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Recortes de Prensa    Sábado 27 Diciembre 2008

CALIFICA LA SENTENCIA DE "HISTÓRICA"
C's exige a Montilla que cumpla la ley tras la sentencia del Supremo sobre el castellano
Albert Rivera ha tildado de "histórica" la decisión del TS de obligar a la Generalidad a dejar a los padres elegir el idioma de escolarización de sus hijos. "Desde Ciudadanos no se aceptará ninguna excusa para su incumplimiento", ha advertido.
Libertad Digital 27 Diciembre 2008

En un comunicado, Albert Rivera califica de "histórica" la confirmación por parte del Tribunal Supremo (TS) de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 14 de septiembre de 2004, que obliga a la Consejería de Educación de la Generalidad de Cataluña a incluir una casilla preguntando por la lengua a escoger entre las dos oficiales en las preinscripciones escolares para la enseñanza Infantil y Primaria.

En opinión de Albert Rivera, esta sentencia del TS "consolida la doctrina de la libertad lingüística en la Educación española en las CCAA con dos lenguas oficiales". Ciudadanos ha exigido "a los diferentes gobiernos autonómicos", tras conocer la sentencia, "que cumplan con la Constitución y las sentencias de los tribunales".

Para Rivera, esta sentencia demuestra que "la Generalidad de Cataluña no cumple ni sus propias leyes, como ha venido denunciando Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña", ya que el TS se ha amparado en la Constitución y, también, en la Ley de Política Lingüística de 1999.

El diputado autonómico ha recordado que "Ciudadanos ha exigido, reiteradamente, al presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña que cumpla la ley, incluyendo la casilla para elegir la lengua oficial vehicular en la enseñanza en las escuelas de Cataluña", cosa que José Montilla no ha cumplido, según demuestra la sentencia.

Rivera ha manifestado que "desde Ciudadanos no se aceptará ninguna excusa para el incumplimiento de la ley y el responsable de que se aplique lo dictado por el TS es el presidente Montilla", por lo que ha exigido que "respete la Constitución y las sentencias de los tribunales de Justicia".

Finalmente, Ciudadanos ha felicitado "el trabajo de las asociaciones cívicas de toda España, y en especial las que actúan en CCAA donde se violan los derechos lingüísticos de los ciudadanos".

Por una financiación adecuada de la fala del Jálama
Arcadi Espada, EL MUNDO  27 Diciembre 2008

Querido J:

Feliz Navidad, amigo mío. Es lo que tenemos los ateos, que hacemos lo que nos da la gana. Una amiga muy católica («hoy no estoy muy católica» se decía en España para dar cuenta de un episodio de mala salud) me preguntaba con cierta zumba cómo es posible que los ateos celebremos la Navidad. Le contesté que por la misma razón que tenemos amigas del alma, y no hubo más. Pero, por desgracia tengo que dejarte de hablar de Dios. Hay asuntos más urgentes. Don José Montilla, lo habrás adivinado. Inexorablemente su figura se agiganta. Va sintiéndose cada día más suelto, más presidente, y sus intervenciones en el debate público son cada vez más frecuentes. Yo me alegro. Es probable que en estas última semanas, en las que se ha puesto a un paso de la pura verborrea, su actividad haya estado marcada por el inevitable fracaso de la financiación autonómica. Se interprete lo que se interprete del Estatuto vigente (vigente, pero aún sujeto a la dilatadísima interpretación del Tribunal Constitucional), Cataluña no va a negociar bilateralmente con el Gobierno del Estado al margen de las sucesivas bilateralidades que el mismo Gobierno está acordando con Madrid, Valencia, Galicia o Andalucía. La bilateralidad explícita o presunta del Estatuto catalán es puro papel muerto. Los socialistas catalanes ni siquiera amenazan bilateralmente: incluso esa representación sucesiva de sus diferencias con el PSOE está llamada a convertirse en un lugar común, desde el mismo momento en que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha erigido en la principal disidencia de Rajoy. En España no hay otra asimetría que la del concierto vasco. Pero es un camino muy costoso e incierto y no es probable que el socialismo nacionalista catalán se decida a recorrerlo.

Una prueba más de la imposibilidad de una bilateralidad unilateral acaba de darla el presidente de la Xunta de Galicia. Durante muchos años (toda la vida nuestra, para qué disimular) los nacionalistas catalanes han insistido en el rasgo diferencial de la lengua. Se basaban en un hecho que al inicio de la transición política no tenía discusión: en España había dos lenguas, el castellano y el catalán. Así era atendiendo al peso demográfico y a la tradición literaria. El vasco era poco más que una suma dispar de dialectos, que usaba un tanto por ciento ínfimo de la población, y el gallego, poco más que un habla de la que algunos poetas habían hecho una lengua esporádica. Pero eso fue hace más de 30 años. Hoy todo va muy rápido, también para las lenguas. Y 30 años dan para mucho. A falta de elementos de diferenciación, el «hacer lenguas» se ha convertido en una de los prioridades de los gobiernos autonómicos. No hará falta que me refiera al gallego y al vasco: a la lengua y a sus lenguaraces. Me referiré al aragonés, al eonaviego, al andaluz, a la fala del Jálama, al aranés y al castrapo, por aludir a algunas que me resultan especialmente simpáticas. Y espero que ningún filólogo se escandalice por esta mezcla de hablas, dialectos y lenguas, porque es la política, y no la filología, la que resulta operativa en estas distinciones.

La proliferación lingüística ha acabado haciendo inútil el empeño nacionalista catalán por presentar su lengua como un hecho diferencial. No es que cualquiera pueda tener y tenga hechos diferenciales; al fin y al cabo esto no dejaría de ser la habitual materia opinable que genera un planteamiento abstracto. Es que todos tienen lengua; lo que bien puede probarse abriendo la boca. Es muy significativo que sea el presidente gallego el que haya hecho esta reivindicación económica sobre la lengua propia. Y aún más significativo es el helado silencio catalán ante la propuesta. A fin de seguir cultivando la especie de la singularidad, los nacionalistas catalanes son capaces hasta de renunciar a la lengua. No les gusta lo más mínimo esta proliferación. Y una de las razones del disgusto es su absoluta falta de argumentos. Han insistido siempre en la especie de que todas las lenguas son iguales. Absurda especie, desde cualquier punto de vista. Desde el más elemental, también: una lengua es sinónimo de diversidad, y no hay palabra que le pegue menos que la igualdad. Pero los nacionalistas catalanes la han utilizado con la intención de relativizar el peso de la demografía o de la tradición literaria; es decir, para reivindicar el catalán frente al castellano. Ahora reciben una dosis de su propia medicina: y no tienen antídoto frente al castrapo.

En este paisaje de fracaso anunciado e inexorable don José Montilla ha tomado, como te decía, la palabra. Te haré una confesión, que no quisiera que sonara irrespetuosa: creo que en la palabra del presidente de la Generalitat el acto de la pura enunciación, su necesidad pragmática, se impone a cualquier decisión sobre el contenido. Verás. Este miércoles el Gobierno catalán homenajeó al presidente Macià en el 75 aniversario de su muerte. Allí estaba don José Montilla, honrando a su antecesor. Lo que dijo. Estarás de acuerdo en que un nacionalista puede decir palabras bonitas sobre Macià. Su patriotismo. Su sentimentalidad. Su valor. Su idealismo. Cualquier sustantivo de esta honorable gama. Pero don José Montilla debe de ponerse nervioso en presencia de algún antecesor, sea Pujol, Companys o Macià. El ante tales presencias. Es así que habló de Macià como un ejemplo de político ¡realista! Macià, y su Prats de Molló; Macià, y su República Catalana. ¡Realista! De entre todos los adjetivos del mundo don José Montilla hubo de escoger realista.

Días antes había hecho otra notable afirmación en el contexto de los obligatorios protocolos para la emigración que acaba de redactar su gobierno. Dijo, justificando que se exigiera a los inmigrantes el conocimiento de catalán, que era preciso que hablaran catalán (y en público) para ser así un solo pueblo. Insisto en que no estoy del todo seguro de que el presidente catalán sepa lo que dice. No quiero ofenderle: sólo poner en evidencia su piloto automático. Pero, a pesar de mis recelos, es la frase de una autoridad y tiene efectos performativos al modo de gritar ¡fuego! en un teatro repleto. La frase es el negativo exacto de lo que la izquierda ha venido diciendo (y alardeando) desde la dictadura franquista. Esto es, que la noción de pueblo no era identificable con la lengua; y que no podía, en consecuencia, hablarse de dos comunidades catalanas. El supremo y repetido alarde de la izquierda consistía en recordar que ahí estaba ella para evitar esa fractura. Ahora, cuando don José Montilla pide a los inmigrantes que hablen en catalán para ser un solo pueblo, reconoce implícitamente que la fractura lingüística es una fractura social y que la fractura existe. ¡Con lo que habían trabajado ellos! Te reconozco que es muy fuerte la tentación de interpretar sus palabras como la franca e imprudente exhibición de lo que la izquierda catalana ha pensado siempre. El final de la comedia bilingüe (¡de la política de mano izquierda!), ahora que Juan Marsé ya ha ganado el Cervantes. Veremos. Por lo pronto, y en el paisaje inmediato de las cuitas financieras asimétricas, resulta un nuevo y desesperado intento de marcar distancias con el resto autonómico y sus innumerables y crecientes lenguas propias. Pero el intento será vano. Cuando los nacionalistas catalanes se mueven, se mueve con estrépito su corte de latas y cencerros. La cencerrada autonómica. Lo que les pasa a los viudos en sus segundas bodas.

Sigue con salud.
A.

Zapatero, contra la hemeroteca
Editorial ABC 27 Diciembre 2008

EL presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo ayer su tradicional balance político del año, así como una serie de anticipos sobre las líneas principales de la actividad del Ejecutivo para el próximo año. Estas comparecencias suelen ser comprometidas para Rodríguez Zapatero porque las jalona con afirmaciones y pronósticos que, en los años que lleva ejerciendo la máxima autoridad política del país, se han caracterizado por sus fracasos en cadena. La hemeroteca da cuenta de cómo la realidad siempre estropeó algunas de las grandes primicias -el fin de ETA, el pleno empleo- anunciadas por el presidente del Gobierno. Por eso, el primer reto de Zapatero es enmendarse a sí mismo, porque su responsabilidad como jefe de Gobierno es transmitir la seguridad y la confianza de las que sólo disponen los líderes que saben ponerse al frente de los problemas, no detrás, y son capaces de asumir tareas ingratas en momentos difíciles.

El análisis que ayer ofreció Zapatero no aportó ninguna novedad, porque a estas alturas no cabe esperar que el reconocimiento de la gravedad de la crisis sea un mérito singular del presidente del Gobierno. Sin embargo, incluso la constatación de esta obviedad -a la que Zapatero ha llegado con un año de retraso- se ve acompañada de soflamas voluntaristas sobre la solidez del «barco» económico o el anuncio de que «el temor al colapso financiero internacional ha desaparecido», declaraciones que, a buen seguro, ningún experto solvente sería capaz de afirmar con la rotundidad empleada por el jefe del Ejecutivo. Es evidente que, a pesar de la falta de resultados concretos por las medidas tomadas hasta ahora, el Gobierno no está dispuesto a dar malas noticias. Zapatero insistió en que se ampliarán las políticas sociales, lo que quiere decir que habrá más déficit público, convertido en un agujero en las arcas del Estado que, antes o después, habrá que financiar detrayendo recursos que deberían financiar la actividad productiva o aumentando la presión fiscal sobre el ciudadano y las empresas. La política de subsidio es el único argumento del Gobierno para esta crisis, después de que Zapatero repudiara nuevamente cualquier propuesta de contención del gasto público, de reforma del mercado laboral o del sistema tributario. Al falseamiento de la crisis le toma el relevo el falseamiento de las soluciones. Al menos esta vez, Zapatero sí se mostró más claro en el rechazo a nuevas negociaciones con ETA.

Pese a todo, ni la crisis, ni ETA, ni siquiera su tono triunfalista y acrítico, dominaron el principal mensaje de Zapatero. Fue la guerra abierta que el PSOE y su Gobierno han declarado al neonato Consejo General del Poder Judicial. La multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por el «caso Mari Luz Cortés» ha sido la excusa de los socialistas para lanzar contra la justicia uno de los mayores ataques políticos conocidos en democracia. Un ataque que ayer recibió cumplida y unánime respuesta de jueces y fiscales, dispuestos a recoger el guante en el duelo que se avecina por el control del poder judicial.

Aflora nuevamente la alergia socialista a la independencia judicial y su constante voluntad de someter al CGPJ. La posible huelga de jueces explica la desmesurada reacción socialista, que por un lado pretende manipular los sentimientos sociales por el asesinato de la niña y, por otro, quiere cobrar al CGPJ con sumisión el consenso que permitió su renovación. Lo grave de las palabras de Zapatero al criticar la decisión del CGPJ es que significan que el presidente del Gobierno se pone al frente de una estrategia de acoso a un órgano constitucional con argumentos tales como que la opinión pública no comprende la sanción a ese juez y se rebela contra ella; un argumento que bien pudo haber considerado cuando, despreciando a esa misma opinión pública que ahora invoca, puso en libertad al etarra De Juana o consintió una campaña de desprestigio del PSOE contra el juez Grande-Marlaska por perseguir a ETA durante la tregua. La hemeroteca no falla.

La inocentada
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 27 Diciembre 2008

YA nadie gasta inocentadas. Haría el ridículo ante las que nos viene gastando el presidente del Gobierno y que, con dos días de adelanto, nos ha gastado este año. Que un señor que se pasó meses negando la crisis se presente como el mayor baluarte contra ella resulta difícil de superar. Como el descartar cualquier negociación con ETA, después de haber seguido negociando con ella pese a que ésta hubiera vuelto a matar. Se puede aceptar que uno se equivoque, a todos nos pasa, pero condición indispensable para ello es que se reconozca la equivocación, cosa que Zapatero no ha hecho ni parece tener la intención de hacer. Al contrario, sigue instalado en el equívoco, el ardid y la simulación. Ya a gran escala, como ocurre a las estafas cuando alcanzan un tamaño que sólo puede sostenerse sobre muchas espaldas.

La que vende actualmente es una financiación autonómica tan ficticia como sus experimentos anteriores, aunque tan hábil que aquellos. En vez de una negociación colectiva con todas las comunidades, como sería preceptivo, Zapatero se reúne con cada uno de sus presidentes, prometiendo a todos ellos lo que le piden. Algo imposible, primero, porque no hay dinero para todos, y segundo, porque esas demandas se contradicen entre sí. Cataluña, sin ir más lejos, quiere un acuerdo bilateral con el Estado, tal como quedó establecido en su nuevo estatuto. Pero eso es anticonstitucional, aparte de rechazarlo los demás.

Aunque, ¿qué le importan esas contradicciones a alguien que ha basado su política en las circunstancias, en vez de en los principios? Las circunstancias cambian, y así cambian su política, su doctrina, su actitud, sus respuestas. Conceptualmente es posible, desde los sofistas. En la práctica, se encuentran con un gran muro: la realidad. La realidad es un muro de cemento que puede taparse, pero no alterarse.

Es el muro con el que se enfrenta ahora. Pudo encandilarnos con la negociación con ETA, pudo halagar nuestro ego con los nuevos estatutos de economía. Pero lo que no puede encandilar ni halagar es a la crisis que hasta ayer mismo negaba, que le ha dejado en cueros, y puede dejarnos a todos. Aunque su táctica sigue siendo la misma, tal vez porque no tiene otra: prometer lo que no tiene y desviar la atención del verdadero problema hacia otro sitio. En este caso, los más necesitados.

Pero la crisis no se soluciona aumentando el salario mínimo interprofesional, las pensiones más bajas o la cobertura del desempleo. Se soluciona evitando que haya más parados. Sentía curiosidad por saber si volvería a decir que en abril empezaría la recuperación del empleo. Alguien debió de advertirle que, en abril, lo que habrá serán más parados. Algo que la financiación autonómica de Zapatero no tiene más visos de resolver que aquel cheque de los 400 euros y otras medidas que viene tomando, en un año que no ha hecho más que gastarnos inocentadas.

Claro que para gastar inocentadas se necesita que haya inocentes. Y aquí, inocentes quedan ya muy pocos.

Financiación autonómica
Los políticos no están en crisis
Puede que Rajoy tenga razón en que el PSOE se está equivocando en todo a la hora de atajar la recesión, pero lo cierto es que en el tema de la financiación autonómica, toda la clase política está ofreciendo un espectáculo lamentable.
Ignacio Villa Libertad Digital 27 Diciembre 2008

Este viernes la clase política, tanto Zapatero como Rajoy, ha cerrado el chiringuito por 2008; el primero en Moncloa, el segundo en Galicia. Los dos han coincidido en el diagnóstico de la deprimente situación política y económica actual, aunque no lo han hecho, ni mucho menos, en la receta para salir de esta crisis galopante.

El presidente del Gobierno ha reconocido –parece que ya no le queda otro remedio– que el estancamiento está en su punto más dramático; afirma que la tormenta es muy fuerte, pero insiste en que nuestro barco es seguro. Por su parte, Mariano Rajoy ha dicho dos cosas. Una de perogrullo ("la crisis es de caballo"), la otra no tanto. Le ha recriminado al Gobierno que sus políticas no sean las adecuadas para acabar con la crisis y que eso lo terminaremos pagando todos los españoles.

Puede que Rajoy tenga razón en que el PSOE se está equivocando en todo a la hora de atajar la recesión (aumento del gasto público y de la deuda pública y no liberalización del mercado laboral), pero lo cierto es que en el tema de la financiación autonómica, toda la clase política está ofreciendo un espectáculo lamentable. Todos han acudido a la Moncloa con eso del "¿qué hay de lo mío?". Cada presidente autonómico ha tirado hacia su reino de Taifas olvidándose de que no se puede jugar con la viabilidad real y económica del conjunto de la España. Y aquí no se salva ni el PP ni el PSOE; los políticos, en cuanto huelen el dinero, sacan todos a relucir la misma y común naturaleza depredadora y manirrota.

Mientras no se cierre de una vez por todas el modelo de financiación autonómica, la inestabilidad institucional está asegurada e hipoteca a los nacionalismos. Pero además, los políticos no pueden estar lamentándose de la crisis económica y luego dedicarse a la labor mezquina y pueblerina de arramblar la mayor cantidad de dinero público posible. Los ciudadanos se están dando cuenta de esta profunda hipocresía de nuestros gobernantes: si hay crisis, debe haberla para todos. Luego nos pedirán que tiremos del carro, cuando desde luego, el de algunos (los ciudadanos) lleva bastante más carga que el de otros (los políticos).

Financiando la demogresca
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 27 Diciembre 2008

TODO este desfile de mandamases regionales (¡nacionales!, dirían ellos) por el palacio del mandamás plurinacional, en solicitud de tajada, evidencia que el tuneado de los inodoros de Moncloa no era, como a simple vista pudiera parecer, un lujo superfluo y decadente. ¡Ya me dirán cómo se puede afrontar semejante trasiego de estómagos agradecidos si no se dispone de evacuaderos aromatizados! También evidencia que la democracia, que en origen es un régimen político que persigue el bien común, ha degenerado en un régimen de discutidores que anteponen el interés propio sobre el general; donde, una vez más, se demuestra que la corrupción de las cosas óptimas es pésima. Claro que, como reza el refrán, dos no discuten si uno no quiere; y, para demostrarlo, ahí tenemos la figura de nuestro mandamás plurinacional, que como los papanoeles de barba postiza que los dueños de las jugueterías ponen en estas fechas a la puerta de su negocio, para que engatusen a los chiquilines y les prometan que sus caprichos serán satisfechos, recibe a los mandamases regionales y a todos los despacha con buenas palabras, como quien reparte el chocolate del loro. Luego se descubrirá que el chocolate no daba para tanta pitanza; y entonces los discutidores volverán otra vez a la greña, hasta convertirlo todo en un barrizal de reclamaciones particulares, o hasta que juntos se hundan en el barrizal de sus querellas e insatisfacciones. Que este ha sido el fin de todo régimen político perverso.

Aristóteles, en su Política, consideraba que el gobierno sano es aquél que, guiándose por la razón, mira por el bien común. Y definía el gobierno perverso como aquél que, desatendiendo la razón, satisface intereses particulares. Los intereses particulares son insaciables; y el vano intento de saciarlos genera ipso facto la emergencia de otros intereses particulares no atendidos que se consideran agraviados, y así ad infinitum, en una paulatina conversión de la democracia en demogresca o pandemónium de todos contra todos. Cualquier gobierno se sostiene sobre una delicada tensión, que es la que se entabla entre los intereses particulares y la exigencia del bien común; y la única manera de resolver esta tensión consiste en colocar la ley, como expresión de una voluntad general, por encima de las voluntades particulares de los hombres. Cuando la ley se somete a las voluntades particulares, el gobierno se corrompe y acaba convirtiéndose en un barrizal; esto es, en una demogresca, que es lo que ahora vemos en este desfile de mandamases regionales en solicitud de tajada.

De este pandemónium participan todos; y todos evacuan sus demandas particulares en los inodoros aromatizados de Moncloa: los hay que alegan crecimientos de población, los hay que invocan «hechos diferenciales». Todos quieren meter el cazo en el chocolate del loro; y el papanoel de Moncloa se erige en dispensador risueño de privilegios que no podrán cumplirse, o que sólo se podrán cumplir en menoscabo del bien común. Que el papanoel de Moncloa se avenga a esta satisfacción de intereses particulares no puede extrañarnos, pues desde que asentó sus posaderas en los inodoros aromatizados de palacio decidió que el barrizal de la demogresca sería la forma de gobierno que garantizaría su supervivencia, aunque fuese una supervivencia lograda a costa del bien común. Más aflictivo resulta que la derecha participe risueñamente del pandemónium y envíe a sus mandamases regionales a meter el cazo en el chocolate del loro, como chiquilines que ven satisfecho su capricho. Aquí se comprueba que la derecha española se ha instalado en el cortoplacismo de los boxeadores sonados, renunciando a presentar batalla a su adversario allá donde se dirime el bien común y la propia supervivencia de un régimen político. En lugar de acudir a Moncloa con un desatascador, la derecha ha preferido disfrutar de las ventajas de los inodoros aromatizados, sin reparar en que están tupidos. Cuando olfateen el tufo, la mierda ya les habrá llegado al cuello; entretanto, chapotean alegremente en el barrizal de la demogresca.
www.juanmanueldeprada.com

La política de la proximidad
J. M. RUIZ SOROA El Correo 27 Diciembre 2008

Más o menos allá por el cambio de siglo hizo su aparición entre nosotros una nueva forma de hacer política. Puede definirse, como lo ha hecho Pierre Rosanvallon, con los términos clave de «presencia, empatía, compasión». Se trata de un nuevo lenguaje del poder político que pretende en todo momento, pero sobre todo cuando se produce algún hecho dañoso o socialmente conmovedor, expresar públicamente que el poder está atento, que es sensible, que comparte el dolor o la preocupación de los ciudadanos afectados. Es por ello por lo que los líderes políticos consideran hoy una obligación ineludible la de hacerse presentes, incluso físicamente, en los escenarios humanos de cualquier catástrofe, atentado o conmoción social. Y no se trata sólo (aunque también) de una estrategia publicitaria o de marketing político, ni se trata sólo (aunque también) de una exigencia de los medios de comunicación atentos a cualquier posibilidad de incrementar su sensacionalismo populista, sino que se ha convertido en una nueva forma política.

Es un dato comprobado por estudios empíricos que el ciudadano actual es mucho menos sensible ante los contenidos de las medidas que adopta el gobierno que ante las manifestaciones de simpatía y proximidad de los gobernantes, siempre que las perciba como sinceras. Lo pudimos comprobar en España el pasado invierno, cuando el presidente del Gobierno se sometió a una especie de rueda de prensa ciudadana ante la televisión: el asunto que más atención atrajo, el punto que polarizó la atención de los ciudadanos fue, precisamente, el de si el presidente sabía o no cuánto costaba aquí y ahora un café en un bar. ¿Por qué? Porque era el punto que ponía de relieve, con precisión ajustada, la proximidad o lejanía del político gobernante para con la realidad de los ciudadanos, y por tanto, aplicaba el nuevo criterio de valoración: el de la proximidad a lo que el sentimiento ciudadano juzga como su realidad cotidiana. Hoy no hay reproche más eficaz para el político que el de que está encerrado en su torre, que se ha alejado de la realidad. Podrá ser bobo, ineficaz o sectario, pero lo que no se tolera hoy es que aparezca lejano, elitista o por encima de las contingencias cotidianas que a todos nos afectan.

Pasaron los tiempos en que el arte del buen gobierno implicaba un cierto grado de lejanía del gobernante, incluso de hieratismo y rigidez en su exhibición teatral ante la sociedad. El buen político era hasta hace poco el personaje capacitado que estudiaba los asuntos desde la lejanía y la separación, con ecuanimidad y frialdad. Hoy, por el contrario, al poder se le exige su presencia empática inmediata, se le juzga por su capacidad de demostrar que está atento a nuestra realidad cotidiana, que la conoce y comparte con todos los ciudadanos. Es una exigencia bastante congruente con la sensibilidad social dominante, marcadamente individualista: el valor que prima en nuestras sociedades es el de la vida concreta y particular de cada ser humano. Pasaron los tiempos de las abstracciones, fueran éstas la clase, el proletariado, el progreso, el pueblo o la Humanidad. Lo que se atiende obsesivamente hoy, en esta especie de ultrarrealismo en que vivimos, es a la vida concreta y particular de los seres humanos, los sufrimientos y fracasos que se producen en esas vidas. Y, por ello, al gobernante se le exige que esté cerca de ellos, que sufra y padezca con ellos. También se le pide, claro está, que produzca medidas de gobierno para evitar en general el sufrimiento y mejorar el futuro; pero sobre este punto flota un denso escepticismo y desengaño, pues no se cree que los gobiernos puedan (o quieran) hacer mucho en la práctica. Por eso se les pide que, por lo menos, exhiban su simpatía sincera cuando alguien sufre.

Este nuevo canon de conducta que la opinión pública impone, quiéranlo o no, a los políticos y gobernantes (bajo sanción implacable para su futuro electoral) tiene aspectos positivos. Es una nueva exigencia que la ciudadanía plantea al poder en términos de proximidad y atención. No basta con que el poder sea representativo y legítimo, sino que tiene que ejercerse con compasión y cercanía. Aunque también, como todos percibimos, los puede tener negativos, sobre todo el de convertir la política en puro teatro y a los políticos en payasos atentos sólo a la mejora de sus puestas en escena.

Pero, además de este riesgo de teatralización de la política, hay otro defecto que suele ser menos estudiado y que sin embargo se manifiesta ya como un hecho preocupante: y es el de la fragmentación de la política. En efecto, los gobernantes que se sienten exigidos por la proximidad de los sufrimientos, dolores, daños o catástrofes que se suceden en la escena pública, responden adoptando medidas inmediatas de atención y cuidado para sus víctimas, sin más criterio que el de hacer patente su preocupación por ellas. Con lo que el mundo político se nos va llenando de medidas reparadoras concretas y particulares que favorecen a estas o aquellas víctimas, con olvido y menosprecio de otros criterios esenciales de la política democrática como son (eran) los de igualdad e imparcialidad. Lo público se desintegra en una serie inacabable de concretas particularidades humanas. Quien obtiene el estatus de 'víctima' tiene garantizada la ayuda pública, pero este estatus lo conceden, finalmente, quienes dominan la agenda pública (los medios) o quienes tienen capacidad para hacerse escuchar. Una víctima del terrorismo (o de la violencia de género) tiene derecho a unas ayudas económicas públicas a las que no tiene derecho la víctima de un caso aislado de violencia, o de otro tipo de necesidad o causa de privación social. Y no hay razón objetiva alguna para esa diferencia de trato.

Un soldado que muere en una misión humanitaria en el extranjero recibe indemnizaciones que no percibe el que muere en su tarea cotidiana. ¿Por qué? Un trabajador periodista víctima de un atentado en el teatro de aquellas misiones recibe una indemnización pública, un trabajador ordinario no. Quien se queda atrapado en su destino turístico por razones particulares tiene que arreglárselas él solito. Pero si eso le sucede por un maremoto, una revolución o cualquier otro motivo que aparezca en la primera página de los diarios, será rescatado por un avión militar sin tardanza. El ciudadano corriente y vulgar, ese a quien su desgracia le acaece individualmente y que no puede acogerse a ninguna particularidad identitaria salvadora (no es minoría cultural, ni de género, ni es víctima de ningún odioso terrorista, ni parte de un colectivo de perjudicados), ése es el que no recibe apoyo específico alguno ni proximidad política ninguna. Y es que, ¡terrible discriminación!, no se puede ser efectivamente próximos con todos, sino sólo con los casos ejemplares. Y los casos ejemplares dependen de la suerte o de los medios. Los casos ejemplares no son los del ciudadano abstracto, sino los de la persona particular y concreta. La política de la presencia, al final, puede suponer una seria amenaza para la política de la imparcialidad.

El autor reflexiona sobre una manera de ejercer la política pegada a los acontecimientos y a los grandes sucesos y caracterizada por la presencia de los dirigentes en los escenarios noticiosos, y concluye que «la política de la presencia, al final, puede suponer una seria amenaza para la política de la imparcialidad».

José María Ruiz Soroa:
«Es absurdo negarse a aprender una lengua por un sentimiento»
SERGIO EGUÍA - EL CORREO DIGITAL  27 Diciembre 2008

El abogado bilbaíno opina que se debería llegar al bilingüismo por «deferencia y cariño hacia la otra parte, no por imposición»

José María Ruiz Soroa (Bilbao, 1947) inaugura esta tarde, en las Aulas de la Experiencia de la UPV, una serie de charlas y seminarios sobre derechos lingüísticos organizados por la plataforma Aldaketa. «Pretendo incidir en los mecanismos de defensa de las personas ante políticas muy asimilacionistas e intentaré desmontar los argumentos aducidos por las autoridades para legitimarlas».

-¿Por qué es tan polémico todo lo que tiene que ver con el euskera?
-Porque está politizado. En Euskadi, tenemos la visión de que hay euskaldunes y castellano parlantes y es un enfoque incorrecto. Somos monolingües y bilingües.

-¿Cuál es la diferencia?
-La lengua común. Todos somos castellano hablantes y luego hay otros que tienen otra lengua. Así, es mucho más sencillo jerarquizar los derechos de cada uno de ellos.

-¿No son los mismos?
-Los derechos del castellano hablante a utilizar la lengua común están por delante de los del euskaldun, porque éste se niega a utilizar la lengua en base al valor expresivo identitario y el erdaldun tendría que aprender otro idioma para cambiar. Los derechos de uno a no aprender pesan más que los del otro. Además, muchos monolingües no quieren aprender porque no les gusta el euskera. Personalmente me parece absurdo negarse a aprender por sentimientos, pero esa realidad existe.

-A los niños les costaría poco aprender los dos idiomas.
-Una vez establecidos claramente los derechos y respetando la libertad, otra cosa es el ejercicio político. Estoy convencido de que se puede establecer una política lingüística en la que libremente la parte monolingüe acepte convertirse en bilingüe. Y de ahí las protestas a las que asistimos, como el caso de los padres que se niegan a que sus hijos estudien en euskera. Lo ven como una imposición.

-Los padres euskaldunes podrían usar el mismo argumento al revés.
-Eso nunca se daría. Entre las lenguas hay unas reglas que funcionan universalmente. La gente no cambia de lengua arbitrariamente. Los trasvases van en función del potencial de cada una; que se deriva de los hablantes y del número de los que la tienen por segunda lengua. Un caso claro es el del inglés, que es la segunda lengua de todo el mundo. Así, alguien que viva en una ambiente castellano nunca dejará de aprenderlo, porque en términos potenciales es absurdo quedarse en el euskera. Esa es la razón por la que en el País Vasco se habla castellano y no por las historias terroríficas que nos han contado. Poco a poco todos nos pasaremos al inglés. Además, aunque esto suene a herejía, el Estado tiene el derecho a imponer el conocimiento de la lengua común.

«Aprender libremente»
-Y ¿no tiene derecho a que se estudie en euskera?
-En el sentido fuerte de la palabra creo que no. Otra cosa es, que en base a la libertad y en base a comprendernos, los que no lo sabemos decidamos ampliar nuestro conocimiento de euskera y que también lo aprendan nuestros hijos. En eso estoy de acuerdo.

-Josu Jon Imaz hablaba de «enamorar a España».
-En España hay un modelo lingüístico muy forzado, en el que se habla de que las lenguas tienen los mismos derechos. Los derechos no son de las lenguas, sino de las personas. Y eso provoca rechazos. Para mí, lo interesante sería poder atender al valor sentimental que tienen las lenguas vernáculas y convencer a la parte no euskaldun de que por razones de deferencia y cariño hacia la otra parte aprenda su idioma, que también le es propio. Hay que dar razones en vez de imponer.

Puerta cerrada
EDITORIAL El Correo 27 Diciembre 2008

La rotundidad con que el presidente del Gobierno zanjó ayer la posibilidad de un nuevo proceso dialogado con ETA, tras constatar que la organización terrorista ha desperdiciado hasta en tres ocasiones las oportunidades que le ha ofrecido la democracia para renunciar a la violencia, debería entenderse como el compromiso firme del Ejecutivo de dejar atrás unos procesos que más que ayudar al fin de la banda han propiciado su continuidad. La contundencia con la que aseveró que «ya no habrá más» oportunidades para los terroristas constituye el corolario lógico a la ofensiva policial y judicial que ha impedido que ETA reprodujera, tras romper la última tregua, la cadena de atentados que protagonizó después de suspender el alto el fuego decretado en 1998. Y, sin duda, al hartazgo de una sociedad hastiada de su permanente amenaza.

ETA atraviesa uno de sus peores momentos, no sólo en cuanto a operatividad criminal, sino también en cobertura política y capacidad de influencia de su trama civil. La combinación de la Ley de Partidos, unidad política y eficacia en la lucha antiterrorista han llevado a la banda a su mayor declive y a la izquierda abertzale radical a tener una presencia casi testimonial en instituciones y foros. Todo ello se ha traducido en un aislamiento social, en Euskadi, sin precedentes y al fin del mito de la imbatibilidad. Ni siquiera las manifestaciones efectistas de las últimas semanas por parte de ex presos de ETA y nuevos 'reclutas' pueden esconder esta debilidad. Las cárceles, tiempo atrás aglutinantes de la banda, son ahora una muestra significativa del desmoronamiento del entramado etarra. Los centros penitenciarios españoles cuentan con 622 reclusos vinculados a ETA, un 37% más de los que había cuando rompió el último alto el fuego, y ya no forman un frente monolítico. La prueba más evidente de la eficacia policial y del triunfo del Estado de Derecho, pero también del sinsentido de una estrategia que sólo busca su perpetuación criminal.

La inequívoca afirmación del presidente Rodríguez Zapatero implica el progresivo convencimiento por parte del Ejecutivo de que la derrota definitiva del terror es posible con la aplicación estricta de los mecanismos legales de que dispone el Estado de Derecho para reprimirlo. La conclusión obligada a la que debe conducir ello es que no habrá ninguna mano tendida hacia la banda mientras ésta no abandone las armas sin posible marcha atrás. Lo que significa tanto como asegurar que se desoirán los eventuales cantos de sirena con los que los terroristas y su entorno han tratado de reponerse ante otros momentos de flaqueza, aunque ésta fuera muchos menos acusada, y que ese compromiso prevalecerá ante la renuencia de las fuerzas nacionalistas a desistir de la búsqueda de salidas dialogadas. Una tentación incrementada por la proximidad de la cita electoral.

El desmarque
PELLO SALABURU El Correo 27 Diciembre 2008

La coordinadora en contra de la construcción del Tren de Alta Velocidad ha sacado, tras quince días de debate, el comunicado que se esperaba con respecto al asesinato de Inaxio Uria por parte de ETA. Este atentado, reconocen en su declaración, ha influido en las personas y colectivos que forman parte de la plataforma, y ha creado conmoción (no sé si entre los miembros de la plataforma, en la sociedad o en la Luna, porque no lo dicen). Han reflexionado durante quince días y, como conclusión, reclaman más autonomía para la plataforma e indican, literalmente, que su lucha busca «socializar las consecuencias de este proyecto destructor». Es asombroso que se diga esto, por cierto, porque las consecuencias previstas por la plataforma con motivo de la construcción del TAV son catastróficas para el país. ¿Son esas consecuencias catastróficas las que quieren socializar?

Como consecuencia de esa reflexión indican, también, que se «desmarcan» del atentado de Azpeitia. Es una palabra cosida con alfileres para evitar el término 'condena', que es algo que entendemos todos mucho mejor. La razón, también lo indican, es que dentro de la plataforma hay distintas sensibilidades, y no es cuestión de ponerlas frente a frente. Como no señalan en qué consisten esas sensibilidades, pero como evitan utilizar el término adecuado, ése que entiende todo el mundo a la primera, conviene aclarar aquí el tema: dentro de la plataforma, coordinadora o lo que sea, hay unas sensibilidades a las que no les parece nada mal que ETA mate a un industrial (por eso no lo condenan) y hay otras a las que seguramente no les parece tan bien que ETA vaya asesinando a inocentes. Pero estos últimos se encuentran ante una disyuntiva inesperada: ¿Qué hacemos? ¿Condenamos la salvajada, y nos enemistamos con los primeros, o salimos por la tangente diciendo que nos desmarcamos, y así mantenemos la cohesión de la plataforma? Ha ganado lo segundo. Es así de simple para quien lo quiera ver sin tener que ir al oculista.

Un buen delantero intenta desmarcarse del defensa contrario para meter la pelota en la red. Tanto el defensa como el delantero tienen distintas sensibilidades, es evidente, pero ambos juegan en el mismo campo y actúan en el mismo espectáculo. Este comunicado muestra la enorme podredumbre de nuestra sociedad. Muestra también cuán lejos están los integrantes de la plataforma de lo que realmente piensan la mayoría de los ciudadanos. Como muchos otros, he pasado en mi vida de la simpatía inicial por los movimientos ecologistas al asombro, a la decepción y al enfado. ¡Qué bonito resulta vivir tan ricamente en esta sociedad del bienestar, como la definiera Galbraith, y protestar contra el tren, pero llegar todos los días al trabajo en coche y coger el avión cuando es necesario! Ve la plataforma un intenso debate sobre el TAV en la sociedad, tan intenso como localizado en sus propias filas y limitado a sus miembros. Un proyecto contestado, dicen. Desde luego, no hay más que verlo. Se quejan de los medios de comunicación y de los dirigentes políticos, faltos de sensatez por no tomar en consideración sus argumentos.

Quizás tengan razón. Lo cierto es que practicar una oposición contra este proyecto u otro, e incluso practicar una oposición a favor de algo (mucho más difícil esto último, claro) es sano en todas las sociedades democráticas. Emitir opinión, hacer uso de la crítica, es algo necesario. Hacerlo por vías pacíficas es, además, requisito esencial. Claro que uno debe admitir también que criticar no es imponer. Que uno manifiesta sus puntos de vista y se expone a que le hagan caso o no. Que uno puede estar convencido de buena fe de que hacer un túnel que pase por debajo del ayuntamiento del pueblo puede ser malísimo y así lo debe indicar si lo considera necesario. Pero de ahí a que se decida que es mejor no construir el túnel o hacerlo pasar por debajo de la iglesia media un trecho enorme. Porque para tomar ese tipo de decisiones la sociedad ha previsto otros mecanismos distintos, y ha elegido a unos responsables que no son precisamente los de AHT Gelditu! Elkarlana. Ésa es la primera lección.

Nadie impide a la plataforma dichosa que defienda lo que mejor le parezca. Pero que no nos exijan al resto que debamos hacerles caso ni que les creamos a pies juntillas. Porque también nosotros tenemos nuestra cuota de libertad, tan afanosamente ganada como ellos, y nuestro propio criterio. También nosotros pensamos sobre estas cosas, y se nos ocurren argumentos y razones diferentes de las de ellos. Que no existe contencioso alguno, más allá del que ellos se fabrican cada vez que se juntan. Así que cada cual en su lugar.

Con todo, hay una pequeña diferencia: nosotros nos buscamos otros compañeros de viaje. Y si resulta que no los buscamos, pero se nos juntan por el camino, les decimos claramente que no, que no los queremos, que no los queremos ni para esto ni para nada. Que no es una cuestión de desmarque, porque el defensa está al segundo siguiente frente al delantero que se le ha desmarcado. Que jugamos a otra cosa, vaya. El pistolero que asesinó a Uria acabó también con la credibilidad de los opositores al TAV que se encuadran en este movimiento. Mientras no sean capaces de hacer algo más, mientras no condenen el asesinato de forma clara, sin espesuras ni disfraces, los desmarques no sirven más que para lo que sirven: intentos vanos de engañar al personal. Como el delantero con el defensa.

Respetaremos, por supuesto, la dialéctica de quienes de buena fe se oponen a este proyecto clave para nuestro futuro. Nada hay de malo en ello. Incluso es posible que si no tenemos nada mejor que hacer oigamos con paciencia sus argumentos sobre trenes, ordenación del territorio, transporte, sociedad o familia. Están en su derecho de intentar convencernos. Con movilizaciones incluso. Pero también nosotros en el nuestro de no dejarnos convencer ni hacerles caso si no nos da la gana. Ése es el respeto mínimo que ellos nos deben a nosotros. Y mucho más si median pistolas y amenazas del más diverso pelaje. Es la segunda lección.


POR LA LIBERTAD LINGÜÍSTICA
Galicia Bilingüe convoca una manifestación para el 8 de febrero
Galicia Bilingüe ha convocado para el próximo 8 de febrero una manifestación en Santiago de Compostela para reclamar a los partidos que concurran a las elecciones autonómicas que asuman sus demandas en defensa de la libertad de elección lingüística.
Agencias Libertad Digital 27 Diciembre 2008

La asociación denunció también la "política impositiva" de la Administración autonómica en esta materia. En rueda de prensa, la presidenta de la entidad, Gloria Lago, aseguró que quieren que los políticos sepan "que hay un sector muy grande de la población que no está de acuerdo con la política lingüística que se está llevando a cabo y que quieren igualdad de derechos para las dos lenguas".

Además, acusó a los políticos de estar legislando "de espaldas a la calle" y sostuvo que por parte de la Administración autonómica existe, respecto al uso del idioma, una situación de "opresión" y una política impositiva que crea rechazo de la gente, incluso de los que apoyaban la normalización lingüística".

Gloria Lago reconoció que con la manifestación su intención es "influir" en los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas para que incluyan en sus programas electorales las demandas en la asociación.

Al respecto, recordó que Galicia Bilingüe reclama la libertad de uso de las lenguas oficiales y la de elección por parte de los padres del idioma en que sus hijos deben recibir la enseñanza en los centros educativos. Así, abogó porque los padres puedan elegir uno u otro idioma o bien una vía mixta.

Por ello, indicó que la protesta está "abierta" a cualquier apoyo por parte de organizaciones políticas o sociales, siempre que estas acepten expresamente "la igualdad de derechos" de los que opten por el uso del castellano y el gallego. Gloria Lago insistió en que la utilización de uno u otro idioma o de ambos a la vez debe ser una "opción y no una obligación", remarcó.

Galicia Bilingüe ha recogido más de 90.00 firmas en apoyo a sus demandas dentro de las acciones que han llevado a cabo en la calle en año y medio de funcionamiento. Además de una autobús que ha recorrido la comunidad autónoma, directivos de la asociación viajaron a Estrasburgo para presentar sus demandas ante parlamentarios europeos.

Desigualdad de derechos
Nota del Editor 27 Diciembre 2008

Desde AGLI deseamos que la manifestación de Galicia Bilingüe en Santiago de Compostela sea un éxito, puesto que es un derecho constitucional y humano que los padres puedan elegir el idioma en que sus hijos sean educados, especialmente si tal idioma es el común español.

Dicho lo cual, no queda sino manifestar que no estamos de acuerdo con parte de sus propuestas, puesto que la Constitución Española no establece la igualdad de derechos entre las lenguas regionales y la lengua española: de la lengua española establece el deber de conocer, de las lenguas regionales no establece el deber de conocer, y los derechos que como lengua oficial en sus respectivas regiones tienen, desaparecen en cuanto salen de ellas.

Del no deber de conocer lengua regional alguna se deduce que la utilización de uno u otro idioma o de ambos a la vez, es únicamente válido si todos los hablantes están de acuerdo, lo que sólo es el caso para hablantes "bilingües", y en caso alguno se puede someter a ese régimen de bilingüismo impuesto y obligatorio a los español hablantes.

Galicia Bilingüe ve A Coruña como un “laboratorio de imposición lingüística”
R.R. > A CORUÑA E Ideal Gallego

La presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, afirmó ayer que A Coruña es “uno de los grandes caramelos para los normalizadores” y, por esta razón, la entidad cree que se está usando A Coruña como un buen laboratorio para realizar “ensayos de ingeniería social”.

La asociación Galicia Bilingüe apuntó ayer que ve A Coruña como “uno de los grandes caramelos para los normalizadores”. Gloria Lago, presidenta de la agrupación, explicó que les da la “sensación de que por algún motivo esta ciudad resulta muy atractiva”.

“Creo que La Coruña es uno de los objetivos de los que están de acuerdo con la imposición lingüística, quizá porque es una ciudad en la que hay una gran parte de la población castellanohablante, pero nos da esa impresión porque seguimos muy de cerca la posición de los grupos favorables a la imposición”, manifestó.

Al ser cuestionada sobre qué indicios tenía para basar su afirmación, Gloria Lago explicó que “la actuación de doña Ermitas Valencia, por ejemplo, es muy significativa”, dijo refiriéndose a la concejala de Normalización Lingüística, así como la de “ciertos movimientos que se están instalando aquí”.

El vicepresidente de Galicia Bilingüe, José Manuel Pousada, también habló de sus percepciones: “La Coruña es una ciudad emblemática y pensamos que aquí detrás hay ensayos de ingeniería social y alguien se ha tomado a La Coruña como un buen laboratorio”, corroboró.

Manifestación > Galicia Bilingüe, además, anunció ayer la convocatoria de una manifestación que recorrerá las calles de Santiago de Compostela el próximo domingo 8 de febrero.

“Hay un sector muy grande de Galicia que no está de acuerdo con la política lingüística, que quiere igualdad de derechos, y queremos lo tengan en cuenta (los políticos) cuando elaboren su programa electoral”, confirmó la presidenta de la agrupación.

Lago explicó que la asociación pretende que la manifestación sea convierta en uno de sus principales actos, tras año y medio de acciones, como las conferencias o la recogida de más de 90.000 firmas de apoyo.
 

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Política lingüística
El Supremo obliga a la Generalitat a tener educación en castellano
27 Diciembre 08 - Madrid - Ep La Razón 27 Diciembre 2008

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obligó a la Conselleria de Educación de la Generalitat a consultar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y tenerla en cuenta en la enseñanza de Infantil y Primaria, según la Ley de Política Lingüística de 1999.

La sentencia del alto tribunal considera que el procedimiento que emplea la Generalitat en cada curso escolar "incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de prescripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños".

Concretamente, la Ley de Política Lingüística establece en su artículo 21.2 que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres u tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique".

Las hojas de las preinscripciones escolares incluían hasta el curso 1998/1999 una casilla en la que la Generalitat daba la opción a las familias a informar sobre su lengua de uso habitual. Sin embargo, el último gobierno de CiU la eliminó y se ha mantenido hasta la actualidad.

En su recurso ante el TS, la Generalitat defendía entre otras cosas, que la determinación de los medios a través de los cuales ha de hacer efectivo aquel derecho proclamado en el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración.

No obstante, el alto tribunal rechaza en su resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, rechaza todos los argumentos esgrimidos por la Generalitat y respalda la sentencia del TSJC al estimar "más conforme con el ordenamiento" la incorporación en el impreso de preinscripción de "los medios necesarios (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción)" para hacer efectivo "el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual --ya sea ésta el catalán o el castellano--" y "facilitar su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución".

La sentencia del TSJC de 2004 estimó parcialmente la demanda presentada el 15 de febrero de 2000 por la entidad Convivencia Cívica Catalana, --fundada por Aleix Vidal-Quadras y conocida por su línea contraria a la política Lingüística de la Generalitat--, que interpuso un recurso al considerar "discriminatorio" hacia los castellano-hablantes no preguntar su lengua de uso con el fin de tenerla en cuenta en la enseñanza Infantil y Primaria.

Según el fallo de instancia recurrido por la Generalitat, el Gobierno catalán tiene la "obligación" de "adoptar las medidas necesarias para que el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación".

La sentencia, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC, censuraba la actuación de la Conselleria porque impedía "hacer efectivo" el derecho de los alumnos "a recibir" la primera enseñanza "en la lengua habitual".

El Supremo obliga a la Generalitat a ofrecer enseñanza en castellano
EFE | MADRID ABC 27 Diciembre 2008

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que en 2004 le instó a preguntar a los padres de los alumnos por su lengua habitual "a fin de hacer efectivo su derecho a recibir la primera enseñanza en esta lengua".

El alto tribunal precisa no obstante que su sentencia no se refiere al fondo del asunto ni expresa su criterio sobre los deberes de prestación de la Administración educativa catalana, sino a temas de naturaleza procesal.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC estimó parcialmente en 2004 un recurso presentado por la entidad Convivencia Cívica Catalana, que presidía entonces Aleix Vidal-Quadras (PP), contra la resolución por la cual se aprobaron las normas de preinscripción y matriculación en las escuelas públicas y las privadas concertadas, que fue anulada.

Libertad e igualdad reales y efectivasEl TSJC aseguró que la Generalitat debía "adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos en los centros escolares sostenidos por fondos públicos por su lengua habitual", sea el catalán o el castellano.

Contra esta decisión, la Generalitat recurrió al Tribunal Supremo al considerar que la entidad Convivencia Cívica Catalana no había pedido la anulación de la citada resolución de su Departamento de Educación.

Además, la Generalitat estimaba que la entidad carecía de legitimación para ello ya que sólo la tenían las personas destinatarias de esa prestación, lo que desestima el Supremo.

El TS apoya la tesis del Tribunal Superior de Cataluña respecto a que el derecho legalmente reconocido no debe ser meramente teórico o ilusorio, sino "real y efectivo", y recuerda que ese tribunal anuló la resolución porque es en la que se sustenta el impreso oficial de preinscripción y matriculación y las normas para ello.

El Supremo rechaza los argumentos de falta de concreción en la sentencia del TSJC esgrimidos por la Generalitat y explica que, con su decisión, se refería al principio "que impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud".

El pasado mes de mayo, el TSJC volvió a instar al departamento de Educación de la Generalitat a que habilitara en la hoja de preinscripción una casilla para que los padres puedan señalar en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos a raíz de un recurso interpuesto por la Asociación por la Tolerancia contra la normativa al respecto de 2005.

EN INFANTIL Y PRIMARIA
El Tribunal Supremo obliga a la Generalitat a ofrecer educación en castellano a los niños
* La preinscripción incluía una casilla sobre elección de lenguas hasta el curso 98/99
* El alto tribunal rechaza en su resolución todos los argumentos de la Generalitat
* Confirma la sentencia de 2004 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
* Ciutadans lo considera una 'sentencia histórica' e insta a Montilla a cumplirla
La hoja de preinscripción, en la que se pregunta sobre las lenguas que entiende pero no se permite elegir el idioma de la enseñanza.
EUROPA PRESS | ELMUNDO.ES Barcelona  27 Diciembre 2008

MADRID.- El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), reiterada este mismo año, que obligó a la Conselleria de Educación de la Generalitat a consultar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y tenerla en cuenta en la enseñanza de Infantil y Primaria, según la Ley de Política Lingüística de 1999.

La sentencia del alto tribunal considera que el procedimiento que emplea la Generalitat en cada curso escolar "incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de prescripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños".

Concretamente, la Ley de Política Lingüística establece en su artículo 21.2 que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique".

Las hojas de las preinscripciones escolares incluían hasta el curso 1998/1999 una casilla en la que la Generalitat daba la opción a las familias a informar sobre su lengua de uso habitual. Sin embargo, el último gobierno de CiU la eliminó y se ha mantenido hasta la actualidad.

En su recurso ante el TS, la Generalitat defendía, entre otras cosas, que la determinación de los medios a través de los cuales ha de hacer efectivo aquel derecho proclamado en el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración.

No obstante, el alto tribunal rechaza en su resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, todos los argumentos esgrimidos por la Generalitat y respalda la sentencia del TSJC al estimar "más conforme con el ordenamiento" la incorporación en el impreso de preinscripción de "los medios necesarios (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción)" para hacer efectivo "el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual -ya sea ésta el catalán o el castellano-" y "facilitar su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución".

Albert Rivera, presidente de Ciutadans, considera el fallo del alto tribunal como una "sentencia histórica" y recuerda que "el responsable de que se aplique lo dictado por el TS es el presidente Montilla".
Sentencia de 2004

La sentencia del TSJC de 2004 estimó parcialmente la demanda presentada el 15 de febrero de 2000 por la entidad Convivencia Cívica Catalana, -fundada por Aleix Vidal-Quadras y conocida por su línea contraria a la política lingüística de la Generalitat-, que interpuso un recurso al considerar "discriminatorio" hacia los castellanohablantes no preguntar su lengua de uso con el fin de tenerla en cuenta en la enseñanza Infantil y Primaria.

Según el fallo de instancia recurrido por la Generalitat, el Gobierno catalán tiene la "obligación" de "adoptar las medidas necesarias para que el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación".

La sentencia, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC, censuraba la actuación de la Conselleria porque impedía "hacer efectivo" el derecho de los alumnos "a recibir" la primera enseñanza "en la lengua habitual".

La lengua que divide
JOSÉ AGUILAR- EUROPASUR.ES  27 Diciembre 2008

CON un amplísimo apoyo -los tres partidos gobernantes, CiU y casi treinta agentes sociales, la Generalitat ha sacado adelante un Pacto Nacional por la Inmigración (Nacional de la nación catalana, se entiende) en el que se consagra el idioma catalán como el eje de la integración de los inmigrantes en Cataluña y se exige que éstos acrediten un mínimo dominio del catalán como requisito para su regularización definitiva. Fuera del pacto han permanecido, voluntariamente, los dos partidos outsiders de la política catalana (PP y Ciudadanos), el sindicato Comisiones Obreras y SOS Racismo.

Esta política no es nueva. Ya figura en la legislación de numerosos países europeos el deber del inmigrante con voluntad de permanencia de manejarse bien en el idioma de acogida, igual que la identificación con los valores democráticos y, por supuesto, el respeto a las leyes. Lo que es nuevo, o me lo parece, es la reducción del requisito al conocimiento de sólo una lengua. Ocurre que mientras no se cambie precisamente la ley las lenguas oficiales de Cataluña son dos, la catalana y la castellana, y no existe ninguna razón para privar a esta última de sus derechos. Es decir, para privar a los inmigrantes de su derecho a integrarse en Cataluña a través de la lengua de Cervantes.

Bueno, sí existe una "razón": el afán de los nacionalistas de identificar a Cataluña exclusivamente con el catalán. Desde hace tiempo José Montilla, y el socialismo catalán en general, han asumido los planteamientos del nacionalismo por encima de sus concepciones progresistas. Ahora dan un paso más. Montilla ha dicho sin titubeos que el conocimiento del catalán por los inmigrantes ayudará a que Cataluña siga siendo "un solo pueblo".

Esto es defendible, por supuesto. Pero a condición de aceptar que se ha dejado de ser de izquierdas. Una persona de izquierdas defenderá siempre que los ciudadanos no sean discriminados en razón de la lengua que hablan. Naturalmente, si el inmigrante habla y escribe catalán es indudable que podrá integrarse mejor. Ahora bien, ¿por qué no ha de poder integrarse si lo que habla y escribe es el castellano? Muy sencillo: porque el socialista Montilla, con el aplauso de CiU y ERC, no considera en la práctica que el castellano sea también lengua oficial en Cataluña. Se trata de un paso más en la inmersión lingüística que se pretende. Un solo pueblo, una sola lengua.

Es una forma de darle la vuelta a la tortilla. Del "habla la lengua del Imperio" con que el franquismo quiso erradicar el catalán de Cataluña hemos pasado al "habla catalán si quieres quedarte en Cataluña". Catalán ya no es todo aquel que vive y trabaja en Cataluña, hable en el idioma que hable. Yo creo que Cataluña sale perdiendo.

Metalenguajes nacionalistas
Manuel Molares do Val Periodista Digital 27 Diciembre 2008

Los futbolistas vascos se negaron a jugar con la selección de Euskadi porque no se llamaba de Euskal Herria, que es lo mismo idealizado y convertido en metalenguaje, no sólo porque es el lenguaje que se centra en el propio lenguaje, sino porque busca una meta, un más allá.

Así, el vasco se amplia a todas las zonas donde hay vascos, y algún día se exigirá como parte de Euskal Herría el Estado de Nevada, en EE.UU., donde hay bastantes pastores euskéricos.

En Galicia un presidente parlamentario expulsa a los diputados que rechazan legislar en nombre de Galiza, término fundamental para el metalenguaje nacionalista aunque la CC.AA, se llama legalmente Galicia: será para distinguirla de la región polaco-ucraniana no porque también se llame Galicia, sino porque la habitan muchos judíos y el nacionalismo gallego es antijudío.

La selección de fútbol gallego se llamaba hasta hace unos días de Galicia, pero también se exigió Galiza. Un nombre histórico y oficial, otro metalingüístico. Pues ni Selección de Galicia ni de Galiza: ahora se llama Selección Galega salomónicamente.

Al triunfar la radicalidad lingüística, los gallegos más nacionalistas se hacen lusistas. Lo aportuguesan todo. Rechazan la descentralizada España para ser colonia de quien ha rechazado las autonomías, y hasta hay quien le pega a uno si dice La Coruña, en lugar de A Corunha.

Donde se hablan distintas variedades de catalán el metalenguaje barcelonés ha unificado todo y avanza hacia Valencia, donde hay nativos empeñados en llamarle catalán al valenciano y en que su antiguo reino se integre en los recién inventados Paisös Catalans.

La primera preocupación de los nacionalistas filólogos no es crear trabajo, sino convertir los metalenguajes en industrias productivas: ahora, toda España pagará más a las autonomías con idioma autóctono, según promesa de Rodríguez Z.

Podremos cobrar sin trabajar: sólo tenemos que hablar en metalenguaje, instrumento postmoderno para vivir de la lengua.

El presidente compensará a las comunidades con lengua cooficial
CiU habla de maltrato a Cataluña y Rajoy acusa a Zapatero de "engañar" a todos
EL PAÍS - Madrid / Barcelona / Santiago  27 Diciembre 2008

El nuevo modelo de financiación autonómica respetará los principios de equidad y solidaridad, incluirá estímulos para las comunidades que generan mayor crecimiento económico y tendrá en cuenta la población real, así como algunas "singularidades que hay que reconocer". La lista fue enumerada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, tras el último Consejo de Ministros del año, anunció que es probable que el documento esté listo antes del 31 de diciembre, ya que en eso trabaja el Ministerio de Economía de forma "intensa". Esa era la fecha tope que puso el PSC para que hubiera un modelo de financiación autonómica.

Sobre las "otras circunstancias singulares" a considerar Zapatero se refirió a una concreta, la petición del presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, para que se tuviera en cuenta el coste de promocionar las lenguas cooficiales. El presidente considera que "la propuesta es razonable" y que "bastante probable que se tenga en consideración". Cuatro comunidades se beneficiarían de este hecho: Cataluña, Valencia, Baleares y Galicia. El País Vasco y Navarra, con un régimen fiscal especial, no entran en este modelo.

Las palabras de Zapatero fueron acogidas de forma muy distinta por las fuerzas políticas catalanas. El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso y diputado del PSC, Daniel Fernández, valoró el reconocimiento explícito realizado por Zapatero a Cataluña "en el proceso de negociación del nuevo modelo de financiación". Fernández aseguró que la receptividad ante el reconocimiento de la lengua propia supone que "el Estado asume la realidad plurilingüística de España". En términos muy distintos se expresaron los nacionalistas CiU y ERC. Los convergentes, por boca de su portavoz adjunto en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, reiteraron que Zapatero debe cumplir lo propuesto por el Estatuto, al tiempo que consideraban una "vergüenza" y un "maltrato" la forma en que el Gobierno central trata a Cataluña. Esquerra, por medio de su secretario general, Joan Ridao, apuntó que Zapatero merece "un suspenso clamoroso en política autonómica". El consejero de Interior y presidente de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura, expresó su convicción de que CiU está preparando el terreno para decir que no al modelo de financiación sea cual sea la propuesta. Saura acusó a CiU de mantener una actitud "demagógica y partidista".
Defender a todos

Mientras, el presidente del PP, Mariano Rajoy, acusó al jefe del Ejecutivo de prometer a cada comunidad autónoma "lo que quiere oír, aunque sean cosas distintas y contradictorias", y de haber "engañado a todo el mundo" acerca del nuevo modelo de financiación.

Rajoy, que intervino en Santiago de Compostela en un acto de entrega de carnés a afiliados, aseguró que el modelo de Zapatero en este asunto es "el riego por inundación", ya que todos los presidentes autonómicos les dice "cosas agradables". Todas las comunidades autónomas van a defender sus propios intereses", porque "es su obligación", pero se refirió al Gobierno central para recordar que éste "tiene que defender los de todos los españoles".

El líder del PP advirtió de que es "peligroso darle otra vez a la máquina de hacer dinero y generar más deuda pública" para financiar a las comunidades autónomas. "Eso no se ha hecho nunca", aseguró. Rajoy criticó por ello Zapatero ya que "siempre gobierna pensando en el corto plazo".

Al mismo tiempo, en la sede central del partido, el vicesecretario Javier Arenas y el portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, reunían a los consejeros de Economía de las comunidades donde gobiernan. Arenas y Montoro contaban en Madrid lo mismo que Rajoy en Santiago: El modelo sólo se puede aprobar "con el acuerdo de todas las comunidades" porque ello dará una "cierta garantía de que las cosas se hacen bien".

La segunda condición para que el PP apoye el sistema es que conceda las mismas oportunidades y derechos a todos los ciudadanos, con independencia del lugar de España en el que vivan.

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