AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 30 Octubre 2008

La persecución que no cesa
Crear las inexistentes “Galiza” o “Euskal Herria” soberanas y lingüísticamente puras conlleva necesariamente este tipo de atropellos a uno de los derechos humanos más elementales
EDITORIAL Libertad Digital 30 Octubre 2008

Comenzaron marginando el uso del español en la Administración, continuaron por los medios de comunicación públicos y de ahí dieron el salto a la educación, que es el pastel que todo político nacionalista desea con mayor fervor. En Cataluña el ciclo se completó hace más de una década. El Principado es monolingüe catalán en los tres ámbitos y la lengua española ha sido arrinconada al uso privado. Con un precedente tan exitoso y sin apenas oposición era cuestión de tiempo que los nacionalistas vascos, gallegos o baleares se afanasen a la tarea de imponer el monolingüismo de facto en sus respectivas regiones.

Lo que parece indiscutible es que se trata un proceso en ya avanzadísimo estado de gestación y en algunas regiones –como Cataluña– prácticamente irreversible. Con la educación literalmente tomada y amarrados a las instituciones, tanto el PNV en el País Vasco como el BNG en Galicia han emprendido con la determinación de un iluminado la sagrada labor de erradicar el español de las escuelas y los organismos autonómicos. En Galicia la base la puso irresponsablemente el PP de Manuel Fraga que, creyendo domesticar a la bestia, la estuvo alimentando durante años. El gallego es muy similar al español, tanto que los del Bloque llevan años reinventándoselo para alejarlo de la lengua común, empezando por el propio nombre de la región, que de Galicia ha devenido en "Galiza", un neologismo que no ha hecho demasiada fortuna entre los gallegos.

En el País Vasco es la realidad la que juega en contra de los ingenieros sociales del PNV. El vascuence es una lengua complicada, muy diferente de la española y hay áreas enteras de la región donde no se habla. Este no es obstáculo, naturalmente, para que el Gobierno de Ibarretxe haya hecho de la inmersión obligatoria una de las banderas de esta legislatura. Sabe que la lengua es imprescindible compañera de sus delirios soberanistas, por eso hay que imponerla por decreto. Los que, desde fuera, protestan son tachados de centralistas y de enemigos del vascuence. Los que, siendo vascos, discrepan pueden elegir entre quedarse donde están y asistir silenciosamente a tan magno proceso de transformación social en el que sus hijos serán los principales e involuntarios protagonistas, o emigrar a la comunidad autónoma vecina.

Las normas son las mismas que en el caso catalán porque el espíritu es idéntico. Crear las inexistentes "Galiza" o "Euskal Herria" soberanas y lingüísticamente puras conlleva necesariamente este tipo de atropellos a uno de los derechos humanos más elementales, que es poder expresarse en la lengua madre y más si esa lengua madre es cooficial. Los hispanohablantes de Galicia y País Vasco, la mayoría de la población en ambos casos, deben ser plenamente conscientes de lo que les aguarda mientras los nacionalistas dispongan a placer del aparato autonómico. En Galicia ni siquiera cuentan con la mayoría en la cámara, pero el PSOE ha optado por permitir alegremente sus desmanes con tal de gobernar.

Sólo queda, por lo tanto, una opción factible: la de la resistencia civil activa. Tanto en Galicia como en el País Vasco un incipiente movimiento ciudadano está dando sus primeros pasos para impedir que, en la medida de sus posibilidades, el PNV y el BNG se salgan con la suya. Hay mucho en juego y el nacionalismo en España, muy habituado a aplicar por sistema la ley del embudo, no tiene por costumbre echar para atrás.

Galicia
Un marciano expulsado del Parlamento
Es intolerable que alguien perturbe la calma cuestionando los tabúes y fetiches de la tribu. Pendiente de decidir está si López-Chaves es un marciano, como apuntan los libros de texto catalanes, o un Michael Jackson, opción elegida en Galicia.
Cristina Losada Libertad Digital 30 Octubre 2008

El diputado Ignacio López-Chaves es, a todas luces, un bicho raro. Se empeña en hablar en español en el parlamento gallego, como antes lo hacía en el ayuntamiento de Vigo. Cuando la mayoría de sus compañeros de filas, del Partido Popular, optaron por inclinarse cual flexibles juncos orientales ante la proscripción de la lengua común, él se mantuvo en sus trece. Pero no sólo desafió de ese modo la ley no escrita que impide expresarse, en el ámbito político, en el idioma oficial de España y cooficial en Galicia. Resulta que persistió en invocar la ley escrita. Y eso es demasiado.

Puntualmente, cada vez que se reunía la comisión de Cultura del parlamento, de la que el diputado es secretario, se resistía a que su presidente transformara a Galicia en Galiza. Al nacionalismo galaico se le indigesta que el nombre de esta región sea idéntico en gallego y en español. El narcisismo de las pequeñas diferencias no tolera tales igualdades. De manera que los bloqueiros gobiernan en Galiza, aunque no dejen de beneficiarse de los tributos que se abonan en Galicia.

La oposición de López-Chaves a legitimar la existencia de ese territorio ficticio, privativo y privado del nacionalismo, le ha valido finalmente su expulsión de la comisión. Un castigo que ha merecido el aplauso de los socialistas, que compran su permanencia en el poder rindiendo vasallaje a los fanáticos de la nazón. Además, como acaba de decir Touriño, tras apearse de su nuevo super-Audi, no hay conflicto lingüístico alguno; sólo polémicas artificiales. No existen, por tanto, imposiciones y los gallegos pueden elegir libremente cualquiera de los dos idiomas. Los nacionalistas habitan en Galiza y los socialistas en la negación de la realidad, que es un país muy suyo.

En fiel reflejo de la sumisión del establishment al nacionalismo ambiental, las crónicas de la prensa galaica recogían con fastidio la contumacia del diputado. Es intolerable que alguien perturbe la calma cuestionando los tabúes y fetiches de la tribu. Pendiente de decidir está si López-Chaves es un marciano, como apuntan los libros de texto catalanes, o un Michael Jackson, opción elegida en Galicia por esos manuales. Cuando los alumnos debidamente adoctrinados lleguen a plumillas, el título que lleva este artículo aparecerá en los papeles. Eso, claro está, en el improbable caso de que todavía quede un diputado que hable español en las taifas.

Mustafá y los memos

HERMANN TERTSCH ABC 30 Octubre 2008

CREO que pocos análisis, pocos comentarios, pocos gestos pueden reflejar con mayor aproximación y tanta grandeza los sentimientos de millones de españoles en los tiempos que corren que la gran portada que nos regaló ayer el venerado Antonio Mingote en la portada del ABC. Todos los días nos dejan un mensaje nítido y elocuente en el que los españoles razonables, trabajadores, leales y decentes son tachados, con rutinaria crudeza, de auténticos gilipollas. Resulta muy cansino enumerar los insultos que reciben, porque son, ya digo, diarios. Un día después de que se le otorguen cinco minutos de gloria a un alcalde payaso en las escaleras de la Audiencia Nacional, llega al mismo escenario de la desdicha de pantufla un independentista catalán marroquí -si quieren se lo repito-, y nos habla en español, por equivocación. Mustafá Shaimi se llama este catalán indómito que quiere quemar la monarquía -la española, se entiende- y que ha sido absuelto con sus amigotes por ofensas al Rey, a la jefatura del Estado.

Me habría encantado estar con él en Casablanca en una vista sobre injurias al Rey. Nos habríamos divertido tela haciendo jerigonzas con el juez sobre quemas de fotografías y la lengua que queremos, podemos o tenemos que hablar ante el tribunal. Pero no se trata de eso. Aquí tenemos un Estado de Derecho que tiene la servidumbre de tratar a la gentuza como si fuera gente decente. Antes, durante y después de los juicios. Los que siempre lo defenderemos somos muy conscientes de que esto nos obliga a tragar ciertos sapos difíciles de digerir. Pero hay ocasiones en los que se nos pone cara de imbécil. Y cada vez somos más los que creemos que defender el estado de derecho y hacer el gilipollas no tiene por qué ser lo mismo. Al menos no siempre. Pero cada día, me da la impresión, se nos pone más cara de memos.

Resulta que el juez le hizo una pregunta en castellano al segador de Alhucemas y éste, despistado como estaba, le entendió y contestó en la misma lengua. Antes se había anulado un juicio previo a dos acusados de ofensas a la Jefatura del Estado porque no habían tenido intérprete al catalán durante un juicio en la Audiencia Nacional en Madrid, Spain. El memo del moro rectificó, se pudo a chapurrear catalán y se excusó por hablar mejor castellano «ya que es la única lengua que me han dejado estudiar». Mustafá es víctima de la represión lingüística que se ejerce contra los heroicos catalanoparlantes. Pobre chavalillo este inmigrante que ha tenido que aprender su amada lengua catalana en la clandestinidad. Es que no tenemos corazón. La culpa es del Rey de España. Asumida la triste historia de los niñatos víctimas del Estado represor que quemaban imágenes de Don Juan Carlos y Doña Sofía, sin disimular sus ganas de quemarlos en persona cuando se de la ocasión, la Fiscalía concluyó que todo había sido un acto más o menos simpático y el juez tuvo que absolverlos. Mustafá tendrá pronto calle en Gerona, perdón Girona. O quizás en Zaragoza, mmmm, perdón Zaragoza, cuando la historia haga justicia a nuestros chiquillos.

POLÍTICA LINGÜISTICA
A gritos en Sabin Etxea
Los portavoces de la plataforma lingüística aseguran que Greaves les invitó a «irse a España»
M. F. VALLEJO BILBAO El Correo 30 Octubre 2008

m.f.vallejo@diario-elcorreo.com

La reunión celebrada ayer entre la plataforma por la libertad de elección lingüística y el PNV fue extremadamente dura y tensa. La cita, que había sido solicitada por el colectivo de padres para exponer su oposición a la reforma educativa, que elimina la enseñanza en castellano, se prolongó durante dos horas en Sabin Etxea, la sede de la formación nacionalista en Bilbao. Los integrantes de la plataforma Iñigo Uríen, María Aldecoa y Belén Pérez de Uralde, y las dirigentes jeltzales Belén Greaves y Amaia Espinosa se enzarzaron en una agria discusión, que fue subiendo de tono hasta acabar a gritos. Urien, coordinador de la asociación de familias, abandonó el encuentro al no «tolerar» que le «insultaran» y le «gritaran».

El acto comenzó con mal pie. La plataforma había pedido una cita con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu. Les recibió Greaves, secretaria del EBB, y Amaia Espinosa, encargada de temas educativos en el partido. «Llegaron ya enfadadas porque vieron que había medios de comunicación y nos recriminaron que hubiésemos dado publicidad a la reunión», relató Aldecoa.

Ambas partes sacaron a relucir sus posturas sobre el euskera en la enseñanza sin paños calientes, y dejaron patente la distancia insalvable que les separa. La plataforma denunció que el decreto de currículum «impone» el euskera en las aulas y que su aplicación ha supuesto la desaparición del modelo A en el sistema educativo vasco. Incidieron en que en Euskadi «no se puede ejercer el derecho a elegir el idioma en el que se quiere estudiar». Sus integrantes aseguraron que las dos representantes nacionalistas les llamaron «manipuladores y demagogos», y les trataron «a gritos» y de «malas formas». «Greaves nos dijo que nos preparáramos, que ya nos podíamos ir a España, 'a Logroño' matizó después», añadió la portavoz de la plataforma.

«Manipuladores»
El PNV, mediante una nota que hizo pública por la tarde, tachó a los representantes del colectivo de familias -que surgió con la desaparición del modelo A en muchos colegios- de «manipuladores y sectarios». Censuró también el «comportamiento» de los responsables de la plataforma durante la reunión en Sabin Etxea. «Su intención no era exponer su visión sobre los modelos lingüísticos, sino aparecer ante los medios de comunicación de forma sectaria y manipuladora, como víctimas de una situación que no se corresponde con la realidad», subrayaron portavoces nacionalistas. El partido de Urkullu les acusó de que su único objetivo era «generar discordia y enfrentamiento».

Algunas escenas de la discusión de ayer reflejan con claridad la postura que defiende cada parte. La plataforma expuso su derecho a elegir cualquiera de las dos lenguas oficiales para que estudien sus hijos. Citaron la Constitución. «Nos dijeron que no les habláramos de la Constitución, que aquí no sirve, que aquí sólo vale el Estatuto», según el relato del colectivo de padres, que explicó que el tono en el que desarrolló el debate permitía oír la discusión por todo el edificio.
Greaves apuntó que en el Estatuto se establece la «obligación» de que los alumnos aprendan euskera y que la Administración debe velar por que «se cumpla» la ley. «Les dijimos que el Estatuto señala el 'derecho' a conocer y utilizar» la lengua vasca, «no la obligación», añadió Aldecoa. «Yo tengo derecho a que si te hablo en euskera, tú me entiendas y me contestes. Tú eres quién debes hacer el esfuerzo», subrayó Greaves, según el relato del colectivo de padres.

El PNV a los que quieren que sus hijos estudien en castellano: "Preparaos y marchaos a Logroño"
 Periodista Digital

No se han andado con chiquitas. El PNV ha asegurado que el único objetivo de la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística al acudir la reunión con responsables del EBB "no ha sido explicar su visión sobre la cuestión de los modelos lingüísticos, sino intentar aparecer ante los medios de comunicación, de forma sectaria y manipuladora, como víctimas de una situación que no se corresponde con la realidad con la que la sociedad vasca vive el bilingüismo en Euskadi".

En un comunicado, el PNV lamentó la actitud mantenida por la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, "tanto en su comportamiento durante el encuentro en Sabin Etxea con los responsables de educación del partido, como en sus declaraciones ante los medios de comunicación".

Una representación de la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, integrada por María Aldecoa, Belén Pérez de Ugalde e Iñigo Uríen Azpitarte, se reunió hoy, en la sede de Sabin Etxea en Bilbao, con la secretaria del EBB, Belén Greaves, y la responsable de Educación del PNV, Amaia Espinosa, para solicitarles la derogación del decreto "que impide a los padres elegir con libertad el modelo lingüístico en el que matricular a sus hijos".

A la conclusión del encuentro, los integrantes de la plataforma advirtieron de que la política lingüística que pretende "imponer" el PNV tiene que tener una "respuesta electoral" de los ciudadanos vascos que están "hartos de imposiciones, de insultos y de que no se respete la libertad" de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, a la vez que denunciaron que Greaves les llamó "manipuladores y demagogos" y les dijo que "nos preparemos y nos marchemos a Logroño".

El PNV dijo que, "al margen de provocaciones, todos los puntos de vista y opiniones pueden y deben defenderse" porque es "un derecho de todos los ciudadanos de este país" No obstante, advirtió que "no aprueba ni admite aquellos grupos de interés cuyo único objetivo es generar discordia y enfrentamiento en temas que nos son objeto de debate en la sociedad".

Por último, la formación nacionalista aseguró que seguirá estando abierto a escuchar a cuantas asociaciones y colectivos quieren expresarle sus puntos de vista sobre los problemas y los retos que tiene planteada esta sociedad, "pero siempre desde el respeto a las opiniones de los demás y sin la utilización previa de las personas que están dispuestas a escuchar a los citados colectivos".

«Aquí no nos importa lo que diga la Constitución, háblame sólo del Estatuto», fue la respuesta que recibieron los padres.
Iker Moneo La Razon 30 Octubre 2008

Vitoria- Dos horas de insultos, gritos y mentiras. Es el triste balance que realiza la Plataforma por la libertad de elección lingüística, que aglutina a más de tres mil padres que defienden el derecho de sus hijos a estudiar en castellano, de la reunión que ayer mantuvo con el PNV en su sede de Bilbao. El encuentro, que pretendía servir para contrastar posturas respecto a la reforma educativa que pretende impulsar el Gobierno vasco para que el euskera absorba el 60 por ciento de las horas lectivas, comenzó mal.

Los tres representantes del colectivo, Iñigo Uríen, María Aldecoa y Belén Pérez de Ugalde, que acudieron al mismo, no encontraron al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, como habían solicitado, sino a la responsable de Educación del partido, Amaia Espinosa, y a la secretaria de la Ejecutiva, Belén Greaves. A partir de ahí, el clima de tensión fue tal, que Uríen abandonó la entrevista antes de que concluyese porque «Greaves me insultó y gritó», y advirtió de que si el PNV «mantiene a esta señora en su puesto, tendrá un grave problema con el respeto a las libertades de los ciudadanos vascos».

Según explicó Aldecoa, cuando plantearon en la reunión que la Constitución marca la obligación de conocer el castellano y que el Estatuto fija el derecho -y no la obligación- a conocer el castellano y el euskera, Greaves les espetó: «Aquí no nos importa lo que diga la Constitución, háblame sólo del Estatuto». Aldecoa también lamentó otro momento en el que preguntaron si el modelo trilingüe que defiende el PSE (euskera, castellano e inglés) se instauraría si ganasen los socialistas las autonómicas de marzo. Y es que la respuesta de Greaves fue: «Entonces preparaos y marcharos a España, bueno, a Logroño».

La Plataforma acusó al PNV de mentir por negar que el decreto de currículum vasco aprobado hace un año establezca que el euskera es la lengua principal de la enseñanza, tal y como recoge la norma que ya se aplica en los centros públicos y concertados y que ha obligado a numerosos padres a matricular a sus hijos en colegios de La Rioja o Francia.

Por su parte el PNV, en una nota acusó a la Plataforma de «intentar aparecer en los medios de comunicación de forma sectaria y manipuladora, como víctimas de una situación que no se corresponde con la realidad con la que la sociedad vasca vive el bilingüismo». «Al margen de provocaciones, el PNV seguirá abierto a escuchar a cuantas asociaciones quieran expresarle su punto de vista», añadió.

Educación reconoce el derecho a usar libros de texto en español
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 30 Octubre 2008

El Correo Gallego, 22.10.2008: "Los alumnos podrán disponer del material didáctico que libremente escojan, pero sólo serán a cargo del programa de gratuidad aquellos relacionados en el tablón de anuncios del centro, tras su aprobación en el Claustro". La respuesta del delegado de Educación en La Coruña a una madre de Pontedeume fue difundida ayer por el colectivo Galicia Bilingüe, que exige a la Consejería que esta posibilidad sea puesta en conocimiento de "toda la comunidad educativa". El escrito de José Manuel Mouriz Cabalo reconoce que los hijos de la denunciante, "como cualquier otro alumno", deben poder utilizar sin impedimentos por parte del centro o el cuerpo docente cualquiera de las dos lenguas oficiales, "excepto en las clases o actividades relacionadas con una determinada lengua".

El Ayuntamiento de Berriozar hará una lista negra de los castellanohablantes
Casi el 60 por ciento de los alumnos catalanes hablan castellano en sus casas
Los cines de San Sebastián no quieren proyectar «El infierno vasco»
ALBERTO LARDIÉS | BERRIOZAR (NAVARRA) ABC 30 Octubre 2008

Los caminos para arrinconar al castellano y promocionar el euskera en algunas zonas de Navarra son inescrutables. Los partidos nacionalistas vascos que gobiernan en Berriozar, Nafarroa Bai y ANV, sacaron ayer adelante, gracias al voto de IU, un plan para la elaboración de un «fichero de población euskaldún». Es decir, preparan un censo de las personas que hablan vascuence que, a juicio de quienes se oponen a ello, es tanto como hacer otra lista negra de aquellos que no son euskaldunes. «Limpieza lingüística» pura y dura.

Según el alcalde, Xabier Lasa, de NaBai -coalición integrada por Aralar, PNV y EA- , la finalidad de esta iniciativa es «disponer de un mejor conocimiento de la situación sociolingüística del municipio y realizar mejor las campañas específicas». No opinan lo mismo algunos vecinos y los grupos de la oposición consultados, para quienes la idea sólo es «una forma de marcar a los que no hablamos euskera». «¿Qué será lo próximo, ponernos un brazalete para identificarnos por la calle?», se preguntan en la asociación Vecinos de Paz.

Pese a que el Tribunal Supremo ha considerado a ANV parte de ETA, el grupo municipal aún no ha sido disuelto por el alcalde

Amparados en la oscuridad
Reunida el pasado 13 de octubre, la comisión del euskera del Ayuntamiento trató la modificación de la «Ordenanza para la normalización y desarrollo del euskera» con vistas a «la creación de un fichero de personas euskaldunes», según el documento municipal al que ha tenido acceso ABC. Allí se decidió remitir esa posibilidad al pleno municipal que se celebró ayer. Y resulta cuando menos chocante que en el documento que se hizo público -se puede leer en la página web del Consistorio- para convocar al pleno figure en el punto tercero lo siguiente: «Modificación de la Ordenanza para la normalización y desarrollo del euskera en Berriozar». Así, se obviaba la parte referente a la polémica creación del fichero.

En otra parte del documento del alcalde que se hizo pública después, sí se hace referencia a que se ve necesaria «la creación de un fichero de población euskaldún», con los fines antes citados. Para combatir lo que consideran «una aberración moral, social y política», los miembros del colectivo Vecinos de Paz acudieron ayer al pleno del Ayuntamiento ataviados con unas pegatinas de protesta en las que aparece una estrella de David con fondo amarillo, con la frase «yo hablo castellano». Querían de esta forma escenificar la comparación que hacen de la discriminación que sufren en Berriozar con la persecución de la que fueron objeto los judíos por parte del régimen nazi.

Durante el tenso pleno, el alcalde recriminó la actitud de estos vecinos y consideró que era más que un exceso compararse con los judíos. Desde la plataforma se le respondió al regidor recordándole que a los judíos no sólo se les exterminó con cámaras de gas, sino que además se les pisoteó sus derechos y su cultura. Para el colectivo Vecinos de Paz, los nacionalistas no hacen una política de «normalización» del euskera, sino de «imposición. Es una forma de marcarnos», añaden.

El voto de la edil de Izquierda Unida decanta las decisiones hacia el lado de los nacionalistas vascos
En Berriozar, la política es motivo de una enconada división entre los habitantes y, como en todos los municipios donde campan impunes los proetarras, es también fuente del miedo a expresar las ideas. El 9 de agosto de 2000, ETA asesinó allí, a las puertas de su domicilio, al militar Francisco Casanova. Aquel crimen cambió las cosas en el pueblo. Nació la plataforma Vecinos de Paz, que desde entonces siempre apoya con aplomo a las víctimas del terrorismo pese a las continuas afrentas de los nacionalistas. En la anterior legislatura, tras años de dominio nacionalista, gobernaban los partidos «constitucionalistas».

Con la ayuda de IU
Después de las municipales de mayo de 2007, NaBai, con tres ediles, mantiene la alcaldía gracias al apoyo de ANV, con otros tres, y de IU, con uno. Mientras, UPN (3), PSN (2) y CDN (1) se mantienen en la oposición y llevan a cabo iniciativas constantemente para luchar contra algunas decisiones polémicas del nuevo alcalde, que desde que llegó al cargo se ha ocupado, entre otras cosas, de impulsar el euskera, suprimir la procesión religiosa de las fiestas patronales o permitir los conciertos de grupos proetarras. El equilibrio entre los dos «bandos» -constitucionalistas y nacionalistas vascos, con seis concejales cada uno- depende de lo que haga la edil de IU, quien sostiene con su voto a los nacionalistas. Con su apoyo, el alcalde aún no ha cumplido con la orden judicial de disolver al grupo de ANV, una parte de ETA que campa a sus anchas en Berriozar, localidad natal del cabecilla batasuno Pernando Barrena, hijo de emigrantes andaluces.

ESPAÑA
La gran amenaza para la Justicia: un Estado y 17 sistemas incompatibles
Alberto Mendoza El Confidencial 30 Octubre 2008

La descoordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central se ha convertido en una de las principales amenazas para el funcionamiento de la Justicia en España. La transferencia de competencias de esta materia a la mayoría de autonomías ha dividido de facto un poder estatal único en diecisiete administraciones, con modelos de organización y aplicaciones informáticas diferentes. Una diversidad que pone en peligro los esfuerzos para conectar con las nuevas tecnologías los juzgados de toda España, y que puede propiciar que se repitan casos como el de Mari Luz.

Prueba de la gravedad de esta situación es que la “coordinación de programas y aplicaciones informáticas estatales y autonómicas” constituye el primer punto de la lista de prioridades que se ha marcado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su “plan de actuación inmediata” para modernizar la Justicia. De acuerdo con Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, se trata del “gran problema de la Justicia a medio y largo plazo”.

“Cada comunidad autónoma está trabajando con modelos de oficina judicial diferentes”, indicó García, para quien existe un alto riesgo de “cortocircuito” entre administraciones. “La red informática, de gestión documental o de comunicación debe ser única, porque el Poder Judicial es único y del Estado”, señaló García. Desde Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno también reclamó la unificación de los programas informáticos y de comunicaciones para que los juzgados de diferentes provincias y comunidades puedan intercambiar información.

Pero los jueces no son los únicos que advierten del peligro de multiplicar los sistemas. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, destacó el martes, en el Observatorio de la Actividad de la Justicia, el grave problema que supone para el sistema funcionar con las competencias repartidas entre el ministerio de Justicia, el CGPJ y las comunidades autónomas. Para Carnicer, ni siquiera un despacho de abogados podría trabajar si cada socio o empleado perteneciera a un estamento diferente.

En este mismo foro, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, en relación con las deficiencias tecnológicas que lastran a la Justicia, criticó que autonomías y ministerio usen lenguajes informáticos diferentes. Además, Estévez denunció que el sistema que los sistemas que impulsa el Gobierno, como el llamado Lexnet, “están obsoletos antes de nacer”.

Objetivos del Gobierno
Precisamente, entre los objetivos que presenta el ministerio de Justicia en los Presupuestos Generales de 2009, se recoge la “plena incorporación de las nuevas tecnologías” para conectar a los distintos órganos judiciales, a las fuerzas de seguridad, así como para facilitar los trámites y el acceso de los ciudadanos. Sin embargo, el Gobierno advierte que la única forma de alcanzar estas metas es “evitando la multiplicidad de aplicaciones informáticas autónomas y dispersas que no son compatibles entre sí”, para lo que prevé la creación de un grupo de trabajo que estudie los sistemas de cada comunidad autónoma y trate de integrarlos.

El Ejecutivo señala que esta necesidad es “mucho más acusada” en la jurisdicción penal, de modo que se agilice la ejecución de las sentencias, procedimiento que falló a la hora de encarcelar al presunto asesino de la niña Mari Luz, Santiago del Valle. En la actualidad, el ministerio de Justicia está en proceso de extender y compatibilizar dos sistemas: Lexnet, que funciona para el envío seguro de notificaciones y presentación de escritos, de forma similar a un correo electrónico; y Minerva NOJ, que permite gestionar los asuntos procesales de forma digital, y que aspira a superar el soporte papel que inunda los juzgados.

Sin embargo, ambos sistemas están lejos de funcionar de forma complementaria y generalizada, y deben adaptarse a otros como el andaluz o el vasco que llevan años desarrollándose por separado.

Síntomas de descomposición
crisis económica
José Luis González Quirós* El Confidencial 30 Octubre 2008

Es muy difícil no ser pesimista en la España de finales de 2008. La situación es endemoniadamente mala, se mire como se mire. España, en su conjunto, cae en picado mientras buena parte de sus dirigentes siguen yendo a los toros, por decir algo, como si aquí no pasase nada. Hay gobernantes que siguen tirando del presupuesto con una irresponsabilidad digna de las peores camarillas de nuestra historia. El país real se está empobreciendo por minutos, pero determinados sujetos que siguen gastando alegremente el dinero que ya no tenemos. El presidente del Gobierno acaba de pactar los presupuestos más irresponsables de la historia de la democracia, mientras se dedica en cuerpo y alma a procurarse un lugar en una cumbre en la que no van a faltar, precisamente, los irresponsables.

El partido que se supone habría de ser alternativa a este estado de cosas está sumido en una especie de marasmo, y sus socios, los pocos que le quedan, aprovechan la ocasión para chulearle sin el menor respeto. Un juez famoso anda desafiando al universo mundo para arreglar, cueste lo que cueste y va a costar un pico, un pleito de hace más de cincuenta años, cuyos protagonistas principales están debida e inexorablemente muertos. Un alcalde del Sur anda en los juzgados por decir cosas del Rey que al parecer no debería decir, pero que mucha gente cree a pies juntillas.

No creo que haya habido una situación tan complicada como esta en lo que va de democracia. Los apoyos del partido en el Gobierno son absolutamente coyunturales y se perderán, sin la menor duda, en cualquier momento, pese a la reconocida habilidad de los dirigentes del PSOE para caminar sobre el filo de una navaja. La economía está en una situación de auténtico disparate, con el PIB en caída libre. Si los pronósticos más pesimistas se cumplen, la Unión Europea puede sufrir un auténtico calvario debido a su exposición a la crisis de las monedas de países emergentes, y tendrá que pensarse muy mucho qué puede y debe hacer. Con una deuda como la española, ya hay quienes no se recatan de pronosticar un futuro no muy lejano sin el paraguas del euro. No sigo, porque no conviene fatigar con exceso de consideraciones lo que todos padecemos y sabemos, pues, como decía Don Quijote, “le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones”.

¿Qué se nos ofrece para oponer a toda esa caterva de males? El Gobierno nos dice que la cosa no es para tanto y que, más o menos, se arreglará sola y estaremos de nuevo, más pronto que tarde, en el mejor y más feliz de los mundos, dando lecciones a diestro y siniestro y sorprendiendo con nuestros esplendores, premios y argumentos. La mayoría de los españoles sabe que eso no es verdad, que nunca lo ha sido, pero está empezando a sobrellevar con paciencia cubana las tonterías irresponsables de unos dirigentes que nadie parece capaz de remover. Se pierde así, muy poco a poco, pero de modo incesante, la fe y la esperanza en la democracia. Si la democracia no es capaz de animar a que sepamos enfrentarnos valientemente con las verdades tan penosas que nos van a atosigar en los próximos años, si no hay nadie que nos anuncie esperanza después de pasar por sangre, por sudor y por lágrimas, entonces la democracia no está sabiendo cumplir con sus obligaciones. No podemos echar la culpa de esto a nadie, solo a nosotros mismos.

La sociedad española no está acostumbrada a poner manos a la obra y los gobiernos irresponsables la alientan al quietismo y a la esperanza boba. Son muchos años de decepciones los que llevan a los mejores a huir de la política y a refugiarse en los negocios, en la vida privada. Sin embargo, hemos llegado a un momento en el que, al contrario de lo que se nos dice a todas horas, la irresponsabilidad de los políticos puede terminar por arruinar del todo la posibilidad misma de trabajar, de crear, de hacer negocios y de vivir, más o menos descansadamente, en la vida privada.

Los españoles ni deben pedir responsabilidades a Bush ni, por lo demás, podrían hacerlo; pero sí pueden pedir responsabilidades a quienes, con el cuento de que nos representan, no saben hacer otra cosa que vivir de manera irresponsable y echar la culpa al maestro armero. Hace falta toda una nueva leva de gente dispuesta a hacer bien lo que estamos haciendo mal, dispuesta a forzar a los partidos a tomarse en serio su misión, dispuesta a acabar con las ceremonias de la confusión en las que es tan experto el líder indiscutido de la alianza de las civilizaciones, el hombre que nos gobierna en los ratos libres que le dejan sus altísimas ocupaciones universales.

Sé que muchos pensarán que es utópico esperar que se arregle nada al margen de los que tienen la sartén por el mango, pero la verdad es que la tienen únicamente porque les dejamos, porque consentimos sus abusos y sus desplantes con paciencia franciscana. Algo habrá que hacer, porque esta descomposición no va a pararse de milagro.

*José Luis González Quirós es analista político.

Pantomima en la Audiencia
Editorial ABC MADRID 30 Octubre 2008

De manera incomprensible, la Fiscalía obligó ayer a la Audiencia Nacional a absolver a los dieciséis independentistas catalanes que habían sido juzgados por un delito de injurias graves contra la Corona por haber quemado fotografías de los Reyes durante una manifestación en Gerona. Incomprensible por tres motivos: primero, porque fue un proceso iniciado precisamente a instancias de la Fiscalía, que solicitó la identificación y enjuiciamiento de unos individuos cuya absolución fuerza ahora pese a existir una condena anterior a otros antimonárquicos por hechos idénticos; segundo, porque durante el juicio nadie aportó ni una sola prueba que contradijese lo investigado y reconocido por los propios acusados; y tercero -lo que casi es aún peor- porque el fiscal ni siquiera se ha dignado a ofrecer una explicación de su cambio de criterio de última hora.

La opinión pública tiene derecho a conocer qué ha movido al fiscal a convertir unos hechos que había calificado como injurias graves en una simple falta leve de desórdenes. Incluso, el juez, no competente para juzgar faltas y desórdenes, reprendió al fiscal -con toda razón- dada su sobrevenida iluminación para evitar una condena segura. Lamentablemente, el fiscal Luis Barroso convirtió un juicio nítido en una pantomima jurídica y en una burla a los ciudadanos.

¿Qué hacer ante demandas separatistas?
IGNACIO SÁNCHEZ- CUENCA El País 30 Octubre 2008

Uno de los conflictos más duraderos y enrevesados de la política española es el territorial. No hay un equilibrio institucional entre centro y periferia. De hecho, el Título VIII de la Constitución dejó este asunto sin cerrar y desde 1978 España se encuentra, por lo que respecta al asunto territorial, en una especie de fase constituyente permanente. En términos generales, esta naturaleza irresuelta del problema territorial no es sino un reflejo del tipo de Estado que tenemos, en el que ni el centro ni las regiones periféricas han tenido poder suficiente para imponer su punto de vista. Las regiones con demandas separatistas no han conseguido desmembrar el Estado, pero el Estado tampoco ha conseguido asimilar completamente a las minorías territoriales formadas por catalanes, vascos y gallegos, como lo prueba la supervivencia de lenguas propias, características diferenciales y demandas de mayor autogobierno o incluso de separación.

Dada esta inestabilidad institucional, creo que sería conveniente establecer un procedimiento que permitiera procesar ciertas demandas nacionalistas que, hoy por hoy, no caben en nuestra democracia. No me refiero a las reformas de los estatutos, a la financiación autonómica, o al reparto de competencias. Más bien, estoy pensando en la demanda última de ciertos nacionalistas, que no es sino el deseo de separarse de España. Dicha demanda no puede ser digerida por nuestro actual sistema democrático.

No vale de mucho alegar que todo es planteable y que la unidad de España puede discutirse de acuerdo con lo que establece la Constitución al respecto. Como bien se sabe, la Constitución de 1978, al igual que muchas otras del mundo, sanciona la indivisibilidad de la patria. Para poder dar cabida a una demanda separatista, sería necesario, por tanto, modificar el texto constitucional. Pero el procedimiento de reforma es tan exigente que no resulta un instrumento útil (ni aceptable) para resolver democráticamente la cuestión separatista en nuestro país.

Los nacionalistas, evidentemente, se aprovechan de este "punto ciego" de nuestra democracia y amagan con provocar una crisis institucional. Ahí están las dos ediciones del plan Ibarretxe, o los planes de ERC de convocar un referéndum de autodeterminación en 2014. Con objeto de ganar seguidores para su causa, se presentan como víctimas delcerrilismo u opresión política de España.

Tanto por razones democráticas como por la necesidad de desactivar ciertas coartadas que usan los nacionalistas para reforzar sus tesis, creo que es imprescindible plantear abiertamente la discusión sobre qué debe hacerse ante una demanda separatista que cuente con un cierto apoyo popular. A mi juicio, no vale de nada remitir a la Constitución, por las razones antes apuntadas: la Constitución impide plantear seriamente el asunto. Tampoco vale aducir que el separatismo es minoritario tanto en Cataluña como en el País Vasco, pues el grado de respaldo que tenga una demanda es algo contingente e históricamente variable.

No quiero sugerir con ello que las regiones tengan en España el derecho de autodeterminación. Los estudiosos del tema saben de sobra que tal derecho no existe, salvo en circunstancias muy especiales (situaciones de descolonización, invasiones bélicas, etcétera). Ahora bien, de que tal derecho no exista, no se sigue que una democracia pueda desentenderse sin más de una demanda separatista apelando a una Constitución que simplemente no deja espacio para esa demanda. Por supuesto, el hecho de que la Constitución no contemple la posibilidad de procesar dicha demanda no justifica ni legitima en absoluto el uso de la violencia, como muy bien han entendido los separatistas catalanes, no así los vascos.

¿Qué puede y debe hacerse frente a una demanda separatista? Ante todo, encauzarla y regularla según procedimientos democráticos aceptables. Resulta muy instructiva la sentencia del Tribunal Supremo canadiense ante las pretensiones separatistas de Quebec. Y no porque sean estrictamente comparables sin más las situaciones española y canadiense, sino por los principios generales que utilizaron los jueces en su razonamiento. En esencia, lo que dijeron es que a los habitantes de Quebec no les asiste derecho unilateral alguno a la secesión, pero que si hay un apoyo claro en favor de la misma, reflejado por ejemplo en un referéndum, Canadá no puede ignorarlo; en ese caso, deben abrirse conversaciones multilaterales con todas las partes afectadas para llegar a un acuerdo aceptable. El tribunal admitía así que si en una región de un Estado una mayoría clara no quiere permanecer en dicho Estado, no cabe obligar sin más a sus habitantes a vivir dentro de ese Estado en contra de su voluntad.

Es evidente que se trata de un asunto muy complicado, pues la ruptura de un Estado tiene consecuencias económicas y políticas para mucha gente. Por eso, el tribunal canadiense insistió en que la demanda de separación ha de ser clara y ampliamente mayoritaria, y que cualquier decisión al respecto debe tomarse tras una negociación entre todas las partes implicadas. A raíz de la sentencia del Supremo de Canadá, el Gobierno de aquel país trató de dar contenido a las recomendaciones generales sobre cómo abordar el conflicto mediante la llamada Ley de Claridad. Con todas las salvedades necesarias, algo similar podría ensayarse en nuestro país.

En primer lugar, debería especificarse que sólo podrá celebrarse un referéndum en ausencia de toda violencia. De este modo, si los vascos desean en algún momento realizar una consulta popular, deberán antes haber resuelto el problema del terrorismo de ETA. Esto no sólo me parece impecable desde el punto de vista democrático, sino que además constituye un acicate para que los nacionalistas vascos moderados se impliquen hasta el final, sin vacilaciones, en la estrategia de eliminación total del terrorismo.

En segundo lugar, un referéndum de separación no puede realizarse alegremente. Su propuesta debería requerir una mayoría clara y relativamente estable de las fuerzas políticas que lo propugnan. Además, debería consensuarse el texto de la pregunta y la mayoría a partir de la cual se dé por ganadora la respuesta a favor de la separación. Debería también especificarse cuánto tiempo ha de pasar entre la celebración de un referéndum y el siguiente, en caso de que los separatistas pierdan en la primera consulta.

El paso del tiempo no ha dado signos de que el problema territorial en España vaya a resolverse de una vez por todas. Es más, no parece disparatado afirmar que el problema ha ido agravándose y complicándose en los últimos años. Desde el Pacto de Lizarra en 1998 las cosas han ido a peor. A dicho pacto siguió un renacimiento orgulloso del nacionalismo español en la derecha y en buena parte de las élites intelectuales del país, coincidiendo, o provocando a su vez, una radicalización del nacionalismo catalán.

Estamos ante un asunto que consume muchísimas energías políticas y tiende a plantearse por ambas partes con retórica cerril e intransigente. Pero podría resultar conveniente atreverse a regular el asunto del separatismo de una vez por todas. Para que la democracia española tenga la conciencia bien limpia a la hora de negociar con los nacionalistas y para que los nacionalistas no puedan seguir jugando a amagar con planes rupturistas unilaterales.

En el momento en que haya unas reglas claras, todo el mundo sabrá a qué atenerse. Los poderes centrales, si quieren que España permanezca unida, tendrán que hacer los esfuerzos precisos para que la demanda separatista no aumente. Por su parte, los nacionalistas se cuidarán mucho antes de plantear a tontas y a locas la celebración de un referéndum. En definitiva, el debate se planteará con algo más de responsabilidad y atendiendo a unas reglas que respeten los principios básicos de un orden democrático.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

Supervivencia de lenguas propias
Nota del Editor 30 Octubre 2008

A la inoculación forzada del virus de la lengua "propia", con objeto de erradicar la lengua materna española de los niños español-hablantes, lo denomina "supervivencia de las lenguas propias". Pues, nada, siga indoctrrinando que aquí seguiremos defendiendo la verdad y los derechos constitucionales y humanos de los español-hablantes por encima de los interesa bastardos de los grupos de presión, de los que se benefician del tinglado autonómico y separatista.

Respecto a "¿Qué puede y debe hacerse frente a una demanda separatista? Ante todo, encauzarla y regularla según procedimientos democráticos aceptables.", mi preguinta es ¿ Qué hay de lo mío?, pues yo tambien quiero separarme.

Sus descansadas Señorías
Vicente A. C. M. Periodista Digital 30 Octubre 2008

Es lamentable y vergonzoso el espectáculo de ver cómo el hemiciclo del Congreso de los Diputados aparece tan vacío como esas plazas de toros con un cartel poco atractivo. Es lamentable ver cómo un Diputado “olvida” su asistencia obligatoria para hacer su trabajo y preguntar en la sesión de control al Gobierno, sobre un tema de especial sensibilidad como es el aumento incontrolado del paro. Es lamentable ver que Sus Señorías se escaquean a la mínima oportunidad, sabiendo que ellos están cubiertos con una generosa pensión máxima tras solo una legislatura de haber sido nombrado diputado. Una vergüenza que ninguna democracia auténtica debería permitir.

Es lamentable el espectáculo de una democracia basada en representantes tan poco dignos de llevar ese nombre y que si han alcanzado ese privilegiado puesto, es tan solo por haber figurado en una lista cerrada en las elecciones y tener el número de puesto agraciado con el reparto de escaños. Es vergonzoso que el tema de las incompatibilidades sea obviado por la mayoría y se consienta. Es vergonzoso que se haya creado la casta de los Diputados con estilo corporativista,entre cuyas primeras actuaciones en época de crisis, fue subirse sus ya elevados salarios y complementos, incluido el de asistencia a Plenos.

Antes, se decía que la mayor aspiración de un español era aprobar unas oposiciones y ser funcionario. Eso ya ha pasado a la historia. Ahora, lo que se persigue es medrar en un partido político y posicionarse para obtener uno de los innumerables puestos que se ofrecen en el reparto de poder, ya sea a nivel local, provincial, de la Comunidad Autónoma o estatal. Siempre habrá cargos para aquellos que más se hayan destacado. No son necesarios estudios, ni experiencia previa, sino tener un pedigrí familiar confirmado, una ambición desmedida, una verborrea inagotable con una lengua viperina, una probada lealtad y una absoluta falta de ética o una moral maleable y acomodaticia.

Estamos en una fase de descrédito total de la clase política española. Quizás sea la falta de costumbre, o lo que es peor, la pervivencia de unas malas costumbres arraigadas en épocas de dictadura, con prevaricaciones, pago de favores y discriminación y persecución del oponente político. La democracia en España no ha alcanzado su madurez, sino que está alcanzando un grado de degradación total. Más que madurez se está pudriendo. Lo que pudo ser una realidad ilusionante para los ciudadanos, se ha convertido en una pesadilla que está amenazando la propia unidad y esencia de España.

No pierdo la esperanza de que surja un movimiento de repulsa a todo este caos que va destruyendo a nuestra Nación. Quizás sea solo un sueño como aquél del gran poeta D. Antonio Machado, pero me gustaría que se hiciera realidad y los españoles podamos recuperar el control de nuestro futuro y no dejarlo en esas manos nada fiables.

Maragall, franquista
Manuel Molares do Val Periodista Digital 30 Octubre 2008

Arcadi Espada consiguió leer la biografía de Pasqual Maragall antes de que la destruyeran por exigencia de su familia, quizás porque divulga lo que pensaba el padre del exdirigente socialista catalán de la llegada de Franco a Barcelona.

Espada sintetizó el texto de los 10.000 ejemplares que se guillotinaron para evitar una querella contra la editorial B y las autoras, Esther Tusquets y Mercedes Vilanova.

El libro sobre el que fue alcalde de Barcelona y presidente socialista de la Generalidad, permite ver que Franco, acusado ahora de crímenes contra la humanidad por Baltasar Garzón, había sido bien recibido por personas que se sentían víctimas del otro lado.

Es políticamente incorrecto que alguien de una familia nominalmente tan de izquierdas recuerde que igual que en la zona franquista los fanáticos mataban a quienes creían que no eran sus simpatizantes, en la republicana ocurría igual.

Jordi Maragall, el padre –Pasqual nació en 1941--, vivió la Barcelona que sufría varias guerras civiles simultáneas, una contra Franco, y otras de los propios republicanos: entre diferentes marxismos, nacionalismos o anarquismos, entre unos y otros y, casi todos, contra burgueses como los Maragall.

Escribía un diario, parcialmente reproducido en el libro, narrando sus sufrimientos, temores, amenazas, registros y cercanas ejecuciones, como la de su amigo el doctor Degollada, “asesinado por los rojos”.

Avecinándose el triunfo de Franco cuenta que “son ya los días de las caras alegres y de las noches cerca de la radio”, y así hasta que “vino la liberación de Barcelona”.

La lección de Jordi Maragall y de tantos supervivientes es que tanto en zona facciosa como en el área de legitimidad republicana dominaban los fanatismos asesinos: es injusto mirar sólo al lado franquista, aunque tuviera más tiempo para seguir matando. De ganar los otros, hubieran hecho igual.

Una entidad financiada por la Xunta acosa a comercios que no usan gallego
La asociación, que percibe más de 500.000 euros en ayudas, amenaza con la apertura de expedientes
El PP denuncia la «coacción» y exige al Gobierno de Galicia que abra una «investigación de oficio».
Irene Fernández La Razon 30 Octubre 2008

Madrid- Silencio, sigilo y miedo por ser tachado de «enemigo». Es el clima que se respira en el día a día de los comerciantes de La Coruña. Sobre todo, después de que, hace mes y medio, «los nacionalistas radicales» golpearan los cristales de la boutique coruñesa «Antonio Pernas», dejando una carta en la que podía leerse: «Inimigos do Galego». Y todo porque el diseñador había firmado un manifiesto en contra de la imposición lingüística. La situación parece la del «Berlín de los años 20», afirma Antonio Amor, presidente de la Federación de Comerciantes de la zona del Obelisco. Pero, ¿quién la genera?

«La Mesa por la Normalización Lingüística», una entidad privada que pasa por ser la asociación cultural más grande de Galicia -22 años de experiencia y 3.300 socios- en el último mes ha acosado a los comercios. Así lo denuncia el PP de Galicia.

La técnica: enviar cartas a las empresas, advirtiéndolas de la apertura de «expedientes» por «discriminar» la lengua gallega. Estas cartas, redactadas como si fueran de carácter administrativo, están causando inquietud y preocupación, aunque el presidente de la «Mesa», Carlos Callón, insista en que sólo son «informativas».

Tanta, que hasta la propia Presidencia de la Xunta advirtió el pasado martes al colectivo de que se «extralimita» en sus competencias, ya que «abrir expedientes compete al poder público».

El problema es que «muchos empresarios desconocen la Ley y se sienten amenazados, porque piensan que se les abre un expediente sancionador»», afirma el presidente de comerciantes coruñeses. Otros «no hacen caso» a estas «artimañas», como califican. «A mí nadie me dirá en qué lengua tengo que atender a mis clientes», se queja una empresaria, que prefiere no revelar su identidad. «Ésto parece una dictadura», continúa. No obstante, y a pesar de que la Consejería de Presidencia también ha recibido estas cartas -por ejemplo, un expediente de queja dirigido a la Administración de Justicia porque «su programa informático no permite el uso del gallego- la Xunta ha estado financiando a la «Mesa» a lo largo de la Legislatura. De 2006 a 2008 la ha concedido en subvenciones casi 7.000 euros, y varias consejerías en poder del BNG, del que es miembro Carlos Callón, le han otorgado en conjunto más de 500.000 (una cifra que supera los 80 millones de pesetas), según denunció ayer el PP gallego. Aunque los populares aseguran que «existen más ayudas» que aún se desconocen. «Seguiremos mandando las cartas aunque les moleste a los poderes públicos», declara por su parte Carlos Callón.

Ante esta «coacción», el PP pidió la apertura de una «investigación de oficio» por los más de 600 expedientes abiertos por la «Mesa», y presentará el próximo lunes una moción en el pleno municipal de La Coruña para que su alcalde, Javier Losada, deje de financiarla (le ha otorgado 12.000 euros). La «Mesa», además, se enfrenta a una demanda ante Protección de Datos de la asociación «Galicia Bilingüe» por el manejo de «listas negras de empresarios» y por «imponer el gallego».

Pero el «acoso» va más allá. Entre algunos empresarios, que prefieren guardar el anonimato, se comenta que miembros de la «Mesa» acudían a las tiendas con la «amenaza» de llenarles el correo de «spam». Carlos Callón lo niega y critica «esta campaña difamatoria». «A la hora de hablar del tema miramos siempre quien está a nuestro lado», confiesa Antonio Amor.

- ¿Por qué nadie denuncia?
- «Porque no quieren ser los próximos en encontrarse el escaparate de su establecimiento roto. Tenemos miedo».

normalización lingüística
El PP denuncia que la Xunta dio 500.000 euros en subvenciones a la Mesa y pide que no se abonen

La Voz 30 Octubre 2008

El parlamentario del PP Carlos Negreira anunció ayer que su partido presentará una iniciativa ante la Xunta para solicitar la paralización del pago de todas las subvenciones del Gobierno autónomo a la Mesa pola Normalización Lingüística, «mientras no se aclare el alcance de la vulneración del ordenamiento jurídico que también cree ver el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, a una organización que utiliza la coacción lingüística contra los gallegos», dijo Negreira.

Según el PP, la Xunta ha suscrito al menos siete convenios con la Mesa en los últimos tres años, por un importe de más de medio millón de euros. «Hay casos como una subvención firmada el 30 de diciembre del 2005, que finalizó un día después y por valor de 88.000 euros, a 44.000 euros por día», afirmó.

Negreira solicitará la apertura por la parte de la Xunta de una investigación de oficio sobre la apertura de expedientes por parte de la Mesa, el traslado de las quejas a la Agencia de Protección de Datos para comprobar cómo se guardan los ficheros y que inste a que «una entidad privada deje de abrir expedientes paraoficiales».

El PNV insulta a los padres que piden castellano y les invita a «irse a Logroño»
La Plataforma denuncia que los nacionalistas les gritaron durante la reunión

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
"Llegaremos hasta Estrasburgo si hace falta"
Antonio Ramírez y Manuela Arenas, de origen andaluz aunque afincados en Huesca, se mostraron ayer exultantes por la sentencia que permite que sus seis hijos objeten a Educación para la Ciudadanía. Critican duramente la asignatura "porque intenta poseer la conciencia moral de nuestros hijos"
R. D. N. Huesca Heraldo de Aragón 30 Octubre 2008

Antonio Ramírez y Manuela Arenas no ocultaban ayer su alegría por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, que reconoce el derecho a que 6 de sus 8 hijos -los otros dos ya no están en edad escolar- no cursen la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Empezaron esta cruzada por sus convicciones cristianas "ya que creemos que la educación moral de nuestros hijos nos corresponde únicamente a nosotros como padres". Su primer paso fue presentar una objeción de conciencia en el colegio concertado de San Viator al que acuden sus hijos -tres chicas de 5, 7 y 9 años y otros tres chicos de 11, 13 y 16-. Al rechazarles su petición, acudieron al servicio provincial y al departamento autonómico de Educación, que también denegaron sus respectivas peticiones. "Al decirnos que no teníamos derecho a objetar, decidimos ir a la vía de lo contencioso y antes de empezar el curso ya nos concedieron unas medidas cautelares para que nuestros hijos no asistieran a esta asignatura, aunque a ninguno de ellos le tocaba cursarla este año", explicaron.

Ahora que el juzgado ha resuelto a su favor, agradecen "que haya personas en la Judicatura que protejan los derechos de los padres que están contemplados en la Constitución, porque no estamos pidiendo nada del otro mundo, solo defender a nuestros hijos".

Antonio y Manuela aseguran que estarían encantados de que sus hijos cursaran una "verdadera" Educación para la Ciudadanía como la que hay en otros países europeos, "donde les enseñan cómo funcionan las instituciones de su país, qué derechos y obligaciones tienen...". Sin embargo, están totalmente en contra de los contenidos de esta asignatura en España "porque van mucho más allá y lo que intentan es poseer la conciencia moral de nuestros propios hijos quitándonos algo que es propio de ellos primero y luego de nosotros como padres"

Saben que su lucha no ha acabado ni mucho menos ya que la DGA ha anunciado su intención de recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón pero dejan claro que "por nuestros hijos llegaremos hasta donde haga falta, ya sea Zaragoza, Madrid o Estrasburgo porque ya que empiezas algo por convicción, hay que seguir hasta donde sea".

Antonio y Manuela esperan que otros padres sigan sus pasos. "Algunos tienen miedo porque escuchan amenazas de que sus hijos van a suspender, pero creemos que es más importante actuar a que les eduquemos mal moralmente y sin norte". Y que además lo hagan antes de que sus hijos tengan que cursar la asignatura "porque los trámites cuestan mucho y si no se hacen a tiempo, no podrán objetar y tendrán que entrar en clase aunque no les guste".

Cerca de la facultad de Comunicación, en Pamplona
Explota un coche bomba en el aparcamiento de la Universidad de Navarra
Un coche ha hecho explosión alrededor de las 11:10 horas en la Universidad de Navarra. La deflagración ha incendiado otros vehículos estacionados y, en estos momentos, el volumen del fuego impide acceder al lugar del atentado. Los investigadores no descartan que pueda tratarse de una bomba lapa. En cualquier caso, no hubo ningún aviso previo.
Agencias - Pamplona La Razon 30 Octubre 2008

Testigos presenciales han indicado que en la pared junto a la que ha explosionado el vehículo hay importantes manchas de sangre.
Todos los alumnos y personal docente de la Universidad han sido desalojados como medida preventiva. Los estudiantes que estaban a esa hora en la biblioteca no fueron avisados para que desalojasen, por lo que lo más previsible es que ETA no avisará de la explosión. Asimismo, personas que estaban en las inmediaciones han sufrido cortes en la cara, al estallar los cristales de los edificios a los que ha afectado la explosión, y están siendo atendidos allí mismo. En la zona del edificio central donde se encontraba el coche-bomba están las oficinas generales de la Universidad y a muy pocos metros de la última bomba colocada por ETA en esta misma universidad hace unos años.

Un juez de guardia de Pamplona se ha desplazado al campus de Navarra para supervisar la labor de las Fuerzas de Seguridad y los servicios de emergencia tras la explosión.

La zona permanece acordonada y los estudiantes aguardan en las inmediaciones después de haber sido desalojados.
Los servicios sanitarios de emergencia están trasladando al menos a seis heridos leves al Hospital de Navarra y al Hospital Virgen del Camino, informaron a Europa Press fuentes del Gobierno de Navarra.
 
Según estas mismas fuentes, cinco heridos se encuentra en el Hospitla de Navarra y uno en el Hospital Virgen del Camino.

Dos días después de la desarticulación de un comando
El atentado con coche-bomba ocurrido hoy en la Universidad de Navarra, presumiblemente obra de ETA, se produce sólo dos días después de que la Policía diera por «desarticulado» un comando en la Comunidad Foral y detuviera a tres presuntos terroristas en Pamplona y Añorbe.

El atentado se ha producido sólo 48 horas después de que la Policía considerara desarticulado un nuevo comando de ETA en la Comunidad Foral «preparado para atentar» tras detener a cuatro personas -tres en Navarra y una en Valencia- y localizar cien kilos de explosivo, armas y otros materiales, además de diversa documentación.

En la operación, que se desarrolló en la madrugada del pasado martes, fueron registrados siete pisos y locales en diversos puntos de la capital navarra y en la localidad cercana de Añorbe.

La Policía se incautó de 79 kilos de nitrato amónico, 15 de polvo de aluminio, uno de pentrita, 5 litros de reforzador líquido, dos revólveres y cartuchos del calibre 38, cordón detonante, temporizadores, un radio control, un bidón zulo y varias fiambreras, además de abundante material informático.
Los detenidos -Aurken Sola Campillo, Xabier Rey Urmeneta, Araitz Amatria y Sergio Boada Ezpoz- declararán en los próximos días en la Audiencia Nacional.



La tolerancia multicultural de las sociedades europeas ayuda a los terroristas
Redacción Minuto Digital 30 Octubre 2008

Así lo cree el historiador Michael Burleigh, de 53 años, que ha sido investigador de las universidades de Oxford y Cardiff y de la London School of Economics, que con ocasión de la publicación de su libro, ‘Sangre y rabia’, en el que repasa la trayectoria cultural del terrorismo, afirma que los islamistas odian nuestros valores y por ello atentan contra nosotros, Irak o Afganistán son una disculpa, los atentados de las Torres Gemelas del 11-S se produjeron sin “invasión” alguna de EE.UU. en un país musulmán.

“Odian nuestros valores. Les aterra la modernidad. Los yihadistas buscan el choque de civilizaciones. Esa idea de que lo que no aceptan es la política exterior occidental es una tontería. Lo que no aceptan es que una chica joven vaya a bailar a una discoteca y se tome unas copas. Lo que quieren en realidad es volar por la aires a esas jovencitas que bailan y toman copas”.

El multiculturalismo es peligroso y la Alianza de Civilizaciones una tontería
La esencia de la multiculturalidad es basar la identidad en un agravio, reduce la identidad individual, que es compleja, a un solo elemento, la condición de víctima. Es muy peligroso porque anima a los musulmanes a considerarse víctimas y a alentar su discurso de la queja, que alimenta el terrorismo. Hay que ser intolerante con los intolerantes. La tolerancia multicultural de las sociedades europeas ayuda a los terroristas, afirma el historiador británico.

Y sobre la Alianza de Civilizaciones de Zapatero opina que es “una soberana tontería. Lo que me parece interesante es la Unión Mediterránea de Sarkozy, porque si se sienta a los sirios, los argelinos y los israelíes para hablar de problemas prácticos es cuando se progresa. Yo ahora estoy escribiendo sobre la piratería en Somalia. Muchos de los marineros retenidos son de Pakistán, Indonesia y otros países musulmanes, y los occidentales con sus poderosas armadas pueden ayudarlos a volver a casa. Creo en los enfoques prácticos. No sabe cuánto mejoró la imagen de Estados Unidos cuando prestó ayuda tras el tsunami.” Menos predicar y más dar trigo que decimos por España.

Tanto hecho diferencial
VALENTÍ PUIG ABC 30 Octubre 2008

LA sobreabundancia de hechos diferenciales realimenta la noción del viejo particularismo añadiéndole altas dosis de reclamación por intereses especiales. Esa es una conocida distorsión del proceso democrático. Hecho diferencial navarro, especificidad canaria: elementos para la inconexión que trasladan problemas puntuales de cada región a un nivel de retórica pespunteada de historicismo, de fragmentación institucional y erosión de la unidad de mercado. La aportación en votos del PNV a los presupuestos generales del Estado ilustra el cortoplacismo de Zapatero. Como gobernante está en su derecho, aunque él sabrá cuál es el «quid pro quo» de todo este mercadeo. Por su parte, de importarle al PNV estas cosas quizás haya de considerar hasta qué punto llega el irrealismo presupuestario que han ratificado sus diputados porque ni tan siquiera se han tomado la molestia de fingir aportaciones pragmáticas con cobertura nacional. Les bastó con la nutrición de sus intereses especiales, como partido patrimonialista más que en beneficio concreto de la sociedad vasca.

En fase de crisis que amaga recesión, la crisis UPN-PP también ha sido un forúnculo exacerbado por Zapatero. La consecuencia es que habrá que refundar el PP en Navarra. Es el finiquito de la fórmula «a la bávara» para Navarra. Llamamos solución «a la bávara» al modo en que un partido de dimensión federal como la democracia cristiana en Alemania -la CDU- deja el territorio de Baviera en manos de un aliado, la Unión Social Cristiana -CSU-. Las contraprestaciones han sido permanentes tanto en el gobierno del «lander» como en el gobierno federal. La cuestión ahí es que la CSU es un partido de ámbito territorial, atento a las peculiaridades bávaras, pero sin anhelos irredentistas, ni deseo de convertir Baviera en un Estado independiente. Ese sería inevitablemente el riesgo de un entendimiento a la bávara entre PP y PNV o PP y CiU. En las circunstancias actuales y con las derivas soberanistas en curso, el PP no podría establecer alianzas pre-electorales sustanciadas en la no presencia de sus candidaturas en Cataluña, por ejemplo. Otra cosa muy distinta es el supuesto de entendimientos post-electorales concretos, como fueron los pactos del Majestic entre PP y CiU, productivos en términos de estabilidad y de crecimiento. Por otra parte, la «canariedad» quizás sólo sea el antifaz del hecho insular que pretende representar Coalición Canaria, del mismo modo que en Mallorca hubo y hay sectores del PP que a veces especulan sobre la creación de una derecha autonomista, como si no fuera suficiente con el componente tóxico de la Unió Mallorquina, con capacidad arbitral sobre todo en cuestión de intereses sectoriales.

Tanto para el Gobierno como para la oposición ese dilema de las alianzas es categórico. Permite acceder o mantenerse en el Gobierno y eso es prioridad: uno de los deberes principales del político es aspirar al poder. La premisa que requiere cierta idea del bien común es que los pactos para llegar al poder no hipotequen de modo gravoso el futuro de un país. Es decir, que no perjudique a la mayoría beneficiando solamente a grupos -nacionalistas o no- que en buena medida son buscadores de renta.

Es reciente un ejemplo útil. En Israel, la nueva líder de Kadima, Tzipi Livni, ministra de Exteriores en el actual Gobierno, no ha conseguido cerrar el pacto con un grupo parlamentario ultra-ortodoxo Shas. Por eso habrá elecciones generales en febrero. Shas pretendía eliminar Jerusalén como elemento de futuro negociación para la paz -capital compartida con un Estado palestino-, además de obtener subsidios muy cuantiosos para su propio sistema educativo y asistencial ultra-ortodoxo. Puesto que para la estrategia de Tzipi Livni la baza de Jerusalén es un elemento clave del futuro, prefirió no ser primera ministra al precio que le marcaba el partido Shas. Al final, decidirá la ciudadanía de Israel en las urnas. De haber aceptado las exigencia de Shas, Livni hipotecaba las futuras negociaciones y también es posible que a la vez hubiese hipotecado los márgenes de maniobra y la credibilidad de su partido. En definitiva, su propio futuro político personal. Más allá de los cálculos políticos, vivimos en tiempos que requieren de cohesión y no de más particularismos. Son las políticas razonablemente integradoras las que pueden merecer mayor adhesión de unas sociedades que comienzan a temerle al futuro después de haberlo pasado bastante bien viviendo al día.



El embudo
IGNACIO CAMACHO ABC 30 Octubre 2008

LOS políticos no son un bien de Estado, como dijo en cierta ocasión la esposa de un ministro felipista. Son servidores públicos, como los funcionarios, aunque con más responsabilidad y una representatividad directa que les obliga a dar ejemplo. La honestidad se les supone, y al que se le deja de suponer hay que expulsarlo de la política sin ambages ni rodeos. Pero además de ser honrados, sólo faltaría, han de mostrar la sensibilidad social suficiente para merecer confianza, y saber que su único privilegio admisible es el de tomar decisiones en nombre de los ciudadanos. No es poco, pero a menudo se ve que les parece insuficiente; atacados de vanidad y de falsa importancia se han dejado envolver por una alta consideración de sí mismos que les lleva a considerarse parte de una casta.

En España el poder, por pequeño que sea, resulta una bicoca. Gastos de representación, tarjetas de crédito, coches oficiales, telefonía móvil de última generación, secretarias, asesores, viajes, invitaciones, protocolo, escolta. El concejal más modesto se rodea de un descabellado estatus de fatuidad y dispone de una red clientelar que maneja a su antojo. De ahí para arriba, los cargos públicos disfrutan de una alta retribución en especie material y funcional que compensa su relativamente escasa remuneración. Que es asunto discutible porque es evidente que el presidente o los ministros cobran menos que cualquier directivo de empresa privada, pero la estructura de los salarios políticos hay que analizarla en relación con los cargos y, sobre todo, con la cualificación profesional de quienes los desempeñan. La mayoría de nuestros diputados nacionales, autonómicos y provinciales, y desde luego los ediles de los municipios, no estarían de ningún modo peor pagados en sus empleos de origen. Por eso están dispuestos a cualquier cosa con tal de seguir en las listas que dan acceso a la nomenclatura pública. Tienen pánico a la normalidad: a la tiza, a la oficina, al consultorio, al jefe áspero y al cliente quisquilloso. A la rutina laboral de cualquiera de sus votantes.

Pero después está el asunto del tren de vida. Lo estamos viendo estos días, con los coches tuneados, los despachos de lujo, los gastos del séquito presidencial y demás supuesta calderilla con que los contribuyentes sostienen un despilfarro incongruente en cualquier situación, pero mucho más en una circunstancia social y económicamente crítica. Nadie cuestiona que el presidente viva en un palacio o un ministro en un piso estatal, pero chirría el hiperbólico aparato de suntuosa ostentación con el que se rodean hasta los mindundis y el inconsciente desenfado de chamanes con que se tienen a sí mismos por titulares naturales de un privilegio blindado, como sus automóviles, frente a cualquier asomo de sobriedad, moderación y transparencia.

Los políticos no se dan cuenta porque se han acostumbrado a instalarse en la parte más ancha de ese embudo de prerrogativas sin fuero, pero el desapego de la gente respecto a ellos y a su función tiene que ver con la distancia que han puesto entre su forma de vivir y la de los ciudadanos que la financian. En esa zanja moral se está enterrando la credibilidad de nuestra dirigencia pública.

ESPAÑA
La reunión entre PNV y defensores del castellano acaba con gritos e insultos
LEYRE IGLESIAS El Mundo  30 Octubre 2008

BILBAO.- La reunión arrancaba pasadas las 12.00 horas en Sabin Etxea y se prolongó durante dos horas «extremadamente tensas» que concluyeron con «insultos», gritos y el abandono de la sala por parte de uno de los integrantes de la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística. El colectivo iba «con la voluntad de llegar a un acuerdo» con el PNV, pero se encontró con un diálogo «muy desagradable» y el calificativo de «demagogos y manipuladores», según relataron los representantes de la Plataforma al término del encuentro.

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El PNV, representado por la secretaria general del Consejo Ejecutivo, Belén Greaves, y la responsable de Educación, Amaia Espinosa, ofreció una versión distinta. Hubo tensión, según fuentes del partido, pero a causa de que la asociación de padres acudió al encuentro «con la voluntad de preparar un circo mediático». Los nacionalistas pidieron incluso, vía comunicado, «respeto a las opiniones de los demás». La polémica comenzó ya antes de la reunión, cuando el colectivo de padres aseguró que se reunía con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, algo que fue desmentido poco después por la formación nacionalista. Ayer, el recibimiento fue frío y la tensión, en aumento. Así se desarrolló la segunda cita entre el PNV y el colectivo, que congrega ya a unos 3.000 padres que defienden la posibilidad de escolarizar a sus hijos en cualquiera de las dos lenguas cooficiales del País Vasco: castellano o euskara. La reunión de ayer sólo sirvió para ahondar en las diferencias. «Hemos venido a pedir la derogación del decreto [del currículum vasco] para que haya una libertad de elección de los padres a la hora de matricular a los hijos», afirmó Aldecoa. Pero no fue posible un mínimo acuerdo: «Nos han insultado y nos han gritado», lamentó. Los argumentos del PNV, según la asociación, fueron que el castellano «puede aprenderse en la calle» y que, en el País Vasco, el Estatuto está «por encima de la Constitución» y el deber de aprender euskara por encima también del derecho a la libre elección lingüística.

El PNV aseguró que el único objetivo de la Plataforma al acudir a la reunión ha sido «intentar aparecer ante los medios de comunicación, de forma sectaria y manipuladora».

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