AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 6 Noviembre 2008

El profesor Zetapé
Educando a Obama
Es propósito del presidente español ilustrar al bisoño aprendiz yanqui tomando como modelo, norte y guía su personal obra de gobierno.
José García Domínguez Libertad Digital 6 Noviembre 2008

Con esa infinita modestia intelectual que le caracteriza, a Zetapé le ha faltado tiempo para postularse como profesor particular de Obama. Por lo demás, todavía no ha aclarado si le impartirá las enseñanzas en dos tardes o si el empeño requerirá de un curso académico completo. Sea como fuere, es propósito del presidente ilustrar al bisoño aprendiz yanqui tomando como modelo, norte y guía su personal obra de gobierno. Un inestimable recurso pedagógico cuyo uso ha revelado a la prensa con los siguientes términos: "Quiero que trabajemos juntos donde la experiencia española es rica".

Así las cosas, no estaría de más que el educando se apresurase a cumplimentar el primer cuadernillo de deberes. Podría comenzar su formación, por ejemplo, dictando varias órdenes de detención ilegal contra cualquiera de los miles de simpatizantes del Partido Republicano que todavía merodean por las calles de Fénix tras manifestarse impunemente a favor de McCain. Acto seguido, el alumno debería concentrarse en la redacción de la que, sin duda, habrá de ser su iniciativa legislativa más perentoria. Una norma que todos los sectores de la sociedad norteamericana están demandando a gritos. Nos referimos, tal como el lector ya habrá adivinado, a una ley que impulse la inmediata reapertura sentimental de la Guerra de Secesión de 1861.

La tercera lección del programa consistirá en un ejercicio de escritura rápida. Obama, tiza en mano, lo resolverá en la pizarra bajo la atenta mirada de su mentor. De tal guisa, llenará el encerado con adjetivos insultantes, frases ofensivas e insidias de todo tipo contra los portavoces de las asociaciones de víctimas del atentado contra las Torres Gemelas. A continuación, la rica experiencia española también le será muy útil con tal de idear un decreto urgente mediante el cual establecer un amplio catálogo de multas y castigos lingüísticos. Gracias a él, conseguirá meter de una vez por todas en vereda a las decenas de miles de empresarios de Florida, California o Nueva York que han osado rotular en castellano sus empresas y establecimientos comerciales.

Luego, se situará el educando ante un espejo y repetirá cien veces que los Estados Unidos de América constituyen un concepto discutido y discutible. A ello seguirá el anuncio del nombramiento de Máximo Cajal, que será el alto comisionado encargado de regalar el estado de Alaska a Rusia. En fin, con eso y la designación oficial de Ben Laden como hombre de paz, Obama ya tendrá el aprobado asegurado.
Y si quiere ir a por nota, ya sabe lo que le tocará hacer con la bandera.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

La incógnita Obama
Con la presidencia de nuevo en manos demócratas, la principal incógnita que queda por despejar es cuál de los dos caminos tomará el recién elegido Barack Obama: el de Carter o el de Clinton
EDITORIAL Libertad Digital 6 Noviembre 2008

Los Estados Unidos de América han demostrado a todo el mundo, una vez más, que son la mayor democracia del planeta y que pretenden seguir siéndolo. La deportividad, el juego limpio, el saber ganar y también el saber perder son algo tan natural en América, tan inherente a su propia tradición política que llama la atención en democracias menos maduras y confiadas en sí mismas como las que hay a este lado del Atlántico. En la noche del martes, Estados Unidos cerró una página de su Historia y abrió otra con total naturalidad, sin traumas, sin cainismos ni cuentas pendientes. Llevan haciéndolo más de dos siglos ante la estupefacción de un mundo que, curiosamente, no hace sino censurar el sistema político que ha obrado semejante maravilla durante tanto tiempo.

La democracia americana es el único modelo referencial que, en rigor, pueden permitirse el resto de democracias mundiales, pero carga sobre sus hombros la responsabilidad de ser la potencia hegemónica. De ahí que sea tan importante quién ocupa la Casa Blanca y qué tipo de ideas pueblan su cabeza. Los periodos en los que el presidente de los Estados Unidos ha sido derrotista, pusilánime o estatista se han correspondido con épocas aciagas para la libertad y para su inevitable corolario de prosperidad económica. Precedentes ha habido varios, aunque quizá sea el de Jimmy Carter el más incuestionable.

Durante la segunda mitad de los años 70 Estados Unidos –y el mundo– se escurrieron por la pendiente de una severa crisis económica y los enemigos de la libertad se adueñaron de Afganistán, Nicaragua e Irán ante la impotencia del inquilino de la Casa Blanca. La presidencia de Carter fue tan nefasta y tan contraria a los intereses del americano medio –y del mundo libre–, que marcó el comienzo de cinco mandatos republicanos separados por la época de Bill Clinton, presidente demócrata cuya principal ocupación de Gobierno fue distanciarse de la herencia Carter. Los años de Clinton prolongaron la hegemonía política republicana y sirvieron de antesala al doble mandato del ahora impopular George Bush.

Con la presidencia de nuevo en manos demócratas, la principal incógnita que queda por despejar es cuál de los dos caminos tomará el recién elegido Barack Obama: el de Carter o el de Clinton. Del camino que decida tomar el todavía senador por Illinois depende buena parte de la fortuna de su mandato. Escarbando en su pasado todo hace temer lo peor. Obama ha sido durante la práctica totalidad de su vida política un radical de izquierdas errado en casi todo y con una pasmosa habilidad de rodearse de amistades muy poco recomendables. Llegado el momento de la candidatura a la presidencia moderó ligeramente su discurso, hijo del cual es el programa que le ha llevado en volandas a la victoria electoral. El resto ha sido, esencialmente, una campaña de mercadotecnia magistral y planificada al milímetro, en la que ha contado más la raza del candidato o las arengas buenistas y vacías que la política en sí misma.

De la raza podría decirse que, si un negro puede llegar a la presidencia sin contratiempos tal y como ha hecho Obama, tal vez sea el momento de retirar de la circulación todas las discriminaciones positivas a favor de los negros que inundan las leyes norteamericanas. Han perdido su sentido. En cuanto al buenismo y la vacuidad, las palabras bonitas y los eslóganes no son de mucha utilidad para gobernar en ninguna nación y menos que ninguna, los Estados Unidos de América.

Una pareja cómica
M. MARTÍN FERRAND ABC 6 Noviembre 2008

STAN Laurel, el flaco, y Oliver Hardy, el gordo, crearon una pareja cómica que, a mitad de camino entre el surrealismo y el splastick, cuando todavía nos reíamos en blanco y negro, llenó de alegría las tardes de sesión continua de tres o cuatro generaciones de españoles antes y después de la Guerra Civil, cuando en el cine se comían pipas de girasol y no palomitas de maíz. En nuestros días, si le podamos a su gestión la trascendencia que tiene, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Solbes integran un dúo cómico que muy bien pudiera considerarse como continuador de las técnicas y mañas de Laurel y Hardy. A Solbes le faltan algunos kilos para ser un gordo perfecto; pero da el tipo por su acostumbrada simpleza expositiva y su voz de doblaje de bajo coste. Sólo la trascendencia de sus funciones oficiales, como presidente y vicepresidente de un Gobierno, disminuye la risibilidad de la pareja.

En su condición de ministro de Economía, Solbes estuvo en Bruselas, en el Ecofín, y aprovechó la circunstancia para prevenirnos: «Prácticamente hemos agotado (en España) nuestro margen de política discrecional». Es decir, que se han terminado los recursos disponibles para hacer frente a la crisis. Eso, por sí mismo, no tiene ninguna gracia. La crisis es honda y será larga; pero la pareja Zapatero-Solbes, en la escuela de Laurel y Hardy, utilizan la contradicción como elemento fundamental del gag. En acción simultánea a la declaraciones del vicepresidente, en la Comisión de Presupuestos del Congreso el grupo socialista defendía con ahínco el capítulo de gastos de la Presidencia del Gobierno en el que sientan epígrafe los 664 asesores de Zapatero con un monto de 27,8 millones de euros.

José María Aznar ya nos acostumbró al despilfarro de 550 asesores con cargo a La Moncloa, un disparate. Eso le quita mucha autoridad al PP a la hora de criticar que el actual presidente disponga de 94 más, pero no deja de ser significativo y, en contraste con la situación y los dichos de Solbes, dramáticamente cómico. Zapatero necesita 53 docenas de sabios para saber lo que tiene que hacer. Quizá de ahí le venga a su mujer, Sonsoles Espinosa, la vocación coral en la que tanto destaca. Aún así, 664 voces dan para muchos coros y es número que resulta excesivo, incluso, para una guardia pretoriana.

La función termina por configurar el órgano que debe desempeñarla y Solbes ha engordado algún kilo en estos últimos y críticos tiempos. Le faltan muchos para alcanzar los 159 que llegó a pesar su antecesor y maestro; pero todo es cuestión de entrenamiento y perseverancia. A Zapatero se le va aflautando la voz, como a Laurel, y si usara bombín se le asemejaría mucho más. En lo que respecta a la letra y el gesto de sus actuaciones, la verdadera sustancia del humor, ya han alcanzado la excelencia. Viven su papel.

Obama ante la crisis
¿Clinton o Roosevelt?
Obama ha ganado las elecciones con un discurso antiglobalización, de vuelta al proteccionismo y con el apoyo de los sindicatos, ahora, si quiere gestionar adecuadamente la crisis y la economía, deberá renunciar a lo dicho.
Emilio J. González Libertad Digital 6 Noviembre 2008

Suele decirse que, en materia económica, las derechas llegan al poder para arreglar la economía y las izquierdas lo pierden por estropearla. En Estados Unidos, en cambio, últimamente parece suceder lo contrario. Los dos últimos demócratas que han ganado las elecciones presidenciales –Bill Clinton y, ahora, Barak Obama– lo han hecho gracias al deterioro de la situación económica producido bajo el mandato de sus predecesores republicanos, en este caso los Bush, padre e hijo. Obama, por tanto, llega al poder aupado por las esperanzas de que sepa resolver la grave crisis financiera estadounidense. Ese será su gran desafío interno, por el que le juzgarán los norteamericanos y, de paso, buena parte del mundo. El primer presidente afroamericano tiene ante sí dos vías: parecerse a Bill Clinton en lo bueno que tuvo en su política económica –liberalización, desregulación, equilibrio presupuestario– o, por el contrario, tomar como modelo a Franklin D. Roosevelt, cuyo New Deal tanto daño hizo a la economía norteamericana en el corto, medio y largo plazo, por mucho que los mitos al respecto pretendan negarlo. Acertar o equivocarse en la elección del modelo a seguir marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Obama hereda una situación económica francamente difícil, si bien no por causa de Bush. Por el contrario, la crisis financiera se gestó en tiempos de Clinton, que fue quien impuso al sistema financiero que concediera las hipotecas subprime, o de alto riesgo, y fue quien dio alas a la banca para excederse con sus operaciones de salvamento de entidades en las crisis mexicana de 1995, asiática de 1997 y rusa de 1998, todo ello aderezado con los graves errores en materia de política monetaria y de supervisión del sistema financiero cometidos por la Reserva Federal en los últimos años de la era Greenspan. Que Obama tenga en cuenta estos hechos es fundamental para que su respuesta a la crisis sea la adecuada.

Lo primero que debe tener en cuenta el próximo presidente de Estados Unidos es que la reforma que necesita el sistema financiero estadounidense afecta y debe afectar a la supervisión, no a la regulación del mismo. El problema, en este sentido, no es la desregulación, que ha permitido importantes avances en la financiación de la economía, sino que el sector bancario ha carecido de la supervisión necesaria para impedir que sucediera lo que sucede en estos momentos: un auténtico tsunami que se lleva todo lo que encuentra, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Por ello, sería un error volver a introducir corsés de todo tipo a la banca. Lo que hace falta es que el supervisor actúe como tal y dejarse de creer, como hacía Greenspan, que los banqueros se autorregularían porque, como se ha visto, no es así. Desde esta perspectiva, el camino que adopte Obama será fundamental tanto para poner fin a la crisis como para acelerar la recuperación de la economía estadounidense.

El hecho de que Obama pueda nombrar secretario del Tesoro a Robert Rubin o a Larry Summers, que ya ocuparon dicho cargo con Bill Clinton, indicará, sin duda, que el nuevo presidente se decantará más por la supervisión y menos por la regulación, lo que será bueno para Estados Unidos y, por tanto, para el mundo. No obstante, también hay que tener en cuenta que tanto Rubin como Summers fueron promotores de las intervenciones de la Administración Clinton y la Reserva Federal para salvar bancos, dando lugar a la situación de riesgo moral –riesgos que una entidad nunca asumiría si sabe que puede perder dinero o quebrar– que degeneró en la actual crisis financiera. Por ello, sea quien sea el próximo secretario del Tesoro, debería aprender de esta experiencia y abstenerse de intervenir en el futuro, con el fin de dejar que el mercado ponga a cada uno en su sitio y acabar de una vez por todas con ese riesgo moral que ha resultado tan pernicioso para los norteamericanos y, por derivada, para todo el mundo. Un riesgo moral que no es un mero ejercicio teórico, sino que aparecía claramente en muchas newsletters confidenciales del sector bancario estadounidense, recordando que la Reserva Federal y el Tesoro siempre intervenían para salvarlo en tiempos de crisis. Así ha pasado lo que ha pasado.

Obama ha ganado las elecciones con promesas de subidas de impuestos y más gasto social. Lo primero sería un error que podría hacer que la crisis económica sea más larga y profunda de lo previsto; lo segundo, un drama para la economía estadounidense a medio y largo plazo. Las empresas norteamericanas están sufriendo como consecuencia de la escasez de crédito y de la caída de la demanda a que se enfrentan. El resultado es un desplome de sus beneficios y un aumento del paro. Subir ahora los impuestos implicaría todavía menos demanda y menos ahorro disponible para financiar la economía en unos momentos en los que lo que hace falta es consumo e inversión, en los que se precisa que haya créditos para el sector empresarial. Si, además, la subida de impuestos afecta a las empresas, las cosas todavía se van a poner peor. Por ello, lo mejor sería que el nuevo presidente se planteara seriamente un recorte de la tributación empresarial como gran medida para relanzar la actividad productiva o, en su defecto, dejar las cosas como están. Porque si lo que quiere es reducir el déficit presupuestario y poder gastar más, lo mejor para la economía americana es que esto venga de la mano de un crecimiento económico que genere los ingresos fiscales necesarios a través de mayores beneficios empresariales y de menos paro.

En cuanto al gasto social, Obama debe ser extremadamente cauteloso al respecto. El político demócrata ha prometido mejorar la situación de los que menos tienen aumentando el gasto público en sanidad y pensiones sin tener en cuenta que ambos sistemas se encuentran próximos al colapso financiero; son una bomba de relojería en los presupuestos y la economía estadounidense que, en caso de llegar a estallar, tendrían graves consecuencias socioeconómicas. Y si Obama pretende evitarlo subiendo los impuestos, entonces estará sentando las bases para que la crisis sea duradera y, después, al crecimiento económico le falte el vigor necesario para que Estados Unidos vuelva al pleno empleo.

Todo lo anterior converge en un punto clave para el futuro de la economía estadounidense. Al final, detrás de la economía hay personas, que sufren cuando las cosas van mal y toman sus decisiones políticas en consonancia con sus alegrías o sus penas. Pues bien, después de que Obama se hiciera con la candidatura demócrata a la presidencia, primero, y ganara las elecciones, después, con un discurso antiglobalización, de vuelta al proteccionismo y con el apoyo de los sindicatos y demás grupos sociales que querían oír esas palabras, ahora, si quiere gestionar adecuadamente la crisis y la economía, deberá renunciar a lo dicho. Pero esto no le resultará fácil si no arregla primero todo lo referente al crecimiento y el empleo, con el fin de marcar las distancias necesarias con los proteccionistas y no provocar que el deterioro de la situación económica lleve a la población a respaldar a quienes aboguen por este tipo de medidas.

Roosevelt se apunto al intervencionismo, al estatismo y al proteccionismo para afrontar la Gran Depresión y lo único que consiguió fue alargarla hasta el punto de que la economía estadounidense sólo se recuperó gracias a la Segunda Guerra Mundial. Clinton, en cambio, se decantó por la apertura, la liberalización y la reducción del Estado y del intervencionismo, a pesar de sus errores que dieron lugar a la crisis subprime y la economía estadounidense conoció el periodo de más largo y más intenso crecimiento de toda su historia, con pleno empleo. Estos son los dos modelos entre los que Obama tiene que optar. De cual sea su elección dependerá su éxito o su fracaso como presidente en la gestión de la crisis y de la economía.

Francia exige a los inmigrantes conocer la lengua francesa y los símbolos nacionales
 Minuto Digital 6 Noviembre 2008

Antes de pisar suelo francés, los inmigrantes no solo deberán conocer la lengua francesa, sino también los símbolos de la República, especialmente La marsellesa, el himno nacional. La decisión ha sido anunciada por el ministro de Inmigración, Brice Hortefeux, en unas jornadas celebradas en la ciudad de Vichy, ubicada en el centro de Francia.

EXAMEN DE FRANCÉS
Francia demuestra de esta forma que es posible perseguir la inmigración ilegal –este año las expulsiones han aumentado un 80%– y, a la vez, facilitar la integración de aquellos inmigrantes que realmente hacen falta en el país. El conocimiento de la lengua francesa es considerado “imprescindible” tanto para los inmigrantes que logran un permiso de residencia por motivos profesionales como para los familiares que quieran reunirse con ellos. Los aspirantes a entrar en Francia deberán demostrar primero –en una entrevista en la embajada– sus capacidades profesionales y lingüísticas.

Brice Hortefeux, ministro de Inmigración, ha añadido ahora a estos requisitos la letra de La marsellesa, y pretende “hacer pedagogía” explicando a los inmigrantes “de dónde viene este canto, qué significa y los valores que vehicula”.

A partir del próximo mes de diciembre, los cursos de francés y de los valores de la República se podrán realizar también en el país de origen.

Dentro de su política de “inmigración elegida”, el Gobierno de Nicolas Sarkozy ha firmado acuerdos de cooperación –que incluyen generosas sumas para el desarrollo– con países africanos a fin de filtrar a los extranjeros desde el origen.

INGRESÓ MÁS DE 16.000 EUROS POR ESTAS MULTAS
La Generalidad sancionó durante 2007 a 83 comercios por no rotular en catalán
La política de vigilancia y control de la Generalidad de Cataluña para conseguir un uso exclusivo del catalán en los comercios se ha traducido en la sanción a 83 establecimientos por no utilizar esta lengua en sus negocios durante 2007. En total, el Ejecutivo ha ingresado más de 16.000 euros por estas sanciones, la mayoría impuestas a establecimientos minoristas.
Europa Press Libertad Digital 6 Noviembre 2008

La Generalidad sancionó a 83 establecimientos comerciales por no rotular en 2007 en catalán e ingresó 16.250 euros por estas multas, según informó el secretario de Política Financiera, Competencia y Consumo, Miquel Salazar, en una respuesta parlamentaria al presidente del PP en la cámara, Daniel Sirera.

En total, la Agencia Catalana del Consumo sancionó el año pasado a 733 establecimientos comerciales. Ello significa que las multas por no rotular en catalán fueron el 11,32 por ciento de las sanciones expedidas. Además, hay 55 establecimientos con expedientes en fase de tramitación o de propuesta de sanción por no rotular en catalán, lengua cooficial en la comunidad. De todos estos expedientes, 40 se han abierto por denuncias.

La mayoría de multas se impusieron a establecimientos dedicados al comercio minorista (30), seguidos de los dedicados a los servicios (27), vivienda (11), transportes (7), telecomunicaciones (5) y grandes superficies (3). Sobre el importe recaudado por sanciones en materia lingüística, por las multas a los establecimientos dedicados al comercio minorista, la Generalidad recaudó 7.100 euros; por los dedicados a los servicios, 5.550, y por los dedicados al transporte, 1.200.
Las grandes superficies, las inmobiliarias y los establecimientos del sector de las telecomunicaciones abonaron a la Generalidad 800 euros respectivamente en sanciones por incumplir la normativa. La ley de política lingüística vigente, que aprobó en 1998 el Parlament, detalla en su artículo 32 que señalización, carteles fijos y documentos de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados "al menos" en catalán.

83 comercios multados por no rotular en catalán
 Minuto Digital 6 Noviembre 2008

La ley de política lingüística vigente, que aprobó en 1998 el Parlament, detalla en su artículo 32 que señalización, carteles fijos y documentos de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados “al menos” en catalán.

Sigue la imposición linguística. Lo que no ocurre en ningún país del mundo lo vivimos en primera persona en España: durante el año 2007 los nacionalsocialistas de Cataluña multaron a 83 comercios por no rotular en catalán.

La Generalitat ha ingresado 16.250 euros por estas multas, según el secretario de Política Financiera, Competencia y Consumo, Miquel Salazar, en respuesta parlamentaria al presidente del PP en la cámara, Daniel Sirera.

En total, la Agencia Catalana del Consumo sancionó el año pasado a 733 establecimientos comerciales. Esto significa que las multas por no rotular en catalán fueron el 11,32% de las sanciones expedidas.

Además, hay 55 establecimientos con expedientes en fase de tramitación o de propuesta de sanción por no rotular en catalán. De todos estos expedientes, 40 se han abierto por denuncias.

La mayoría de multas se impusieron a establecimientos dedicados al comercio minorista (30), seguidos de los dedicados a los servicios (27), vivienda (11), transportes (7), telecomunicaciones (5) y grandes superficies (3).

Sobre el importe recaudado por sanciones en materia lingüística, por las multas a los establecimientos dedicados al comercio minorista, la Generalitat recaudó 7.100 euros; por los dedicados a los servicios, 5.550, y por los dedicados al transporte, 1.200.

Las grandes superficies, las inmobiliarias y los establecimientos del sector de las telecomunicaciones abonaron a la Generalitat 800 euros respectivamente en sanciones por incumplir la normativa.

La ley de política lingüística vigente, que aprobó en 1998 el Parlament, detalla en su artículo 32 que señalización, carteles fijos y documentos de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados “al menos” en catalán.

La vuelta al mundo de Carod
Zapatero y Montilla intentan desbloquear la negociación sobre la financiación
I. ANGUERA / M.J. CAÑIZARES | BARCELONA ABC 6 Noviembre 2008

El catalanismo sin fronteras que promueve el republicano Josep Lluís Carod-Rovira escandaliza a PP y Ciutadans, tanto por los recursos destinados, seis millones de euros, como por el momento de crisis económica en el que se produce. Carod, el conquistador, se dedicó durante el primer semestre de este año a otorgar subvenciones a colegios franceses y casas regionales («casals») repartidos por todo el mundo, así como a dar apoyo económico a deportes minoritarios como el fistball, con supuesta vocación de competición internacional.

De esta forma, Vicepresidencia extiende su red identitaria hasta el último confín de la tierra, como Australia, Guinea Ecuatorial o Suecia, donde las agrupaciones de catalanes afincados en esos países tienen garantizada una ayuda económica, que en algunos casos alcanza los 200.000 euros, por el mero hecho de enarbolar la bandera de la catalanidad en sus nostálgicas reuniones.

Gracias al olfato de Carod para detectar patriotismo más allá de las fronteras catalanas, otras entidades situadas en el exterior pueden beneficiarse de esas subvenciones. Además de la Asociación Amigos de la Bressola, que se llevó hasta 625.800 euros por promocionar la lengua catalana en escuelas públicas en el sur de Francia, otros centros educativos son favorecidos económicamente, como el Espai Català Topalekua, en el País Vasco, o la Federación Escola Valenciana.
Los Presupuestos de la Generalitat para 2009 incluyen una partida de 2,2 millones para oficinas y misiones exteriores, un 65% más que en 2008

Pero el año próximo habrá más «picas en Flandes». O al menos, más recursos económicos para hacerlo. Según denunció ayer el presidente del grupo parlamentario del PP, Daniel Sirera, los Presupuestos de la Generalitat para 2009 incluyen una partida de 2,2 millones de euros destinados a delegaciones, oficinas y misiones exteriores. Esta cifra supone un aumento del 63% respecto a 2008, año en el que la cifra dedicada a este apartado ascendió a 1,3 millones de euros. Un incremento destacable si se compara con el que han experimentado los departamentos de Salud o de Educación.

Falta de sensibilidad
Sirera calificó de «impresentable» esta partida presupuestaria. «Creo que los catalanes no merecen tener un Govern que da prioridad a promocionarse en el exterior, a subvencionar entidades que no están en Cataluña, y que no contribuyen a la mejora de la calidad económica de nuestro país», dijo Sirera, quien criticó la «falta de sensibilidad» de Montilla por este «despilfarro» en época de crisis. Recordó, asimismo, el aumento del sueldo de los miembros del Gobierno catalán, basado en un supuesto convenio que, según el PP, no existe.

Por parte de Ciutadans, Albert Rivera dijo que la Consejería de Vicepresidencia es el «agujero negro» de la Generalitat, pues su titular «no sólo no se aprieta el cinturón, sino que actúa como si la casa fuera grande».

Paralelamente, este Departamento ha creado un nuevo galardón, los Premios Pompeu Fabra para reconocer a las personas y entidades cívicas que contribuyan al impulso del catalán. Un galardón que no tendrá dotación económica.

YA VAN CASI 130 SENTENCIAS FAVORABLES A LA OBJECIÓN
Un nuevo auto judicial exime a cuatro niñas de Ciudad Real de cursar EpC
Un nuevo auto, esta vez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, ha dictado un auto decretando la suspensión cautelar de la obligación de cursar la asignatura EpC para cuatro alumnas de Ciudad Real. Las objeciones presentadas en toda España superan las 45.000, de las cuales más de 9.000 corresponden a Castilla-La Mancha y de ellas 650 a Ciudad Real.
Europa Press Libertad Digital 6 Noviembre 2008

Según informó en nota de prensa la Asociación Foro Ciudad Real en Libertad, esta resolución judicial se suma a los casi 130 autos y sentencias favorables a los padres objetores de toda España. En Castilla-La Mancha ya se han dictado medidas cautelares favorables a la objeción en las cinco provincias, amparando a un total de 128 niños.

"Todo ello se produce a pesar de que el pasado mes de septiembre el fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó una instrucción por la que ordenaba a los fiscales de los juzgados de esta Comunidad Autónoma oponerse a las demandas formuladas en relación con la objeción de conciencia, oponerse a las peticiones de los padres en relación con las peticiones de medidas cautelares, y recurrir aquellas decisiones judiciales que fueran contrarias a la decisión del Ministerio Fiscal", lamentaron.

El contencioso iniciado por estas tres familias ciudadrealeñas se está tramitando por la vía especial de protección de derechos fundamentales, explicaron desde la Asociación ciudadrealeña.
En los fundamentos de derecho, el juez admite los argumentos de las letradas de las familias, Elena Gómez y Carmen Carrión, aceptando que "el interés público también está en la garantía de los derechos de los ciudadanos cuando estos entienden que se vulneran sus derechos fundamentales".

En Ciudad Real, los padres que se oponen a la imposición de esta "Educación para la Ciudadanía" han presentado ya, o ultiman en estos días, recursos contencioso-administrativo que afectan a unos 80 niños y a unas 45 familias. La mayor parte de ellos se están acogiendo a la vía especial de protección de derechos fundamentales, solicitando medidas cautelares como las concedidas a estas cuatro niñas, apuntaron desde el Foro Ciudad Real en Libertad.

Las objeciones de conciencia frente a EpC presentadas en toda España superan las 45.000, de las cuales más de 9.000 corresponden a Castilla-La Mancha y de ellas 650 a Ciudad Real. Por último, la asociación Foro Ciudad Real en Libertad señaló que espera, "desde hace cinco meses", que el presidente regional José María Barreda reciba y escuche a los padres objetores "y que nuestros responsables políticos que cumplan y hagan cumplir la Constitución, respetando el derecho de los ciudadanos a la libertad ideológica, religiosa y educativa".

SPAIN, How much is enough?
Mike Reid, The Economist  6 Noviembre 2008

Devolution has been good for Spain, but it may have gone too far

THE hardest problem for the authors of Spain's democratic constitution was to strike a balance between the central government and the claims of Catalonia, the Basque country and Galicia for home rule. The formula they came up with was known as café para todos, or coffee for all: Spain was divided into 17 “autonomous communities” (plus the enclave cities of Ceuta and Melilla on the Moroccan coast), each with its own elected parliament and government. This estado de las autonomías seemed a neat solution. Over the past 30 years more and more powers and money have been devolved. The regional governments are now responsible for schools, universities, health, social services, culture, urban and rural development and, in some places, policing. But it is becoming clear that even as it has solved some problems, decentralisation has created others.

The estado de las autonomías has several clear benefits. First, as Mr Zapatero says, “it spreads power and impedes its concentration,” and in that way reflects “the best liberal thinking”. Second, by bringing decisions about services closer to the people it has improved them. Third, it encourages competition between regions. The rivalry between Barcelona and Madrid may have acquired an edge of mistrust, but it is in essence a creative tension. And fourth, the system has reduced regional inequalities, or at least stopped them widening.

To get a sense of the success of decentralisation, head not to Catalonia or the Basque country but to the south. In the 1970s Andalucía seemed much closer to Africa than Europe—and not just geographically. Rural labourers lived in semi-servitude and one adult in five was illiterate. Now it has narrowed the gap with the rest of Spain in many ways. The south is still poorer than the north, but Spain no longer has anything like Italy's mezzogiorno.

In other parts of the country Valencia and Zaragoza have become thrusting cities with an economic and cultural life of their own, and Bilbao's metamorphosis from a centre of declining heavy industry into a cultural and tourist magnet, started off by its Guggenheim Museum, has become a textbook case of urban regeneration.

All this has come at a political price. First, it has led to a renaissance of an old Spanish political phenomenon, the cacique or provincial political boss, as Antonio Muñoz Molina, a leading novelist, points out. Mr Pujol ran Catalonia for 23 years; Manuel Fraga, a former minister under Franco who founded the forerunner of the PP, ran Galicia for 15 years; and Manuel Chaves, a Socialist who has headed Andalucía's regional government since 1990, is said to reign rather than govern.

These modern princes have their courts. “Every regional government wants its own universities, contemporary-art museum and science museum,” says Josep Ramoneda, who heads the Centre for Contemporary Culture in Barcelona. “In the United States there's only one Hollywood. Here they want 17.” In Andalucía the regional government is by far the biggest employer, and the biggest advertiser in the regional press. Every regional government has its own television station. Mr Zapatero has taken to holding regular “presidents' conferences” with his regional counterparts. The latest one attracted 600 journalists. “It looked like the UN General Assembly, with six or seven satellite trucks outside,” notes Enric Juliana, a journalist for La Vanguardia, a Barcelona newspaper.

The regional governments even get involved in foreign policy. Some have aid budgets. Mr Muñoz Molina, who was the director of the New York office of the Instituto Cervantes, a body to promote Spanish culture, recalls that regional presidents would turn up in the city with vast entourages. Most of these missions were badly organised and achieved nothing except favourable coverage in their captive media.
Coffee just for us

But this panoply of decentralisation has not placated the politicians in Catalonia, the Basque country and Galicia. That is because they never wanted café para todos: they wanted it just for themselves, as a recognition that they were different. They still want that, no matter that Spain is now an extraordinarily decentralised country in which the Basques, for example, enjoy a greater degree of home rule than any other region in Europe. Their demands make it difficult to draw up a stable and permanent set of rules.

Catalan and Basque “nationalists” argue that unlike, say, La Rioja or Murcía, their territories are nations, not regions (nor “nationalities”, in the tortuous formulation of the constitution), and invoke history to support their claim. “Here the conflict dates from 1836,” insists Joseba Aurrekoetxea, a leader of the Basque Nationalist Party (PNV), referring to the Carlist war after which the central government revoked the Basques' fiscal privileges (restored in 1979). “Catalonia was always distinct,” says Artur Mas, who replaced Mr Pujol as leader of CiU. It descends from the medieval kingdom of Aragón, and rebelled against Madrid in 1640 and in 1701.

But Catalan and Basque nationalism are creations of the late 19th century. They stem from industrialisation, which made these the richest regions in the country, taking in migrants from elsewhere in Spain. At the time the Spanish state, unlike its French counterpart, lacked the resources to integrate the country, says Antonio Elorza, a Basque political scientist at Madrid's Complutense University. Otherwise Catalonia and the Basque country would have been as content within Spain as Languedoc and Brittany are within France.

Perhaps because the historic claim to nationhood is shaky, language has become an obsession for the nationalists. Franco banned the public use of Catalan, Euskera (Basque) and Gallego. The constitution made these languages official ones alongside Spanish in their respective territories. In Catalonia the official policy of the Generalitat (the regional government), under both the nationalists (some of whom are really localists) and now the Socialists, is one of “bilingualism”. In practice this means that all primary and secondary schooling is conducted in Catalan, with Spanish taught as a foreign language. Catalan is also the language of regional government. A Spaniard who speaks no Catalan has almost no chance of teaching at a university in Barcelona. A play or film in Spanish will not be subsidised from public funds. “If we don't make a big effort to preserve our own language, it risks disappearing,” says Mr Mas.

Catalan and Spanish are more or less mutually comprehensible. Not so Euskera, which does not belong to the Indo-European family of languages. The Basque government allows schools to choose between three alternative curriculums, one in Euskera, another in Spanish and the third half and half. But in practice only schools in poor immigrant areas now offer the Spanish curriculum. Despite these efforts, Basque and Catalan are far from universally spoken in their respective territories: only around half of Catalans habitually use Catalan and about 25% of Basques speak Euskera.

The nationalists' linguistic dogmatism is provoking a backlash. Earlier this year Mr Savater, the philosopher, together with a diverse group of public figures ranging from Placido Domingo, a tenor, to Iker Casillas, Real Madrid's goalkeeper, signed a “manifesto” in defence of the right of citizens to be educated in Spanish. They were denounced as “Castilian nationalists” in the Socialist press. But they touched a nerve. Many thoughtful Catalans believe that Catalan would be safe if it remained the language of primary schools, but that Catalonia would gain much by allowing a choice between Catalan and Spanish in secondary schools.
The power of language

The argument about language is really about power. “The problem with nationalists is that the more you give them, the more they want,” says Mr Savater. What some of them want is independence; all of them use this as a more or less explicit threat to gain more public money and powers. The polling evidence suggests that no more than a fifth of Catalans are remotely tempted by the idea of independence. The figure for Basques is around a quarter, despite 30 years of nationalist self-government and control of education and the media, and despite the departure of around 10% of the population because of ETA's violence, points out Francisco Llera, a (Socialist) political scientist in Bilbao.

ETA's political support is declining, though not vanishing. The PNV is split between a pro-independence wing led by Juan José Ibarretxe, the president of the regional government, and home-rulers in the party leadership. Mr Ibarretxe wants to hold a referendum on the right of Basques to self-determination. Mr Aurrekoetxea argues that ETA should not have a veto over whether Basques can peacefully express a view on the future.

The government, parliament and the courts have all blocked the referendum plan “because it is against the constitution”, says Mr Zapatero. “It would make ETA right in fighting on the basis that this is an oppressed people,” says José Antonio Pastor, a Basque Socialist. He and many other non-nationalist politicians and their families must live with round-the-clock bodyguards. In parts of the Basque country, in the tight rural valleys on the borders of Vizcaya and Guipúzcoa, non-nationalists cannot campaign freely. The Socialists hope to win a Basque regional election due in March. To improve their chances, they are following their Catalan peers in embracing cultural nationalism.

Buying off the Basque and Catalan nationalists with more money has become harder. The central government now accounts for just 18% of public spending; the regional governments spend 38%, the ayuntamientos (municipal councils) 13% and the social-security system the rest. But under the new Catalan autonomy statute more money has to be devolved. Over the next seven years Catalonia will have to be given a share of public investment equivalent to its weight in the Spanish economy, which will amount to an extra €5 billion a year. Previously Catalonia, although Spain's fourth-richest region, received less public spending per head than several others. It complains that its commuter trains, in particular, have been starved of funds.

The Basques have no such worries: each Basque province and Navarre collect their own taxes and hand over less than 10% to the central government in Madrid. But they benefit from central-government defence spending, and they are net recipients from the social-security system. As a result, public spending per person in the Basque country is the highest in Spain.

The new Catalan statute requires the government to strike a new regional financing deal, even though the one in 2001 was supposed to be final. But it is to the central government that Spaniards will look for unemployment benefits and for spending to alleviate recession. Local governments are likely to suffer budget cuts by 2010, if not next year.

The government's ability to carry out economic reforms is also compromised by decentralisation. As regional governments acquire more and more power to regulate, businesses face higher compliance costs. Now that the government employment service has been decentralised, José María Fidalgo, the general secretary of the Workers' Commissions, the largest trade-union federation, worries that jobseekers have to look at 17 different websites.

It would have been easier for all concerned if Spain had adopted federalism in 1978. That would have set clear rules and aligned responsibilities for taxing and spending. The Senate could have become a place where the regions were formally represented and could settle their differences, akin to Germany's Bundesrat. But the Catalan and Basque nationalists will only accept a confederation of several “nations”. The PP also opposes federalism.

In the meantime Spain must muddle on. “The great Spanish project is not in danger, but it's like a plant that requires constant tending,” says Narcís Serra, who used to be Mr González's vice-president and now runs Caixa Catalunya, a savings bank. “It's important that Catalonia is comfortable in the project.” The government in Madrid could make some gestures to the regions, such as moving some regulatory agencies or other national bodies out of the capital. And would it really be the end of Spain if the Basques, like the Welsh, had their own national football team?

Elsewhere in the country anti-nationalism is starting to stir. Mr Savater and Rosa Díez, a former Basque Socialist leader, have set up a new party of the radical centre called Union, Progress and Democracy (UPyD), in an effort to combine social liberalism with a defence of the idea of Spain. They hope to profit from the rising disillusion with both the main parties. Even though it lacked money and access to the media, it won 1.2% of the vote in the March election, the same as the PNV. But because the electoral system disproportionately rewards geographically concentrated votes, the UPyD secured only one deputy, Ms Díez, against the PNV's six. It hopes to do better in an election to the European Parliament next June, for which the whole country will count as a single constituency.


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Galicia bilingüe, en resumen
ADRIÁN FERNÁNDEZ MARTÍN La Opinión 6 Noviembre 2008

Tras la presentación ante la Administración por parte de Galicia Bilingüe de 2000 escritos solicitando que se reconozca a los niños el derecho a usar el castellano en la escuela, se han sucedido distintas valoraciones. Agradeciendo las positivas, toca contestar.

Primero están quienes ponen en nuestra boca lo que no decimos. No pretendemos desmentirlos, pues ellos se descalifican. Poner en boca de otros lo que no dicen no es una forma legítima de refutar, sino una indecencia moral. Los objetivos de GB son públicos: modificar la actual legislación de manera que se asegure que (a) todo ciudadano que elija dirigirse en gallego a la Administración (nacional o autonómica) será atendido en la lengua de su elección; (b) todo ciudadano que quiera escolarizar a sus hijos en gallego (con la salvedad de las lenguas) podrá hacerlo; y, (c) en el ámbito de la vida privada, todo ciudadano se expresará en la lengua que le venga en gana. Ahora, donde dice gallego, ponga también castellano.

En segundo lugar, la crítica que consiste en descalificar los objetivos de GB identificándolos con los "sectores máis reaccionarios da sociedade". En GB hay afiliados, simpatizantes o votantes de distintos partidos, aunque evidentemente sus principios no encajan con organizaciones que desprecian como reaccionarias las libertades individuales. No deja de ser curioso que esa acusación salga de entidades que orbitan en torno a un ideario de carácter étnico que sostiene como origen y fundamento de la legitimidad política la participación en una concreta identidad. Es delirante escuchar la palabra "reaccionario" a quienes creen que formamos una nación porque somos idénticos y no porque somos iguales en derechos.

Tiene, en cambio, más interés Mª Sol López Martínez, que sostiene como objetivo de su Secretaría la "igualdade real entre galego e o castelán". En principio difícilmente se podría objetar, de no ser porque dicha igualdad implica, como ocurre ahora en Galicia, la utilización de los ciudadanos (y de los niños) como medios al servicio de la lengua, y no como individuos racionales que toman sus decisiones respecto de qué lengua quieren usar. Desde GB nos parece fabulosa ésta preocupación por la igualdad, y así se lo manifestamos en la entrevista que concedió a nuestra plataforma, pero, como entonces, recordamos que la igualdad que interesa es la de los ciudadanos ante la ley, no la de las lenguas (que, por otro lado, es imposible).

En línea similar, a fin de cuentas el dinero sale del mismo sitio, leímos que "a lengua que está discriminada é a galega". Hablar de discriminación de la lengua es como hablar de derechos de las lenguas. El castellano no puede estar maltratado, ni discriminado. Lo mismo el gallego, pues las lenguas no tienen derechos. Discriminados estarán, en todo caso, los hablantes a los que se les impide el uso de una lengua oficial. Sin embargo, que una lengua sea menos hablada que otra, que los ciudadanos prefieran utilizarla en unos contextos y no en otros, no significa discriminación, del mismo modo que si una religión es menos practicada que otra, esto no autoriza a sus practicantes a denunciar discriminación. Considerar que la gente no haga lo que yo quiera como fuente de discriminación es una actitud autoritaria que confunde discriminación con libertad.

Hoy el 80% de la docencia se imparte en la lengua en que se imparte, al margen de los ciudadanos a los que no se pregunta; la Xunta maneja exclusivamente como lengua la que maneja y, entidades privadas ahítas de dinero público lo dedican a amedrentar a los ciudadanos exigiéndoles cambios lingüísticos. Cuando tú no puedes recibir los servicios de la Administración en la lengua oficial que eliges, ni puedes escolarizar a tus hijos en la lengua oficial que quisieras..., ¿cómo se llama eso?
No se pretende negar y condenamos, vaya por delante, la inexistencia de lesiones de derechos de quienes hablan gallego. Ahora bien: tales abusos no autorizan a negar derechos a otros, ni es idéntica la situación de quien teniendo un derecho reconocido le es lesionado, con la de quien ni siquiera tiene reconocido el derecho (a escolarizar a sus hijos en castellano). En un caso, cabe recurrir a la Administración y los Tribunales, en el segundo caso, ni eso.

Paralelos van los que arguyen que GB defiende el "dereito á ignorancia". Supondremos que la acusación es fruto de ésta y no de la mala fe. GB no defiende ningún derecho a la ignorancia de ninguna de las lenguas de Galicia, sino el derecho de elección. Las asignaturas de lengua y literatura (gallega y castellana) son ambas obligatorias y nadie, no al menos nosotros, las ha cuestionado. GB defiende un régimen lingüístico análogo al existente en todos los países de la UE con más de una lengua oficial, ninguno de los cuales es asimilable al gallego, pues todos parten del reconocimiento de la libertad de elección. Si el argumento, en cambio, pretende que sólo con una escolarización íntegra en gallego se alcanza la competencia necesaria, ¿no cabe dar la vuelta y argüir lo mismo respecto de una escolarización íntegra en castellano? A no ser que, por petición de principio, se dé por hecho que la escolarización en castellano en Galicia es inadmisible.

Finalmente, está la insinuación de excentricidad: 2000 solicitudes son poco más del 0,5% de la población escolar. Cierto. También que llevamos recogidas en Galicia más de 80.000 firmas en favor de nuestro manifiesto. Ni un caso, ni otro ponen nada en favor ni en contra de nuestras reivindicaciones. Por lo demás, ante un desprecio tan claro por parte de la población, ¿cómo no aprovechar la coyuntura y preguntar en la próxima matrícula a los padres en qué lengua oficial quieren escolarizar a sus hijos?

El reconocimiento de un derecho individual no se funda en el número de ciudadanos que lo van a ejercer, sino en la consideración de que existen aspectos de la vida del individuo que deben regularse según su soberana voluntad. Por volver al ejemplo, el ejercicio de una confesión no requiere, para su legitimidad, un número mínimo de fieles. Del mismo modo, el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo no requiere miles de contrayentes. Fue precisamente éste el argumento utilizado por, ¡caramba qué curioso!, los "sectores máis reaccionarios da sociedade", enemigos del reconocimiento de derechos individuales. Y es que, los derechos individuales son tremendos: sirven para que yo haga con mi vida lo que a mí me da la gana, y no lo que tú quieras.

Adrián Fernández Martín es profesor
de Filosofía en el IES Manuel Murguía

educación

Un estudio concluye que tres de cada cuatro colegios de Vigo incumplen el decreto del gallego

La universidad analizó si la mitad de las materias se dan en la lengua autóctona
Ángel Paniagua La Voz 6 Noviembre 2008

Apenas el 25% de los centros educativos de Vigo cumplen el decreto del gallego. El curso pasado fue el primero en el que se implantó la norma que obliga a los colegios e institutos a impartir al menos la mitad de la docencia en lengua gallega. El Área de Normalización Lingüística de la Universidade de Vigo realizó un primer sondeo aproximativo entre marzo y julio de este año y concluyó que tres de cada cuatro centros vigueses (hay unos 140) no cumplen con lo que establece el texto legal aprobado por el Parlamento gallego.

El incumplimiento del decreto hay que achacárselo más a la Consellería de Educación que a los centros o a los propios docentes, según explican en la Universidade de Vigo. La Xunta lanzó el decreto sin publicitarlo y sin dotarlo de medios materiales ni económicos. «Atopámonos con que hai moitos docentes que non saben de que vai», señalan. «Incluso hai profesores que pensan que se derogou porque houbo quen fixo escándalo do tema», añaden.

El Área de Normalización Lingüística imparte charlas a padres de Vigo, Ourense y Pontevedra sobre la lengua gallega y se ha encontrado con esas situaciones. Según ese departamento, hace falta mucha formación. El 90% de una clase es oral y hay muchos profesores que no tienen competencia lingüística suficiente como para impartirla. «E outros non se senten seguros falando o galego», señalan.

Pero todavía no hay datos oficiales para toda Galicia. Cuando se aprobó el decreto (en junio del 2007), Educación se comprometió a elaborar un informe que evaluara el grado de seguimiento del mismo. El pasado curso fue el primero en el que se implantó, teóricamente, el nuevo modelo educativo en todos los centros de Galicia. Se esperaba que a finales del año académico el departamento que dirige la socialista Laura Sánchez Piñón ya ofreciera cifras sobre el grado de implantación del decreto que había impulsado. Pero la Xunta sigue sin informar. De hecho, una portavoz oficial aseguró ayer a La Voz que Educación aún «está trabajando» en el informe. La consellería tampoco facilitó cifras al Área de Normalización Lingüística de la universidad viguesa para elaborar su informe. Lo hicieron preguntando directamente a docentes en una muestra significativa de los colegios.

Los privados están peor
Las primeras conclusiones son claras. Ningún centro concertado imparte la mitad de las asignaturas en gallego en todas las etapas educativas (infantil, primaria y secundaria). Ahora bien, los autores del trabajo reconocen que hay varios colegios concertados urbanos que están muy cerca de cumplir las exigencias del decreto, pero falla en la educación infantil.

Rural más «galegofalante»
La zona rural es, además, la que más está siguiendo las directrices legales. Desde la Universidade de Vigo llaman a educar a los niños gallegos en los dos idiomas oficiales de la comunidad autónoma. «É o mellor que lles podemos facer», afirman. Está demostrado, añaden, que los niños bilingües «son moito máis competentes e moito máis abertos».

Los libros de texto en castellano se venden el doble
Los técnicos de Normalización Lingüística de la Universidade de Vigo también contactaron con las principales editoriales de libros de texto. Muchas permiten comprar el mismo manual en gallego o en castellano, incluso en asignaturas que en principio se imparten solo en uno de esos dos idiomas. Sus conclusiones establecen que, al menos en el entorno de Vigo, la lengua española arrasa.

«Nin sequera na formalidade dos libros se cumpre o decreto», indican desde la universidad viguesa. En castellano se venden, en algunos casos, el doble de manuales que en gallego. En otros, la opción del español es tres veces superior.

Aunque una asignatura deba impartirse en un idioma u otro, en principio no es habitual que los profesores pongan impedimento a los escolares por acudir a clase con el libro de texto en la otra lengua. «Como apoio, o libro é válido incluso se o texto está en bielorruso», dicen en el Área de Normalización Lingüística. «Outra cousa é que o centro o permita», agregan.

Según este departamento, en varios cursos de centros privados hay el doble de libros en castellano que en gallego. Lo que también es común a centros concertados y públicos es la existencia de materias con libros en gallego que se imparten en español.


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