AGLI

Recortes de Prensa    Martes 7 Octubre 2008

¿Por qué en Aragón debemos hablar Catalán?
Gunther Zevallos Minuto Digital 7 Octubre 2008

Resumen: El PSOE Aragonés pretende trasladar el conflicto del nacionalismo catalán a tierras aragonesas. El conflicto se origina al quererse aprobar como propia e histórica en Aragón la Lengua catalana, y la intención de promocionar la expansión tanto de la cultura como de la lengua catalana en Aragón, de esta manera se estarían abriendo las puertas al pancatalanismo. En la Comunidad Aragonesa el 100% de sus habitantes habla en Castellano, y sólo una minoría que no llega al 5% conoce alguna variedad lingüística similar al Catalán, o bien el Aragonés.

No sólo la Generalidad de Cataluña lleva años socavando la identidad aragonesa del Aragón Oriental, también lo hace el propio Gobierno de Aragón, financiando diversas actividades culturales del nacionalismo catalán, y todo ello, con los impuestos de todos los aragoneses. La contumaz actitud del Presidente de Aragón (el autodeclarado catalano-parlante Marcelino Iglesias) que pretende convertir al Catalán junto al Castellano y al Aragonés, en lenguas oficiales de Aragón, con el espaldarazo de algunos otros partidos aragoneses (como Chunta Aragonesista, o Izquierda Unida) que aspiraría a aprobar en las Cortes de Aragón el anteproyecto de «Ley de Lenguas», reconociendo al idioma Catalán como «lengua propia e histórica» de Aragón. Ello podría abrir las puertas definitivamente al imperialismo nacionalista catalán, y ponerles en bandeja de plata la posibilidad de conseguir su tan anhelado proyecto político expansionista: la anexión de parte del territorio del Aragón Oriental, que los nacionalistas lo denominan «Franja de Ponent» y que consideran forman parte de sus «països catalans» (países catalanes). Aunque, para ello, tengan que manipular la historia y lavar el cerebro a buena parte de los niños aragoneses para concienciarlos a favor de su causa, como ocurre también en Cataluña.

Hay que decir las cosas claras, si el Gobierno Aragonés aprueba la cooficialidad de la lengua catalana, no estará haciendo otra cosa que utilizar a una parte de la población aragonesa como cobayas del experimento secesionista del imperialismo catalán, y a buen seguro, esto traerá irreparables consecuencias para nuestra propia convivencia y la convivencia con nuestros vecinos catalanes en el futuro, si no las están causando ya. Actualmente, el enfrentamiento con el nacionalismo catalán empieza a ser una constante, y muestra de ello, es el expolio promovido por el nacionalismo catalán respecto a las obras de arte religioso que forman parte de nuestro patrimonio cultural, y que aún no regresan a sus legítimos propietarios: las distintas parroquias aragonesas del Aragón Oriental, a pesar de haber sentencias que no dejan lugar a dudas sobre la propiedad de los mismos.

Los ciudadanos aragoneses deben ser informados, ya no deben ignorar la verdad, deben saber que desde hace muchos años existe una estrategia por parte del nacionalismo secesionista catalán, que no ceja en su empeño torticero por hacer la vida más difícil a sus vecinos: Baleares y la Comunidad Valenciana, a las que los nacionalistas catalanes consideran como parte de su territorio, junto con el Aragón Oriental, en su proyecto de los «países catalanes», y donde el idioma y la manipulación de la historia, son utilizados abiertamente como caballo de Troya para introducir el germen de la ruptura de España. Se puede hablar más alto, pero no más claro. Lo explicación del periódico «El Mundo» en su edición del domingo sobre el nacionalismo en Aragón merece la atención no sólo de todos los aragoneses, sino también de todos los españoles.

Desafortunadamente, en Aragón, sus ciudadanos se encuentran muy desinformados al respecto, debido a la escasa difusión del problema en los medios y prensa locales. A pesar del esfuerzo que realizamos desde el pCUA (partido Ciudadanos Unidos de Aragón), por denunciar desde hace tiempo lo que está sucediendo en Aragón. Todo ello, ante la impasibilidad del Gobierno PSOE-PAR y la connivencia de otros partidos aragoneses. Gracias a la noticia aparecida, todos los aragoneses habrán podido comprobar la intención del nacionalismo catalán por catalanizar culturalmente vastos territorios aragoneses, con la participación del Gobierno aragonés. A la sociedad aragonesa, sólo le queda movilizarse y pedir la retirada del proyecto de Ley de Lenguas, y probablemente la renuncia de su Presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas.

No se trata de ir en contra de nadie, como quieren hacer ver algunos nacionalistas catalanes, reduciendo a todo aquel que no comparte su ideología, al que no piensa como ellos, con el apelativo de «imperialista español», cuando verdaderamente son ellos los que mantienen actitudes imperialistas. No se trata de ir en contra de los ciudadanos catalanes, ni en contra del idioma catalán; se trata de velar por los derechos de los aragoneses a no ser alienados a través de la manipulación cultural e histórica. Se trata de evitar el fundamentalismo catalanista, de defender el derecho de todos los aragoneses a ser educados en la verdad, y de apartar de nosotros y de nuestros hijos, toda la ideología del «odio nacionalista». Ayer mismo, en el acto de homenaje a la bandera española, en la cuna de la Hispanidad que es Zaragoza para el mundo entero, un grupo de independentistas de la Chunta Aragonesista (CHA) irrumpió en el acto con intención de boicotearlo, a gritos de «fuera, fuera», por la bandera española. Tomen buena nota aragoneses, porque además enarbolaron una bandera con una estrella que recordaba a la de los nacionalistas catalanes. Quizás no sea por todos conocido, pero la Chunta y Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) mantienen estrechos lazos ideológicos.

No obstante, mientras a algunos políticos aragoneses, con tal de apoltronarse en el sillón, parece que les importa muy poco generar crispación y enfrentamiento donde nunca antes había existido, o romper la tranquilidad y sosiego que siempre han imperado en nuestros pueblos, las zonas más afectadas, las limítrofes con Cataluña, ven cómo la cultura aragonesa va perdiendo terreno en favor de la catalana. Muchos libros en lengua catalana son utilizados únicamente para trasladar la ideología del «odio nacionalista». Los niños aragoneses que estudian Catalán, pueden leer en sus libros de texto, que el castellano no es lengua oficial en Cataluña, y que los territorios donde viven no son aragoneses, sino catalanes. Qué clase de aragoneses queremos formar, si nuestras Cortes aprueban el proyecto de Ley de lenguas, que dice entre otras cosas: que Instituciones lingüísticas de fuera de Aragón podrán regular las lenguas de Aragón, (incluyendo al Institut d\’estudis catalans, el cual en su día llegó a manifestarse en contra de la devolución de las obras de arte del Aragón Oriental); o que se deba garantizar la expansión en zonas castellanas de la lengua catalana; o que la enseñanza en Catalán sea obligatoria en las zonas donde se hable Catalán, en vez del Castellano; o que la lengua Catalana pueda expandirse a zonas castellanas, y que en estas zonas se pueda crear zonas de transición y declarar como zonas de utilización histórica del catalán; o que en las zonas castellano parlantes se fomenten las actividades o equipamientos culturales en Catalán. ¿No es esto imperialismo? Si no lo es, que venga alguien y me lo explique.

El PP aragonés no puede ignorar, como hasta hoy, lo que está sucediendo, debe decidirse de una vez por todas si está con la mayoría de los aragoneses y salir a la calle, y no dejarse llevar por la deriva nacionalista ni por el relativismo de sus dirigentes. Señoras y señores del PP de Aragón, ya no valen medias tintas, se está o no se está con los intereses de Aragón y los aragoneses. El ejemplo lo tienen en su última manifestación de Barcelona por el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano, hoy es el derecho de los aragoneses a que sus hijos no sean sometidos a la propaganda del odio y la exclusión del nacionalismo imperialista catalán.

Gunther Zevallos
www.guntherzevallos.es
Secretario General del pCUA

Si los niñatos de “A Mesa” leyesen algo…
Paco Sande Periodista Digital 7 Octubre 2008

Esta semana pasada leí en este mismo periódico la siguiente noticia:
Al igual que sucedía en la Alemania nazi, en Galicia están expedientando a los malos gallegos que hablan la "lengua propia" en sus comercios. La Mesa por la Normalización Lingüística, una entidad “independiente” pero que recibe suculentos subsidios de la Xunta por su afinidad ideológica con el BNG, ha enviado una carta a varios establecimientos comerciales de la ciudad en la que los amenaza con abrirles un expediente por no utilizar el idioma gallego. Un comerciante ha dicho en la COPE que tienen miedo porque ya han aparecidos cristales rotos de los comercios con pegatinas que decían "enemigos del gallego".

Se supone, además, que esta entidad no tiene poder alguno, ni sobre Galicia ni sobre los gallegos, pero que, saltándose la ley y la democracia a la torera, se auto otorga una potestad sin “limites” como defensores a ultranza de la cultura gallega y están tratando por todos los medios de obligarnos a todos los gallegos a acatar su visión de Galicia, de grado o por la fuerza.

La plataforma (Mesa por la desnormalización lingüística), acusa a los comerciantes de evitar el empleo de la lengua vernácula en sus escaparates y rótulos, de nombrar a la ciudad con el topónimo en castellano e incluso de discriminar a sus clientes por cuestiones idiomáticas. Los comerciantes, aunque “La Mesa” es una entidad privada independiente de las administraciones públicas, sienten temor cuando leen la carta debido a la terminología empleada por el remitente, según informa La Opinión de A Coruña.

“La Mesa” habla en sus cartas de apertura y cierre de expedientes, un lenguaje que para los que desconocen que la plataforma por el gallego está desvinculada de la Administración resulta inquietante, por sus similitudes con la terminología judicial. El contenido de la carta, por tanto, no implica ninguna obligación para los comerciantes que, en contra de lo que La Mesa expresa en el texto, tampoco tienen que remitir una contestación. Lo que si pueden hacer los comerciantes con estos energúmenos es, empleando la expresión fina de la palabra, mandarlos a tomar por saco.

Las cartas están firmadas por el representante de “La Mesa” Carlos Callon.
En este artículo se podía ver una foto de este señor. Para mi esta fue la primera vez que le veía la geta a este fulano, aunque, como no, ya antes había oído y leído noticias sobre el y sus esbirros.

Dicen que la cara es el espejo del alma, pues debe ser así, porque la cara de este “señor”, ya me lo dice todo: tiene toda la pinta del señoritingo intelectual mamón, que antaño, cuando yo era joven todavía, hablaba siempre en castellano e iba de comunista, seguidor de Mao Zetun y yo, para él, era el paleto de aldea que hablaba en gallego pero que, eso si, él, dignándose a bajar a mi altura intelectual, trataba de comprenderme, porque yo y todos los paletos como yo, que éramos, para él, todos los gallegos, representamos al pueblo, y él y ellos, (los intelectuales), tenían el deber de tratar de entendernos.

Así es como eran y como son, estos personajillos salvadores de pueblos. Tú, paleto, ignorante, necesitas que alguien culto e inteligente te salve. Y son los tipejos como este los que te tienen que salvar, quieras o no. ¿Se puede ser más Cínico e hipócrita?, se llenan la boca con las palabras democracia y libertad. Libertad para Galicia, piden, pero eso si, tiene que ser su clase de libertad, ellos tienen que decirle a los gallegos como vamos a ser libres. Galicia libre del yugo hispano, claman, cuando los gallegos, hastiados de esta gentuza, lo que desearíamos es perderlos de vista, librarnos de ellos para siempre. Lastima que, emulando a su querido Castelao, no se vayan a Argentina, allá en el Chaco, donde no fastidiaran a nadie y además estarían más cerca de su héroe el “Che”.

Si estos niñatos se dejasen de hacer gansadas y se molestasen en leer algo mas que panfletos propagandísticos de la izquierda, y leyesen, aunque solo fuese nada mas que los titulares, de los periódicos podrían ver la opinión de Rudy Aernoudt, un flamenco profesor de Economía de La Universidad de Nancy (Francia) Que un informe elaborado por él, le deja claro a los belgas cuanto cuesta romper un país.

Los flamencos y los valones no se llevan. Viven en el mismo país, pero de espaldas. Todo está separado entre los belgas del norte, que hablan holandés, y los del sur que son francófonos. Apenas se relacionan entre ellos y tienen sus propias cadenas de televisión, sus colegios, sus hospitales, su policía. …¿Les suena? Todo esta separado.

La hipótesis de la ruptura de Bélgica no es exagerada, porque la verdad es que flamencos y valones no se soportan. La escisión tampoco ofrece obstáculos políticos insalvables, pues los gobiernos regionales ya dispones de amplias competencias en Estado Federal, en que los ciudadanos de una comunidad no pueden votar a los partidos de otra. -¡Que bonito ejemplo de país unido!- Por eso los belgas creen que la separación es solo cuestión de tiempo.

Lo malo es que ahora el estudio elaborado por el Profesor Aernoutd, les va a dar motivos para que se lo piensen dos veces. Este Profesor a calculado que un escisión provocaría una profunda recesión –“CRISIS” aparte- que haría caer el PIB belga en un 2.3%, es decir unos 7200 millones anuales. Sus cuentas estiman que la ruptura desestabilizaría los sistemas de impuestos, pensiones y Seguridad Social de ambas regiones, lo que, unido al bloqueo de las transferencias entre ellas, colapsaría el sistema productivo.

Flandes en el norte, es una de las regiones mas prosperas de Europa, donde el paro apenas llega al 5%. Mientras que Valonia en el sur, con unos 3.3 millones de habitantes, -Galicia tiene unos 2.7 millones- padece un desempleo que, algunas provincias, supera el 12%. Esta situación se agravaría considerablemente con la división, porque Valonia dejaría de recibir las transferencias que le llegan ahora desde Flandes a través de las cañerías del Estado Federal, con las que paga a sus pensionistas y a sus desempleados y con las que sufraga el mantenimiento de sus infraestructuras. El resultado seria que, el PIB valón caería un 6% y el número de valones que quedarían bajo el umbral de la pobreza pasaría del 16% al 27%.

La paradoja es que Flandes no ganaría nada, porque, aunque se ahorraría lo que ahora transfiere a Valonia, se vería afectada por la caída del PIB global de Bélgica y, además, se vería afectada por el envejecimiento de su población, y podría llegar a no poder cubrir 150.000 puestos de trabajo, ocupados ahora por valones, que la podría llevar a perder un 0.7% de su PIB.
Si estos niñatos se molestasen en leer esto, quizás podrían sacar alguna lectura positiva del ejemplo Belga y borrar de sus duras cabezotas ideas peregrinas de independencias trasnochadas.

Aunque, claro, dirán ellos, el caso de Valonia no es el caso de Galicia, pues Galicia es rica en materias primas como el pescado y el marisco de sus rías. ¡Si el marisco de sus rías! langostinos de la ría de Argentina, Chile, Namibia, -la sexta ría gallega y la que mas marisco produce- y toda la costa de África. Necora de la ría de Escocia e Irlanda. Camarón de Irlanda y Francia. Centolla de Francia, Escocia y Marruecos. Cigala de Escocia, Irlanda e Islas Feroe, ahí al lado. Bogavante del Canadá. Buey de Inglaterra.

Todo de la ría, ¡si señor!, por eso secuestran a nuestros barcos en la costa de Somalia en el Océano Indico, por eso un marinero de Burela te puede hablar del Estrecho de Malaca, como yo hablo de la calle en que vivo, por eso los barcos de Vivero, hace veinte y muchos años llegaban repletos de marineros “locales” de Cabo Verde, y ahora llegan repletos de “locales” indonesios, Indonesia, una ría gallega que está, exactamente, en las antípodas de Galicia.

¡Tenemos marisco!, pero si exceptuamos los mejillones, que aunque en este marisco si somos potencia, también importamos de Chile, percebes, que también traemos de Marruecos, Navajas que también, aun, traemos de Escocia y Francia, la almeja y el berberecho, estos dos si, cien por cien de Galicia, el marisco que nos queda en las rías gallegas no da para un guiso.
Y es que, si ahora, con el desastre inmobiliario y todas las puertas de la emigración cerradas, -ya no nos queda ni ese recurso tan socorrido antaño- nos llega a faltar la Citroen de Vigo y España, Dios nos coja confesados.

Dependencia del Gobierno
Por un sindicalismo decente
Estamos en contra del abuso sistemático de la subvención, la dádiva y la mamandurria cuando ésta sirve más a la consolidación de una oligarquía sindical que a los intereses reales de los trabajadores asalariados españoles.
Pedro de Tena Libertad Digital 7 Octubre 2008

Se celebraron en Sevilla unas jornadas por el trabajo decente. La comunidad andaluza tiene 650.000 parados, pierde afiliados a la Seguridad Social a chorros, su una renta familiar disponible es muy inferior a la media nacional y más del 60 por ciento de sus habitantes activos son mileuristas (y un 20 por ciento ni siquiera disponen de 500 euros al mes). Por si fuera poco, sus pensiones y seguros de desempleo son los más bajos de toda España y su nivel de pobreza está próximo al 30 por ciento, muy por encima de la media nacional. Además, en casi todos los indicadores de bienestar, Andalucía se sitúa en el penúltimo lugar, sólo por delante de Extremadura, ambos casos clínicos ya de la imposibilidad de lograr una convergencia real con las regiones avanzadas de España y Europa. Que esa imposibilidad siga manifestándose tras casi tres décadas de gobiernos socialistas ininterrumpidos sin alternancia democrática alguna, da una idea de la "eficacia" y "eficiencia" de dichos gobiernos. Aún se recuerda la estrambótica explicación que de ambos conceptos dio el compañero Cándido Méndez. Tales hechos también dan una idea de la formación paulatina y consciente de un "régimen" de poder, previa la ocupación institucional, social y cultural de dichas regiones. Y en este contexto, ha cuajado el sindicalismo que tenemos. No estará de más aportar algunas ideas para que, no sólo el trabajo, sino el propio sindicalismo sea efectivamente decente.

Porque, ¿qué es la decencia? Lo contrario de indecencia, esa acción vil, indelicada, desaprensiva, mala, cochina, canalla, ofensiva del más mínimo pudor, sucia, en fin. Lo dice doña María Moliner. O sea, la decencia es la acción noble, delicada, limpia, coherente, etc. Aclaremos desde el principio que no estamos totalmente en contra de que los sindicatos que acrediten una suficiente representación (y debido a una función social necesaria) reciban del Estado algún tipo de asignación, como asimismo ocurre en el caso de los partidos políticos. Estamos en contra del abuso sistemático de la subvención, la dádiva y la mamandurria cuando ésta sirve más a la consolidación de una oligarquía sindical que a los intereses reales de los trabajadores asalariados españoles.

Para lograr ser decentes sindicalmente, lo primero es definir con claridad los intereses y aspiraciones de los trabajadores y situarlos al margen de cualesquiera otro interés (especialmente del interés político con el que puede dialogarse pero ante el que no cabe venderse). Hemos asistido en España desde los tiempos de UCD a la confusión de los intereses sindicales y políticos. En la UGT era natural porque UGT fue y es un sindicato creado por un partido, el PSOE. La UGT nació en 1888 y el PSOE, en 1879, nueve años antes. No fue así el caso de Comisiones Obreras que, aunque el PCE intentó controlarlo y ocuparlo, ha sabido mantener una cierta distancia, aun sintonizando sus dirigentes, que no sus bases, primordialmente con la izquierda política. El espectáculo sindical consistente en ofrecer apoyo continuo a un PSOE en el Gobierno, mal gestor, dilapidador del ahorro nacional y más vinculado al paro que a la creación de empleo, es deprimente y muestra la dependencia sindical de quienes cobran y gestionan cantidades ingentes directas e indirectas del partido en el Gobierno.

Todo ello sirve a la tarea de domesticar y amansar a unos dirigentes cada día más lejanos de los trabajadores de a pie, a los que, por cierto, no representan realmente. Es indecente que se insulte a persiga a consejeros del PP en Madrid, una comunidad a la cabeza de España, mientras se copea y jopea con los consejeros de la Junta de Andalucía, aunque se batan récords de paro, pobreza y dependencia. Que Fidalgo quiere partirle una lanza en la cabeza a quienes discuten la política económica de Zapatero, es ya rizar el rizo.

Lo segundo que deberían hacer los dos sindicatos preponderantes en España y en Andalucía es dejar participar en el ruedo laboral a los demás sindicatos, tan legítimos como ellos, desde USO a CGT pasando por CSIF y otros más profesionales y de rama. Lo que se ha construido desde la transición es un modelo monstruoso que buscaba y busca asentar la influencia de dos partidos políticos concretos, el PSOE y el PCE, en la vida social y política española. Eran los tiempos de Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, socialista y comunista respectivamente. Colocando un "arancel" representativo en las organizaciones sindicales, se lograba eliminar, con la ayuda del PSOE en el Gobierno, a organizaciones históricas como la anarcosindicalista y la procedente de la influencia cristiana (JOC y HOAC), la Unión Sindical Obrera, clave en la lucha contra la dictadura. De hecho, lo que se ha logrado es duopolizar la representación de los trabajadores en toda España a pesar de que los últimos datos conocidos de afiliación real no alcanzan ni el 15 por ciento de la población asalariada nacional. Según investigadores americanos independientes, la afiliación bajó del 50 al 15 por ciento en sólo diez años, 1978-1988, de legalidad democrática. Hoy ni siquiera los sindicatos aportan datos fehacientes de afiliación desde 1995, prefiriendo aportar los de "representación" en elecciones sindicales pagadas por el Estado.

Lo tercero, es renunciar a una financiación irregular procedente de los gobiernos. El caso andaluz es especialmente típico porque es verdaderamente indignante. De las cuotas ni se habla en las cuentas sindicales. Una cosa es una ayuda del Estado en función de determinados servicios útiles a la convivencia y otra, bien diferente, es la lluvia de millones de euros sin justificación alguna, como por ejemplo la campaña de educación sobre el agua pagada por la Junta de Andalucía. Igualmente, la decencia se alcanza haciendo que los dineros aportados por el Estado para la formación –y esto vale asimismo para los empresarios como todo lo que hemos dicho hasta el momento–, vaya realmente para la formación, tanto para desempleados como para quienes necesitan una formación continua en sus puestos de trabajo. Es indecente financiarse usando los dineros de la formación para otras cosas haciendo simular a asistencia a los cursos. Tan indecente como el comportamiento de sindicatos que aceptan dinero de las patronales o de sus empresas concretas para aceptar regulaciones de empleos, o sea, despidos a cambio de silencio o "comprensión". Casos ha habido. Interviú publicó uno sonado.

Lo cuarto sería defender a capa y espada la igualdad de oportunidades para todos en España de modo que ningún niño, adolescente o adulto disponga de menos medios para la educación que otros, nazcan en la familia que nazcan y nazcan y vivan en la Comunidad Autónoma que sea. Para ello, es preciso defender la existencia de un mercado nacional único, de una lengua común, de un Fondo para la Igualdad de Oportunidades y de una actitud implacable ante el enchufismo, el "digitalismo" laboral y la libre designación injustificada. La situación actual de Andalucía, por seguir con el ejemplo, es lamentable. Manuel Chaves tiene cinco hermanos colocados en la Junta y no salió ni ha salido ni se espera que salga voz sindical alguna (desde las organizaciones monopolistas sindicales) que denunciase o denuncie esos hechos de nepotismo político sin escrúpulos. Es más, no pocos dirigentes sindicales andaluces participan de este despojo de derechos a los trabajadores de a pie, a los que exilian del mercado laboral con estas prácticas irregulares. Sirva de ejemplo la reciente colocación a dedo de 397 trabajadores en la Diputación de Sevilla, tras la connivencia de los sindicatos con su Gobierno socialista.

Lo quinto sería introducir la democracia real en todas las decisiones a adoptar en las empresas. Nada de gritos, nada de insultos, nada de piquetes y nada de miedo. Decisiones libres, individualmente libres –no hay otra libertad que la personal– a la hora de tomar decisiones de huelgas, firmas de convenio, manifestaciones o lo que se tercie. Esto significa que debe haber urnas sindicales, muchas urnas, voto secreto –nada de mano alzada– respeto por la disidencia y pluralismo a la hora de proponer análisis, respuestas, estrategias y tácticas. Todo lo contrario del mandonismo implacable ejercido por una caterva de liberados y pagados por una oligarquía que administra un dinero público concedido por quien no quiere la autonomía del sindicalismo sino su reconversión en "correa de transmisión".

Jornadas por el trabajo decente, claro que sí. Decía Voltaire que "escándalo" es una indecencia grave que se aplica principalmente a los eclesiásticos. Qué época aquella de sectarismo banal hasta en las definiciones. Hoy debemos aspirar a algo intelectualmente menos vil. Escándalo es una indecencia grave que afecta a todo el que dice ser una cosa y hace otra. Nuestro sindicalismo, pongamos por caso.

Ataque a Güemes
¿Por qué se batasuniza la izquierda?
Esta concepción del nacionalismo anticonstitucional como parte del bloque progresista tiene bastante que ver con lo acontecido repetidamente en los ataques en los hospitales madrileños al consejero de Sanidad.
GEES Libertad Digital 7 Octubre 2008

Dentro del proceso constante de batasunización de la izquierda española en los últimos ocho años podemos observar que el primer salto cualitativo se produjo en Cataluña, donde sectores próximos al nacionalismo gubernamental acosaban y acosan a miembros del Partido Popular o de Ciudadanos por Cataluña. Esto no es nuevo, porque el nacionalismo catalán siempre ha tomado con simpatía al abertzalismo radical: las conferencias, charlas y homenajes a los dirigentes batasunos han sido habituales en los últimos treinta anos; además, claro está, de la existencia pasada del terrorismo nacionalista catalán, con puntos de contacto con el de la banda terrorista ETA. Por las mismas razones, el batasunismo ha gozado de las simpatías del nacionalismo gallego en las últimas décadas.

El caso de los incidentes de Zaragoza y Madrid muestra el peligro real de batasunizacion de parte de la izquierda española no nacionalista. En el primer caso se trata de la imitación de métodos y actitudes batasunos en regiones donde se ha introducido un nacionalismo artificial e irresponsable que ahora es difícil de frenar. Que exista un nacionalismo antiespañol en Aragón puede sonar a broma ridícula, pero lo preocupante es la asunción de comportamientos típicos del mundo abertzale exportados a otras provincias españolas al mismo tiempo que el nacionalismo antiespañol.

Las noticias nos muestran que los ataques se vuelven más virulentos allí donde el PSOE está al mando mediante "gobiernos de progreso" con fuerzas independentistas; la permisividad es mayor, como lo es en el País Vasco donde gobierna el nacionalismo. Lo cual nos lleva a la clave del asunto: el nacionalismo antiespañol –da igual en Cataluña que en Aragón o Cantabria– está siendo mimado y cuidado por la izquierda nacional –PSOE e IU, además de prensa, radio y televisión– al considerarlo parte de la familia progresista. De aquí proviene buena parte del problema: la sustitución en la izquierda de la legitimidad constitucional parlamentaria por la legitimidad popular-progresista o como quieran ustedes llamarlo. Aquella legitimidad que hace que el PSOE se siente con ERC, BNG, Chunta Aragonesista, NaBai o ETA, pero no con el Partido Popular.

Esta concepción del nacionalismo anticonstitucional como parte del bloque progresista tiene bastante que ver con lo acontecido repetidamente en los ataques en los hospitales madrileños al consejero de Sanidad. Este tipo de violencia hunde sus raíces presentes en el gran frente socialista, comunista, anarquista, independentista, sindicalista y abertzale creado contra el el PP durante la segunda legislatura y que funcionó a la perfección con ocasión de la guerra de Irak. Entonces el PP gobernaba con mayoría absoluta en España, con un éxito en la gestión y una victoria probable en 2004. Pero lo que unió a tan heterogéneo grupo no fue algo "político", fue el odio ideológico furibundo hacia el liberalismo y la derecha representadas por Aznar.

El mismo esquema se reproduce en el caso de Madrid. El PP de Esperanza Aguirre gobierna con mayoría absoluta, con una gestión ejemplar, eficaz y de un éxito electoral apabullante. La sanidad madrileña funciona bien y sobre todo mejor que la sanidad en cualquier comunidad donde manda la izquierda. Ante la imposibilidad de una oposición racional y concreta, ésta realiza una oposición ideológica, de rechazo radical y sin matices, al proyecto liberal y constitucional que Aguirre representa. No importa tanto la situación de la sanidad como el rechazo absoluto a la derecha. Rechazo que es lo que unió a todos en 2003 y que desde entonces les une en Cataluña, Galicia, Baleares o Aragón.
Instalados en el mismo odio hacia la derecha liberal que mueve a los independentistas catalanes cuando atacan a Albert Rivera o Sánchez Camacho, a los independentistas gallegos que arremeten contra los disidentes que defienden el derecho a la enseñanza en la lengua materna española o a los independentistas aragoneses que insultan a la Guardia Civil, la izquierda madrileña ha pasado también a incorporar métodos batasunos contra el Gobierno regional y su consejero de Sanidad.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

El nuevo Frente Popular
García Atadell al mando
Como decía Alfonso Guerra del "juicio al franquismo", no hubo entonces condiciones para hacerlo, pero ahora sí creen que pueden ir de una buena vez a por aquella ruptura a la que sólo permanecieron fieles la ETA y unos pocos más durante estos años.
Pío Moa Libertad Digital 7 Octubre 2008

El Gobierno regalará hasta 135.000 euros (más de veinte millones de pesetas) a los familiares de personas "fallecidas en defensa de la democracia durante la transición". ¿Quiénes son esas personas? Durante la transición, y después, la inmensa mayoría de las personas asesinadas lo han sido por grupos marxistas y socialistas como la ETA, el GRAPO, el FRAP, Comandos Autónomos, separatistas catalanes, etc. Pero me temo que para el Gobierno sus víctimas sólo merecen el olvido. Por el contrario, son los miembros de partidos totalitarios de izquierda y de los mismos terroristas muertos o asesinados los "fallecidos en defensa de la democracia", a juicio de un Gobierno que ha sido el mayor colaborador que la ETA ha encontrado hasta el presente, que se identifica con los chekistas y asesinos de la guerra civil y que está arruinando los pilares de la democracia y de la convivencia en libertad en España.

Cuando llegó la transición, chocaron dos tendencias fundamentales: la reforma, que suponía, desde luego, legitimar el franquismo (pues la democracia salía de él) y la ruptura, con la pretensión de enlazar con el Frente Popular, pintando como democrático a aquel conglomerado de totalitarios, golpistas y racistas (tan aficionado a la guerra civil que no solo la organizó contra las derechas, sino que montó otro par de tales guerras entre sus mismos componentes). Los rupturistas de la transición integraban "un amplio espectro", como solía decirse, desde la ETA a ciertos democristianos, pasando por comunistas, socialistas, pacifistas, separatistas catalanes ligados o menos ligados al terrorismo, cristianos "progresistas" y muchos más. El carácter democrático de aquella enorme sopa de siglas era parejo al del Frente Popular que les inspiraba, pero por suerte no se impuso su "ruptura". Como decía Alfonso Guerra del "juicio al franquismo", no hubo entonces condiciones para hacerlo, pero ahora sí creen que pueden ir de una buena vez a por aquella ruptura a la que sólo permanecieron fieles la ETA y unos pocos más durante estos años.

La actitud de este Gobierno queda más de relieve cuando estas medidas se completan con nuevas prebendas a los miembros de las Brigadas Internacionales, una especie de ejército particular de Stalin que contribuyó a alargar la guerra y en cuyas filas, como dentro del Frente Popular, tanto abundaron los asesinatos. Los socialistas se identifican, una vez más, con toda esta gente y todas estas cosas. Podríamos llamarlo, sin injusticia, "el Gobierno García Atadell", en memoria de aquel distinguido socialista tan elogiado por la prensa de izquierda hasta que tuvo el desliz de irse con el botín sin compartirlo con sus jefes. Sin duda un desliz menor para el partido de Filesa, Rumasa, el GAL y similares; el partido beneficiario, activamente beneficiario, del 11-M, el que llamaba asesino a Aznar y disculpaba a los causantes –según él mismo– de la matanza. Esta es la verdad irrebatible y alguien tiene que sostenerla si no queremos que la sociedad española se hunda en la basura y el deshonor.

Hagamos memoria
JOSEBA ARREGI El Correo 7 Octubre 2008

Se podría decir, sin riesgo de equivocarse demasiado, que buena parte de la política actual, en todas las sociedades y también en Euskadi, se ha convertido en el arte de borrar huellas. Decisiones y apuestas políticas que han fracasado vuelven a ser empaquetadas con nuevos ropajes, aunque el envoltorio no afecte para nada al núcleo fundamental del proyecto fracasado, sino que consista directamente en el esfuerzo por dotar de racionalidad posterior a lo que no la tuvo en el inicio. Se trata en última instancia de hacer aparecer como algo distinto a lo que fue, dotándole de una argumentación aparentemente inexpugnable, pero con el fin de mantener lo ya fracasado.

Los nacionalistas que defienden el plan Ibarretxe, la consulta popular, lo hacen con el fin de borrar las huellas de lo que constituyó la fracasada apuesta de Estella-Lizarra -la constitución de la nación vasca sólo con nacionalistas, dejando fuera del proyecto político que afecta al conjunto de la sociedad vasca a todos los no nacionalistas-, recurriendo a un doble argumento, elaborado y utilizado con frecuencia por el propio Ibarretxe y que está presente en la misma estructura de las preguntas incluidas en el proyecto de consulta.

El argumento dice: el futuro de la sociedad vasca se tiene que definir a través de un proyecto decidido por la mayoría de los ciudadanos vascos, aunque sólo sea la mayoría de un único voto, siempre que esa definición cumpla con el requisito de incluir un principio ético y un principio democrático. El principio ético está formulado como la exigencia a ETA de que cese en el uso de la violencia terrorista. Y el principio democrático se formula como el derecho a decidir: no hay nada más democrático que el derecho de un pueblo, de una sociedad, a decidir su propio futuro.

En realidad, este doble argumento no es más que una aparentemente hermosa envoltura para esconder una historia fracasada y una apuesta peligrosa; para revestir una apuesta unilateral radical con un manto ético democrático. Y se puede afirmar que no es más que un envoltorio que no afecta para nada al núcleo antidemocrático de la apuesta nacionalista de Estella-Lizarra, porque siempre que se protege una decisión política, siempre que se confunde intencionadamente una cuestión política con el manto de la ética, conviene ponerse en guardia. De la misma forma que conviene ponerse en guardia cuando alguien argumenta que la democracia se reduce al derecho a decidir, sin más precisiones ni matizaciones.

Si el Estado de Derecho es el monopolio legítimo de la violencia -y sin ese monopolio legítimo no existe Estado de Derecho- no hace falta recurrir a la ética y a la moral para condenar el uso ilegítimo de la violencia. Y todo terrorismo es uso ilegítimo de la violencia. El Estado en su ejercicio puede recurrir a la violencia: detener a los ladrones, privar de libertad a los asesinos de mujeres, condenar a penas de privación de libertad a los pederastas, cobrar impuestos, imponer prohibiciones de todo tipo. Todo ello implica ejercicio de violencia, de fuerza. Nadie va cantando a la cárcel, nadie paga impuestos si no le fuerzan a ello.

Pero el Estado sólo puede recurrir a la violencia a partir de la legitimidad que posee. Y posee legitimidad sólo en la medida en que no actúe oponiéndose a la voluntad popular, pero sobre todo sometiéndose al imperio del Derecho y de la Ley. Es la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos ciudadanos, y el sometimiento a las leyes que, desde esa defensa garantista de los derechos fundamentales se van proclamando por los órganos competentes, lo que dota de legitimidad al monopolio de la violencia en la que se fundamenta todo Estado de Derecho.

se niega que España sea un Estado de Derecho, o no hace falta recurrir a la ética para condenar la violencia terrorista de ETA. Ésta y su entorno político lo saben muy bien: argumentan siempre desde la ilegitimidad del monopolio del poder que ejerce el Estado. Pero el resto de nacionalistas gobiernan desde la legitimidad del Estado de Derecho que es España. Y no pueden recurrir a la ética para condenar a ETA. A no ser que lo hagan porque arrastran algún tipo de complejo por no haberse distanciado a tiempo y suficientemente de la violencia terrorista de ETA, que necesiten de la ética para llegar a condenar a ETA, con lo cual lo único que hacen es dejar al descubierto su propia desnudez: ejercer poder sin creer en la legitimidad del poder que ejercen y de cuyos privilegios gozan.

La otra cara del argumento-envoltorio está en el derecho a decidir. Dicho así, sin más, parece de una evidencia tan cegadora que nadie lo aplicaría a su vida diaria, pues todo el mundo sabe que muy pocas cosas serias de su vida individual dependen de su capacidad de decisión en solitario: ni en su casa puede decidir solo si vive en compañía, ni en su comunidad de vecinos, ni en su barrio, ni en su puesto de trabajo... En democracia, en un Estado de Derecho, el derecho a decidir está normado y regulado según espacios, según sujetos y según asuntos. Ni un ciudadano vasco puede intervenir con su voto en la elección del presidente de EE UU, ni Murcia puede declarar la tercera guerra mundial. Pero, sobre todo, cualquier constitución que realmente sirva a los fines de establecer un fundamento sólido para el desarrollo de instituciones democráticas, un marco estable para que el principio de mayorías pueda funcionar, debe ser decidida por acuerdo y consenso amplios. Por eso, todas esas constituciones se votan a modo de refrendo: refrendando acuerdos previos entre representantes de las diferentes visiones de una sociedad.

Así se decidió la Constitución, así se decidió el Estatuto de Gernika. Pero no existe un derecho abstracto a decidir el futuro político de la sociedad vasca desde una simple mayoría del 50% más un voto. No lo ha existido en ningún lugar. A no ser que queramos equipararnos a Bolivia y a Ecuador con todos sus problemas. El derecho a decidir que proclaman los nacionalistas es el intento de poner en práctica el principio de la mayoría que, para poder funcionar, requiere un fundamento de consenso y acuerdo amplio que no existe. Se trata de un círculo vicioso: convoquemos un referéndum, y convocándolo hagamos como que existe un sujeto político que en realidad no sabemos si existe tal y como quisiéramos que existiera. Tiene que ver más con magia que con el ejercicio responsable de la política.

El doble argumento esconde la historia real, borra las huellas de la apuesta fracasada de Estella-Lizarra. Era la opinión de uno de los actores principales de aquella historia: ETA no se acabará si no se reconocen el derecho de autodeterminación y el principio de territorialidad. En el acuerdo de Estella los nacionalistas se juntan para proclamar que ETA se va a terminar porque todos los nacionalistas van a apoyar conjuntamente ambos principios, ambos derechos. De lo que se trataba era de la virguería suprema: acabar con ETA consiguiendo los ideales máximos del nacionalismo, de todo nacionalismo. Vincular la paz a la conquista de las metas nacionalistas. Con dos consecuencias inevitables: la exclusión de los no nacionalistas de cualquier definición del futuro político de Euskadi, y la declaración de nulidad para el Estatuto de Gernika y todas las instituciones de él derivadas.

Nada ético ni nada democrático todo ello. Y por eso, para seguir con el mismo caramelo negro envenenado es preciso encontrar envoltorios más atractivos, un papel de caramelo blanco, a ver si cuela. El doble argumento del principio ético y del principio democrático sólo es el papel blanco que intenta ocultar la negrura y el veneno de la apuesta de Estella-Lizarra, que en cualquier caso terminan por aparecer siempre, cada vez que un nacionalista vuelve a decir que la consulta es el mejor camino para acabar con ETA.

POLÉMICA CON EL CATALÁN EN ARAGÓN
Exigen la retirada de los libros que incluyen comarcas aragonesas como catalanas
La medida llevada a cabo por el Gobierno aragonés para que los niños estudien catalán en las comarcas limítrofes con Cataluña ha provocado que el entorno nacionalista haya aprovechado para catalanizar zonas de esta comunidad. Según informa El Mundo, en varios de los manuales aparecen las comarcas de la franja como pertenecientes a Cataluña y en parte de los contenidos se hace apología del nacionalismo catalán. Por ello, el PP y varias asociaciones de padres han exigido la retirada de estos libros porque "menoscaban la integridad territorial y la identidad histórica, cultural y patrimonial" de la Comunidad de Aragón.
Libertad Digital 7 Octubre 2008

El objetivo del Gobierno de Aragón de que el catalán se estudie como asignatura en las comarcas limítrofes con Cataluña ha llegado ya a los libros de texto en las escuelas. Por ello, el Partido Popular aragonés ha exigido la retirada de dichos manuales, en los que algunos casos niegan la unidad territorial de la comunidad e incluyen las comarcas de la franja como parte integrante de Cataluña.

En este sentido, los populares han afirmado que estos libros "menoscaban la integridad territorial y la identidad histórica, cultural y patrimonial". De este modo, presentaron una proposición no de ley en las Cortes para que "respeten lo establecido en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía". Gustavo Alcalde, presidente del Grupo Popular en el Parlamento aragonés, mostró su indignación "por qué existan niños y jóvenes en nuestra región a los que se confunde de una manera tan flagrante con libros, que además, están pagados por el Gobierno de Aragón".

Uno de los ejemplos es el manual de 3º de ESO de la editorial Castellnou que incluye una entrevista con un joven que tuvo que comparecer en la Audiencia Nacional por enviar anónimos a empresas en las que exigía a las empresas que etiquetaran en catalán. Hector Castro, miembro de la plataforma No Hablamos Catalán reclamó "la inmediata revisión de todos los libros de texto, la retirada urgente de aquellos que atenten contra la geografía o las denominaciones aragonesas y aquellos que hagan apología del nacionalismo catalán".

GARCÍA CASQUERO SE NEGÓ
La ONU quiso suprimir referencias al 11-M y a la negociación con ETA en el discurso de la AVT
El pasado 9 de septiembre el presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, realizó un discurso en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York no sin antes tener ciertos problemas con la propia ONU. Según informa El Mundo, un diplomático de este organismo instó al propio representante de las víctimas, mediante una serie de "recomendaciones", a que cambiase gran parte de su alocución suprimiendo los párrafos que trataran sobre el 11-M así como las críticas al mal llamado proceso de paz emprendido por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, García Casquero se negó en rotundo y finalmente leyó íntegramente su discurso.
Libertad Digital 7 Octubre 2008

En su visita a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, tenía programado dar un discurso como condición de víctima y como representante de la asociación más importante de este colectivo en España. Sin embargo, desde este organismo sólo encontró problemas para poder ejercer su libertad expresión y sus críticas al mal llamado proceso de paz y sus dudas sobre la autoría del 11-M.

De hecho, para el acto que se produjo el pasado 9 de septiembre, un funcionario de la ONU instó a García Casquero a modificar parte de su discurso, sobre todo aquellas frases críticas con el Gobierno español o con su política antiterrorista. El presidente de la AVT tuvo que facilitar su discurso previamente a realizarlo. En ese momento, la ONU realizó una seria de "recomendaciones" que debía tener en cuenta.

En este sentido, este diplomático de Naciones Unidas le pidió que modificase casi la mitad de su alocución pidiéndole incluso que suprimiera párrafos enteros "sin tener en cuenta consideraciones políticas de ninguna clase". Estas "recomendaciones" eran claras y concisas: no debía haber referencias a la negociación del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero con ETA ni al 11-M.

Sin embargo, García Casquero, visiblemente molesto, se negó en rotundo a cambiar su discurso en la ONU y finalmente desde la tribuna pudo leer que "negociar con ellos (terroristas) es darle la categoría de interlocutores con poderes públicos democráticos". Por ello, el representante de la AVT aseguró que de no haber podido hablar sobre estos temas no hubiera asistido a las Naciones Unidas.

Esta visita a Nueva York de García Casquero fue organizado por el propio Gobierno español dentro de la iniciativa creada de crear un Fondo de Ayuda a las Víctimas, cuyo primer contribuyente es España. El objetivo es ayudar a las asociaciones de víctimas y conseguir que las españolas no hablarán de temas espinosos para el Ejecutivo socialista.e

Padres objetores presentan 150 recursos contra Ciudadanía en el TSJ de Valencia
LUZ DERQUI ABC 7 Octubre 2008

VALENCIA. Las familias valencianas que no quieren que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía (EpC) han comenzado ya a llevar sus reivindicaciones a los tribunales. Ayer la Confederación Católica de Padres Concapa presentaba los primeros 150 recursos ante el Tribunal Superior de Justicia y la asociación Valencia Educa en Libertad (VAEL) presentó el viernes una docena más advirtiendo que «esto es sólo es el principio», ya que anunciaron nuevos recursos.
Ambas entidades criticaron el silencio de la Administración ante los recursos presentados por los padres. Un silencio administrativo que está provocando desconcierto, ya que además en cada centro escolar se les da a los alumnos diferente respuesta cuando presentan la objeción.

Los padres reiteraron que la asignatura vulnera su derecho a educar a sus hijos «de acuerdo con nuestras creencias» y se mostraron decididos a «romper la inercia provocada por la actuación administrativa», según Jorge Sánchez-Tarazaga, abogado y padre objetor.

Por su parte, el presidente de la Concapa, Nicolás Sánchez, confirmó que los padres están dispuestos a llegar hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en caso de que no se reconozca sus derechos. En este sentido, ambas entidades exigieron que se cumpla la instrucción de la Consejería de Educación que insta a los centros a atender a los hijos de los objetores mientras sus compañeros están en clase de EpC, ya que según denunció Sánchez-Tarazaga, a muchos de estos alumnos se les obliga a permanecer en el aula.

En cualquier caso, en la Comunidad se mantiene otro frente abierto a cuenta de Educación para la Ciudadanía y es el rechazo de padres y sindicatos a que se imparta en inglés. En este sentido, la Federación de Padres y Madres de Alumnos (FAPA-Valencia) anunció ayer que han reunido un total de 1.122 recursos contra la orden de la Consejería que regula la enseñanza en inglés de la asignatura. Asimismo, anunciaron que los centros públicos están tramitando dichos recursos a su dirección territorial para que los haga llegar a la Consejería de Educación, y amenazaron con iniciar un contencioso administrativo contra la Generalitat.

Precisamente este nuevo frente abierto contra la Consejería, que dirige Font de Mora, se produce el mismo día en el que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, reiteraba que la enseñanza de Ciudadanía en inglés es una «opción perfectamente legítima en la Ley Orgánica de Educación (LOE), siempre y cuando se disponga de los profesores necesarios para hacerlo». No obstante, Cabrera matizó que la decisión del Gobierno de Camps ha introducido a la educación en «una dinámica de comienzo de curso muy complicada».

Rechazo de recursos en Navarra
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rechazado el recurso presentado por varios padres que pedían para su hijos el reconocimiento de la objeción de conciencia. Asimismo, la Comunidad de Madrid ya ha recibido el requerimiento del Ministerio de Educación para instarle a cumplir la ley y obligar a todos los alumnos a cursar la asignatura. Aguirre ha ofrecido a los objetores la alternativa de un trabajo personal o acciones de voluntariado.

En cuanto a los Presupuestos, el consejero madrileño denunció que Zapatero se niega a reconocer la existencia de un millón de madrileños, por lo que la deuda acumulada asciende a más de 3.000 millones de euros. "Zapatero lo hace guiado por el sectarismo y la deslealtad con los españoles que le caracteriza". Dijo que la negativa de reconocer la población real la hace también Zapatero con Valencia, Andalucía y Cataluña, pero en las segundas, "como están gobernadas por el PSOE" ha hecho arreglo bilateral: "duda histórica y estatuto". "La estrategia de Zapatero pasa por encima del principio más básico de la gestión, se aferra al sectarismo más vergonzoso de toda la democracia".

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