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Recortes de Prensa    Sábado 11 Octubre 2008

Divorcio PP-UPN
La culpa no es de Sanz
Así que olvídense del pobre Miguel Sanz, que no tiene culpa ninguna. Queramos verlo o no, este experimento llamado Estado de las autonomías ha salido mal.
Emilio Campmany Libertad Digital 11 Octubre 2008

El matrimonio que en su día contrajeron el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro parece definitivamente roto, pendiente sólo de firmar los papeles. Los votantes del PP le echan la culpa a Miguel Sanz, que se ha dejado chantajear por Zapatero y José Blanco, (quienes le han amenazado con echarlo del Gobierno de Navarra si su partido no respalda en Madrid los presupuestos elaborados por el PSOE). Pueden hacerlo, ya que el PSOE y Nafarroa Bai tienen los votos suficientes para ganarle una moción de censura.

¿Qué hay de sorprendente en esta historia? Es lo que nuestro sistema político estimula. Viendo las cosas que para sus respectivas comunidades vienen consiguiendo los Gobiernos nacionalistas del País Vasco y Cataluña a cambio de sus votos en Madrid, los demás han terminado por aprender a hacer lo mismo. Mucho han tardado. Hasta los Gobiernos autonómicos supuestamente controlados por los dos grandes partidos nacionales están hoy al servicio de los caciques locales para conseguir de Madrid lo que sus intereses exigen.

Rajoy no ha podido impedir que Camps y Arenas apoyen en Valencia y Andalucía sendos Estatutos de autonomía que desautorizan la argumentación del PP contra el de Cataluña. Incluso Aznar, padre de una derecha nacional y liberal hoy huérfana de líderes, no hizo nada contra la política lingüística y educativa de Fraga en Galicia, trasunto de la catalana, un día denostada por el PP.

El PSC en Cataluña opera con tal grado de autonomía que se permite el lujo de amenazar veladamente con votar contra el Gobierno en las Cortes si no se atienden sus exigencias en materia de financiación autonómica y en Galicia y Baleares los socialistas no sólo se alían con los nacionalistas locales, sino que asumen con el entusiasmo del converso su ideales separatistas.

En este ambiente, ¿cómo no va un partido que se llama Unión del Pueblo Navarro a estar a favor de unos presupuestos que incrementan la inversión en Navarra más de un treinta por ciento?

Afear la conducta de Sanz por respaldar esos presupuestos es como quejarse en una mesa de póquer de que tal o cual jugador sólo entra cuando lleva buenas cartas. El problema no es el jugador. El problema está en las reglas que se lo permiten hacer. Igual ocurre en España. El mal no está en Sanz, ni en su partido. Está en este dichoso régimen autonómico que nos dimos para resolver el problema del nacionalismo catalán y vasco y que, encima de no resolver nada, ha creado quince problemas más, cada vez más turbios y pegajosos.

Ya verán como, cuando PP y UPN se presenten por separado a las elecciones, los navarros elegirán votar al partido nacionalista frente al nacional, en la convicción de que con él podrán más fácilmente seguir chantajeando a Madrid en beneficio de su región. La única oportunidad de quienes se hagan cargo del PP navarro consistirá en prometer que ellos chantajearán más y mejor.

Así que olvídense del pobre Miguel Sanz, que no tiene culpa ninguna. Queramos verlo o no, este experimento llamado Estado de las autonomías ha salido mal. No hay más remedio que optar entre volver al unionismo o transformarnos en una genuina federación en la que ciudadanos y estados federados sean iguales ante la ley y en la que haya un Gobierno federal con competencias suficientes para ser digno de tal nombre. Pero ¿será una monarquía o una república? Eso, para bien o para mal, ha dejado de importar.

Regionalitis aguda
POR EDURNE URIARTE ABC 11 Octubre 2008

La única buena noticia de la crisis planteada por UPN es que la decisión del PP está tomada. El pacto estará muerto si Sanz acuerda definitivamente con el PSOE. Lo que garantizará la supervivencia de un partido nacional en España después de que el PSC desposeyera al PSOE de esa condición hace ya bastante tiempo. Incluso algo más nacional, con la inmediata formación de un PP navarro, la otra consecuencia de esta crisis.

Otra cosa es que un único partido nacional sea suficiente para hacer frente a la enfermedad que está corrompiendo nuestro sistema autonómico. Se llama regionalitis aguda y causa estragos. No hay más que ver el estado en el que ha dejado a un hombre sensato y razonable como Miguel Sanz que dice que los presupuestos del Gobierno son malos pero, no obstante, hay que ayudar al PSOE a aprobarlos. Y lo hace mientras el PSOE apunta con una moción de censura en su sien y a la vista de todos los ciudadanos españoles.

Sólo la invasión de la regionalitis en el cuerpo autonómico explica que un chantaje tan burdo como éste pueda ser eficaz. O que un partido como UPN pueda confundir sus intereses inmediatos, mantener el poder, con los intereses de Navarra. Que poco tienen que ver, entre otras cosas porque los intereses de los votantes de UPN son muy diferentes a los intereses del PSOE. Pactar con los nacionalistas navarros, entre otras cosas, o extender la locura lingüística vasca y catalana también a Navarra. Amén de mantener el Gobierno con la extrema izquierda catalana, hacer una ley de plazos para el aborto, etc. etc. Muy en la línea de los intereses navarros, según Sanz.

La mala noticia para la derecha española y para el PSOE postzapateril que recupere su vocación nacional es que esta regionalitis aguda que ha atacado a Sanz ha infectado ya una buena parte del sistema político. A la UPN de Sanz y a muchos ciudadanos españoles. Que están en lo mismo que el presidente navarro. A mí lo mío y los demás que se las arreglen. Le llamamos identidad, los intereses de mi región, o lo que haga falta. Y hasta te votan los no infectados, aunque sólo sea porque no se les quede cara de idiotas.

Falta de liderazgo en el PP
Vicente A. C. M. Periodista Digital 11 Octubre 2008

Estamos ante lo que es una evidente muestra de la falta actual de liderazgo en el PP. Los constantes desplantes y actuaciones “por libre” de sus teóricos aliados como UPN y el PPG, dejan en muy mal lugar al Sr. Rajoy y su directiva, empeñados en reconducir al PP a una posición política que se ha consolidado como muy débil y fracasada. Tras el congreso de Valencia, en el que parecieron acallarse las voces discrepantes, se ha vuelto a una insumisión y ruptura de relaciones, que puede acabar con la inestable unidad del partido.

Pero todo empezó por querer imponer algo inasumible. El cambio de rumbo y la persecución hasta el derribo de Dª María San Gil, la blanda portavocía parlamentaria de Dª Soraya Saenz de Santamaría, el cese obligado del Sr. Acebes, la marcha del Sr. Zaplana, la influencia del aspirante Sr. Gallardón en sus tesis de pacificación con el PSOE y la moderación del mensaje y por último, el silencio y retirada de los líderes más carismáticos, esperando su oportunidad en el fracaso del Sr. Rajoy. Todo ello, ha dejado a un PP débil e incapaz de mantener la homogeneidad de un discurso a nivel nacional. De ser una oposición y una alternativa de Gobierno, ha pasado a ser una sumisa voz apagada y amilanada ante un PSOE crecido y prepotente.

Es inaceptable ver cómo mientras en unos territorios se defiende la lengua común, en otros se acepta su persecución y el incumplimiento de la Constitución. Fue mezquino permitir que el Sr. Sanz de UPN se sometiera al chantaje del PSN para poder mantener el gobierno de la Comunidad de Navarra. Hubiera sido lo ético haber dejado que el PSOE se retratase y accediese al poder mediante el apoyo en Nafarroa-Bai, sucursal de ANV y por ende, de ETA. Es inaceptable el que en el PPG el Sr. Nuñez Feijoo actúe como un separatista más intentando obtener así esa mayoría absoluta que se le ha escapado por unos miles de votos.

Para ser un partido que ya ha demostrado de sobra su capacidad de Gobierno y de liderazgo, atraviesa ahora una etapa de total desconcierto y de falta de confianza. De ello, en mi opinión, existe un único responsable, D. Mariano Rajoy. Su táctica de diálogo y “templar gaitas” será muy gallego, pero se ha demostrado no ser eficaz y que nadie le tenga el mínimo respeto a nivel político. Es efectivamente esa falta de carisma y de liderazgo la que ha llevado al PP a esta desastrosa situación.

Ahora será el momento de plantearse si la estrategia seguida ha sido acertada o realmente ha supuesto un cáncer que está acabando con la fortaleza del partido. Ya ni siquiera se sienten capaces de responder a la idea que tienen sobre España y su futuro como nación. Su actitud siembra de dudas a los ciudadanos que han depositado en el PP su confianza y su voto. Creo que es en los momentos de crisis como los que España atraviesa ahora, cuando los partidos deben mostrar una imagen de firmeza y de unidad de criterios para afrontar esa crisis.

El PP no puede ni debe consentir que prolifere en sus filas los motines ni las deserciones. El PP debe actuar como una oposición y no dejar que el Gobierno y el Sr. Zapatero aprovechen la debilidad y sumisión, para hacer lo que les parezca oportuno y además insultando y culpando al PP de su falta de apoyo y de “no arrimar el hombro”. El PP sí que debe arrimar el hombro, pero para empujar al Gobierno a tomar las decisiones por consenso y con la aprobación y control del Parlamento.

Crisis financiera
Descrédito
La intervención gubernamental prolongó la crisis de 1929 más de una década. Las consecuencias políticas de aquella crisis, entre las que está el apuntalamiento del totalitarismo, duraron otros cincuenta años, hasta década de los 80 del siglo pasado.
José María Marco Libertad Digital 11 Octubre 2008

La crisis financiera ha traído el despliegue de una retórica anticapitalista, antiliberal e incluso anticonservadora, en todo el mundo. La retórica se ha acentuado, como no podía ser menos, en España. Uno de los últimos ejemplos lo daba la vicepresidenta en Marruecos. Ataviada de conde Drácula, se atrevió a criticar la libertad en uno de los países más dictatoriales e intervenidos del mundo... Tal vez habría estado mejor, aunque sólo hubiera sido por compasión hacia los marroquíes, reducidos a la condición de siervos, hacer un elogio de la prosperidad que la libertad ha contribuido a traer al mundo en estos años...

Por su parte, los dirigentes políticos de todo el mundo han proclamado que están dispuestos a garantizar la solvencia del sistema financiero, que es el núcleo del capitalismo. Así que quienes declaran el capitalismo superado, se postulan salvadores de ese mismo sistema. Eso sí, intentando al mismo tiempo imponer sus condiciones, es decir afirmando que el intervencionismo del Estado, disimulado bajo la forma de nuevos derechos y prestaciones, no va a disminuir nunca. Algo que ellos mismos saben que es mentira, como sabían que estaban mintiendo cuando decían que ni había crisis, ni se la esperaba.

La paradoja ha quedado bien clara cuando un representante del Ejecutivo ha sido incapaz de garantizar que el dinero (de los contribuyentes) que va a aportar el Gobierno para sanear el sistema financiero vaya a llegar nunca a las pequeñas empresas y a las familias. Así que nos están diciendo que van a seguir gastando nuestro dinero para mantener un intervencionismo gubernamental disparatado, de una profunda inmoralidad y que nadie es capaz de saber cómo se va a pagar, mientras que, por otro lado, afirman que van a aportar más dinero –público, se entiende– al núcleo de aquello que dicen combatir.

Nadie les ha prestado el menor crédito y la respuesta a la retórica anti libertad de los círculos políticos la han dado los mercados financieros, que no creen, obviamente, en las medidas gubernamentales ni en las de los bancos centrales. Los mercados siguen hundiéndose o, dicho de otra manera, han proseguido por su cuenta el trabajo de saneamiento al que los dirigentes políticos no se atreven ni siquiera a aludir. Hasta el momento, los mercados son lo único que ha funcionado con eficacia. La clase dirigente política, por su parte, ha quedado en entredicho y ha empezado ya a hacer el ridículo. No recuperará el crédito –si es que lo recupera alguna vez, porque ésta es una de esas crisis que quedan marcadas a fuego en la memoria de varias generaciones– hasta que no empiece a dar alguna señal de humildad.

Lo más probable es que en vez de apearse de sus privilegios prefiera asegurárselos argumentando que está garantizando los llamados derechos sociales. La intervención gubernamental prolongó la crisis de 1929 más de una década. Las consecuencias políticas de aquella crisis, entre las que está el apuntalamiento del totalitarismo, duraron otros cincuenta años, hasta década de los 80 del siglo pasado. Las de la crisis actual pueden no ser menores y, por lo que se empieza a barruntar, no menos graves.

Lo que está en crisis es el intervencionismo que nos lleva al desastre
Enrique de Diego elsemanaldigital 11 Octubre 2008

El Gobierno de Estados Unidos ha empezado a lanzar el mensaje de que quizás no sean suficientes los 700.000 millones de dólares aprobados en el plan de rescate Bush-Paulson. Algunas voces señalan que serían precisos dos billones.

El ministro de Economía de Luxemburgo afirma que a la operación de rescate de Fortis se ha destinado una tercera parte del Presupuesto oficial.

El primer ministro inglés ha indicado que no queda demasiado margen para intervenir más.

El intervencionismo muestra por enésima vez sus harapos. El intervencionista, el político siempre nos dice que lo arreglara todo, expoliándonos, para de inmediato añadir que el problema era mayor y es precisa más intervención.

El problema es de partida. Carece de la información necesaria para tomar las decisiones, porque la realidad cambia continuamente, y más aún desde el momento en que se interviene.

Lanzar, por ejemplo, el mensaje de que no se embargara o se procurará no embargar, rompiendo un principio básico de responsabilidad, clave en las sociedades abiertas, sólo puede disparar la morosidad.

Decir que el Gobierno de turno –y lo están haciendo todos, sin excepción- acudirá al rescate no dinamiza la economía, sino que termina por paralizarla, pues todos esperan a que sea el ejecutivo el que provea. Los agujeros negros, de esa manera, se agrandan, porque dejan de pagarse las hipotecas.

Indicar, por ejemplo, que no se dejará quebrar a ningún banco, no devuelve la confianza en el sistema financiero sino que, obviamente, la extiende.

Si en un cesto hay manzanas podridas, y no se informa de cuáles son, y además se indica que el Gobierno velará por ellas, será todo el cesto el que terminará pudriéndose.

Esas son derivadas de la implacable ley de la consecuencia involuntaria o de los efectos perversos, por la que las medidas gubernamentales cosechan, inevitablemente, las funestas consecuencias contrarias a las buenas intenciones del político intervencionista.

No vuelve la calma a los mercados, no retorna la confianza en el sistema financiero, no se reactivan los créditos ni se dinamiza la economía real, sino que se extienden la pandemia y el pánico.

En vez de localizar el problema se generaliza y adoptando los gobiernos el dudoso papel de avalistas y nacionalizando la banca de hecho, son los gobiernos los que llevan a los estados hacia la quiebra y a las sociedades hacia la miseria.

Desbocados los gobiernos hacia el abismo intervencionista sólo queda la reacción de la sociedad civil que he propuesto en ´El manifiesto de las clases medias´. Por convicción regeneradora y aún más, por instinto de supervivencia.

Otrosí: El festín mercantilista del Estado de bienestar con el pilla-pilla presupuestario toca a su fin. Para una comprensión cabal de la situación, mi libro: Crisis planetaria, la quiebra del Estado de bienestar.

Sanz lleva a un callejón sin salida la asociación con el PP
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 11 Octubre 2008

Tal como se temía, la dirección de UPN ha tomado la decisión de que los dos diputados que el partido cuenta en el Congreso de los Diputados se abstengan en la votación de los presupuestos generales del Estado. Con ello, el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, cede a las presiones socialistas que hacían depender su permanencia en el cargo de este apoyo parlamentario al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y lleva a un callejón sin salida una asociación con el PP que ya duraba diecisiete años.

El PP, de momento, ha reaccionado con tranquilidad, quizá por saber que la posición de los dos diputados de UPN no va a ser necesariamente la marcada por Sanz y el Consejo Político de UPN. Pero, como ya ha empezado a decir el veterano ex-diputado navarro Jaime Ignacio del Burgo, la única respuesta posible a este desafío es poner sobre la mesa la refundación del PP en Navarra.

Habrá quien piense que en una situación como la de Navarra, asediada por el anexionismo de los nacionalistas vascos, habría que sujetar el poder a costa de lo que sea y evitar también a cualquier precio la división del centroderecha. Yo, sin embargo, creo que tener un socio desleal en la política nacional, dispuesto a quebrantar el papel de oposición que le corresponde desempeñar al PP en vez de colaborar con la tarea, no le sirve para nada ni al partido, ni a España, ni a Navarra.

Da vergüenza ajena tener que recordarlo, pero la defensa de la identidad de Navarra es un objetivo compartido por todos los que nos sentimos afines al centroderecha español. Los que no estuvimos físicamente, nos sumamos en espíritu a la gran manifestación que se celebró el 17 de marzo de este mismo año en defensa de esa identidad. Que la persona que se benefició de ese apoyo multitudinario para seguir ocupando la presidencia del Gobierno navarro ahora se comporte de esta manera no tiene justificación posible, por más que se pueda explicar por muchas y poderosas razones que no honran precisamente a quien se inclina ante ellas.

Lo único positivo que se extrae de este pequeño cataclismo (¿será necesario recordar también que estamos hablando de dos diputados y de 130.000 votos?) es el peligro que suponen las "franquicias" en política, por lo menos para el siempre indisciplinado centroderecha. Si se está en o con un partido de carácter nacional, es para defender los intereses generales, no por encima de los intereses de cada territorio, que, al fin y al cabo, se benefician o sufren cuando lo hacen los del conjunto, sino por encima de las pequeñas miserias de la política regional y local.

Muchísimos españoles (en las últimas elecciones generales, el ochenta y cinco por ciento de los votantes) creemos en esa forma de concebir la política, y por eso damos nuestro sufragio a partidos de ámbito nacional y no a formaciones regionales o locales. Y nadie puede sostener legítimamente que, si un pequeño partido regional se ha asociado con un gran partido nacional, luego tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana en el Congreso de los Diputados, en función de sus apetencias e intereses particulares.

¿Juega sucio Zapatero en esta crisis como jugó durante su negociación con ETA?
 Periodista Digital  11 Octubre 2008

Nos preguntábamos si el «dialogante» Zapatero sería capaz de sacar adelante su fondo para comprar activos a los bancos sin pactar con el PP cuando el «intolerante» Bush se esforzó hasta alcanzar un acuerdo con Obama y los demócratas sobre su plan de rescate de la banca, incorporando muchas de sus enmiendas.

Pues bien -dice el diario El Mundo en su editorial de este sábado- , eso es lo que sucedió ayer a pesar de que Pedro Solbes había asegurado a Cristóbal Montoro que el Gobierno no iba a aprobar la creación del fondo sin negociar sus principales contenidos con el PP.

El Consejo de Ministros sacó adelante el plan Zapatero bajo la fórmula de decreto ley que tendrá que ser convalidado por el Parlamento sin alteración ni enmienda alguna.

Todo indica que el presidente no quería esperar y que impuso la creación de este fondo de 30.000 millones de euros, ampliable hasta 50.000, sin tan siquiera aguardar al preceptivo informe jurídico del Consejo de Estado.

No se trata de una improvisación del presidente, explicable por la urgencia del asunto, sino de un deliberado intento de dejar al margen al PP, al que no se le ha dado la oportunidad de negociar en serio un texto que se ha impuesto, a modo de decretazo, como un trágala a la oposición.

Cuando Zapatero presentó el plan el pasado martes, dijimos que lo apoyábamos de forma condicional siempre que existiera consenso en su diseño, transparencia en el proceso de ejecución y un control parlamentario posterior.

El Gobierno no ha buscado el acuerdo, no ha sido transparente ni ofrece garantías de ese control parlamentario, que queda limitado a la presentación de un informe cuatrimestral al Congreso.

En estas condiciones, el PP y el resto de las fuerzas políticas deberían exigir al Ejecutivo la tramitación del texto como proyecto de ley para poder incorporar enmiendas y establecer un mecanismo de seguimiento del destino de unos recursos que equivalen a la tercera parte de los Presupuestos del Estado.

Pero lo más grave es que en su comparecencia de ayer Pedro Solbes se negó a ofrecer garantía alguna de que la banca utilizará el dinero recaudado por la venta de sus activos en créditos a las empresas y las familias. «No es labor del Gobierno decir a la banca cómo gestionar sus carteras», dijo el vicepresidente.

Sus palabras contradicen el mensaje de Zapatero cuando el martes aseguró que el objetivo era incrementar el crédito. En realidad, estamos ante un plan para aliviar los problemas de la banca, que necesita una financiación de 150.000 millones de euros en los próximos 15 meses para hacer frente a sus obligaciones de pago.

Las manifestaciones del vicepresidente también contradicen las palabras de Zapatero cuando afirmó que el Estado sólo compraría activos de «máxima calidad», o sea calificados con la triple A. Solbes dejó ayer abierta la posibilidad de adquirir activos de menos calidad, que podrían ser colocados por los bancos con la salvaguarda para el Estado de un pacto de recompra.

El vicepresidente dio por hecho que el plan Zapatero no tendrá coste alguno para el Estado, pero omitió el riesgo que supone que la operación salga mal y se salde con importantes pérdidas para la Hacienda Pública. Ese riesgo no es desdeñable en el contexto de un hundimiento de los mercados, que reflejan la desconfianza ante las medidas que están adoptando los Gobiernos.

El Ibex-35 sufrió ayer una caída del 9,1%, la mayor en los últimos 57 años, con un desmoronamiento de los valores bancarios.

Ante este panorama, Zapatero debería dejar de actuar como un Llanero Solitario que intenta resolver los problemas sin contar con nadie.

El líder socialista ha asumido un enorme riesgo político al ningunear al PP si su decretazo sale mal, pero parece que eso es lo que le gusta. Ni siquiera cuando lo que está en juego es la estabilidad de la economía es capaz de comportarse como un estadista.

Caída de las bolsas
El póker del mentiroso
El mercado, que no es estúpido y ve lo que pasa día a día en el interbancario, en los mercados de deuda y demás, se da cuenta de que las cosas no son así y aprecia que sí hay entidades con dificultades, en especial cajas de ahorros pequeñas y medianas.
Emilio J. González Libertad Digital 11 Octubre 2008

En 1990, Michael Lewis, un antiguo bróker de Salomon Brothers, publicó un libro con el título "El póker del mentiroso" en el que, en forma de novela, contaba todas las interioridades de los bancos de inversión y sus operaciones con los bonos basura (donde nada era lo que parecía) que dieron lugar a una crisis financiera. Un juego similar por parte de unos y otros es el que se está desarrollando hoy en día en España, con motivo no sólo de la crisis financiera sino de la económica propia de nuestro país, que explica por qué nuestro mercado de valores se desploma un día sí y otro también.

No cabe duda de que en el comportamiento de la Bolsa española influye en buena medida lo que pasa en Wall Street. Algunas de nuestras más importantes sociedades cotizan allí y, por tanto, lo que sucede al otro lado del Atlántico también se vive en esta orilla. Además, buena parte de nuestros bancos y empresas son ya grandes multinacionales cuyo comportamiento está más en consonancia con la economía global que con la patria. Esa economía global, según el FMI, se encamina hacia una recesión mundial en 2009, un escenario negativo que, por supuesto, también se deja sentir en nuestro mercado de valores. Pero en el parqué de la madrileña plaza de la Lealtad hay, asimismo, otro factor, de mucho peso, que encoge el ánimo de los inversores: la sensación creciente de que aquí nadie está diciendo la verdad, de que todo el mundo va de farol y oculta la realidad. Vamos, que aquí alguien está jugando al póker del mentiroso y los inversores tienen razones fundadas para pensar que, efectivamente, esto es así.

El primero en apuntarse a este juego es el Gobierno. Después de que sus miembros, con Zapatero a la cabeza, se hartaran de decir que el sistema financiero español es el más saneado del mundo y no hay una sola entidad crediticia con problemas, luego viene y, de la noche a la mañana, no sólo incrementa la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos para el caso de que alguna entidad quiebre sino que, además, lo hace hasta 100.000 euros, el doble de lo aprobado por la Unión Europea para el conjunto de Estados miembros. Pero bueno, esto ¿de qué va? Si de lo que se tratara fuera de transmitir confianza hubiera bastado con decir que el Gobierno garantizaba el cien por cien de los depósitos bancarios y punto. Sin embargo, al actuar como lo ha hecho, en parte imitando al Ejecutivo irlandés, lo único que ha conseguido es sembrar la alarma acerca de cómo están las cosas en realidad.

Por si no bastara con ello, el lunes 6, después de reunirse con casi toda la flor y nata de la banca española, Zapatero se descuelga con una nueva e improvisada propuesta: crear un fondo de 30.000 millones de euros, que puede ascender si es necesario hasta los 50.000 millones, para que las entidades de crédito concedan préstamos a las familias y las empresas, sin especificar cómo se va a lograr y negándose, en un principio, a que el control de dicho fondo lo ejerciera el Parlamento. Las dudas no se hicieron esperar. Enseguida empezaron las especulaciones acerca de si el fin último de dicha medida es el declarado por el presidente del Gobierno o si, por el contrario, se trata de una operación encubierta de salvamento de entidades financieras, ya que ni se puede obligar a éstas a conceder créditos, y más con la que está cayendo en la economía española, ni, en realidad, hay una forma efectiva de controlar qué pueden hacer los bancos y cajas de ahorros con esos recursos. Ahora parece que la luz empieza a hacerse poco a poco acerca de la verdadera intención de Zapatero. Muchas pymes tienen muchos problemas financieros porque ni las comunidades autónomas ni las corporaciones locales les pagan el dinero que les adeudan, ni los bancos admiten a descuento los pagares que reciben las empresas de las mismas, ni el Estado transfiere a las Administraciones Territoriales el dinero que les debe. O sea, que el déficit público es mucho mayor de lo que nos están diciendo, que los problemas de la Hacienda pública son peores de lo que cuenta el Gobierno y que tratan de enmascarar el desequilibrio en sus cuentas con una operación a caballo entre la ingeniería financiera y el maquillaje contable para que esos 30.000 millones no afloren en forma de déficit aunque sí lo van a hacer en forma de deuda pública, que es lo que va a financiar ese fondo. Por no hablar ya de las estimaciones del Ejecutivo sobre el crecimiento económico en 2009, que nadie se cree, y el proyecto de presupuestos construido sobre las mismas. Y encima piensan que los mercados son tontos cuando, en cuestión de dinero, y con el Gobierno de por medio, los inversores son más listos que el hambre.

Después están las entidades crediticias. Sus patronales se han hartado de decir que ninguna de ellas tiene problemas mientras el Banco de España, con su silencio, hace bueno aquello de quien calla, otorga. Pero el mercado, que no es estúpido y ve lo que pasa día a día en el interbancario, en los mercados de deuda y demás, se da cuenta de que las cosas no son así y aprecia que sí hay entidades con dificultades, en especial cajas de ahorros pequeñas y medianas. Entonces empieza a comprender que por mucha liquidez que el Banco Central Europeo inyecte en el mercado, aquí va a haber que hacer algo con algunas de ellas, posiblemente en forma de absorciones que eviten quiebras y empiezan a hacer sus cálculos, dándose cuenta de esas operaciones pueden involucrar a entidades de diferentes comunidades autónomas. Pues bien, ahora acaban de salir las cajas pidiendo que se les permita llevar a cabo fusiones de carácter interregional. La verdad empieza a salir a la luz.

En este contexto no es extraño que la Bolsa española vaya como va. Posiblemente, el día que toca huracán en Wall Street no hay nada que lo pare aquí, pero las caídas no tendrían por qué ser necesariamente tan dramáticas ni el sentimiento de los inversores tan negativo. Pero dedicarse a jugar al póker del mentiroso en vez de decir las cosas como son acarrea estas consecuencias.

Carod, el sexo y la lengua catalana en recónditos agujeros.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 11 Octubre 2008

Juro por lo más sagrado para mí que son las ideas incorruptas del más grande poeta ágrafo del siglo XX, el Tío Sentao, que jamás se me habría ocurrido ni a mí ni al mejor de los inexistentes reporteros de Coña Press algo como lo que hoy aparece en un periódico digital puesto en boca del nacionalista español Carod Rovira en relación con la lengua catalana y el sexo.

El Confidencial publica un artículo sobre la tercera edición del Salón del Sexo en Catalán de Cornellá que titula “La Generalitat se desmarca de la feria Sexo en Catalán porque usa el castellano”. Además de los bemoles que tiene la cosa del titular, en el artículo incluye unas declaraciones del nacionalista español Pérez Carod Rovira en respuesta a ciertas críticas recibidas por subvencionar con pasta oficial las pelis porno de Conrad Son.

“Conrad no tiene pelos en la lengua, pero que no los tenga no quiere decir que no tenga lengua. ¡La tiene catalana! Y sabe que una lengua normal ha de estar presente en todos los ámbitos, ha de ser capaz de llegar a todas partes y penetrar en los agujeros más recónditos. Como decía el escritor Joaquim Ros, sin lengua no hay vida, y sin sexo tampoco. ¡Larga vida a la lengua y a la libertad!”.

Estas declaraciones me dejan atrozmente dubitativo pues no sé si el nacionalista español, y digo español porque el tal Carod es nacionalista y es español de nacionalidad, pues eso que no sé si se refiere a que un señor catalán tiene una lengua catalana con la que practicar el cunnilingus y se le reconocen todos los derechos habidos y por haber para hacerlo o bien se refiere a que los espeleólogos cuando penetran en los más recónditos agujeros, cuevas y simas deben hablar catalán.

Lo primero que quiero reprochar al nacionalista español Pérez Carod Rovira es su machismo al no mencionar que las lenguas catalanas normales también alcancen cimas fálicas felacionables y no solo se dediquen a agujeros recónditos cunnilinguables. Lo segundo que debo reprocharle es que aun esté sin promulgar la Ley de Normalización del Catalán en el Mercado del Sexo y en su Práctica Privada. Es inaudito que cuando se practica sexo en Cataluña aun haya quien lo haga en castellano, es algo que requiere tomar medidas ipso facto.

Un redactor de Coña Press averiguó no ha mucho que el no aprobar ya esa ley se debe a que no saben cómo hacer que los miembros de la futura Policía Sexo-lingüística tenga acceso a los dormitorios catalanes para verificar su cumplimiento. Lo que sí está decidida ya es la lista de sanciones para quienes incumplan la futura ley, que además de las multas correspondientes llevarán aparejada la prohibición de follar durante períodos de tiempo que variarán entre dos semanas y dos años según la gravedad de la ilegalidad cometida. Aunque se rumorea que se podrá lograr el levantamiento del castigo legal superando un examen práctico consistente en follar en catalán ante el tribunal adecuado. Conste que en Coña Press se pone en duda que semejante dislate se lleve a la práctica.

El Parlamento vasco respalda que se obligue al comercio a rotular y atender en euskera
El tripartito, EHAK y Aralar ratifican la normativa que afectará a más de 2.000 negocios El PP tacha el decreto de «imposición» y lo juzga «un ataque frontal» a libertad de empresa
AITOR ALONSO VITORIA El Correo 11 Octubre 2008

a.alonso@diario-elcorreo.com
La mayoría parlamentaria nacionalista avaló ayer con entusiasmo y sin fisuras el decreto del Gobierno vasco que obliga al comercio y a las grandes empresas que prestan atención al público en Euskadi a rotular, atender y facilitar toda la información sobre sus productos en euskera. El tripartito, Aralar y EHAK -que no intervino en el debate, pero votó junto a la mayoría- tumbaron sin concesiones la propuesta del PP de frenar en seco esta regulación lingüística, en la que los populares ven una «imposición», un «ataque frontal a la libertad de empresa» y una «intromisión inaceptable» en la esfera de lo privado. El planteamiento popular recibió el apoyo de los socialistas, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo de una medida que afectará, según las estimaciones más amables efectuadas por el Ejecutivo, a más de 2.000 negocios vascos que suman el 45% de la superficie comercial de la comunidad.

El decreto de protección de los derechos lingüísticos de los consumidores vascos generó revuelo desde su propia aprobación, el pasado 1 de julio. La normativa venía a desarrollar uno de los capítulos de la Ley vasca de 2003 que establece el estatuto de los consumidores y usuarios en Euskadi. En el ámbito lingüístico, esto se tradujo en la obligatoriedad de atender, rotular, informar, elaborar contratos y expedir facturas en euskera para más de 2.000 negocios, aunque el PP considera, con datos del Eustat proporcionados por el propio Ejecutivo vasco, que la cifra puede llegar hasta los 8.000, que concentran 68.000 puestos de trabajo. Esta cantidad es cuestionada desde instancias oficiales pese a provenir de sus propios servicios de estadística.

En concreto, el decreto afecta a las empresas que prestan servicios universales -como operadoras de telefonía, de transporte público o suministradores de energía y gas-; a las grandes firmas con más de 250 trabajadores; a las que cuenten con más de 400 metros cuadrados de superficie de venta y a las que tienen más de 15 personas en plantilla en contacto directo con la clientela.

En conjunto, tendrán un plazo de cuatro años para adaptarse y las exigencias no son iguales en las zonas de amplia población euskaldún y en aquellas donde el euskera tiene menor presencia. Asimismo, el Gobierno ha abierto este mismo año una línea de ayudas de 600.000 euros anuales -2,4 millones en el conjunto del plan hasta 2012- para subvencionar parte de los gastos generados por la euskaldunización del personal y la adaptación de formularios, contratos, folletos, rótulos y el resto de comunicaciones escritas con la clientela.

El PP abrió el debate con un órgado a mayor. Reclamó de forma directa la supresión del capítulo de la ley de 2003 donde se abre la puerta a la exigencia del bilingüismo en el sector comercial, al entender que supone una «intromisión» en un ámbito privado en el que las relaciones quedan establecidas por las leyes de oferta y demanda.

Ni excesos ni dejadez
A este argumento sumó otro de relevancia en la actual coyuntura. «Aquellas personas que no sean bilingües estarán en desigualdad de oportunidades a la hora de encontrar un trabajo. Se condicionan las políticas de personal en las empresas y pone en riesgo el puesto de trabajo de muchos vascos», zanjó Oyarzábal. El planteamiento del PP también incluía, como consecuencia de lo anterior, derogar el decreto de julio que desarrolla la aplicación de la ley.

Los socialistas compartieron en parte los argumentos populares, con quienes coincidieron en el voto. La parlamentaria Idoia Mendia enfatizó que no es por medio de la «imposición» ni de las «sanciones» como se consigue proteger el euskera, «menos aún en un sector que no está teniendo las cosas fáciles», indicó. También defendió que el mercado puede regularse y que las empresas «saben lo que les conviene a su negocio», también en materia lingüística.

La defensa del tripartito y Aralar fue férrea. Arantza Aurrekoetxea, del PNV, destacó que se trata de una normativa «realista, ponderada y viable», porque tiene en cuenta la realidad sociolingüística de Euskadi y da plazos para su cumplimiento. Enfatizó que «no afecta a todo el comercio, y mucho menos al pequeño comercio» y reflexionó que, en esta materia, «los excesos son perjudiciales, pero la dejadez también».

EB, EA y Aralar, por su parte, defendieron la necesidad de aplicar una «discriminación positiva» para garantizar los derechos de los hablantes de la lengua más débil, en este caso el euskera.

El voto abertzale impide la derogación del decreto, como pedían PP y PSE
La Cámara vasca respalda gracias al PCTV la imposición del euskera en el comercio
Iker Moneo La Razón 11 Octubre 2008

Vitoria- El PSE apoyó la propuesta del PP debatida ayer en el Parlamento vasco para derogar el decreto del tripartito que obligará a 8.000 empresas y a 100.000 trabajadores a atender en euskera en un plazo de cuatro años. Pero la suma de sus votos no fue suficiente para tumbar esta nueva imposición lingüística del Gobierno de Ibarretxe. Aunque el PCTV no participó en el debate sí intervino en la votación, lo que deshizo el empate entre el tripartito y Aralar, a favor de la norma, y PP y PSE, que vieron como la iniciativa fue rechazada.

Ambos partidos solicitaban la supresión del capítulo séptimo del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, en el que se basa el decreto aprobado en julio, porque entienden que «atenta contra la libertad de empresa» al obligar a ofrecer atención al público en euskera y a incluir esta lengua en sus rotulaciones y publicidad. Según el diputado popular, Iñaki Oyarzábal lejos de favorecer el uso del vascuence, la norma supone una «imposición» que lo perjudica y «una intromisión intolerable en las relaciones privadas». Además, señaló que esta política lingüística, que no tiene en cuenta a los vascos que no son bilingües, «genera desigualdad de oportunidades» para las empresas que no cuentan con personal capacitado para atender en euskera y castellano.

La socialista Idoia Mendia defendió que las empresas tienen derecho a trabajar en la lengua que quieran y abogó por no «imponer» un idioma «y mucho menos sanciones a un sector que no está teniendo las cosas fáciles». El tripartito y Aralar defendieron que la desigualdad existente entre las dos lenguas oficiales hace necesarias políticas de discriminación positiva en favor de la más débil, el euskera. Mientras que el PNV criticó al PSE por tener una posición «totalmente incoherente» respecto al vascuence, EA señaló que si hay algún derecho que haya sido vulnerado en el País Vasco es el de quienes hablan euskera.

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