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Recortes de Prensa    Viernes 19 Diciembre 2008

No pago a traidores
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 19 Diciembre 2008

SI los socialistas o, para ser exactos, los zapateristas -esa tribu sólo interesada en retener el poder a cualquier precio- creen que los nacionalistas van a agradecerles los favores que les hacen, están pero que muy equivocados. Los nacionalistas aceptan favores, pero cuando se les pide reciprocidad contestan: «¿Qué favores? Eso era algo que nos pertenecía.» Y piden más. Indefectiblemente.

Dos votaciones en el Congreso prueban este drama de traiciones e insolencias que está viviendo España en plena crisis económica. El martes, el PSOE se unió a los nacionalistas contra la propuesta del partido de Rosa Díez y del PP, de disolver sin dilaciones los 42 ayuntamientos regidos por la proetarra ANV, ilegalizada por el Tribunal Supremo e incluida en la lista de organizaciones terroristas por la Unión Europea. ¿No son razones más que suficientes para privarle de todo poder y del dinero que éste conlleva? No, contestan nacionalistas y socialistas, hay que ir caso por caso, a ser posible con mociones de censura en cada ayuntamiento, tras una reforma de la ley de Régimen Local. Traducido a los hechos, significa dejarlo «ad calendas graecas», o por lo menos, hasta después de las próximas elecciones vascas, para que Patxi López pueda arrancar el mayor número posible de votos turbios, que allí abundan.

Pocas oportunidades mejores que ésta ha tenido el socialismo de Zapatero para demostrar con hechos, no palabras, que está dispuesto a derrotar a ETA y su entorno. Y pocas ha quedado tan de manifiesto que, más que derrotarla, lo que busca es pactar con ella. O, al menos, con sus «moderados». Como si hubiera moderados en la banda. O como si, de haberlos, pintaran algo. Fue el gobierno Zapatero quien permitió a ANV presentarse a las últimas municipales vascas, con la esperanza de incorporarla a su fracasado «proceso de paz». Corresponde al gobierno Zapatero, por tanto, desalojar de los ayuntamientos al brazo político de ETA. Pero no lo hace, despertando legítimas sospechas de que no ha renunciado al sueño de negociar con ella.

Algo parecido le ocurre con los nacionalistas catalanes. Les ha dado el nuevo estatuto que pedían. Pero en vez de agradecérselo, le exigen cumplir todos los compromisos económicos que incluye. Al no poder hacerlo debido a la tremenda crisis que atravesamos, han votado contra los presupuestos de 2009, que el gobierno salvó por los pelos, gracias a los votos de otros nacionalistas, los vascos y los gallegos, que pasarán también la bandeja. Mejor dicho, que ya la han pasado.

Pero el margen de maniobra de Zapatero se reduce alarmantemente, como ocurre a todos los chantajeados. Para gobernar España, pactó con quienes no creen en ella. Ello le pone una y otra vez en la tesitura de traicionar a España o a sus socios. Las dos últimas votaciones en el Congreso muestran que prefiere a sus socios, soñando en que le correspondan. Pero el nacionalismo, como Roma, no paga a traidores. Sólo cobra. Por eso hay tantos nacionalistas en España. Aunque ése es otro cantar. ¿O es el de siempre?
 

Zapatero regresa a la euforia
Pablo Sebastián Estrella Digital 19 Diciembre 2008

Diríase que el presidente Zapatero, tras escucharle en la entrevista que Iñaki Gabilondo le hizo en Cuatro, vive en una nación que no es España, en la isla Utopía, o en el País de las Maravillas, un país "sólido, fuerte y sin parangón", que fue como definió a nuestra piel de toro al término de su eufórica disertación, en la que dijo que en el 2009 la situación española va a empeorar pero las expectativas mejorarán. Al tiempo que predecía cercano el fin de ETA y que prometía que no habrá crisis de Gobierno, y salía en socorro de sus deprimidos vicepresidentes diciendo que De la Vega y Solbes son "serios, solventes, honestos y trabajadores", colección de piropos que parecen más bien epitafios de despedida, excusatio no petita.

El presidente ha regresado al optimismo antropológico de sus inicios en la Moncloa, a pesar de que España está hecha unos zorros y de que él mismo ha tenido que rectificar sus grandes y ocurrentes iniciativas, sobre las que Gabilondo no hizo pregunta alguna, imaginamos que para no molestar. Y eso que la lista de rectificaciones es sencilla: Estatuto catalán, trasvases, inmigración, Guerra Civil, política exterior, autonomías, negociación con ETA, ANV, negación de la crisis económica, etcétera. Y, aprovechando la ocasión, Zapatero nos leyó la última edición de su particular cuento de la lecherita española con el siguiente colofón:

En el año 2009 la situación económica y social irá a peor, pero con mejoras que se van a notar a partir del mes de marzo porque las obras públicas van a dar un impulso al campo de la construcción, y eso abrirá las expectativas de la reactivación económica y la confianza en general. Además, los bancos y las cajas de ahorro españolas están saneados, y pronto abrirán el grifo de los créditos, la inflación estará por los suelos, el precio del dinero bajará y el Gobierno aumentará el gasto social y, si hace falta, las prestaciones por el desempleo. Y, colorín colorado, la crisis económica que casi nunca existió en la España de Zapatero está a punto de desaparecer, con lo cual Solbes, De la Vega y demás ministros calcinados de su Gobierno se pueden quedar en el cargo unos mesecitos más.

Naturalmente, de la destrucción de empleos, al margen de la construcción que no tiene arreglo a pesar de los 33.000 millones en obras públicas, o de la caída de la recaudación del Estado y la gran crecida del déficit público, al que se suma el privado, o de la ruina en cadena de las pequeñas y las medianas empresas, de todo eso, de la realidad que nos rodea y de la ola gigante de parados que está agazapada esperando las doce campanadas del 31 de diciembre para derrumbarse sobre nuestro país, de eso nada de nada. En abril, gracias a las contratas de Magdalena Álvarez, veremos la salida del túnel que se acaba de derrumbar, como el del AVE Madrid-Valencia.

Un ejemplo de toda esta verborrea de falsa euforia se vio cuando Zapatero dijo que el Gobierno garantiza los depósitos bancarios de los españoles, lo que es absolutamente falso. Eso lo hacen otros países europeos, pero en España sólo se ofrece una pobre garantía sobre 100.000 euros por persona y entidad, una de las más bajas de toda la Unión Europea. Y si los bancos y las cajas están tan bien, y tan vigilados por el Banco de España, ¿por qué el Gobierno no ofrece la garantía plena? O ¿por qué el Gobierno ha preparado 150.000 millones de euros para salvar a nuestro brillante y saneado sistema financiero, tan vigilado por el Banco de España?

El discurso de la euforia para crear confianza, o preparar el año electoral que se acerca, es otra temeridad de Zapatero, porque esta vez se topará con la cruda realidad. Además, sabemos que Zapatero miente, y por eso no se le puede creer cuando dice que tendremos unas excelentes expectativas a partir del 2009. Y tampoco cuando afirma que no habrá otra negociación con ETA, porque tanto él como Rubalcaba ya nos engañaron tras la bomba de Barajas. Y, además, se negó a decir que le gustaría ver a ANV fuera de los ayuntamientos, para escudarse en la presunta legalidad. Como olvidó el periodista preguntarle por el reciente acercamiento de presos de ETA. Pero el presidente, preso de su ataque de eufórico optimismo, dijo que ETA está a punto de fenecer, y ojalá que, al menos en esto, acierte y se acerque a la verdad, pero no lo vemos tan claro.

Como no vemos claro ni cercano el pacto sobre la financiación autonómica, ni el diálogo con los estudiantes sobre Bolonia. Ni lo que piensa hacer en Afganistán, cuestión donde volvió a mentir diciendo que los soldados de España no entrarán en la guerra, cuando es sabido que algunos ya están en ella, por ejemplo dirigiendo los bombardeos sobre posiciones talibanes. Y lo de chulearse, a toro pasado, sobre Bush diciendo que a él, ¡al gran Zapatero!, el presidente de Estados Unidos nunca se hubiera atrevido a pedirle permiso para los vuelos de Guantánamo, que han pasado ante sus narices y de los que tenían todos los datos en el CNI -otra mentira presidencial-, es una pose llena de trucos. Porque tanto él -diciendo que eso ocurrió a pocos meses de los atentados del 11-S- como su ministro Moratinos llevan unas semanas en las que no hacen otra cosa que tapar a Washington y a Aznar.

O sea, que España está mejor que nunca y es un país "sin parangón", y que el Gobierno y sus vicepresidentes están que se salen en éxitos de gestión, y con la moral por las nubes. Y para que no quede la menor duda, Zapatero nos dijo ayer, insuflando confianza y euforia a raudales, que la crisis en la que estamos metidos sólo va a durar seis meses: de septiembre del 2008 a abril del 2009. Y que a partir de entonces se abrirá el cielo de las grandes expectativas, y lo del paro lo arreglará la ministra de Fomento a base de los concursos que ha convocado para desescombrar el túnel que se acaba de hundir, y del que no quería ni hablar.

Como ocurre casi siempre con el optimismo antropológico del presidente, su euforia temeraria -y en las actuales y graves circunstancias con mayor motivo-, corre el riesgo de conducirnos a una depresión nacional. Ya le pasó cuando el 29 de diciembre del 2006 dijo que el fin de ETA estaría muy cerca en el 2007, gracias al proceso de paz, y al día siguiente, sólo unas horas después, estalló la terminal 4 de Barajas, causando muerte y desolación. Y ahora, que tiene todos los datos negativos de la economía y del paro -batiendo los récords de Europa y de la OCDE-, el presidente se lanza el discurso de la euforia sin más argumento o prueba que su propia e ilusa levedad y presunta convicción. Y el entrevistador, pasmado ante tantas buenas noticias, se arrodilló ante su invitado y le pidió su bendición.

Bajarse los pantalones
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 19 Diciembre 2008

Hace unos tres años Francisco Camps tuvo la osadía de explicarme a mí como una novedad la desgracia que suponía el hecho de que el PSOE se hubiera pasado a la defensa de las tesis nacionalistas. ¿Por qué Camps me hizo este discurso a mí, que había escrito más de un libro sobre la cuestión y que ha sido una constante en mis artículos?

En primer lugar, porque los políticos piensan que algo no tiene carta de naturaleza hasta que no es aceptada por ellos (por cada uno de ellos); en segundo lugar, para advertirme de que él no iría a la zaga de los socialistas si ello fuera necesario.

En esa línea Rajoy rompió todos los esquemas el miércoles al calificar las cesiones de los socialistas a los nacionalistas como una «bajada de pantalones». ¿No sabe acaso el «jefe de la Oposición» que es normal este comportamiento del Gobierno puesto que es parte fundamental de la estrategia que Zapatero ha ido cumpliendo de forma rigurosa durante su primera legislatura con el Estatuto catalán, que llevará adelante en el País Vasco y que no abandonará hasta conseguir convertir en confederal el Estado español?

¿Por qué ha denunciado Rajoy de bajada de pantalones lo que es ya una estrategia consolidada? Sin duda, para que no le acusemos a él de lo mismo cada vez que colabora con las medidas que forman parte de la ruptura gradual del Estado Español, dirigida por el PSOE, unas veces con sus silencios y otras con sus contribuciones activas. Por ejemplo, al eliminar a María San Gil como símbolo del antinacionalismo vasco; al perseguir el Castellano en Galicia; al aceptar el pancatalanismo idiomático en la Comunidad de Valencia y en Baleares; al definir a Andalucía como una «realidad nacional»; al gobernar con CC que exige un trato de igualdad entre Canarias y el Estado; al incumplir, en suma, todas las exigencias que llevan en sus programas Rosa Díez y los movimientos «ciudadanos»...

Hay una diferencia entre Zapatero y Rajoy: aquel ha sustituido los pantalones por una toalla mientras a éste se le ven los huevos.

Zapatero y Montilla se citan para impulsar un modelo de financiación bajo sospecha
Encrucijada autonómica
Editorial La Razón 19 Diciembre 2008

Los partidos del Gobierno Tripartito y CiU sellaron el pasado 2 de octubre una resolución conjunta que, con algún matiz, abogaba por desarrollar un sistema de financiación para Cataluña ceñido a lo que ya establece el nuevo Estatut. Era la denominada unidad catalana, un frente común que simbolizaba ante el Gobierno de la Nación la férrea defensa del acuerdo estatutario y su determinación de rechazar el modelo de una negociación conjunta de todas las comunidades. Ese pacto entre los partidos catalanes saltó ayer por los aires después de un deterioro progresivo de ese supuesto clima de entendimiento por las dificultades para cerrar la nueva financiación entre Montilla y Zapatero.

En un clima de tensión y duros reproches mutuos, el tripartito, junto al PP y Ciudadanos, rechazó ayer en el Parlamento de Cataluña una moción convergente que recogía fundamentalmente los planteamientos ya conocidos sobre este asunto, mientras que los nacionalistas lograron también tumbar una enmienda de sustitución que modificaba su texto original. CiU achacó a la Generalitat que en estas semanas no ha sido capaz de pasar de las palabras a los hechos, que no ha existido una estrategia común y coordinada y que, pese a no haber avances, los diputados del PSC apoyaron en Madrid unos Presupuestos Generales del Estado que no recogían el modelo de financiación plasmado en el Estatut.

Lo cierto es que el pacto alcanzado el mes pasado entre Rodríguez Zapatero y Montilla para consensuar antes de fin de año el nuevo sistema ha encontrado serios obstáculos, después de otros dos incumplimientos de plazo por parte del Gobierno: el Estatuto catalán fijaba para el pasado 9 de agosto la fecha límite y tampoco hubo pacto a finales de noviembre, la otra fecha que en verano se dieron el Gobierno y la Generalitat. Parece ser que el presidente Zapatero quiere dar un impulso definitivo este fin de semana en un encuentro con Montilla, que acabe de perfilar los detalles centrales del pacto y la estrategia para trasladarlo a la opinión pública y al resto de las comunidades. Sin embargo, nos parece poco probable que el futuro compromiso pueda cimentarse en los preceptos básicos del Estatut como la bilateralidad o la asunción de todos los impuestos por parte de Cataluña. Sencillamente, una iniciativa semejante no debiera pasar el filtro de la constitucionalidad.

Las dificultades que se han encontrado para concretar la nueva financiación demuestran que el Estatut ha sido precisamente el enorme pecado de origen que ha lastrado todo este proceso y lo ha abocado a un callejón sin salida, siempre que el Gobierno socialista no acepte atajos ni veleidades constitucionales. La bilateralidad choca frontalmente con principios supremos como la cohesión y la solidaridad interterritorial del país, lo que no quiere decir que el nuevo acuerdo no deba contemplar las correcciones precisas y atender las necesidades justas de Cataluña. La balanza fiscal negativa tampoco puede ser un argumento que refuerce los desequilibrios por ser un instrumento que sólo analiza parcialmente la realidad de las relaciones entre las autonomías y el Estado. De igual forma que con la bilateralidad, creemos que no es posible ni conveniente una cesión de todos los impuestos, como reclama el Estatut, sino que habrá que limitarse a tramos del IRPF, porque el sistema impositivo es estatal y tiene que estar bajo el control del Estado.

Cualquier acuerdo que contemple y asuma preceptos inconstitucionales sólo alimentará el carácter insolidario de la financiación autonómica y condenará a la inestabilidad al actual marco de convivencia.

Es negativo que Gobierno y oposición estén divididos frente al brazo político de ETA
El Parlamento fracasa ante ANV
Editorial La Razón 19 Diciembre 2008

La iniciativa parlamentaria de la oposición para acelerar la disolución de los consistorios en los que gobierna ANV no ha culminado con éxito. Al igual que ya ocurriera días atrás en el Congreso, ayer los socialistas la rechazaron en el Senado. La falta de sintonía en este asunto entre Gobierno y PP no debería archivarse a beneficio de inventario porque la división en la lucha contra ETA sólo beneficia a los terroristas. Parece claro que unos y otros están de acuerdo en que ANV debe ser desalojada de los gobiernos de 42 municipios vascos y navarros, pero discrepan en el método y la velocidad que se debe imprimir al proceso.

El Gobierno prefiere una vía más sinuosa y dilatada: mociones de censura, colaboración activa en la Fiscalía, vigilancia extrema y una reforma legal para que cualquier formación política ilegalizada no pueda gobernar en las instituciones. La oposición, por su parte, es firme partidaria de aplicar sin demora el artículo 61.2 de la Ley de Régimen Local, que contempla la disolución en casos de apoyos o justificaciones reiteradas del terrorismo. Al margen de las razones esgrimidas por ambas partes, tal vez ha faltado más diálogo y negociación para evitar que la política antiterrorista se convierta en arma arrojadiza entre partidos. Por eso, antes de nada, debe quedar meridianamente claro que la lucha contra ETA no será completa ni tendrá plena eficacia mientras su brazo político utilice las instituciones democráticas para dinamitar el Estado de Derecho.

En este sentido, el Gobierno, al que le corresponde dirigir la política antiterrorista, no puede limitarse a rechazar las propuestas; además, tiene la obligación de establecer un calendario y un plan de actuación que no suenen ni a táctica electoral ni a dilación innecesaria, y que concite el apoyo de al menos el PP. La unidad básica contra los terroristas debe basarse en la claridad de objetivos, en la transparencia del procedimiento y en la lealtad mutua. En este terreno, las acusaciones y descalificaciones suelen tener un efecto boomerang, de ahí la necesidad de moderar el debate y de esforzarse por alcanzar el consenso.

En este terreno, sobran la demagogia y los planteamientos excluyentes, porque de lo que se trata es de evitar que se repitan episodios como el de Usúrbil, en cuyo frontón se organizó un acto etarra junto a otro con niños como protagonistas; o como el de ayer mismo en la localidad de Irureta, donde la Ertzaintza hubo de proteger a quienes querían firmar las actas de expropiación de terrenos del TAV. O peor aún, como el de Azpeitia, cuyo gobierno municipal dio la medida exacta de su miseria moral tras el asesinato del empresario Uría. El Gobierno de la nación está en su derecho a modular según su mejor criterio el combate contra ETA, ya sea acercando presos al País Vasco u otras medidas que aíslen a los terroristas. Y es de justicia valorar el gran trabajo que está realizando para descabezar una y otra vez a la banda, la firmeza policial y los brillantes resultados cosechados.

Pero también es razonable exigirle al Gobierno de Zapatero más decisión contra ANV, sin por ello incurrir en el navajeo partidista. Al contrario, los dirigentes socialistas han de reconocer que si el partido etarra ha logrado alzarse con 42 municipios, se debe a la dudosa diligencia de quienes legalizaron sus listas electorales. Por tanto, el PSOE tiene la obligación moral de corregir su error y de tomar la delantera en una cuestión en la que el PP le seguiría a pies juntillas. La Unión Europea acaba de declarar a ANV como organización terrorista. Pero es posible que no salga de su asombro al comprobar que el Parlamento español ha votado en contra de su expulsión de la vida política e institucional.

Defensa debe atender la petición del Ejército y aumentar el despliegue en aquel país
Más tropas para Afganistán
Editorial La Razón 19 Diciembre 2008

En los primeros días de noviembre la ministra de Defensa concretó un cambio de principios en el discurso oficial del Gobierno sobre la intervención en Afganistán. Hasta esa fecha, el Ejecutivo rehuyó siempre hablar de una guerra abierta contra el terrorismo y se refirió con insistencia a una misión de paz y humanitaria, de socorro en fin a la población. En aquellas fechas, Chacón se encontraba en Afganistán para trasladar los féretros de los dos soldados fallecidos en el último ataque suicida contra nuestras tropas y fue allí, sobre el terreno, cuando aseveró que España está en el país asiático porque «aquí se fraguan amenazas contra miles de ciudadanos inocentes y libres del mundo. Estamos en Afganistán porque quienes han arrancado la vida de nuestros compañeros no sólo amenazan al pueblo afgano, amenazan la libertad y la seguridad de todos, también de nuestras familias», afirmó, en un replanteamiento de la «misión de paz» en Afganistán.

Pocos días más tarde, la ministra de Defensa fue todavía más clara y aseguró en el Congreso de los Diputados que las tropas españolas están en Afganistán para combatir al terrorismo internacional que declaró «la guerra al mundo civilizado» el 11-S de 2001 y que convirtió ese país en «base de operaciones de Al-Qaida». El cambio sustancial en la posición del Gobierno resultaba pues incuestionable. Desde entonces, además, se han producido pequeños avances para mejorar las condiciones de la misión y se ha eliminado el límite de soldados en el extranjero.

El Gobierno, sin embargo, se enfrenta en las próximas semanas a un horizonte en el que deberá dar pasos definitivos en ese replanteamiento general de la presencia española en Afganistán. LA RAZÓN informó ayer de que el Estado Mayor del Ejército ha pedido refuerzos para el contingente ante el considerable aumento de la inseguridad en la zona. El incremento de la violencia y del hostigamiento a las tropas en la provincia de Badghis, donde nuestros militares realizan una parte sustancial de su trabajo, han disparado todas las alarmas.

La situación general del conflicto tampoco es nada positiva, después de que la presión de los talibanes sea cada vez mayor en todo el país. La OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, ha manifestado insistentemente que los aliados están obligados a aumentar sus efectivos considerablemente si se pretende hacer frente a la acción terrorista con ciertas garantías de éxito.

Bajo este nivel de amenaza, es ineludible y urgente que el Gobierno atienda las peticiones no sólo de nuestro Ejército, sino también de nuestros aliados para que se refuerce la misión española con más y mejores medios. Que nuestros militares puedan desarrollar su labor en óptimas condiciones debe ser una prioridad para el Ejecutivo, que también tiene que tener muy presente que España no ha estado precisamente a la altura adecuada en el cumplimiento de los compromisos internacionales. Otra negativa a la OTAN y nuevas excusas y más demoras para nuestros militares no encajarían para nada en la nueva lectura sobre la guerra en el país asiático de la ministra de Defensa, que además creemos que es la correcta.

La comunidad internacional libra una lucha contra el terrorismo en distintos escenarios del mundo, aunque el más cruento y amenazador ahora mismo parezca Afganistán. Del destino de ese conflicto depende nuestra seguridad y libertad y por eso se deben poner los medios, todos ellos, para que el esfuerzo de nuestros militares se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles y la recompensa final sea que el fanatismo islamista y criminal sea derrotado.

Ilusiones vanas
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón 19 Diciembre 2008

El martes pasado una mayoría de socialistas y nacionalistas rechazó en el Congreso la propuesta de Rosa Díez de proceder a la inmediata disolución de las corporaciones locales vascas gobernadas por ANV mediante la aplicación del artículo 61 de la vigente Ley de Bases de Régimen Local. Una simple lectura del apartado segundo de dicho precepto demuestra de forma inequívoca que proporciona al Gobierno un fundamento muy sólido para instar ante los tribunales dicha medida sin dilación alguna. Por tanto, los argumentos zapateriles sobre la necesidad de examinar cada caso por separado mientras se promueven reformas legales que permitan asegurar la jugada no son otra cosa que maniobras dilatorias.

La verdad es que el PSOE no quiere disolver los ayuntamientos en manos de ETA hasta después de las elecciones vascas. Sus motivos resultan evidentes y son puramente oportunistas. Una actitud excesivamente agresiva contra la banda terrorista, según los estrategas de Ferraz, podría soliviantar a los sectores nacionalistas moderados a los que se quiere atraer hacia Patxi López.

La pregunta que surge enseguida es: si son moderados, ¿por qué ha de molestarles que se prive a los criminales de dinero público y de instrumentos institucionales? Y si no lo son, la benevolencia gubernamental con los etarras les dejará indiferentes. A partir de aquí, o las cabezas pensantes que asesoran a ZP son escasamente lúcidas o nuestro ínclito presidente todavía acaricia la idea de la negociación. La primera posibilidad es improbable, la segunda es escalofriante.

El PP, por su parte, ha apoyado la moción de UPyD y ha remitido a La Moncloa un informe jurídico que prueba la idoneidad de la línea de acción apoyada en la Ley de Régimen Local. En paralelo, su cambio de líderes, de lenguaje y de fondo musical en el País Vasco intenta también dulcificar su imagen de cara a los comicios autonómicos. Los dos grandes partidos nacionales siguen sin entender que la derrota de los nacionalistas no pasa por amortiguar las diferencias con sus disolventes planteamientos, sino por acentuar con firmeza sus propias convicciones.

Smiley el Grande
Carlos RODRÍGUEZ BRAUN La Razón 19 Diciembre 2008

A Smiley y a sus secuaces les faltan muchas cosas, desde principios hasta eficacia, pero no osadía. Ante la degeneración de su Gobierno han optado por la actitud contraria a la que cabría deducir, y en audaz maniobra se han revestido de grandeza. El discurso oficial, así, ya no gira fundamentalmente en torno al denuesto sino al lamento. La injuria permanece, porque no cabe desprenderse por completo de una segunda naturaleza, y el socialismo es narcisista por definición; pero no es Smiley el principal protagonista, ni Rajoy la principal diana. Los ultrajes se dejan a personajes de relevancia descriptible, como Pedro Castro, del que nos ocupamos la semana pasada, o Magdalena Álvarez, que abordaremos hoy –o incluso indescriptible–, como Bibiana Aído. Y si hay que poner nombres propios del PP se limitan casi en exclusiva a Esperanza Aguirre. Pero Smiley, María Teresa Fernández de la Vega y hasta José Blanco de pronto peroran desde rampantes púlpitos.

El ardid es brillante. De tales labios sin escrúpulos, que han hecho de la división un fundamento político, ahora brotan sólo mensajes de unidad nacional; ya no zahieren al prójimo sino que lo invitan a arrimar el hombro ante la magna causa común; ya no agravian sino que se entristecen por no contar con el pleno respaldo de una oposición a la que sinceramente aprecian y ansiosamente aguardan en el Olimpo de la responsabilidad. En suma, estos idólatras del poder y maestros del sectarismo se han convertido en supremos representantes del interés público y en abnegados predicadores de la tolerancia. Pero nadie es perfecto y la estratagema presenta flancos merced a la más antigua debilidad del totalitarismo: la sincera arrogancia. Así, la impar Magdalena Álvarez, quitando hierro a un accidente que provocó el derrumbe de un túnel de las obras del AVE Madrid-Valencia, inconscientemente vino a ser la sal de la Tierra. Acusó a los populares de «buscar un Prestige para colocárselo al Gobierno». Es decir, confesó exactamente lo que hicieron Smiley y sus fieles en su día; entonces, como hoy, como siempre, pretendiendo atender sólo al bien común.

La paradoja española: ¿qué partido aporta solidaridad?
Francisco Rubiales Periodista Digital 19 Diciembre 2008

Aunque cada día resulta más difícil distinguir a la izquierda de la derecha, ya que ambas partes del espectro político practican con idéntico fervor el populismo, el engaño y el culto ciego al voto y al poder, hasta ahora resultaba evidente que dos valores que seguían vinculados a la izquierda, al menos en teoría, eran la igualdad y la solidaridad.

Pero en esta España insólita, tierra de contrastes, paradojas y contradicciones, esa vinculación de la izquierda con lo igualitario y lo solidario también ha saltado por los aires, inaugurandose un cuadro que, probablemente es inédito en el mundo democrático: la derecha defendiendo la redistribución de la riqueza (que beneficia sobre todo a Andalucía y Extremadura) y el PSOE propiciando políticas y aprobando estatutos que benefician al rico frente al pobre (que a su vez vota a los que les perjudican).

Los acontecimientos demuestran que la paradoja española es una realidad: la política del socialismo gobernante ante la crisis parece diseñada para que sean los pequeños empresarios, los pobres y las clases medias las que financien el drama con toda su crudeza, mientras que los ricos, los grandes empresarios y, sobre todo, los banqueros, reciben la protección del Estado en forma de inyecciones de dinero público.

El otro gran monumento a la insolidaridad y la desigualdad es el Estatuto de Cataluña, propiciado por los socialistas, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, Gracias a ese estatuto, Cataluña ha dejado de sufragar el PER y de pagar los distintos fondos solidarios que compensan a las autonomías más pobres de España. Cualquiera que adquiera un producto catalán, debe ser consciente de que los impuestos que paga y las plusvalías que genera contribuyen, exclusivamente, a enriquecer a la ya rica Cataluña.

El resto de las regiones, sobre todo Madrid y Valencia, autonomías prósperas y de más rápido crecimientos, gobernadas por la derecha, asumen la carga de compensar a regiones atrasadas como Andalucía y Extremadura, gobernadas por el PSOE.

Por fortuna para los más atrasados, esa regiones no cuentan, por ahora, con estatutos egoístas e insolidarios como el catalán.

Cosas veredes Sancho amigo. España es toda una paradoja alucinante. En España, a juzgar por la esquizofrenia política y el liderazgo insensato, tiene más sentido dividir la sociedad no en derecha e izquierda, sino en una parte totalitaria y otra escasamente democrática.

Así quedan más claras y evidentes las fronteras, las traiciones y las miserias.
Voto en Blanco

Disolución de todos los Ayuntamientos gobernados por ANV.

Hoy rueda de prensa
FORO ERMUA; AVT; DyJ; Fundación MABLANCO; F. Gregorio Ordóñez.
Asociaciones de víctimas y cívicas 19 Diciembre 2008

Las asociaciones de víctimas y cívicas firmantes, AVT, FORO ERMUA, DIGNIDAD Y JUSTICIA, FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO, FUNDACIÓN GREGORIO ORDÓÑEZ, COVITE, queremos enviar un mensaje unitario al Gobierno para que proceda a iniciar de manera inmediata el proceso para la disolución de todos los Ayuntamientos gobernados por ANV. Esta elemental medida ha de adoptarse sin más dilaciones y sin entrar en cálculos electorales o intereses partidistas.

Permitir que una organización como ANV, que es considerada terrorista por la UE y que según Sentencia del Tribunal Supremo es un instrumento de ETA, continúe gobernando en 42 municipios del País Vasco y de Navarra es una aberración política y jurídica que no puede prolongarse más.

El Gobierno incumplió la Ley permitiendo que ANV se presentara a las elecciones cuando su vinculación a ETA-BATASUNA estaba más que acreditada. Ahora continúa resistiéndose a aplicar la ley al negarse a disolver los ayuntamientos gobernados por ANV. Por tanto, es responsable tanto de la entrada de ETA en las Instituciones como de su permanencia en las mismas. Con su actuación permite que el dinero público sirva para financiar los atentados y el entramado terrorista y que desde las instituciones municipales se amedrente a los ciudadanos demócratas y se profundice en la “pedagogía de la violencia”.

A las asociaciones firmantes no nos valen las excusas. Se intenta engañar a la población defendiendo la imposibilidad de proceder a la disolución de los Ayuntamientos de ANV con argumentos falsos y pseudo jurídicos. La ley ampara la disolución, la lucha antiterrorista la necesita y la dignidad de las víctimas del terrorismo y del Estado de Derecho la exigen.

El artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local dice:

“1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.”

Ningún demócrata pue de defender que no supone una gestión gravemente dañosa para los intereses generales, entre otras, (1) la negativa coordinada, reiterada y sistemática a condenar los atentados de ETA, (2) la creación de comisiones en apoyo de los terroristas etarras presos, (3) la sistemática aprobación de resoluciones coincidentes con los mensajes de ETA, (4) la apología permanente del terrorismo negándose a retirar de las paredes y señalizaciones de los ayuntamientos que gobiernan las pintadas y carteles a favor de la banda terrorista o negándose a retirar los nombres de calles y parques dedicados a etarras o (5) subir el sueldo de los concejales con objeto de compensar el efecto que provoca la disolución del grupo municipal de ANV. Éstas son sólo algunas de las numerosas conductas que justifican la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV. Si no se lleva a cabo no es porque la ley no lo permita, sino porque no hay voluntad de aplicar la Ley. Y las asociaciones aquí presentes no vamos a dejar de denunciarlo.

Es posible derrotar definitivamente a ETA. Pero para ello la política antiterrorista debe ser firme en todos los frentes. No bastan los importantísimos éxitos policiales que se vienen sucediendo, sino que es necesario mantener una política coherente a lo largo del tiempo, sin supeditarla a conveniencias electorales o partidistas, es necesario redoblar los esfuerzos internacionales, hacer frente a todo el entramado civil e Institucional de ETA, eliminar de manera radical y absoluta cualquier apelación o puerta abierta a la negociación, potenciar el movimiento cívico y no dejar espacios por donde los terroristas puedan respirar. Por eso la negativa a disolver los ayuntamientos gobernados por personas elegidas en las listas de ANV es un lastre muy severo en el camino para terminar con ETA de manera definitiva y sin concesiones. El Gobierno se juega una gran parte de su credibilidad en este asunto.

Las víctimas de ETA se unen para exigir la salida de ANV de los ayuntamientos
Creen que Zapatero no toma medidas porque está haciendo «cálculos electorales»
J.A | MADRID ABC 19 Diciembre 2008

Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo se reunieron ayer para exigir al unísono al Gobierno que aplique la Ley de Bases de Régimen Local y disuelva de inmediato los 42 ayuntamientos gobernados por la ilegal ANV. En un manifiesto conjunto, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el Foro Ermua, Dignidad y Justicia, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Fundación Gregorio Ordóñez y Covite responsabilizaron al Ejecutivo de la presencia y la permanencia de los proetarras en las instituciones y pidieron que actúe para poner fin a esta anomalía democrática «sin entrar en cálculos electorales o intereses partidistas».

La presidenta de Covite, Cristina Cuesta, fue la encargada de leer el manifiesto en el que denuncian que el Gobierno incumplió la ley al permitir que ANV se presentara a las elecciones cuando su vinculación con ETA y Batasuna «estaba más que acreditada» y responsabilizan al Ejecutivo tanto de la entrada de ETA en las instituciones como de su permanencia en ellas al negarse ahora a disolver los ayuntamientos tras la ilegalización de ANV.

Así, piden la disolución «inmediata» de los 42 ayuntamientos gobernados por ANV tal y como exige «la dignidad de las víctimas del terrorismo y el Estado de Derecho». «Esta elemental medida debe tomarse sin más dilaciones y sin entrar en cálculos electorales o intereses partidistas», señala el comunicado, que rechaza las «excusas» que pone el Gobierno para no actuar contra estos ayuntamientos y asegura que se está intentando «engañar» a la sociedad a través de argumentos «falsos y pseudojurídicos».

En este punto señalan que el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local ya permite la disolución que «necesita» la lucha antiterrorista y que si no se acomete es porque «no hay voluntad de aplicar la ley». El mismo artículo que esgrimieron tanto el PP como UPyD en las mociones que presentaron en el Senado y en el Congreso, respectivamente, para disolver en bloque todos los ayuntamientos de ANV y que fueron rechazas. En este sentido, la presidenta en funciones del Foro de Ermua, Inma Castilla de Cortázar, se refirió a la división mostrada en las Cortes Generales durante el debate de esta mociones y lamentó que estas iniciativas se rechazasen con argumentos «llenos de cinismo y aparente legalidad».
También denuncian que la permanencia de ANV en las alcaldías permite que el dinero público sea utilizado «para financiar los atentados y el entramado terrorista y que desde las instituciones municipales se amedrente a los ciudadanos demócratas y se profundice en la pedagogía de la violencia».

El manifiesto destaca que en la lucha contra ETA «no bastan los importantísimos éxitos policiales» que se están produciendo, sino que es necesario «mantener una política coherente a lo largo del tiempo, sin supeditarla a conveniencias electorales o partidistas».

El Gobierno aprueba los presupuestos gracias a los nacionalistas vascos y gallegos
Redacción Minuto Digital 19 Diciembre 2008

El Pleno del Congreso de los Diputados ha superado el veto del Senado a los Presupuestos Generales del Estado de 2009 gracias al PSOE, PNV y BNG, con lo que las cuentas estatales quedan ya definitivamente aprobadas

El texto aprobado tuvo 178 votos a favor, 163 en contra y una abstención, dos votos más de los necesarios. Así, los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene son los mismos que aprobó inicialmente el Congreso.

Los nacionalistas, PNV y el BNG, confirmaron antes de votar su oposición al veto que sufrieron los Presupuestos Generales del Estado de 2009 en el Senado y ratificaron su apoyo a las cuentas, mientras que el resto de grupos también se mantuvo firme en su posición inicial de no apoyarlas.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha afirmado que los Presupuestos siguen siendo “válidos” para afrontar la crisis y subrayó que la próxima revisión de las previsiones contenidas en ellos no puede implicar una alteración de las cuentas.

Señaló que no se puede prescindir de ellos a la espera de una mayor estabilización de las previsiones y reiteró que el contenido de las cuentas, en cualquier caso, tiene mayor vigencia ahora que cuando se elaboraron.

El vicepresidente admitió una vez más que las previsiones del Gobierno español “han perdido actualidad”, pero insistió en que igual acontece con las de los principales países del entorno europeo y con las elaboradas por los principales organismos.

En el debate final de los Presupuestos en el Congreso, antes de la votación, los grupos reiteraron sus opiniones sobre las cuentas, unos argumentos, como reconoció el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, “manoseados y repetidos desde hace tiempo”.

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, lamentó esta tarde que el Congreso haya aprobado por una “muy exigua mayoría” los “peores” Presupuestos de la democracia, los cuales, según destacó, asegurarán la crisis económica en el próximo año.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, Montoro se pronunció en estos términos tras la votación en el Pleno de las cuentas públicas para el próximo ejercicio, que salieron adelante gracias al respaldo de los nacionalistas PNV y BNG.

“Cuando el propio Gobierno está diciendo que el escenario económico no se va a cumplir, el acto legislativo de aprobar las cuentas públicas queda deslegitimado”, subrayó el diputado ‘popular’, para quien estos Presupuestos traerán “más paro” y alentarán “la pérdida de confianza”.

El portavoz económico del PP remarcó que el Gobierno está “desmayado y desfallecido” y “carece” de una política económica “capaz de hacer frente a una crisis como la que seguramente se va a reproducir en el año 2009″.

El responsable económico del PP destacó que el Gobierno no está a la altura de las circunstancias y añadió que el Ejecutivo “no es de fiar y sabe que los Presupuestos son falsos”. Además, afirmó que ésta es una crisis de desconfianza, para la que el Gobierno “no hace políticas fiables y seguras que recuperen esa confianza”.

Subrayó que los Presupuestos devolverán a España a unas cotas de paro que parecían “definitivamente” superadas y criticó que las medidas para estimular la economía no se hayan incluido cuando se elaboraron las cuentas hace tres meses.

Montoro subrayó que las cuentas son austeras, pero que están completadas con créditos extraordinarios que vulneran la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que implica, “un fraude de ley”.

El diputado de CIU Josep Sánchez i Llibre instó a los diputados socialistas catalanes (PSC) a que no apoyaran las cuentas, ya que si no, advirtió, van a continuar “maltratando a todos los catalanes”. El diputado de ERC-IU-ICV Joan Herrera reiteró que los Presupuestos no responden a la crisis y muestran muy poca sensibilidad social con las autonomías, a las que deja a su suerte y en una situación “insostenible e insoportable”. Asimismo, criticó que no hubiera todavía un acuerdo sobre financiación.

Joan Ridao, insistió en que los Presupuestos “no son creíbles, son irreales y pertenecen a otro mundo”.

Por su parte, la diputada de NaBai, Uxue Barkos, afirmó que las dotaciones previstas para Navarra son “insuficientes”, y advirtió de que es necesario buscar “nuevos yacimientos de empleo”, y ampliar las inversiones para la ley de Dependencia.

Carlos Salvador, de UPN, mostró su coincidencia con el ministro de Economía, Pedro Solbes, en que las cuentas están “desactualizadas y desfasadas”, y añadió que la situación económica de España no es la misma que cuando se presentaron los presupuestos.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, aseguró que los Presupuestos son “muy deficientes” y están elaborados en un escenario económico “irreal”. Desde CC, José Luis Perestelo calificó las cuentas como “cangrejo”, ya que suponen un retroceso en la inversión para Canarias.

A favor de los Presupuestos se mostró el PNV, a pesar de que Azpiazu admitió de que son “manifiestamente mejorables” y han quedado “desvirtuados” por las medidas económicas.

Francisco Jorquera, diputado del BNG, explicó que votarán en contra del veto, por ser responsables, por ser “útiles” a Galicia y porque la alternativa que se presenta por la principal fuerza de la oposición es “mucho peor”.

Desde el PSOE, Francisco Fernández Marugán, explicó que los Presupuestos protegen a los ciudadanos más desfavorecidos y recriminó al PP que no haya “arrimado el hombro” en las decisiones que ha tomado el Gobierno.

Súmate a la rebelión cívica: ETA, ¡fuera de las instituciones!
www.hazteoir.org/node/15990 19 Diciembre 2008

La nueva Plataforma Voces Contra el Terrorismo, entre cuyos impulsores figura Francisco José Alcaraz, invita a los ciudadanos y colectivos sociales y políticos a suscribir un manifiesto para exigir al Gobierno que actúe sin más dilaciones para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV.

* Firma el manifiesto de Voces y exige la disulución de los Ayuntamientos gobernados por ANV
* BLOGS HO: Plataforma “Voces contra el terrorismo”, por Alejandro Campoy
* El Gobierno deja clara su poca intención de disolver los ayuntamientos de ANV
* Comunicado de La Rosa Blanca
* Comunicado conjunto de la AVT y el Foro Ermua

REDACCIÓN HO.- Ante la actitud pasiva y las maniobras dilatorias del Gobierno en lo que respecta al proceso de disolución de los ayuntamientos gobernados por los pro etarras de ANV, quienes conforman la Plataforma Voces Contra el Terrorismo, a la que se adhieren HO y La Rosa Blanca, creen que ha llegado el momento de decir que ya basta: "La sociedad española no puede, no debe, volver a convertirse en rehén de una estrategia de engaño destinada a ganar tiempo con vistas a posibles negociaciones futuras con ETA".

Consideramos, por ello, que ha llegado el momento de dar un nuevo impulso a la Rebelión Cívica que tutela la memoria, la dignidad y la justicia que las víctimas del terrorismo y los españoles de bien merecemos; Rebelión Cívica que fue lo único que evitó, en la legislatura pasada, que el Gobierno llevara hasta sus últimas consecuencias el proceso de rendición del Estado ante ETA.

La campaña que hoy se pone en marcha se inicia con la elaboración y difusión del Manifiesto ETA fuera de las instituciones ¡ya!, con el que se pretende manifestar nuestro rechazo contra la presencia de ANV en las instituciones y nuestra exigencia de que se recupere el espíritu del Pacto Antiterrorista, que tan buenos frutos dio en su día.

* Puedes firmar el Manifiesto en la página web de Voces contra el Terrorismo: http://www.vocescontraelterrorismo.org/

Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos, asociaciones, partidos políticos, fundaciones, movimientos cívicos y personas individuales, para que suscriban y difundan el Manifiesto que hoy damos a conocer como inicio de la campaña. Ningún demócrata puede permanecer impasible mientras el Gobierno hace dejación de sus funciones y continúa permitiendo que miembros de una organización terrorista controlen los presupuestos públicos y tengan acceso a los datos de los vecinos en más de 40 municipios de nuestro país, en uno de los cuales acaba de ser asesinado otro español, quizá con el propio dinero de nuestros impuestos y con los propios datos recabados por alguno de esos miembros de ANV a quien el Gobierno se niega a expulsar de las alcaldías.

La campaña de denuncia de la actitud abiertamente permisiva del Gobierno para con los terroristas continuará con nuevas iniciativas y movilizaciones hasta que el Gobierno acepte, como es su obligación democrática, las demandas que en el Manifiesto se exponen.

La página WEB http://www.vocescontraelterrorismo.org/ se actualizará en los próximos días, informando de todas y cada una de las iniciativas que desde la Plataforma se lleven a cabo para difundir el citado Manifiesto y concitar el apoyo de esa inmensa mayoría de los españoles, de todas las ideologías, que está harta de que los poderes públicos no utilicen todas las armas del Estado de Derecho para acabar con la última banda terrorista de Europa.

Con la esperanza de que esta iniciativa marque el resurgir del espíritu de resistencia a cualquier cesión ante los terroristas y con la seguridad de que sólo la voz de los ciudadanos puede obligar al Gobierno a aplicar la Ley con la máxima firmeza a ETA y a sus cómplices, pedimos el apoyo de todos los españoles para dar la máxima difusión al Manifiesto y reactivar la Rebelión Cívica.

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El tripartito obligará a los extranjeros a saber catalán para acceder al arraigo
Todos los inmigrantes tendrán que demostrar «conocimientos básicos» de la lengua catalana para poder afincarse legalmente en Cataluña
ÁNGEL MARÍN, BARCELONA ABC 19 Diciembre 2008

El Pacto Nacional para la Inmigración, que ayer presentó la consejera de Acció Social, la republicana Carme Capdevila, incluye un examen de «conocimientos básicos» de catalán para todos los extranjeros que usen el arraigo social para regularizar su estancia en tierras catalanas. En 2008, unos veinte mil inmigrantes -un 103 por ciento más que el año anterior (8.905 personas)- utilizaron esta vía (circunstancias excepcionales y arraigo) para quedarse en Cataluña.
A partir de ahora, los inmigrantes que lleven más de tres años empadronados en los municipios catalanes deberán de demostrar antes que saben catalán para poder solicitar el arraigo social. Una solicitud que, de momento, se ha de presentar ante la Delegación del Gobierno en Cataluña. Los técnicos municipales, encargados de estos trámites migratorios, serán los encargados de examinar a los inmigrantes y los extranjeros que no superen la prueba serán enviados a los cursos de catalán del servicio de acogida.

Doblar las plazas
Por este motivo, la consejera Capdevila auguró que de las actuales 68.000 plazas de cursos de catalán para adultos se pasará a las 129.000 en el año 2011. Un incremento de plazas y de recursos para el Consorci per la Normalització Lingüística (CPNL), que también esta en manos del vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira.
El Pacto, entre otras cuestiones, establece que «la lengua vehicular de acogida será el catalán» y que el servicio de acogida «garantizará el aprendizaje en primer lugar de la lengua catalana, y (después) se facilitará la adquisición de competencias lingüísticas en lengua castellana siempre que la persona lo requiera para completar su proceso de acogida».

«No se aprende»
En la presentación de este documento, el secretario de Inmigración, Oriol Amorós, apuntó que la decisión de que el catalán sea la lengua vehicular se ha adoptado porque «se empieza por el catalán, después el inmigrante siempre aprende el castellano; en cambio, si el catalán se deja para más tarde, no se aprende». Amorós, no obstante, rechazó la propuesta de CiU de que se hagan «test» a los inmigrantes para conocer su grado de integración en la sociedad de acogida.
Capdevila aseguró que el Pacto Nacional para la Inmigración, que incluye un total de 112 medidas, de las cuales 62 son políticas vigentes y 50 son iniciativas nuevas, supondrá una inversión de 3.880 millones de euros entre 2009 y 2012.

El acuerdo, que se firmará hoy en el Palau de la Generalitat en un acto solemne presidido por José Montilla, establece como prioridades gestionar los flujos migratorios y el acceso al trabajo y adaptar los servicios públicos, especialmente sanidad y enseñanza.

PP y C´s anunciaron que no firmarán el Pacto por discrepar de que el documento incluya propuestas que son competencias del Estado como el derecho a voto o a la nacionalidad. Para Alicia Sánchez-Camacho, presidente del PPC, el gobierno catalán «excede» sus competencias al «generalirar estos derechos».
CiU, por su parte, aún duda de suscribir hoy este acuerdo pese a considerar que crea «falsas expectativas» a los inmigrantes.
 

Sanidad dice que el gallego no es eliminatorio tras críticas sindicales
E. A. ABC Galicia 19 Diciembre 2008

SANTIAGO. La Consellería de Sanidad replicó ayer a través de un comunicado a la críticas de discriminación de varias centrales sindicales y aseguró que la prueba de gallego incluida en las pruebas de acceso al Servicio Gallego de Salud «no es eliminatoria».

El departamento dirigido por María José Rubio explicó que los dos exámenes en gallego que se realizan en las oposiciones al sistema público de salud contabilizan, ex aequo, diez de los sesenta puntos totales que se contabilizan en cada examen. Los cincuenta restantes corresponderían a la prueba específica de cada especialidad. Una de las dos pruebas en gallego sería la de idioma, mientras que la segunda trata de temas comunes a todas las categorías. Las dos son de tipo test, especificó la consellería, que además incidió en que «los criterios de puntuación fueron acordados en la Mesa Sectorial y apoyados por la mayoría de las centrales sindicales». «Así pues, la mayor parte de la puntuación corresponde al examen específico de cada especialidad», reitera Sanidad, que además defiende el estricto cumplimiento de la ley en las otras dos pruebas complementarias, «de acuerdo, entre otra legislación, con la reformada Ley de Función pública, que establece que al menos uno de los dos exámenes de cada oposición debe realizarse en gallego, además, evidentemente, del que se refiere al conocimiento de la lengua».

Finalmente, la consellería asegura que no le parecen «razonables» las críticas sindicales «sobre la supuesta discriminación de profesionales procedentes de otras comunidades, puesto que el conocimiento del gallego puede sumar puntuación, pero en ningún momento restar o impedir aprobar».
 

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