AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 3 Noviembre 2008

El fracaso de los métodos coactivos
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 3 Noviembre 2008

Los métodos coactivos para revitalizar una lengua minoritaria en un supuesto o real peligro de extinción, no funcionan. Lo vengo diciendo y lo repito cada vez con mayor convicción. Esta misma tarde una buena amiga gallega que acaba de pasar una semana en Barcelona por cuestiones médicas, me contaba: "En todo el tiempo que estuve en Barcelona, no oí ni una sola palabra en catalán. Nadie se dirigió a mí en catalán y observé que tanto las recepcionistas, las secretarias, las limpiadoras, las enfermeras y los médicos del hospital hablaban entre sí y conmigo en español". Estamos hablando de uno de los hospitales más importantes y avanzados con el que trabaja una de las mejores compañías de seguros de Europa y que también tiene sede en España.

¿Me alegro yo de que cada vez se hable menos el catalán? ¡Eso quisieran algunos! Pues no, no me alegro. De lo que me alegro es de que la mentira, la falsificación de la historia, los métodos antidemocráticos, la falta de respeto a las leyes del Estado, las multas, las prohibiciones, las inmersiones lingüísticas forzosas y cualesquiera otras formas de ninguneo o coacción produzcan el efecto contrario del que pretenden. Como amante de la libertad que soy, de eso sí me alegro. De que desaparezcan el catalán, el gallego o el vascuence, no.

La supervivencia de las lenguas minoritarias sólo se conseguirá con la colaboración y la buena voluntad de todos, no por medio del engaño y la sumisión de la mayor parte de los ciudadanos (muchos de ellos menores de edad) por parte de una casta de trepas y sabihondos que se otorga a sí misma los derechos de una "raza de señores" que sólo existe en su fantasía, aunque sus abultadas cuentas bancarias sean tan reales como la crisis económica por la que estamos pasando la inmensa mayoría.

Nuevas formas de votar
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA. DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS ABC 3 Noviembre 2008

HASTA fechas recientes el debate sobre las elecciones políticas se centraba en el modo de asignar los puestos en las asambleas representativas. Unos defendían el sistema mayoritario, en distritos uninominales, según el modelo británico; otros se inclinaban por la representación proporcional, con varias listas rivalizando por los puestos, que es la fórmula implantada en España para formar el Congreso de los Diputados.

Un buen número de los intérpretes de nuestra representación proporcional han destacado los defectos de la misma. No se consigue que el Congreso sea un retrato fiel de la realidad española. Unas minorías imponen sus decisiones a los grandes partidos. Con sólo unos miles de votos, concentrados en una Comunidad, se marca el rumbo que debe seguir la totalidad de la Nación.

Los nacionalistas de la periferia consiguieron, desde el momento de la Transición, una presencia sobredimensionada, extraordinaria, en las instituciones del Estado. Se sabía poco de Cataluña y del País Vasco en los círculos políticos de la capital al morir Franco. No se calculó que una pequeña cesión inicial se transformaría pronto en concesiones insaciables.

Junto al debate abierto en torno a los regímenes electorales va a plantearse, o se está planteando ya, otra importante cuestión: la movilización de voluntades por los novísimos instrumentos de la denominada «Sociedad en Red», con un futuro de democracia electrónica, ciberdemocracia o teledemocracia, que de estas variadas maneras se califica lo que aparece en el horizonte.

Resulta un poco anacrónico continuar utilizando las urnas para depositar en ellas un papel con nuestras preferencias allí escritas. Apenas se utilizan ahora los servicios de Correos, pues las comunicaciones se realizan por e-mail, por teléfonos móviles y por fax. Tal vez alguien pensó que esta forma actual de relacionarnos no traspasaría la esfera privada. Sin embargo, ya se han producido concentraciones masivas de ciudadanos, sea reclamando mejoras salariales u oponiéndose a determinadas sanciones, que fueron convocadas por los instrumentos más sofisticados, técnicamente complejos y avanzados.

Como recientemente ha escrito José Félix Tezanos en un volumen que recoge muchos datos sobre los efectos que está teniendo Internet en las sociedades de nuestro tiempo, «el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información ha abierto la perspectiva de nuevos espacios relevantes de interacción social.

De alguna manera, internet, como tal, ha supuesto una ampliación de la realidad de lo social, inaugurando nuevas modalidades y posibilidades de ejercer nuestra condición de seres sociales en una forma que era difícil de imaginar hace muy pocos años. La Red es, en este sentido, un nuevo espacio de lo social, que nos obliga a reformular nuestras propias concepciones tradicionales sobre la realidad societaria».

La idea tradicional del voto en las urnas tiene que reformularse con las decisiones transmitidas por internet, en las distintas maneras de utilizar los nuevos medios de comunicación. Este cambio profundo en el modo de votar en unas elecciones políticas (o de cualquier otra clase) exige una modernización de las infraestructuras tecnológicas, ya que es imprescindible que todos los ciudadanos tengan acceso al mismo instrumento de expresión de opiniones, por un lado, y que funcione, por otro lado, el control de la intimidad del voto.

¿Qué garantías habrá que establecer para que el voto siga siendo libre y secreto?
El profesor Calvo, de la Universidad de Málaga, nos ha informado de ciertas decisiones de la Junta Electoral Central sobre últimos ensayos de votaciones por Internet. Entre estas pruebas experimentales se halla la realizada en el pueblo granadito de Jun, en la que se utilizó también el teléfono móvil. El caso llegó hasta el X Congreso Iberoamericano de Derecho e Información, celebrado el año 2004 en Santiago de Chile. No tuvo validez oficial el resultado de estas elecciones de democracia electrónica, pero se anticipó el camino que pronto se recorrerá.

El voto secreto que tendrá que garantizarse es un componente de la concepción moderna de la intimidad. Se ha pasado de una concepción cerrada y estática de la intimidad a otra abierta y dinámica. El contenido de la primera era disponer de un ámbito de vida personal sustraído a cualquier tipo de intromisiones perturbadoras o, simplemente, no deseadas. Esa visión cerrada y defensiva de la intimidad -el conocido adagio inglés «My home is my castle»- ha sido sustituida por una concepción activa y dinámica en la que la intimidad se garantiza con el control de los datos, en nuestro caso, el voto emitido, que la persona puede no querer revelar. La facultad de decisión de la persona sobre la revelación o no de informaciones que directamente le conciernen constituye el núcleo de la autodeterminación informativa en cuanto aspecto básico de la intimidad. El profesor Pérez Luño, de la Universidad de Sevilla, ha expuesto unas consideraciones valiosas al respecto.

El voto libre y secreto habrá de contar con las garantías mínimas que cubran la intimidad de los ciudadanos. Cuando se extendió la televisión por todo el mundo algunos alzaron su voz contra la posible dictadura de la «pequeña pantalla», capaz de determinar el sentido del voto a los telespectadores de personalidad escasa.

Fue la era de la «televización de lo público», que configuró el último tercio del siglo XX y en la que todavía estamos. Resulta indudable que los ciudadanos votan ahora más influidos que en los momentos anteriores a imponerse la TV. Pero el secreto del escrutinio está actualmente asegurado. Cosa distinta -y tarea de hoy y de mañana- es garantizar el secreto del voto en una democracia electrónica. Sin embargo, lo que no admite dudas es que la movilización de las masas se hará utilizando Internet y los teléfonos móviles.
Sólo los políticos despistados seguirán confiando en la importancia de los mítines (con unos centenares de asistentes) o de la propaganda mediante unos carteles en las calles.

¿Quiénes son los tránsfugas?
Según Sanz, era tan necesario evitar que los nacionalistas alcanzaran la Administración que había que pagar todos los peajes posibles a quienes, precisamente, estaban amenazando con entregar Navarra a los nacionalistas.
EDITORIAL Libertad Digital 3 Noviembre 2008

Ya son catorce y el goteo prosigue. La ruptura del pacto UPN-PP está mostrando que Santiago Cerveza y Jaime Ignacio del Burgo no eran los únicos militantes de la formación navarra que discrepaban de la dirección errante que impuso Miguel Sanz tras las últimas elecciones autonómicas.

De hecho, estos dos políticos, lejos de buscar un interés personal y sectario enfrentado al de sus votantes y afiliados, estaban representando un sentimiento muy arraigado dentro de la base militante y electoral de UPN. Se comprueba, por consiguiente, que el Comité Ejecutivo del Partido pretendía utilizar la suspensión de la militancia de estos dos políticos como una treta para amenazar al resto de sus cargos electos y lograr así que no osaran mostrar sus simpatías con el, hasta entonces, aliado PP.

Sin embargo, parece que la táctica no ha tenido un gran éxito. Lo difícil es dar el primer paso y abandonar la foto de familia, pero una vez que el refundado PP navarro va recabando más apoyos, más militantes de UPN pueden barajar la opción de cambiar de filas.

No en vano, si la trayectoria post-electoral de UPN ya resultaba confusa para muchos, las palabras de Sanz tras la ruptura del pacto no pueden más que sugerir un total desconcierto por parte de quien intenta aparentar fortaleza y decisión en medio de la adversidad. UPN está tratando de encontrar su espacio electoral (una especie de amalgama de todas las tendencias y corrientes habidas y por haber en el escenario político navarro, incluidos los secesionistas de Nafarroa Bai), dando bandazos a diestra y siniestra con el único afán de conservar el poder regional, aun cuando la "unidad del pueblo navarro" se pierda por el camino.

Sólo así puede explicarse que la gobernabilidad de Navarra requería votar unos presupuestos claramente negativos para la autonomía y que suponían dinamitar, de facto, uno de los instrumentos políticos que mayor estabilidad ha dado a la región: el pacto PP-UPN. Según Sanz, era tan necesario evitar que los nacionalistas alcanzaran la Administración que había que pagar todos los peajes posibles a quienes, precisamente, estaban amenazando con entregar Navarra a los nacionalistas. Es más, ha estado dispuesto a dejar el centro-derecha navarro hecho unos zorros para que, de este modo, la coalición PSN-Nafarroa Bai, incluso presentando un programa más maximalista, gane las próximas elecciones sin prácticamente oposición.

Con todo, si algo desconcertará especialmente a los militantes de UPN será el tratamiento que desde la dirección del partido están recibiendo sus antiguos compañeros, a quienes no se duda en tildar de "tránsfugas desleales". La esencia del transfuguismo, no obstante, es que un representante público traicione los principios del programa electoral por el que se le votó y pase a apoyar unos proyectos políticos antagónicos a los deseos de sus electorales.

En este caso ni hay transfuguismo ni deslealtad. El pacto UPN-PP implicaba que el PP cedía sus candidaturas a UPN quien pasaba a presentarse, no en calidad de partido independiente, sino de formación aliada con el PP. Roto el pacto, es lógico que aquellos cargos electos que consideren que UPN ha traicionado el pacto y los principios ideológicos por los que se les votó decidan pasarse al PP. Si en algún momento Convergència i Unió rompiera su acuerdo, resultaría absurdo que la dirección de Convergència Democràtica de Catalunya acusara a algunos cargos electos de "tránsfugas" por quedarse en Unió.

Aquí sucede algo similar, con un agravante para UPN: quien ha roto el pacto y quien ha traicionado a sus votantes ha sido él. Por consiguiente, parecería ser más bien esta formación la que se ha apropiado de los votos de los navarros para caminar en una dirección opuesta a la que se le votó.

La demolición de la Transición
Manuel Martín Ferrand Estrella Digital 3 Noviembre 2008

"Yo imagino que es bueno mandar,
aunque sea a un hato de ganado"
(Sancho Panza)

De un tiempo a esta parte, como si surgiera de un acuerdo colectivo, todos los poderes del Estado parecen trabajar abnegadamente para destrozar el edificio que conocemos como Transición y que, sin ser una maravilla, nos permitió dar el salto de una dictadura nada deseable a una democracia que, aun con sus imperfecciones, nos ha permitido una convivencia democrática durante las últimas tres décadas.

Es posible que, tras la muerte de Francisco Franco, las cosas se pudieran hacer mejor, con menos voluntarismo y más visión de futuro; pero entonces parecía indispensable un salto sin ruptura, "de la ley a la ley", como definió Torcuato Fernández Miranda, y, en ese sentido, el trabajo de Adolfo Suárez, el artesano que modeló el fenómeno, fue el mejor de los posibles. Flotaba en el aire la potencial fortaleza del Ejército y del PCE y, convencidos de su existencia, luego desmentida por los hechos, éramos notable mayoría quienes, sin mucho entusiasmo por la ganga que arrastraba la continuidad legal, veíamos más deseable una democracia imperfecta -perfectible en el futuro- que la continuidad de una dictadura en la que todo estaba "atado y bien atado".

Treinta años después, cuando más de la mitad de los españoles no tienen la más mínima vivencia del franquismo, hemos entrado en una peligrosa espiral. Empezando por la Corona, todos los poderes del Estado, ya digo, parecen entregados a la demolición de lo conseguido. Algo temerario salvo que se planteara simultáneamente alguna sugestiva oferta alternativa.

La polémica desatada por un libro sobre la Reina de España no debiera verse como una anécdota más en el repertorio de la frivolidad nacional. En los últimos tiempos han sido muchos los errores y descuidos de la familia de Don Juan Carlos, que, si bien es cierto que acumula una gran dosis de prestigio personal, no tiene una renta inacabable de adhesiones inquebrantables. Los españoles, mayoritariamente republicanos según indican las escasas encuestas que circulan sobre este escabroso asunto, somos resignadamente monárquicos. La mala experiencia de la II República y la comparación con algunos de los países más prósperos de Europa, de Suecia al Reino Unido, han cuajado un equilibrio que sólo será duradero en la medida en que no sean excesivos los despropósitos y excesos. En ese sentido, el de más destructivos efectos podría ser el afán creciente por "democratizar y popularizar" la monarquía. La "modernización" de la Corona es la República.

El poder judicial viene dañado desde que Felipe González, por razones tan comprensibles como poco respetables, anuló la inicial y constitucional independencia del Consejo General del Poder Judicial y lo convirtió en satélite del Legislativo y/o el Ejecutivo. Si a ello se le añade el aluvión de jueces estampillados y la exhibición partidaria de muchos de ellos, a más de errores pintorescos y muestras irritantes de corporativismo, tendremos un apunte sobre el desprestigio que alcanza a lo que debiera ser el manantial de las certezas democráticas y se ha convertido en un charquito en el que abreva, y con retraso, la maña procesal.

La partitocracia, forzada además por el sistema electoral que padecemos, ha degenerado lo que quería ser parlamentario y representativo y se ha quedado en liturgia bipartidista con poderes desproporcionados para los partidos que, sin presencia nacional, son gallitos en los corrales nacionalistas. Ello, además, genera una fuerza centrífuga que, con el impulso que permite el Título VIII de la Constitución, frena la marcha de la Nación. El riesgo no está en los separatismos, sino en la perturbación y en las excesivas asimetrías que rompen la más mínima idea unitaria de un Estado.

El poder ejecutivo -mejor, los poderes ejecutivos- no se escapa del ejercicio colectivo de la demolición del Estado. La corrupción, más o menos disimulada, se ha instalado en los ayuntamientos, los gobiernos autonómicos y, aunque sólo sea por condescendencia y tolerancia, en el Gobierno de España. Corrupción y despilfarro. Ser español sale muy caro en su relación calidad/precio y se observa una creciente patrimonialización de los bienes comunes en beneficio de quien los administra. La anécdota del despacho que la Junta de Extremadura le "está poniendo" a su ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como los señorones de provincias le "ponían" antes un pisito a su mantenida en Madrid, es una guinda en la tarta del mal uso de los recursos comunes que evidencia el desmán al que hemos llegado.

Cada uno de los puntos señalados más arriba merece un desarrollo por separado, pero sólo trato de alertar. Ese afán demoledor de la Transición y de los valores que aportó a nuestra convivencia es insensato. Más todavía en tiempos económicos tan difíciles como los que atravesamos. Cabe temer que lo que fue un ejemplar ejercicio colectivo de salvación nacional se convierta, por culpa de los poderes del Estado, en un proceso de suicido cívico compartido. España es, verdaderamente, diferente.

EL VIRUS NACIONALISTA Y LAS AFORTUNADAS
Francisco Rubiales Periodista Digital 3 Noviembre 2008

Cuando empecé a hablar del nacionalismo gallego en este blog, el tema fue recibido como una curiosidad. El silencio generalizado a mis intervenciones lo interpreté como el reflejo de lo que pensaban los lectores: “Ligur, te has pasado tres pueblos” o “tienes alucinaciones”. De aquellos primeros artículos y comentarios hace casi tres años. Hoy pocos dudan que el nacionalismo gallego ya es una serpiente adulta, capaz de morder y de reptar por el noroeste de España, cargada de vileza y esparciendo el veneno de la discordia.

En esta ocasión les hablo y les aviso del nacionalismo canario, representado por Coalición Canaria y su mandamás, Claudina Morales, y por una prensa que se hace eco de su ideología independentista, como El Día, con escritos incendiarios y removiendo el eterno pleito insular entre Tenerife y Gran Canaria. A mi juicio, como al de muchos canarios, ese del enfrentamiento es un tema algo obsoleto, impropio de una sociedad desarrollada, únicamente útil para reírse en carnavales con las murgas que ridiculizan la situación. ¿Qué sería de las murgas sin la rivalidad entre Chichas y Canariones?

La pérdida de protagonismo de algunos políticos y su insaciable ansia de poder les ha llevado a mutar y expandir el victimismo y el virus nacionalista, a reiventar la historia, a crear una identidad con silicona y a sacarse de la manga persecuciones de seis siglos. Lo único que es auténtico en el nacionalismo canario es la obsesión de medrar de los políticos, el sueño de llegar a ser un Carod, un Benach un Touriño. Algunos de ellos ya empiecen a frotarse las manos y visitar concesionarios de coches.

Ya tienen el día de la Patria Canaria, el 22 de noviembre que coincide con el aniversario de la creación en Argel de MPAIAC ( Movimiento para la autodeterminación e independencia del Archipiélago Canario) en 1964 por Cubillo, un valiente demagago y paranoico tipo al que nadie hizo caso cuando regresó a Las Palmas y habló en el Estadio Insular.

Yo solo conozco un habla o lengua canaria y es el silbo canario de la Gomera. Algo único en el mundo. Pero señora mandamás de CC, ¿lengua canaria? Claro que hay dichos como ¿Qué pasó? (¿Cómo estás?), Estás bobo mi niño, guagua (bus), nife (del inglés knive), papa kinigua (del ingles patata King Edward), arrejálate (échate a un lado), pero ¿qué región o pueblo de España no tiene sus modismos o arcaicos términos?

Hablar de represión de la identidad canaria durante seis siglos es una majadería. Esta ciudadana parece que no ha pisado una escuela. Su incultura sobre la historia de Canarias es insultante, considerando el lugar que ocupa como mandamás del partido Coalición Canaria.

Riza el rizo y habla de limitar la llegada de extranjeros, ocultando que Canarias vive de los 11 millones de turistas que llegan cada año. Porque otros productos, como el plátano si no es por la subvención de zona periférica, así como los tomates de la Aldea, se los tendrían que comer cinco veces al día con gofio o sin gofio.

Recomiendo a estos genios de rastrillo con la mandamás al frente que contrasten sus quimeras a lo Carod y Cia., que abran una guía de teléfonos y verán la cantidad de apellidos de familias extranjeras de cuarta, quinta generación y algunas de siglos, que salgan a las calles y vean las que tienen nombres de “guiri”, como Teobaldo Power, Alfredo L. Jones, Alcalde R. Bethencourt, solo en el corazón de Las Palmas.

Si, además, cuestionan el concepto Estado y Nación Española, piensen aprendices de Galeuscat lo que durarían ustedes sin el ejército español. Cual Perejil II, la bandera marroquí ondearía en Roque Nublo y en el Teide en lo que se toma un chisquito de ron.

¿No sería más serio y más actual que solucionen el problema del deterioro de la educación y en lugar de la Guanchancha se utilizase ese dinero para que la juventud canaria no esté abocada a "un futuro incierto"? Se dice a niveles de docente y profesionales de la educación que, de continuar por este camino, la escuela pública canaria será "de caridad y no de calidad”.

Ligur
Voto en Blanco

La transparencia informativa nunca es excesiva, es un derecho.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 3 Noviembre 2008

¿Cómo puede argumentarse que existe temor ante un exceso de transparencia? ¿Será por eso que siguen sin esclarecerse los atentados del 11M? ¿Se quiere tratar a los ciudadanos de un modo paternalista o más bien, se quiere poner una losa de silencio para evitar una revolución social? En ningún caso puede ser admisible en una sociedad que se dice democrática el que los políticos decidan qué y cuándo deben dar la información veraz sobre un asunto de especial sensibilidad. En este caso se trata de una aportación super millonaria equivalente al 15% del PIB de España. Una hipoteca a décadas vistas.

El Gobierno y la llamada oposición es decir la actual cúpula amansada del PP, han decidido acordar una dosificación de la información del destino de los cuantiosos fondos públicos. No vaya a ser que los ciudadanos cuestionen la necesidad de esas ayudas a determinadas entidades que pueden estar directamente implicadas en una ineficaz gestión. Así que mejor decirlo cuando ya no tenga remedio y se puedan plantear posibles responsabilidades de los que deberían controlar más de cerca, como el Banco de España, es decir, el Gobierno.

Volvemos a la vieja historia del “para evitar males mayores” como perfecto camuflaje de cualquier responsabilidad y sanciones políticas o penales si hubiera lugar. Estamos ante un nuevo caso AFINSA o de FORUM FILATÉLICO, con prácticas delictivas aunque se eluden las responsabilidades. Estamos a una escala muy superior, ante un desfalco del tipo del ayuntamiento de Marbella, donde por oscuras razones, se llega a pactos con uno de los principales delincuentes, como Julián Muñoz, al que ni siquiera se le exige la devolución de lo expoliado. Claro que en el caso de Luis Roldán, tampoco ha habido esa restitución de lo robado.

España no está en condiciones de dar a fondo perdido esa ingente suma de dinero, del que ni siquiera se va a tener la certeza de que redunde en beneficio de las clases sociales más afectadas. Se trata de salvar empresas privadas y no de fomentar el empleo. Se trata de seguir con el despilfarro a costa de los impuestos de los que aún podemos y estamos obligados a pagar. Se trata de que todo sea lo más opaco posible. Se trata de que la excesiva transparencia es dañina para la paz social. Se trata de imponer el silencio de una manera antidemocrática. El que sea un pacto entre PSOE y PP no lo hace democrático, sino simplemente de acuerdo entre capos.

Se equivoca el PP otra vez al interpretar de esta forma el ejercicio de la oposición. Se equivoca al defender una postura de imposición de silencio en un tema en el que la transparencia debe ser total y hacerse un exhaustivo seguimiento del uso de cada euro que se ha dado. Se equivoca el PP si cree que con esta actitud de seguidismo del PSOE va a tener un rédito en votos, más bien llegará a perder muchos de los que ahora cree tener asegurados. Se equivoca el PP desde que cambió su forma de hacer oposición, renegando y culpándose de su pasado.

Los ciudadanos no pueden admitir esta impuesta “ormetá” y no pueden ceder ante los hechos consumados. Los ciudadanos son los que han pagado y tienen derecho a saber el uso que se hace de sus impuestos. Basta ya de admitir los despilfarros y las malversaciones sin justificación y sin control. Basta ya de mantener a esta casta política que no valora el esfuerzo de los ciudadanos y gastan a su antojo y sin el mínimo pudor lo que no les pertenece, sino que solo deben administrar y rendir cuentas. Es el momento de empezar a exigir que rindan esas cuentas y exigir responsabilidades.

“Ermua o un parricidio moral”
Ernesto Ladrón de Guevara Minuto Digital 3 Noviembre 2008

El Foro Ermua que nació el 13 de febrero de 1998 y del que yo fui secretario dos años después, tiene pocos parecidos con éste que ahora circula. Aquel nació de la mano de Iñaki Ezkerra y los que ahora le desean quitar de presidente son los responsables directos del alejamiento del espíritu fundacional. Con esta operación contra el único de sus fundadores que queda se trata de rematar una tarea emprendida hace años.

El paso es grave porque Ezkerra no es uno más de los fundadores del foro Ermua. Su gestación se produjo cuando un grupo de tres profesores de la Universidad del País Vasco que tenían esbozado un manifiesto con el título de “Manifiesto por la democracia en Euskadi” entró en contacto con el escritor vasco durante un acto de presentación de la revista “Cuadernos de Alzate” en Bilbao. Aquella misma tarde esos tres profesores se habían reunido con otros de San Sebastián para mostrarles el texto. Unos y otros lo habían leído coincidiendo en la necesidad de que el PSOE se uniera con el PP en un frente contra ETA y contra el nacionalismo que ya apuntaba sus connotaciones rupturistas; así como de que el primero dejara definitivamente de buscar diferencias artificiales en la lucha antiterrorista para marcar su territorio político.

En aquellas fechas flotaba el rechazo impostado que ciertas voces socialistas habían mostrado hacia un vídeo sobre Miguel Ángel Blanco promovido por Jaime Mayor Oreja. El claro posicionamiento de Iñaki Ezkerra en la prensa contra esas críticas forzadas y a favor del necesario consenso político que debía imperar entre los dos grandes partidos nacionales fue el acicate para aquella primera toma de contacto en aquella presentación que tuvo lugar en la Sociedad Bilbaína y que rendiría sus frutos unos días después.

Fue Iñaki Ezkerra el que propuso a estos tres profesores que aquel manifiesto posibilitara la formación de un colectivo amplio y no reducido al mundo académico sino ampliado a todos los sectores de la sociedad civil que diera continuidad organizativa a dicha iniciativa. Fue Iñaki Ezkerra quien les planteó, tras un contacto que celebró con un grupo de intelectuales catalanes que constituían el Foro Babel, que de la misma manera se debía constituir un Foro Ermua con representantes del mundo universitario, artistas, periodistas y pensadores, para crear un cuerpo doctrinal que permitiera rescatar los elementos sustanciales de carácter democrático y de convivencia cívica en un lugar tan castigado por el totalitarismo como el vasco. Y así nació el Foro Ermua.

Iñaki Ezkerra, por tanto, es la persona que mejor representa a aquel fundamento cívico que configuró de forma orgánica el Foro Ermua. Él fue quien le puso el nombre y quien organizó la mesa fundacional del 13 de febrero de 1998. Fue quien la presentó a los medios de comunicación como consta en las hemerotecas y quien a las pocas semanas redactó los primeros Estatutos. Fue quien los llevó al Registro de Asociaciones después de organizar su primera Junta Directiva en Bilbao bajo la presidencia de Vidal de Nicolás. Fue, en definitiva, quien impidió, al hacerlo Asociación, que aquel Foro se disgregara a merced de los embates nacionalistas y de cierto sector del PSE que no deseaba que la iniciativa se consolidase. Fue quien aguantó las peores embestidas de aquellos primeros tiempos con otros que, como yo, cogimos enseguida el testigo, fue, también, quien me propuso para Secretario dos años después del nacimiento del colectivo. Por todo eso, lo que ha sucedido estas pasadas semanas en el Foro Ermua, es un “inexplicable” golpe de mano que, a los nueve meses de ser elegido, ha tratado de apartarle de una presidencia para la cual fue votado. Teóricamente, por una mera cuestión práctica el mandato debía durar cuatro años. Por eso, aparte de una inaceptable bajeza, constituye un verdadero “parricidio moral”.

Quienes ahora se erigen confusamente en dirigentes del Foro Ermua son gentes que llegaron mucho más tarde y con las que Iñaki Ezkerra ha tenido que bregar para que no desvirtuaran el espíritu inicial de la Asociación que yo conocí y de la que me distancié cuando esas personas comenzaron a tomar posiciones dentro de la organización, pues yo discrepaba con los elementos clave que irían desconfigurando esa Asociación. Muchos de los primeros representates del Foro Ermua nos hemos distanciado de este grupo cívico, pues han ido cambiando sus protagonistas y probablemente también tanto el fondo de la cuestión como la forma. No hay más que comprobar que en la página web de dicho Foro han desaparecido los documentos fundacionales y manifiestos tan importantes y significativos como el que llevamos a Estrasburgo nada más inaugurarse el siglo en el que nos encontramos, en momentos muy graves de conspiración de los nacionalistas y ETA en el Pacto de Estella.

En aquellos tiempos difíciles Agustín Ibarrola presentó sobre un caballete su creación de un simbólico faro que fue inspirado, paradójicamente, por Arzalluz cuando torpemente atacó la idea del Foro con aquella expresión “Ese faro…”. Pues bien, aquel incipiente Foro se convirtió en un faro que procuraba guiar las percepciones de los ciudadanos que aún no estaban tocados por un nacionalismo deshumanizante. Hoy ese mismo Agustín Ibarrola, que no ha variado un ápice su posición de combate a un régimen expropiador de las libertades de los vascos, ha cedido simbólicamente un nuevo faro a Iñaki Ezkerra, puesto que una gente que se aproximó al Foro tardíamente pretende adueñarse de la Asociación por los peores y menos legales medios, uno de ellos el de borrar del censo del colectivo a los testigos incómodos como yo.

En un comunicado fechado el 29-7-2008 que ha llegado a mis manos se esgrime que yo no soy socio del Foro Ermua y que presenté un escrito renunciando a esa condición. Mediante este artículo emplazo públicamente a quienes han elaborado esa comunicación a que expongan el escrito por el cual renuncié a ser socio del Foro Ermua, puesto que si no lo hacen -como es evidente que no lo van a poder hacer porque no existe- evidenciarán la mentira que se suma a otras en las que están incurriendo con una desfachatez que les invalida para representar una institución de esa naturaleza. También quiero expresar que hay otros socios del Foro Ermua que igualmente no han sido convocados a la Asamblea donde se intentó consumar la defenestración de Ezkerra, lo que demostraré mediante pruebas testificales en el momento procesal oportuno. El citado comunicado tenía como obvia finalidad arrojar sombras sobre mi testimonio en la rueda de prensa en la que participé el 30 de julio junto con Iñaki Ezkerra a cuyo lado estaré cuantas veces sea necesario porque un Foro que ofende a quien jugó el papel más importante en su creación y a quien más ha dado por él, o sea un Foro que mata al padre, está firmando su propia defunción ideológica.

Ernesto Ladrón de Guevara fue secretario de Foro Ermua

Vidal de Nicolás rechaza el premio Convivencia Cívica que le otorgaba el Foro Ermua
Redacción Minuto Digital 3 Noviembre 2008

El premio ya había sido anunciado sin conocer la opinión del premiado, y así se anunció mediante nota de prensa que publicaron varios medios, entre ellos la agencia Europa Press donde puede leerse todavía.

El prestigio que el Foro de Ermua había atesorado bajo los mandatos de Vidal de Nicolás, Buesa o Iñaki Ezkerra parece haberse esfumado. La última maniobra de la Junta dirigida por Inmaculada Castilla de Cortazar, que pretendía utilizar al primer presidente del Foro, Vidal de Nicolás, para intentar lavar su deteriorada imagen, sólo ha logrado un nuevo varapalo para la vicepresidenta y sus amigos.

El octogenario y valiente Vidal de Nicolás ha rechazado el premio Convivencia Cívica. A nadie se le escapa, y a él mucho menos, que otorgarle ese premio podría tratarse de una simple maniobra de la actual Junta Directiva de Foro Ermua para sumar un nombre a su exigua lista de apoyos. Tras el ‘golpe de mano’ contra Iñaki Ezkerra el Foro parece ir “sin frenos y cuesta abajo” afirman a MinutoDigital miembros de la organización cívica.

“La semana ha sido calamitosa” afirman. “El artículo de Juaristi ha hecho mucho daño a una junta ya casi difunta, lo que sumado a este rechazo pone al Foro en una situación penosa”. Miembros de la organización afirman que “las bajas de socios son ya numerosas”.

“Vidal de Nicolás, un ejemplo de dignidad, fortaleza y coherencia, no ha querido que se le utilice para poner el Foro al servicio de una línea política muy concreta, que hace el juego a los nacionalistas desde posiciones separadoras y está controlada por personas vinculadas a organizaciones religiosas radicales” afirman.

CONTRARÉPLICA DE JUARISTI
La semana pasada, Juaristi escribía un interesante artículo en ABC en el que criticaba de manera abierta a la actual Junta del Foro Ermua. Castilla de Cortazar replicó a Juaristi diciendo que el Foro Ermua era ahora más necesario que nunca. Pues bien, Jon Juaristi publicaba ayer un nuevo artículo en ABC en el que afirmaba que “debo repetir que tal comportamiento es un síntoma más de una deriva errática que no os veo muy dispuestos a corregir. Haber tenido razón en el pasado no implica tenerla siempre, y la trayectoria de expulsiones, exclusiones y escisiones en la que os habéis abismado en los últimos tiempos no presagia nuevos aciertos inmediatos. Afirmáis que la persistencia del nacionalismo vasco y de su subgénero terrorista justifica la continuidad del Foro Ermua. Aunque fuera así -que no lo es-, no os hace invulnerables a los errores ni, según compruebo con tristeza, a una ceguera empecinada ante los mismos.”

Premio rechazado
Nota del Editor 3 Noviembre 2008

Si, en AGLI también sabemos lo triste que resulta proponer a alguien para que se digne recibir el exiguo "Premio Manuel Jardón" y que ni te conteste, así que nada, a seguir trabajando.

Yo creo que hubiera sido más práctico haberlo recibido y en el discurso de entrega-recepción, haber dicho lo que le hubiera parecido oportuno, puesto que en general, estamos aquí a costa de nuestro tiempo y de nuestro pecunio, y estamos abiertos a todo tipo de crítica decente y honesta, a la espera de que los "valientes" "españoles" despierten de una p.... vez y defiendan su dignidad (nada que ver con los que critican, me refiero a la sociedad española, siempre esperando que otros le saquen las castañas del fuego).

El otro día, en el acto de DENAES en defensa de los derechos constitucionales y humanos de los ciudadanos español-hablantes, el representante de AGLI tuvo la oportunidad de tumbar la posición de Ciudadanos, UPyD, FAES, PP, y el Manifiesto por la Lengua Común entre otros al demostrar que la defensa de la imposición del bilingüismo es un disparate, y nadie le censuró, salvo la prensa, pues ninguno de los medios que cubrieron el acto se dignó citar la única postura racional y constitucional pero políticamente incorrecta contra el bilingüismo impuesto que defienden, vaya Vd. a saber porqué.

Catalanistas amenazan de nuevo con una consulta secesionista
Redacción Minuto Digital 3 Noviembre 2008

El tripartito catalán ha elaborado un anteproyecto de Ley de consultas populares que el Govern aprobará en diciembre y que someterá al Parlamento catalán a lo largo del próximo año. La intención de fondo que subyace en esta iniciativa es preparar un nuevo desafió separatista.

A diferencia de la consulta que quería convocar el lehendakari Ibarretxe el pasado octubre y que rechazó el Tribunal Constitucional, con el nuevo Estatut catalán, aprobado a instancias de Zapatero y el PSOE, la Generalitat tiene otorgadas legalmente competencias en materia de consultas. Así una consulta de ámbito autonómico se podrá impulsar desde distintas vías: Desde la Generalidad, por una mayoría en el Parlamento, o por iniciativa legislativa popular. En este último caso, será necesario que cuente con el aval del seis por ciento del censo electoral. O lo que es lo mismo, con unas 319.000 firmas, los separatistas podrán plantear un referéndum secesionista al estilo del de Ibarreche, sin que el TC pueda decretar su ilegalidad.

El conseller de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat de Cataluña, el republicano Jordi Ausàs reveló que podrán hacerse consultas por vía referéndum sobre “cualquier cuestión que afecte a la población”, incluido el derecho de la autodeterminación si se diera el caso, siempre con el aval necesario del Estado. Precisó que, para que dicha ley se ajuste plenamente a la Constitución, se especificará que, en última instancia, será el Estado quien tenga la última palabra y autorice cada una de las consultas, sean de ámbito local o autonómico, ya que así queda establecido en la Carta Magna. No es que el TC tenga el hábito de deslindar los criterios políticos de los jurídicos, como sería deseable, pero algo más de seguridad ofrece que dejar en manos del gobierno la decisión de autorizar o no una consulta sobre la autodeterminación.

El conseller defendió la posibilidad de que a escala autonómica y local puedan efectuarse consultas y dijo que ello es “una buena herramienta de fomentar la participación ciudadana”. “Nos tenemos que ir acostumbrando a consultar y preguntar a la gente sobre todas las cuestiones que afecten a sus intereses y a sus voluntades”, dijo Ausàs, quien recordó que esta práctica es “muy frecuente” en los gobiernos de otros estados occidentales (sic).

Varapalo a Quebec por obligar a rotular en francés
ABC 3 Noviembre 2008

El nacionalismo suele tener a Quebec como referente. Y es precisamente en esta región canadiense donde los abogados de Manel Nevot, el agente de la propiedad inmobiliaria multado por rotular en castellano, han encontrado una nueva vía para defender los derechos lingüísticos de este vecino de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). En el año 1989, un pintor, una diseñadora y un empresario de pompas fúnebres que ejercían sus profesiones en Sutton y Huntingdon, apelaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU, después de que el Gobierno Federal del Canadá y el gobierno de Quebec les prohibiera utilizar el inglés en los carteles comerciales que exhibían en el exterior de sus locales. Las administraciones obligan a utilizar el francés en esa rotulación. El Comité dictaminó en el año 1993 que se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión. En 1982 se cambió la Constitución canadiense y se garantizó que las minorías francófona y anglófona tuvieran derecho a que sus hijos fueron escolarizados en su lengua materna, tal como la Unesco preconiza desde el año 1953.

Montilla aprovecha la lentitud judicial para desoír los fallos en favor del castellano
MARÍA JESÚS CAÑIZARES ABC 3 Noviembre 2008

BARCELONA. La Justicia es lenta y muchísimo más en la jurisdicción contencioso-administrativa, a la que acuden los ciudadanos cuando consideran injusta las resoluciones de las administraciones públicas. En esta vía judicial, las causas tardan varios años en resolverse debido a la acumulación de recursos y las tácticas dilatorias de algunos abogados.

Superar todos esos obstáculos no garantiza que la sentencia final se cumpla. En ocasiones, ni siquiera se ejecutan las medidas provisionales que ordena el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en previsión de esa demora. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con los recursos presentados contra la política lingüística de la Consejería de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña. Hasta tres resoluciones están pendientes de cumplimiento: la que obliga a aplicar la tercera hora de castellano en los colegios, la referente a la inclusión en la preinscripción de una casilla que permita elegir el idioma de escolarización en la lengua materna y, la más reciente, la que prohíbe el uso exclusivo del catalán en las actividades de acogida matinal que se realizan en las escuelas y guarderías públicas.

Si bien es cierto que la sentencia de 2004 que obliga a introducir la citada casilla en las preincripciones está recurrida ante el Tribunal Supremo y, por tanto, el Gobierno presidido por José Montilla estaría eximido de aplicarla, lo cierto es que la lentitud judicial es aprovechada por el Gobierno catalán para desoír los fallos judiciales en favor del castellano. Eso y que el Tribunal Constitucional (TC) nunca haya tenido la oportunidad de valorar la ley de política lingüística de la Generalitat de 1998, que sustituyó a la aprobada en 1983.

Convivencia Cívica Catalana (CCC), una de las asociaciones más activas en defensa del bilingüismo, instó en su día al Defensor del Pueblo a que presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional. Cuarenta y ocho horas antes de acabar el plazo, Convivencia Cívica Catalana recibió una llamada del Defensor en la que anunciaba que impugnaría la ley.

Pero el Gobierno de Jordi Pujol se movilizó, amenazó con romper el pacto de gobernabilidad entre CiU y Partido Popular, y finalmente, el Defensor del Pueblo decidió no presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. En estos 25 años, ningún juez se ha atrevido a cuestionar la «ley del catalán», pero sí se han declarado ilegales algunos reglamentos que desarrollan esta legislación en distintos ámbitos sociales.

Marcó la pauta
La primera sentencia que abordó la inconstitucionalidad de la ley se remonta a enero de 2001, en relación al reglamento de uso de la lengua catalana en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Esta sentencia, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, marcó la pauta del resto de fallos judiciales al declarar la constitucionalidad de la ley, cuando establece que el catalán «como lengua propia de Cataluña, lo es también de la enseñanza, en todos los niveles y modalidades educativos». Sin embargo, los jueces anularon varios preceptos referentes a la obligación de conocer el catalán de los profesores contratados y de rotular exclusivamente en ese idioma.

Posteriormente, el TSJC rechazó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la fijación de cuotas lingüísticas en emisoras comerciales, pero anuló el procedimiento sancionador por incumplimiento de esas cuotas.

Los abogados de Manel Nevot, el único ciudadano que se ha atrevido a recurrir una multa por rotular su comercio en castellano, quieren propiciar que el TSJC o el Tribunal Supremo interponga la cuestión de inconstitucionalidad de la ley, al menos respecto al capítulo de sanciones. Pero eso puede tardar muchos años.

Autobús de Galicia Bilingüe
AUNQUE "FIRMAN INCLUSO CONCEJALES DEL PSOE E IU"
Un grupo de radicales ataca el autobús de Galicia Bilingüe en Santiago
El autobús para recoger firmas contra la inmersión lingüística de Galicia Bilingüe fue atacado por un grupo de radicales que insultaron a las madres al cruel grito de "perras españolas", según ha confirmado la presidenta de la asociación a Libertad Digital.
Juanma González Libertad Digital 3 Noviembre 2008

Según el testimonio confirmado a este diario por Gloria Lago, presidenta de la asociación, decenas de jóvenes independentistas se plantaron este viernes ante el autobús de Galicia Bilingüe, situado en Santiago de Compostela, para insultar a los que decidían acercarse a firmar.

"Había cuatro madres recogiendo firmas", y según Lago "a las dos aparecieron treinta chicos". Durante más de una hora las madres tuvieron que soportar "barbaridades, gritos soeces, insultos crueles.... La Policía pidió que no contestasen", relató Lago a ABC. Y según confirmó a este diario, tuvieron que estar "muy protegidas, pues eran muy agresivos". Pese a ello, asegura que "conseguimos que no pintaran el bus, que lo tenemos como símbolo".

"Ya sabíamos desde el día anterior por una pagina web" donde los radicales anuncian sus actividades, que iban a estar presentes. "En un principio querían hacer una parodia disfrazados de españolistas" pero "no pudieron resistir la tentación y se mostraron su verdadera cara", relata Lago. "La Policía dijo que no nos preocupáramos", afirma la presidenta de Galicia Bilingüe, puesto que "dos unidades antidisturbios" estarían en el lugar.

Y así, al grito de "Fascistas españolistas, fuera de Galicia" (proferidos en gallego) o "perras españolas", éste último en castellano, los radicales intentaron reventar la recogida libre de firmas. "Las madres que estaban en el autobús me dijeron que el único insulto que les lanzaron en castellano fue el de 'perras españolas'. Supongo que porque 'perras' suena más fuerte que 'cadelas', será por la erre fuerte...", ironizó Lago en ABC. Y según confirmó a LD, "hubo un momento que se acercó un socio nuestro, coordinador de la organización en Santiago, y se enfrentó a ellos. La Policía le dijo que no hiciera nada, por que es lo que están deseando, que alguien llegue a las manos".

Durante la recogida, los radicales conseguían ir "filtrando el control policial de dos en dos", y además "tiraban los pasquines al suelo"."Sabemos que traían preservativos para lanzarlos llenos de pinturas", pero finalmente el autobús no sufrió daño alguno. La presidenta de la asociación confiesa que con "lo que nos ha costado sacarlo a la calle..". "No tenemos subvenciones ni pertenecemos a grupos de poder. Sólo las aportaciones de los socios".

Finalmente, todo se redujo a que algunos de los jóvenes debieron dar a conocer su identidad, pero no hubo detenidos. "Son las órdenes que tienen", afirma resignada Lago.

Touriño "bajó la cabeza y se metió en el coche"
No obstante, Lago asevera que "la gente ya nos conoce, vienen directamente a firmar". "Esto esta extendidísimo, firman incluso concejales del PSOE y algunos de IU". Touriño "se empeña en decir que somos un grupúsculo" y un "grupo minoritario", dice. Es por ello que Lago asegura que "le invitaría a escuchar lo que dice la gente".

La portavoz lamenta también recuerda que "el otro día Touriño no quiso pararse a coger uno de nuestros pasquines". Touriño bajó la cabeza y repitió tres o cuatro veces no y se metió en el coche", recuerda la presidenta de la asociación.

Ruta a seguir
El autobús ya fue atacado el pasado mes de febrero. Y en la mañana del viernes, se sucedieron numerosas intimidaciones contra el mismo en la localidad de El Ferrol. "Nos hemos entregado en cuerpo y alma, incluso con riesgo físico, y seguiremos haciéndolo. Proponemos lo mismo que cualquier país europeo", explica Lago en ABC.

Lago considera que la intención de los radicales es "asustar, pero no pararemos. Me ocurrió lo mismo en Vigo el año pasado. Ya nos da igual", asegura. Además, garantiza la continuidad de su labor.

Acerca de la ruta a seguir, señala que "empezamos el 25 en La Coruña", donde la organización se encontró con la grata sorpresa de que "había cola para firmar", y "a partir del lunes empezamos por Orense, a pesar de que allí nos llaman Galiza bilingüe", pese a que "nuestro nombre no es ese", y a que la organización les ha recordado que el mismo es en castellano. "No hubo forma", sostiene resignada Lago.

A lo largo de la semana el autobús seguirá su camino por "Lugo, y Pontevedra a finales de semana". "No nos van a desviar, siempre hemos cumplido nuestro programa".

Acoso oficial a los comerciantes de Sants por no rotular en catalán
BELEN PARRA - EL MUNDO  3 Noviembre 2008

La Generalitat envía cartas a los negocios del popular barrio barcelonés en las que da dos meses para que cambien sus carteles

BARCELONA.- La persecución lingüística en Cataluña continúa. En especial en el barrio de Sants de Barcelona, donde comercios históricos resisten los vaivenes de la crisis en un entorno cada vez más degradado. Las nuevas oleadas de inmigrantes buscan también su sitio y el clima de convivencia se enrarece por iniciativas como la de fomentar el control sobre el cumplimiento de la normativa lingüística que propone el Ayuntamiento de la Ciudad Condal para la presente legislatura.

Según ha podido corroborar EL MUNDO, la ofensiva lingüística del Consistorio empieza a dar sus frutos: los comercios de Sants sufren estas últimas semanas un auténtico asedio y son denunciados si vulneran la normativa que establece que la señalización y los documentos con las características de los productos que se ofrecen estén redactados, «como mínimo», en catalán.

Los avisos de multa que preceden a la sanción indican en su encabezamiento que su origen es la denuncia de un ciudadano, pero los perjudicados se muestran escépticos y atribuyen lo sucedido a una campaña del Consistorio en toda regla. De hecho, en el pleno extraordinario del distrito de Sants-Montjuïc del pasado 22 de enero, el grupo municipal del PP denunciaba que se hubieran multado hasta esa fecha a 62 tiendas en Barcelona. Asimismo, el líder popular, Alberto Fernández Díaz, criticaba entonces que el Ayuntamiento barcelonés se erigiera en «comisario lingüístico» de los comercios tras aprobarse la propuesta de incrementar el control en la aplicación de la normativa lingüística sobre locales de negocio.

«La persecución lingüística del castellano en Barcelona que ejemplifican las sanciones a establecimientos por rotular sólo en castellano demuestra la imposición lingüística del gobierno municipal», indicaba Fernández Díaz. Se da la circunstancia de que el PP se quedó solo en su denuncia, ya que el seguimiento sobre la aplicación de los postulados de la Ley de Política Lingüística contó con la aprobación de los grupos de PSC, ICV, ERC y CiU.

Los populares siempre han defendido la «libertad de elección» para escoger en cuál de las dos lenguas oficiales de Cataluña quieren expresarse los comerciantes, «sin imposiciones» y con «absoluta normalidad». Fernández Díaz lamenta que el Ayuntamiento siga más pendiente de fomentar el «control lingüístico» que de potenciar el pequeño y mediano comercio de Sants.

La realidad demuestra que entre los comerciantes sí ha cundido la voz de alarma. Mientras algunos ya han recibido una primera advertencia para que desistan en sus pretensiones de anunciarse en castellano, otros se espabilan para rectificar y evitar que sus nombres se incluyan en listas negras que a la larga puedan generar en posibles sanciones.

El empresario Germán Giménez, vecino de Sant Boi de Llobregat pero con negocio en Sants desde la década de los 50, es uno de los últimos que ha recibido una amonestación pública y por escrito de la Agència Catalana del Consum (organismo de la Generalitat encargado de tramitar las denuncias que recibe del Ayuntamiento o de particulares y de imponer las sanciones) en la que se le conmina a que en el plazo máximo de «dos meses» se adecue a la normativa vigente sobre usos lingüísticos en la actividad comercial. De lo contrario, la Administración advierte de que iniciará «las actuaciones necesarias para corregir la infracción en materia de consumo y disciplina de mercado».

Giménez no da crédito a la carta recibida, si bien tampoco le extraña, porque el suyo no es el primer caso que conoce. Su establecimiento se anuncia como Fincas Giménez -rótulo luminoso incluido- y en las vidrieras del negocio expone, también en castellano, todos los servicios que ofrece. Por el momento, asegura que no piensa mover un dedo y esperará a recibir la sanción para determinar si la recurre y va a los tribunales: «Me cueste lo que me cueste».

A este empresario le parece «inaudito» que se le pueda considerar un delincuente por rotular su negocio en una lengua oficial de Cataluña, máxime cuando a lo largo de los años no ha provocado ni padecido ningún tipo de conflicto. «Estoy dispuesto a irme fuera de Cataluña antes de cumplir con esa normativa», advierte Giménez. Al igual que él, Fausto Rodríguez, propietario de un taller mecánico próximo al negocio de Giménez, también ha recibido la misma advertencia, pero ya se ha informado sobre el coste que le puede generar el cambio. «Poner el rótulo en catalán me va a suponer un gasto de 130 euros, probablemente mucho menos que el importe de la sanción, que me podría llegar en menos de dos meses», indica.

El dueño de otro negocio cercano, también un taller mecánico, ya se ha dirigido a su gestor para que le asesore en caso de incumplir la normativa. Muchos comerciantes alegan que, si juntos se amotinaran, igual conseguían cambiar algo. El problema es que la mayoría desiste en el intento. La cerrajería Código ha decidido retirar, sin advertencia previa, el cartel que anunciaba en castellano sus servicios. Por el momento lo guardan en su interior para proceder a traducirlo al catalán en breve y volver a colgarlo en el exterior, ya sin miedo a recibir represalias.
Una advertencia para recordar cuál es «la lengua propia de Cataluña»

BARCELONA.- «Le recordamos la necesidad de cumplir todos aquellos requisitos legales que afectan a su actividad comercial». Esta es una de las frases que en tono amenazador conforman el cuerpo de la carta que la Agència Catalana del Consum está remitiendo estos días a diversos comerciantes del barrio de Sants para advertirles de la obligatoriedad de cumplir con la normativa que insta a rotular los negocios «al menos» en catalán.

El escrito recibido por el administrador de fincas Germán Giménez y tantos otros comerciantes en su misma situación -al frente de un negocio rotulado íntegramente en castellano desde hace décadas- ad vierte de que «el incumplimiento de esta normativa constituye una infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios» y recuerda que «de acuerdo con el Estatuto» y «el artículo 2 de la ley 1/1998» de Política Lingüística, «la lengua propia de Cataluña es el catalán».

A Giménez, imposiciones «en toda regla» como las que esgrime la carta emitida por la Agència del Consum le impulsan a no cumplir la ley porque no puede entender que por un asunto puramente lingüístico se quiera entorpecer la actividad comercial de gente que lleva tantos años en la brecha. El lo tiene claro y dice que no piensa claudicar, por lo que luchará hasta la extenuación para que la sanción no se ejecute o, como mínimo, el mal sea menor, es decir, que le dejen rotular «tanto en catalán como en castellano», en virtud del bilingüismo que tanto se practica en las calles de Sants.

Giménez también denuncia que en la Administración todo sean obstáculos para encontrar un impreso o proceder a una gestión en castellano. «Vas al registro y no encuentras impresos en castellano para realizar una determinada gestión. Todos los documentos que recibes están escritos en catalán e incluso las veces que he querido tramitar una solicitud en castellano, siempre he recibido la respuesta en catalán».

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