Cataluña. Y lo peor es que pueden: tienen el control de los medios en Cataluña y ningún escrúpulo para mentir. Es agotador tener que ejercer de Sísifo para desenmascarar una y otra vez sus patrañas.
antoniorobles1789@hotmail.com

Genocidas Unidos
RSFAEL L. BARDAJÍ ABC 26 Septiembre 2008

Genocida es, según el diccionario, aquel que acomete el exterminio de un pueblo por razones de raza o religión. La ONU y otras instancias internacionales lo consideran un crimen contra la humanidad que debe ser punido con la más severa de las penas posibles. En Europa, sin ir más lejos, hemos creado un tribunal internacional para perseguir y castigar a los responsables de las horribles matanzas de los Balcanes.

Pero la humanidad haría muy mal si tuviera que esperar a que el genocida hubiera satisfechos sus objetivos para actuar contra él (o ella). Si la apología del terror también es un delito y debe ser penada, a la apología del genocidio le sucede lo mismo. Así se contempla en la Convención internacional contra el genocidio, de la que España es signataria.

Ahmadinejad, el actual presidente iraní, se aprovecha de un foro como la ONU para gozar de total impunidad y anunciar así al mundo que ansía el exterminio del pueblo de Israel. Que no es sino, entre otras lindezas, lo que dijo el pasado martes en la sede de las Naciones Unidas. Para más colmo, Mahamud Ahmadinejad, es reincidente, pues se ha acostumbrado a lanzar sus amenazas contra Israel sin que nadie se atreva a rechistarle.

Cuando el foro que para muchos debía servir de gobierno mundial se convierte en una parodia de mal gusto (como aquella comisión de desarme presidida por Saddam Hussein, o el comité de derechos humanos por Libia) o en un circo político (Chávez oliendo a azufre, rastro inequívoco del «diablo» Bush), poca confianza puede inspirar como Organización. Pero cuando se olvida de sus propias convenciones y permite que su estrado se utilice para alentar actos de genocidio, se está desacreditando como una institución cuyo fin es el respeto de la dignidad humana y la paz mundial.

Ahmadinejad no debe gozar de impunidad diplomática alguna. Tiene que ser responsable de sus palabras y actos. Debe ser encausado por incitación al genocidio. Si no, la propia ONU será cómplice de sus crímenes.

¿Ilegalizar en Francia lo que aquí se subvenciona?
Por conveniente que sea esa petición al país vecino, no deja de ser lamentable que el mismo Gobierno que autorizó que socialistas y batasunos aunaran fuerzas en Estrasburgo sea el que pide ahora la ilegalización de Batasuna en suelo francés.
EDITORIAL Libertad Digital 26 Septiembre 2008

El hecho de que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se jacte de que "estamos ganando la batalla a ETA" tres días después de que la organización terrorista haya colocado tres coches bomba en sólo veinticuatro horas no deja de ser una desfachatez propia de esa gran mascarada que, con la olvidadiza condescendencia del principal partido de la oposición, pretende presentar ahora al gobierno de Zapatero como un implacable perseguidor del terrorismo bajo el imperio de la ley.

Aunque poco haya que añadir al espléndido artículo que el GEES dedica a las declaraciones de Camacho, no querríamos, sin embargo, pasar por alto la disposición favorable a pedir a Francia la ilegalización de Batasuna que Zapatero ha manifestado este jueves a preguntas de los periodistas.

Por conveniente que fuera llevar a cabo esa petición al país vecino, no deja de ser lamentable que el mismo Gobierno que autorizó que socialistas y batasunos aunaran fuerzas en Estrasburgo para lograr la "internacionalización del conflicto" y el respaldo del Parlamento Europeo al diálogo con ETA sea el que pide ahora la ilegalización de Batasuna en suelo francés. ¿No es obligado recordar que la diputada socialista, Gemma Zabaleta, y la abogada de etarras y miembro de la mesa nacional de Batasuna, Jone Goiricelaia, lideraron juntas la plataforma Ahotsak y juntas se dirigieron por carta a los distintos grupos parlamentarios europeos para que respaldaran un proceso de diálogo entre nuestro gobierno y la organización terrorista?

Un Gobierno como el de Zapatero, que ocultó el robo de explosivos que, pocos días después del primer comunicado de tregua, hizo ETA en suelo francés, y que afirmó ese mismo día a través de su secretario de Estado de Comunicación su convicción de que "el alto el fuego es para siempre", carece de toda autoridad moral en sus requerimientos al país vecino. Más aun, si por su condescendencia los proetarras, aun con siglas diferentes, han seguido –y siguen, a título individual– ocupando aquí cargos públicos en el parlamento y los municipios vascos y cobrando del erario público, ¿cómo pedir a Francia que ilegalice a los proetarras, cuando en España los socialistas todavía se niegan a presentar contra ellos mociones de censura?

Por otra parte, gracias al Gobierno de Aznar, hace tiempo que Batasuna está integrada en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Si a eso le añadimos que los proetarras no tienen representación política en el país vecino, el único valor, con ser importante, que tendría su ilegalización allí sería de índole moral. Un compromiso moral, que es, precisamente, el que a nuestro Gobierno le falta.

Lucha antiterrorista
La batalla del Gobierno contra ETA
En primer lugar, no es verdad que ETA esté más débil que nunca. Lo cierto es que si no llega a ser por el Gobierno de Zapatero, ETA estaría aún más débil, lo que es bien distinto.
GEES Libertad Digital 26 Septiembre 2008

Resulta triste comprobar cómo el mismo Gobierno que trató de ganar réditos electorales con la negociación de ETA, trata ahora de hacer lo mismo con su persecución. Voluntarioso ha estado Camacho en su comparecencia, pero mucho nos tememos que el Gobierno tendrá que poner algo más que voluntad para insuflarnos algo más de optimismo.

En primer lugar, no es verdad que ETA esté más débil que nunca. Lo cierto es que si no llega a ser por el Gobierno de Zapatero, ETA estaría aún más débil, lo que es bien distinto. A estas alturas, es indudable de que con un Gobierno del PP o con el Gobierno de otro socialista distinto a Zapatero, ETA estaría más débil que ahora. Respecto a 2004, el Gobierno del PSOE ha supuesto un freno para la lucha contra ETA. Y veremos si en esta segunda legislatura es capaz de hacer algo más que solucionar los tinglados que montó en la anterior.

En segundo lugar, Camacho ha afirmado que "ustedes y yo sabemos que ETA está social y políticamente derrotada, policial y judicialmente acorralada, internacionalmente aislada y perseguida; y, además, interna y organizativamente en descomposición". Pues no. Si ETA está acorralada, no lo es gracias al Gobierno, sino precisamente pese a él. Hoy tenemos a sus concejales cobrando dinero de todos los españoles, para hacer propaganda etarra, para obstaculizar las instituciones democráticas y para dar chivatazos a los comandos de ETA. Todo por decisión de Zapatero, Rubalcaba y Conde-Pumpido. Gracias a ellos, en algunos ayuntamientos los acorralados en 2004 son los que ahora acorralan.

En tercer lugar, si la política del Gobierno se basa, como dice Camacho, en que los terroristas "no consigan ni uno sólo de sus objetivos", no estaría mal que fuese Zapatero el que declarara que el Gobierno considera ilegítimos los objetivos etarras. Porque de él sabemos que durante un tiempo dijo a ETA que conseguiría algunos de ellos, y de hecho pactó con la banda cómo llevarlos a cabo. A día de hoy, Zapatero no sólo no ha deslegitimado públicamente los objetivos de ETA, sino que sigue considerando a los nacionalistas vascos compañeros de viaje en el proceso de cambio de régimen en nuestro país.

En cuarto lugar, afirma también el Gobierno sobre las víctimas que "en ellas, en las víctimas y sus familiares se concentra toda la dignidad y la fortaleza de nuestra democracia y de la lucha tenaz y constante por la libertad". Muy bonito, pero la dignidad de las víctimas se basa precisamente en la actitud contraria a la mantenida por el Gobierno. Su dignidad se basa en el hecho de que durante cuarenta años han depositado su confianza en que el Estado, la justicia y las fuerzas de seguridad perseguirían a los terroristas, los pondrían ante los jueces y acabarían en la cárcel. O sea, justo lo contrario a lo que ha hecho el Gobierno del PSOE. La actitud de Zapatero negociando con los terroristas es, desde el punto de vista de las víctimas, de una indignidad intolerable. Y es que no hay compatibilidad entre la dignidad de Zapatero y la de las víctimas. O la una o la otra.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Financiación autonómica
Zapatero en los tribunales
Sospecho que Zapatero se queda con esa cantidad, y quizá con otras que tenga comprometidas, porque las necesita para seguir comprando votos para los socialistas. Es lo normal. Un Gobierno de bárbaros no puede hacer otra cosa que no sean barbaridades.
Agapito Maestre Libertad Digital 26 Septiembre 2008

La Comunidad de Madrid se ha quedado sin 418 millones de euros que le había prometido Zapatero. Era una suma reservada para la sanidad madrileña. Rodríguez Zapatero, sin embargo, ha dicho que a la señora Aguirre no le da ni agua. Quizá a Sanz, el de Navarra, si se porta bien, le caerá algo, pero a quien haga oposición con contundencia desde los mesogobiernos regionales los perseguirá hasta eliminarlos. Sospecho que Zapatero se queda con esa cantidad, y quizá con otras que tenga comprometidas, porque las necesita para seguir comprando votos para los socialistas. Es lo normal. Un Gobierno de bárbaros no puede hacer otra cosa que no sean barbaridades, es decir, cargarse el Estado de Bienestar en la Comunidad de Madrid y, de paso, en el resto de España, porque lo que sucede en Madrid, lo quiera o no el jefe de la Moncloa, repercute en todo el país, sobre todo, si se tiene en cuenta que la Comunidad de Madrid es donde el incremento de la población ha sido más alto.

¿Cómo combatir ese sectarismo cruel que tanto apoyo tiene en los medios de comunicación y en once millones y medio de votantes? Supongo que haciendo oposición seria y contundente, o sea, algo en los antípodas de lo practicado por el señor Rajoy. Acaso por eso, por practicar otro tipo de oposición, el mesogobierno de la señora Aguirre acusa al Gobierno central de insolidario y lo lleva a los tribunales de lo contencioso-administrativo. Está bien. No seré yo quien objete nada contra el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre. Pero no creo, como sospecho que tampoco lo cree Aguirre, que los jueces consigan hacer justicia en un país que todo depende de lo que dice el Gobierno de los socialistas. A pesar de todo, quizá salte la liebre. Quizá haya un juez no contaminado de populismo socialista. Quizá una sentencia obligue a Zapatero a abonar los 418 millones de euros a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Ojalá.

Pero, aún en el mejor de los casos, todo llegará tarde y mal. A la larga no sé quién sacará más partido de la medida de Aguirre. Pues que los gobiernos neopopulistas del tipo Zapatero necesitan siempre más conflicto, casi violencia, más enfrentamiento. Viven de lo que desprecian. Ser llevado a los tribunales lo venderán como un acto de grandeza. O peor, se reirán de la salida "jurídica" buscada por Aguirre. Les va la marcha del engaño y el insulto, la descalificación y la utilización de los tribunales de "justicia". Todo, tribunales y jueces, instituciones y funcionarios, es usado por los socialistas como pañuelos de usar y tirar. No tienen otra intención que culpar de sus males a los otros.

Pero, sobre todo, los gobiernos neopopulistas se sienten a sus anchas ante el mal. Éste es imprescindible para su salvación particular. La economía del mal –cuanto peor, mejor, o sea, cuanto más terror y revolución, decía Lenín, mejor y antes llegará el comunismo– contribuye decisivamente, como expresa la película Tiro en la cabeza –pieza esencial de la izquierda a la apología del terrorismo–, a la consecución del bien socialista. Son gobiernos oportunistas. Gnósticos, sin duda alguna. Perversos. Y, sobre todo, impíos y astutos porque, hoy, dicen una cosa y mañana la contraria. Impío y astuto es el Gobierno de Zapatero, porque impío es prometer algo, nada más y nada menos que 418 millones de euros, que luego se niega a pagar; pero, si alguien le obligara a cumplir la deuda, estoy convencido de que su astucia será mayor, pues que pocos dudarán del reproche que el PSOE lanzará contra el PP: "¿Cómo el Gobierno de Madrid, ante la crisis que asola España, puede ser tan insolidario al solicitar lo que el gobierno de Zapatero tiene que repartir entre los más desfavorecidos?"

Filfa populista. Bochorno y esperpento es nuestro destino político.

Estimado señor Ibarretxe
J. M. RUIZ SOROA El Correo 26 Septiembre 2008

Estimado señor Ibarretxe. Le leo en la prensa un día sí y otro también haciendo frente a las críticas que algunos -bastantes, diría yo- le dirigen -desde dentro y desde fuera de Euskadi-, y alegando como argumento definitivo para contrarrestar tales críticas el de que «nadie tiene derecho a exigirme que abandone mis ideas», «nadie puede pedirme que renuncie a mis creencias». Y me sucede, se lo aseguro con toda sinceridad, que estando como estoy totalmente de acuerdo con esa su afirmación básica, creo sin embargo que hay algo equivocado, profunda y fatalmente equivocado, en las consecuencias prácticas que usted deduce de ella. Y como es usted el presidente del Gobierno de mi país, y tiene posibilidades de seguir siéndolo una larga temporada, deseo hacerle partícipe de mis propias reflexiones sobre este asunto de la renuncia a las ideas. Porque, teniéndole como le tengo por persona inteligente, quizás puedan servirle de algo.

Verá, señor Ibarretxe, es total y absolutamente cierto que en un régimen democrático nadie puede exigir a otro, como condición previa para nada, que abandone o renuncie a sus propias ideas. Obviamente hablamos de ideas legítimas, como sin lugar a duda son las suyas particulares: usted es nacionalista y defiende que la soberanía originaria le pertenece al pueblo vasco (aunque por mor de la conveniencia política la llame 'derecho a decidir' no se nos oculta a usted y a mí que se trata de la soberanía de origen); usted defiende que deben ser los votos de los residentes vascos, puros y duros, contados de uno en uno, los que decidan ellos solos el futuro de esta sociedad; usted defiende que el pueblo vasco es un pueblo distinto y separado del español, por lo que este último tiene poco que decir sobre sus deseos y su futuro. Pues bien, creo que, efectivamente, tiene usted razón: nadie le puede exigir que renuncie a esas ideas, porque son totalmente legítimas.

Ahora bien, señor Ibarretxe, la esencia de la convivencia democrática no consiste tanto en una supuesta exigencia de que alguno renuncie a las propias ideas, cuanto en la necesidad real de que todos ampliemos las ideas particulares que tenemos. La democracia no exige a nadie dejar de tener sus ideas, sino tan sólo tener más ideas que esas propias. Añadir, no renunciar, ése es el secreto. Y le pondré un ejemplo para que nos entendamos mejor.

Un ciudadano católico estándar, aquí y ahora, tiene unas fuertes y poderosas ideas particulares en sus circuitos neuronales: cree firmemente que existe un Dios que da sentido a su vida, y que ese Dios ha establecido una serie de verdades inmutables y absolutas a las cuales debe amoldar su vida y su conducta. Algunas de esas verdades en que cree un católico son difícilmente conciliables con las que posee un ciudadano agnóstico, lo cual plantearía un conflicto irresoluble para la convivencia en democracia de ambos. ¿Podríamos exigirle al católico que renuncie a sus ideas? Es evidente que no, que precisamente el derecho a la libertad de conciencia le garantiza en democracia el pleno respeto a ellas. Igual que al agnóstico. ¿Cómo se resuelve entonces la aparente contradicción? Sencillamente, añadiendo más ideas a ésas que posee cada uno como verdad particular. Por ejemplo, en este caso concreto de la religión, se trata de que los ciudadanos católicos acepten una idea de segundo orden, una especie de 'metaidea' si me permite la expresión: la de que por delante de sus verdades particulares está otra verdad, la del respeto debido a la conciencia libre de los demás. Una idea que les obliga a tolerar lo que para ellos es en principio malo e intolerable, por ejemplo el aborto o la eutanasia, siempre que la sociedad lo haya admitido democráticamente.

Lo que quiero poner de manifiesto con este ejemplo es que la aparente imposibilidad a que nos conduce la afirmación pura y simple de «nadie me puede exigir que abandone mis ideas» sólo tiene una salida en la moderna sociedad democrática: lo que sí pueden es exigirle que 'tenga más ideas' que esas pocas en que funda su ideario particular, que se construya lo que Kant llamaba 'una mentalidad ampliada'. Para lo cual es imprescindible que intente adoptar 'el punto de vista de los otros'.
¿Qué ampliación de ideas le sugiero?, se preguntará. Me arriesgo a que usted me considere un presuntuoso engreído que imparte recomendaciones a quien no se las ha pedido, pero me animo a dárselas puesto que -recuerde- es usted quien dirige el Gobierno que en gran parte organiza mi vida.

ay una idea básica que todo dirigente debe añadir a su ideario cuando actúa en democracia, y es la que los antiguos designaban con el nombre de 'prudencia'. Hoy en día tendemos a considerar que ésta es una virtud moral, algo atinente al carácter de la persona; pero los griegos -pienso en Aristóteles- la consideraban ante todo como un arte o habilidad intelectual, la más importante del buen gobernante. Consiste en algo difícil de definir (es mucho más fácil poner ejemplos concretos) pero que puede resumirse en la noción de que ningún principio político puede ser juzgado en su valor sin tener en cuenta su aplicación práctica. Es decir, que en la vida social real de la contingencia sucede que -a diferencia de lo que pasa en el mundo de la teoría- no se puede juzgar la bondad de un principio ordenador sin tener en cuenta sus efectos probables sobre la realidad social a ordenar. En la teoría dos y dos son cuatro, y punto; en la praxis, no se sabe cuánto son dos y dos hasta que no se hace la operación; y más vale preverla bien, porque pueden ser cinco o tres. Ésta es la prudencia.
Esta virtud -la 'phronesis' griega- está emparentada con la distinción que modernamente hizo Max Weber entre la 'ética de los principios' -hágase la justicia aunque perezca el mundo- y la 'ética de la responsabilidad' -para que no perezca el mundo hágase la justicia posible-. Y ni que decir tiene que, para Weber, el político, a diferencia del profeta mesiánico, sólo podía adoptar como guía de conducta la segunda de esas éticas.

Si usted incorporase esta noción de prudencia a su praxis política, vería sin duda que, aun conservándolos en su mente, sus principios particulares experimentarían una seria y significativa mutación: el ideal de la soberanía del pueblo vasco, el de la independencia, el de la construcción nacional, todos esos principios ideales y abstractos que su mente alberga quedarían transformados al constatar que la sociedad en que pretende aplicarlos reacciona ante ellos con inquietud, con escisión y con desgarro profundos. Porque el ideal de un gobernante democrático nunca podrá tolerar el provocar el desgarro del cuerpo social que se le ha confiado, sino siempre el de intentar dirigirlo hacia las metas que, en cada momento histórico, son congruentes con su propia constitución. Un gobernante -insisto, un gobernante, no un profeta- no puede sacrificar la paz social a su propio ideario, sino que debe anteponer a éste una 'metaidea' -una idea que está más allá de las ideas-: la de que no es tan importante hacia dónde vamos como sociedad, ni a qué velocidad vamos, como el hecho de que vayamos todos juntos, con una razonable convicción común. No se trata de lograr la unanimidad -que sería un imposible frustrante-, pero sí de integrar en la dirección de la marcha a las sensibilidades más generalizadas en la sociedad.

Si no es así, si las propias ideas suscitan la escisión y el desgarro de la sociedad, créame, señor Ibarretxe, el buen gobernante debe revisarlas y, si no hay otro remedio, aplazarlas. O, incluso, dejarlas en el «baúl de las queridas ideas imprudentes e imposibles». Todos nosotros tenemos ese baúl bastante lleno, sobre todo cuando llegamos a cierta edad. Pero un gobernante, si es prudente, debe tenerlo a rebosar. Si no es así, algo muy serio falla en él.

Nueva oportunidad
EDITORIAL El Correo 26 Septiembre 2008

El rechazo explícito del PNV al proyecto de reforma lingüística diseñado por la Consejería de Educación, en manos de EA, frena el proceso desbocado de tramitación de una iniciativa crucial para el sistema educativo vasco, concede tiempo para realizar una reflexión sosegada y abierta y, sobre todo, devuelve la prioridad al lugar de donde nunca debió salir: la búsqueda de un acuerdo políticamente plural, sustentado en un amplio respaldo social y que aúne los criterios pedagógicos con las distintas sensibilidades que confluyen en nuestra comunidad. Los mismos requisitos que han hecho posible que la norma actual lleve un cuarto de siglo implantada en los centros escolares vascos y los que deberían alentar su necesaria actualización.

Pero este toque de sensatez por parte del PNV, asentado, sin duda, en el creciente rechazo de la propuesta y la proximidad electoral, no puede ocultar las disfunciones de un Ejecutivo dividido en compartimentos estancos -según la militancia de sus consejeros- e incapaz de afrontar unitariamente asuntos trascendentales para el país. Es inconcebible que la revisión del sistema educativo, uno de los pilares de la sociedad vasca y, consecuentemente, una de las principales responsabilidades de la Administración, se haya gestionado como si se tratara de un mero proyecto departamental y que se intentara imponer antes incluso de su aprobación. No puede entenderse que una reforma de tan amplio calado, que convierte al euskera en lengua principal, que fija topes estrictos de capacitación e incluso recoge medidas de rigor para los centros, haya sido presentada a las fuerzas políticas, a la comunidad educativa y, en definitiva, a la sociedad sin el visto bueno de las tres formaciones que integran el Ejecutivo. Sólo la singularidad del Gobierno que lidera Ibarretxe admite anormalidades como la de que un socio, el PNV, haga de oposición a otro, EA, en la que es su iniciativa estrella.

Cuando se inició el actual proceso reformador, obedeciendo a un mandato del Parlamento vasco, se tomó como base el planteamiento del Consejo Escolar que recomendaba superar la fórmula de los tres modelos lingüísticos y avanzar hacia uno solo, pero flexible, que concediese autonomía a los centros para permitir su adecuación a las realidades sociolingüísticas de sus destinatarios. Un interesante punto de partida que se ha ido cerrando según el anteproyecto iba cobrando forma, hasta encontrar el rotundo rechazo del PSE-EE y del PP y de una parte significativa de la comunidad educativa y de los padres. El paréntesis que ahora se abre da una nueva oportunidad a una reforma que, si de algo debe huir, es de la precipitación y del sectarismo, porque de su éxito depende no sólo la competencia lingüística de los escolares vascos, sino la consistencia de nuestra sociedad.

Hipertrofia partidista e infarto democrático
Roberto Blanco La Voz 26 Septiembre 2008

Afirmar que los partidos son tan indispensables para la vida democrática como lo es el corazón para la de los hombres y mujeres no supone ninguna novedad. Constituye, por el contrario, una evidencia irrefutable. Tanto como constatar que la hipertrofia partidista conduce, antes o después, al infarto democrático. Italia, ejemplo de tantas cosas buenas, lo es también de la tragedia que se instala en un país cuando los partidos -es decir, sus dirigentes- dominan hasta la manipulación todos los recursos y mecanismos del Estado.

Este periódico abrió el martes las páginas de «España» con un terrible titular: «Zapatero pondrá el poder judicial en manos del conservador Carlos Dívar». ¿Pero, cómo?, se habrán preguntado de inmediato los lectores de La Voz: ¿no era el pleno del Consejo General del Poder Judicial el que elegía a su presidente, que lo es también del Tribunal Supremo? Sin duda: así lo establece la ley de un modo taxativo. ¿Y entonces -habrán continuado estupefactos los lectores-, qué pinta Zapatero en esa guerra?

La explicación es sencilla, aunque espantosa: Zapatero y el líder del PP se repartían, como si fueran cromos, la presidencia y la vicepresidencia del Consejo con total tranquilidad, en la absoluta confianza de que los 20 miembros que lo forman (previamente designados también por uno y otro, aunque elegidos formalmente por las Cortes) harían lo que les manden, con una disciplina que, si sería propia de la relación que tienen un cabo furriel y un comandante, resulta vergonzosa cuando se trata de la que deben mantener el órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado -el judicial- y el jefe del poder ejecutivo.

¿Qué cabe esperar de un Consejo que ha admitido un trato institucional tan abusivo y ha asumido ante toda España una obediencia borreguil increíble en quien ha de asegurar la independencia de los jueces? Pues, la verdad, no cabe esperar absolutamente nada más que lo que ya resulta desgraciadamente conocido: su estricto sometimiento a las instrucciones de los partidos que han propuesto a los diferentes consejeros.

Pero dado que los partidos actúan, casi siempre, con una ciega obsequiosidad hacia sus jefes, resulta a la postre que son ellos y sus oscuros asesores los que toman decisiones que la Constitución y las leyes han puesto en otras manos como único medio de asegurar la libertad y el equilibrio democrático. Lo que no constituye, al fin, ninguna novedad: «Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra sus límites». Eso escribió Montesquieu -padre del principio de la división de poderes- a principios del siglo XVIII. Fíjense si ha llovido desde entonces.

Una justicia politizada

GERMÁN YANKE ABC 26 Septiembre 2008

Si la Justicia fue una de las más graves asignaturas pendientes de la anterior legislatura (porque su eficiencia e independencia son fundamentales para todo, incluida la lucha contra el terrorismo), esta, a pesar del disfraz, no ha podido comenzar peor. El símbolo de la Justicia como una mujer con los ojos vendados, como muestra de imparcialidad, y portando en sus manos una balanza y una espada es entre nosotros una chanza. La politización causada por un sistema pervertido hizo que durante esos cuatro años quienes gobernaban a los jueces en el CGPJ estuvieran con los ojos bien abiertos, mirando a los adversarios ideológicos con la espada preparada y a los propios, a los que les llevaron allí, de reojo y, claro, sin necesidad de balanza alguna. También la espada, en algunas representaciones como las de Giotto, simboliza la injusticia.

La broma se ha disfrazado ahora de consenso y los partidos políticos, sonrientes y encantados unos con otros, se reparten las cuotas en el Consejo. Las sonrisas facilitan que cada cual pierda el pudor y los consejeros sean cada vez más próximos y dependientes de los partidos, algunos incluso conocidos dirigentes de los mismos. ¿Qué importa ya si estamos de acuerdo, si el adversario hace lo mismo, si se ha aceptado que el Gobierno de los jueces depende directamente del sistema partitocrático, si no hay que tener en cuenta ni la proporción de afiliados a las asociaciones judiciales ni a los muchos que no están afiliados a ninguna? Cuando se deja reposar la espada se hacen juegos malabares con la balanza... De la venda de la imparcialidad no queda nada.

Lo que ha quedado en símbolo de la Justicia es que los consejeros, en su primera reunión, asienten obedientes y dicen que sí al requerimiento del poder, aunque el poder en este caso haya pactado con la oposición. Dicen que sí a los políticos y nombran por unanimidad al presidente propuesto, por muy valioso y educado que sea Carlos Dívar. Se especuló con que alguno, consciente tanto de cómo había llegado al cargo como de las exigencias de apariencia del mismo, podría rebelarse pero nadie debió encontrar la venda a mano.

Son tales la politización y el cambalache, que la designación de Dívar se ha interpretado como un primer movimiento en el tablero para ser «compensado» a la izquierda con el del futuro presidente del Constitucional. Tampoco se opondría nadie, sobre todo tras el espectáculo que está dando el PP en la elección de candidatos para este tribunal. Un espectáculo, en primer lugar, formal porque Mariano Rajoy, que hace a menudo adecuados llamamientos al sentido común y a la inteligencia, no puede pensar que nadie vaya a creerse que «ahora mucha gente ha presentado a dos» en las cámaras regionales cuando es evidente que Francisco José Hernando y Enrique López son los candidatos oficiales y concertados del PP. Un espectáculo, asimismo, desde el punto de vista del procedimiento porque para sostener a esos «buenos candidatos» se alude a un supuesto acuerdo con el PSOE para que no hubiera vetos, lo que ya es más que suficiente muestra de la perversión del sistema de cuotas a favor de convertir tribunales y órganos de gobierno en pequeños y dominados parlamentos en los que no se dirime el cumplimiento de la ley sino el que se batalla desde las posiciones de los partidos.

Aquí no está en juego la preparación jurídica de esos candidatos ni tampoco vale que, de tapadillo, se diga que los del PSOE son tan del PSOE como estos coincidentes con el PP, al menos con el PP de la anterior legislatura. Si es así, habría que reconocer que los socialistas lo han hecho con mayor habilidad. Hernando y López, al margen sus cualidades como juristas o magistrados, han estado metidos en la refriega política, opinando desde un punto de vista ideológico en todas las cuestiones del debate nacional. Su empeño en estar presentes en la discusión de todo ello ha estado, como se ha visto, por encima de la obligación de gobernar a los jueces y vigilar su eficacia y comportamiento. Del segundo se ha dicho, en mentideros del PP, que si no es magistrado del Constitucional podría tener un alto cargo en una de las Comunidades autónomas que le ha propuesto.

Quería modificar la elección de miembros del CGPJ y se aviene al apaño. Quería asegurar la neutralidad política del TC y parece que sólo hay dos juristas guerreros (o guerreros juristas) en el entorno del PP. Vaya cambio.

Una sentencia ejemplar
PEDRO GONZÁLEZ - TREVIJANO, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos ABC 26 Septiembre 2008

EL Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la Ley del Parlamento vasco 9/2008, de 27 de junio, de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política. Una Sentencia ejemplar por dos razones. La primera, por lo que dice, por cómo lo dice y por el momento en que lo dice. Y, la segunda, en lo que adelanta como clarificador juicio de constitucionalidad de una pléyade de conceptos político-constitucionales sobre los que se han propugnado interesadas interpretaciones, y hasta sobre los que los cercanos procesos de reforma estatutaria (especialmente Cataluña) se han pronunciado muy discutiblemente.

Estamos ante una resolución digna de elogio, por más que, dada la flagrante y reiterativa anticonstitucionalidad/inconstitucionalidad de la propuesta secesionista, nos hallábamos -en la estela del Pacto de Lizarra-Garazi de 1998 y el Plan Ibarretxe en 2004-, como en la novela de Gabriel García Márquez, ante la Crónica de una muerte anunciada. Ante la muerte jurídica, pues ello supone su inconstitucionalidad y nulidad. Aunque aquí no se da, como en la obra del escritor colombiano, un inocente Santiago Nasar asesinado por los hermanos Vicario.

Una ejemplaridad por razones -decíamos- temporales, formales y sustanciales. De entrada, por razones temporales. El Tribunal que había declarado (artículo 161.2 de la Constitución) ya la suspensión de la consulta soberanista el mes de julio no ha tenido que agotar la medida procesal, dada la inmediatez de la sentencia. Una rapidez, por la trascendencia de la cuestión, la intención del Lehendakari de poner en marcha la convocatoria de la consulta el día 25 de octubre y la expectación existente, que ha sido bien recibida por la totalidad de los partidos -salvo los del Ejecutivo autonómico (PNV, EA y IU-EB)- y la ciudadanía. Una ley que fue aprobada además por el indebido procedimiento de urgencia, con lo que se privaba a las minorías del derecho de presentación de enmiendas en el Parlamento vasco.

En segundo lugar, la resolución es ejemplar, por razones formales. Esto es, por la manera en que se ha alcanzado: la unanimidad del Tribunal. Acostumbrados a la división, con su reguero de enfrentamientos, recusaciones y proliferación de votos particulares, que han afectado a su estabilidad y tranquilidad institucional, que la decisión sea por la totalidad de sus magistrados es una magnífica noticia. De una parte, porque refuerza sus argumentos, que no son pues los de una mayoría escuálida, sino de unos miembros que comparten parecer en tan relevante materia. De otra, por lo que pueda servir de elemento taumatúrgico y novador de una nueva época presidida por la distensión y el concierto en el seno del Tribunal. Y, por fin, si la unanimidad es la ideal de las hipótesis tendenciales en la asunción de acuerdos por los órganos colegiados, lo es especialmente en asuntos trascendentales. Se estaban enjuiciando los mismos cimientos del régimen constitucional: la Nación española, la soberanía, las competencias del Estado y la forma y el sentido último de la reforma constitucional.

La resolución es ejemplar, en tercer lugar, por razones sustanciales. En cuanto a la soberanía, la doctrina explicitada es inobjetable. La Constitución de 1978 es el precipitado jurídico del modelo de organización política asumido libremente por la Nación española en su conjunto. Así se expresa en el Preámbulo de la Constitución: «La Nación española deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de...». Una soberanía que, siguiendo la Constitución de Cádiz de 1812 -«La Nación española es la reunión de todos los españoles» (artículo 1) y «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales» (artículo 2)-, se atribuye al pueblo español, con carácter exclusivo y en su totalidad: «La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado». No hay soberanías fragmentadas, soberanías compartidas, soberanías concurrentes, soberanías parceladas, cosoberanías o soberanías territorializadas.

La soberanía es desde Bodino (Los seis Libros de la República) una e indivisible. De aquí la contundencia del Tribunal: «La ley recurrida presupone la existencia de un sujeto, el «Pueblo Vasco», titular de un «derecho a decidir» susceptible de ser ejercitado, equivalente al titular de la soberanía, el Pueblo español, y capaz de negociar con el Estado constituido por la Nación española en los términos de una nueva relación entre éste y una de las comunidades autónomas en las que se organiza». Y sigue manifestando: «La identificación de un sujeto institucional dotado de tales cualidades y competencias resulta, sin embargo, imposible...». Una idea esgrimida antes en la Sentencia 4/1981, de 2 de febrero: «La autonomía no hace referencia a un poder ilimitado. En efecto, autonomía no es soberanía... en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido...».

Acto seguido, el Tribunal delimita la naturaleza de la consulta. Una consulta que no es otra cosa -aunque se enmascare- que un referéndum consultivo, respecto del que el Parlamento vasco carece de competencia, siendo irrelevante su naturaleza jurídicamente no vinculante: «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: «Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum» (artículo 149.1.32); y así se ha acogido, en desarrollo del artículo 92.2 CE, en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum:

«La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado (artículo 2.1). Lo que explica que los referéndums» previstos en el Estatuto de Autonomía de Guernica para la integración de territorios o municipios (artículo 8), como los de reforma estatutaria (artículos 46 y 47), requieran de la autorización estatal. «La concreta convocatoria del cuerpo electoral -se expresa- se lleva acabo sin apoyo en un título competencial expreso». Sin que exista, como circunstancia dispensadora de la preceptiva autorización del Estado, título competencial implícito.

Asimismo la Sentencia define el ánimo de la consulta: abrir un mecanismo espurio de revisión constitucional sin respetar el procedimiento agravado y las mayorías cualificadas en la Constitución (Título X): «...el contenido de la consulta no es sino la apertura de un procedimiento de reconsideración del orden constituido que habría de concluir eventualmente en «una nueva relación» entre el Estado y la comunidad autónoma del País Vasco...». Y sigue: «El procedimiento que se requiere abrir... no puede dejar de afectar al conjunto de los ciudadanos españoles... cuyo cauce constitucionalmente no es otro que el de la revisión formal de la Constitución por la vía del artículo 168 CE, es decir, con la doble participación de las Cortes Generales, en cuanto representan al pueblo español (artículo 66.1 CE), y del propio titular de la soberanía, directamente, a través del preceptivo referéndum de ratificación (artículo 168.3)». La conclusión es obvia: «...plantea una cuestión que afecta al orden constituido y también al fundamento mismo del orden constitucional». La Constitución carece de límites materiales de revisión, es verdad, pero eso sí, ha de encauzarse con el respeto al procedimiento preestablecido. Por ello, «tratar de sortear, eludir o simplemente prescindir de sus procedimientos sería intentar una inaceptable vía de hecho... para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica».

Lo que está en juego es el orden político y constitucional que los españoles conformamos en la Constitución de 1978. Es la voluntad del pueblo español, único y exclusivo titular de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político, lo que se respalda por el Tribunal. Como reseñábamos, una Sentencia ejemplar.

El Gobierno quiere renovar el TC antes de que dicte la sentencia sobre el Estatuto
N.COLLI/G.SANZ | MADRID ABC 26 Septiembre 2008

El Gobierno tiene asumido que deberá esperar como poco un año más para conocer cuál es la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Y eso porque no parece que la sentencia la vaya a dictar el Pleno del Tribunal con su actual composición, sino con las incorporaciones que se produzcan tras su renovación. Fuentes próximas al Ejecutivo señalaron ayer a ABC que sigue en vigor el compromiso adquirido en julio con el PP por el que la renovación deberá producirse «cuanto antes», igual que ha sucedido con el Consejo General del Poder Judicial.

Tal es la voluntad de seguir adelante de los socialistas, pase lo que pase en la votación del Senado (al que corresponde elegir cuatro vocales), que ni siquiera la estrategia del Partido Popular para asegurar la entrada de Francisco Hernando y Enrique López que tanto malestar ha causado en el PSOE, bloqueará la renovación. Con esta rotundidad cerró filas ayer con el Ejecutivo el presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo.

Mensajes encontrados
La determinación del Gobierno de renovar el TC «cuanto antes», independientemente de que el Tribunal haya tomado o no su decisión sobre el Estatuto, choca con el mensaje lanzado ayer desde la bancada popular del Senado. El portavoz de Justicia del PP, Agustín Conde, aseguró que los nuevos magistrados deberían incorporarse sólo «cuando el TC haya dictado la sentencia» sobre la norma catalana. No antes.

La incorporación de nuevos magistrados (cuatro por vencimiento de los mandatos en diciembre de 2007 y otro por el repentino fallecimiento en mayo de Roberto García-Calvo) retrasará la sentencia, como mínimo durante un año más. La llegada de cinco nuevos miembros supone cambiar de un plumazo casi a la mitad del Pleno (integrado por doce magistrados) y obligará a empezar de cero las deliberaciones sobre los recursos planteados en el verano de 2006 contra el Estatuto por el Partido Popular, el Defensor del Pueblo y cinco Comunidades Autónomas. Sólo para ponerse al día, los nuevos podrían necesitar varios meses. A partir de ahí, tendrían que empezar a deliberar el fondo de los recursos.

De entrar candidatos como Hernando y López, fuentes gubernamentales dan por seguro que el Ejecutivo ordenará a la Abogacía del Estado que les recuse. Si esto sucediera -cabe la posibilidad de que ambos magistrados optaran por abstenerse con carácter previo-, la sentencia se retrasaría aún más. Sería como repetir la historia. De hecho, antes de entrar en el fondo del articulado del Estatuto, el actual Pleno del TC tuvo que resolver varios incidentes de recusación, lo que le llevó siete meses (fueron recusados la presidenta, María Emilia Casas, y los magistrados Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez Zapata y Pablo Pérez Tremps. Sólo prosperó la presentada contra este último por el PP).

Entre tanto, la Generalitat sigue reformando leyes autonómicas para ir desplegando el Estatuto, tanto en los aspectos que resultan «pacíficos» como en aquellos que han sido recurridos y sobre cuyo encaje constitucional el TC no se ha pronunciado aún. Si, cuando dicte su sentencia, el Tribunal echa atrás preceptos del Estatuto por ser contrarios a la Constitución, éstos ya se habrán aplicado por la vía de los hechos. La marcha atrás será, si no imposible, muy difícil.

La determinación del Gobierno ha causado cierta sorpresa en el Partido Popular, pues hasta este momento el Constitucional tiene resueltas prácticamente las tres cuartas partes de lo que se plantea en los recursos, y ya ha entrado en una de las cuestiones más espinosas: la financiación autonómica. El Pleno del Tribunal estaría en disposición de tener la sentencia en dos meses.

En el PP se tiene la sospecha de que, tras la decisión sobre el referéndum de Ibarretxe (algunos de los argumentos de esa resolución, aplicados al Estatuto catalán, suponen que se declaren inconstitucionales varios preceptos), el Gobierno quiera renovar cuanto antes el TC con el convencimiento de que su nueva composición podría resultar más favorable a sus intereses.

Curiosamente, fuentes socialistas sostienen esa misma tesis, pero a la inversa, respecto al interés de los populares por no renovar antes de que el actual Tribunal dicte sentencia. Estos medios creen que la apuesta del PP por Hernando y López tiene como objetivo real «bloquear» la renovación del TC y ganar tiempo.

Ajeno a todas estas consideraciones, el Tribunal Constitucional sigue a día de hoy con el acelerador pisado, y su intención no es otra que lograr que la sentencia sobre el Estatuto esté lista en diciembre. Esa es la voluntad tanto de la presidenta -que a la vuelta de las vacaciones de verano comunicó a los magistrados su deseo de «imprimir ritmo» a las deliberaciones- como del resto de los vocales, ninguno de los cuales oculta que le gustaría que el Pleno con su actual composición pudiera concluir este trabajo.

Casas, optimista
Fuentes judiciales afirman, en este sentido, que María Emilia Casas sigue siendo optimista, convencida de que podrá firmar la sentencia antes de que los nuevos miembros del Tribunal tomen posesión de sus cargos. Ese optimismo, por el contrario, no es compartido por todos los magistrados, algunos de los cuales ven imposible que la sentencia del Estatuto pueda estar lista antes de cinco meses.

UPYD PIDE MODIFICAR LA LEY
Rosa Díez califica de "burla" el reparto judicial llevado a cabo por PSOE y PP
Rosa Díez, diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), ha calificado este viernes los acuerdos alcanzados por PSOE y PP para repartirse los miembros de los órganos judiciales como "una burla al sistema democrático". Según Díez su partido ha solicitado en el Congreso una "modificación" de la ley actual por la que se rige el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
EFE Libertad Digital 26 Septiembre 2008

La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha calificado este viernes los acuerdos alcanzados por PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional como un "obsceno" reparto de poder y "una burla al sistema democrático" enormemente preocupante.

En una rueda de prensa en Badajoz, Díez ha definido este "pacto" como "una demostración de un afán de poder partidario", además de señalar que se trata de un "desprecio" a la separación de poderes "que cuestiona de una manera muy seria lo que es la propia solvencia del sistema democrático español". En concreto, ha explicado que cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció a los medios de comunicación quién iba a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial estaba llevando a cabo "una demostración de desprecio absoluta a uno de los pilares básicos de la democracia que es la separación de poderes".

Por ello, según ha dicho, UPyD ha solicitado en el Congreso de los Diputados una "modificación" de la ley actual por la que se rige el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que persigue el objetivo de que los jueces no sean nombrados "por ningún partido político". Finalmente, Rosa Díez ha subrayado que España "está dando un espectáculo muy poco edificante que tendrá graves consecuencias para el futuro de nuestro país".

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