AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 17 Octubre 2008

El envejecimiento de la población gallega se refleja en la pérdida de alumnos en la Universidad
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 17 Octubre 2008

Las universidades gallegas perdieron la cuarta parte de sus alumnos desde 2000. Es evidente que en un futuro muy próximo tendremos que importar profesionales y especialistas de otras comunidades españolas o de fuera de España. Si se encuentran frente al muro idiomático que están levantando los galleguistas, lo más probable es que se desanimen y se vayan a otra parte. Eso llevará consigo la desertización profesional de Galicia. Galicia ya es deficitaria en médicos. ¿Tendremos que volver al curanderismo y a la brujería? ¿Es eso una señal de progreso? ¿Es ésa la "Nova Galiza" que con la que sueñan los galleguistas, tan prepotentes, amenazantes y bien pagados?

Por si fuera poco, nuestros patriotas promueven el aborto libre y gratuito en todos los hospitales del Sergas. Y, por supuesto, ¡ay del que trate de objetar en conciencia y se niegue a realizarlo! Parece ser que, según su mentalidad surrealista, cuantos menos gallegos nazcan, mejor. Si carecen de principios ni valores con respecto al derecho a la vida, ¿serán tan tontos como para ignorar que un idioma no puede sobrevivir sin personas que lo hablen?

A las universidades gallegas, a las tres sin excepción, les cuesta cada vez más llenarse. Los años de aulas hasta los topes son ya tiempos pasados, otra consecuencia directa del incesante envejecimiento de la población que vive la comunidad. Menos jóvenes, menos alumnos, a lo que se añade el índice de fracaso académico y las perspectivas laborales que ofrecen otras opciones educativas como la Formación Profesional. Los centros de Vigo, La Coruña y Santiago de Compostela perdieron desde el curso 2000-2001 una cuarta parte de matriculados. La segunda caída más elevada entre todas las autonomías españolas, sólo por detrás de Asturias, con un descenso del 27,24%. Hasta 23.600 jóvenes menos en los campus gallegos en seis años, en comparación con la demanda registrada en 2006-2007, que superaba los 95.800.

Ninguna de las tres instituciones gallegas se libra del recorte de alumnado, aunque las diferencias entre cada una de ellas son sustanciales. El impacto del nuevo panorama académico en las universidades se nota con especial incidencia en la de Santiago de Compostela, que acumula una bajada que roza el 30%. Frente a los más de 40.000 estudiantes que tenía al comienzo de la década, los 28.600 del curso 2006-2007. Ligeramente por debajo está la evolución de la matrícula en la Universidad de Vigo, con una bajada del 26,7% en comparación con los prácticamente 30.000 alumnos que había en 2000.Y, finalmente, la reducción experimentada por los campus coruñeses, que ronda actualmente los 22.000 matriculados, de un 15,7%, según el último informe realizado por los rectores españoles.

Con la influencia del estrechamiento de la pirámide de la población entre las edades de la base, los más jóvenes, la radiografía de la evolución en la demanda de alumnos en todas las comunidades es un claro reflejo de cuáles son las más envejecidas. Con Galicia y Asturias, los mayores descensos se concentran en Aragón y Navarra, superiores al 20% y a la media nacional, del 13,97%. En el otro lado, las islas, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, por debajo del 10%.

A este paso no van a quedar universitarios ni para quemar banderas españolas.

Datos de Faro de Vigo, 16/octubre/2008

El pecado de Rajoy
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 17 Octubre 2008

El deterioro del Partido Popular comenzó el día en que Mariano Rajoy aceptó la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero sobre un cambio de modelo de Estado a través de la modificación de los Estatutos de autonomía. A partir de ahí iban a sucederse en cadena los inmensos disparates del Estatuto catalán, del valenciano, del andaluz, ahora del castellano-manchego y mañana del vasco.

De este modo el PP vino a aceptar, sin querer reconocerlo, un sistema confederal que en la práctica puede ser supone si no la «ruptura» de España sí al menos su extremo debilitamiento y su negación en materias fundamentales para lo que se ha entendido siempre como Nación: la imposición del monolingüismo en Cataluña, País Vasco, Galicia y ahora Baleares supone un auténtico genocidio cultural; la guerra del agua niega las exigencias de lo que puede entenderse como Estado y desde luego como Nación; la insolidaridad presupuestaria llevará a tensiones insuperables entre las regiones etcétera, etcétera.

Pero ¿por qué todos estos hechos tendrían que ser mortales para el PP y no para el Partido Socialista?:

En primer lugar, porque la iniciativa fue de Rodríguez Zapatero.

En segundo lugar, porque se tomaba desde el poder.

En tercer lugar, porque los socialistas vienen llevando una política de alianzas con los nacionalistas periféricos.

En cuarto lugar, porque los socialistas rechazan la idea de España como nación o, en todo caso, tratan de hacerla compatible con el plurinacionalismo.

En quinto lugar porque la izquierda odia la idea tradicional de España.

En sexto lugar porque el PSOE es capaz de defender el taifismo español a partir de su cohesión partidaria mientras el PP no tiene ni una estructura ni una ideología suficientemente poderosa como para defender un Estado confederal. En ese empeño el partido se rompe en mil pedazos. Como está sucediendo.

Por esta razón Mariano Rajoy no me ha parecido nunca el líder del gran partido conservador que necesita España en estos momentos.

Bendita crisis
EDUARDO SAN MARTÍN ABC 17 Octubre 2008

LAS vacas flacas nos regalan insospechadas víctimas colaterales. Los secesionismos e independentismos neorrománticos prenden en tiempos de prosperidad, como otras enfermedades propias de países ricos; o nuevos ricos, aún peores. Aliviadas de la carga de luchar por la subsistencia, las sociedades recién llegadas a la abundancia parecen dejarse arrastrar por una decadente propensión a considerar problemas graves los que no son tales: a dar por sentada, por ejemplo, la existencia en su seno de fantasmagóricos «conflictos», que pueden convertirse, mal digeridos, en amenazas reales. Por contra, todo indica que, cuando vienen duras, esas urticarias se esfuman ante la erisipela provocada por males auténticos. Cuando uno debe preocuparse de su propio bolsillo, no hay tiempo para Volkgeists o identidades colectivas.

Solbes tenía razón: la crisis económica puede producir «consecuencias beneficiosas» en un futuro. No en el sentido que él imaginaba. La magnitud de los problemas que el colapso financiero han colocado en la agenda política, para hoy y para muchos años más, deja al borde del ridículo las pretensiones separatistas que se blandían, a lomos de las vacas gordas, en países como España y el Reino Unido. He sostenido en más de una ocasión que en esos desafíos había mucho de retórica y de impostura, y poco de envite real. Las tremendas dificultades que nos aguardan, a nosotros y a los británicos, descubren ahora, con mucha más contundencia, la desnudez de algunas supercherías, y rebajan a la categoría de farol lo que se enunciaba como un órdago con cartas. (Se me objetará: ¿Y ETA? Bien, se trata de una lacra real y muy dolorosa, pero no de la envergadura suficiente como para poner en riesgo el futuro de España. En los cuarenta años de existencia de la banda, nuestro país ha conocido el periodo de transformaciones políticas, económicas y sociales más fecundo de sus tres o cuatro últimos siglos de historia. Somos nosotros, y no ellos, quienes hacemos a los terroristas más temibles de lo que son en realidad).

Comencemos por Escocia. No sin antes recordar que la reacción de la inmensa mayoría de la sociedad británica fue de una saludable indiferencia ante el desafío lanzado por el dirigente nacionalista Alex Salmond en mayo del año pasado, días después de haber sido elegido primer ministro de Escocia. Lejos de dejarse intimidar, la sociedad inglesa siguió a lo suyo y se limitó a echar cuentas, por si acaso. Y esas cuentas eran una ruina para las aspiraciones secesionistas de Edimburgo. Meses más tarde, la fecha propuesta para un referéndum de independencia (2010) se fue esfumando, dejó de hablarse de un plazo preciso y se situó el horizonte vagamente en el 2017.

En estos días, ya nadie en Escocia habla del asunto. Con los dos grandes bancos escoceses, el RBS y el HBOS, intervenidos por el Tesoro británico, se desvanece a corto y medio plazo, si es que alguna vez la hubo, cualquier veleidad de autonomía financiera, soporte necesario de una eventual independencia política. «Las familias, negocios y bancos escoceses se sienten más seguros como parte de la cuarta economía del mundo», comentaba una diputada laborista escocesa a The DailyTelegraph. Y nadie mejor que Alex Salmond, que fue economista del RBS, para conocer la relación entre salud financiera e independencia política, añadía el diario.

En España, las turbulencias financieras han aventado las últimas cenizas del difunto plan Ibarretxe. No exactamente por las mismas razones que en el Reino Unido, aunque algo de eso puede haber. Nada hace presagiar la insolvencia (o deslocalización) de grandes empresas españolas con raíces, y domicilio fiscal, en el País Vasco, aunque algunos economistas (Mikel Buesa, entre otros) han hecho, también por si acaso, las mismas cuentas que se hicieron en el caso de Escocia, y tampoco les salen a los nacionalistas vascos. En nuestro caso los tiros van, afortunadamente, por otro derrotero: la gravedad de la crisis impone un orden de prioridades en el que rebotan, por extravagantes, fantasías y desafíos, amagos y añagazas. Bendita crisis, que diría Solbes.

Guerracivilismo
Garzón, contra la humanidad
No cabe achacar al señor Garzón ignorancia, sino complicidad en la gran tarea de falsear el pasado, emprendida por los herederos entusiastas de quienes quisieron y organizaron la guerra civil, como consta en sus propios documentos.
Pío Moa Libertad Digital 17 Octubre 2008

Cuando el señor Garzón admitió a la ETA o se metió con ella, según conveniencia del Gobierno, o ha dejado dormir el asunto del chivatazo a los asesinos (cuyo origen está por lo demás bastante claro) no solo se retrató, sino que retrató también la situación en que ha degenerado la justicia en España bajo el Gobierno actual.

Ahora este pobre hombre (con mucho poder, cierto, pero pobre hombre en suma) se dedica a perseguir "crímenes contra la humanidad" achacados al franquismo por grupos ultraizquierdistas de nulo crédito intelectual, bien subvencionados por el mismo Gobierno que legalizó, pagó y dio eco internacional a la ETA. Quizá el señor Garzón sea solo un ignorante de la historia sorprendido en su buena fe por esos profesionales de la "memoria" chekista, pero a estas alturas esto no resulta creíble. Hoy están bien claros, entre otras muchas cosas, los datos bastante aproximados sobre el terror de ambos bandos, sobre el terror entre los propios componentes del Frente Popular, sobre la voluntad del PSOE y la Esquerra de organizar la guerra civil, o sobre el proceso revolucionario y la destrucción de la legalidad desde el Gobierno a partir de las anómalas elecciones del 36. Están bien claros, digo, y al alcance de cualquier persona honesta que desee enterarse; por mucho que los prochekistas y proetarras intenten silenciar esos datos, armen un inmenso ruido mediático para desvirtuarlos e incluso intenten encarcelar a uno de los mensajeros, yo mismo en este caso.

Por consiguiente, no cabe achacar al señor Garzón ignorancia, sino complicidad en la gran tarea de falsear el pasado, emprendida por los herederos entusiastas de quienes quisieron y organizaron la guerra civil, como consta en sus propios documentos. Y no puede alegarse aquí la necesidad de dar a conocer la historia, pues ello no es tarea de los jueces, sino de los historiadores; ni la de "honrar a las víctimas" del franquismo, que desde hace treinta años no cesan de ser falsamente honradas como defensoras de la democracia.

Sabe además el señor Garzón que entre aquellas víctimas hay, ciertamente, muchos inocentes, pero hay también muchos culpables de crímenes escalofriantes, sicarios abandonados por sus jefes (aquellos jefes que supieron huir del país con inmensos tesoros expoliados a la nación y en quienes Gregorio Marañón distinguía los rasgos de la canallería y la estupidez, o Besteiro "un Himalaya de mentiras"). Lo sabe el señor Garzón necesariamente y, como decía en un reciente manifiesto, al nivelar como "víctimas" a los culpables y a los inocentes, los autores de la ley de falseamiento de la historia –y en este caso el señor Garzón–, se colocan necesariamente al lado de los sicarios, lo último que cualquier persona de espíritu libre podría esperar de un juez, pero que parece normal en esta España en plena involución política. Y colocarse al lado de los chekistas es colocarse al lado de la mentira, al lado de la recuperación de los odios guerracivilistas y, en definitiva, contra la humanidad.

De Juana o la impunidad más absoluta
Regina Otaola Libertad Digital 17 Octubre 2008

El “caso De Juana” ha sido sepultado en los medios en gran medida por las consecuencias de la crisis financiera internacional y de la más grave crisis por que atraviesa la economía española, pero a estas alturas del curso político resulta escandaloso que el sanguinario terrorista aún se encuentre fuera de la jurisdicción española que le reclama para un interrogatorio por apología del terrorismo.

Porque lo de la excarcelación y la posterior huida de Iñaki De Juana, homenaje proetarra mediante, lleva camino de convertirse en un folletín de aventuras, “Los viajes de De Juana”, mientras aumentan los ofrecimientos al Gobierno español de diferentes asociaciones extranjeras que, por un buen precio, están dispuestas a ejercer de mediadores entre el asesino múltiple y el Estado de Derecho.

Lo que tenemos es que a De Juana se le pretende contactar mediante “intermediarios”, curiosa figura que, a lo que parece, es como una especie de “cobrador del frac” pero para terroristas. Así que una vez que sea definitivamente localizado –ya lo está para muchos, parece claro-, llamarán a su puerta cortésmente una serie de delegados del fiscal para solicitarle con buenas formas a De Juana que rellene un formulario sobre su presunta implicación en un acto de exaltación del terrorismo.

Como se da la circunstancia de que el diario proetarra Gara firmó un artículo con el nombre del sanguinario asesino, y éste hasta la fecha no ha desmentido su autoría ni se ha querellado contra el periódico, es de suponer que vale como prueba un texto en el que, con eufemismos, sigue instando a los proetarras y a sus compañeros de banda a continuar con el terrorismo.

Y yo me pregunto, ¿qué piensa hacer el fiscal al respecto? ¿Y el Gobierno? ¿Acaso vamos a tener que esperar a que Garzón supere su nostalgia del franquismo y se decida a perseguir a los vivos que causan muertos, en vez de a los muertos mismos?

Ante los desafíos de Al Qaida
FERNANDO REINARES, Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador Principal del Real Instituto Elcano ABC 17 Octubre 2008

ESPAÑA, al igual que otras democracias de nuestro inmediato entorno europeo, tiene ante sí los desafíos que el terrorismo relacionado con Al Qaida plantea tanto a la seguridad nacional como a la cohesión interna de una sociedad abierta cada vez más diversa, en buena medida debido a la inmigración procedente de países cuyas poblaciones son mayoritariamente musulmanas. Pese a los más de cuatro años y medio ya transcurridos desde los atentados del 11 de marzo en Madrid, los riesgos y amenazas que se asocian con la urdimbre del actual terrorismo global no se han visto aminorados. Algunos de los indicadores que pueden utilizarse para valorar esos riesgos y amenazas son aplicables al mundo occidental en su conjunto, pero otros adquieren un interés mucho más específico desde la perspectiva española.

En primer lugar, los propios dirigentes de Al Qaida, Osama bin Laden y Ayman al Zawahiri más concretamente, se han venido refiriendo a nuestro país en términos decididamente agresivos desde al menos el año 2006. En esas alusiones hay una serie de contenidos recurrentes, entre los que destacan la pretendida obligación religiosa de recuperar Al Andalus, a fin de que forme parte de un renovado califato panislámico que se ambiciona instaurar mediante una estrategia terrorista, las reclamaciones sobre Ceuta y Melilla, o la presencia militar española en territorios de conflicto generalizado pero que se consideran de dominio musulmán. Además, los principales elementos de este discurso agresivo hacia España y lo español se ha consolidado en la retórica habitual de Al Qaida en el Magreb Islámico, como evidencian los numerosos comunicados que sus líderes han emitido desde inicios de 2007.

En segundo lugar, las operaciones policiales que se han venido sucediendo en nuestro país desde que ocurrieran los atentados del 11 de marzo ponen de manifiesto que el señalamiento de España como blanco del terrorismo relacionado con Al Qaida podía y puede materializarse en nuevos atentados. Quizá no sea ocioso recordar ahora que, durante la pasada legislatura, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han conseguido desbaratar a tiempo planes para perpetrarlos, en al menos tres ciudades españolas, que se encontraban en distintos estadios de planeamiento. Como ocioso tampoco será recordar que son más de trescientos los individuos detenidos a lo largo de ese periodo de tiempo por su implicación en actividades del terrorismo global, la mayoría de los cuales fueron procesados y enviados a prisión por orden judicial.

Estos individuos son fundamentalmente extranjeros que inmigraron a España en los últimos quince años, procedentes sobre todo, aunque no sólo, de Marruecos y Argelia, que es el epicentro de la actividad terrorista en el Norte de África. Sin embargo, no deja de ser significativo el monto de quienes tienen un origen surasiático, especialmente pakistaní, o incluso de quienes disfrutan de la nacionalidad española. Unas veces han hecho suya la ideología del salafismo yihadista, que es el marco de referencia común al conjunto de actores individuales y colectivos del actual terrorismo global, en los mismos países de que proceden y otras en el seno de las comunidades musulmanas que se han establecido en el nuestro. Comunidades donde las actitudes positivas hacia Osama bin Laden como líder mundial, o hacia Al Qaida y la idea de yihad global que promueve esta estructura terrorista, aun siendo minoritarias, no son desdeñables.

Ahora bien, ¿que los riesgos y amenazas del terrorismo global no hayan remitido tras el 11 de marzo, ni en España ni para ciudadanos e intereses españoles en otros países, significa que somos más vulnerables? No, no es así. Cuando ocurrieron los atentados de Madrid, España disponía de unas estructuras de seguridad interior muy desarrolladas y altamente eficaces en la lucha contra el terrorismo de ETA y otras bandas armadas de carácter endógeno. Ahora bien, esas estructuras nacionales de seguridad interior no estaban igualmente adaptadas para hacer frente a los desafíos del mucho más novedoso terrorismo relacionado directa o indirectamente con Al Qaida, un fenómeno que se configura y extiende por buena parte del mundo durante los pasados años noventa y que llegó a establecer en territorio español una de sus principales bases europeas.

No es que no hubiese funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para ser más precisos del Cuerpo Nacional de Policía, que conociesen bien el terrorismo de Al Qaida y sus avatares. Los había, pero eran muy pocos y sin lugar a dudas precarios los medios con que contaban para su labor. Porque no se trataba de un problema al que políticamente se hubiese concedido la relevancia que merecía desde mediada la década de los noventa, pero especialmente tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington o aún más si cabe tras los de Casablanca en 2003, uno de cuyos blancos fue precisamente español. En cualquier caso, ocurridos los trágicos sucesos del 11 de marzo en Madrid y del 3 de abril de 2004 en Leganés, de lo que se trataba era de evaluar si el terrorismo global continuaba siendo una preocupación para España y, caso de ser así, poner los medios necesarios para neutralizarlo.

En esos momentos, una porción nada despreciable de la opinión pública parecía convencida de que lo acontecido en los madrileños trenes de cercanías había sido consecuencia del alineamiento del Gobierno del Partido Popular con Estados Unidos respecto a Irak. Y de que la retirada de nuestras tropas en dicho país supondría la desaparición de los riesgos y amenazas terroristas relacionadas con Al Qaida. En el otro lado del espectro político, diríase que era igualmente considerable la proporción de españoles para quienes detrás de los atentados del 11 de marzo no estaba tanto el terrorismo yihadista como el ya conocido de ETA. Entre esas dos visiones erróneas, ambas de las cuales tendían explícita o implícitamente a minimizar los problemas inherentes al terrorismo global, las autoridades del Ministerio del Interior concluyeron lo que había que concluir: que los riesgos y amenazas que planteaba ese fenómeno persistirían.

Los atentados de ese día dejaron claro que las funciones de información e inteligencia policial no estaban a la altura de las necesidades, que los problemas de coordinación entre Policía y Guardia Civil eran serios, y que la cooperación internacional estaba bien por debajo del óptimo en materia de terrorismo global. A casi nadie extrañará que se procediese a una adaptación de las estructuras de seguridad interior para mejor hacer frente a los desafíos que implica dicho fenómeno. Adaptación que consistió en adecuar cuantitativa y cualitativamente las capacidades de inteligencia policial, crear el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, establecer planes tanto generales como específicos de prevención y protección, e impulsar la cooperación con otros países occidentales y del mundo islámico, entre otras iniciativas de relevancia. Iniciativas que gozan de gran aceptación social y añaden valor a la lucha contra ETA.

¿Quiere esto decir que está todo hecho? Claro que no. Quizá sea hora de plantearse, por ejemplo, si nuestra legislación antiterrorista adolece de limitaciones, ajenas a la imprescindible garantía de derechos y libertades, a la hora de tratar el terrorismo internacional. Por otra parte, las medidas tomadas para adaptar las estructuras de seguridad interior ante los desafíos del terrorismo relacionado con Al Qaida deberían imbricarse en una estrategia nacional contra el terrorismo de carácter multifacético e interministerial, que se formalice de manera consensuada y esté en consonancia con una estrategia de seguridad nacional más amplia. Aunque lo más urgente es, probablemente, elaborar y poner en marcha, más allá de las actuaciones de índole policial o penitenciaria al respecto, un plan integrado para prevenir los procesos de radicalización yihadista en determinados ámbitos de las comunidades musulmanas y muy especialmente entre la emergente segunda generación.

ESPAÑA
“El Gobierno catalán no puede controlar las actuaciones del Estado a través del Estatut”
M.H.G. El Confidencial 17 Octubre 2008

La manifestación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, según la cual “respetaré el Estatuto que salga del Parlamento de Cataluña”, cada día está más cerca de ser una promesa incumplida. Si nada lo impide, el Tribunal Constitucional recortará sustancialmente el texto estatutario catalán en la sentencia que podría estar lista entre diciembre y enero.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc de Carreras, ha desgranado para El Confidencial aquellos artículos que considera que el alto tribunal declarará inconstitucionales, por salirse del marco de la Constitución española. De Carreras aclara que “hay dos formas de declarar la inconstitucionalidad. Bien de forma directa, declarando nulo un artículo y por lo tanto expulsándolo del Estatuto o bien interpretándolo. Esto significa que sólo una interpretación del artículo en los términos plasmados por el Constitucional será válida según la Constitución, ninguna otra”.

Una vez sentadas las bases de su análisis, De Carreras, que conoce este Estatuto al dedillo, señala como primer punto de inconstitucionalidad el preámbulo y el título preliminar. “No caben la mención a los Derechos Históricos, tampoco las afirmaciones que sientan los principios de la lengua catalana ni el que dice que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña”.

La obligatoriedad de vehicular la enseñanza en catalán
Bajo el epígrafe de ‘la lengua propia y las lenguas oficiales’, el artículo 6 del título preliminar queda resuelto como sigue: “La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente empleada como vehicular de aprendizaje en la enseñanza. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano que es la lengua oficial del Estado español”.

Con el artículo desmenuzado, De Carreras afirma que “los derechos lingüísticos sustanciales recogidos en este texto son inconstitucionales, así como, los derechos a la disponibilidad lingüística y los que hacen referencia al ámbito de la enseñanza”.

De Carreras se adentra en el Estatuto para reflexionar sobre el capítulo de Derechos y Libertades de los catalanes. Para el catedrático está claro que “hay que establecer unos límites de eficacia porque en el actual redactado no quedan claros. Debe verse si esta declaración de derechos son principios fundamentales de los ciudadanos o objetivos políticos”. Para el profesor De Carreras es sencillo: “En un Estatuto no caben derechos porque no son alegables delante de un tribunal”.

No es viable la exclusión del Defensor del Pueblo

El Estatuto también dedica una parte al Consejo de Garantías Estatutarias y a excluir los derechos del Defensor del Pueblo en Cataluña, que queda a todos los efectos sustituido por un defensor propio, el Síndic de Greuges. Para De Carreras ambos preceptos quedarán modificados. Sufrirán la misma suerte los artículos referentes al Poder Judicial y a las competencias exclusivas. “Creo que usarán criterios idénticas, para las competencias atribuidas para Cataluña de forma exclusiva que se utilizaron para la LOPA (Ley de Orgánica de Procedimientos Administrativos)”. En el mismo sentido, afirma que “los magistrados deben estar muy liados estudiando cada una de las competencias que han quedado recogidas en más de 90 artículos. Es necesario analizarlas una a una porque estoy convencido que muchas no se adecuan a la Constitución”.

Respecto a las relaciones entre la Generalitat de Cataluña y el Estado, De Carreras sentencia que “hay que interpretarlas porque el Gobierno catalán no puede controlar las actuaciones del Estado a través del Estatuto. No tiene ningún sentido”. Lo mismo ocurre con el hueso de este texto, y bandera de todas las reclamaciones desde Cataluña, la financiación porque “la Generalitat impone al Gobierno central su forma de relacionarse con el resto de las comunidades. Se establece una relación bilateral que no tiene cabida”.

Descarta elecciones anticipadas
Ante lo visto, para el catedrático las siete sentencias que deben salir de los siete recursos interpuestos al Estatuto configurarán “la sentencia más larga de la historia”. El Tribunal Constitucional, “en lo que creo que es un error”, no ha querido acumular los recursos sino que dictará sentencia para cada uno de ellos, aunque De Carreras tiene claro que “debemos estar atentos a las del PP y el Defensor del Pueblo porque por su extensión y número de artículos impugnados serán las que decidirán cómo debe ser el Estatuto de Cataluña”.

Al catedrático De Carreras le consta que desde antes del verano el ritmo de trabajo del Tribunal Constitucional es “relativamente rápido” por lo que considera que “podría haber sentencia entre diciembre y enero”. Aunque contempla la posibilidad de que se alargue hasta verano “si hay cambios en el Tribunal, porque entonces los nuevos magistrados, y me parece lo más normal, querrán decir la suya sobre este asunto”.

En Cataluña corre la idea de que sí el Tribunal Constitucional recorta sustancialmente el Estatuto, el Tripartito de José Montilla no aguantaría la presión y debería convocar elecciones anticipadas, una opción que De Carreras descarta de raíz. “Sin duda habrá un sinnúmero de quejas a nivel oficial, pero no creo que haya elecciones porque la mayoría de los ciudadanos no vive pendiente de la sentencia del Constitucional. Este es un tema que sólo interesa a la clase política y no a la ciudadanía, como ya demostraron en la aprobación de este nuevo estatuto”.

El PP bloquea el Constitucional hasta el fallo del Estatuto catalán
El PSOE aceptaría a Hernando, pero los populares no ceden
FERNANDO GAREA - Madrid El País 17 Octubre 2008

"Os pido que retiréis los candidatos al Tribunal Constitucional", le vino a decir José Luis Rodríguez Zapatero a Mariano Rajoy el martes en La Moncloa, según las versiones coincidentes del Gobierno y del PP. La respuesta exacta del líder de la oposición fue: "No", sin más matices. Según ambas versiones, no hubo más sobre el asunto. Ni el compromiso de seguir negociando, ni la salida de dejar el asunto en manos de los que han actuado hasta ahora como mediadores en la renovación de los órganos institucionales, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría.

Los portavoces parlamentarios del PSOE y del PP no tienen anotada en su agenda ninguna cita para hablar del tema, y ni siquiera tienen la previsión de seguir haciéndolo.

Incluso, fuentes del PP admiten ya abiertamente que la renovación del tribunal seguirá bloqueada hasta que se fallen los recursos contra el Estatuto de Cataluña. La previsión es que eso no ocurra antes de final de este año o principios del próximo.

O sea, que la renovación seguirá empantanada con los 23 nombres propuestos por los Parlamentos autónomos sobre la mesa del Senado para elegir a cuatro magistrados. De esa lista, el PP sólo apoya a dos nombres, Francisco Hernando y Enrique López, rechazados por el PSOE y sin aparente posibilidad de acuerdo. De rebote queda también bloqueado el nombramiento en el Congreso del sustituto de Roberto García-Calvo, fallecido el pasado mes de mayo. Fuentes de La Moncloa y del PSOE aseguran que estarían dispuestos a aceptar a Hernando, ex presidente del Consejo, para que el PP renunciara a López, ex portavoz del mismo órgano. En esa posible salida, cada partido cedería la mitad de sus posiciones.

El PP conoce esa salida pero sigue cerrado en banda: no renuncia a ninguno de los dos. Al argumento utilizado hasta ahora de que Zapatero y Rajoy pactaron en julio que no hubiera vetos a las propuestas de cada uno, incluye ahora el PP uno nuevo: en el inicio del proceso se acordó que se eligieran sólo magistrados de entre los propuestos por las comunidades. Y el PP no tiene más que Hernando y López sobre la mesa. Hay uno propuesto por Coalición Canaria y otro de UPN, pero no parece el momento de hacer gestos con los todavía socios navarros.

política lingüística
El Parlamento mantiene la obligación de que los comercios atiendan en euskera
Rechazan por segunda vez en una semana la propuesta del Partido Popular
EUROPA PRESS VITORIA El Correo 17 Octubre 2008

El Parlamento vasco ha rechazado hoy, por segunda vez en una semana, una proposición de ley del PP en la que se planteaba la supresión de la normativa que incluye la obligatoriedad de que los establecimientos abiertos al público atiendan en euskera y castellano. La iniciativa fue rechazada por el resto de los grupos de la Cámara, al igual que las enmiendas presentadas por el PSE y el tripartito (PNV, EA y EB), que tampoco salieron adelante.

La proposición de los populares reclamaba la supresión de un decreto del Gobierno vasco que establece sanciones y define las características de las empresas afectadas por la obligatoriedad de atender en ambos idiomas. El texto fue debatido por el pleno de la Cámara autonómica justo una semana después de que el Parlamento rechazara otra propuesta similar del PP.

El pleno también rechazó una enmienda del PSE que instaba al Gobierno vasco a que "acabe con la inseguridad jurídica provocada por el decreto, suprimiendo las sanciones previstas en el mismo", de las que afirmaba que pueden tener "un alcance imprevisible". La iniciativa recibió el voto en contra del tripartito, EHAK y Aralar, mientras que el PP se abstuvo.

El tripartito (PNV, EA y EB) también registró una enmienda. En ella se animaba a las empresas a que "progresivamente vayan dando pasos para la incorporación del euskera junto al castellano en los usos de su actividad", puesto que de esa forma "mejorará la competitividad y calidad del servicio que ofrecen a la sociedad". El PSE, PP y EHAK votaron en contra, por lo que el texto fue rechazado a pesar de recibir el apoyo de Aralar.

Alcaraz: "He tenido muchos enemigos en la calle Génova"
 Periodista Digital 17 Octubre 2008

Francisco José Alcaraz acaba de ser absuelto por un presunto delito de injurias al gobierno. Seis meses después de abandonar la presidencia de la AVT sigue pensando lo mismo sobre el gobierno de Zapatero. Reconoce un gran desgaste personal pero se siente muy orgulloso por haber hecho algo por su hermano y sus dos sobrinas, asesinados por ETA.

Nadie en Torredonjimeno habría podido imaginar nunca que un vecino suyo llegara a poner contra las cuerdas al todopoderoso gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero así ha sido. Y no fue ningún político, ni empresario de alto nivel. Francisco José Alcaraz presidió durante cinco años la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Lo hizo en un momento trascendental en la historia de España: el gobierno del PSOE acaba de instaurarse en el poder con los ecos todavía muy recientes de la matanza de Atocha y con una clara disposición a negociar con la banda terrorista ETA. Esas conversaciones marcaron la legislatura más convulsa de nuestra democracia. Alcaraz lideró una rebelión cívica de la que se siente muy orgulloso, según escribe Gillermo Villa en cope.es.

Sacó a millones de españoles a la calle y consiguió que nadie en este país desconociera el principal objetivo de su tarea: exigir memoria, dignidad y justicia para las víctimas del Terrorismo. Pero todo eso tiene un precio muy alto y él lo ha tenido que pagar. De sus logros y fracasos habla con serenidad, seis meses después de dejar la presidencia de la AVT.

Esa renuncia se produjo por razones estrictamente familiares, después de años en los que ha “llegado a hacer casi 140.000 kilómetros en coche”. No se arrepiente de haberle plantado cara al gobierno de Rodríguez Zapatero porque “es un gobierno que ha mentido a los españoles”. Sin embargo, reconoce que su vida familiar lo ha pagado muy caro y en su voz, que sigue sonando frágil y sincera, se deja entrever algo más que desgaste personal.

Y es que Francisco José Alcaraz ha dicho siempre lo que pensaba. Y sigue diciéndolo. No le gusta nada la “nueva estrategia” que ha adoptado el PP tras las últimas elecciones generales. Dice que el PP “no ha cambiado en los principios, pero sí en la estrategia, que es totalmente errónea”. Y reconoce, sin dudar un segundo, que la noticia que más le ha entristecido de los últimos meses ha sido la salida del PP de María san Gil. Asegura que “no merece que se le haya tratado así después de tantos años de sacrificio”.

El ex presidente de la AVT no elude ninguna pregunta. Habla de su labor al frente de la AVT, del futuro de esta Asociación, del Gobierno, de la oposición, de su familia... y del 11-M. Cree que “se han cometido muchísimas irregularidades, que no ha habido voluntad política y judicial de esclarecer las incógnitas y los agujeros negros” del atentado. No esconde su opinión y cree firmemente en ella. Acaba de ser absuelto de un supuesto delito de injurias al presidente del Gobierno. No sólo no se arrepiente de haber dicho que “el proyecto de ETA era el proyecto asumido por el Gobierno”, sino que asegura que “se quedó corto”.

Y concluye Gillermo Villa:
Pero, sin embargo, Alcaraz es un tipo muy normal, nada agresivo. Es un hombre pequeño que llega a la COPE escoltado por dos amigos. Nada más. Habla muy bajito pero sabe lo que dice. Recuerda constantemente a su hermano Ángel y a sus dos sobrinas, Esther y Miriam. Los tres fueron asesinados por la banda terrorista ETA el 11 de diciembre de 1981 en un atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Al preguntar al ex presidente de la AVT qué es lo que más le enorgullece de su gestión, responde sin pensárselo: “Me siento orgulloso de saber que he hecho algo por mi hermano y mis sobrinas”.

CRITICA LA NUEVA ESTRATEGIA DEL PP
Alcaraz cree que la verdad del 11-M "será tapada por la clase política porque ya no interesa"
A pesar de haber pasado a un segundo plano, el ex presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, sigue siendo un referente para las víctimas. En una entrevista en la cadena COPE, ha subrayado que está claro que en el juicio del 11-M "se han cometido muchísimas irregularidades, que no ha habido voluntad política y judicial de esclarecer las incógnitas". A su juicio, si las víctimas no siguen luchando por saber la verdad, ésta "será tapada por la clase política porque es algo que ya no interesa".
Libertad Digital 17 Octubre 2008

El ex presidente de la AVT volvió a criticar el sumario del mayor atentado de la historia de España y dijo que "queda claro que se han cometido muchísimas irregularidades, que no ha habido voluntad política y judicial de esclarecer las incógnitas y los agujeros negros". Es por ello por lo que Alcaraz aseguró que las víctimas deben seguir buscando la verdad sobre el 11-M puesto que, a su juicio, será "tapado por la clase política porque es algo que ya no interesa". La sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado que "ni estaban todos los que son, si son todos los que estaban" por lo que opinó que todavía hay que saber quién es el autor intelectual de la masacre.

Con respecto a la nueva estrategia de la lucha contra ETA en la que tanto el PSOE como el PP van dados de la mano, Alcaraz subrayó que "el Gobierno ha cambiado la estrategia". Con los últimos atentados y asesinatos de ETA, "al Gobierno no le queda más remedio que cambiar la estrategia de cara a intentar apaciguar durante un tiempo la rebelión cívica". Sin embargo, ha criticado además al Partido Popular ya que considera que también ha cambiado su opinión con respecto a la lucha antiterrorista por lo que este giro puede "ser tan erróneo como cambiar los propios principios".

"No nos podemos fiar de un Gobierno que miente y el señor Zapatero ha mentido a los españoles", sentenció. En este sentido, es imprescindible que se rechace la resolución del Congreso que permite al Ejecutivo negociar con la banda terrorista. "Es vital que esa resolución desaparezca y es vital que se recomponga el Pacto Antiterrorista", espetó.

La salida de María San Gil del Partido Popular y el trato recibido por algunos de sus compañeros ha sido una de las cosas que más molestó a Alcaraz. "Ha sido la noticia que más me ha entristecido" ya que "no se lo merece después de tantos años de sacrificio".

EN VALENCIA
Miles de padres, profesores y alumnos rechazan 'Educación para la Ciudadanía' en inglés
Durante la lectura del manifiesto se quiso escenificar la situación que se produce en las aulas de la Comunitat Valenciana cuando se imparte Educación para la Ciudadanía, y mientras una profesora leía el texto en valenciano, otro lo traducía al inglés. "Do you understand? (¿Me entendéis?)"
EFE. Valencia Heraldo de Aragón 17 Octubre 2008

Miles de personas, entre padres, profesores y alumnos se concentraron frente al Palau de la Generalitat en Valencia para mostrar su rechazo a la obligatoriedad de impartir en inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y mostraron su descontento al grito de "Font de Mora dimisión".

Durante la lectura del manifiesto se quiso escenificar la situación que se produce en las aulas de la Comunitat Valenciana cuando se imparte Educación para la Ciudadanía, y mientras una profesora leía el texto en valenciano, otro lo traducía al inglés.

"Do you understand? (¿Me entendéis?)", ha preguntado al público congregado en la plaza Manises.

Según los convocantes de esta protesta se reunieron en la plaza de Manises más de 3.000 personas, mientras que fuentes de la Policía Local de Valencia han cifrado en 1.000 el número de asistentes.

Al acto, convocado por la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, asistieron una representación de la clase política valenciana, entre los que se encontraban el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte; el secretario general del Bloc, Enric Morera; y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch.

La secretaria general de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), Gemma Piqué, destacó que "antes del trilingüismo se debería conseguir el bilingüismo real", en referencia al uso del castellano y el valenciano, los dos idiomas oficiales de la Comunitat.

Piqué señaló durante la lectura del manifiesto que el sistema educativo valenciano "es muy malo, con graves problemas estructurales y un funcionamiento ineficiente", y realizó un repaso de las principales demandas de los colectivos convocantes.

Muchos de los asistentes portaban pancartas reivindicativas, algunas de las cuáles rezaban "Yo también tengo Fontdemoramanía", "Con la educación no se juega. Basta de amenazas de represión" o "Poca broma y más trabajo".

Por su parte, El vicedirector del Instituto de Orriols, Tomás Moreno, criticó que se pretenda dar Educación para la Ciudadanía en inglés a los alumnos de 2º de ESO en el centro en el que trabaja "mientras los alumnos de bachillerato no tienen profesor" para este idioma.

La protesta acabó con una cadena humana que rodeaba el Palau de la Generalitat y que ha pedido la dimisión del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.

En Castellón, cerca de 500 profesores también se concentraron a las puertas de la sede del Consell para mostrar su molestia por la política educativa llevada a cabo por el conseller Alejandro Font de Mora.

Los manifestantes, entre quienes se encontraba el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Juan María Calles, pidieron su "dimisión" y le acusaron de utilizar sus competencias en educación como "un arma de guerra" contra el Gobierno central.

Maragall afirma que hay «seguridad jurídica» para burlar la tercera hora
ESTHER ARMORA - ABC  17 Octubre 2008

Pese a que hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC ) que obliga al Govern a aplicar «estrictamente» la tercera hora de castellano a partir de este curso, la Generalitat parece no estar por la labor.

El conseller de Educación, Ernest Maragall, lo dejó claro ayer en una respuesta parlamentaria al grupo de CiU, que pedía al socialista qué garantías reales tienen las escuelas para poder evadir la aplicación de esta medida, contemplada en el Real Decreto estatal de Enseñanzas Mínimas. «En estos momentos tenemos seguridad jurídica garantizada» dijo Maragall para calmar los ánimos y aclaró que los centros están blindados «por el propio despliegue de la LEC y la defensa jurídica de nuestras propias competencias». «No hay razón para cambiar de rumbo», apuntó Maragall, aunque advirtió de que «debemos estar atentos y vigilantes a que no hayan nuevas incidencias».

Su departamento ha aplazado en varias ocasiones el plazo en el que las escuelas deben entregar sus proyectos lingüísticos -documentos en los que exponen las horas que imparten en catalán y en castellano-. La última fecha se fijó para 2009. El conseller recordó que su consellería presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra el decreto estatal y que se está pendiente de un pronunciamiento. No aludió, sin embargo, al último auto del TSJC que obliga a los colegios a impartir la tercera hora.

Lengua franca en las aulas También en el ámbito de las competencias lingüísticas, Ernest Maragall tuvo que responder a otra pregunta sobre los resultados del último estudio del Consejo Superior del de Evaluación del Sistema Educativo, en el que se apuntaba que la lengua de uso en el patio es el castellano. Maragall recordó que el catalán «es la lengua franca en las aulas», aunque admitió que queda mucho por hacer para fomentar su uso social.

El titular de Educación atribuyó el uso del castellano en el patio a «una cuestión que va más allá en el tiempo y en el espacio». «El problema del patio es el problema del espacio público, de los medios de comunicación...», apuntó y pidió un esfuerzo a toda la sociedad para lograr un mejor posicionamiento de esta lengua.

Por una hora de más
ALEX SALMON EL MUNDO 17 Octubre 2008

No existe ningún tipo de duda sobre la legalidad absoluta de la inmersión lingüística. Son muchos los catalanes que no comparten este modelo en las escuelas pero, efectivamente, hay que acatarlo.Por eso sorprende que el conseller Ernest Maragall argumente la legalidad vigente para prescindir de la tercera hora en castellano cuando esta supremacía, aunque injusta, también está avalada por la mayoría del Parlament. Pero todos esos argumentos legales no sirven para defender lo que dice el sentido común. Como hemos repetido muchas veces, está fuera de lógica que las horas que se dediquen a la enseñanza del inglés sean superiores a las que la escuela ofrece de o en castellano. Porque es importante diferenciar cuándo se imparte la lengua o cuándo el idioma es utilizado como herramienta de comprensión. Maragall, después de jugar mucho con las palabras, llega a la conclusión definitiva de que existe «seguridad jurídica» para defender la supremacía absoluta del catalán en las escuelas. Para llegar a este axioma no hacía falta tanto travestismo político. Ahora que cada cual aguante su vela.

alex.salmon@elmundo.es

El Gobierno de Antich exigirá también a todo el personal sanitario que aprenda el catalán
MANUEL AGUILERA - EL MUNDO 17 Octubre 2008

PALMA.- El Govern balear se ha atrevido a llevar a cabo una amenaza que era vox populi: el personal sanitario deberá aprender también catalán. Nadie apostaba por ello, pero el hexapartito está dispuesto a superarse a sí mismo. El Servicio de Salud (Ib-salut) ha elaborado un borrador de decreto en el que se exige acreditar nivel A o B a todos los profesionales que quieran optar a plaza fija. El momento no es casual. En las próximas semanas se espera que se publique la convocatoria de la nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) y concurso de traslado, los cuales, obviamente, incluirán el nuevo requisito si finalmente se aprueba. Se salvarán, entonces, sólo los que ya tengan la plaza y no entren en el concurso.

Aunque todavía tiene que aprobarse en Consejo de Gobierno, el Ejecutivo ya ha comunicado que piensa sacarlo adelante a pesar de tener a todos en contra. Es algo inédito en la legislatura, ya que ningún sindicato sanitario apoya la moción. Temen que provoque un efecto huida, puesto que la sanidad balear se sustenta gracias a profesionales de la Península y el extranjero.

La sorpresa llegó el pasado martes. Había una reunión de la mesa sectorial de Sanidad, es decir, un encuentro de todos los sindicatos con la dirección del Ib-salut. En ella, el director El Gobierno de Antich exigirá también a todo el personal sanitario que aprenda el catalán El Gobierno de Antich exigirá también a todo el personal sanitario que aprenda el catalán

Todos los representantes de los trabajadores votaron en contra. Sindicato Médico, Sindicato de Enfermería, UGT, CCOO y CSIF alertaron de que se trataba de un error. Sin embargo, Pomar no necesitaba su aprobación. Basta que los partidos que forman el Govern estén de acuerdo.

El preámbulo del borrador de decreto cita cinco leyes que dan a priori cobertura jurídica a la decisión. Lo sorprendente es que todas fueron aprobadas en su día por el Partido Popular: Ley de Normalización Lingüística de 1986; decreto 100/1990; Ley 55/2003; Ley 3/2007 y reforma del Estatuto de Autonomía en febrero de 2007. La justificación es que las instituciones deben «garantizar un uso normal y oficial de los dos idiomas (...) y deben crear las condiciones que permitan llegar a una igualdad plena de las dos lenguas».

La exigencia es acreditar en un máximo de dos años el nivel B (medio, oral y escrito) para todos los licenciados, diplomados o con FP grado superior. Por su parte, todos los que tengan titulación de FP grado medio o inferior, deberán acreditar nivel A (básico, sólo oral).

El Govern se reserva, además, la facultad de entregar los títulos. Todos los certificados deberán ser expedidos por la Escuela Balear de Administración Pública -dependiente de la Consejería de Interior- o por la Dirección General de Política Lingüística.

El decreto exime del cumplimiento del requisito al personal que posea plaza en el Servicio de Salud de otra Comunidad Autónoma y que, provisionalmente, participe en un procedimiento de movilidad. Además, teniendo en cuenta que en Baleares faltan médicos -al menos 300, según una empresa de trabajo temporal- el decreto admite que queden exentas las categorías donde la prestación pueda ser afectada por carencia de personal.

Los trabajadores han puesto el grito en el cielo. El Sindicato de Enfermería afirma que «no hay problemas de comunicación en la sanidad balear» y que «la catalanización del personal estatutario es una directriz exclusivamente política». El Sindicato Médico no se explica «cómo es posible que con la oposición de todos se atrevan a aprobar tamaña barbaridad».

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