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Recortes de Prensa    Lunes 8 Diciembre 2008

Aporía de la Constitución
IGNACIO CAMACHO ABC 8 Diciembre 2008

LA Constitución no es inconstitucional, como podría colegirse de las múltiples voces que urgen su reforma. Casi todo lo que se quiere hacer para regenerar el viciado funcionamiento del sistema político se podría lograr sin necesidad de tocarla; acaso bastase con cumplirla. Incluso es posible cambiar la ley electoral, aunque tampoco resulta seguro que eso fuese a mejorar las cosas. Y, desde luego, reconducir un poco la centrifugación autonómica, que parece el principal punto de fricción de nuestro modelo político. Bastaría para todo ello un consenso transversal que ahora no existe entre los grandes partidos, y un vigilante Tribunal Constitucional alejado del pasteleo partidista. Un acuerdo firme para dejar gobernar al partido más votado sin tener que aliarse con los nacionalistas sería mucho más eficaz que expulsar a éstos del marco de la representación legislativa.

Por si a alguien se le ha olvidado, el principal mérito de la Carta del 78 fue el de integrar a un amplísimo número de españoles en el pacto de convivencia. Eso incluye también a los nacionalistas, por más que se hayan comportado deslealmente. Pero antes de sacarlos a patadas del Congreso o de victimarlos jibarizando su representatividad convendría pensar si es mejor tenerlos dentro que fuera, y si queremos que la Constitución sea incluyente o excluyente. Hasta ahora, cuando alguien ha querido autoexcluirse ha sido frenado -véase la sentencia sobre el referéndum de Ibarretxe-, y si Cataluña u otras comunidades han ido más lejos de lo admisible fue porque su deriva secesionista contó con el apoyo del Gobierno de España. De esa irresponsabilidad no tiene la culpa la pobre Constitución.

La mayor virtud del texto vigente es que no iba contra nadie. Cambiarlo pensando precisamente en eso, en usarlo para achicarle el espacio a alguien, sería un error de lesa democracia. Para poner diques a los abusos basta con cumplir la ley y ejercer la responsabilidad política, que es lo que falta desde hace varios años, cuando se rompió toda posibilidad de acuerdo entre la izquierda y la derecha, las dos grandes fuerzas que compartían un proyecto de Estado. Se puede extender al final del aznarato el comienzo de esa ruptura, pero ha sido bajo el mandato de Zapatero cuando se consumó la discrepancia de raíz, porque el presidente decidió cambiar el modelo y desequilibró los contrapesos del sistema. Su mayor desacierto, el más imperdonable, no lo constituye la negociación con ETA, una tentación suicida que al fin y al cabo ha seducido de un modo u otro a casi todos nuestros gobernantes; lo peor fue permitir el desguace de las últimas estructuras de cohesión nacional. Porque tiene mal remedio: el agua que se derrama nunca se recoge del todo.

En cualquier caso, las reformas pendientes en el sistema no necesitan extenderse hasta la Carta Magna, cuya preservación simbólica más allá de retoques o enmiendas debería constituir un objetivo común del proyecto democrático. Los problemas que nos afligen no son tanto defectos del modelo como de su aplicación, y en todo caso para modificar las reglas se necesitaría el acuerdo de quienes las han incumplido, forzado o retorcido. Eso nos lleva a una aporía estéril, que demuestra que lo necesario no es cambiar de Constitución, sino de política.

ZP no era optimista
POR CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 8 Diciembre 2008

Al negar la condición optimista de ZP no trato de entrar en uno de esos juegos a los que nos suele invitar el inquilino de La Moncloa para ocultar realidades tan negras como el terrorismo o la desintegración nacional. Para ser optimista, en momentos como éstos, un gobernante debe tener ideas y creer en ellas. Como Obama y Sarkozy. A ZP ni el cuerpo, ni la imaginación, ni la ideología le dan para más. Así que termina revelándose como lo que es: como un pobre pesimista antropológico.

El plan contra el paro que presentó ZP la semana pasada sorprendió a los analistas por su escandalosa falta de ambición. En unos momentos en los que todo el mundo habría estado dispuesto a perdonar cálculos excesivos se limitó a anunciar la creación de doscientos mil puestos de trabajo. Mientras Solbes anunciaba el agravamiento del paro que el ministro de Trabajo situaba en cuatro millones, Zapatero presentaba unas medidas ridículas. ¿Qué quedaba del gobernante que gustosamente se definía a sí mismo como un optimista incorregible?

La verdad es que los analistas políticos no han sido muy finos al hacer interpretaciones psicológicas de Zapatero. No fue ciertamente un bambi y su concepción de la política ha tenido que ver muy poco con lo que podría considerarse una visión optimista. Por el contrario, mi interpretación sobre la personalidad de Zapatero se ha basado siempre en su fundamentalismo pesimista. Al no creer en España como Estado unitario y al haber apostado siempre por una estrategia de poder basada en el pacto con los nacionalistas, su salida ha sido siempre la más perversa de las posibles. Incluso al tratarse del terrorismo. Su apuesta por el «diálogo» ha respondido a un radical pesimismo, esto es, a la posición del que se sabe perdedor. El ZP de la T4 es el auténtico ZP: el inmoral desmoralizado. Como Conde Pumpido aprendió a ceder en todo. La negociación con ETA fue el reconocimiento previo a la derrota.

Con la crisis ha emergido el verdadero ZP: el enamorado del desastre.

PSOE y ETA
La negociación
El PNV es una especie de "franquicia" de ETA que está tocando su fin. Ya no volverán a recoger las nueces del nogal que movía ETA. El PNV toca su fin. El PSOE se prepara a gobernar con los criminales de ETA. Y el PP volverá otra vez a quedar fuera.
Agapito Maestre Libertad Digital 8 Diciembre 2008

El Gobierno prepara la expulsión de ANV de los ayuntamientos vascos. Lo hará con parsimonia y delectación. Es la llave maestra que lo conducirá al poder en el País Vasco. Echará a ETA de los ayuntamientos, sí, pero será su principal baza, aunque parezca una paradoja, para pactar con los expulsados su integración en un futuro Gobierno socialista. Nada es inviable en un país pastoreado por el populismo socialista. La prueba principal está en Cataluña. El discurso de negociación del PSOE con los terroristas no ha sido sustituido, según creen algunos obtusos, por un discurso contundente, claro y preciso de eliminación de ETA por todas las vías políticas, jurídicas y policiales.

Es obvio que en la práctica, durante la nueva legislatura, el PSOE parece más preocupado por perseguir y encarcelar terroristas que en la anterior etapa de negociación. Es obvio el cambio en las formas de actuación de los socialistas. Es obvio incluso que algunas declaraciones del populista Rodríguez Zapatero respecto a ETA son más bravuconas. Pero, en fin, nada de eso puede llevarnos a mantener, como dicen los plumillas comprados por el PSOE, que la política antiterrorista ha dado un giro de 180º. Falso. Todo es maquillaje y patinaje artístico de los socialistas. El PSOE, en cualquiera de sus versiones, no ha cambiado el discurso de acercamiento, atracción y, en fin, negociación con los criminales de ETA para que participen en el tinglado político confederal que han montado.

Por lo tanto, el proceso iniciado por el Gobierno para expulsar a ETA de los ayuntamientos vascos tiene tres objetivos principales. Primero, simula que presta atención a las exigencias del PP de expulsar a los terroristas de las instituciones locales. Es una caricia de adiestramiento para que Rajoy se tome aún más en serio su tarea de "leal oposición". Segundo, disciplina al entorno político de ETA para que siga negociando con los socialistas sin altanería. Les da un cachete para que sigan obedeciendo al jefe de la confederación. Y, en tercer lugar, Rodríguez Zapatero le enseña retadoramente sus armas al PNV, es decir, le indica, por un lado, que puede romper el frente nacionalista, pero, por otro, le muestra el camino para integrar en un futuro Gobierno socialista a los ayudantes de los asesinos.

El proceso gubernamental de expulsión de ANV servirá a Rodríguez Zapatero para imponer sus tiempos y marcar la agenda de trabajo que lo llevará al poder en el País Vasco. El PNV aguantará, como ha dicho Arzallus, porque no puede hacer otra cosa. El terror lo ha mantenido décadas en el poder, pero los mismos asesinos se lo quitarán, sin duda alguna, cuando se avengan a pactar con Rodríguez Zapatero. El PNV es una especie de "franquicia" de ETA que está tocando su fin. Ya no volverán a recoger las nueces del nogal que movía ETA. El PNV toca su fin. El PSOE se prepara a gobernar con los criminales de ETA. Y el PP volverá otra vez a quedar fuera.

Es el triste destino de una melancolía. Una España constitucional. Nada.

43 alcaldes «indignos»
El PNV no quiere disolver los ayuntamientos que gobierna Acción Nacionalista Vasca porque se resiste a cortar amarras con el mundo institucional de ETA
TONIA ETXARRI El Correo 8 Diciembre 2008

Se volverá a equivocar el PNV si no apuesta, decididamente, por la derrota de ETA. De momento, sigue sin plantar cara a la hidra del terrorismo al conformarse con poner 'paños calientes' al cáncer que padece Euskadi desde hace demasiados años. Se limita a querer apartar a un alcalde como el de Azpeitia que, además de no condenar el atentado contra el azpeitiarra Inaxio Uria, desplazó en su día al partido que ganó las elecciones en el pueblo, que no fue otro que el PNV.

Y eso es lo que sobre todo le duele al Partido Nacionalista Vasco, que pretende ahora reducir el problema de ANV a un alcalde con nombre y apellidos sin afrontar el «conflicto» por la base. Porque el caso no es que Iñaki Errazkin, alcalde de Azpeitia, haya dejado al descubierto su mezquindad moral después del atentado contra el empresario de su pueblo. No. La cuestión es que, después de lo ocurrido, primero en Mondragón y ahora en Azpeitia, se instala la convicción de que si ETA matase a ciudadanos de los 43 pueblos en donde gobierna ANV, los alcaldes «indignos» serían todos.

Porque ANV llegó a los ayuntamientos, como EHAK al Parlamento, para servir a los intereses de ETA en las instituciones. Y hubo quién lo permitió cuando estábamos en otro momento político. Y ha habido quien les ha bailado el agua y quienes han mirado hacia otro lado. El portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, se centra únicamente en el alcalde de Azpeitia para hablar de alcalde «indigno» y así nos va en este país. Con unos representantes gubernamentales que se manifiestan contra la Ley de Partidos porque no son capaces de enfrentarse a ETA. Será miedo, incapacidad, falta de liderazgo o conveniencia electoral, el caso es que si después de 40 años los ciudadanos, sobre todo nacionalistas, se siguen sorprendiendo de que ETA vaya a por cualquier objetivo fácil con tal de seguir amedrentando a todo el país, es una señal de que la falta de decisión política está narcotizando de insensibilidad a una comunidad que, sin embargo y por fortuna, ya poco tiene que ver con la que cedió al chantaje de Lemoiz o la que tuvo que cambiar el trazado de la autovía de Leizaran.

El problema reside en nuestros líderes políticos. Veintiocho años de gobiernos nacionalistas y nada ha cambiado en Euskadi con respecto a ETA, que sigue queriendo regir el destino de la ciudadanía vasca. Treinta años de Constitución y, como ha señalado Rosa Díez este fin de semana en un acto de UPD en Bilbao, sólo disfrutan de los derechos constitucionales «aquellos que asesinan a los que defienden la Constitución o los mudos, los que miran para otra parte». Los empresarios, un colectivo al que se le sigue exigiendo mucho más que a otros dirigentes institucionales, han tomado nota de los clamorosos silencios, de la indiferencia palpada. El vizcaíno Vazquez Eguzquiza no pudo ser más expeditivo a la hora de mostrar su decepción por ver que la gente, después del atentado contra Inaxio Uria, «no se ha echado a la calle».

Y toman nota también de la estudiada pérdida de tiempo de nuestros gobernantes. Dice Egibar que el alcalde de Azpeitia «no está a la altura ética». Y reconoce que la alcaldesa de Mondragón, Ino Galparsoro, cuando ETA mató a Isaías Carrasco, tampoco. Pero le parece «una barbaridad» la iniciativa de disolución de ANV, cuando todo el mundo sabe cuál es el móvil de la existencia del brazo municipal de ETA. ¿Qué hacer, entonces? ¿Ir tachando de las alcaldías a los alcaldes de ANV que sufran un atentado de ETA en su municipio? ¿Perder el tiempo con mociones éticas que obstaculicen las mociones de censura, como ocurrió en el municipio de Mondragón? ¿Qué quien se sienta amenazado se tome un 'Valium' como recetaba Arzalluz?.

Si la consejera del ramo, López de Gereñu, a estas alturas, todavía se sorprende de que el alcalde de Azpeitia, siendo de ANV, «no haya sido más tajante», demuestra una incapacidad flagrante de liderazgo. Si Urkullu dice a ETA que «aquí» le tiene si quiere ir contra el PNV, ¿no habría sido mejor que el presidente del PNV hubiera dicho que iba a ir él a por los terroristas?. Con una situación tan adormecida por parte de quienes nos gobiernan, ¿por qué no se disuelven las corporaciones «indignas» por mantener connivencia con ETA cuando se hizo lo propio con otras como la de Marbella cuyos ediles estaban imputados en casos de corrupción?.

Nuestros dirigentes van echando balones fuera pero ETA, mientras tanto, no pierde su tiempo. Siguen enviando cartas de extorsión. Después del atentado ¿se atreverán los demás hombres y mujeres de negocios a aguantar los chantajes y las constantes exigencias de dinero? Ayer, como si nada hubiese ocurrido, algunos colectivos ecologistas se manifestaron contra el TAV sin ser capaces de lucir una pancarta contra ETA. ¿Son tontos útiles o cómplices interesados? A nadie se le oculta que los objetivos de los terroristas van mucho más allá que el trazado de conexión con Madrid y París. Pero quién recuerde la imagen del brindis con champan de los representantes de Batasuna al conocer el cambio de trazado de la autovía de Leizaran concluirá que lo que quiere ETA es el control de la sociedad. Y mientras sigan en las instituciones los brazos políticos de ETA, tendremos al enemigo metido en casa.

ZP no quiere rematar a ETA
Francisco Rubiales Periodista Digital 8 Diciembre 2008

Muchos expertos policiales, incluyendo a los especialistas franceses en lucha antiterrorista, están aconsejando al gobierno español que desencadene ahora una ofensiva final contra ETA, aprovechando la coyuntura favorable de que la banda se encuentra dividida, desmoralizada y con menos apoyos que nunca, pero el presidente Zapatero y su equipo más próximo de la Moncloa se niegan a hacerlo.

La sorprendente negativa de Zapatero, que incluso ha decidido demorar la expulsión de los proetarras de los ayuntamientos que controlan en el País Vasco, tiene una explicación: Zapatero lo tiene todo programado y quiere culminar su segunda legislatura con la firma de la paz con ETA, lo que le permitirá, según sus estrategas, neutralizar el terrible desgaste que le están causando la crisis económica y su mal gobierno, ganar las elecciones de 2012 y pasar a la historia de España como el político que acabó con el terrorismo etarra.

La estrategia que se recomienda y que el gobierno rechaza comienza con el acoso a los proetaras de ANV, a los que se les puede expulsar de los ayuntamientos que controlan con la ley vigente, sin tener que realizar reformas jurídicas, combinada con declaraciones de apoyo a la paz emitidas por presos etarras de prestigio, que están convencidos de que la organización debe abandonar las armas, para terminar con una detención de los muchos cuadros del ala más radical de ETA que están localizados y bajo vigilancia permanente de las fuerzas de seguridad españolas y francesas, proporcionando así a la organización un golpe demoledor y concentrado en el tiempo del que difícilmente podría recuperarse en las actuales circunstancias de debilidad.

Pero, según nuestras fuentes consultadas, Zapatero prefiere retrasar el golpe final a la banda y hacerlo coincidir con una negociación que termine con el fin espectacular, solemne y ampliamente publicitado de la lucha armada, un acontecimiento que se debería producirse unos diez meses antes de las elecciones generales de 2012.

La estrategia del Estado contra ETA, como toda la política española y la acción de gobierno, queda así supeditada al único fin supremo y prioritario de ZP y su partido: ganar las próximas elecciones generales y mantenerse en el poder.

Voto en Blanco

Casi todos los azpeitiarras coinciden con ETA en sus fines independentistas, aunque un tanto por ciento elevado repudia sus métodos
La sociedad silente
Carmen GURRUCHAGA La Razón 8 Diciembre 2008

Cuatro décadas después de que ETA empezara a utilizar el asesinato como método, con el único fin de lograr objetivos políticos, la amenaza latente del terrorismo etarra y su capacidad coactiva para condicionar la vida política y violentar la convivencia permanecen intactas. El año 2004 escribí «Los Cómplices de ETA», un libro en el que traté de explicar por qué la banda continúa existiendo a pesar de sus más que evidentes síntomas de agotamiento. De acuerdo con mi análisis, sigue ahí, a pesar de los pesares, porque encontró un ecosistema psicosocial, económico y político, en el propio País Vasco, que lo ha hecho posible.

Uno de esos bastiones, muy importantes a lo largo de su existencia, ha sido esa sociedad vasca, que responde con un silencio cómplice a las atrocidades que comete la organización terrorista vasca. Todo esto sin olvidar a los eclécticos políticos que responden de una u otra manera, dependiendo de sus intereses políticos, ni a esa parte del empresariado, que ha cedido al chantaje del impuesto revolucionario, ni a Francia, que durante treinta años prestó inmunidad a sus bases operativas. Evidentemente, este enésimo artículo relacionado con la banda viene a cuento por el asesinato del empresario vasco Ignacio Uría y la tímida reacción de sus conciudadanos y muy especialmente de sus ¿amigos? de la cotidiana partida de cartas.

Como ciudadana vasca, a la que le molesta escuchar el calificativo de «cobarde» referido a la sociedad vasca, he de confesar que lo sucedido con la de la partida de «tute» conocido por todos, me resulta insuperable. Estoy habituada a casi todo pero no puedo compartir ese hecho cuya pretensión era no echar carnaza a los «españolistas» y no cabrear a los etarras; el terrible dilema de los nacionalistas no violentos.

El asesinato en Azpeitia de un empresario nacionalista, ideología compartida por la mayor parte de los habitantes de este pueblo de casi 15.000 habitantes sitúa en primer plano la dificultad real para compatibilizar fines y medios. Casi todos los azpeitiarras coinciden con ETA en sus fines independentistas, aunque un tanto por ciento elevado, repudian sus métodos. Pero el error estriba en que, con frecuencia, estos nacionalistas vascos piensan que pueden valorar los medios con independencia del fin y viceversa. Es decir, creen posible sentir repugnancia ante los medios de los terroristas, a la vez que entusiasmarse con sus objetivos finalistas. En definitiva, se ven capaces de reivindicar un fin legítimo, como puede ser la independencia, pese a la existencia de unos terroristas que lo deslegitiman con métodos innobles e injustos. Si no fuera así, los nacionalistas no violentos habrían abandonado sus objetivos independentistas hasta que ETA abandone sus métodos violentos para conseguir ese mismo fin. Porque éste no es una idea abstracta, exenta de contaminación sino que, inevitablemente, va ligado a los medios con los que se pretende llegar al mismo. Separar medios y fines es una falacia detestable utilizada por muchos nacionalistas para vivir situaciones censurables como el asesinato de Uria, sin remordimientos. Por eso, la partida de cartas no podré superarla nunca.

ERC quema la Constitución
El nacionalismo radical no está interesado en reformar unas instituciones que pueda considerar deficientes, sino que pretende dinamitarlas con el objetivo de aprovechar el desconcierto y el caos para instaurar su propio régimen autocrático.
EDITORIAL Libertad Digital 8 Diciembre 2008

El exabrupto cuasi delictivo de Tardá de "Muera el Borbón" es sólo la anécdota de una categoría mucho más amplia. Aunque haya quedado como la nota delirante de los actos de ERC en contra de la Constitución española, no debemos olvidar que durante este evento se procedió al entierro y la quema de la Carta Magna.

El Borbón, como les gusta denominarlo para remarcar su linaje con su odiado Felipe V, no es el auténtico objetivo del independentismo izquierdista catalán –si bien lo han convertido en todo un símbolo de su animadversión hacia España, por ejemplo con la quema de sus fotografías–, ni tan siquiera puede decirse que la actual Constitución lo sea. Nada habría que objetar si ERC pretendiera reformar las instituciones con el objetivo de mejorarlas; nosotros mismos hemos señalado algunos de los agujeros negros más evidentes de nuestra Ley de leyes.

De hecho, la permanente reflexión sobre los presupuestos de nuestro ordenamiento jurídico es un ejercicio muy sano y recomendable para reforzar las garantías de los derechos individuales y de la libertad. En este contexto, por ejemplo, podría tener sentido que ERC rechazara la existencia de una figura monárquica si considerara que así contribuye a afianzar la democracia.

Sin embargo, el nacionalismo radical no está interesado en reformar unas instituciones que pueda considerar deficientes por cualquier motivo legítimo, sino que pretende dinamitarlas con el objetivo de aprovechar el desconcierto y el caos para instaurar su propio régimen autocrático.

En el mismo acto donde se quemó la Constitución (no por ser una mala Constitución, sino por ser una Constitución para todos los españoles) Tardà también advirtió de que los catalanes no serán verdaderamente libres hasta que se haya constituido la república catalana.

Dicho de otra manera, la libertad es un privilegio que sólo puede conceder un Estado catalán y no un derecho inherente que puedan reivindicar catalanes y españoles frente a cualquier Estado. Una premisa peligrosa sobre la que puede edificarse la dictadura más salvaje por parte de quienes en ese momento ocupen la Administración (que, en cuanto Administración con pedigrí catalán, sólo puede pertenecer a los auténticos catalanes, esto es, a los nacionalistas de ERC).

Sólo así puede entenderse que el proceso de construcción nacional de Cataluña, por el que pretende liberarse al pueblo catalán, se lleve por delante tantas libertades ciudadanas (como la libertad de expresión o de elección de centro educativo) en comparación con lo que sucede en el resto de la supuestamente represora España. Y es que desde la perspectiva de una parte del nacionalismo, sin nación catalanizada no puede haber Estado catalán y sin éste, la libertad carece de sentido.

La senda despótica de ERC es algo que no debiera extrañar a quienes conozcan la ideología de este partido. Sorprende acaso algo más que el PSOE –que se reputa, al menos en sus siglas, español– colabore activamente en las instituciones democráticas con quienes pretenden cargárselas, no ya por ser españolas, sino para que no las haya de ningún tipo. Ahí está Bono, presidente de un Congreso depositario de la soberanía nacional, disculpando a Tardà y a sus pirómanos chicos de ERC. Quizá sea porque el hermanamiento izquierdista contra los derechos individuales –y, sobre todo, la conservación del poder con todos los latrocinios que ello permite– puede más que el respeto que le merecen los españoles.

En todo caso, en este trigésimo aniversario de la Constitución parece que queda claro que seguimos sin ser una democracia madura. Uno de los dos grandes partidos de España, a la sazón en el Gobierno, no duda en coaligarse con quienes pretenden destruir la democracia y quemar la Constitución por el hecho de ser Constitución. Pocas circunstancias podrían hacer peligrar más las libertades en España que este oportunismo antisistema del PSOE en coalición con un grupo de déspotas visionarios. El problema de Tardà no es que suelte frases inapropiadas para un político, sino que rezuman toda una estrategia política de destrucción institucional asumida en última instancia por el Ejecutivo socialista, tanto en Cataluña como en España.

Siempre tarde
Enrique LÓPEZ La Razón 8 Diciembre 2008

Hace unos días la banda terrorista ETA nos ha recordado lo que son, unos delincuentes. Conviene recordarlo porque siempre existe algún iluminado que cree que la solución a esta barbarie pasa por una negociación, o por la ingesta de algún barbitúrico, para ir pasando el tiempo e ir soportando la levedad del ser. Pero más allá de la triste coyuntura, cada atentado que se produce en España va acompañado de un espíritu renovador legislativo cada vez que se asesina a alguien, nos damos cuenta de que aquellos que de alguna u otra manera están al lado de los terroristas siguen gestionando instituciones democráticas. Esta vez, se dice que se va reformar la ley para que miembros de un partido ilegalizado no puedan gestionar un ayuntamiento. La cuestión no es si ya se podría impedir con la actual legislación que lo hiciesen, sino por qué, aun asumiendo que el actual marco no lo permite, por qué siempre hay que esperar a que asesinen a alguien, algo así como si siempre se les estuviera dando la última oportunidad.

Hace ya algunos años éramos algunos los juristas, por cierto, muy criticados, los que reclamábamos un cambio en el Código Penal que asegurara el cumplimiento íntegro de las condenas; se nos insultaba y se decía que no era la solución; pero lo cierto es que advertíamos que terroristas condenados en los ochenta y en los noventa, a pesar de obtener merecidas condenas de cientos de años, iban a cumplir un marco real de no más de veinte años, en el mejor de los casos. Creó un debate jurídico en el que siempre alguien mezcla los sagrados derechos fundamentales para justificar el inmovilismo, y al final hubo que esperar hasta el año 2003 para que fuera una realidad legislativa el cumplimiento efectivo de las condenas, permitiendo que alguien, desde sus altas responsabilidades asegure que cuando sean detenidos y juzgados los responsables del último asesinato pasarán toda su vida en la cárcel. ¡Con lo que costó convencer a algunos! Está claro que no es cierto del todo, pero como mínimo podrán estar treinta años, aunque habrá que esperar a que maten a otra persona para que pasen cuarenta.

Hoy nos enfrentamos a la vergüenza pública de soportar como miembros de un partido ilegalizado por el Tribunal Supremo lideran y gestionan importantes ayuntamientos, nos enfrentamos a la vergüenza de observar cómo no fuimos capaces de impedir que estuvieran presentes en las instituciones, permitiendo que la mitad de un partido se presentara a las elecciones locales de 2007, mientras que la otra mitad se consideraba ocupado por la banda terrorista ETA. Algunos ya advertíamos que eran un todo, pero hubo que esperar a los asesinatos de dos guardias civiles en Francia, para que se instara la ilegalización de todo el entramado, y así el Tribunal Supremo, esta vez sí tuvo la oportunidad de afirmar «que la “importante” presencia de miembros de la ilegalizada Batasuna en las listas de ANV no se produjo sorprendiendo la buena fe de este partido político», fundado en 1930, tal y como defendieron sus representantes, «sino que respondió a un acuerdo entre los dirigentes de ambos partidos para que ANV apoyara en las instituciones democráticas los objetivos perseguidos por ETA, como antes lo había hecho Batasuna».

La cuestión es por qué siempre llegamos tarde, por qué cuando en los años ochenta ya se sabía que cualquier asesino de Eta que fuera juzgado por hechos cometidos en esa década y en la siguiente, hiciera lo que hiciera nunca cumpliría más de veinte años de prisión, por qué no se hizo nada por cambiar las cosas. La pregunta es por qué si realmente se cree que la actual legislación que regula el régimen local no alcanza a dar solución a la desvergüenza de que los que siguen sin condenar un atentado de ETA, sigan gobernando Ayuntamientos, no se ha hecho nada hasta ahora, porque siempre llegamos tarde. Por qué por primera vez, cuando vuelvan a cometer un atentado, no se puede decir ya lo habíamos previsto y recaerá sobre todos, las consecuencias de la ley.

En cualquier caso, lo que es una realidad, es que ANV se pudo presentar a las elecciones de 2007, a pesar de su relevante relación con ETA, que están gobernando Ayuntamientos y que se debe hacer algo. Se deben estudiar todos sus acuerdos en los Ayuntamientos, y analizar si ya es de aplicación el actual marco regulador; no debe olvidarse que el artículo 61 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local fue reformado en el año 2003, con una ley llamada «para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales», título que en otros países democráticos sonrojaría y que aquí se convirtió en necesaria.

Bien valdría la pena que además de estos bienvenidos impulsos reformadores se reflexionara sobre el texto de la misma, y se explorara su posible aplicación al supuesto actual, analizando todos y cada uno de los acuerdos adoptados por la corporaciones concernidas y superando la indolencia de la expresión «el actual marco legislativo no sirve», analizar si hay posibilidades de aplicación. Una ayuda, el número 2 del famoso artículo 61, dice «en todo caso», esto es, establece un supuesto en el que siempre que se dé, no habrá duda en su aplicación, lo cual no excluye la aplicación de la norma en otros supuestos, tales como corporaciones dirigidas por miembros de un partido ilegalizado por su desvergonzada y execrable relación con ETA. Resulta fácil analizar todos los acuerdos adoptados por estas corporaciones municipales, y tomar alguna decisión. No caigamos en posturas indolentes esperando a cambios legislativos, que en nuestro país siempre han ido a rebufo y nunca nos hemos adelantado a los más que previsibles acontecimientos.

Enrique López es magistrado

Tontos de los cojones
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 8 Diciembre 2008

EN ese exabrupto carpetovetónico del alcalde de Getafe subyace un fondo de sincera e irritada perplejidad que debería hacer reflexionar a la derecha; pero la derecha prefiere rasgarse las vestiduras y hacer aspavientos de escándalo, en lugar de afrontar la cruda verdad. El alcalde de Getafe llama «tontos de los cojones» a los españoles que, con contumacia incorregible, aún se atreven a votar a la derecha, desafiando los patrones de juicio establecidos en el Matrix progre. Si yo fuera un dirigente socialista reaccionaría con idéntica perplejidad: ¿cómo es posible que aún haya recalcitrantes que voten a la derecha, si los clichés ideológicos comúnmente aceptados establecen que ser de derechas constituye un baldón insoportable?

La propaganda de la izquierda ha conseguido catequizar al pueblo (pero los agentes del Matrix progre nunca dicen «pueblo», sino «ciudadanía», palabra que designa a una masa amorfa que comulga las mismas ruedas de molino) mediante el riego por aspersión de clichés ideológicos que han sido aceptados como dogmas de fe. Así, por ejemplo, la propaganda de la izquierda ha logrado que asumamos sin empacho que la Guerra Civil fue una pelea entre buenos y malos; donde los buenos eran los abuelos de los socialistas y los malos los abuelos de una derecha a la que convendría rodear con un «cordón sanitario». Esta visión de tebeo se enseña en las escuelas, se consagra jurídicamente, se convierte en patrón de juicio inapelable; y se logra que los españoles que cuentan con algún antepasado que batalló en el bando de los malos (o sea, casi todos los españoles) agachen la cabeza y acepten la humillación, a cambio de un salvoconducto que les permita sobrevivir en el Matrix progre. ¿Cómo no va a sorprender que, una vez culminado este esfuerzo de ingeniería social, aún haya «tontos de los cojones» que voten a la derecha? Y el método que se aplica para tergiversar el pasado se utiliza también para oscurecer las calamidades del presente: mientras el paro galopa hacia finisterres nunca alcanzados, los liberados sindicales corren a gorrazos al consejero Güemes, cuyo delito consiste en inaugurar hospitales; y mañana se entretendrán corriendo a gorrazos a quien inaugure escuelas. Actividades ambas muy reaccionarias, pues en los hospitales que inaugura la derecha no se practican abortos con el ardor que se exige en el Matrix progre; y en las escuelas que inaugura la derecha no se imparte la Educación para la Ciudadanía con el entusiasmo debido.

La izquierda ha conseguido imponer unos clichés ideológicos que actúan como una suerte de napalm arrasador sobre la inteligencia; y, sobre todo, ha conseguido que tales clichés se eleven a la categoría de verdades inatacables, incluso entre la propia derecha, que se ha resignado a jugar una partida en la que el adversario elige campo y determina las reglas de juego. Quienes se atreven a refutar, o siquiera a cuestionar, tales clichés son de inmediato demonizados, expulsados a las tinieblas exteriores, condenados a la soledad del apestado o del friki. Y los representantes políticos de la derecha, para esquivar tan cruel destino, han de esforzarse penosamente por evitar que su adscripción resulte notoria, adoptando posturas acomplejaditas en asuntos medulares en los que su adversario ha sentado cátedra, aceptando compungidamente la superioridad cultural de la izquierda, etcétera.

Así, el exabrupto carpetovetónico del alcalde de Getafe adquiere una resonancia de mucho mayor alcance que la que los representantes de la derecha han querido atribuirle, tal vez por acallar su mala conciencia. Pues lo que el alcalde de Getafe ha querido en el fondo decir es lo siguiente: «Si los representantes de la derecha aceptan, por tibieza o complejo, los clichés ideológicos que la izquierda ha establecido como fundamentos del Matrix progre y se resignan a jugar una partida en la que las reglas del juego y el campo lo determina la izquierda; si, en definitiva, los representantes políticos de la derecha no tienen agallas para proponer una revisión radical del orden en el que los clichés ideológicos de la izquierda han encontrado arraigo, ¿por qué todavía hay tontos de los cojones que se empeñan en seguir votándolos?». Y hemos de convenir que, en efecto, hay que ser un tonto de los cojones para hacerlo.
www.juanmanueldeprada.com

Ataque terrorista
Después de Bombay
El ataque aporta una nueva táctica, la del comando militar, que crea nuevas inseguridades a cualquier país que pueda ser objeto de un acto semejante. Aumenta las cargas, costes y peligros a los que nos vemos expuestos.
GEES Libertad Digital 8 Diciembre 2008

Al final sí fueron diez objetivos y diez atacantes: 163 muertos, de los cuales 18 eran miembros de las fuerzas de seguridad y nueve terroristas. Se da por seguro que la organización responsable es la yihadista pakistaní Lashkar-i-Taiba, traducida unas veces como Ejército de los Piadosos y otras Ejército de los Puros. Partieron de Karachi en un barco pesquero robado, haciendo un viaje de más de 700 Km., y en todo momento estuvieron en contacto telefónico con sus jefes en Pakistán. Hay rumores sobre otros cinco implicados más, quizás en funciones de apoyo, pero la policía no suelta prenda. Actuaron en un área pequeña, en la punta meridional de la inmensa ciudad de más de 14 millones de habitantes, emplazada en una estrecha península, cerca de donde desembarcaron en lanchas de plástico el miércoles 26 a última hora de la tarde.

Se dispersaron en taxis y en media hora, sobre las 21.30, comenzaron a disparar y lanzar granadas indiscriminadamente. Actuaron en grupos de dos o tres sembrando la muerte con enorme rapidez. Sus objetivos principales fueron cinco: la estación de ferrocarril, el café turístico, el centro judío y sobre todo los dos grandes hoteles de lujo. Los otros les cogieron de paso. La ordalía terminó hacia las ocho de la mañana del sábado 29 en el hotel Taj Majal, cuando cayó el último de los terroristas. No se ha dado ninguna explicación de cómo pudieron resistir tantas horas en máximo estado de tensión mientras iban siendo diezmados.

Ha quedado amplísimamente confirmada la absoluta falta de preparación de las autoridades indias, tanto nacionales como locales. Desde el punto de vista del terrorismo, el ataque aporta una nueva táctica, la del comando militar, que crea nuevas inseguridades a cualquier país que pueda ser objeto de un acto semejante. Aumenta las cargas, costes y peligros a los que nos vemos expuestos. Añade un nuevo rasgo bélico a la naturaleza del conflicto, subrayando la importancia de campos de entrenamiento con o sin la anuencia del Estado donde se alojen.

Sin minusvalorar la importancia de todo ello, el atentado nos habla esencialmente de dos cosas, la sociedad india y las azarosas relaciones entre las dos potencia atómicas del subcontinente.

Primero, ha mostrado la incompetencia del Estado indio y ha sacado a la luz infinidad de datos que el crecimiento de ese gigante y su expansivo papel internacional había tapado. Lo mismo que China, está destinado a ser uno de los grandes de este mundo pero esto no se producirá ni mañana ni pasado mañana. Muchas cosas tienen que mejorar muy radicalmente para que las potencialidades del país surtan sus efectos. De momento, el ataque ha conmocionado a toda la sociedad india, unánime en que éste es su 11-S. Y ello tiene más de sorprendente de lo que podría parecer porque la India ha sufrido ataques peores en número de víctimas, hasta el punto de que ya ha perdido cerca de 7000 vidas en actos terroristas. Como término de trágica referencia baste decir que sólo en Bombay mueren accidentalmente en trenes unas 4000 personas al año, aplastadas en los intentos de entrar o salir o viajar colgadas de los vagones.

La otra historia es la permanente tensión con Pakistán. Se puede descartar la complicidad de las autoridades supremas del país, pero el servicio secreto militar nunca está exento de sospecha y la colaboración antiterrorista pakistaní nunca llega al fondo de la cuestión, bien por táctica, bien porque los condicionamientos políticos internos no se lo permiten. En medio están los americanos, tratando de evitar una guerra y extraer la máxima cooperación posible en su prioritaria lucha contra el terrorismo islamista, practicando el perpetuo ajuste de peligrosas presiones sobre el dudoso amigo.

ABOGA POR UNA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
Casas no pone fecha al fallo sobre el Estatut: "El tribunal está trabajando muchísimo"
La presidenta del TC, que sigue teniendo entre sus asuntos pendientes la resolución sobre el Estatuto catalán, cree que la sociedad está "madura" para reformar la Carta Magna. "El TC interpreta la Constitución, pero no puede reformarla".
EFE Libertad Digital 8 Diciembre 2008

En una entrevista concedida a la Agencia Efe, María Emilia Casas considera que la Constitución "ha envejecido bien, muy correctamente". "Gracias a la tarea de todos, pero muy señaladamente de este tribunal, que con la interpretación que ha venido haciendo de los preceptos constitucionales ha permitido también el entendimiento de esos preceptos para satisfacer las necesidades de cada momento", añade.

La presidenta del Tribunal Constitucional advierte, no obstante, que la "interpretación evolutiva del TC tiene un límite. El TC interpreta la Constitución, pero no puede reformarla". "Creo que 30 años después es un debate también propio de una sociedad madura plantearse la reforma de la Constitución. La Constitución regula los procedimientos para su reforma. En consecuencia, debatir y en su momento reformarla es seguir aplicándola", añade.

En cuanto a la politización que sufre la Justicia española y su tribunal en particular, Casas "reclama", como presidenta del TC, que se deje de cuestionar su labor. "Hay algo muy importante que todos tenemos que observar, que es la lealtad a la Constitución. Pero lealtad a la Constitución es lealtad al TC. Es el único órgano que puede determinar la constitucionalidad de la ley en nuestro sistema democrático, por tanto la lealtad y el respeto a la Constitución es lealtad y respeto al TC. Yo reclamo esa lealtad y ese respeto al TC", resalta. También pide que se logre ya el acuerdo para renovar el organismo.

En cuanto al Estatuto catalán, que sigue en la lista de tareas pendientes del tribunal, Casas no se aventura a hablar de fechas. "No puedo comprometer un plazo. El tribunal está trabajando muchísimo, deliberando de una manera continuada, seria y rigurosa. La impugnación es muy amplia y el tribunal resolverá lo antes posible", se limita a decir.
Sí admite la expectación que ha despertado la resolución. En su opinión, al ser los Estatutos "normas subordinadas a la Constitución que se aprueban como leyes orgánicas", una sentencia "que se pronuncia sobre una de esas normas sin duda ha de ser una sentencia muy importante".

EL PP: "SE ESTÁ BUSCANDO EXCUSAS PARA NO ACTUAR"
"Tenemos que decir que ETA está en los ayuntamientos por una traición del PSOE"
Carlos Iturgáiz ha pedido tener "memoria histórica" en torno a la presencia de ETA en los ayuntamientos y recordar la "responsabilidad" que tienen "Pumpido, Zapatero y Bermejo". Para Alfonso Alonso, no expulsarles sería dejar una puerta abierta a la negociación.
Libertad Digital 8 Diciembre 2008

En una entrevista en La Mañana del Fin de Semana, de la Cadena Cope, Carlos Iturgáiz ha tachado de "inaceptable" que se haya llegado a esta situación: que "maten a una persona para que algunos empiecen otra vez a darse cuenta de que hay que sacar a ANV de los ayuntamientos".

"Hay que recordar quién introdujo a ETA en los consistorios, cobrando del erario público, haciendo y deshaciendo lo que les da la gana", ha pedido Iturgáiz, que ha lamentado que los socialistas "actúan ahora como si hubiesen descubierto la piedra filosofal".

"Tenemos que tener memoria histórica y decir que ETA está en los ayuntamientos porque fue una traición del PSOE a la democracia" permitir que volvieran a las instituciones, ha exigido el eurodiputado, que también ha recordado que esto "no pasa en ninguna parte de Europa.

Iturgáiz también ha denunciado que "el PSOE y el PSE hacen la política dependiendo de la jugada", en alusión a la tardanza que tendrá la aplicación de las reformas legales anunciadas por De la Vega. "Si ahora la jugada les viene bien, Rubalcaba y compañía lo harán; si la jugada no les viene bien, no lo harán", afirmó en relación a que la nueva ley no estará en marcha hasta después de las elecciones vascas.

Una puerta a la negociación
Por otro lado, en declaraciones a Efe, el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha exigido al Gobierno socialista que "no espere ni un minuto más para desalojar de los ayuntamientos vascos" a los alcaldes de ANV "que trabajan al servicio de ETA".

Alonso ha instado al Gobierno a que aplique el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, ya que "hay capacidad legal suficiente y pruebas para poder hacerlo". El dirigente popular ha considerado que ETA "entendería que no se disuelvan sus ayuntamientos como una puerta abierta a la negociación", mientras que "la aplicación del articulo 61 sería marcar con los hechos, y con la ley en la mano, el camino de la derrota de la banda terrorista y mostrar que no hay ninguna esperanza ni expectativa".

Lo demás, a juicio del político vasco, supondría "dejar abierta una puerta que cuenta con un clamor social para que se cierre" y no dar respuesta a la demanda social "de que haya una unidad en la persecución del terrorismo y en la regeneración moral y democrática del País Vasco".

"Si el PSOE quiere acreditar que verdaderamente está dispuesto a cambiar las cosas en el País Vasco y que no actúa por un cálculo electoral, tiene que disolver los ayuntamientos de ANV y demostrar la voluntad política que le está faltando para aplicar el artículo 61", ha enfatizado Alonso.

El ex alcalde de Vitoria ha recordado que tras el asesinato de Isaías Carrasco "asistimos al espectáculo de las mociones éticas, que eran una excusa para no plantear mociones de censura" y ha considerado que ahora, "también se están buscando excusas para no actuar". Alonso ha insistido en que no se trata sólo de una cuestión política, sino que es "una cuestión de ética, de decencia y fortaleza del Estado de Derecho. La ley está para ser aplicada".

Dos preguntas y un giro radical
Dos preguntas y un giro radical
MARIANO CALLEJA | MADRID ABC 8 Diciembre 2008

Entre esta pregunta: «¿Cree usted buena para los intereses generales la actuación del Gobierno permitiendo que ANV se presente a las elecciones municipales, tras las declaraciones de representantes de Batasuna apoyando a dicha formación?», y esta otra: «¿Tiene previsto el Gobierno aprobar un plan de empleo efectivo para frenar la escalada del paro en España?», han transcurrido 19 meses, la ruptura de la tregua de ETA, un giro en la estrategia antiterrorista de Zapatero, unas elecciones generales, la ilegalización de ANV y un acuerdo no escrito entre el PP y el PSOE para recuperar la unidad frente a la banda.

Las dos preguntas corresponden al jefe de la oposición, Mariano Rajoy, y en ambas el destinatario es el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. La referida a ANV es de 16 de mayo de 2007, y ha sido la última, hasta ahora, que ha hecho el presidente del PP a Zapatero sobre lucha antiterrorista. Ahora este asunto ha desaparecido del control del PP en el Parlamento. Rajoy y el Grupo Popular han centrado su oposición en la economía, y el próximo miércoles apenas se hablará de lucha antiterrorista en el Congreso. Sólo UPyD ha registrado una interpelación sobre ANV.

El último crimen de ETA está todavía muy reciente: el pasado 3 de diciembre, dos pistoleros asesinaron al empresario Ignacio Uría. Un vistazo al orden del día del Pleno del Congreso de esta semana permite comprobar que las cosas han cambiado radicalmente respecto a la pasada legislatura. De las diez preguntas orales que corresponden al Grupo Popular, seis se refieren a la situación económica, entre ellas las que deberán responder Zapatero y De la Vega. Los populares defenderán, además, una Proposición no de ley, para reprobar al ministro de Exteriores (por la «cúpula de Barceló» o «capilla sixtina del siglo XXI» en palabras de Moratinos), una moción sobre política de inmigración, y una interpelación al ministro de Trabajo por los datos del paro. Ésa es la tónica de todas las semanas.

El PP sí ha presentado una iniciativa para pedir al Gobierno que proceda a disolver los ayuntamientos gobernados por ANV cuanto antes. La Proposición se calificará mañana en la Mesa y se llevará al Pleno, previsiblemente, el martes 16 de diciembre. Una iniciativa que, se apruebe o no, no producirá ningún rasguño a la unidad de los dos grandes partidos en la lucha contra el terrorismo, según fuentes parlamentarias consultadas por ABC. Comentan que la Proposición no es ninguna prueba ni pondrá en juego nada, porque la unidad está garantizada mientras se mantenga el cambio que ha dado el Gobierno en su estrategia contra ETA.

El partido de Rajoy ya ha anunciado que apoyará las reformas legales propuestas por el Gobierno para desalojar a ANV de los ayuntamientos. Esto no es óbice para que defienda su propia iniciativa, que persigue el mismo fin, pero por una vía más rápida: disolución inmediata de los ayuntamientos y después elecciones en marzo, frente a la propuesta más «lenta» del Gobierno, que no comenzaría a ser efectiva hasta la primavera.

Un Pacto en el limbo
Ya nadie habla del famoso Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado el 12 de diciembre de 2000 en el salón de Tapices del Palacio de la Moncloa por el entonces secretario general del PP, Javier Arenas, y el del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente José María Aznar rubricó como testigo. La legislatura pasada se convirtió en papel mojado por las discrepancias entre los dos grandes partidos respecto a la negociación emprendida por el Gobierno con los terroristas.

Tras las últimas elecciones generales, aquel Pacto ha quedado definitivamente en el limbo. Ahora hay que buscar una nueva fecha: 23 de julio de 2008. Ese día, Zapatero convocó a Rajoy a una entrevista en La Moncloa. En la agenda, la estrategia antiterrorista. La posibilidad de acuerdo era cierta, después de que el Gobierno socialista se comprometiera a no volver a negociar con los terroristas. De la reunión monclovita no salió ningún acuerdo escrito, pero sí un pacto tácito, que incluía una reforma en la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, para obligar a retirar placas e insignias que enaltezcan a los terroristas. Fijaron, además, los principios que debían regir la lucha contra ETA: unidad de los demócratas, cooperación internacional, confianza en el Estado de Derecho, respaldo a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y reafirmar que el único destino de ETA es desaparecer.

El acuerdo no escrito está plenamente vigente, y no se romperá pese a las posibles discrepancias sobre las medidas que hay que tomar en los feudos de ANV: «Hay un acuerdo tácito, lo que esperamos es que el Gobierno reflexione, pero la unidad sigue intacta porque permanece la esencia del pacto, que es la voluntad de derrotar a ETA», comentan fuentes del Grupo Popular, que añaden: «Mientras el Gobierno esté en la línea de la derrota de ETA contará con nuestro apoyo. Nos movemos en un marco de lealtad desde que el Gobierno dio un giro de 180 grados a su política antiterrorista». Un giro que ha permitido al PP centrar su oposición de manera casi monográfica en la crisis económica.

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Una mesa poco normal
Ignacio Bermúdez de Castro La Voz 8 Diciembre 2008

La MNL, A Mesa pola Normalización Lingüística y no un Movimiento Nacional de Liberación como podría deducirse de su forma de proceder, es advertida por el conselleiro de Presidencia, Méndez Romeu, de que puede estar incurriendo en varios delitos por las cartas remitidas a comerciantes coruñeses en las que se les daba cuenta de aperturas de «expedientes de queixa por vulneración dos dereitos lingüísticos» por no utilizar el gallego. ¿No se nos estará escapando el tema del gallego sí o sí de las manos? ¿Quién es la MNL para actuar de tal forma y manera? ¿De dónde sacan esa supuesta potestad sancionadora?

El conselleiro tiene más razón que un santo en lo de que es más que probable que se estén arrogando funciones reservadas a organismos jurisdiccionales o administrativos, por lo que tal vez sea hora de empezar a utilizar el Código Penal y dejarse de inoperantes advertencias que visto que llueve sobre mojado, de poco o de nada sirven.

La reacción de los inquisidores, la previsible. Que el señor Méndez Romeu acuda a los tribunales, que a ellos les sobran argumentos que esgrimir en su defensa. Tal vez la solución para que esta vergüenza deje de producirse no sea otra que los amenazados, coaccionados o expedientados, esta última la denominación que a la MNL le gusta utilizar, sean los que efectivamente busquen el amparo de la Justicia por sentirse, pues eso, amenazados, coaccionados o expedientados.

Cuando los órganos jurisdiccionales se manifiesten, si lo hacen como es de suponer, tal vez pudiera empezar a hablarse de retirada de subvenciones hasta ahora legales.
 

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