AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 21 Diciembre 2008

Golpe de Estado en ETA
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo 21 Diciembre 2008

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA

En menos de un mes, las Fuerzas de Seguridad del Estado han desarticulado la cúpula de ETA en dos ocasiones. Un centenar de expresidiarios etarras han manifestado en Usurbil su pesar por que no se les reconozca un papel político en lo que denominan 'conflicto vasco'. Eusko Alkartasuna y el PNV han llegado a un acuerdo para impulsar una moción de censura contra el alcalde de ANV en Azpeitia, a quien ellos mismos colocaron allí. El ministro de Interior Rubalcaba ha subrayado que la negociación pertenece a un pasado que no será ya, nunca más, un presente.

Que quienes han sido presos de ETA reivindiquen ser tenidos en cuenta al mismo tiempo que Rubalcaba aborrece del diálogo con terroristas no deja de ser simbólico. Los presos etarras llevan mucho tiempo soñando con que eventualmente representarían la única instrumentación viable derivada de una autodisolución voluntaria de ETA. Los criticados acercamientos individuales de presidiarios renegados de la banda son una herramienta de desgaste interno para ETA que el Gobierno hace bien en aprovechar siempre que sea posible. Aquéllos que son acercados a centros de reclusión próximos a Euskadi probablemente son conscientes de que ETA nunca los ha tenido realmente en cuenta en sus cálculos. Un terrorista es, por definición, alguien con mucha dificultad para interpretar la realidad sin las orejeras del fanatismo. Sin embargo, muy adocenados tienen que estar para imaginarse que ETA aceptaría desaparecer a cambio de beneficios penitenciarios para sus asesinos o colaboradores. La diferencia entre los presos que abjuran de la banda y son acercados a Euskadi respecto de aquéllos que cumplirán sus condenas en el sur de España o en Canarias no estriba en su grado de rechazo ideológico de la violencia etarra. La diferencia entre ambos grupos tiene que ver con el grado de conciencia que han adquirido acerca de la realidad de ese pretendido papel político que reivindican los ex presidiarios de Ururbil. Los presos que se acogen a la reinserción lo hacen porque han entendido, finalmente, que nunca llegará el momento en que ETA se autodisuelva para que ellos puedan acogerse a un beneficio penitenciario; por el contrario, aquéllos que no abrazan la reinserción y cumplen años en Salto del Negro siguen sin entender que ETA jamás aceptará desaparecer nada más que para beneficiar a sus presos. Ésa es la diferencia entre los dos colectivos de presos etarras.

Esa irracional consideración de los presos como actores políticos, que los mismos presidiarios etarras demandan, simboliza el fracaso que ETA nunca acabará de aceptar. Aquello que los presos no son capaces de ver es que ETA nunca estará dispuesta a llegar al punto en que tenga que negociar beneficios para sus encarcelados porque sea esto lo único que le sea permitido plantear en una mesa de 'diálogo'. El escenario de la disolución a cambio de beneficios penitenciarios es un mito de similar calibre a aquél de reivindicar las Landas como territorio de Euskadi: éste es un imposible territorial pero aquél representa una línea roja ante la que ETA preferirá 'GRAPOrizarse' antes que cruzarla.

Es comprensible que muchos presos etarras continúen abducidos por el mítico discurso de ETA. Han asesinado por ese discurso y han pasado de un adoctrinamiento fanático en la clandestinidad a aprender el lenguaje necesario para comunicarse con el enladrillado interior de las cárceles o con el calculado alineamiento en los barrotes de sus celdas. De la kale borroka a la clandestinidad, al asesinato o la colaboración y de ahí al aislamiento del mundo. Así durante un número importante de años. Considerando la aptitud psicológica necesaria para encajar funcionalmente las piezas de esa realidad, es razonable que sean pocos lo que sean capaces de ver que la reinserción pactada y la separación de ETA son el único camino transitable hacia la recuperación de la libertad democrática. ETA nunca invertirá esfuerzos en que sus presos abandonen las cárceles, porque eso significaría que habría llegado al único escenario de negociación al que no quiere llegar: a la denominada 'negociación técnica'.

Si algún preso etarra está leyendo esto, que preste atención a los siguientes párrafos. Con la dinámica interna de toma de decisiones en ETA en los últimos cuarenta años es imposible que se produzca el escenario de 'paz por presos'. Es sencillo de entender. De momento, piensen en cuántos grupos terroristas de las características de ETA se han autodisuelto obteniendo beneficios penitenciarios. Sí, en efecto, uno muy cercano... ETA-pm. ¿Qué hay del resto? Es cierto, exacto... también el IRA. ¿Alguno más? Ninguno.

Lo que tenían en común ETA-pm y el IRA en sus últimos momentos fue el perfil del cuerpo dirigente que tomaba las decisiones. En ambos casos, el peso del factor político era determinante. Los vascos tenían una clara influencia por la vía de Euskadiko Ezkerra y los irlandeses estaban encabezados por Adams y McGuinness, dos (ex)comandantes del IRA reconducidos a la política. Quienes adoptaban las decisiones estaban vinculados a la realidad política circundante y eran capaces de interpretarla. La historia general de ETA-militar pero, sobre todo, las más reciente de ETA a secas muestra cómo las decisiones siempre han provenido de la facción más comprometida con la violencia terrorista. La probabilidad de que sucesivas generaciones de dirigentes etarras cada vez más identificados con la violencia adopten una decisión de abandono del terrorismo disminuye exponencialmente con el tiempo. Era más alta en la época de 'Txomin', menos en el momento en que Aznar negociaba con ETA, más elevada en la primera etapa de la negociación de Zapatero, para caer en picado en la segunda, y prácticamente nula en la actualidad.

La negociación de Zapatero marca, a modo de paradigma, esa disociación entre posibilismo político y terrorismo. La negociación propulsada por Zapatero se inicia con Otegi y 'Josu Ternera', para abortarse posteriormente con 'Txeroki' y el aparato armado de ETA. Con 'Ternera' al frente de ETA habría habido alguna posibilidad, porque este terrorista y ex parlamentario vasco tiene perfectamente claro que la banda ya ha escrito su epitafio. Lo único que con probabilidad pretendía era obtener la mayor ventaja negociadora. Sin embargo, todo apunta a que estaba dispuesto a avanzar en la negociación. Esa postura de 'Ternera' suponía una amenaza para quienes en el seno de ETA han interiorizado la violencia como referente identitario, no como instrumento sino como 'modus vivendi', y son lo suficientemente jóvenes como para no tener la experiencia política del postfranquismo ni una visión estratégica para la actual Euskadi. Ésos quitaron de en medio a 'Ternera' y al posibilismo negociador. La negociación ya no es un planteamiento estratégico en ETA. Acusar al Gobierno de volver a negociar con la banda, en este momento, no tiene sentido.

Entiéndase bien, no es que cualquiera de los cabecillas etarras a lo largo de su periplo terrorista tuviera demasiada visión política. Si hubiera sido así, ETA ya habría desaparecido. Sin embargo, pensar que desde la estructura de toma de decisiones de la ETA del siglo XXI puede generarse una corriente favorable a la disolución para concentrarse nada más que en el abertzalismo político es inviable. El ritmo de descabezamiento de ETA impreso por las fuerzas de seguridad en la última época tiene un claro efecto sobre el perfil decisor de la banda terrorista. Los dirigentes de ETA cada vez son más jóvenes, cada vez tienen menos visión estratégica, están más fanatizados en una dinámica de lucha desprovista de futuro y están desconectados de cualquier escenario social de eso que en jerga etarra se denomina 'Euskal Herria'. Si por algo se caracterizan es por ser profesionales de la violencia en confrontación con un enemigo cronificado en sus mentes, el Estado español. Esos decisores de ETA, que con cada reestructuración de la cúpula terrorista están más limitados en todo lo que no sea gestionar la violencia, son incapaces de razonar en términos políticos, y más aún de ser permeables a influencias de un entorno abertzale que consideran nada más una herencia que les lastra, una servidumbre movilizadora parásita de su misión violenta contra el Estado. Por tanto, los frentes 'social' y 'político' de ETA, igual que el carcelario, son piezas subordinadas del ajedrez de la violencia.

ETA continuará asesinando mientras su estructura de toma de decisiones no descarrille del aparato 'militar'. Y la vía más precisa para hacerlo es la tradicional en estos casos, un golpe de Estado interno. Es comprensible que la propuesta suene estrambótica. Sin embargo, si algún preso pretende una mínima reducción en su internamiento a décadas de cárcel o algún político abertzale tener un protagonismo en la escena de Euskadi recogiendo las migajas que le dejen EA-Aralar, ya pueden ir considerando articular un movimiento interno de disidencia que acabe llevando a la dirección de ETA a alguien con cerebro político. Eso si antes la Guardia Civil no termina por encarcelarlos a todos. Entonces, la partida habrá terminado.

Montilla o la ley del embudo
Por muy nefasta que sea la gestión de la Generalitat, o muy ineficientes que sean sus empresarios y trabajadores a la hora de generar riqueza, Cataluña disfrutará de una suerte de blindaje económico sufragado por todos los españoles.
EDITORIAL Libertad Digital 21 Diciembre 2008

Acercamiento discrepante, así han calificado Gobierno y Generalidad de Cataluña, región "en proceso de construcción nacional", según reza su Estatuto de autonomía, el estado de las negociaciones entre ambas administraciones para llegar a un nuevo acuerdo de financiación. El actual impasse en el proceso que debería culminar con la aplicación del Estatut confirma lo que Rodríguez Zapatero y los suyos no quieren saber, o saben pero ocultan: el cumplimiento de las exigencias de los nacionalistas catalanes es, o bien imposible, o tan injusto que equivaldría a la violación de varios preceptos constitucionales.

En primer lugar, la exigencia de que el Estado central debe "garantizar la suficiencia de los recursos de la Hacienda de la Generalitat" siempre, incluso en casos de reducción de impuestos, coloca a esta región en una situación de excepcionalidad fiscal incompatible con la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución. Este privilegio, inaudito en cualquier estado federal, divide a los ciudadanos españoles en dos grupos, los de primera, es decir los catalanes, y los demás.

Por si esto fuera poco, el Estatuto establece que la solidaridad de Cataluña con el resto de España se producirá "siempre y cuando" el resto de las comunidades autónomas "lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar". Además, los recursos que la Generalitat pueda aportar "deben establecerse atendiendo a sus necesidades de gasto". Esto es, que basta alegar gastos crecientes para que el Gobierno autonómico de Cataluña quede exento de cualquier obligación con los servicios que el Estado presta a todos los españoles. Es lógico que incluso el presidente del Gobierno haya optado por retrasar la puesta en marcha de un método de financiación que convertiría a la región catalana en receptora de cuantos fondos se les antoje a sus políticos sin dar nada a cambio.

Finalmente, la delirante exigencia de que "los mecanismos de nivelación no pueden alterar en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas por (sic) cápita entre las comunidades autónomas" implica que por muy nefasta que sea la gestión de la Generalitat, o muy ineficientes que sean sus empresarios y trabajadores a la hora de generar riqueza, Cataluña disfrutará de una suerte de blindaje económico sufragado por todos los españoles.

No falta razón a quienes desde hace años vienen denunciando el expolio que una legislación así supone para los ciudadanos españoles que no residen en el Principado. En principio, nada hay que objetar a un sistema de financiación que responabilice a los gobiernos autonómicos de la gestión de sus prestaciones y servicios, ya que algo así incentivaría la eficiencia y la eficacia de las administraciones públicas y estimularía tanto la competición como la emulación entre las diferentes regiones a la hora de ofrecer a los contribuyentes más valor por menos dinero. Sin embargo, cualquier parecido entre esto y la ley del embudo de José Montilla es pura casualidad.

Según las encuestas, la mayoría de los catalanes apoya el modelo de financiación estipulado en su Estatuto de autonomía. No se dan cuenta de que tal sistema inhibe la responsabilidad, ahoga la innovación y convierte a los catalanes en meros súbditos de una Generalitat todopoderosa, más interesada en exprimir los recursos del Estado que en favorecer la creación de renta en su territorio. Montilla está dispuesto a matar a la gallina de los huevos de oro mientras Zapatero, tras el último acercamiento, no parece dispuesto a impedírselo.

Nacional intervencionismo
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 21 Diciembre 2008

LA misma semana que se retira la penúltima estatua de Franco, se anuncia la reconstrucción de uno de sus colosales errores de política económica. Y lo hace el mismo Partido Socialista en el gobierno, henchido de nacionalismo decimonónico. Su confusión respecto a la política industrial es alarmante. Son capaces de defender a la vez la venta de Iberia a British Airways y la compra de Spanair por el ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Se puede vender la línea de bandera española sin problemas; además, si con ello Barajas pierde cuota en el tráfico de pasajeros, mejor. Ya está bien de favoritismo y rentas de capitalidad. Pero que Cataluña se quede sin línea de referencia para alimentar el imposible sueño internacional del Prat no es de recibo. Hay que evitarlo a toda costa, aunque sea recurriendo al viejo invento del almirante Suances. Es urgente renegociar la financiación autonómica, no vaya a ser que no tengamos dinero de los contribuyentes españoles para hacer política económica en Cataluña, ahora que arrecia la crisis. No se trata de la sanidad o la educación, que eso puede esperar.

La coincidencia de ambas operaciones empresariales es el mejor ejemplo de la imposibilidad de hacer política industrial de manera racional en este país, porque no hay una unidad de decisión, ni de criterio. Las cosas son del color de la administración territorial que las proponga. Se juzgan sólo por su valor político. Hay que reconocer que en eso Cataluña es implacable. Siempre ha querido tener un gran grupo financiero, una empresa energética propia y, ahora, una línea de bandera. Y lo va a conseguir gracias a que este gobierno sólo aplica la racionalidad económica a los indiferentes, como Romanones la legalidad. Menos mal que el seny catalán no es como el vasco, que prefiere que no haya partido antes que ponerse acuerdo en el nombre del equipo nacional, porque Zapatero suprimiría la Liga BBVA.

El Instituto Nacional de Industria nació para posibilitar la autarquía, lo que ahora llamaríamos garantía de abastecimiento y protección de intereses estratégicos. Pese a su tradicional buena prensa, como todo distribuidor de empleo, poder y prebendas en época de escasez, retrasó considerablemente el desarrollo económico al generar una ineficiente asignación de capital y recursos materiales basada en consideraciones políticas y clientelares y desvinculada del sistema de precios. Y fue una fuente de corrupción. No tiene sentido repetir el mismo error. No se lo merecen los ciudadanos de Cataluña. Ni siquiera por imitar a un fortalecido Sarkozy que aparece hoy como el supermán de la crisis a golpe de intervencionismo y nacionalismo, pero cuyo coste no tardaremos mucho en comprobar. Esa obsesión por construir una nación recreando grandes empresas públicas, o intervenidas por una entidad financiera pública, no justifica que el Estado caiga en la trampa de financiarla como una reparación histórica. La financiación autonómica sólo puede negociarse pensando en construir un Estado federal eficiente, no en crear campeones nacionales en diecisiete pequeñas naciones medievales.

Lo que cuenta Alcalá-Zamora (I)
César VIDAL La Razón 21 Diciembre 2008

Seguramente, no pocos de los lectores se habrán preguntado por las razones de ese silencio casi total de que han hecho gala los medios de comunicación en relación con la recuperación de los documentos, memorias incluidas, de Niceto Alcalá-Zamora, el que fue presidente de la II República. Ciertamente, no se trata de cuestión baladí porque en relación con la Historia española del s. XX es el mayor hallazgo que se ha producido hasta la fecha y no parece que pueda superarse.

Algunos han indicado que para la progresía resulta insoportable que ese caudal de documentos haya sido rescatado gracias a la intervención de gente como Jorge Fernández-Coppel, editor de las memorias de Queipo de Llano y excelente historiador militar, y del autor de estas líneas. Que esa circunstancia no ha sido plato de gusto para muchos seguramente no admite discusión, pero me atrevería a decir que la razón del silencio se halla, sustancialmente, en el testimonio más que documentado que aporta Alcalá-Zamora.

Sin ánimo de ser exhaustivo, los documentos constituyen una sucesión contundente de mentís a toda la propaganda oficialista -me resisto a llamarla historiografía- sobre la II República. En varias entregas, voy a intentar señalar tan sólo algunos de los botones de muestra en los que sustento mi afirmación.

En primer lugar, las memorias de Alcalá-Zamora y los documentos relativos al Pacto de Sebastián ponen de manifiesto que la proclamación de la II República no fue sino la consumación de una conjura de fuerzas anti-sistema. Frente a esa propaganda que habla de un plebiscito popular en el que el pueblo español, de manera libre y contundente, se decantó por la república y en contra de la monarquía, lo que Alcalá-Zamora revela es que socialistas, republicanos y nacionalistas decidieron acabar con la monarquía parlamentaria con el concurso de un sector importante de la derecha desilusionada con el sistema.

Tras un intento de golpe republicano en 1930, la victoria de las elecciones municipales de abril de 1931 fue monárquica. Sin embargo, los republicanos, especialmente apoyados por católicos y antiguos monárquicos como Alcalá-Zamora, aprovecharon el desfondamiento del Rey para convencerle de que abandonara España e incluso articularon manifestaciones «espontáneas» para acabar de convencerlo. Lo consiguieron efectivamente. Pero lo que se implantó entonces fue un régimen que no era propiamente democrático sino que, por su constitución, según Alcalá-Zamora, «invitaba a la guerra civil».

Como muy bien dejó consignado el presidente de la II República, con aquel texto legal no se buscó atender a la realidad nacional sino imponer ideologías de manera dogmática. Semejante sectarismo quedó de manifiesto en el anticatolicismo rampante del gobierno provisional, en una constitución que decretaba la expulsión de los jesuitas de España y en el control que la masonería deseó tener, entre otros aspectos, sobre la educación. Con esos mimbres, el régimen republicano estaba lastrado desde sus inicios y, no sólo carecía de posibilidades de ser democrático y representar a los españoles, sino que contenía las semillas del enfrentamiento fratricida. Pero, como tendremos ocasión de ver, no es eso sólo lo que dejó relatado Alcalá-Zamora¿ en contra de tanto tontilón empeñado en describir la II República no como fue sino como una especie de jauja de la bondad, la justicia y las libertades.

Los empresarios huyen de Cataluña
Redacción Minuto Digital 21 Diciembre 2008
La presidenta de la Asociación Madrileña de Empresarios y Directivos Catalanes (AMECAT), Carolina Pitarch, ha dicho que “no hay dificultades añadidas” en crear negocio en Madrid o Cataluña pero el problema es que ahora se percibe “que un gran flujo de empresas catalanas están trasladando su sede comercial o están migrando a Madrid”.

Además, ante la crisis económica, existe una “diferencia” entre Madrid y Barcelona: “Hay una alegría mayor a nivel financiero en Madrid”, tanto en el estudio de proyectos empresariales como en las ayudas a emprendedores.

Por ello, Pitarch cree en la necesidad de “limar asperezas” y crear un “vínculo entre Madrid y Cataluña”.

La empresaria catalana recalca que en “momentos de crisis generalizada”, “más que nunca” los empresarios deben crear “sinergias de vínculos” y “colaboraciones” entre ellos ya que la situación para muchas empresas pasa a ser “crítica” al no obtener financiación. “Incluso llegar al trueque” asevera.

Pitarch añadie que “está claro que no se puede luchar contra la infraestructura y situación geográfica de la Comunidad de Madrid. “Madrid es la capital” sentenció.

Además, en Cataluña es necesaria “más burocracia”.

Por otro lado, la presidenta de AMECAT añadió que el “éxito o fracaso” de un empresario catalán en Madrid radica en que éste debe “mentalizarse” de que en la capital se trabaja “de otra manera”.

“En Cataluña tenemos el orden de primero la burocracia y luego hacer y tener las cosas amarradas” pero en Madrid es “primero haz y luego vemos”. En Madrid se “estila” más negociar en “desayunos, comidas o cenas” y en Barcelona “arrastramos la herencia industrial”.

Aún así, según Pitarch, sigue existiendo “una conexión empresarial increíble” entre Cataluña y Madrid.

La presidenta de la AMECAT destacó que el mundo financiero se encuentra hoy en Madrid pero el ámbito donde Cataluña podría destacar, el industrial, cuenta con grandes competidores como China. “Es evidente que los chinos producen más barato”, destacó Pitarch.

Pero no hace falta irse de España. Otras zonas como Guadalajara o Seseña (Toledo) tienen “todo a favor” como “grandes extensiones de terreno y costes de suelo más reducido”. Y Madrid, que va creando “nuevas ciudades” a su alrededor.

Pitarch también lamentó que Barcelona esté perdiendo poder” incluso en las ferias.

1.000 personas viven escoltadas permanentemente en el País vasco
Redacción Minuto Digital 21 Diciembre 2008

Más de 40.000 personas sufren acoso en el País Vasco y Navarra por parte de grupos afines a ETA y mil de ellas tienen que ir acompañadas por escolta a diario, lo que provoca graves consecuencias en su salud física y psíquica con trastornos como síntomas de ansiedad, miedo, aislamiento o aumento en el consumo de tóxicos o sedantes.

Según refleja un informe escrito por el analista de ‘Bakeaz’ Doroteo Santos y publicado por la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo más de 40.000 personas están afectadas directamente por este tipo de ‘violencia de persecución’, un número que se debe enmarcar dentro de los 2.700.000 habitantes que suman el País Vasco y Navarra.

Además, 1.000 de ellos tienen que ir escoltados diariamente debido a los elevados riesgos para su seguridad y no pueden moverse sin cobertura de seguridad inmediata, “con su correspondiente restricción de libertades, con las repercusiones que merman su capacidad de convivencia y hasta el deterioro que ocasionan en su salud individual”.

En este sentido, el artículo alerta de las consecuencias que este acoso tiene en las personas perseguidas y asegura que ya han sido contrastadas por algunos doctores vascos. “Cambiar de conductas habituales ante la amenaza continua y difusa, el sesgo en la percepción tras un anillo de aislamiento preventivo a su alrededor, las dificultades en su medio laboral, la autoinculpación ante los riesgos para sus familiares o el escaso apoyo externo conduce a la aparición de numerosos síntomas”, asegura.

Así, las víctimas pueden sufrir trastornos como ansiedad, miedo, sensación de aislamiento e, incluso, aumentar de forma significativa el consumo de tóxicos o sedantes, en muchos casos autoadministrados. Así mismo, los expertos han advertido consecuencias para la “salud colectiva” de la sociedad, algo reflejado en los últimas encuestas publicadas por el ‘Euskobarómetro’ en las que la población vasca muestra un mayor pesimismo respecto a la evolución del terrorismo mientras que los asesinatos y atentados “han disminuido realmente”.

Esta opresión ejercida sobre quien se opone a los planteamientos etarras no se trata de algo que “nace por generación espontánea” sino que es “una de las formas planificadas” de actuación de su entorno. “No caigamos en el error de pensar en ella como en un método secundario de coacción política o en un tipo de agresión menor –reclama el autor del artículo–. Todavía estamos por ver los efectos devastadores de este tipo de violencia tanto en las víctimas como en los propios victimarios”.

Beneficios políticos
Además, asegura que alguien se beneficia políticamente de esta persecución terrorista y apunta directamente a “las opciones ideológicas que auspician y amparan este tipo de violencia”, es decir, “la antigua Batasuna con cualquiera de sus nombres actualizados”. A su juicio, esta organización adquiere “un protagonismo y una capacidad de influencia social muy superior a la que por votos electorales le pudiera corresponder en una situación normalizada”.

Así, en un repaso de las obras que abordan este asunto, echa en falta trabajos elaborados “desde las filas del nacionalismo extremista”, que, según señala, “pasa de puntillas” sobre él. Sin embargo, apunta que el acoso sí es tratado por diversos panfletos y librillos “de consumo interno”, en los que “la apología de semejante práctica, junto a consejos tácticos y manuales de lucha, han sido pautas habituales”.

Esta forma de violencia incluye entre sus métodos de actuación actividades “clásicas” del terrorismo tales como asesinatos, extorsiones o amenazas directas, pero también otras formas “de aterrorizar y amedrentar más difusas” como denuncias públicas, plantones o cercos. Estos segundos métodos no son menos efectivos “en la victimización de las personas hostigadas” porque detrás de la amenaza siempre está la posibilidad real de sufrir un atentado.

Por ello, las principales asociaciones y colectivos de víctimas han realizado un esfuerzo para que el acoso sea contemplado también en la nueva ley de protección y reconocimiento a las víctimas del terrorismo que se encuentra en fase de negociación. Además, el Congreso aprobó ya una iniciativa que insta al Gobierno a trabajar en este sentido.

‘El castellano nos da de comer’
ÁNGEL MARÍN - ABC Cataluña 21 Diciembre 2008

RUBÍ. Cuando se acaba de proclamar en el pacto de la inmigración que el catalán es esencial para la integración, la afirmación que titula este texto pertenece a un inmigrate subshariano que pretende explicar por qué acude a clases de lengua castellana, y no de catalán, que organiza la asociación de vecinos de Las Torres-Rubí 2000 en el marco del programa «Entre Vecinos» de la Fundación Clariana. Más de treinta inmigrantes abarrota la pequeña aula, emplazada en el suterráneo del local vecinal, donde una ex ejecutiva peruana, Teresa Alcántara, enseña, en francés e inglés, las primeras nociones de español a africanos, árabes y asiáticos.

«Las personas de no habla hispana cuando llegan por primera vez a España están totalmente marginadas, sin papales y sin trabajo, y lo que es peor aislados socialmente por el desconocimiento del idioma», cuenta Teresa que desde hace dos años da clases de castellano a los recién llegados.

Esta ex ejecutiva peruana, que trabajaba como directora de personal de una empresa de automoción, llegó hace once años al municipio de Rubí para cuidar a los padres de la jefa de una amiga de la infancia. En Lima, la mujer tenía chófer y tres empleadas domésticas a su servicio antes de que la crisis de principios de los noventa la obligara a despedir a sus 350 empleados y a ella misma.

En 1997 abandonó su país natal para poder ofrecer un futuro mejor a sus hijos y, desde entonces, trabaja en tareas del hogar como empleada -«He hecho de todo», añade- pese a tener estudios universitarios y dominar tres idiomas. Teresa confiesa que a su edad, más de cincuenta años, ya no le interesa convalidar su título universitario de «Relaciones Industriales» y porque ahora es más feliz con una vida menos ostentosa y, sobre todo, con su labor social.

«Cuando llegan el miedo y la tristeza se refleja en sus ojos, pero después de unas semanas de clase salen con una enorme sonrisa», dice la profesora altruista. La alegría y el agradecimiento del prójimo es la mejor moneda para los voluntarios con alma solidaria.

Teresa Alcántara, que preside la asociación de peruanos de Rubí «Y me llamó Perú», lamenta que las clases de español no estén también subvencionadas por el gobierno de la Generalitat y los ayuntamientos catalanes. «Ellos aprenden castellano porque con este idioma pueden viajar por toda España y por todo el centro y el sur de América», dice la profesora peruana que evita entrar en polémica con la política lingüística de la Generalitat.

Catalán para limpiar chalets
Una quincena de mujeres asisten a clases de catalán, estas sí subvencionadas, en el local de la asociación de vecinos Las Torres-Rubí 2000. «Las suramericanas se han dado cuenta -apunta Eduardo Asensio, presidente de la entidad vecinal- de que si hablan catalán pueden trabajar como empleadeas del hogar en los mejores chalets y casas residenciales de Sant Cugat del Vall_s», el municipio vecino que tiene la renta per cápita más alta de Cataluña.

‘Imponer el catalán a los inmigrantes tendría un efecto contraproducente’
LA VOZ DE BARCELONA 21 Diciembre 2008

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha señalado que “imponer el catalán a los inmigrantes tendría un efecto contraproducente“. El Pacto Nacional por la Inmigración, firmado este vienes por los partidos nacionalistas catalanes, incluido el PSC, exige acreditar a los inmigrantes conocimientos mínimos de catalán.

En una entrevista (y 2) publicada este domingo en El Periódico, Corbacho ha indicado que “las administraciones deberán promover el conocimiento del castellano o las lenguas cooficiales, como el catalán, para que el inmigrante pueda prosperar”, pero ha matizado que no debe ser obligatorio, sino que “la obligación hay que imponérsela a la administración para que disponga de políticas que den la posibilidad a las personas de aprender el idioma”.

Corbacho, al contrario de lo que ha promovido su propio partido, el PSC, a través del Pacto por al Inmigración, ha insistido: “Me parece un planteamiento erróneo obligar a las personas”.

Financiación autonómica
Respecto a la negociación de la nueva financiación autonómica, el ministro ha señalado que su situación como dirigente del PSC y, a la vez, miembro del Gobierno Central, “no resulta ningún problema”.

Y ha precisado: “Me siento bien, porque siendo del PSC, que me hace sentir una persona cercana a mi origen, a Cataluña y a la política catalana, tengo también claro que soy un ministro nombrado por Rodríguez Zapatero al que debo lealtad institucional. […] Quiero hacerlo lo mejor que sepa, pero no como ministro catalán, sino como ministro de España“.

El ex alcalde de Hospitalet ha manifestado que “el PSC no debió vincular su voto en los presupuestos a la financiación, ligando una cosa con la otra”, y se ha mostrado convencido de que “habrá un buen acuerdo de financiación entre los dos presidentes, Montilla y Zapatero”.

Relaciones PSC-PSOE
Según Corbacho, “las relaciones entre el PSC y el PSOE desde 1978 han estado plagadas de éxitos, porque ha permitido al PSC mantener la independencia como proyecto y como partido, situándonos en Cataluña en la centralidad, […] y ha demostrado su éxito en Cataluña y en su vinculación con un proyecto para España”.

El ministro ha concluido: El PSOE “es el partido que más se asemeja a la España de hoy del siglo XXI”.

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Como un imán
Pilar FERRER La Razón  21 Diciembre 2008

Zapatero y Montilla se repelen, pero se necesitan. Bajo el signo envenenado del Estatut, auténtica matriz del laberinto autonómico, los presidentes del Gobierno y Generalitat saben que es preciso el acuerdo. Su discreta cita, cara a cara, beneficia a ambos. A Zapatero para no soliviantar demasiado a otras comunidades que exigen igual trato que Cataluña. A Montilla para no volver con las orejas bajas si sus exigencias bilaterales se ven reducidas. Su relación es como un potente imán: distancia y atracción al mismo tiempo.

Tradición certera entre PSOE y PSC. Pero, desde Moncloa, se juega con ventaja. Los buenos resultados en Cataluña en unas generales obedecieron siempre al carisma del líder nacional. Ni Reventós, Obiols o Maragall ganaron por ellos mismos, sino por Felipe. De igual modo, sabe Montilla que el vencedor es Zapatero. Por sí solos, los socialistas catalanes se quedarían en sus resultados autonómicos, donde también aventaja CIU. El pulso viene de lejos. Sus veladas amenazas de formar grupo propio en el Congreso o no votar los Presupuestos nunca se cumplen.

El pacto está cerrado. Falta sólo saber cómo se escenifica. Para Zapatero, en un marco solidario sin levantar ampollas. Para Montilla, con un equilibrio que no le abochorne ante sus socios del Tripartito y permita ataques de CIU y PP. Dos polos divergentes necesariamente imantados.

POR LA BANDA TERRORISTA ETA
Más de 40.000 personas sufren acoso en el País Vasco y Navarra y mil tienen escolta
EUROPA PRESS El Mundo 21 Diciembre 2008

MADRID.- Más de 40.000 personas sufren acoso en el País Vasco y Navarra por parte de grupos afines a ETA y mil de ellas tienen que ir acompañadas por escolta a diario, lo que provoca graves consecuencias en su salud física y psíquica con trastornos como síntomas de ansiedad, miedo, aislamiento o aumento en el consumo de tóxicos o sedantes.

Según refleja un informe escrito por el analista de 'Bakeaz' Doroteo Santos y publicado por la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, más de 40.000 personas están afectadas directamente por este tipo de 'violencia de persecución', un número que se debe enmarcar dentro de los 2.700.000 habitantes que suman el País Vasco y Navarra.

Además, 1.000 de ellos tienen que ir escoltados diariamente debido a los elevados riesgos para su seguridad y no pueden moverse sin cobertura de seguridad inmediata, "con su correspondiente restricción de libertades, con las repercusiones que merman su capacidad de convivencia y hasta el deterioro que ocasionan en su salud individual".

En este sentido, el artículo alerta de las consecuencias que este acoso tiene en las personas perseguidas y asegura que ya han sido contrastadas por algunos doctores vascos. "Cambiar de conductas habituales ante la amenaza continua y difusa, el sesgo en la percepción tras un anillo de aislamiento preventivo a su alrededor, las dificultades en su medio laboral, la autoinculpación ante los riesgos para sus familiares o el escaso apoyo externo conduce a la aparición de numerosos síntomas", asegura.

Así, las víctimas pueden sufrir trastornos como ansiedad, miedo, sensación de aislamiento e, incluso, aumentar de forma significativa el consumo de tóxicos o sedantes, en muchos casos autoadministrados. Así mismo, los expertos han advertido consecuencias para la "salud colectiva" de la sociedad, algo reflejado en los últimas encuestas publicadas por el 'Euskobarómetro' en las que la población vasca muestra un mayor pesimismo respecto a la evolución del terrorismo mientras que los asesinatos y atentados "han disminuido realmente".

Esta opresión ejercida sobre quien se opone a los planteamientos etarras no se trata de algo que "nace por generación espontánea" sino que es "una de las formas planificadas" de actuación de su entorno. "No caigamos en el error de pensar en ella como en un método secundario de coacción política o en un tipo de agresión menor -reclama el autor del artículo-. Todavía estamos por ver los efectos devastadores de este tipo de violencia tanto en las víctimas como en los propios victimarios".

Beneficios políticos
Además, asegura que alguien se beneficia políticamente de esta persecución terrorista y apunta directamente a "las opciones ideológicas que auspician y amparan este tipo de violencia", es decir, "la antigua Batasuna con cualquiera de sus nombres actualizados". A su juicio, esta organización adquiere "un protagonismo y una capacidad de influencia social muy superior a la que por votos electorales le pudiera corresponder en una situación normalizada".

Así, en un repaso de las obras que abordan este asunto, echa en falta trabajos elaborados "desde las filas del nacionalismo extremista", que, según señala, "pasa de puntillas" sobre él. Sin embargo, apunta que el acoso sí es tratado por diversos panfletos y librillos "de consumo interno", en los que "la apología de semejante práctica, junto a consejos tácticos y manuales de lucha, han sido pautas habituales".

Esta forma de violencia incluye entre sus métodos de actuación actividades "clásicas" del terrorismo tales como asesinatos, extorsiones o amenazas directas, pero también otras formas "de aterrorizar y amedrentar más difusas" como denuncias públicas, plantones o cercos. Estos segundos métodos no son menos efectivos "en la victimización de las personas hostigadas" porque detrás de la amenaza siempre está la posibilidad real de sufrir un atentado.

Por ello, las principales asociaciones y colectivos de víctimas han realizado un esfuerzo para que el acoso sea contemplado también en la nueva ley de protección y reconocimiento a las víctimas del terrorismo que se encuentra en fase de negociación. Además, el Congreso aprobó ya una iniciativa que insta al Gobierno a trabajar en este sentido.
Amenazados con nombre y apellidos

El artículo refleja también la situación de algunas personas que viven bajo la amenaza terrorista o que tuvieron finalmente que abandonar el País Vasco y Navarra y que relatan su experiencia en el documental de Iñaki Arteta 'Infierno vasco'. Entre ellas se encuentran sacerdotes, profesores universitarios, políticos, periodistas, artistas o empresarios.

Entre ellas también hay ertzaintzas o jueces, como José Luis Morales, quien decidió renunciar a su destino en San Sebastián para vivir "en una tierra más segura". El mismo camino tomaron el profesor de la UPV Mikel Azurmendi o la maestra Sefa Dorronsoro, quienes optaron por marcharse hasta Estados Unidos.

También es el caso del director de cine Álvaro García-Capelo, la ex concejal 'popular' Verónica Lipperheide o el ex parlamentario Javier Elorrieta, que abandonaron el País Vasco para "poder vivir en libertad". Las obras del artista Agustín Ibarrola han sufrido constantes ataques y su fundación tendrá su sede fuera de la comunidad "debido al desprecio de los políticos nacionalistas".

REPORTAJE: DÍAS DE PLOMO
Las calles del miedo
Los pueblos de mayoría 'euskaldún' en los valles guipuzcoanos del Urola y el Gohierri han interiorizado el terror a ETA. Impotentes ante la intimidación, construyen una vida aparte y se remiten a los políticos
JUAN JESÚS AZNÁREZ El País 21 Diciembre 2008

El miedo y las brumas invernales cubren los valles del Urola y el Gohierri, fatalmente resignados a la convivencia con el asesinato y la coerción etarras. "Hijo, aquí lo mejor es oír, ver y callar, porque si no te pueden pegar tres tiros". La mansa reflexión del celador de la basílica de Loyola, situada a 300 metros de la esquina donde fue abatido el empresario Ignacio Uria, sintoniza con el conformismo de la nacionalista Azpeitia y de los 22 pueblos guipuzcoanos administrados por ANV y por el temor. El hostigamiento de las falanges independentistas, y las flaquezas de la condición humana, también hunden a las poblaciones de otras localidades en el apocamiento y la claudicación.

-Padre, la gente no habla mucho por aquí.
-¿Y cómo vas a hablar? Si lo haces, igual te matan. Prudencia, mucha prudencia. La señorita Prudencia es muy sabia.

-Pero la Iglesia...
-La Iglesia no permitiría que se hiciera política desde el púlpito. Lo mejor es oír, ver y callar, y rezar por los muertos. ¿Qué le parece la basílica?

La pasividad observada en el jesuita del santuario donde cantaba Uria dos veces por semana, entre los parroquianos de las tabernas de Zumárraga o Azkoitia, entre los carniceros del campeonato de morcillas de Ordizia o en las calles de Beasain o Zestoa, obedece a la combinación de complejos factores. El principal, y determinante, es el chantaje de las pistolas. Tampoco ayuda el carácter desmovilizador atribuido por sus críticos al discurso de las instituciones vascas, controladas por el PNV desde hace un cuarto de siglo. "Es desmovilizador en el sentido de que condena moralmente el terrorismo de ETA, pero también condena la violencia de Madrid. O sea, hay que aguantar porque todo se resolverá negociando la autodeterminación", resume un periodista local, obligado a llevar escolta. "Sumados los dos factores, la sociedad vasca se domestica y acaba por inclinar la cabeza".

La crueldad, el acobardamiento o la complicidad quedaron de manifiesto el pasado día 3, el día del crimen, en la sala de plenos del Ayuntamiento de Azpeitia, sin concejales del PSOE ni del PP, y sin la presencia de España por ningún rincón: ocho concejales del PNV, seis de ANV, dos de EA y uno de Aralar. Un cuñado del copropietario de la constructora Altuna y Uria no pudo contenerse al no condenarse unánimemente el atentado y rompió a llorar. Lloró casi a escondidas, arropado por la cuadrilla de amigos, pero zaherido por ANV: "No montes el numerito. Nosotros también hemos sufrido y seguimos sufriendo", le dijeron. Alguien gritó: "Un aplauso fuerte para Inazio". Y, nuevamente, la mediocridad y el desaliento: unos aplaudieron y otros abandonaron la sala sin hacerlo.

El día de la imposible entrevista con el alcalde de Azpeitia, Iñaki Irrazkin, de ANV, la fachada del Consistorio permanecía pelada, sin crespones de duelo ni señales de contrición. Junto a los soportales del Consistorio, tocando el cuartelillo de la policía municipal, un pasquín ilustra sobre la rutina de una localidad de 14.000 habitantes y pasado carlista: "Ciudadanos vascos presos e incomunicados. En riesgo de ser torturados. Tres compañeros están en manos de la Guardia Civil". Nada amigable, la secretaria del regidor, ubicada en la primera planta de un edificio dominado por las cumbres del macizo Izarraitz, escrutó a los dos forasteros.

-Buenos días, ¿podríamos hablar con el alcalde?
-No.

-¿Le importaría preguntar?
La secretaria se comunicó con el alcalde a través de un teléfono interior y así le planteó la solicitud de entrevista: Paiseko kazetari batzuk daude hemen. Ez duzu beraiekin hitz egin nahi , ez ta? (Aquí hay unos periodistas de EL PAÍS. No querrás hablar con ellos, ¿no?

-Dice que no los recibe.
La prensa españolista no es bienvenida en los feudos del independentismo violento, ni tampoco entre los vascos amedrentados o convencidos de que ETA existe porque "el Estado español" les robó los fueros vascos, tortura, cierra periódicos e ilegaliza partidos e ideas. El vecindario del Urola y el Gohierri rehuye hablar de ETA o la menciona en voz baja, con medias palabras y una cautela que al catedrático vizcaitarra José Luis Pinillos le recuerdan la mirada en los tiempos de la Gestapo (policía secreta del nazismo), der deustche Blick, la mirada alemana, una mirada que escrutaba el entorno antes de hablar para detectar la presencia de posibles delatores.

Los dos escoltas de Manoli Uranga, ex concejal socialista, también buscan sospechosos cuando barren con la mirada los accesos e interior el restaurante Kiruri, virtuoso de la lubina, el txakolí y el pichón de caserío. El empresario asesinado jugaba a las cartas hacia las 12.45 de cada día, muy cerca de la mesa donde la socialista euskaldún, amenazada de muerte, confiesa sus sueños y amarguras: "Lo que este pueblo necesita es libertad para poder vivir. Yo no puedo salir sola, pero estoy dispuesta a pasar lo que estoy pasando si acabamos con esto". La única concejal del PSE-PSOE en la pasada legislatura, que no repitió al faltarle 20 votos, pide al nacionalismo democrático un paso al frente contra ETA y su mundo. "¿Pero están dispuestos a vivir como nosotros? Aquí es muy fácil decir 'estamos contigo', pero de eso a lo otro...".

El compromiso de Uranga contra la intolerancia se impuso a los cócteles molotov lanzados contra su domicilio, a las pintadas, el hostigamiento, las burlas, la soledad y las miradas que matan. Ocho años atrás, el 29 de julio del 2000, el día en que el ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui fue asesinado en una cafetería de Tolosa, la corajuda socialista recibió el primer aviso. "¡Gora Eta militarra!", le gritaron. "Sois enemigos del pueblo". Manoli Uranga se dio la vuelta en las escaleras de la afrenta y, también en vasco, respondió a sus linchadores sin ambages: "Los asesinos y enemigos del pueblo sois vosotros". "Hay gente nacionalista que se ha enfrentado al terrorismo individualmente, pero colectivamente fallan".

Muchas cosas fallan en el País Vasco. Las instituciones y los vecinos de Azpeitia, el colectivo al que alude Uranga, transitan por la calle Erdi sin inmutarse ante el santuario levantado a la violencia independentista en el escaparate de una taberna. Una pantalla de vídeo muestra uno tras otro, durante 24 horas al día, los rostros y la identidad de los cientos de presos de ETA. Preside el altar la bandera amarilla con el arrano beltza (el águila negra), el símbolo primigenio de la soberana e irrenunciable territorialidad de Euskal Herria. El cartelón colocado en la puerta de entrada instaba a la liberación de doce presos, bajo cuyo retrato se apostilla: "cáncer", "cáncer", "convulsiones", "epilepsia...". Casi de pasada, sin ser preguntada, una veinteañera que saca la basura espeta al mirón: "Y ya son casi 700 presos políticos que tenemos, eh".

El alcalde no quiso hablar con este diario. Pero su propuesta de pacificación, esbozada por la fugaz transeúnte de la calle del pasmo, fue comunicada en agosto del pasado año al lehendakari Juan José Ibarretxe, de visita oficial en el pueblo. La alternativa ofrecida es fundacional: "Este país necesita un nuevo marco democrático en el que las diferentes sensibilidades existentes puedan actuar y podamos decir libremente en torno a qué propuesta y qué marco político queremos tener, siempre y cuando la sociedad apoye este planteamiento". Algunas sensibilidades huelen a pólvora en buena parte de Euskadi, donde la libertad de expresión no existe o no es plena. Atestiguan sus carencias el mutismo y evanescencias de los vecinos consultados durante el recorrido por la ruta del sirimiri, el miedo y la resignación.

Los votantes del PSOE y del PP, vascoparlantes o no, viven en las catacumbas de los pueblos euskaldunes, amparados por una existencia silente y mutilada. Significarse públicamente como electores de las fuerzas políticas represivas complicaría la vida, y nadie quiere complicaciones. El coloquio intencionado con esa población cautiva no es fácil, y, cuando el periodista escucha hablar en castellano en un puente sobre el río Urola, corre a conversar con quien lo hace, una señora y su hijo pequeño que tira migas a los patos, pero naufraga clamorosamente al adentrarse en honduras, al abordar la esencia del problema o formular la pregunta del millón: la apatía ciudadana ante la sangre y el sufrimiento. "Uy, majo, esto está muy fastidiado. Agur".

Agur, eskerrik asko (gracias) y rumbo a la vecina Azkoitia, donde aguarda otra valiente: Pilar Elías, concejal del Partido Popular, viuda de Ramón Baglietto, asesinado en 1980 por Cándido Azpiazu, que abrió una cristalería frente a la casa de Pilar tras de salir de la cárcel. "¿A qué tiene miedo la gente? Pues a esa gentuza. El miedo es libre, pero la gente es muy cobarde y muy cómoda. No quieren meterse en líos. Para mí hay una cobardía impresionante". Levantan los hombros y se acabó. "No pasa nada. Eso sí, en privado te dicen: 'Ay, pobrecito. Ay, qué pena', pero se acabó. Ahí termina todo". Vive protegida. "Y ya son casi 12 años así. Le digo esto para que vea como está la cosa por aquí. En lugar de ir a peor, vamos para atrás".

La gente subordina los aldabonazos de la conciencia a la comodidad de la convivencia. Porque al no poder vivir en la permanente y corrosiva tensión de los asesinatos, las bombas y los secuestros, activa mecanismos de defensa contra lo desagradable y angustioso. "Se niega la evidencia, se deforma esto, se sublima aquello, se aíslan los sentimientos de temor y compasión en unos compartimentos estancos donde no interfieran con el ejercicio corriente de la vida", según la tesis de José Luis Pinillos, catedrático de Psicología, que sabe mucho sobre otra clase de miedo: el de los vascos con hijos, familiares y amigos cercanos a ETA, que rechazan el terrorismo, pero temen que los suyos terminen presos o muertos.

"Nos encontramos muy solos. Y ahora dicen que la Vuelta Ciclista a España no debe pasar por aquí porque esto no es España. Por favor", prosigue Pilar Elías. "¿El PNV? Siempre ha sido muy ambiguo. Juzga como le conviene, pero siempre está más con ellos que con nosotros". ¿Pesimista? "Uff, para cambiar esto se tiene que detener a toda esta gentuza, meterla en la cárcel y de esa forma ya cambiaríamos, pero mientras anden por ahí y con la actitud del PNV, pues poco cabe esperar". Aunque Azkoitia es una localidad relativamente pequeña, apenas 10.000 habitantes, la concejala no conoce a sus votantes. "Nunca sé quién me vota, porque la persona que me vota a mí ya está marcada".

Nadie quiere quedar marcado, y entonces la modorra y ocultamiento de los votantes de los partidos constitucionalistas, de grado o por imperativo legal, son presa fácil de los radicales, que implican a sus electores en una organización casi militar, a toque de trompeta. Más o menos numerosos, a veces siempre los mismos, el activismo abertzale acude a las sesiones plenarias más calientes, integra comités ciudadanos y manifestaciones y no suele malgastar recursos durante el arrinconamiento del enemigo. "Si la presión que ejercen pueden causar graves trastornos psicológicos en determinadas personas o en su entorno, las mantienen y aumentan. Y si el objetivo tiene los apellidos vascos, les jode más", señala un sindicalista con residencia en la zona.

De regreso a Azpeitia -Guipúzcoa es un pañuelo-, una mujer de tez sonrosada, afable y mofletuda analiza la situación. A su manera. Lo hace con el castellano de quien apenas lo utiliza.

-Señora, ¿sabe dónde queda el batzoki?
-Ahí cerca. En la trasera de esa calle.

-Muchas gracias. Por cierto, está la cosa caliente, ¿no? El asesinato de Uria ha sido tremendo.
-Pero yo le digo una cosa: no son malos chicos [los asesinos]. Seguramente han estudiado en la misma escuela que yo y lamentan lo que han hecho, pero alguien les mete cosas en la cabeza.

-Pero es que el alcalde tampoco condena.
-Bueno, es que seguramente él también está amenazado por ETA.

-¿A quién votó usted?
-Ah, eso no se dice.

Nada o poco se dice públicamente contra los autores del atentado que costó la vida a un empresario y buen amigo de José María Bastida, el ex alcalde de Azpeitia durante 20 años, miembro del PNV. "La impotencia es total. Nos piden reaccionar, pero a ver cómo reaccionas ante un caso en el que te pegan tres tiros. Eso sí, la gente del pueblo y de los alrededores ha reaccionado como nunca". Habla un hombre nada cobarde durante el acoso sufrido en el ejercicio del cargo: un grupo de encapuchados le agredió en una tasca porque no cedía unos locales municipales a la previsible subversión batasuna. "Estamos hartos, hartos, hartos, pero desde hace muchos años. No ahora porque han matado a Inazio".

Pero los vecinos no quieren hablar, evitan drenar abiertamente la rabia y el hartazgo. "Les cuesta porque a veces los periodistas... No es que tengan miedo, lo que pasa es que los vascos somos así. Nos cuesta expresarnos, sacar afuera lo que sentimos dentro. Nos cuesta. Somos así y punto, pero estamos hartos. Y los que más sufrimos somos nosotros". El ex alcalde niega que ETA tenga deferencias con los nacionalistas. "A esos les importa poco. A veces se dice: 'Han matado a un socialista, a uno del PP'. No, no, les da lo mismo. Van a lo más fácil. En ese caso han ido a por Inazio porque era muy fácil matarle".

Las manipulaciones mediáticas le cabrean mucho. "Yo he pasado muchos años en la política y conozco los entresijos de lo que es parte de la política. No admito que, aprovechando esta triste ocasión, cierta prensa manipule. Y no digo en el caso de El PAÍS. ¿Y qué consiguen con eso? A la larga perdemos todos". ¿A qué manipulación se refiere? "Pues, por ejemplo, a que nos metan a todos en el mismo saco, como que todos somos lo mismo. Y eso no es así. Yo he estado muchos años amenazado y me he tenido que aguantar".

La cuadrilla de partida de Ignacio Uria en la cafetería Uranga también se dice manipulada cuando El Mundo publicó una fotografía en la que seguían jugando al tute el día del atentado, aparentemente como si nada, como si hubiera muerto de una gripe. La realidad es otra, según un comunicado de los contertulios: "Éramos unos compañeros consternados por lo ocurrido que, finalmente, optaron por jugar una partida de cartas en homenaje al amigo fallecido". También "acudimos al tanatorio consolando a la familia y rezando por el difunto, y fuimos al funeral y a la posterior concentración". No todos entendieron "que tuvieran los hígados" de jugar a las cartas, aunque fuera en homenaje al compañero de mesa, "en lugar de apedrear la sede de ANV", se escucha en algunos lugares.

La sede de Altuna y Uria, SA, dista 30 metros de la farola donde cayó herido de muerte Ignacio Uria Mendizábal. La familia acude todos los miércoles al lugar, señalado con una ofrenda floral, pero prefiere no hablar con la prensa. "Sólo le puedo decir que vamos a seguir trabajando porque nuestra responsabilidad es con las más de 400 familias que dependen de nosotros", dice un portavoz en una oficina de la empresa. "Ya lo hemos dicho todo". Un amigo de los Uria Mendizábal accede a relatar algunos detalles del descalabro emocional de una saga con 32 miembros en la empresa y cerca de 70 en las grandes comilonas y celebraciones. "Están destrozados, pero dispuestos a seguir adelante. Ellos nunca se metieron en política. Y como son tantos, pues imagino que votan diferente. Pero si usted repasa la lista de cargos políticos de cualquier tipo, ellos nunca aparecen".

Los trabajadores de la constructora que son miembros del sindicato ELA-STV, adscrito al PNV, suscribieron el comunicado de condena del asesinato, rechazado por los tres delegados de LAB, la central del independentismo. "La persistencia de ETA sólo nos trae sufrimiento y desánimo. Los atentados deben acabar de una vez por todas. Su obstinación resulta totalmente contraria a los intereses, deseos y aspiraciones de los trabajadores vascos", subraya la nota, cuidadosamente redactada, sin palabras malsonantes, para facilitar su firma. "Uno de los de LAB lloró cuando se enteró que habían matado a Inazio, pero, claro, el sindicato está por arriba...", según el amigo de la familia Uria, que suplica no ser identificado. "El miedo es como una bola que crece y se lleva todo por delante. ¿Y qué vamos a hacer? Son los políticos, los gobiernos de aquí y de allí, los que tienen que arreglar esto".

Y si en España no se torturara tantísimo, pues igual cambiaban las mentalidades de los vascos, dice uno sin asomo de duda: España es un Estado opresor con verdugos y potros de tortura que funden las bielas martirizando a destajo. "Y es que, además, la caverna mediática es la hostia con los vascos. Yo soy nacionalista y, cuando salgo de viaje y pongo la radio, es para descojonarse o echar a correr. Lo comentamos mucho los amigos". El socialista Miguel Reimúndez de Milán, concejal de Azkoitia, nacido en A Coruña, vive en Zumárraga y nada puede comentar en euskera porque no lo habla. Pero, al igual que las personas dispuestas a dar la cara en este reportaje, no tiene pelos en la lengua en castellano. "Lo mismo que se extendió la muerte y el terror al grito de '¡Arriba o Viva España!' hace setenta años, desde hace 40 se hace lo mismo al grito de Gora Euskadi Askatuta", señala. "Eso no quiere decir que todos los que gritaban 'Arriba España' o 'Viva España' defendieran el terror que se imponía, ni todos los que gritan Gora Euskadi Askatuta defiendan el terror actual; aunque, antes los unos y ahora los otros, les dan base y cobertura".

Trabajador en una fábrica, atribuye el pasotismo ciudadano a las supuestas complicaciones y a la desidia de la sociedad, "que olímpicamente pasa de todo". "¿Qué por qué me metí en las listas para concejal? Pues porque siempre he sido sindicalista en Comisiones Obreras y consideré que no podíamos perder el espacio político a nuestro alcance". Y de Zumárraga a San Sebastián, dejando atrás la turbulenta endogamia nacionalista de los valles y montañas guipuzcoanos y la enrevesada ruta de las proclamas de combate: "Gutunak Idatzi", "Presoak etxera", "Indepentzia", "Autodeterminazio", "Askatasuna".

Luis Daniel Izpizua, profesor en un instituto donostiarra, escritor e inteligente observador de las pasiones humanas, critica el quietismo ciudadano y político y la perversa y estéril repetición de las emociones: "Lo que se subraya tras los crímenes cometidos por ETA son las reacciones emocionales, un factor que sirve para señalar la buena o la mala conciencia social, pero que, en mi opinión, es irrelevante". Él no puede sufrir por el asesinato de Ignacio Uria como lo harían sus allegados, ni se le puede exigir que lo haga, "pero sí puedo reprobarlo moral y políticamente y actuar en consecuencia. Es esto último, y no un sufrimiento empático, lo que se le puede exigir a una sociedad amenazada por el terror, y la escenificación de un dolor improbable no puede servir de paliativo para esa exigencia".

Catedrático de Lengua y Literatura españolas, Izpizua apuesta por un vuelco electoral en el Gobierno y Parlamento vascos, y también en los comportamientos sociales y políticos de Euskadi. "Pero si no ocurre, tampoco caeré en el fatalismo. Ya tengo un poco de callo". Llueve intensamente en San Sebastián y en el balcón principal del Ayuntamiento, junto a la playa de la Concha, ondean la bandera española, la ikurriña y la de la UE. La española tremola sin mucho entusiasmo, casi por imperativo legal. -
 

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