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Recortes de Prensa    Sábado 6 Diciembre 2008

Tres décadas de Constitución: lo que callan los del botafumeiro
Eduardo Arroyo elsemanaldigital 6 Diciembre 2008

Treinta años después, el texto que debía servir para corregir lo peor de nuestro pasado ha acabado sirviendo de base para justificar las peores atrocidades contra nuestra Nación. Tomen nota.

He escuchado decir en la televisión, creo que a Victoria Prego, con aire de beatitud budista, que el denominado "periodo constitucional" ha sido el de mayor "paz, prosperidad y concordia" de la Historia de España. La afirmación, dicha tras el asesinato de Uría, me suena a broma, pero no queda ahí la cosa. Oigo también a Santiago Carrillo -que, al revés que Sadam o Milosevic, ha escapado a un juicio justo- espetarle a Manuel Fraga que, mientras que las víctimas de "la República" han sido "enterrados cristianamente" y considerados "héroes", las "víctimas del franquismo" no han sido igualmente reconocidas. Todo esto, evidentemente, pertenece a los habituales y reiterativos fastos del "día de la constitución".

De ahí que, después de tan aleccionadoras experiencias, tuviera que ver la estampa de Esperanza Aguirre que, como si estuviera en la Speaker´s corner de Hyde Park, arengaba a unos niños también sobre el "dia de la constitución". Naturalmente, esos niños no entendían de lo que decía nuestra presidenta más de lo que entendían sus mayores. ¿Es que infantes y adultos carecen en España de inteligencia? Sin duda, no. Pero, sin embargo, no deja de ser sorprendente -mucho más sorprendente todavía ante el panorama general que se nos ofrece- que nadie analice estos últimos treinta años con un poco de sentido crítico. Muchos creemos que, como dice el refrán, "obras son amores y no buenas razones" o, dicho de otra manera, lo que importa son los datos crudos de la realidad que vivimos.

Resulta que en ese maravilloso período de "paz, prosperidad y concordia" existe un peligro real de secesión de amplios territorios del país. Las ansias secesionistas, lejos de venir de una demanda real del pueblo, proceden de la machacona propaganda de elites políticas que, a lo largo de los treinta años que celebramos, han inoculado un auténtico odio a España en varias generaciones que ahora ocupan ya puestos dirigentes. La estafa intelectual de los nacionalismos vasco, catalán y gallego ha adquirido patente de corso para imponer con los impuestos de todos una política lingüística que excluye a la lengua mayoritaria, todo gracias a un experimento que esencialmente nada tiene envidiar a la "ingeniería social" marxista, puesta en práctica por Stalin y Lenin. Al pie de esta locura florecen intentos imitadores parecidos en Andalucía, Cantabria y Asturias, cuyo análisis entra ya más de lleno en la psiquiatría clínica, pero que, adecuadamente cultivados con constitucional dejadez, auguran en un par de décadas un futuro que no es precisamente el de la "concordia".

Además, la banda de asesinos a la que un amplio sector de la clase política apoyó en el pasado, con la excusa de "combatir a la dictadura", sigue matando ahora en plena democracia y en las regiones vasca y navarra constituye el principal problema de orden público. No obstante, ese "problema" sobrevive hoy animado desde casi medio centenar de ayuntamientos que el brazo político de ese grupo terrorista gobierna porque el Gobierno Central fue lo suficientemente tibio en las últimas elecciones generales como para no impedir la comparecencia de quienes obtienen votos mediante el chantaje y la extorsión.

Desde el punto de vista laboral, nuestro país se parece cada vez más a una plantación bananera, en la que nunca comparece abiertamente el núcleo dirigente real, sino un grupo de capataces que se ocupan de que todo siga funcionando. Entre tanto los trabajadores pierden día a día sus derechos y, mientras los bancos reciben miles de millones aduciendo que carecen de liquidez para mantener su negocio prestatario, el dinero sigue sin llegar a la inmensa clase media, motor real de la economía verdadera. En respuesta a este verdadero robo con la complicidad de un partido supuestamente "obrero", la oposición sostiene que la solución está en practicar políticas de "austeridad", no sabemos si porque no entiende absolutamente nada o es por que espera lucrarse misteriosamente con el hundimiento definitivo del consumo. A causa de esta política de todo para los hiper-ricos y nada para los demás, las clases trabajadoras y empresariales que producen el bienestar real de la nación pierden uno a uno sus derechos y la precariedad es ya una norma terrible que todo el mundo tiene asumido.

Las diferencias entre las clases se abren más y más con la complicidad de los sindicatos y, como guinda del pastel, ya ni siquiera sabemos quienes somos: para acomodar la absurda ideología nacionalista se transige con la necedad de que solo somos un "estado" y se equiparan los delirios de Sabino Arana o de Antxo Quintana con la Historia de un país que durante dos siglos ha llevado sobre sus hombros la historia misma de Occidente. Al mismo tiempo, nuestro propio gobierno ha decidido que hay "naciones" dentro de una "nación" y que el patriotismo cohesionador de cualquier sociedad, en España, si existe, ha de ser por fuerza "constitucional", aduciendo para tan abracadabrante pase de magia la basura ideológica del marxismo de los años sesenta.

En lo internacional, nuestra soberanía se escapa a chorros de nuestro sistema de gobierno para ir a remansar en los odres de un organismo europeo al que nadie eligió pertenecer pero que nuestros políticos impusieron con la excusa de escapar de una supuesta marginación histórica harto discutible. Ese mismo organismo padece en una u otra escala las mismas taras que nuestro propio gobierno, con el agravante de que resulta más inescrutable a la crítica de nuestro pueblo. Ello no quita para que las garrapatas de Trichet sangren nuestros bolsillos y no se qué "comisario" arruine a nuestros agricultores.

Pero aún hay más. Nuestra juventud es la más especializada y la más ignorante de la historia. Figuramos a la cabeza de Europa en fracaso educativo y nuestros jóvenes conocen a Bustamante pero no al Gran Capitán o a Séneca. Y sin embargo nuestro gobierno pretende utilizar la fuerza coactiva del Estado para imponer un burdo refrito de la Escuela de Frankfurt, sin duda con el ánimo de parecerse lo más posible a la gerontocracia del bloque soviético y poder morir, si cabe, entre las prebendas de las que goza nuestra corrupta y archi-mediocre clase política. En caso de duda, siempre se puede echar la culpa al franquismo.

Con la contumacia de todo el espectro ideológico que, teóricamente, nos representa, nuestro país se está viendo anegado de millones de individuos inasimilables que exigen "derechos" -derechos que existen solo en su cabeza- pero que en realidad están destinados a servir de carne de cañón a un sistema económico cuyo único norte es el lucro de unos pocos. El fenómeno ocurre mientras una política natalista y abortista suicida ha eliminado ya antes de nacer a varios millones de españoles que, al revés que los inmigrantes, sí que demandarían los derechos legítimamente conquistados por sus padres. Pero entre tanta "prosperidad y concordia" nuestra clase dirigente -a izquierda y derecha- persevera en una senda cuyo negro fin contemplan, conscientes o no, una mayoría de españoles a los que solo cabe desazón por el futuro.

De momento todos pretenden hacer creer que no pasa nada y que así puede seguirse por tiempo indefinido. Están demasiado seguros de las tragaderas de la gente y del poder narcótico de un aparato de propaganda, tejido de ideología dominante, que cree poder narcotizar a los contraopinantes a base de Salsa rosa o Cuéntame. Por otro lado, toda una casta mediática, sometida al mismo poder que ha amaestrado a nuestros políticos, se encarga de decir qué es lo que hay que pensar y que es lo que resulta inadmisible incluso discutir. Cosas como la amenaza marroquí sobre las provincias del sur, la destrucción de nuestra industria por la deslocalización, la delincuencia disparada o el nihilismo moral que subyace a fenómenos sociales como la droga o la violencia doméstica, se escamotean en su verdadera dimensión del debate público.

No sé si entre la "Carta Magna" cuyo aniversario se dice celebrar y la situación de postración en la que nos encontramos existe una correlación totalmente fatalista, pero lo que sí tengo claro es que aquella constitución llegó para la mayoría del pueblo español con la esperanza de mejorar lo peor de nuestro pasado. Si a los españoles de 1978 les hubieran mostrado, como por arte de magia, el panorama general en el que estamos sumidos o tan solo una rueda de prensa de Magdalena Álvarez, no creo que aquella mañana de diciembre se hubieran siquiera levantado de la cama. Pese a tanto aire festivo, y por lo que a mí respecta, los hechos me dicen que no tenemos nada que celebrar.

Una Constitución de ida y vuelta
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 6 Diciembre 2008

QUE 7 de los 11 partidos representados en el Congreso no asistan a la conmemoración del trigésimo aniversario de nuestra Constitución demuestra la caída en picado de su prestigio. Para mayor escarnio, cinco de ellos -PNV, ERC, BNG, ICV y CC- están gobernando en sus respectivas comunidades gracias precisamente a dicha Constitución. Eso demuestra la lógica de nuestros gobernantes. Pero así andamos los españoles, treinta años después de darnos una Carta Magna con la que nos sentíamos felices, democráticos y modernos.

La Constitución de 1978 recibió el apodo de «la pactada» porque, a diferencia de las anteriores, no fue impuesta por unos españoles a otros, sino fruto del compromiso entre vencedores y vencidos de la guerra civil de pasar página y tolerarse mutuamente. Con lo que dimos una lección al mundo de transición de dictadura a democracia sin derramamiento de sangre.
Pero ese consenso se ha ido deteriorando a medida que los perdedores reclamaban más, y los ganadores, que eso no era lo pactado. La consecuencia es que, a estas alturas, nadie está contento con la Constitución y todos piden reformarla. Algunos incluso quieren reformarla por su cuenta, como Ibarretxe con su referéndum, y los catalanes, con su nuevo estatuto, Dos formas anticonstitucionales de reformar la Constitución. Con lo que la lección que ahora da al mundo es de cómo se corrompe la democracia.

¿Qué ha fallado? Pues lo fundamental: la buena fe. La Constitución del 78 era un compromiso entre las dos Españas de mirar, no al pasado, sino al futuro y de construir un Estado nuevo que, reconociendo la unidad de la nación, admitiera la pluralidad de sus regiones en el marco de un Estado de Autonomías. Pero los compromisos dependen de la buena voluntad de las partes, y los nacionalistas nunca se contentaron con la autonomía. Buscan la soberanía, de facto o de jure, y hacia ella encaminaron sus esfuerzos desde el principio. Una ley electoral que sobredimensiona su representación y unos partidos «nacionales» más interesados en gobernar que en el bien general del país han hecho a éste recorrer el camino inverso al previsto.

En vez de descentralizarse, ha creado 17 centros de poder. En vez de podar la burocracia, la ha multiplicado; en vez de agilizar los trámites, los ha complicado. Por no hablar ya de los costes, con todo el mundo tratando de vivir del presupuesto, central o autonómico. España, en fin, no se articula, sino que se desarticula sobre una Constitución que no goza de la confianza de los nacionalistas, que ven en ella un obstáculo para alcanzar su última meta, ni de los constitucionalistas, que ven en ella un riesgo para la unidad nacional. No un buen balance cuando cumple treinta años. Pero las constituciones no hacen a las naciones. Son las naciones quienes hacen buenas o malas las constituciones. O sea, la culpa no es de la Constitución. Es nuestra. Y, encima, la crisis económica. Ya dicen que las desgracias nunca vienen solas.

¿Hay que reformar la Constitución?
Los españoles van a enfrentarse a un futuro lleno de incertidumbres, empezando por la economía y terminando por la desmembración de la idea de nación sobre la que reposa la Constitución, a menos que mejoremos nuestra Ley de Leyes.
EDITORIAL Libertad Digital 6 Diciembre 2008

Cada aniversario de la Carta Magna sirve como efeméride para reflexionar sobre si el texto necesita de algún tipo de reforma que la "adapte" a los nuevos tiempos. Desde luego, nuestro texto constitucional dista mucho de ser perfecto, ya que al fin y al cabo fue fruto de un consenso entre falangistas y comunistas reconvertidos a demócratas; un clima de entendimiento que sólo fue posible gracias, según nuestra articulista Cristina Losada, a la voluntad generalizada de la sociedad por superar las viejas disputas del pasado.

Por este motivo, no es difícil encontrar artículos que chirríen desde un punto de vista liberal, hasta el punto de que, para Carlos Rodríguez Braun, la Constitución sólo posee una línea liberal: "Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia" (art. 33.1). Sin embargo, incluso la propiedad privada (base última de toda sociedad) ha sido violentada frecuentemente por una Administración que no se ha visto constreñida por nuestro sistema judicial. El caso Rumasa, tal y como recuerda Emilio J. González, consolidó un sistema económico basado en la connivencia entre el Gobierno y las agrupaciones empresariales y sindicales (muy al estilo del corporativismo fascista) que todavía perdura hoy con gravísimas consecuencias para nuestra prosperidad.

Pero esta continuada falta de respeto hacia la propiedad privada por parte de las Administraciones es sólo un síntoma de un problema más de fondo: la voladura de la separación de poderes por parte del Gobierno de Felipe González con la conquista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 1985, tal y como desarrolla Guillermo Dupuy.

Una falta de independencia judicial que se ha visto, además, reflejada en un sesgo favorable al desarme competencial de la Administración Central, gracias a una interpretación laxa de ese, en palabras de Juan Carlos Girauta, agujero negro que representa el Título VIII del texto constitucional. Por esta vía, el régimen de las autonomías se ha convertido en uno de los principales elementos de inestabilidad política e institucional, dado que, por mucho que la Carta Magna cumpla 30 años, la estructura del Estado está sometida, como denuncia Emilio Campmany, a un continuo cambio por parte de los caudillos regionales.

Ésas, precisamente, deberían ser las principales líneas de reforma a impulsar en los próximos años. Primero, garantizar la independencia de los jueces, ya sea permitiendo que el CGJP sea elegido por sus asociaciones o por cualquier otro mecanismo que los separe de los políticos; segundo, establecer de manera clara la división competencial entre la Administración central y las autonómicas e impedir la asunción de competencias por la vía de hecho a través de la recuperación de la figura del recurso previo de inconstitucionalidad; tercero, elevar a categoría constitucional parte de los preceptos de la Ley de Partidos para impedir que los terroristas utilicen la potestad estatal para sus propios fines; y cuarto, reelaborar el articulado económico para progresar hacia la liberalización, el abandono de ficticios "derechos sociales" y la protección íntegra de la propiedad privada.

Todas estas son reformas esenciales para nuestra sociedad, tanto desde un punto de vista institucional, como civil o económico. Los españoles van a enfrentarse a un futuro lleno de incertidumbres, empezando por la economía y terminando por la desmembración de la idea de nación sobre la que reposa la Constitución, a menos que mejoremos nuestra Ley de Leyes.

Sin embargo, el proceso de reforma puede convertirse en un arma de doble filo. Es cierto que la Constitución contiene mecanismos de reforma, pero precisamente por eso también los contiene para su propia destrucción. La prudencia apunta, como advierte Pío Moa, a defender el texto actual pese a sus notables deficiencias. Al fin y al cabo, ninguno de nuestros partidos políticos parece decidido a conducir la reforma por esos derroteros, de modo que abrir el melón constitucional bien podría llevar a una explosión incontrolada desde dentro.

De hecho, ¿cómo van el PP y el PSOE a defender la idea de España y la unidad y libertad del mercado si son los primeros en utilizar al nacionalismo para gobernar? De hecho, en el caso de los socialistas, incluso han decidido suplantarlos en las diversas regiones del país, cuestionando, de acuerdo con José García Domínguez, la unidad nacional. La reforma necesita de algo más que un brindis al Sol.
Por consiguiente, antes de reescribir algunos preceptos de la Carta Manga, se impone la necesidad de que muchos españoles, especialmente en las regiones más nacionalistas, se den cuenta del error que están cometiendo y exijan a sus políticos un cambio de dirección ideológica. Pero por desgracia no parece que ésta sea la tendencia hacia la que vayamos, por lo que las nefastas consecuencias de esta anestesia social las tendremos que descubrir en el futuro a golpe de crisis política y económica.

La Constitución en la ITV
Juan Carlos Escudier El Confidencial 6 Diciembre 2008

Con las celebraciones hay que tener cuidado porque empachan y el gentío tiende a creer que ya había brindado por lo mismo la semana anterior. Consecutivamente, hemos conmemorado el aniversario de la proclamación del Rey y el de la Transición, hemos vivido el cumpleaños del monarca y el de Adolfo Suárez, hemos recordado la legalización del PCE, hemos evocado la peluca de Carrillo, aunque no fuera de pelo natural, y se nos ha vuelto a hacer presente Victoria Prego, una voz del pasado que en estos eventos es más clásica que el NO-DO. En definitiva, nos sale el blanco y negro por las orejas

Toca este fin de semana el trigésimo aniversario de la Constitución, que nos parecería un déjà vu de lo anterior, si no fuera porque es en estos días cuando se abren las puertas del Congreso y el palacio se llena de personas que se preguntan por qué están tan vacíos los plenos con lo cómodos que son los escaños de sus señorías y lo bonita que es su piel de cabra. Pese a lo redondo de la fecha, los fastos de este año dejarán mucho que desear porque vienen con asesinato incluido –el del empresario Ignacio Uría a manos de ETA-, y porque los partidos minoritarios huyen como de la peste de los canapés de Bono, cuya idea de hacer leer la Carta Magna a una Oreja, aunque fuera la de Van Gogh, era en sí mismo una contradicción in terminis.

Desde luego es para celebrar que una Constitución nos haya durado 30 años, dada la tradicional aversión de nuestros espadones a leer textos articulados y su afición por los golpes de Estado, pero las desmedidas alabanzas que ha recibido por parte de los padres de la patria se contraponen con sus manifestados y reiterados deseos de modificarla. En esto, hay que reconocerlo, se parecen a los gobernados, que mayoritariamente son partidarios de su reforma aunque casi un 60% sólo ha tenido contacto directo con ella al renovar las estanterías. Los datos del último barómetro del CIS resultaban un tanto descorazonadores: preguntados los reformadores qué aspectos variarían, el 24,1% -el porcentaje más alto- se apuntaban al no sabe/no contesta. En resumen, hay que modificar lo que no se conoce aunque se ignora qué demonios es lo que hay que cambiar. Y luego hay quien se opone a Educación para la Ciudadanía.

A tenor de lo declarado por tirios y troyanos, la otrora impecable Constitución precisaría retoques desde su artículo 2, en el que se establece que la indisoluble unidad de la nación española. Eliminar la traba machista que impide el acceso de la mujer a la Corona, convertir al Senado en una cámara de representación territorial, incluir el nombre de las comunidades autónomas, revisar el concepto de solidaridad entre autonomías, recoger el proceso de integración europea, delimitar las competencias autonómicas, recuperando incluso algunas para la Administración central, reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad o eliminar la gracia que elimina la responsabilidad del Rey respecto a cualquier de sus actos, incluso los delictivos si los hubiere, son otros de los puntos que están en cuestión. En definitiva, que el texto era perfecto pero que, ya puestos, se debería cambiar de arriba abajo, si bien el desacuerdo sobre la dirección de dichos cambios es algo más que evidente.

El problema es que en lo que más se esmeraron los constituyentes fue en establecer un mecanismo de reforma que entra de lleno en aquello tan circense del más difícil todavía. Modificar el ya citado artículo 2 en línea con lo sugerido hace casi tres años por el Consejo de Estado e incluir que la Constitución “reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, constituidas en CCAA, así como la solidaridad entre todas ellas” requeriría el siguiente procedimiento: la aprobación de la modificación por una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado; la disolución de las Cortes; la ratificación de esta medida por otra mayoría de dos tercios de las nuevas Cámaras; y, finalmente, su sometimiento a referéndum. Esta es la razón por la que no se ha rectificado una coma del núcleo duro de la Carta Magna, tan intocable como la barba del vellido Cid.

Hace 30 años la Constitución fue el fruto de lo posible y hoy debería embridar una nueva realidad. Cuestión distinta es hasta dónde están dispuestos a llegar los dos grandes partidos para revitalizar la democracia y regenerar un sistema que está en vías aceleradas de fosilización. ¿Sería capaz un modelo federal de resolver los graves problemas territoriales que padecemos? ¿Ha de recibir un trato preferente la Iglesia católica? ¿Las burocracias de los partidos deben seguir controlando las listas electorales? ¿Debe el voto de un soriano tener tres veces más valor que el de un madrileño?

Respecto a este último apartado, posiblemente no haya nada más urgente que acometer una profunda revisión de la ley electoral, cuyas injusticia es palmaria respecto a las fuerzas minoritarias de implantación nacional. ¿Cómo puede entenderse que los 306.128 votos obtenidos en marzo de 2008 hayan servido al PNV para sentar a seis diputados en el Congreso y que los 969.946 de Izquierda Unida sólo se vean plasmados en dos representantes? La explicación de que dicho agravio se mantenga inalterable es, por desgracia, bastante simple: el sistema beneficia a socialistas y populares. Así las cosas, ¿para qué cambiar?

Quienes sacralizan la Constitución tienden a explicar que a ella y a la Monarquía le debemos las cotas de libertad alcanzadas en estas tres décadas, lo cual no deja de ser una mentira bien vestida. ¿Acaso podía plantearse transitar desde la dictadura franquista a algo que no fuera una democracia homologable en Europa? ¿Cabía volver al absolutismo? ¿Hubiera sido sostenible una nueva dictadura? Pues bien, el pacto de hace 30 años está fuera de garantía. ¿Para cuándo una ITV?

La Constitución es el mejor éxito colectivo del pueblo español basado en el consenso y el pacto
Treinta años de libertad y convivencia
Editorial La Razón 6 Diciembre 2008

La Constitución de 1978, de cuya aprobación en referéndum se cumplen hoy 30 años, es un capítulo excepcional en la turbulenta historia de España. Nunca antes un texto constitucional había sobrevivido tantos años a los vaivenes y reajustes de la sociedad; nunca antes se había ordenado con igual acierto la convivencia en paz y libertad; nunca antes, en suma, el edificio institucional del Estado, coronado por la Monarquía parlamentaria, había respondido fielmente a los designios de la soberanía popular. Fruto de todo ello son tres décadas de progreso, bienestar y libertad sin parangón. Ésta es la historia de un éxito colectivo del pueblo español que no sólo logró el milagro de la reconciliación, sino que también permitió que España recobrara el prestigio y un lugar preferente en el concierto internacional.

RENUNCIAS MUTUAS.
Nada de todo cuanto se ha logrado habría sido posible sin la decidida voluntad ciudadana de pasar página a medio siglo de divisiones fratricidas, de construir el futuro sin vencedores ni vencidos y de reconciliar las dos Españas en un proyecto común de convivencia. Las fuerzas políticas, sociales y sindicales supieron catalizar ese espíritu de concordia y en aras del consenso sacrificaron sus legítimos intereses particulares. La izquierda renunció a sus utopías marxistas y la derecha sacrificó los privilegios acumulados tras la Guerra Civil. Unos y otros apostaron por la reforma y renunciaron a la revancha, unieron sus fuerzas para cambiar la historia y, tras una transición política que suscitó la admiración del mundo, alumbraron la mejor de las leyes probables.

Nada más legítimo, por tanto, que los españoles celebren hoy su trigésimo aniversario. Pese a la profunda crisis económica que zarandea el país, la ciudadanía encuentra un sólido punto de anclaje en nuestro ordenamiento legal, que sigue emanando el espíritu de concordia originario.

Es verdad, sin embargo, que la España de hoy es diferente a la de 1978 y que se aprecian síntomas de fatiga en los materiales del edificio constitucional. También han surgido muestras preocupantes de involución, protagonizadas por la izquierda radical, que ponen en tela de juicio la validez del pacto. Varias de las iniciativas del Gobierno socialista parecen ir en esa dirección, como revolver la memoria histórica con el propósito de utilizarla como arma política arrojadiza o desestabilizar las relaciones Iglesia-Estado al convertir la neutralidad religiosa en laicismo radical.

POR LA PUERTA DE ATRÁS.
Pero la más grave de las iniciativas ha sido la intentona, aún no abortada por el Tribunal Constitucional, de modificar la Constitución por la puerta de atrás de los estatutos de autonomía. La mayor crisis a la que se ha enfrentado el pacto constitucional en estos 30 años es, sin duda, la del nuevo Estatut catalán, que de ser aprobado en sus puntos más radicales, supondría no sólo la primera reforma encubierta de la Constitución, sino también la última en la medida en que desaparecería junto con el Estado autonómico que consagra.

No cabe duda alguna de que esta reforma estatutaria que los dirigentes socialistas pactaron con los nacionalistas ha significado la primera ruptura grave del consenso constitucional. Tal vez haya llegado el momento de abordar la gran reforma. Algunos de sus artículos han quedado obsoletos o han sido superados por la dinámica social, como la discriminación de la mujer en la sucesión al Trono o la adaptación a la legislación europea.

La almendra, sin embargo, de la reforma, apoyada por el 52,7% de los españoles según la última encuesta del CIS, afecta directamente al modelo de Estado. Con enorme generosidad, los padres de la Constitución sobrevaloraron el peso de los nacionalismos, a los que concedieron grandes ventajas en materia electoral, institucional y organizativa. Creyeron que al saldar de ese modo una deuda con las comunidades históricas, las relaciones discurrirían con mutua lealtad institucional y constitucional. No ha sido así. Los partidos nacionalistas no han aceptado lealmente la configuración del Estado, al que han sometido y someten a chantaje constante. No han renunciado a su voladura porque su objetivo final es la independencia. De todo ello hay pruebas sobradas en estos 30 años. Por eso, si el Estado surgido en 1978 aspira a sobrevivir, deberá afrontar una reforma de la ley electoral, del Senado y de su modelo territorial que ponga fin a la escalada del nacionalismo desleal y disgregador. Eso sí, es condición necesaria e insalvable que las reformas se hagan con el consenso de los dos grandes partidos nacionales, que representan a la inmensa mayoría del pueblo español, titular de la soberanía nacional.

30 años de la Constitución
Redacción Minuto Digital 6 Diciembre 2008

Cuando celebramos el Día de la Constitución, indudablemente se impone no solo brindar el apoyo preciso a la vigencia de la carta magna como marco de convivencia de todos los españoles sin excepción unidos en la empresa común que es nuestra patria. Se impone también una reflexión sobre la necesidad de corregir la interpretación que se ha dado a todo el titulo VIII de la misma y a la falta de desarrollo de ciertos aspectos previstos precisamente para armonizar el estado de las autonomías.

Aunque nos repitamos, siempre insistiremos en el gran acierto que la constitución supuso en cuanto a la proclamación de toda una serie de derechos fundamentales de la persona frente a la amenaza de la arbitrariedad, siempre presente en el poder.

Pero si la gran aportación a la historia de España de la Constitución de 1978, fue ese catálogo de derechos y libertades iguales para todos, su gran fracaso, sin duda, se descubre en la organización territorial del estado. El estado de las autonomías se ha demostrado como incapaz de terminar con aquella lacra para cuyo remedio fue pensado. El diseño autonómico, además de una descentralización administrativa, consagró una descentralización política e incluso legislativa.

Si la primera fórmula puede ser beneficiosa para gestión de determinados servicios, que se acercan más a las necesidades sobre el terreno de los ciudadanos, la segunda se ha revelado como una ingente maquinaria burocrática, que ha ido engordando en competencias a cada CC.AA. y que se ha traducido en desigualdad, descoordinación y dilapidación de recursos públicos, por no hablar de poder neo-caciquil que caracteriza determinadas administraciones autónomas. Si a esto añadimos el uso torticero y desleal que de los poderes autonómicos se ha hecho en Vascongadas y Cataluña, para fomentar el separatismo político, social y cultural, nos encontramos con que, no solo el problema no se ha resuelto, sino que se ha agravado.

La desaforada transferencia de competencias a las autonomías ha ido más allá de lo recomendable, vaciando al estado de funciones esenciales para garantizar la igualdad entre todos los españoles sin que a la par se desarrollasen los mecanismos, que también prevé la constitución, para armonizar el desarrollo autonómico. Competencias, por ejemplo, sobre educación o sanidad nunca deberían haberse transferido. Una cosa en la descentralización administrativa que deje a la iniciativa regional o local la decisión de cómo usar los recursos (donde instalar un instituto o un hospital) y otra muy diferente dejar a esa iniciativa local fijar los contenidos de esos servicios, que deberían ser iguales para todos los españoles con independencia de su lugar de residencia.

El resultado es un régimen descompensado, debido a esa interpretación extrema del articulado en materia de transferencia de competencias, interpretación que convenía a todos los políticos porque así conseguían manejar más recursos, más dinero y más poder, mientras no se hacía absolutamente nada en materia armonizadora.

Se impone pues una doble tarea para corregir este error en el rumbo de nuestra Constitución. Por una lado, la promulgación de una Ley Orgánica de Armonización Autonómica que garantice que el desarrollo legislativo de cada autonomía nunca va a implicar una desigualdad, en ningún tipo de materia o competencia transferida, para los españoles, ya sean receptores de servicios o los funcionarios públicos que los prestan. Y por otro lado el cierre definitivo del estado de las autonomías, que acabe de una vez con las peligrosos ansias de poder de la clase política local. Hoy en España no son necesarios nuevos estatutos de autonomía ni más competencias para las CC.AA., ya tienen demasiadas. Hoy España precisa de la armonización de esas competencias y del desarrollo del poder municipal, pues mientras se han creado 17 monstruos burocráticos, se ha olvidado la verdadera última etapa de la descentralización administrativa, que son los municipios. España no necesita de más política autonómica. España precisa de más política estatal que conexione de nuevo a todos en torno a la idea de patria y de más política municipal que permita mayores cuotas de desarrollo y bienestar ciudadano.

Contra la reforma
IGNACIO CAMACHO ABC 6 Diciembre 2008

CADA vez que la Constitución cumple un aniversario se reproduce el debate sobre la conveniencia -algunos dicen necesidad- de reformarla. En España, país de odios convulsos y amores turbulentos, últimamente muy dado a la efebocracia, se empieza a considerar trasnochada cualquier cosa que tenga treinta años. La gente se cansa pronto de su ropa, de sus casas, de sus coches y hasta de sus parejas, y ha dado en la moda de cambiar rápido, de modo que es comprensible que cause hartazgo una Constitución de tres décadas a la que muchos ya han comenzado a encontrarle desgarros en las costuras. Pero no hay que haber leído a Ignacio de Loyola para saber que en tiempos de crisis conviene ser prudente en las mudanzas.

Para reformar una Constitución no basta con el impulso alegre de encontrarle defectos que sin duda acumula con el paso del tiempo; hace falta disponer también del clima político y social necesario para volver posible un acuerdo. Los padres constituyentes del 78 cometieron errores de previsión, si puede llamarse así a la buena voluntad de creer que las autonomías no iban a desbordarse, y plasmaron algunos conceptos que el desarrollo de la sociedad acaso haya dejado obsoletos. Pero aquella Carta fue producto de un impulso colectivo lleno de entusiasmo por construir un marco común de convivencia, y de una conexión fundamental entre los anhelos del pueblo y la sensibilidad de la clase política. Sobre todo, hubo un consenso general que permitió cesiones de unos y de otros a cambio de sacar adelante unas reglas básicas de juego democrático. Nada de eso existe hoy en una España sectarizada y dividida por el banderismo, en la que el exterminio del adversario parece haberse constituido en la principal prioridad política, y en la que hay ciudadanos que ni siquiera comparten ya el concepto básico de nación de iguales.

La misma división de opiniones sobre la posibilidad de una enmienda constitucional sería suficiente para bloquearla. Pero además ha habido intentos subrepticios de hacer reformas de tapadillo, a través de los estatutos autonómicos, que han tensado los límites del ordenamiento jurídico y provocado un serio conflicto en el modelo territorial. La política de confrontación ideológica ha evaporado cualquier posibilidad de acuerdo de mínimos, y los temerarios juegos de experimentalismo propios de aprendices de brujos han reducido el apoyo a las cuestiones básicas de Estado que generaron el pacto de la Transición.

Por todo ello parece aconsejable posponer cualquier tentación aventurerista. Las grietas del tiempo en el edificio constitucional quizá puedan apuntalarse -y con cuidado- con reformas orgánicas, como la ley electoral, sin tocar la estructura, y si no, más vale cohabitar en una casa común algo envejecida que tratar de mudarse a otra en la que quizá quepa menos gente. Entre otras cosas, porque no hay crédito político ni civil para suscribir esa peligrosa hipoteca. Lo más urgente es esperar; una sentencia que, por cierto, también es hija de aquel tiempo en que la ilusión democrática hizo de la prudencia una norma de conducta.

La Carta Mínima
TOMÁS CUESTA ABC 6 Diciembre 2008

PUESTO que la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero, hay que reconocer, con verdadero desaliento, que la Constitución que muchos conmemoran, no pocos vilipendian y a la gran mayoría se la trae al fresco, no es más que atrezo y cartón piedra, papel mojado y letra muerta. Aquella Carta Magna que pretendió expulsar la sombra de Caín del escenario de la convivencia, se ha convertido en una carta mínima que juegan a su antojo tahúres sin escrúpulos y ventajistas sin vergüenza. En cualquier caso, tal día como hoy, hace tres décadas, los ciudadanos españoles le otorgaron un crédito al futuro y liquidaron la hipoteca que lastraba el pretérito. Era una apuesta por el interés común realizada de común acuerdo. Increíble... ¿pero cierto? No estaban los tiempos para dudas metódicas, sino para quemar etapas hasta la siguiente hoguera. Por lo demás, la melopea de entusiasmo abolió los recelos y andar pisando huevos resultaba una ofensa. Tan sólo los franquistas enquistados -a dieta de optimismo luego de media vida a Régimen- sostenían que firmar cheques en blanco nos llevaba derechos al agujero negro. ¡Lástima que nadie precisara que nos llevaba izquierdos! El humor, aún siendo amostazado, se agradece siempre.

Echando la vista atrás -sin ira, por supuesto-, los trabajos de Hércules fueron grano de anís frente al esfuerzo que entrañaba, en este corral de cuernos, suscribir un contrato con tirios y troyanos, montescos y capuletos. No consta, sin embargo, que los que antaño articularon nuestra Ley de Leyes tuviesen la precaución de encomendar su empeño a San Judas Tadeo, patrono de las empresas imposibles, espejo de prudencia y guía de pacientes. Vistieron, pues, al santo democrático como mejor supieron y como mejor pudieron. El resto es otra historia y la automoribundia que ahora padecemos no cabe endosársela en su cuenta. Es evidente que, en el 78, había que hacer de la necesidad virtud y la necesidad, entonces, se llamaba consenso.

Exorcizar los fantasmas familiares, airear los almarios tras una cerrazón siniestra, vaciar la sentina del rencor y no pasar al cobro el pagaré de las ofensas... Con esos materiales -parafraseando al señor Shakespeare- se construyen los sueños. Las pesadillas posteriores hay que ponerlas en el debe de una casta política que confunde, a sabiendas, usura e intereses.

La Constitución respondía a la necesidad imperiosa de disponer de un techo. De un tinglado jurídico en el que resguardarse del albur de la intemperie. La casona, en principio, cumplió su cometido con solvencia. Aguantó sin desmayos la embestida del vendaval cazurro de Tejero. Y el mundo se hizo lenguas de una España modélica y capaz de amigar a los opuestos. O sea, que, en líneas generales, parecía un refugio bien parido, cabal y duradero. Después, si se le echaba una ojeada desprovista de urgencias, salían a la luz sus puntos débiles. ¿No era una ligereza irresponsable que el edificio tuviese tantas puertas? ¿Acaso era sensato no colocar barreras al instinto lobuno que, en nombre del rebaño, vacía la despensa? «Abuelita, abuelita, qué dientes tan grandes tienes...». Pasados treinta años, la fábula que alumbró la Transición transita por esos derroteros. ¿Quién es el responsable del gigantesco gatuperio? ¿Los gobernados o los que nos gobiernan? Ambos, indistintamente.

Puesto que la verdad es la verdad (etcétera, etcétera), digamos la verdad sin que nos duelan prendas. A la ciudadanía en general, la Carta Magna le produce sopor, amén de indiferencia. De la misma manera que hay timos que equiparan la catadura de la víctima con la del delincuente, el despotismo nace del pasotismo de un cuerpo social desfibrado e inerte. Y si la carta es mínima, papel mojado y letra muerta, es que hemos consentido en que así sea. Nos acordamos de que existe por la palabrería de los medios y porque, en definitiva, a nadie le amarga un puente. Eso sin abundar en la desternillante coincidencia de que, precisamente quienes presumen de taurófobos en el destartalado ruedo ibérico, hayan instituido la Fiesta Nacional de saltarse la Constitución a la torera. Los que, burla, burlando, se llevan la taquilla y bordan la faena detrás del burladero. Lindo chiste, en efecto.

Una Constitución para el siglo XXI
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO ABC 6 Diciembre 2008

Conmemoramos el trigésimo aniversario de la Constitución de 1978. Nuestro gran pacto político de convivencia nacional. «La Nación española -afirma su Preámbulo- deseando establecer la justicia... (se da) la siguiente Constitución». Una celebración que debe atender dos diferentes perspectivas temporales de forma simultánea y complementaria. Una primera, que mira al pasado. Otra segunda, que lo hace al futuro. De no ser así, corremos dos peligros ciertos: bien brindar un juicio excesivamente edulcorado de sus indiscutidos logros y bondades, bien realizar un enjuiciamiento injustamente crítico y frustrante sobre su vigencia actual y sus perspectivas de eficacia futura.

En lo atinente al pasado, la Carta Magna es la primera de nuestra Constituciones modernas. Una Constitución de todos y para todos los españoles, que ponía término a un constitucionalismo convulso, quebrantado y en ocasiones cainita. Una Constitución que, como expresión de consenso, representaba las más variadas ideologías -liberal, demócrata cristina y socialdemócrata- frente al constitucionalismo anterior de bandería, grupo y facción.

Una Constitución que, como Constitución normativa -según la clasificación de Loewenstein- acomodaba sus normas a la situación política del país: es como un traje que sienta bien. Una Constitución que no sólo fijaba la ordenación de la coexistencia social y política, sino que se configuraba como una norma jurídica aplicable. Y no una disposición cualquiera, sino la preeminente y superior norma normorum -en expresión kelseniana-, la norma en que se asienta la validez del ordenamiento jurídico.

Una Constitución que satisfacía el mandato del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789: «Toda sociedad en la que no se reconocen los derechos fundamentales, ni el principio de separación de poderes carece de Constitución». Esto es, una Constitución que insufla un régimen constitucional, una Constitución erigida sobre el principal valor ciudadano: la libertad. Una Constitución que sabía dar respuesta -con las fallas de cualquier obra humana- a las cuestiones que habían imposibilitado nuestra convivencia civil: la sumisión del poder militar al poder civil; la forma de Estado, hoy articulada sobre una Monarquía parlamentaria -cuyo titular desplegó un papel fundamental en el desmantelamiento de las estructuras franquistas y en el impulso, llamado con razón «el motor del cambio», de la Transición-; la aconfesionalidad del Estado con el paralelo respeto a la faceta religiosa de la persona; la compatibilidad entre el derecho a la educación, competencia irrenunciable del Estado, y la libertad religiosa, es decir, el derecho de los padres a escoger la formación más conveniente para sus hijos; y una intensa descentralización, el Estado de las Autonomías, que no es meramente regional, pero tampoco estructuralmente federal, aunque su grado de descentralización no sea menor.

Aunque, afirmado ello, no podemos dejar de referir las insatisfacciones del momento actual, vislumbrables incluso respecto de su futuro. Algunas, de naturaleza constitucional. Otras, de carácter político. Unas insuficiencias que requieren de inequívocas decisiones de redefinición y de corrección del sistema.

Este sería nuestro Decálogo.
Primero: reforzar la cohesión del modelo, excesivamente centrado en el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, y cicatero, por el contrario, con los principios de unidad y solidaridad interterritorial. Lo que implica el reforzamiento de los elementos centrípetos: somos diferentes, sí, pero no desiguales.

Segundo: respetar los dictados de la ley y las resoluciones judiciales, muy zarandeadas, a vergonzante conveniencia, por algunos poderes públicos.

Tercero: preservar los derechos y libertades fundamentales -por lo demás consolidados- como una categoría de todos los españoles, sin modulaciones, en cada una de las partes del territorio nacional. Su reconocimiento debe seguir plasmándose en la Constitución y no, como se pretende hoy, en los Estatutos de Autonomía.

Cuarto: restringir la intromisión de los partidos políticos, que han asaltado los órganos del Estado -hay que reestructurar la limitación y organizar eficazmente el poder político- a través de un perverso sistema de cuotas. De seguir esta senda, desprestigiáremos las instituciones para hundirnos en el abismo de la partitocracia.

Quinto: Acentuar las políticas de coordinación y cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Sexto: Insistir en las políticas de Estado (educación, política internacional, terrorismo, etc.).

Séptimo: Impulsar la lealtad y el sentimiento constitucional, entendidos como el afecto que se pone en el cuidado de la mejor expresión de la Res publica: su Constitución.

Octavo: fortalecer el Parlamento poniendo coto a un hipertrofiado presidencialismo.

Noveno: potenciar la olvidada Administración local.

Décimo: hacer, en la línea de la Constitución de Cádiz, pedagogía constitucional. A la que hay que acercarse -reclamaba el clásico- con manos temblorosas.

Junto a ello, la propia caracterización de toda Constitución nos obliga, y en nuestro caso, especialmente, dado su carácter abierto, sin atropellada urgencia, pero sin posposición indefinida, a su reforma. Se trata de hallar un equilibrio entre el mantenimiento de sus principios y valores básicos -que siguen vigentes- y su revisión para acomodarse a las nuevas necesidades, si no queremos que se convierta en texto fosilizado, en letra devaluada, o lo que es peor, que la vida política se encauce al margen de la misma. Las generaciones futuras -como reseñaban Jefferson y Rousseau, o ya la Constitución francesa de 1793- tienen derecho a establecer sus propias reglas de convivencia-.

Unas reformas jeffersonianas que seguramente recaerán -tras el compromiso del presidente del Gobierno- en la constitucionalización de las actuales Comunidades Autónomas, en el proceso de construcción europea, en la eliminación de la discriminación por razón de sexo, en igualdad de grado, en la sucesión a la Jefatura del Estado, y del Senado, para transformarlo en auténtica Cámara de representación territorial. Las dos primeras no despiertan ninguna problemática, mientras que la que afecta a la sucesión, siendo indispensable -nadie duda de que Doña Leonor no verá pospuesto su derecho a suceder-, no hay premura, pues ya tenemos un Heredero de la Corona: el Príncipe de Asturias.

En cambio, la atinente al Senado, sobre todo en su modo de elección, es la de mayor calado, pues afecta a la representatividad de cada fuerza política en la Cámara Alta. A ellas se podrían añadir, no obstante, otras pertinentes modificaciones: la eliminación de los artículos del Título VIII -dedicados al transitorio proceso de iniciativa autonómica- y el establecimiento de una mayoría cualificada para la reforma de los Estatutos de Autonomía -que impida lo sucedido con el Estatuto de Cataluña-.

Para incorporar también un recurso previo de inconstitucionalidad en el caso de los Estatutos, aunque para ello podría ser suficiente, sin tocar la Constitución, cambiar la Ley del Tribunal Constitucional. Ahora bien, las mentadas reformas parten de una doble dificultad: la intangibilidad sobrevenida de la Constitución -aunque explicable tras tanto desencuentro pasado- y la rigidez del procedimiento de revisión (Título X CE). Estos son los retos, treinta años después, de las generaciones constituyentes de hoy, que reclaman, comprensiblemente, su papel de actores principales y vivos en la historia contemporánea española.

Por más que la verdadera reforma pendiente es la de cierre del modelo territorial. No pueden soportarse indefinidamente las tensiones de sus elementos centrífugos. Hemos de poner término a la descentralización indefinida y a la transferencia de las cada vez más residuales e inanes competencias estatales. Una revisión que debería llevar aparejada -aunque lo veo poco factible-, la recuperación de las competencias del Estado en educación, una materia donde no existe una transmisión de conocimientos comunes, se distorsiona la historia -la memoria real- y se ha renunciado al ejercicio de toda inspección. Un enorme error que habría que subsanar.

Y qué les voy a decir de la prosecución del castellano. A todo lo adelantado habría que incluir, aunque tampoco la veo sencilla, otra previa reforma, no de la Constitución, pero sí de máxima relevancia: la de la Ley Electoral, que resitúe la representación real de los partidos nacionales y nacionalistas en el Congreso. El Senado sería, por contra, tras su revisión, el lugar preferente de cabida de las Autonomías.

La reforma constitucional entendida, en suma, como la mejor defensa de la Constitución y de su perdurabilidad, toda vez que hemos sufrido además una espúrea revisión constitucional tácita a través de unos Estatutos de Autonomía que ha pospuesto y reducido su ámbito material. Una reforma prudente -no se trata de hacer una nueva Constitución- y que requerirá -imposible poder repetir el de 1978- de mayoritario concierto. Una modificación que debe seguir una tramitación parlamentaria conjunta de sus distintas revisiones, instada en dos Legislaturas y de una final aprobación en referéndum nacional. Una reforma, no obstante, que no creo arranque en la actualidad. Se requiere de otro clima social, político y hasta económico. Entre tanto, las cosas, a pesar de las dificultades, no están tan mal. Ni los cimientos se hunden, ni España se resquebraja. En nuestras manos está mejorar el presente, mientras llega el momento...

Política mediocre y en declive
Editorial ABC 6 Diciembre 2008

LA crisis actual está desvelando, como es notorio, las fragilidades del sistema financiero y económico, pero también está tomando las medidas a la calidad de la clase política española. Medidas muy cortas, por desgracia. Es cierto que el nivel de los dirigentes, estén en el gobierno o en la oposición, no evita las crisis. Sin embargo, una sólida estructura de líderes y responsables permite reducir sus efectos o acortar su duración. Incluso aunque no consiga lo uno ni lo otro, logra reforzar el ánimo de la sociedad e inspirar confianza en medio de sacrificios y penurias.

Lamentablemente, los ciudadanos españoles carecen en este momento de recursos de semejante naturaleza. En su lugar, la actividad política se ha convertido en una sucesión de ocurrencias de imagen, propaganda y demagogia, propiciadas en buena medida porque la política nacional no está sometida a controles exigentes por parte de la opinión pública, ni los propios partidos políticos se sienten concernidos por un criterio selectivo basado en la capacidad y el prestigio.

Un repaso a los últimos meses de información demuestra que las principales noticias generadas por la política han tenido que ver, sobre todo, con el derroche de dinero público en gastos inadmisibles, con declaraciones que avergonzarían a quien tuviera un mínimo sentido del ridículo, con exhibiciones de zafiedad insultante hacia millones de votantes de otros partidos.

Pero nadie, absolutamente nadie ha dimitido. No sólo no hay dimisión, sino que sus protagonistas, en vez de asumir que su cargo político le viene prestado y no es un bien patrimonial, se revuelven contra quienes, asumiendo el papel que les corresponde en un estado democrático, les piden cuentas. Así es como la chulería se convierte en la respuesta de quien debería haber abandonado su puesto con la máxima humildad y discreción.

Pero también así es como la clase dirigente se convierte impunemente en ejemplo de conductas antisociales, pretendiendo en algunos casos sangrantes asumir, con sobredosis de hipocresía, el liderazgo moral de la sociedad haciendo llamamientos contra la crispación y a favor de la tolerancia.

Las tragaderas de la democracia española son cada día mayores y suficientes para que llamar «tontos de los cojones» a diez millones y medio de votantes sea poco más que un chascarrillo de un simpático alcalde. O que banalizar el riesgo de muerte corrido por la presidenta de la Comunidad de Madrid sea un agudo análisis y no una infamia. O que invertir cientos de miles de euros de dinero público en coches oficiales o despachos no sea una malversación sino parte del plan de lucha contra la crisis.

Nada se salva de la mediocridad, ni lo más doloroso. La violencia de género campa a sus anchas, pero treinta y tres años después de su muerte, la culpa es del régimen de Franco, según una ministra del Gobierno, y no del fracaso de la ley integral contra la violencia sobre la mujer, o de la falta de medios de administraciones, juzgados y policías o de la demagogia sobre esta tragedia continua que espanta a la sociedad.

De la misma manera que nuestra economía no tenía hechuras para jugar en la «liga de campeones» -y a saber dónde acabará jugando con previsiones del 15 por ciento de desempleo-, la crisis ha descubierto la desnudez de la política española, que carece de un proyecto bien ideado para España, con propuestas estratégicas en todos los frentes que andan ahora sobre el alambre, y no sólo el de economía.

También están en el aire el del modelo territorial, la solidaridad nacional, el futuro de la educación, la seguridad ciudadana, la reforma universitaria, el sistema judicial, los valores sociales -aborto y eutanasia- o la nueva inmigración desempleada que se está formando a pasos agigantados. Lamentablemente, demasiados políticos se están afanando en demostrarnos cada día que no dan el nivel y que en el treinta aniversario de la Constitución no hay sobre la mesa una agenda de proyectos políticos de fondo para España.

Portada de El Mundo
Los efectos relajantes del Tute
A los excarlistones burgueses del PNV parece no importarles que el proyecto político de los radicales vascos sea la creación de una república marxista-leninista. Ante todo la autodeterminación. Después ya se verá.
Pablo Molina Libertad Digital 6 Diciembre 2008

Con su amigo en el suelo, la cabeza reventada de dos disparos y los servicios médicos realizándole un último masaje cardíaco, la partida se reanudó y la conversación volvió a los temas habituales: el tiempo y la racha del Athletic y la Real en la liga. Como siempre, a pesar de que los pistoleros asesinaron a su amigo a plena luz del día y a las puertas de un restaurante concurrido, nadie vio nada, ni las caras de los asesinos, ni la matrícula del coche en que huyeron. Nada. Todos estaban demasiado concentrados en la mano de cartas, actitud habitual cuando se oyen disparos y un amigo cae reventado a unos pocos metros de distancia. La fotografía que mostró el periódico El Mundo al día siguiente del asesinato es la perfecta radiografía de una sociedad que lleva cuarenta años jugando al tute, mientras una parte de sus vecinos va siendo asesinada meticulosamente en un ambiente de impunidad moral, que es mucho peor que la de tipo legal.

Y si alguien organiza una protesta, las ursulinas del nacionalismo llamado –vaya usted a saber por qué– democrático elaboran un documento lo suficientemente ambiguo para poder dar cabida a los argumentos de quienes dan por buena la situación, siempre que los que caigan sean "los otros". Porque no hay agallas para denunciar directamente a la ETA sin incluir oscuras referencias a la existencia de un conflicto que conviene resolver por procedimientos políticos, como si después de casi mil seres humanos asesinados a sangre fría, civiles, mujeres y niños incluidos, no hubiera quedado suficientemente claro cuál es el objetivo político de los terroristas.

Siempre la equidistancia. Como la del amigo de la víctima que al día siguiente llamó en directo a un programa de Telemadrid para decir que los de la ETA son criminales, pero Franco también (¿?) y acusar de franquista a una de las periodistas presentes en la tertulia. Esa fue la reflexión que le sugirió el cuerpo de su amigo ensangrentado por los disparos no precisamente de Franco. A esta gente les molesta la presencia de ETA, pero también la de la Guardia Civil y otras "fuerzas represoras" del Estado español. Quieren que desaparezca el terrorismo, una vez recogida la cosecha de nueces ensangrentadas, pero a cambio de hacer realidad su delirio de una Euskal Herría independiente que jamás existió. A los excarlistones burgueses del PNV parece no importarles que el proyecto político de los radicales vascos, los que empuñan las pistolas a riesgo de pasar veinte años en la cárcel, sea la creación de una república marxista-leninista. Ante todo la autodeterminación. Después ya se verá.

Con su actitud corren el riesgo de que el proceso se invierta y que un día el resto de España decida autodeterminarse de una región cuya mayoría de habitantes, por acción u omisión, apoya el proyecto soberanista de Ibarreche y Otegui. Ya han obligado a exiliarse a casi el veinte por ciento de la población, así que cada vez irá siendo más fácil tomar una decisión histórica como esa, que colmaría los deseos de los que, cuando un vecino cae reventado de un disparo a unos metros de distancia, sufren una ceguera y sordera temporales que les impide denunciar al autor.
A lo peor llega el día en que, por mayoría aplastante, el resto de España se autodetermina de "los vascos y vascas", para que disfruten de su nueva realidad nacional dirigida por pistoleros sin escrúpulos bajo los principios del marxismo-leninismo más ortodoxo. Y a seguir jugando al Tute.

¿Es posible el "bilingüismo armónico" en Galicia?
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 6 Diciembre 2008

Hablar de "bilingüismo armónico" y cosas por el estilo queda muy bien, pero la realidad es mucho más compleja y no se presta a semejantes optimismos e ingenuidades. Yo, que no soy filólogo, lingüista, ni nada por el estilo, hablando desde mi perspectiva de ciudadano de a pie, distinguiría tres tipos de bilingüismo: A) El bilingüismo individual (Pedro es bilingüe). B) El bilingüismo social o regional (Galicia es bilingüe). C) El bilingüismo educativo (La enseñanza pública es bilingüe).

He aquí dos definiciones sobre las dos primeras variantes del bilingüismo: 1ª) El bilingüismo individual es la capacidad de una persona para utilizar indistintamente dos lenguas. Para Weinreich (1953): "La práctica de utilizar dos lenguas de forma alternativa se denominará bilingüismo y las personas implicadas bilingües". 2ª) Una sociedad bilingüe es aquella en la que existe más de un idioma. Para Van Overbeke (1972): “El bilingüismo es la condición en la cual dos idiomas existentes conviven en un mismo país y cada uno es hablado por un grupo nacional que represente una proporción considerable de la población”.

Tal y como están las cosas -y teniendo en cuenta el proceso de radicalización lingüística de los grandes partidos políticos, las instituciones públicas y las grandes empresas de banca y servicios-, el bilingüismo individual me parece una posibilidad cada vez más lejana, pues hablar una lengua u otra, en Galicia, no supone un simple cambio de registro idiomático, sino toda una concepción de la nación, del Estado, del entendimiento con otros hablantes de la misma lengua y, sobre todo, de los derechos y libertades individuales.

Por ello me atrevo a predecir que cada vez habrá más personas monolingües en gallego y en español que acaben formando dos bloques intercomunicados (me suena a algo eso de "bloque"), porque cada uno tendrá una capacidad de comprensión mínima de la lengua del otro, pero cada vez estarán más distanciados social, política y culturalmente.

Hay muchos vientos que soplan en contra del bilingüismo individual: Los movimientos migratorios son cada vez más intensos y masivos y, a partir de ello, es inevitable la formación de sociedades multiculturales, la exigencia del respeto a la propia lengua tanto por parte de quienes llegan como de quienes les acogen, la politización de las lenguas particulares (impropiamente llamadas "lenguas propias") que dividen a la población en buenos y malos en función de su idioma habitual (el himno gallego lo dice bien claro: "los buenos y generosos" hablan gallego y "los imbéciles y oscuros" hablan español), etcétera.

Esta división entre buenos y malos, como en las películas de antes, es independiente de la valía profesional, la capacidad emprendedora o el nivel ético de las personas. Un gallegohablante será siempre "bueno y generoso" y un hispanohablante, "imbécil y oscuro", aunque se trate de un excelente cirujano, un buen empresario capaz de crear riqueza y puestos de trabajo o un ciudadano honrado que pague sus impuestos religiosamente, sea un buen padre o madre de familia y en carretera respete los límites de velocidad y todas las señales de tráfico, incluidos los "stops".

Por último, la posibilidad de que exista un bilingüismo educativo depende directamente de la honradez política y la voluntad democrática de nuestros dirigentes a la hora de diseñar modelos educativos capaces de respetar y hacer compatibles la libertad de idioma de padres y alumnos y, a la vez, de garantizar la competencia mínima en cualquiera de los dos idiomas hablados por la población gallega de modo que la intercomunicación siempre sea posible a pesar de la división en bloques lingüísticos diferentes que a mí, si las cosas no cambian mucho, me parece inevitable.

La tarea no es fácil. Si antes de nacer me hubiesen dado a elegir, hubiera preferido nacer en una comunidad monolingüe. Pero esa posibilidad de elección prenatal es, de momento, pura ciencia-ficción.

Un nuevo pacto antiterrorista
El guión
Ahora hay que aplicar el modelo catalán en el País Vasco. Lo que el Partido Socialista tiene que asimilar aquí es todavía más fuerte que en Cataluña, pero el objetivo es el mismo. En vez de los militantes de Terra Lliure, los del entorno etarra.
José María Marco Libertad Digital 6 Diciembre 2008

El País ha reprochado a Rosa Díez que sólo ella se haya salido del guión de la condena al terrorismo para pedir la disolución de los ayuntamientos en los que gobierna ANV. Los demás, como también decía El País, "cerraron filas" y se limitaron, como estaba previsto, a mostrar su repulsa. Luego el Gobierno ha indicado que va a tomar medidas para desalojar a ANV de los consistorios. ¿Habrá cambiado el guión? Y además, ¿en qué consiste éste, quién ha participado en su preparación y quién lo ha redactado?

El dichoso guión, en cualquier caso, incluye una estrategia socialista para el País Vasco. Y ésta se basa en el éxito conseguido por el PSC-PSOE en Cataluña. Aquí el Partido Socialista ha conseguido convertir en satélites a los nacionalistas radicales, que dependen de él para su supervivencia institucional. Ha conseguido así una posición hegemónica, que le permite tener a raya a su principal adversario, que es el nacionalismo llamado moderado, y al mismo tiempo reducir a adversario testimonial al Partido Popular.

Ahora hay que aplicar el modelo catalán en el País Vasco. Lo que el Partido Socialista tiene que asimilar aquí es todavía más fuerte que en Cataluña, pero el objetivo es el mismo. En vez de los militantes de Terra Lliure, los del entorno etarra, y en vez de los votantes soberanistas catalanes, los independentistas vascos.

Los nacionalistas llamados moderados han visto bien el peligro de una acción que puede marginarlos durante años del poder. EA se ha ofrecido a ANV, y Arzalluz, con su peculiar arte para resumir una situación política, señala que hay que aguantar, es decir apretar los dientes y tomar valium. En otras palabras, a pesar de la provocación de la ETA con el asesinato de Ignacio Uría, la unanimidad nacionalista no debe ser puesta en cuestión. Los nacionalistas vascos han de resistir ante la ofensiva de seducción desplegada por los socialistas.

Tras el último crimen, los socialistas habrán visto corroborada su estrategia. La respuesta de la ETA al castigo al que la está sometiendo el Ejecutivo socialista ha sido el intento de dinamitar el campo nacionalista. Eso abre muchas perspectivas, incluida la posibilidad de apretar las tuercas a ANV y mostrar ante la opinión pública una renovada intransigencia. Por ahora, no parece que el Congreso vaya a revocar la autorización para negociar con los terroristas. La ETA habrá abierto un poco más la brecha por donde terminar de demoler la unidad nacionalista.

El guión no ha cambiado todavía. Queda una segunda parte. Esta estrategia, en la que el PSOE acabaría con el nacionalismo terrorista negociando con él, debe de llevar incorporada una propuesta al Partido Popular. Es posible que esté fraguando un nuevo pacto, al estilo del antiguo contra el terrorismo, en el que el principal enemigo sea el PNV. Uno de los grandes problemas de este plan es que requiere que los partidos nacionales hagan suyo buena parte de los postulados de los nacionalistas. El PSOE ya lo ha hecho.

El silencio, cobarde y culpable, de los corderos
Federico Quevedo El Confidencial 6 Diciembre 2008

Recuerdo que hace unos años, cuando vivía en el País Vasco, en el piso inferior al nuestro habitaba una familia con la que teníamos una relación bastante fluida. Eran del PNV, algo normal allí. Lo que ya no era tan normal es que cada vez que la pandilla de canallas asesinaba a un militar, guardia civil o policía nacional, descorcharan una botella de cava o champagne para celebrarlo. Y eso que, insisto, no formaban parte de lo que nosotros entendemos por nacionalismo radical o izquierda abertzale. Es decir, no eran de Herri Batasuna, es más, los despreciaban. Me vino a la memoria este recuerdo cuando el jueves, unas horas después del asesinato del empresario Ignacio Uría, militante del PNV, un periódico nacional llevaba en su portada una foto tremenda, si me apuran -y ruego que nadie malinterprete estas palabras-, casi más tremenda que el asesinato en sí en la medida que supone un reflejo casi insultante de la miseria moral en la que está instalada aquella sociedad: la foto de los amigos de Uría jugando al tute solo un par de horas después de que su compañero de partida cayera muerto bajo las balas de los asesinos de ETA.

Les pido un ejercicio de situación: supongo que muchos de ustedes comparten alguna afición con amigos suyos, cartas, deportes, arte, espectáculos… Imaginen, simplemente, que un par de horas antes de ir a jugar una partida de mus o un partido de fútbol dominical, les avisan de que uno de los que iban a acudir a ese acontecimiento amistoso ha fallecido, ya no digo víctima de una muerte violenta, sino simplemente por una enfermedad repentina. Lo normal, lo que cabe en cualquier cabeza, es la inmediata suspensión de esa convocatoria. Es más, estoy seguro de que si a Ignacio Uría se lo hubiera llevado un infarto de miocardio, sus amigos habrían aplazado la partida. Ellos dicen que lo hicieron porque es lo que hubiera querido Uría, que todo siguiera igual, pero lo cierto es que su comportamiento tiene mucho que ver con esas palabras terribles que pronunciaba a la salida de la capilla ardiente Xabier Arzalluz -un Xabier Arzalluz para el que las víctimas tienen distinto pelaje según militen o no en el PNV: Uría era “uno de los nuestros”-, cuando afirmaba que frente a ETA lo que cabía era “aguantar”. En el fondo, lo que estaba pidiendo Arzalluz era condescendencia.

Y es que, por desgracia, esa es la actitud que impera en una buena parte del País Vasco, y entre una parte muy importante y mayoritaria de la sociedad: la condescendencia, el acomodamiento. La vasca es una sociedad anestesiada por el nacionalismo hasta el punto de que han perdido cualquier vestigio de libertad que pudieran tener. Es una sociedad silente, que ha entregado a los salvajes todo resquicio de dignidad. No hay ni una miga de moralidad en su comportamiento. Se encuentra voluntariamente secuestrada por un nacionalismo que actúa con una impune voluntad de exclusión de todo aquello que no sea fiel a la letra del soberanismo. Es decir, fascismo puro y duro. Unos emplean las pistolas, y otros simplemente dejan hacer, porque en el fondo siguen compartiendo objetivos y fines. Aquellos vecinos que celebraban con cava los asesinatos, eran igual de radicales que esos otros de los que renegaban. Son tal para cual, y la prueba de ello es que de sus palabras, de sus supuestas condenas, lo que cabe extraer es un mensaje de más nacionalismo y de exigencia al Gobierno central para que se les deje hacer. Con una mano condenan, pero con la otra le dan de comer a ETA.

Lo que hemos visto en las horas siguientes a este atentado, lo que hemos ido conociendo -como la dueña del restaurante llama a la mujer de Uría y le dice, textualmente, “a tu marido le ha pasado algo”, como si que a uno le maten fuera algo normal, o como los que iban con él aseguran haber escuchado un ruido “como de petardos, y al darnos la vuelta ahí estaba, tirado en el suelo”-, ocurre siempre en el País Vasco. Es la reacción normal de una sociedad absolutamente enferma, completamente tomada por el cáncer nacionalista, solo que esta vez se nos ha hecho muy patente, y ha aportado una dosis mayor de dramatismo a la muerte de Uría. Pero no debe sorprendernos, aunque sí preocuparnos, porque por desgracia esa reacción, propia de sociedades sometidas a la dictadura de la muerte -como ocurre en la Sicilia de la mafia y la camorra-, forma parte de la normalidad en el País Vasco. Algunos, decía Arzalluz, sienten miedo, “mejor que se vayan”. Que miseria moral tan grande.

Pero si el nacionalismo tiene una responsabilidad indudable en este estado de cosas, en el abandono de esa sociedad, no menos tiene el socialismo gobernante cuando, llevado por un inmoral cálculo electoral, ha permitido que la marca política de ETA esté presente en los ayuntamientos y, con nuestros impuestos, se financie de fondos públicos: dinero de nuestros bolsillos empleado para la factura del mal. Pero si fue inmoral el cálculo electoral de la pasada legislatura, no lo es menos el de ahora cuando el Gobierno, consciente de que a las puertas de una elecciones en el País Vasco la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV puede restarle votos al PSE provenientes del nacionalismo, decide tomarse un tiempo prudente a la espera de que pasen esas elecciones con el fin de, por un lado, confiar en que el asunto se enfríe y nadie se acuerde o, en caso contrario, retrasar la decisión hasta el momento en el que no pueda perjudicar sus intereses. Para ello se ampara en la necesidad de una supuesta reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, pero esa necesidad es falsa, puesto que la Ley ya se reformó en 2003 precisamente para poder disolver los ayuntamientos en situaciones como la que nos ocupa. De hecho, tal reforma permitió la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Es una cuestión de voluntad política, y el Gobierno solo se mueve por intereses electorales cortoplacistas.

De tonto a tonto
Alfonso USSÍA La Razón 6 Diciembre 200

Días atrás, la sutil escritora Almudena Grandes, que es también la mujer de un poeta oficial, se permitió la licencia de reírse de las religiosas torturadas y asesinadas durante la República y Guerra Civil. En su mismo periódico un escritor de verdad, Muñoz Molina, puso en su sitio a la hedionda plumilla. Y pocos días después de celebrarse las últimas elecciones, la encantadora y chispeante Maruja Torres, llamó «hijos de puta» a los diez millones de españoles que votaron al Partido Popular. Una chica muy demócrata y respetuosa con las opciones políticas que no coinciden con la suya.

Ahora se ha montado un tiberio porque otro socialista ejemplar, el alcalde de Getafe, Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios, ha calificado a todos los que votan a la derecha de «tontos de los cojones». Lo ha dicho, según él, en tono simpático, cercano y coloquial, y su partido político defiende su simpatía, cercanía y gracejo en el coloquio. Me figuro que votar a la derecha significa hacerlo por el Partido Popular, de cuyo significado deduzco que para el señor alcalde de Getafe, también yo soy un tonto de los cojones.

Y me siento abatido. Pero creo que ya he perdonado su falta de consideración con mi persona. Hay un muerto asesinado en Azpeitia por la ETA y esa circunstancia me preocupa más.

Con el Gobierno de Zapatero se ha alcanzado la cifra de tres millones de parados, y ese dato me preocupa más.

Ese mismo Gobierno no parece decidido a disolver, mediante las leyes, los ayuntamientos gobernados por la ETA, y esa vacilación me preocupa más.

De igual forma, nada deseo menos que el mal ajeno, y al alcalde de Getafe, cuando se amansen los enfados justificados de unos y las defensas injustificables de otros, se le puede estropear su limitada pero larga carrera política, y hasta esa posibilidad me preocupa más. Un individuo que llama «tontos de los cojones» a la mitad de los ciudadanos representados por los ayuntamientos que él preside no se me antoja moralmente capacitado para mantenerse en su cargo. Y su cese, o dimisión inducida, puede resultar desagradable e hiriente para su familia, y como la familia no tiene la culpa de nada, esa opción también me preocupa más.

Por mi parte, y lo repito, el señor Castro puede considerarse completamente perdonado, y no le exijo que me envíe un tarjetón disculpándose de su puño y letra porque tendría que hacerlo con diez millones de españoles más, y el esfuerzo sería ímprobo e inhumano. Acepto y admito su sentido del lenguaje coloquial, siempre que el señor alcalde de Getafe acepte y admita el mío. Estamos en el mismo bando, señor alcalde, y nada más contraproducente que regodearse en riñas y debates entre dos personas que pertenecen al mismo ámbito, que no es el ideológico, sino el mental. Tanto usted como yo estamos en el bando de los tontos, y entre los tontos hay que mantener las formas y pulir los prudentes respetos. Un par de tontos enemistados procuran un espectáculo deplorable. Y no transcurrimos por una situación propicia para nublarla aún más. Entre los tontos hay muchas subespecies, como bien sabe el señor Castro. Y los tontos de los cojones siempre nos hemos llevado muy bien con los tontos del culo.

Admitamos la verdad sobre Euskadi
Andrés Aberasturi Periodista Digital 6 Diciembre 2008

Podemos elucubrar sobre una partida de mus, asegurar, otra vez, que la democracia va a ganar al terrorismo, enzarzarnos sobre la salud moral de la sociedad vasca o guardar un minuto de silencio por la última víctima. Podemos -y seguramente debemos- hacer todo eso y mucho más; pero a punto de comenzar el 2009, cuando la Constitución cumple 30 años y todos andamos preocupados por la crisis económica, lo único cierto es que ETA sigue ahí, apretando el gatillo, dejando sobre las aceras de pueblos y ciudades un reguero de sangre.

Podemos hablar del pan y de los peces y discutir muy profundamente sobre la salud moral del pueblo vasco. Pero hay cosas que nos son discutibles, que son hechos objetivos y están ahí y conviene sacar de vez en cuando a luz, poner sobre la mesa y reconocer, fríamente, que en 7234 kilómetros cuadrados del estado español, la democracia en toda su grandeza es hoy por hoy sólo una palabra, una liturgia formal, un sistema pero no una vivencia.

Y las cifras son las que son y los hechos resultan tercos y evidentes. Según Mikel Buesa, 378.700 vascos han tenido que abandonar su tierra "asfixiados por la falta de libertad" o amenazados por ETA. La cifra puede ser discutible pero no la realidad de que, a lo largo de las tres últimas décadas, miles de vascos se han visto obligados a exiliarse. Y cuando eso ocurre en una sociedad, es que la democracia carece de contenidos.

El mismísimo lehendakari Ibarretxe afirmaba hace unos días algo que no es sino el reconocimiento de la anormalidad democrática: "ser empresario en esta país (vasco) es desarrollar una tarea de valientes". La frase resulta absolutamente demoledora y es toda una declaración de un desorden social impropio de una democracia.

Cuando un cuñado de Uría no pudo reprimir el dolor por el asesinato del empresario, simpatizantes de ANV le increparon en plena calle: "nosotros también hemos sufrido y seguimos sufriendo" y le exigieron que "dejase de montar el numerito". Por cierto: el cuñado de Uria decidió no dar su nombre a los medios de comunicación.

Si a todo esto añadimos lo que tantas veces han repetido algunos -solo algunos- como que en Euskadi llevan escolta los demócratas y ellos son los que están en peligro, como que en muchos pueblos resulta recomendable no mantener conversaciones cercanas a la política, como que no es bueno comprar ciertos periódicos etc. hace falta ser muy generoso para no darse cuenta de que en esos 7.234 kilómetros cuadrados, la democracia no ha llegado a instalarse más que formalmente. Con tales antecedentes ningún foro internacional admitiría esa sociedad como realmente democrática.

Obviamos esa realidad demasiadas veces porque me parece injusto -y yo soy el primero en negarlo- hablar de una "sociedad enferma". Pero que al menos reconozcan los que defiende esa falsa normalidad que algo no funciona en Euskadi. Ninguna sociedad es culpable o inocente de nada; en la mayor parte de los casos suele ser la víctima de una minoría de fanáticos. Pero sea como fuere, se quieran ver las cosas desde un punto de vista o desde otro, lo cierto que es que hay un déficit de democracia evidente, que falta libertad y que el miedo sigue estando presente. Quizás a partir de ese reconocimiento, de esa aceptación, se pueda hacer un diagnóstico que estreche más el campo de actuación de quienes son los únicos enemigos de la libertad.

«El Gobierno vasco no se implica de verdad en la lucha contra ETA»
Ricardo Benedí / Empresario vasco
Carmen Morodo La Razón 6 Diciembre 2008

MADRID- Lleva más de tres décadas trabajando en el País Vasco como empresario. Es de Bilbao, está amenazado por ETA, y sorprende su estilo directo y su claridad a la hora de hablar de aquello sobre lo que la mayoría aún hoy sigue callando. «Hay demasiado miedo», mantiene.

-Tras el asesinato de Ignacio Uría Ibarretxe hizo un gesto de apoyo a los empresarios vascos. ¿Usted se siente protegido por el Gobierno de Ibarretxe?
-No, me siento protegido por mis escoltas. Yo no siento cerca al Gobierno vasco. Como empresario, participo en sus programas y he recibido ayudas por mis iniciativas empresariales. Pero en materia de seguridad no le he sentido nunca a mi lado.

-¿Cuestiona entonces su política antiterrorista?
-Si el Gobierno vasco se propusiera de verdad terminar con ETA, se conseguiría en muy poco tiempo. Pero ese propósito no existe porque comparten los mismos objetivos políticos y porque prima la idea de que los de ETA son vascos, descarriados, pero vascos. Los nacionalistas democráticos condenan los asesinatos, claro, pero no se implican de una manera decidida y comprometida en la lucha contra la banda terrorista. ETA sigue haciéndoles el trabajo sucio.

-Después de la reacción de Ibarretxe ante este último asesinato hay quien ha dicho que parece que hay muertos de primera y de segunda. ¿Le parece justa esa afirmación?
-Sí. Ni siquiera los vascos somos todos iguales. Están los buenos vascos, los nacionalistas; y los malos, los no nacionalistas. Aquí estamos divididos en dos colectivos y te tratan en función de si perteneces a uno o a otro.

-¿Ha sido víctima alguna vez del impuesto revolucionario?
-He recibido cuatro cartas de ETA, la última en diciembre de 2006. Nunca he pagado ni lo haré. No lo haría ni aunque me dijesen «danos uno euro y nunca más te volveremos a chantajear».

-¿Lo normal es que no se pague?
-No. Pagan muchos, pero nadie lo dice porque es un delito.

-¿Y en el círculo de máxima confianza hablan entre ustedes de la presión de ETA?
-No, jamás. Quizás con un amigo muy íntimo... Pero no es lo normal. Lo habitual es que los empresarios, como el resto de la sociedad, miremos para otro lado y hagamos como que no pasa nada.

-¿Cómo se puede explicar que la última víctima de ETA no llevara escolta, pese a trabajar para un proyecto como el de la «Y» vasca amenazado por los terroristas?
-Simplemente se confió. Es fácil que te ocurra, de hecho les sucede a muchos. Ignacio Uría era un hombre de 71 años, respetado y querido en su pueblo. En Azpeitia todos se conocen y él se sentía y se comportaba como uno más. Nunca pensó que ETA le iba a elegir como víctima ni que los de su pueblo próximos a ETA le traicionarían e informarían de que era una víctima fácil.

-¿Hay muchos empresarios con escolta?
-No. Algunos no la llevan porque consideran que no están amenazados. Otro, porque pagan. Y otros porque aunque hayan sido amenazados, como la cosa no ha pasado aún a mayores prefieren hacer como que no sucede nada.

-¿En las reuniones de la patronal vasca se abordan las dificultades que les ocasiona el problema de la violencia?
-No. Todo el mundo evita hablar de esto porque puede perjudicar a sus negocios. Una buena parte de la cúpula de la patronal vasca está controlada por el nacionalismo vasco. Y los que no son nacionalistas actúan de manera inteligente, se mantienen en sus puestos sin evidenciar su condición de no nacionalista. Al menos de esa manera conseguimos evitar que ellos copen todos los puestos de dirección y responsabilidad en la patronal.

-Desde fuera de la política, ¿cómo se ve el hecho de que ANV siga en los ayuntamientos?
-Como si te metieras con el coche en una autopista por dirección prohibida. ¿Cómo podemos permitir que los filoetarras sigan en las instituciones si es verdad que queremos acabar con el terrorismo? Uno acaba por no creerse ya nada de lo que dicen los políticos. Hace poco nos prometían que iban a sacar a todos los de ANV de los ayuntamientos con mociones de censura, y aquello se quedó en nada. Pasará lo mismo con lo que ahora nos prometen. Tiempo al tiempo.

-Habla de los políticos en general. ¿Reparte también por igual responsabilidades?
-Hombre, no. Cada uno que asuma la suya. Los nacionalistas son los que tienen más responsabilidad en que no hayamos ya acabado con ETA. Pero los socialistas vascos tampoco han tenido ni tienen un comportamiento ejemplar.

-¿Y el PP? ¿Cómo ve que haya firmado un pacto antiterrorista con el Gobierno que no incluía de partida el compromiso de desalojar a ANV de las instituciones?
-El PP es hoy como un café descafeinado. Parece que Rajoy se ha creído eso de que es el crispador de la vida política y se ha acomplejado. El PP ha cambiado, pero cuidado con jugar con fuego porque pueden encontrarse con una fuga de votos al partido de Rosa Diez o con que la gente prefiera quedarse en su casa antes de ir a votarles. Mientras, enfrente hay un Gobierno que es el rey de la propaganda. Suspendo al señor Rajoy, pero le doy mejor nota que al señor Zapatero, que es un demagogo que no dice nunca la verdad.

-¿Diría que el miedo sigue condicionando a la sociedad vasca?
-Sí, y lo acabamos de ver en Azpeitia. Quienes conocían a la víctima, quienes jugaban con él a las cartas, han comentado que era un señor muy bueno y que no se merecía eso. Pero no se les ha oído decir que hay que acabar con ETA. ¿Cómo no va a tener miedo la gente? ¡Y más en el Goierri guipuzcoano! Tiene miedo de que la maten o, simplemente, de que señalen su negocio con una diana. Hay mucha presión social. ETA no son sólo los comandos.

-Pero dicen que ETA está en su momento más débil y que su entorno social también está muy acorralado.
-Son unos ciento cincuenta mil. Pocos frente a los más de dos millones de vascos, pero suficientes para amedrentar. Hay bastantes pueblos, además, en los que están en mayoría.

-¿La sociedad vasca está enferma?
-Sí.

-¿Y cómo se cura?
-La verdad es que tiene muy difícil arreglo. Hay que obligar al PNV a renunciar a la demagogia y exigirle un comportamiento democrático de verdad. Hay muchas otras cosas que cambiar, pero quizás una de las fundamentales es reformar el sistema educativo. En la escuela pública vasca y en la mayoría de las ikastolas, públicas y privadas, se está enseñando a los niños a odiar a los españoles que viven al sur de Vitoria. Y si ésa es la semilla que plantamos, ¿qué vamos a esperar de esas generaciones?

-Resulta difícil de entender por qué no son más los que acaban abandonando el País Vasco. ¿A usted qué le ata?
-La dignidad me impide rendirme. Soy vasco y no me quiero desarraigar. Soy una persona libre y mi mujer y mis hijos también. Ésta es nuestra tierra y tenemos derecho a vivir en ella. Quienes no tienen derecho a vivir aquí son los que matan y los que extorsionan.

-¿Tiene amigos nacionalistas?
-Tenía, ahora ya no. Creo que su comportamiento no es moralmente aceptable. Con el paso de los años se ha agrandado la fractura que divide a nacionalistas y no nacionalistas. La verdad es que todo es bastante triste.

-¿Confía en que al final verá el final de ETA?
-Con ETA se puede terminar. Podríamos hacerlo el año que viene. Basta con que pongamos en su sitio al PNV, quiera o no quiera, y con que sigamos insistiendo en la vía policial, dentro del máximo respeto a la ley. Son doscientos malnacidos, con muy poca cultura, con poco nivel intelectual y sin moral. ¿Qué pueden significar doscientos contra un país que tiene 44 millones de habitantes?

-Entiendo que no cree en un final dialogado de la violencia.
-ETA no se va a disolver jamás como consecuencia de una negociación. Rodríguez Zapatero debe haber aprendido ya la lección de que la única posibilidad de acabar con el terrorismo es yendo de la mano del señor Rajoy y con toda la fuerza del Estado de Derecho. Ojalá me equivoque, pero me temo que el PSOE ya está pensando en hacer de nuevo de las suyas. España es una democracia, mal gestionada en estos momentos, pero una democracia, y vencerá al terror.


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