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Recortes de Prensa    Domingo 7 Diciembre 2008

Todo vale contra España
Para los socialistas todo vale con tal de mantenerse en el poder. Para los nacionalistas también. A día de hoy España sigue encabezando la factura de los separatistas al PSOE. Nadie debería olvidarlo.
EDITORIAL Libertad Digital 7 Diciembre 2008

Al desprecio con que los nacionalistas tratan los actos que cada año se celebran en el Congreso de los Diputados para conmemorar la Constitución, el ayuntamiento de Barcelona ha añadido en esta ocasión su propia afirmación anti-española acosando a un grupo de afiliados al PP que repartían ejemplares de la Carta Magna en la Plaza de Cataluña. Esta situación, más propia de un país bajo un Gobierno autoritario que de un Estado de Derecho, demuestra que la ofensiva de los separatistas contra España no se ha visto en absoluto afectada por la crisis económica.

Tal y como demuestran las últimas declaraciones racistas y xenófobas del ex presidente de la Generalidad y de Joan Puigcercós a propósito de los latinoamericanos (presión asfixiante para Cataluña, según Pujol) y en general de todos los inmigrantes (el presidente de ERC opina que los derechos políticos deben depender del conocimiento del catalán), las dificultades por las que pasa la economía nacional están siendo usadas por algunos para recrudecer su retórica excluyente.

Lo que en cualquier otro país europeo sería condenado como un ejercicio de nacional-populismo o neofascismo, es tristemente ocultado en España por la mayoría de medios de comunicación afines a la izquierda en virtud de esa peculiar e hipócrita doble barra de medir la incorrección política dependiendo del emisor del discurso, y no de su contenido.

Que la celebración de la democracia y la reivindicación de la igualdad de derechos sea considerada un problema de orden público por algunas autoridades catalanas coloca a esta región de España en una situación de excepcionalidad en el ámbito de las naciones democráticas. Debemos reiterar que sólo la exigencia de cambios políticos por parte de la ciudadanía puede frenar la deriva autoritaria de los nacionalistas, asistidos y apoyados por los socialistas, más preocupado por insultar a sus adversarios que por poner coto a los desmanes del PSC. Por cierto, la cabeza de lista de este partido por Barcelona en las últimas elecciones generales, la actual ministra de Defensa Carmen Chacón, se ausentó de las celebraciones oficiales del sábado con la excusa de unas vacaciones familiares.

En cuanto al País Vasco, la apuesta de Eusko Alkartasuna por cortejar el voto proetarra en las próximas elecciones vascas, que de nuevo se celebrarán bajo la amenaza de los terroristas y la pasividad de los nacionalistas, demuestra que la mejor hipótesis para explicar la persistencia en esa región de un grupo armado nacional-bolchevique es la que relaciona sus actividades delictivas con los beneficios obtenidos por la oligarquía formada por buena parte de los militantes de los partidos nacionalistas mal llamados "moderados".

En este estado de cosas, propuestas como la de UPyD y las últimas declaraciones de Mariano Rajoy, quien coincide con Rosa Díez en propugnar reformas legales a favor de la nación española, los derechos individuales y la igualdad de los españoles, son la respuesta más adecuadas para proteger la libertad de los ciudadanos ante la enésima ofensiva nacionalista. Sin embargo, no parece que la llamada al consenso de Rodríguez Zapatero pase por recoger estas iniciativas, sino más bien lo contrario, tildarlas de radicales mientras se les ofrece a los nacionalistas un nuevo pacto político para sostener a su débil e ineficaz Gobierno.

Como demuestra la conducta intolerable del ayuntamiento de Barcelona presidido por Jordi Hereu, del PSC, para los socialistas todo vale con tal de mantenerse en el poder. Para los nacionalistas también. A día de hoy España sigue encabezando la factura de los separatistas al PSOE. Nadie debería olvidarlo.

Suerte, Constitución
... Para acarbar con el chantaje real o imaginario de los grupos nacionalistas, basta con un pacto estable entre los partidos nacionales y no hace falta tocar ni una coma de la Constitución o de la ley electoral. Lo saben los juristas, y también los líderes políticos...
BENIGNO PENDÁS ABC 7 Diciembre 2008

SÍNTOMA de tristeza cívica. Nos hacemos viejos, y seguimos hablando de lo mismo... En fin, ánimo y perseverancia para decir la verdad una y mil veces. España es una gran nación. La Constitución de 1978 es la mejor de nuestra agitada historia: hermoso título, aunque -excepto Cádiz- la competencia sea discreta. La Transición fue un éxito de largo alcance y no un expediente provisional para salir del paso. El sujeto constituyente es intangible: soberanía del pueblo español y no yuxtaposición de poderes originarios. Luego España es más que sus partes integrantes, se llamen nacionalidades, regiones o incluso «naciones» sedicentes, a efectos de preámbulos estatutarios. Nuestra democracia es igual de buena y de mala que el resto de las europeas: a todos nos dan envidia los Estados Unidos.

Tenemos un enemigo: ETA y sus secuaces, asesinos infames. Un drama: casi tres millones de parados. Un hándicap: hay que convivir con unos cuantos desleales y un buen puñado de oportunistas. Activos: muchos siglos de historia; talento suficiente, aunque disperso; ganas de disfrutar de la vida. Defectos: sectarismo a flor de piel; déficit de paciencia; poco ánimo para trabajar duro. Los españoles hacemos bien lo imposible, pero somos incapaces de gestionar la rutina. Estado general del paciente: a pesar de todo, aprobado. Trigésimo aniversario. ¿Hay que reformar la Constitución? Me refiero, claro, a la revisión del núcleo y no a propuestas cosméticas o anecdóticas. Todos de acuerdo, cuando llegue su momento, en adaptar al espíritu de la época la sucesión a la Corona. Las otras reformas que propuso el Gobierno (lista de comunidades autónomas; mención de la Unión Europea; eterna disputa sobre el Senado) duermen el sueño de la indiferencia, archivadas junto con el dictamen del Consejo de Estado. El PP guarda bajo llave un documento bien orientado en espera de tiempos más propicios a la genuina vocación constituyente.

Sin consenso no cabe reforma, por supuesto, pero sí debate. ¿Es deseable abrir el proceso? Vamos por partes. Los enemigos de la España constitucional procuran eludir cualquier decisión formal que, salvo rapto de locura colectiva, nunca podrá satisfacer su pretensión radical. El objetivo es degradar la ley de leyes al terreno de la retórica inútil para volver al pasado en busca de los derechos que surgen en la fragua tenebrosa de su comunidad imaginaria. Habla el filósofo griego acusado de ser un extraño en la «polis»: vosotros sois de aquí, es cierto, pero también los caracoles pueden presumir de ser autóctonos.

Lo esencial es que la gran mayoría de los españoles queremos mantener nuestras señas de identidad constitucional: Estado social y democrático de Derecho; Monarquía parlamentaria; unidad, autonomía y solidaridad. Más allá de aventuras indeseables, no existe otra opción para una sociedad desarrollada en pleno siglo XXI. He aquí la encrucijada: renovar la confianza en el texto vigente o tomar un camino incierto sin final previsible. Me apunto a la primera opción. No nos engañemos: el único problema de fondo es el desbarajuste territorial. Según los exaltados y los impacientes, la Constitución es culpable por ambigua y permisiva. No es verdad, y conste que sólo discuto con los que obran de buena fe. Cuando hay voluntad firme de aplicar los principios elementales, el resultado es concluyente. Basta leer la sentencia sobre el referéndum -ilegal e ilegítimo- en el País Vasco. Hay rumores fundados sobre el destino que aguarda al estatuto catalán, con su blindaje competencial, relación bilateral y financiación privilegiada. No hace falta indagar sobre los motivos, sino atenerse a la lógica de las consecuencias.

No falla la norma, que decía lo mismo antes y ahora. Fallan los actores políticos con más frecuencia de la deseable. Para acabar con el chantaje real o imaginario de los grupos nacionalistas, basta con un pacto estable entre los partidos nacionales y no hace falta tocar ni una coma de la Constitución o de la ley electoral. Lo saben los juristas, y también los líderes políticos. Nada de «gran coalición» para repartir ministerios inexistentes en situación de agonía. Gobierne quien gobierne, habría que renunciar al desgaste del adversario a costa del Estado y de la nación. ¿Imposible? Hasta ahora, sí. En el futuro, ya veremos.

Lo importante no es reformar la Constitución, sino conseguir que se cumpla. Parece sencillo, pero es ajeno a las virtudes hispánicas. Sobra buena intención, supongo, y falta sentido de la medida. Acaso un sector de la derecha sociológica practica sin querer el juego sucio. Error absoluto: si «nosotros» despreciamos la Constitución, «ellos» encantados... Es triste que una parte de la izquierda prefiera golpear en el flanco débil a costa de romper el pacto que a todos nos obliga. Falsa memoria histórica; laicismo radical; amenazas más que latentes... El presidente del Gobierno tiene la última palabra: el «giro» españolista y socialdemócrata solo será creíble si ordena -en sentido literal- que se detenga el acoso implacable que responde a razones partidistas.

Pagamos muy cara la atonía de nuestra sociedad civil. Sabemos que el criterio para seleccionar a la clase política es tal vez el peor de los posibles. Sin embargo, con todos sus defectos, España sigue ahí, por encima de los tópicos estúpidos o interesados. Como todas las demás, la nuestra es una historia feliz y desgraciada, cuajada de éxitos y fracasos, audaz y valiente pero también repleta de errores y de rencores. A la altura de cualquiera y, por cierto, mejor que la mayoría. Una sociedad dispersa, pero forjada en el sacrificio de las clases medias y en un patriotismo natural, lejos de pasiones telúricas y retóricas patrioteras. Bastante tenemos con la crisis económica, el terrorismo (global y local) y el rumbo incierto de los absurdos valores posmodernos. Por eso es intolerable sumar problemas ficticios: abrir fosas prescritas, ofender a la religión mayoritaria y sembrar la discordia en contra de la convivencia.

Una Constitución, dicen los manuales, es obra del poder constituyente. Aquí y ahora, «la Nación española, en uso de su soberanía». La democracia es la única forma legítima de gobierno a estas alturas del tiempo histórico. Es imprescindible aplicar la letra y el espíritu de la norma fundamental, de manera que la libertad y la igualdad de todos los españoles sean el eje del discurso político. Coherencia, por supuesto: el elogio formal de la carta magna es contradictorio con el impulso de textos legislativos que conllevan su ruptura material. Recluidos en su pequeño mundo, los políticos entienden mal a la gente.

Aquí criticamos todo, pero nadie rompe la baraja. El proyecto sugestivo que nació en 1978 sigue vivo y operante por mucho que moleste a unos cuantos. Claro que los españoles de hoy prefieren el ocio familiar antes que la fiesta oficial y transmiten una sensación aparente de indiferencia. No hay tal cosa. La calle está llena de personas decentes, con muchas ganas de aplaudir. Bien lo saben los ídolos deportivos. El problema, dice la voz popular, es que los líderes políticos nunca nos dan una alegría. Al margen del sentimiento general, los excesos partidistas y soberanistas derivan del interés particular de ciertas élites y sus clientes beneficiados. Por eso arraiga la tristeza cívica y disminuye el número de ciudadanos sensatos. Algunos, me temo, no son recuperables. Otros muchos, en cambio, están deseando el retorno de la concordia. Después de treinta años, y a pesar de tus defectos: suerte, Constitución.

Caciques constitucionales
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 7 Diciembre 2008

No comparto esa fijación nacional con la juventud que ha construido como acto de fe la idea de que, como la Constitución ya tiene treinta años, está vieja y hay que cambiarla. La misma obsesión que hizo afirmar con gran éxito mediático a un líder empresarial que no quería ningún directivo por encima de cincuenta años. Tampoco hay nada que permita pensar que es posible su reforma por consenso, dada la desconfianza entre los dos grandes partidos surgida del Estatuto de Cataluña y la ruptura unilateral de un principio básico de lealtad política. El clima social tampoco está para grandes acuerdos y cesiones mutuas cuando la ley de la Memoria Histórica ha deslegitimado la Transición y se escribe sin rubor que era una operación con rehenes (sic) que afortunadamente han sido liberados.

Una Constitución no es más que la expresión de una voluntad y unas reglas de juego para dirimir conflictos. Y todos sabemos hace tiempo que hay un conflicto mal resuelto, la cuestión territorial, pero nadie sabe cómo meterle mano. Menos aún después de que el presidente Zapatero haya empujado a los socialistas por el camino del federalismo asimétrico. Se ha querido esquivar la responsabilidad delegando en doce hombres justos, el Tribunal Constitucional, la resolución del expediente. Y la consecuencia es que ya nadie cree que son justos y ellos mismos no se atreven a fallar. Además, da igual, porque los nacionalistas son insaciables en su delirio —ayer mismo Urkullu exigía menos subordinación a España y más Estado Vasco para «recuperar su modus vivendi abolido por la fuerza en el siglo XIX»— y contagiosos por su rendimiento político y económico, Coalición Canaria es ya un partido que cree en la autodeterminación de un mítico pueblo original.

El Estado de las Autonomías ha devenido en el Estado de los Caciques. Nadie se atreve a decirlo públicamente, pero es así. Los partidos políticos están subordinados a sus líderes autonómicos. En las discusiones internas se ha sustituido la fuerza de las ideas por el número de votos y escaños que aporta cada territorio. En las decisiones políticas funciona un sistema de cuotas territoriales, a veces incluso explícito, como en la inversión pública. Hay puestos del Estado que se saben reservados para una determinada Comunidad. La cohesión social se entiende limitada al ámbito autonómico y se reclama un marco de relaciones laborales propio para responder a la crisis económica. Hasta la normativa europea cae víctima del mantenimiento de las prebendas autonómicas: el último ejemplo, el aplazamiento sine die de la ley de comercio que había de aplicar la directiva de servicios. Siempre me ha parecido que caciquismo y proteccionismo eran las causas históricas del atraso español. Podemos ignorar su avance implacable en la política española, podemos saludarlo como la liberación de uno de esos rehenes de la Transición o podemos combatirlo como haríamos con cualquier otro fundamentalismo.

¿Hay que reformar la Constitución?
Roberto Blanco Valdés La Voz 7 Diciembre 2008

Formular preguntas erróneas es la mejor forma de obtener respuestas incorrectas. Así puede verse, por ejemplo, con el tan traído y llevado asunto de la reforma de la Constitución. ¿Debe reformarse? Pues la verdad es que depende.

No hay duda, desde luego, de que a la vista del tiempo transcurrido desde su aprobación y de las especialísimas circunstancias en que la Constitución se elaboró, muchas de sus previsiones están hoy largamente superadas o carecen ya de cualquier utilidad. Nada parecería más lógico, por tanto, que poner al día esas partes obsoletas de nuestra ley fundamental, que se sacudiría así el polvo acumulado en sus treinta años de vigencia.

Ocurre, sin embargo, que las constituciones no suelen reformarse por el mero prurito de aggionarlas sino, más bien, con el objetivo de resolver, mediante la reforma, algún problema que sin aquella no tendría solución. Vistas las cosas desde esa perspectiva, la cuestión cambia por completo.

De hecho, el contraste entre esas dos formas de abordar el asunto es evidente: mientras que una rigurosa puesta al día de nuestra Constitución exigiría probablemente modificar el contenido de más de la mitad de sus artículos, lo cierto es que de los problemas que hoy tenemos en España solo uno -el del cierre del nuestro sistema federal- exige realmente una reforma de la ley fundamental.

¿Quiere ello decir que en este país no hay otro conflicto que el territorial? No señor: quiere decir sencillamente que la solución de todos los demás que podrían señalarse no depende para nada de que se reforme o no la Constitución que ayer cumplió felizmente treinta años.

Vistas así las cosas, el ímpetu a favor de la reforma que hoy comparte gran parte de nuestra sociedad quizás debería rebajarse. Y es que, a la postre, ocurre que el único ámbito en el que la reforma resulta necesaria es justamente aquel en el que el acuerdo para llevarla a cabo sería más difícil tras el viraje proconfederal, cuando no independentista a secas, de lo que un día se llamó en España el nacionalismo moderado. Un nacionalismo que hoy exige la reforma de la Constitución -digámoslo con toda claridad- con el objetivo indisimulado de cargársela.

En esta situación, a algunos no deja de sorprendernos el tosco pueblerinismo nacional: hay quien cree que somos unos antiguos o unos mentecatos por estar treinta años sin reforma, desconociendo que entre la 12.ª enmienda a la Constitución americana (de 1804) y la 13.ª (de 1865) transcurrió más de medio siglo. Y casi medio entre la 15.ª (de 1870) y la 16.ª (de 1913). Aunque, ya se sabe, los norteamericanos son gente que carece del altísimo refinamiento jurídico y político del que España ha dado siempre ejemplo universal.

PP y Gobierno discrepan sobre los tiempos y la forma de desalojar a los proetarras
Reticencias para expulsar a ANV

Editorial La Razón 7 Diciembre 2008

La iniciativa de desalojar a ANV de los ayuntamientos en los que es mayoría ha cobrado un fuerte impulso a raíz del asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia, uno de los 42 municipios gobernados por el brazo político de ETA. En las últimas horas, tanto el líder del PP, Mariano Rajoy, como la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, han defendido la necesidad de enmendar el error cometido por el Gobierno en las últimas elecciones locales, al autorizar unas candidaturas que encubrían a peones de ETA bajo las siglas ANV, como más tarde demostró el Tribunal Supremo en la sentencia que ilegalizó a esta formación.

Pese a coincidir en el punto de partida, PP y Gobierno difieren sobre el trámite legal a seguir y sobre los tiempos en que se debe llevar a cabo. En efecto, mientras para el Gobierno es necesaria una modificación de la ley para asegurar que la expulsión de ANV es impecable e irreprochable con la legalidad, el PP sostiene que es suficiente con el artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, cuya redacción fue introducida en 2003 precisamente para desactivar el poder municipal de Batasuna. En cuanto a la urgencia de acometer el proceso de expulsión, mientras los dirigentes socialistas prefieren esperar a que pasen las elecciones vascas, previstas para marzo, Rajoy propuso ayer que no se demore más tiempo la disolución de los ayuntamientos proetarras y que se convoquen elecciones en ellos coincidiendo con los comicios autonómicos. En suma, los dos grandes partidos están de acuerdo en el objetivo final, pero discrepan sobre la forma y el momento de llevarlo a cabo.

Los escrúpulos jurídicos del Gobierno se basan en que la ilegalización de ANV no invalida mecánicamente las actas de concejal logradas por sus representantes. Por tanto, convendría modificar la ley de manera que se incluyera una cláusula según la cual los ayuntamientos no podrán ser gobernados por representantes de partidos ilegalizados. Sin embargo, y por muy respetables que sean esas reservas tan sutiles, el artículo 61.2 es meridianamente claro: «Se considerarán decisiones gravemente dañosas para los intereses generales (...) los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares». No es necesaria mucha sagacidad para que la Fiscalía encuentre motivos que justifiquen la aplicación de esta ley a los ayuntamientos batasunos.

¿Qué mayor humillación y menosprecio de las víctimas y sus familiares que no condenar sus asesinatos? ¿Qué justificación más evidente del terrorismo que su negativa a reprobarlo? El Gobierno dispone ya de instrumentos legales sólidos y suficientes para desalojar a los proetarras de las instituciones, de ahí que sus reticencias legalistas suenen a excusas para demorar su aplicación. Los dirigentes socialistas deben admitir que, en la lucha por desenmascarar el rostro político de ETA, han ido a remolque de los acontecimientos. Episodios como el filtrado de candidaturas en las elecciones municipales pasarán a la historia menos gloriosa del Gobierno socialista. Y de eso no hace más de un año y medio. A nadie le extrañe, por tanto, que ahora, como entonces, cunda la sospecha de que detrás de tanto miramiento con ANV se pueden esconder el cálculo político, el interés del partido y oscuros posibilismos sobre un «final dialogado» de la banda terrorista.

Txulos
César VIDAL La Razón 7 Diciembre 2008

Hay un cierto tipo de chulería que no sólo no nos irrita sino que incluso nos acaba provocando una sonrisa. Por ejemplo, como la de aquellos vascos que dicen, ensimismados en la profundidad de su razonamiento teológico, que hay que ver lo humilde que era Nuestro Señor Jesucristo porque pudiendo, como pudo, nacer en Bilbao, sin embargo, decidió nacer en Belén. Semejante chulería incluso ocasionalmente nos invade el corazón de ternura como en el caso de aquella otra historia -apócrifa con toda seguridad- del vasco que ordenó al barbero que no le pusiera jabón en la cara a la hora de afeitarle porque era de Bilbao, para luego, tras un par de cortes de la navaja, suplicar que le untara un poco de jabón porque «del mismo Bilbao» no era. Podría incluso traer a las mientes otro relato parecido sobre un belén por eso de la cercanía de las Navidades, pero la irreverencia me repele y no lo haré.

Hasta ahí la broma, el chascarrillo, la cuchufleta. Se trata del vasco chulo al que queremos de la misma manera que a otros arquetipos referidos a otras regiones españolas y que inspiró, por ejemplo, a Cervantes el personaje del vizcaíno de la primera parte del Quijote. Pero junto con ese chulo, insisto, entrañable, está el txulo y ahí confieso que mis tragaderas no dan de sí. Ese txulo es Arzalluz diciendo que la salida frente a ETA es aguantar y que el que no pueda que se tome un valium.

Consejo que tiene su aquél porque todos conocemos la afirmación de que unos mueven el árbol -esos tiernos asesinos a los que Arzalluz llamaba los chicos de la gasolina- y otros, los compañeros de Arzalluz en el PNV, recogen las nueces; porque todos sabemos de los encuentros del PNV con ETA durante la negociación del Estatuto de autonomía vasco para que en medio de la pinza nacionalista España saliera lo más estrujada posible y porque todos estamos al cabo de la calle de cómo los gobiernos del PNV -Mikel Buesa lo ha demostrado con estadísticas- llevan años y años financiando al entorno social de la organización terrorista vasca.

Dado que los piadosos morroskos del PNV no son ni maketos como los que llevan décadas levantando las Vascongadas con su sudor, ni txakurrak como los que se dejan la vida velando por la seguridad de todos a cambio de un sueldo miserable, Arzalluz se puede permitir esas txuleskas afirmaciones. No sólo eso. Ibarreche puede aparecer ante los medios lamentando que han asesinado a «un hijo del pueblo» e incluso algún otro abertzale amenazar por treinta y seis horas con la posibilidad de romper el gobierno de un ayuntamiento al lado de esa franquicia de ETA que se denomina ANV.

Pero no esperemos más porque ellos entienden a ETA, y dialogaron con ella en Loyola, y junto a ella ambicionan devorar Navarra, y, como ZP, la consideran llena de hombres de paz. Al final, todos sabemos que igual que hubo quien se sentó inmediatamente a la mesa a cubrir el lugar del último asesinado de ETA y seguir jugando al mus, los nacionalistas vascos continuarán con ese órdago a la grande que les permite entregar un solo euro a las arcas del Estado por cada ocho que nosotros les damos. Bueno, ocho, no. Otxo. Con tx. De txulos.

Ecologismos
JON JUARISTI ABC 7 Diciembre 2008

EL asesinato de Ignacio Uría, el pasado miércoles en Corleone (perdón, quise decir Azpeitia, en qué estaría pensando), da para unas cuantas reflexiones. En primer lugar, sobre los ecologismos vascos. Que yo sepa, desde hace treinta y cinco años, las campañas ecologistas contra lo que sea se montan siguiendo las consignas de la dirección de ETA y con la única finalidad de proporcionar a la banda un pretexto para actuar. Centrales nucleares, autovías, pantanos, trenes de alta velocidad... todo lo que rebasa el marco de la iniciativa empresarial autóctona sirve para crear el fantasma de la agresión española al pueblo de Aitor y a su Pacha Mama, porque el ecologismo vasco es de inspiración andina.

Ahora bien, las numerosas factorías contaminantes dedicadas a la elaboración de pilas alcalinas o de pollo frito quedan exentas de sospecha si los dueños son de la familia o apoquinan a la causa. Y todavía hay idiotas que se duelen de que ETA impida el desarrollo de un movimiento ecologista vasco. ¿Cómo que lo impide? ETA promueve, estimula, auspicia y a veces hasta financia la bronca ecologista allí donde se le antoja. O sea, en todas partes. Jamás el ecologismo debió tanto a tan pocos.

Hace treinta y cinco años nació un amplio movimiento por una costa vasca no nuclear; es decir, contra las proyectadas centrales de Lemóniz y Deva, al que se sumó la mayor parte del personal. Los cuatro gatos que entonces nos plantamos, aduciendo que se trataba del más raro movimiento antinuclear jamás visto (pues no se oponía a las centrales nucleares en general, sino solo a su construcción en suelo vasco, y aceptaba sin empacho que habría que abastecer a la numerosa Euskadi con energía de origen nuclear procedente de Burgos, por ejemplo) no podíamos ni salir a la calle esos días, porque éramos, según los improvisados conservacionistas, unos vendidos al fascismo del plutonio y al gran capital español.

Cuando ETA empezó a poner bombas en Lemóniz y a matar obreros, se desveló el auténtico fondo de la gran movilización ecologista: la vinculación de las reivindicaciones medioambientales con el terrorismo, a fin de demostrar la superior eficacia de este último respecto a los movimientos ciudadanos. Y se logró, porque las obras de la central de Lemóniz se interrumpieron definitivamente a raíz del secuestro y asesinato del ingeniero José María Ryan, en febrero de 1981. Siete años de sedicente protesta democrática terminaron de forma sangrienta y expeditiva.

Es indudable que, entre los líderes del movimiento, los había opuestos a ETA (uno de ellos sería víctima, años después, de un atentado de la banda), pero aquél estaba infiltrado hasta la cúpula por la izquierda abertzale y cumplió a la perfección el verdadero objetivo para el que había sido diseñado. Por muy independientes de ETA que se consideren algunos ecologistas vascos, el ecologismo, en su conjunto, está integrado desde hace mucho tiempo en la estrategia terrorista.

Un idiota de los antes aludidos trata de justificar la oposición a la construcción de la Y vasca con el argumento del elitismo económico del tren de alta velocidad, sólo accesible, por lo que parece, a millonarios. El precio de un trayecto aéreo de ida y vuelta a San Sebastián desde Barajas, en vuelo regular y clase turista, se sitúa hoy cerca de los quinientos de vellón, pero esto no parece indignar a los defensores de las economías débiles. No voy a ser un asiduo usuario del TAV al País Vasco ni me hace particular ilusión que etarras disfrazados de ejecutivos puedan plantarse en dos horas de viaje en el centro de Madrid y, además, bien desayunados, pero la horterez y la mala fe del ecologismo pureta me subleva.

Reflexión final: quizá la ministra Salgado tenga razón al afirmar que sería absurdo dejar al ayuntamiento de Azpeitia fuera del reparto de las limosnas municipales del Gobierno, pero su explicación de que no se debe castigar a un pueblo por el comportamiento de su alcalde es una tomadura de pelo. Como si al de Corleone -perdón, Azpeitia- lo hubieran elegido los vecinos de Motilla del Palancar.

Todos seguimos jugando al tute
ANTONIO BURGOS ABC 7 Diciembre 2008

CUANDO don Ignacio Uría estaba todavía de cuerpo presente sobre la acera, su cadáver tapado por la blanca sábana que le sigue trayendo a España el lorquiano niño del «Llanto por Ignacio Sánchez Mejías», los tres compadres de la cuadrilla de la cafetería Uranga de Azpeitia se buscaron un sustituto del difunto y, ¡hala!, emprendieron su partida de tute de cada tarde, con naipes vitorianos de Heraclio Fournier y con el corazón de piedra de los levantadores o de aceros de Llodio, una cosa así de ausencia absoluta de sentimientos, menos que un changurro.

Todos nos hemos indignado al ver la foto de los tres andovas como en la sevillana de Chiquetete: en el mismo sitio, a la misma hora, y con las mismas cartas en la mano. Con la única diferencia de que un reserva o sobrero ocupaba la silla del jugador de naipes que se acababan de llevar muerto, asesinado por esa ETA que en las ignacianas tierras, por lo visto, debe de formar parte del paisaje.

Pero los hay peores que la cuadrilla del tute en Azpeitia. No entiendo de cartas, y desconozco si al tute se puede jugar entre dos. Para mí que sí. Para mí que Zapatero y Rajoy, con el cadáver de don Ignacio Uría en la capilla ardiente del «Tanatorioa» (¡óle la pureza del vascuence y viva de paso la lengua griega!), han continuado como si tal cosa, tan panchos, la partida de tute que se traen. Con una ventaja sobre la cuadrilla de los jugadores de cartas de la cafetería Uranga: que no han tenido que buscar a ningún parroquiano para sustituir al empresario asesinado.

Digo que Zapatero y Rajoy han seguido jugando la partida de tute de todos los días, porque a la mesa sobre la que echan sus cartas (marcadas) no ha llegado por lo visto el clamor de la indignación popular de ver cómo un pueblo entero puede estar sojuzgado por la dictadura del terror de la ETA. Cómo los terroristas pueden llegar a mandar en 43 ayuntamientos de las Vascongadas sin que haya valor y dignidad para desalojar del poder a la ilegalizada ANV, aplicando en ellos ni más ni menos que la misma ley con la que disolvieron el de Marbella. Para disolver el ayuntamiento de los trincones de Marbella no hubo que reformar ley alguna, y se hizo en horas veinticuatro. Pero, hijo, para disolver 43 nidos de terroristas y 43 fuentes de financiación de la ETA con dinero público sí hay que tomarlo con calma, y reformar la Ley de Régimen Local, y esperar que pasen las elecciones autonómicas vascas, ¿usted sabe?, tranquilo, Yordi, digo, Iñaki, tranquilo. Traduzco: baraja y reparte, Mariano, que una vez más me he quedado contigo y te he convencido en el avión camino de la capilla ardiente del pobre empresario asesinado; y vamos a continuar con nuestra partida de tute, encantados los dos de habernos conocido, yo como presidente del Gobierno, y sobre todo tú como jefe de la oposición, y que siga el albondigón, caiga quien caiga.

Partida de tute de cuadrilla sin corazón es que no se plantee lo fundamental: que aquí matan a la gente porque el Gobierno de España quiera hacer un AVE en una parte del territorio patrio. Es como si hubiera habido muertos por el AVE a Toledo. Y partida de tute de cuadrilla sin sentimientos es que se acepte como lo más normal del mundo que aquellos tíos llamen a ese tren el TAV y nosotros encima lo escribamos así, TAV, y no AVE: TAV, Tren de Alta Velocidad, para no decir la E final de AVE, Alta Velocidad Española. ¿Y qué leches de Ave Vasco ni Ave Vasco? ¡Ave Español por un territorio de España, que toda España paga! Me extraña, empero, que en la presente y colectiva continuación nacional de la partida de tute de la cafetería Uranga nadie haya hecho un poco de filología. Al trazado del AVE por Vascongadas le llaman «la Y griega vasca». O pocos rudimentos del vascuence sé, o la conjunción copulativa «y» es «eta» en vasco. O sea, que sobre la Y griega vasca prevalece la ETA, baraja y reparte, Mariano. No sólo en la cafetería Uranga de Azpeitia.

Todos seguimos jugando al tute. Seguíamos jugando al tute cuando la ETA paró la central de Lemóniz. Seguíamos jugando al tute cuando la ETA modificó el trazado de la autopista de Leizarán. Ahora seguimos jugando al tute cuando no hay valor para desalojar ya mismito a ANV de las instituciones. No se olvide que la Y griega en vascuence es «eta». Baraja y reparte, José Luis, y échame una copita de pacharán de Nafarroa.

Un canon problemático
J. M. RUIZ SOROA El Correo 7 Diciembre 2008

La transición democrática de los años setenta se apoyó en una muy concreta forma de comprender la historia de la experiencia republicana y de la guerra civil: la de un fracaso colectivo que todos los actores políticos debían superar. De manera que se renunció a utilizar el pasado como argumento político presente, igual que después de la guerra de secesión se renunció en Estados Unidos a 'blandir la camisa ensangrentada' en el debate político. La transición fue un éxito y ello hizo que tal forma de entender el pasado quedara fijada como el canon hegemónico durante más de veinte años. Pero actualmente, y por razones complejas que no vamos a examinar aquí, parte de la clase política e intelectual (mucho menos la sociedad en general) ha dejado de compartirlo y se ha embarcado en la construcción de un nuevo canon. De lo que sí hablaremos es de los problemas que el nuevo modo de comprender el pasado trae consigo y de su más que probable fracaso.

El nuevo paradigma quiere deliberadamente inspirarse en algo que, se afirma por sus proponentes, estaría en la base de todas las democracias europeas occidentales: el antifascismo. De forma que el cierre de la transición (o la segunda transición democrática) que hoy se propone exigiría asumir como seña de identidad esencial de nuestra cultura democrática la condena del fascismo como un pasado de horror. Aplicado a la historia patria, esta idea lleva a reinventar la experiencia de la Segunda República como un meritorio intento de democracia avanzada que habría sido violentamente truncado por un movimiento fascista totalitario acaudillado por los militares. La legitimación histórica de la democracia actual consistiría, precisamente, en enlazar con aquel régimen republicano por encima de la noche represiva del franquismo. En definitiva, se trataría de dictar una nueva sentencia sobre el pasado: la guerra civil no fue un fracaso colectivo, sino la ruptura violenta de una democracia prometedora por parte de un fascismo totalitario promovido por una derecha patria que, además, nunca lo habría olvidado del todo.

Este nuevo canon exige, por su propia lógica interna, rescribir el relato de la transición de los setenta como un momento de 'libertad incompleta': Pues, ¿cómo si no podría haber sucedido que una democracia plena y consciente hubiera promulgado una ley de amnistía radicalmente injusta e insostenible? ¿Y cómo que un régimen constitucional democrático hubiera mantenido ocultos en sus fosas a los héroes del antifascismo? La única explicación congruente con el canon antifascista es la de que la transición se hizo bajo el control de los poderes fácticos militares y franquistas, que consiguieron limitar las posibilidades de expresión de la voluntad popular. Sólo esa intervención plúmbea de los poderes fácticos (el 'ruido de sables') explicaría algo tan execrable como la amnistía y el olvido.

Sucede, sin embargo, que la solución encontrada para dar coherencia al relato posee una fuerza expansiva de difícil contención. En efecto, una vez aceptada la versión de la transición como momento de 'libertad tutelada', la más mínima coherencia política exigirá replantearse cuáles otros de los elementos constitucionales nacidos entonces obedecen a la influencia de los poderes fácticos, es decir, no son fruto de una voluntad plenamente libre del pueblo español en el trámite constituyente.

El candidato más obvio para la revisión histórica de su legitimidad de origen es la institución monárquica. No en vano nuestro monarca procede del régimen anterior y juró en su día los principios fundamentales del franquismo. Y la monarquía no fue legitimada por el voto popular directo y expreso. La situación de la iglesia católica y la enseñanza religiosa es otro de los asuntos teñidos de sospecha de ilegitimidad radical. Y, junto a él, el asunto territorial, pues, ¿no parece también probable que fueron precisamente los poderes fácticos los que en 1978 impidieron ir más allá de un pacato régimen autonómico? Hasta ahora eran sólo algunas voces nacionalistas las que ponían el dedo en este ojo (por cierto, ¡cuánto les gusta mencionar el 'ruido de sables' y disimular el 'ruido de bombas y tiros a la cabeza'!), pero ahora será el nuevo paradigma el que siembre esta duda con carácter general.

Lo anterior pretende poner de manifiesto que el canon que se intenta implantar puede introducir una cuña de inestabilidad en nuestro sistema, en tanto en cuanto podría reabrir una serie de 'cleavages' tradicionales de la España moderna (forma de régimen, papel de la Iglesia, composición nacional) que parecían razonablemente suturados hasta ahora.

Por otro lado, el nuevo canon plantea notables dificultades para llegar a tener una aceptación social tan generalizada como el anterior, así como para jugar a favor de un juego político democrático normal, en el que la alternancia en el poder está siempre abierta como posibilidad. En efecto, el paradigma propuesto por un sector de progresismo de izquierdas coloca a la población de tendencia conservadora y afiliación política de derecha en una situación continua de inferioridad moral ante la parte progresista o de izquierdas, incluso bajo una sospecha o estigma permanente de fascismo residual. Una sospecha que no se borraría por muchas condenas retóricas que hiciera (y el propio hecho de creer que puede exigirle tal condena es prueba de la satisfecha asunción de una conciencia de superioridad moral por la izquierda), pues sus propias ideas conservadoras probarían que sigue infectada de franquismo residual por mucho que afirme lo contrario. No habría manera 'democráticamente normal' de ser de derechas. Hace treinta años se consideró que la Constitución democrática era prueba suficiente de que, al final, en la historia española ciertas ideas habían ganado y otras habían perdido. Se puede, incluso, percibir una cierta grandeza derrotada en aquellas Cortes franquistas que votaron su propio suicidio en 1976. Ahora ya no bastaría esa prueba, la derecha estaría sometida a una exigencia de catarsis interminable.

Véase la práctica: los intentos por imponer y aplicar el nuevo canon se traducen en el debate político en una fuerte tendencia a la sobremoralización de los mensajes y actitudes. Ningún ejemplo más llamativo que la 'retórica del patetismo' con que se ha gestionado el asunto de las fosas. Esa carga de moralina de los mensajes no favorece la gestión ordenada de los conflictos ni el debate público. Niklas Luhmann ha observado, con aguda y un tanto escandalosa perspicacia, que el funcionamiento productivo del sistema de gobierno democrático reclama una elevada dosis de amoralidad en la construcción de los discursos partidarios de legitimación, en el sentido de que no conviene teñir con contenidos morales las posiciones políticas propias o ajenas, porque esa carga moral (casi siempre impostada) dificulta la comunicación interpartidaria, la acción concertada, y el procesamiento de la alternancia. El nuevo canon entraña, precisamente, lo contrario: dificulta la convivencia actual al presentar el pasado como una ordalía ética.

Seguridad sin impunidad
EDITORIAL El Correo 7 Diciembre 2008

El asesinato de Inaxio Uria Mendizabal ha dejado tras de sí dos asuntos candentes que no deberían deslizarse hacia el terreno de la controversia: la amenaza que pende sobre las sociedades adjudicatarias de las obras del TAV y, en general, sobre los empresarios vascos, y las medidas políticas y legales que deberían adoptarse para acabar con el margen de impunidad en que todavía se mueve la izquierda abertzale. El crimen de Azpeitia representa la prueba definitiva de que ETA, en su debilidad, se ha obcecado con paralizar la construcción de la 'Y' vasca. Y representa también la advertencia de que ha vuelto su mirada de muerte hacia los empresarios precisamente en un momento de crisis propicio para la convulsión social. Una amenaza que requiere la réplica sin paliativos por parte de los propios empresarios y de la sociedad en general, y un compromiso inequívoco de los sindicatos, de manera que el cinismo de LAB tras el asesinato de Uria no sea contemplado por las demás centrales como una sombra inevitable en el paisaje social vasco. Junto a ello la seguridad de los empresarios, especialmente de los concernidos por el TAV, constituye una prioridad que las administraciones competentes en la materia han de asumir sin regateos, evitando que se conciba como una cuestión particular, dado que, como ocurre con cualquier otro estamento social o institucional, las garantías sobre su integridad atañen a la sociedad en su conjunto.

El anuncio de que el Gobierno pretende modificar la Ley de Bases de Régimen Local para evitar que electos de un partido ilegalizado puedan gobernar ayuntamientos plantea dos cuestiones íntimamente ligadas. Por un lado, contribuye a que se escabullan de su responsabilidad inmediata las formaciones que por pasiva permiten hoy que ANV mantenga alcaldías en minoría, especialmente en los casos sangrantes de Mondragón y Azpeitia, perpetuándose así el escapismo desplegado a través de las llamadas 'mociones éticas'. Por el otro, elude el problema de la eficacia a corto plazo de una reforma legislativa que, al introducir una sanción desfavorable, no podría tener efectos retroactivos, y mucho menos sobre la continuidad institucional de personas electas en candidaturas aceptadas como legales en la liza electoral. Tan lacerante o más que la impunidad jurídica en que puedan acomodarse aquellos que combinan su protagonismo municipal con la cobertura moral y política que prestan al terrorismo es la indiferencia, la comprensión e incluso la complicidad de la que gozan por parte de las demás formaciones presentes en esos consistorios. El nacionalismo democrático continúa negándose a aceptar que la presencia institucional de la izquierda abertzale no entraña esperanza alguna de cara a su eventual renuncia al terror; que la perversión terrorista anida precisamente en el doble juego que ejerce la izquierda abertzale.

No estamos de acuerdo
ANTONIO RIVERA El Correo 7 Diciembre 2008

Hay un chiste que cuentan los otros españoles, los que viven más allá del Ebro, para ilustrar la estereotipada parquedad verbal de nosotros, los vascos. Se encuentran dos lugareños y uno le dice al otro:
-¿De dónde vienes?
-De misa.
-¿Quién habló?
-El cura.
-¿De qué habló?
-Del pecado.
-¿Qué dijo?
-No era partidario.

Ahora ese chiste, o uno parecido, ilustraría nuestra parquedad de sentimientos, de reacciones, de dignidad ciudadana o de valentía social. El jueves, toda la respuesta de que fue capaz el pueblo de Azpeitia para enfrentarse a un crimen de gran vileza, contra un anciano de setenta y un años, se resumió detrás de una pancarta que decía en euskera: 'No estamos de acuerdo'. Algo así como: 'No somos partidarios'.

La situación, si no fuera dramática, daría para un mediano guión de comedia de británicos flemáticos reaccionando ante situaciones de estrambote o de tensión ilimitada con un 'no me parece bien'. Pero en Azpeitia es todo lo más que se puede leer o escuchar.

El encabezamiento de la pancarta tampoco tenía desperdicio. Decía: 'Porque somos patriotas y trabajadores' ... y seguía como correlato lógico la expresión del educado desacuerdo. En realidad, no acierto a imaginar qué tendrá que ver ser o reclamarse patriota o, mucho menos, trabajador para, acudiendo a esas dos condiciones, mostrarse poco partidario del asesinato a sangre fría de alguien que no piensa como su asesino o que no es partidario de poner en marcha o trabajar en el mismo proyecto u obra de construcción. Podían haber puesto: 'Porque somos jardineros o filatélicos... no somos partidarios'. Recuerda también aquel otro chiste -si puede llamarse así- del que extrañado de la afirmación de que Hitler mandara a la cámara de gas a bomberos y judios reclamaba explicaciones por la culpa de los primeros.

Otra vez, en Azpeitia y en Euskadi, eso no es ningún chiste. Uria ha vuelto a ser 'uno de los nuestros'. Uno de ésos que, para su desgracia, porque nada tenía que ver en ello, hace que el lehendakari se apresure a acudir a su duelo y diga esas palabras desafortunadas, malditas: 'Uno de los nuestros'. Las dijo, otra vez.

Pero no sólo las dijo él: estaban en el ambiente. Era un ambiente de estupor, no de acorralamiento como en Mondragón hacía semanas. Aquí era de extrañeza: era un hombre del pueblo, trabajador, que hacía su vida, proporcionaba empleos. Faltó lo de 'no se metía con nadie', 'parecía una persona normal', 'no notamos nada extraño'. Esa retahíla que repiten los vecinos cuando detienen en el piso de al lado a un carnicero o cuando el contiguo es la víctima. ¡Sólo faltaba que asesinos y víctimas llevaran una flecha que les delatara de previo! ¿O será que algunos, efectivamente, la llevan a diario?

En Azpeitia se notaba esa sana sorpresa del que acaba de conocer en sus cercanías y carnes un crimen que amenaza y aspira ya al millar de víctimas mortales. Era como si fuera la primera vez, como si resultara nuevamente insólito que fuera 'uno de los nuestros' el que tuviera que arrancar dramáticamente el telediario (incluso hasta el teleberri). Hay gente que pasó la página del libro de estos últimos cuarenta años de país desde la de Berazadi, en 1976, a la de Uria, hace dos, tres días, saltándose todo lo demás, lo que viene entre medias. Hay vascos que amanecen a la realidad una buena mañana y descubren que otros muchos como ellos ya habían visto a la bestia actuando y ya la habían sufrido. Todos hemos sido alguna vez de esos vascos sorprendidos.

Por eso, en días tristes como éstos, uno vuelve a pensar que ETA sólo acabará cuando consiga matarnos a todos los vascos a alguien muy cercano. Incluso entonces, alguien podrá dudarlo. Hubo tiempos en que familiares cercanísimos se negaban a reconocer que ETA había matado a uno de los suyos o incluso alimentaban la sospecha de que, también, 'por algo sería'. O incluso cuando mataba 'por error' a un ser querido, el dolor pesaba menos que 'el contexto de represión y el contencioso que bla, bla, bla'.

Los 'buenos vascos' descubren en días como éstos que también va con ellos, que la violencia altera el día a día de bucólicas localidades 'donde todos se conocen' y, como en las guerras, el mal y el crimen sólo pueden venir de fuera, de forasteros que los traen. Alguno ya dijo estos días que, más allá de la víctima, lo peor es el mal ambiente que dejan estas cosas en el pueblo, entre familias y cuadrillas. Cuarenta años con esta monserga piadosa.

Algún estratega que tan bien conoce el mundo de los 'buenos vascos' ya anunció este verano que el final de ETA llegará cuando la supuesta guerra que sostiene contra el mundo empiece a incluir a esos 'buenos vascos', cuando sea una verdadera guerra civil, a su tamaño, y no esta mandanga donde se mueve pieza contra el opositor político, también abertzale,... metiéndole dos tiros al español o al 'mal vasco' que esté a mano. Y uno, ser humano, mucho antes que trabajador y, por supuesto, que patriota no desearía por nada del mundo que tal cosa ocurriera, ni siquiera para que todos los vascos y vascas descubrieran a la vez, una buena mañana, todo el mediterráneo de sangre que bordea sus bucólicas y felices aldeas del interior. Sería demasiado precio. Pero en días como éstos uno habría preferido ver un recristo en la pancarta, una pizca de rabia humana y de dignidad ciudadana, antes que ese meapilas del 'no estamos de acuerdo', 'no somos partidarios' de que otros abertzales asesinen a sangre fría a un viejo de setenta y un años que, desarmado, iba a echar una partida de tute.

Contra ETA, el valor de la palabra
JOSÉ IGNACIO CALLEJA SÁENZ DE NAVARRETE PROFESOR DE MORAL SOCIAL CRISTIANA El Correo 7 Diciembre 2008

El asesinato del empresario Ignacio Uria a manos de ETA nos hace recordar y repetir las palabras de condena mil veces dichas y escuchadas. Palabras que casi todos compartimos contra sus autores. Somos plenamente conscientes del valor extraordinario de la palabra, 'estoy contigo', 'cómo lo siento', 'no hay derecho', 'es un crimen', 'cuenta conmigo', 'vamos a salir juntos de esta ruina moral', 'nadie podrá impedirnos vivir de pie'... A otros le gustan palabras más duras, y hacen bien. Palabras contra ETA, contra sus miembros y colaboradores. Palabras contra quienes les apoyan, disculpan y justifican. Las palabras siguen siendo imprescindibles.

La gente dice, mucha gente dice, «basta de palabras, se necesitan hechos». Pero no, se necesitan también palabras. Cuidando mucho no repetirlas con rutina, pero se necesitan también palabras y gestos. La familia y los amigos, y los profesionales empresarios que están en el mismo tajo que Ignacio Uria, necesitan también nuestras palabras y gestos de solidaridad. Las personas somos seres de corazón y espíritu, y necesitamos palabras de condena y de consuelo, gestos de solidaridad y apoyo; con significado íntimo y privado, y con significado público y político. Necesitamos instintivamente la palabra que nace del corazón y que llega al corazón de las víctimas del terrorismo como bálsamo que alivia la angustia y el dolor extremos. En términos prácticos, la palabra no devuelve la vida a las víctimas, la vida digna de Ignacio Uria, el bien más preciado para cada uno; pero la palabra y el gesto de afecto tiene significados impagables en lo que representan de solidaridad, de protesta contra la injusticia y hasta de amor por la víctima.

Y la palabra, la palabra que pasa de la condena a la acción política, es el comienzo de un camino que sólo con ella podemos recorrer, que estamos recorriendo ya hace muchos años, y que va reclamando de todos los ciudadanos vascos, al pasar por su lado, ¿y tú por qué no te sumas a esta marea de la convivencia en paz? Cada uno es necesario, y hasta imprescindible. En mi caso, que procedo del mundo cristiano, la historia reciente de la sociedad vasca me recuerda por momentos la pregunta bíblica, ¿qué es tu hermano? Ésta es la pregunta que interpela a los vascos de bien, a la gente que ha elegido, ¡mejor aún, obedecido!, el «respetarás a los otros en su dignidad de personas» y «no matarás», y que los convoca en un movimiento moral que no puede dejar de crecer hasta ocupar todos los rincones del país.

¿Qué es de tu hermano, de tu deber de respetarlo en su vida, en su dignidad de persona, de tratarlo siempre como un fin y nunca como un medio? Pregunta moral que nos envuelve y se adentra en nuestra conciencia recordando que nada digno de derecho hay en mí, si no puedo reconocer la dignidad incondicional de los demás. La de Ignacio Uria, hoy, en primer lugar. Por eso quienes asesinan, lo planifican, lo realizan, lo callan, lo entienden, lo justifican, lo explican, o lo aprovechan, son personas que arruinan la dignidad propia y ajena. Todas sus pretensiones vitales y políticas padecen de esta inmoralidad radical y se pierden como derecho para ellos. Y las arruinan de tal modo, que mientras ellos las persigan con sangre de las víctimas, ninguno de nosotros puede hacerlas suyas con inocencia. Y las malogran de tal modo, que habrá que discernir en el futuro, cuando el horror de ETA termine, ¡porque acabará!, hasta dónde alcanza su herencia política envenenada y qué no nos vamos a permitir sin antes hacer justicia a Ignacio Uria y a las mil víctimas que le han precedido.

Y la palabra, cierto es, la palabra amistosa y fraterna, tiene un destino necesariamente práctico, penal y político. Por la palabra se puede llegar a saber quiénes lo han hecho, quiénes han colaborado y quiénes lo van a seguir haciendo. Por la palabra es posible dar cuerpo a un pacto político que preserve la vida política institucional de la violencia interna. ¡No se puede estar en la política profesional y callar sobre las amenazas y asesinatos de los adversarios políticos! Es que no es una cuestión de libertad de expresión, sino de saber si se está en la política con renuncia expresa a la violencia terrorista como un medio más de la misma. Es una cuestión de confianza sobre si somos iguales en los medios políticos, o si, por el contrario, alguien cuenta con una mafia terrorista entre los suyos. Éste es el problema y no el de la libertad de expresión.

¡Hablamos de profesionales de la política, no de señores que toman unos tintos en la barra de un bar, y pueden callar o no sobre los asesinatos y asesinos!

Por la palabra, hecha denuncia social y ley, vamos a avanzar en la imprescindible deslegitimación social de ETA; por la palabra, vamos a caminar y entendernos después de ETA. Por la palabra vamos a mantener nuestras pugnas en aquello que todavía nos hace irreconciliables. Por la palabra, siempre es por la palabra.

NO ES UN INVENTO
Otra vez un investigador extranjero nos hace sentir orgullo de España
Pascual Tamburri Bariain elsemanaldigital 7 Diciembre 2008

La imagen de nuestro país fue ensuciada por sus enemigos históricos, pero la realidad, considerada con la objetividad de un científico norteamericano como Stanley Payne, es impresionante.

"España es algo más que un enclave geográfico. Es una historia compartida, una sangre que se ha mezclado mil veces, una comunidad de sentimientos, un proyecto solidario para el futuro, el marco que garantiza nuestra libertad, la unidad que nos da fuerza ante el mundo... todo eso y más es España". En consecuencia, "en esta nación que formamos todos, mandamos todos" y "la voluntad de los españoles no admite parcelas ni retales. Las decisiones en materias que afecten a todos las tomamos todos, y punto... En definitiva, que España es una nación y no diecisiete". Estas palabras, dichas en Francia o en Estados Unidos, en Portugal o en Alemania, en Gran Bretaña o en Italia, no serían motivo de discusión política. Izquierdas y derechas se reconocerían por igual en ellas, porque las discrepancias no afectan a la existencia del sujeto político. En España en 2008, en cambio, sólo Mariano Rajoy las pronuncia, con la seguridad de encontrar un rechazo casi unánime enfrente y no pocas dudas, cuando no miedos y traiciones, a su alrededor.

Una vieja disputa
El debate sobre la identidad histórica de España es añejo, y en él llevan ventaja en términos académicos los negacionistas, los que prestan voces y oídos a toda interpretación minimizante, denigratoria, insultante o escéptica del pasado del país. Son mayoría entre los políticos, y son mayoría aplastante entre los historiadores de profesión, reprimidos entre los complejos progres del 68 y los intereses concretos de las camarillas políticas y académicas.

Si se sometiesen hoy a votación las conclusiones básicas a las que llegaron en décadas de trabajo Eduardo de Hinojosa, Claudio Sánchez Albornoz, Ramón Menéndez Pidal, Alfonso García-Gallo y José María Lacarra, por hablar sólo de difuntos, hasta el último becario repipi aspirante a cátedra digital y el último progre acomplejado de Instituto se considerarían con derecho a enmendarles la plana o a considerarse con derecho innato a desmentirlos.

Dejémonos de florituras: el "problema de España" que tanto dividió a Rafael Calvo Serer y Pedro Laín Entralgo se resume ahora mismo en que tres generaciones de españoles han sido formadas en la ignorancia de nuestro pasado, en su conocimiento sesgado o falseado, en el desdén manifiesto hacia el mismo o en el odio hacia la comunidad que nos da nombre. Sólo la resistencia de una minoría de investigadores y docentes, el coraje ocasional de algún político y, eso sí, el sentimiento irracional de una mayoría de compatriotas está impidiendo la voladura final. En esto sí somos el asombro del mundo.

Stanley Payne: un hombre y un destino
Nada en los orígenes o en la formación previa de Stanley G. Payne hacía prever que llegase donde ha llegado. Un joven historiador norteamericano, con inquietudes izquierdistas, catapultado como investigador en la España franquista, tenía todos los números para unirse a la numerosa tropa de propagandistas nacionales y extranjeros de las diferentes leyendas negras sobre la historia nuestro país. Y sin embargo...

Payne atribuye su recorrido como historiador de España y de Europa a su formación y en buena medida a una serie de afortunados encuentros con personas que le abrieron puertas y ventanas. El más notable de esos encuentros habría sido con don Javier de Lizarza, sin duda más que capaz de ayudar a un joven prometedor y al mismo tiempo de ayudarle a superar los lugares comunes heredados. No en vano este libro está dedicado al mejor defensor que ha tenido Navarra en Madrid en los últimos siglos. Pero no conviene olvidar la honestidad intelectual del mismo Payne: muchos otros vieron los mismos documentos, escucharon los mismos testimonios y vivieron en la misma España y sin embargo se mantuvieron en los prejuicios a los que este historiador supo renunciar humildemente.

¿Por qué un norteamericano ocupa semejante posición entre nuestros historiadores? Su capacidad es sólo una parte de sus méritos; su honestidad, ayudada por su capacidad de ver desde la distancia la historia de España, ha hecho el resto. Y la singularidad de su estilo, casi en solitario en algunos momentos y en algunos puntos y desde luego divorciado de la masa de contemporaneístas españoles, no es culpa suya sino más bien demérito de quienes supuestamente cultivan el mismo oficio pero carecen de su honestidad.

¿Es pecado hacer historia de España?
Payne entra con este libro en uno de los cotos vedados, y a menudo prohibidos, de nuestra historiografía. España no es Francia, donde Alain Minc acaba de lanzar su personalísima Une histoire de France. Entre nosotros está bien vista la investigación superespecializada, siempre que se atenga a la corrección académica progre; y está asumida la historia general, siempre que no sea de España, y cuando lo sea sólo si es hostil. Las historias generales de España raramente rebasan ahora la colección de tópicos, y cuando están hechas por académicos como Payne –que entre nosotros deben ser evaluados por sus congéneres- nunca describen sin complejos ese acontecimiento único que es la historia de España. Payne, sin embargo, no tiene ataduras ni teme violar las reglas no escritas de la nueva y vigente inquisición.

Quizás no sea pecado hacer historia de España, pero sí está francamente mal visto hacerla como la hace Payne. Para él, "la Reconquista española fue un proceso en ciertos aspectos único en la historia española y mundial. No ha habido ningún otro caso en el que, después de que un reino fuera conquistado por el Islam o por cualquier otra civilización extranjera, para ser posteriormente no sólo sometido, sino profundamente transformado y aculturado en esa civilización foránea, dicho reino fuera, sólo siglos después, totalmente recuperado por los vestigios del reino conquistado, que no se conformó con imponerse a los invasores, sino que reaculturó el territorio sometiendo a sus habitantes y finalmente extirpando la civilización atacante.

En los paralelismos más cercanos, que se encuentran en el este y sureste de Europa, los imperios mongol y otomano sometieron militar y fiscalmente a los pueblos cristianos conquistados, pero no habitaron en gran número sus territorios ni trataron de sustituir su religión y su cultura… En ningún otro lugar del mundo islámico una importante sociedad musulmana fue completamente sustituida por una parte de la población anteriormente conquistada".

En suma, "aunque los españoles no hubieran logrado nada más, solo por esta razón la historia de España habría sido totalmente singular" .

Un norteamericano nunca deja de sorprenderse de cómo los españoles se arrepienten y se avergüenzan de ser lo que son, y de cómo ocultan su pasado colectivo, negándolo en público y adoctrinando a sus hijos en versiones falaces del mismo relato. Decir que España tiene una "historia única" no implica exaltación nacionalista, sino simple reconocimiento de los hechos.

Qué debemos hacer con el libro de Payne
Se acerca la Navidad y este libro tiene un destino manifiesto: si tiene usted en su familia jóvenes por debajo de los cuarenta años, y especialmente si son estudiantes entre los 15 y los 20, cómprelo, regálelo, no ahorre en esto. Payne ha llegado en uso de su libertad a un punto al que la mayoría de nuestros historiadores no se atreven a llegar hoy. Se puede estar más o menos de acuerdo con algunos detalles del resultado, pero el resultado de más de cuarenta años de trabajo profesional es un conocimiento cabal del pasado y de la identidad española.

Un conocimiento que se niega en nuestras propias aulas, generando una ignorancia que tendrá graves consecuencias en décadas por venir. En tiempos de José María Aznar se implantó una historia general de España como asignatura obligatoria para todos los alumnos del último año del Bachillerato, y hasta Santillana publicó un excelente manual de José Ángel García de Cortázar. La asignatura perdura, pero su aplicación real es bastante discutible en manos de autonomías tribales o pueblerinas y de docentes obsesionados por la difunta selectividad, demasiado a menudo adictos a la leyenda negra progre y masoquista o en todo caso a los complejos de inferioridad generados por ella.

Feliciten ustedes a Payne y disfruten ustedes con un libro estimulante, lleno de ideas y de sugerencias, esencialmente libre y grato de leer. Y si conocen ustedes a algún docente de la materia, especialmente en los Institutos y colegios, ofrézcanselo también: no les hará mal, si es que acceden siquiera a tocarlo desde su relativismo o su militancia. Tomen su miedo o su desconfianza hacia la obra de Payne como lo que son: pruebas de que el norteamericano tiene razón.



"SÓLO LOS ASESINOS LA DISFRUTAN"
Rosa Díez denuncia que el Gobierno vasco no garantiza la libertad de los ciudadanos
La líder de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez ha señalado en un acto conmemorativo del 30º aniversario de la Constitución celebrado en Bilbao que el Gobierno Vasco "nunca se ha preocupado" por defender la libertad de todos los ciudadanos.
EFE Libertad Digital 7 Diciembre 2008

Rosa Díez, líder de Unión Progreso y Democracia (UPD), ha asegurado que el Gobierno Vasco "nunca se ha preocupado" por defender la libertad de todos los ciudadanos que la Constitución proclama y que "los poderes públicos tienen la obligación de garantizar".

"Los derechos fundamentales que proclama la Constitución, el derecho a la vida, a la libertad de expresión y de movimiento..., aquí sólo los disfrutan aquellos que asesinan a quienes defienden la Carta Magna", ha asegurado.

Díez ha intervenido este mediodía en Bilbao en un acto de reivindicación de la Constitución organizado por su partido que ha reunido a varios cientos de simpatizantes. La diputada, que ha defendido la idoneidad de celebrar un acto de este tipo en el País Vasco, "el lugar donde más se ataca la Constitución", ha insistido: "somos constitucionalistas, lo proclamamos y exigimos su cumplimiento".

Se ha mostrado partidaria de reformar la Constitución "para proteger los derechos fundamentales" que proclama, como el derecho a la vida, a la libertad, a la pluralidad..., "que ha costado siglos de lucha conseguirlos" y que son "innegociables en cualquier constitución del mundo".

"No es por una cuestión ideológica que propugnamos la reforma, es para salvar lo intocable, aquello que, por cierto, aquí en Euskadi no se cumple", ha añadido.

Díez recuerda a las víctimas del terrorismo
En este sentido, Rosa Díez ha considerado que si resulta que la existencia de 17 legislaciones educativas distintas, "nos ha llevado a que el instrumento más igualitario que existe, que es la educación, sea un instrumento para la desigualdad, habrá que tomar decisiones, "pero no porque seamos más o menos centralistas, sino porque no se cumple el objetivo de la igualdad".

La impulsora de UPD ha apuntado que situaciones similares se producen en el ámbito de la Sanidad, con diferencias en cuanto a los derechos asistenciales en función del territorio, o en la Justicia "cada vez más dependiente de los poderes políticos".

Diez ha expresado su satisfacción por haber conseguido llenar el salón del local en el que se celebraba el acto, "algo que no es fácil" y que "demuestra que el constitucionalismo vasco está vivo y es mayoría: no es verdad que aquí no haya constitucionalistas dispuestos a salir a la calle".

Ha recordado a todas las víctimas del terrorismo, muchas de ellas, ha apuntado, por defender la Constitución. "Les debemos la memoria para que su muerte no haya sido inútil y se pudieran sentir orgullosos de que otros les hayamos tomado el relevo".

ACOSO TERRORISTA A LOS EMPRESARIOS QUE CONSTRUYEN EL TAV
«Cuando la crisis nos obliga a reducir las plantillas, tenemos que contratar escoltas»
MANU ALVAREZ BILBAO El Correo 7 Diciembre 2008

m.alvarez@diario-elcorreo.com
«Los sabotajes han sido continuos; sólo se conocen los más aparatosos»
Los empresarios que construyen el TAV asumen la urgencia de reforzar las medidas de protección personal ante la ofensiva de ETA
El coste de cada guardaespaldas ronda los 7.000 euros mensuales

La treintena de empresas que participan en las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) -un proyecto estratégico para Euskadi destinado a unir las tres capitales vascas y a éstas con capitales como Madrid o París- se enfrentan a una abierta ofensiva de ETA, que se ha saldado esta semana con el asesinato del constructor Inaxio Uria. Una «aberración» democrática y moral, a la que se ven obligadas a sumar otro desvarío de tipo económico: mientras la crisis, que ha castigado con especial virulencia al sector, «nos obliga a reducir las plantillas por la caída de la actividad y de los ingresos, tenemos que aumentar los gastos en seguridad y pagar escoltas», subraya un directivo de una compañía afectada.

El atentado del pasado miércoles en Azpeitia que segó la vida del consejero de la firma Altuna y Uria, de 70 años, ha supuesto un salto cualitativo en el acoso de los terroristas sobre las compañías que trabajan en el trazado. La presión se había limitado hasta ahora a amenazas, al sabotaje de sus equipos y a la colocación de una bomba, el 1 de junio, en la sede del grupo Amenabar en Zarautz, que quedó destrozada. El Departamento vasco de Interior se propone blindar la nueva red ferroviaria «hasta el último eslabón». La próxima semana debatirá la adopción de medidas en una cumbre al más alto nivel con el Gobierno central. Entre ellas, se da como seguro el establecimiento de un fuerte dispositivo de seguridad para los principales directivos de esas empresas, hipotéticos objetivos de la banda terrorista, mediante la contratación de guardaespaldas.

Hasta ahora, las constructoras habían asumido el peligro que corrían sus instalaciones y el material depositado en los tajos, pero no habían evaluado correctamente el riesgo que corrían sus propietarios y ejecutivos. La evidencia de que ETA pretende reproducir en el caso del TAV la estrategia de terror que desplegó contra la central nuclear de Lemoiz o la autovía de Leizaran les ha obligado a aceptar lo inevitable: su vida estará vigilada.

Un precio elevado
De momento, todos los indicios apuntan a que las propias compañías deberán asumir el coste de esa protección. Fuentes del Departamento de Interior explican que, hasta ahora, las soluciones a los problemas de seguridad de las empresas privadas han tenido que ser asumidos por sus cuentas de resultados. Los gobiernos central y vasco sólo financian la contratación de escoltas para dirigentes políticos, concejales y jueces, señalan los mismos medios.

Las cifras son contundentes. La 'factura' mensual de un guardaespaldas se sitúa en tono a los 6.000 euros. A esa cantidad hay que añadir otros 800 euros destinados al alquiler de vehículos. El cambio permanente de automóvil, mediante un sistema de rotación, es una de las claves de un buen dispositivo para prevenir atentados, según apuntan especialistas en la materia. Además, existe un gasto variable -imposible de calcular a priori- en dietas y alojamiento en caso de que se produzcan viajes por motivos profesionales o para evitar rutinas y dificultar la acción de los comandos.

«Con esas referencias -indican responsables de algunas compañías que ya han comenzado a estudiar el coste económico del problema- no es descabellado pensar que cada una de las constructoras relacionadas con el TAV se verá obligada a afrontar un gasto medio en seguridad cercano a los 21.000 euros mensuales». Ese dinero apenas les permitirá ofrecer protección a tres directivos.

Como once peones
El brusco parón inmobiliario ha obligado a la inmensa mayoría de las empresas del sector a ajustar sus plantillas, bien a través de despidos o mediante la no renovación de los contratos temporales o por obra. Las firmas que han conseguido adjudicaciones en el TAV, aunque tienen más actividad en la construcción civil que en la edificaión de viviendas, no son una excepción a esa regla y han recortado personal en el último medio año. La inversión en seguridad que deberán asumir, en medio de una crisis económica que aún no ha tocado fondo, supondrá una nueva carga para sus ya castigadas cuentas de explotación, según fuentes del gremio. Éstas apuntan que un coste mensual en seguridad de 21.000 euros es el equivalente al salario de cinco jefes de obra, siete encofradores, once peones o trece administrativos.

Éste no es, además, el único gasto adicional que han de soportar las constructoras de la nueva red ferroviaria por la ofensiva de ETA. Desde hace meses se han visto también obligadas a incrementar las partidas económicas para aumentar la seguridad estática en sus 'cuarteles generales' y en las oficinas de sus filiales, así como la vigilancia en las obras. Los sabotaje de la maquinaria que se utiliza en los trabajos ha sido continuo, «aunque sólo se han conocido los casos más aparatosos», explican fuentes de varias compañías.

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Nuevas subvenciones a la prensa en catalán
blogs.hazteoir.org/economiaynacionalismo 7 Diciembre 2008

El desvío constante de fondos públicos con destino a los medios de comunicación en catalán se refuerza con una nueva medida adoptada por el gobierno regional: la distribución digital y en papel con cargo al presupuesto.

La Asociación de Publicaciones Periódicas en Catalán y la dirección general de Cooperación Cultural de la consejería de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad catalana han firmado un acuerdo para la distribución de las publicaciones en lengua catalana.

En virtud de dicho convenio, las 333 bibliotecas del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, más la Biblioteca de Catalunya, distribuirán todas las versiones digitales de las revistas que se editen en catalán. Además todas las bibliotecas facilitarán a sus lectores ejemplares en papel de dichas publicaciones.

De este modo podrán subsistir publicaciones que no alcanzan el mínimo interés por parte del ciudadano. Es el caso de la mayor parte de las revistas que la Generalidad catalana distribuirá a partir de ahora a través de sus insfraestructuras culturales.

¿Cuántos lectores tiene la revista Lengua nacional? ¿Cuántos ejemplares vende? Desconocemos ambos datos, lamentablemente, pero son fácilmente imaginables. El sumario de los últimos números de esta publicación recogen los siguientes artículos:

• Manifest «Pel català a l’escola»
• Catalunya observada per un polonés (”¿Catalonicidio? El verdadero problema es el genocidio invisible y gradual“).
• 1907-2007: un segle de relacions filològiques germano-catalanes.
• Qui vol destruir la nació catalana?
• Dues boines.
• «Estar» en prejudici de «ser».
• Ús i abús dels qualificatius.
• Identitat lingüística......

INFORME
Ferias del libro, el agujero negro de los presupuestos nacionalistas

blogs.hazteoir.org/economiaynacionalismo 7 Diciembre 2008

Nada parece excitar más la imaginación presupuestaria de los nacionalistas españoles como la posibilidad de participar en una ferie del libro. Los nombres de Frankfurt y Guadalajara se han convertido en los preferidos, y los organizadores de dichos certámenes ya saben que en cuanto aparece alguna región española, tienen dinero garantizado. Y también escándalos y comportamientos poco decorosos.

Junto a las ferias alemana y mexicana, los gobiernos regionales son también muy aficionados a la feria del libro de La Habana, donde se recuerda la afición de algún que otro dirigente nacionalista español por los mojitos y los daiquiris.

La moda nacionalista de las ferias la inauguró el tripartito catalán que presidía Pasqual Maragall, que en 2004 llevó a varios centenares de invitados desde Barcelona a México con todos los gastos pagados por el contribuyente.

El responsable de la presencia de la cultura catalana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en rueda de prensa posterior al acontecimiento, ofreció su balance. Según Xavier Folch:

1º Los libros más vendidos no fueron las obras de los muy subvncionados e invitados autores catalanes contemporáneos que solo escriben en catalán, sino los diccionarios catalán-castellano.

2º También se vendieron profusamente las obras de Juan Goytisolo, que escribe en castellano, y de Josep Pla, que fue cualquier cosa, menos nacionalista y está poco menos que proscrito por la cultura oficial tripartita.

3º La librería del pabellón catalán vendió una media de 500 al día, por ocho días de feria, 4.000 libros.

4º El espacio que funcionó mejor dentro del pabellón catalán fue el restaurante.

Tales fueron los logros de la participación del catalanismo en la Feria del Libro de Guadalajara, según su propio responsable.

Visto el éxito, en 2007 la Generalidad catalana acudió a Alemania. Para ello, previamente incrementó en un 60% el presupuesto de su consejería de Cultura, que en su ejercicio de 2006 alcanzó la envidiable cifra de 275.366.000 euros. En cualqiuier administración, un incremento semejante en Cultura supondría un signo de progreso y civilización, pero aquí estamos hablando de una administración nacionalista que dedica sus mayores recursos a la formación de redes clientelares y a la represión.

Así, el presupuesto catalanista en Cultura incluye desde las subvenciones a la producción de cine porno catalán hasta los gastos de las oficinas de delación lingüística, pasando por la financiación de la prensa xenófoba y el sostenimiento de entidades y asociaciones soberanistas.

Es difícil calcular qué porcentaje de los 275.366.000 euros destinados a Cultura en 2006 por el tripartito catalán se destinó a la Feria de Frankfurt, a la que el gobierno regional invitó a centenares de personas. Las cuentas de las administraciones nacionalistas nunca son fácilmente accesibles y están plagadas de lagunas. Pero algunas fuentes hablan de 12.000.000 de euros.

El nacionalismo vasco gusta especialmente de las ferias de Buenos Aires y Santa Fe. En ellas, el tripartito suele dedicar el dinero público a conferencias, presentaciones de libros escritos en vasco y actividades musicales y de danza fácilmente reconocibles.

Para estos despliegues se suelen utilizar las “embajadas” y la denominada por el nacionalismo “diáspora vasca”, expresión que no se refiere a los varios cientos de miles de ciudadanos que han tenido que huir del País Vasco porque el nacionalismo “democrático” no les protegía del nacionalismo terrorista. La Fundación Vasco Argentina Juan de Garay, el Centro Gure Etxea de Santa Fe y la Federación de Entidades Vasco Argentinas cuentan siempre con el apoyo subvencionador del gobierno regional.

¿Qué tipo de actividades culturales pagan los ciudadanos en ferias tan lejanas y qué tipo de libros se presentan y difunden en tales acontecimientos? Esta es la crónica que de una de las ediciones de la Feria de Santa Fe ofrecía Deia, el órgano oficial del PNV:

El periodista mendocino Mariano Saravia se ocupará de la presentación de su libro ‘Naciones Secuestradas’, sobre la situación del País Vasco, Irlanda del Norte y Quebec, con una disertación sobre el tema seguida de una actuación del grupo de Dantzaris del Centro Vasco paranaense Urrundik.

La Feria de Frankfurt también conoce las visitas de las delegaciones del nacionalismo vasco, aunque las actividades siguen la tónica de las descritas para América:

La consejera de Cultura Miren Azkarate se desplazará a la sala Forum Dialog, donde se celebrará un acto de promoción de la literatura vasca en el que tomarán parte los escritores Arantxa Urretabizkaia y Xabier Montoia, y presentarán Idoia Noble y Petra Elser. La consejera mantendrá asimismo contactos con la representación catalana, invitada de honor este año en Frankfurt.

A esta moda de la participación en ferias de libros internacionales se ha sumado el nacionalismo gallego, que por segunda vez anuncia su participación en el certamen de Guadalajara.

La consejería de Cultura y Deporte de la Xunta gallega señala los actos más importantes que tienen previsto realizar en la feria mexicana. Se trata, según sus propias fuentes, de los siguientes:

- Presentación do proxecto cultural “Letras de Galicia”, da Consellaría de Cultura e Deporte, que edita unha revista e mantén unha páxina web.

- Presentación da novela “Tiempos de fuga”, nome co que a editorial mexicana Almadía acaba de publicar a obra de Ramón Caride “O sangue dos camiños”.

- O encontro coa comunidade galega de Guadalaxara.

No hay pues mucha diferencia entre los 4.000 ejemplares que vendió el catalanismo, o el éxito de su bar, y la visita a “la comunidad gallega” de México, o la presentación de una web, o de una novela que por cierto se ha editado en el país americano, no en Galicia. Las ambiciones del nacionalismo son, como se puede apreciar, similares en todos los casos: cortas y, como diría un gallego, aldeanas. Pero los gastos destinados a alcanzar semejantes hitos, esos sí se pueden considerar infinitos.

El PER lingüístico y los 8.000 millones de euros a los ayuntamientos
blogs.hazteoir.org/economiaynacionalismo 7 Diciembre 2008

La partida de 8.000 millones de euros destinada a los ayuntamientos que el gobierno de la nación ha aprobado tendrá usos muy particulares en las regiones gobernadas por nacionalistas. Se destinarán, por ejemplo, a la financiación de una suerte de PER lingüístico y a la represión de los nombres de pila incorrectos desde el punto de vista étnico-lingüístico.

La pulsión traductora de los nacionalismos y sus modos autoritarios cuando se trata de los apellidos ajenos no es un invento ni reciente, ni del catalanismo. El nacionalismo vasco lleva décadas enfrascado en una operación de cambio de nombres y apellidos con cargo al presupuesto público:

El pasado mes nació nuestro hijo, al cual teníamos elegido como nombre Aritza. El nombre lo habíamos comprobado en el libro “Izendegia” de Elkarlanean cuyo autor es Xarles Bidegain. Este libro está basado en la bibliografía de libros de Euskal-tzaindia y de autores como José Mari Satrustegi, Jean Baptiste Orpustan, Alfonso Irigoien y Eugéne Goyhenetche. En la pág. 71 del libro, pone Aritza: “(masculino). Del vasco “Haritz” (roble). Nombre de un rey Navarro-Eneko Aritza”.

Cual fue nuestra sorpresa, que cuando fuimos a inscribirle en el juzgado nos dijeron que era imposible, pues Euskaltzaindia ya no dejaba poner ese nombre a un chico y que ahora era de chica, según la nueva norma. Nos acercamos a Euskaltzaindia y nos dijeron lo mismo, que habían actualizado los nombres y aunque muchos chicos tenían ese nombre ahora ya no se podía y que había problemas con nombre como Lur, Eki, Amaiur entre otros, y nombres como Zigor ya no se podían ni poner. (Jabi Artetxe, Euskaltzaindia y el nombre de mi hijo)

Euskaltzaindia es la academia de la lengua vasca, que tiene un apartado dedicado a la “legalización” de los nombres correctos de los buenos vascos. Y a juzgar por los resultados, tiene también una sorprendente función ejecutiva sobre las decisiones que, de manera (supuestamente) libre, pueden adoptar los buenos vascos, es decir, los vascos nacionalistas.

Pero la Euskaltzaindia no es el único organismo público de la región encargado de gastar el dinero del ciudadano en productos tan necesarios para el progreso y la prosperidad colectiva. Además de la academia, en el País Vasco se entierran cantidades de dinero difícilmente cuantificables en labores de “euskaldunización”, es decir, de imposición paulatina de la lengua obligatoria, a través de todo tipo de instituciones, desde los ayuntamientos hasta el sistema educativo, pasando por los propios partidos políticos, que de manera directa e indirecta presionan al ciudadano en el terreno lingüístico.

Ocupémonos de los ayuntamientos, que en el País Vasco van a recibir la parte alícuota de los 8.000 millones de euros enviados por el gobierno para crear los nuevos PER, que en el caso de las regiones nacionalistas serán PER linguísticos. Y en el caso del País Vasco, también PER terroristas.

Si usted se llama Ramírez y quiere “euskaldunizar” su apellido, tienen a su disposición un servicio público dependiente del Ayuntamiento de Andoain, que paga usted con sus impuestos resida donde resida, porque la administración regional vasca tiene privilegios fiscales que le permiten dispendios de esta naturaleza.

El servicio de “euskaldunización” de los apellidos es uno de los múltiples rincones por donde discurre el dinero de todos en la administración pública nacionalista, sin que el contribuyente tenga la posibilidad de decidir sobre su utilidad real. El que traemos aquí depende el Ayuntamiento de Andoain, pero podrá usted encontrar servicios similares en todas partes.

Deberá presentar cretificado de nacimiento, partida de nacimiento literal, fotocopia del DNI y Libro de familia en el servicio correspondiente, en este caso el municipal de Andoain, donde los funcionarios emplearán su tiempo y los recursos públicos en estudiar su caso y proponerle la grafía correcta.

En la misma visita puede solicitar una subvención para estudiar vasco. También puede llevarse las revistas 5 Ttiki y 5 Press, que elaboran los colegios de la localidad y pagan todos los ciudadanos, lean vasco o no. Asimismo tiene la oportunidad de beneficiarse de una subvención si es usted comerciante y tiene un rótulo en la vía pública. Los requisitos son estos:

Si el rótulo está redactado íntegramente en euskera se abonará el 50% de su coste, hasta un máximo de 300,51 €.

Si el rótulo está redactado en bilingüe, se abonará el 30% de su coste, hasta un máximo de 180,30 €.

Cuando en el rótulo figuren solamente nombres o apellidos no se concederá ningún tipo de ayuda. Por ejemplo: el rótulo “ARANTXA” no recibirá ningún tipo de ayuda, pero el rótulo “ARANTXA OINETAKOAK” sí.

También puede recurrir a los servicios de los traductores, que son gratuitos en todos los casos. Las traducciones son del español, chino, francés, o lo que sea, al vasco, no a la inversa. Y puede recurrir al Servicio de Euskera municipal, que:

Ofrece a los ciudadanos la oportunidad de relacionarse con el ayuntamiento únicamente en euskera.

Sin salir del ayuntamiento podrá ganar hasta 16.000.000 € si participa en el Premio de Periodismo Rikardo Arregi, cuya finalidad es:

Potenciar la calidad, la excelencia y la innovación del periodismo en euskera.

Veinte ediciones hasta la fecha. Y si es usted joven, puede optar al Erreportari Gazte Saria, que:

Promueve entre los jóvenes de la zona la comunicación periodística escrita y la escritura en general.

Solo en vasco.

Puedes llevarse asimismo el Catálogo de productos en euskera (en la ilustración), una publicación en la que encontrará información sobre los productos de informática, videos, juegos, discos y libros que puede hallar en el mercado.

En el propio ayuntamiento podrá adquirir las obras del insigne escritor Patxi Etxeberria, publicadas por la municipalidad, así como el Andoaingo Toponimia, una relación de:

Los nombres de montes, ríos, casas, caseríos, puentes y otros lugares del municipio que han sobrevivido a lo largo de los siglos, resultado del minucioso trabajo realizado por Amaia Usabiaga, licenciada en Filología Vasca.

También edita el Ayuntamiento.

¿Acaba de ser padre o madre?
Enviamos una serie de regalos, dentro de un sobre, a los padres de niños recién nacidos: una lista de palabras de lenguaje infantil, un CD con nanas y un díptico.

El Alcalde de Andoain pertenece al Partido Socialista.
El segundo Teniente de Alcalde de Andoain pertenece al Partido Socialista.
El tercer Teniente de Alcalde de Andoain pertenece al Partido Socialista.
Los dos vocales del Ayuntamiento de Andoain pertenecen al Partido Socialista.
 

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