AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 29 Diciembre 2008

El TS sentencia, las Autonomías se burlan.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 29 Diciembre 2008

Y van…..Otra sentencia más del Tribunal Supremo que será archivada directamente en la papelera. ¿De qué sirve sentenciar si no hay una forma real de hacer que se cumpla? La Justicia solo será respetada cuando aquellos que voluntariamente incumplen la Ley y se muestran insumisos a cumplir las sentencias que les son desfavorables, paguen con cárcel como verdaderos delincuentes que son.

El tema de la inmersión lingüística y la persecución del idioma común de los españoles en las CCAA donde gobiernan facciones sectarias del socialismo o bien nacionalistas radicales, es un caso vergonzoso y la burla del Estado de Derecho y de los derechos constitucionales de los ciudadanos. El que en España un ciudadano no pueda ejercer el derecho a que sus hijos reciban educación en su idioma y se considere a éste como lengua extranjera, es una vileza y un atropello que es consentido por un Gobierno débil y vendido al apoyo de esos secesionistas.

En Cataluña, o en El País Vasco o en Galicia, se atenta contra la esencia de lo que es España. La voluntad de unos pocos cuyo comportamiento fascista y excluyente se quiere imponer a la inmensa mayoría que no aprueba su acción. Es entonces cuando el Gobierno con las atribuciones que la propia Constitución le confiere, debe arrebatar las funciones delegadas en las que se incumple, o bien dado el caso llegar a suspender la propia autonomía en la defensa de los interese y derechos de los ciudadanos.

No se puede aceptar la continuada burla de la Ley. No se puede aceptar la política de hechos consumados. No se puede aceptar que la Constitución sea constantemente incumplida, burlada y violada por unos gobiernos autonómicos mezquinos, sectarios y de comportamiento fascista. No se puede, ni se debe aceptar por más tiempo y el Gobierno del Sr. Zapatero debe cumplir con su deber y proteger la Constitución y hacer que se ejecuten las sentencias de los Altos Tribunales de España.

No admitiremos el cambio de régimen, ni la independencia, de facto, por la puerta trasera permitiendo estas tropelías dignas de mafias y de malhechores. Si el pueblo español decidió libremente darse una Constitución, deberá ser el pueblo español el que decida si esta se cambia y se permite que aquellos que no comparten el sentimiento de unidad, se separen definitivamente. Pero eso deberá ser dando la cara y no cobardemente mediante la represión y persecución de aquellos que no comparten sus ideas nacionalistas independentistas.

Solo espero que el S. Zapatero, su Ministro de Justicia y el Gobierno en pleno, respeten las sentencias y las hagan cumplir. Y en caso de insumisión tomen las medidas legales que sean necesarias, sin importar que sean anti populares y que produzcan la respuesta rabiosa de los nacionalistas. España no puede permitir por más tiempo que se haga burla de la Ley.

Un paseo por la marca España
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 29 Diciembre 2008

VUELVE uno a la cotidianeidad tras unos días de vacaciones fuera de España y le golpea con crudeza el creciente localismo de la política española. Mientras el mundo discute de la crisis financiera y de cómo acomodar la emergencia de unas nuevas potencias económicas que han alterado definitivamente el reparto del poder en el mundo, aquí seguimos enfrascados con la financiación autonómica y la enseñanza en español.

Somos un país tan curioso que se empeña en negar su propia existencia. Tenemos un activo económico y cultural de primera magnitud en el idioma común y nos empeñamos en perseguirlo y llamarle por otro nombre para confusión de propios y extraños. Intente explicar a un americano por qué castellano y no español, háblele de Franco, de la memoria histórica y de la necesidad de reparar heridas del pasado colonial y verá una sonrisa tan condescendiente como la de John Wayne.

Tenemos un problema con la imagen de marca de un país que todavía no ve reconocido su esfuerzo de modernidad y desarrollo y nos aplicamos con éxito a que nadie conozca el nombre de España. El Gobierno ha definido con acierto un Plan Marca España, como nutriente necesario de una estrategia de comercio exterior que afronte el problema de la competitividad española. Hoy, los países, como las empresas, venden sueños, visiones, atributos asociados a una marca ante un aluvión de oferta imposible de analizar si no es a través de simplificaciones groseras pero efectivas. ¿Por qué pagar tres veces más por un café en un vaso de cartón después de hacer dos colas y esperar a que griten nuestro nombre si no es por el valor intangible de una marca comercial de prestigio?

En ese mundo de marcas molesta, hay que decirlo así, el esfuerzo que hacemos los españoles con el dinero de los contribuyentes para que nadie conozca la imagen de España. Dos ejemplos, el Museo Guggenheim de Nueva York cuenta entre sus patrocinadores al gobierno vasco. Aparece en todas sus publicaciones y en una pared del impresionante edificio minimalista. El museo de Arte Moderno, el mítico MoMA, presenta una espectacular exposición sobre Miró. Patrocinada por el gobierno de Cataluña con abundante publicidad en catálogos y murales. Ni una sola referencia a España en ninguno de los dos casos. Debe ser otro país, otro pueblo soberano, otro contribuyente. Qué desperdicio. Qué lástima. Qué políticos tenemos. Y luego queremos vender jamón serrano, talgos, ingeniería eólica y arquitectura de diseño. Pero si hemos destruido consciente y sistemáticamente una marca.

Andaba yo cavilando estas cosas mientras me dejaba arrastrar por la vorágine consumista de unas Navidades americanas dominadas por dos temas. Las rebajas del 50% en todo tipo de artículos para intentar salvar una pésima campaña de compras en el momento en que el pequeño comercio hace un 30% de sus ventas anuales. Y una incipiente autocrítica por el tratamiento de estrella del pop que la prensa está dando al presidente electo, más preocupada en mostrar sus pectorales en una playa de Hawai que por comentar críticamente su inmenso paquete fiscal de más de medio billón de dólares, casi el 40% del PIB español.

La crisis económica es una realidad que se dejaba sentir en el número de turistas decían, aunque a mí las calles y museos me parecían el Bernabéu en día de partido. Lo importante es ver qué hacemos con ella. No basta con confiar en que los gobiernos adopten las medidas correctas; tendríamos también que preguntarnos si los agentes económicos están haciendo sus deberes. Contrasta sin duda la actitud de los grandes almacenes de la Quinta Avenida que adelantaron sus rebajas, ampliaron los horarios comerciales y redujeron precios hasta en un 70% en algunos artículos, con las declaraciones de un promotor inmobiliario español que se ufana de que antes de rebajar los pisos un 30% los regala o con algunos sindicatos que consideran casi un ataque a la dignidad humana la libertad de horarios o algunos gobierno autonómicos que incluyen las rebajas en el patrimonio cultural propio en detrimento de la iniciativa de unos comerciantes que son vistos como especie en protección, como garantía de biodiversidad en el espacio urbano. No me cabe ninguna duda quien saldrá antes de esta crisis.

El auto-móvil
IGNACIO CAMACHO ABC 29 Diciembre 2008

ESPAÑA no es en teoría un Estado federal, pero si acaso lo fuese es probable que tuviera una legislación común más homogénea que la que está propiciando el actual desbarajuste autonómico. La perniciosa coincidencia del eterno chantaje periférico con un Gobierno sin proyecto nacional y en situación de minoría aritmética ha generado una deriva de desarticulación bastante más incoherente que la del federalismo, en el que por lo menos suelen estar claras las competencias de cada cual: se traza un marco, se reparten los papeles, se redacta una constitución y se aplican las reglas de juego, en las que por lo general el Estado se reserva la función de ordenar y vertebrar los intereses generales. Aquí hemos dado en un sistema (?) aleatorio basado en el tirón de coyuntura; cada vez que hay que pactar una mayoría parlamentaria, el nacionalismo cambia su apoyo por nuevas concesiones, que han acabado dibujando un modelo desigual en el que ya se aprecian notas esperpénticas y apuntes caricaturescos, cuando no paradojas siniestras.

La última es la de la telefonía móvil. Hasta ahora teníamos 17 sistemas sanitarios y educativos, con sus correspondientes diferencias estructurales y salariales, tres policías, media docena de modelos fiscales, otras tantas alternativas lingüísticas y un batiburrillo de cajas de ahorros y de tribunales de justicia, amén de detalles pintorescos pero nada irrelevantes, como la profusión irregular de licencias de caza y pesca o la dispersión de los servicios de emergencia para catástrofes. Pues ha llegado la hora de diversificar las licencias de telecomunicaciones, a ver si logramos que un señor de Toledo hable por una red distinta que uno de Gerona. El Gobierno ha cedido ya la competencia al País Vasco, como parte del pago en especie que el PNV cobra por votar los presupuestos, y el resto de nacionalismos -de momento el gallego y el catalán- se han apuntado a su proverbial tendencia peticionaria: culo veo, culo quiero. Naturalmente, Zapatero, el hombre que siempre dice sí, no encuentra motivos para negarse, ante el estupor y la alarma de un sector industrial que si algo necesita es la unidad de mercado.

Pronto tendremos, pues, un carajal telefónico que sumar al revoltijo de agencias tributarias, sistemas de salud, guarderías forestales, horarios comerciales y demás particularismos que decoran el mapa funcional de nuestra federación de la señorita Pepis. El nacionalismo no descansa en su obsesión por particularizar lo universal, y ha puesto sus ojos en el invento del siglo, uno de los símbolos de la globalidad tecnológica. Cuando Europa mira el modo de unificar e integrar las licencias celulares, España estudia la manera de territorializarlas, para que los virreyes de las autonomías puedan decidir a quién adjudican las redes y, naturalmente, creen sus propios sistemas radioeléctricos de cabecera, cada uno con su propio y diferente reglamento. Qué bonita es la diversidad, qué moderna y qué progresista. Y sobre todo, qué util, qué cómoda y qué barata.

Una paradoja indignante
Germán Yanke Estrella Digital 29 Diciembre 2008

Va a terminar el año con una indignante paradoja: en medio de la crisis económica, con gubernamentales llamamientos a ajustarse el cinturón, el presidente del Gobierno, metido de lleno en una alocada negociación para salir de su apuro ?catalán?, anuncia que todas las comunidades autónomas ?van a ganar? con su propuesta de financiación. La propuesta es u subterfugio. La financiación, un eufemismo. La propuesta es una suma de cesiones para que los voraces gobernantes autonómicos no se desmanden, elaborada a toda prisa después de quitarle los papeles de encima de la mesa al vicepresidente Solbes y sus asesores del ministerio de Economía. La financiación, en realidad, es la constatación de que los gobiernos autonómicos, en vez de políticas y proyectos, son más proclives a sumar gastos sobre los gastos, directamente o a través de empresas públicas interpuestas. Luego acuden todos al Gobierno, o más bien al presidente, que es el que, en estas cosas de la necesidad del poder, muestra menos coherencia intelectual y política.

La paradoja y su componente indignante aparentemente resuelven un problema político y facilitarán, al parecer, más medios a las comunidades. Todo esto de modo arbitrario, es decir, salvo que el documento prometido sea una sorpresa sobreañadida, mediante criterios dispares y añadidos en función de negociaciones de urgencia: aquí la población, allí la tercera edad, en otro lugar la dependencia, en la de más allá la lengua, etc. Pero todo ello, a largo plazo, establece los parámetros de un Estado que, además de debilitarse, terminará por ser incapaz de llevar a cabo políticas generales. En el momento de las grandes soluciones globales para las crisis y los problemas globales, aquí nos dedicamos a establecer las condiciones de unos reinos de taifas que, a estas alturas y después de tanto forzar la Constitución, tiene poco que ver con el ?Estado de las Autonomías?.

Pero, además, se pagará un precio curioso. Toda esta teórica ayuda a las comunidades autónomas se volverá aún más contra un sistema que se aleja estrepitosamente de la opinión pública. La mayor parte de las reivindicaciones son cuestiones de los políticos, o de los administradores, y no de los ciudadanos. De hecho, debe resultar ya sorprendente que, cuando estos están preocupados por su empleo en 2009, sus gobernantes se dediquen a esquilmar las arcas públicas sin ninguna preocupación por el déficit y el control de los recursos. Mientras, el conglomerado de gasto y competencias se olvida reiteradamente de los municipios, que sí son los que aún mantienen el curioso prestigio de la cercanía a los administrados y que tienen que ocuparse, una y otra vez, de cuestiones que no son legalmente sus competencias.

Así que un buen fin de año, como se ve. ¿Nos preocupa el empleo? Pues ahí tenemos teóricos servicios para ayudar a encontrarlos en los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas y el Estado. Todos descoordinados, trabajando por su cuenta, gastando más en la gestión que en la inversión productiva. ¿Quién dice el presidente Rodríguez Zapatero que va a ganar?

Crisis, autonomía y religión
Ignacio del Río Estrella Digital 29 Diciembre 2008

Zapatero se va a enfrascar en la crisis. Así lo ha prometido tras el Consejo de Ministros, poniendo proa a la economía y al lacerante paro que, día tras días, engulle como Pantagruel a jóvenes y menos jóvenes. Instalado en el timón de la nave, sin mucho alrededor, no hay Gobierno pero tampoco oposición, ha cogido los manuales de Keynes como cuaderno de bitácora y dado voz de mando para que los oficiales Solbes y De la Vega cacen las velas y metan más carbón en forma de inversión pública en la sala de máquinas.

En medio, el lío de las Autonomías, que como, en los barcos piratas, piden doble ración de ron para no sublevar a la marinería. Imposible de cuadrar los números, Zapatero ha empezado a pegar pases empezando por Montilla y siguiendo por todas las ganaderías, con un estilo que recordaba a El Cordobés en sus mejores tiempos del salto de la rana. Con el pico de la muleta mete por la puerta de atrás a las Comunidades pobres, que contemplan como Cataluña quiere cerrar el grifo de la solidaridad.

Los Presidentes autonómicos vienen a Madrid como los bárbaros acudían a Roma, pero no rinden vasallaje, si no que sacan jirones del Estado para pagar a sus cortesanos, televisiones y regalías. Así, cómo se va a ir Chaves, entronado en Andalucía y que nos manda a sus ministras a Madrid, una con el flamenco y la otra con la mandanga de la lengua larga y la vista corta.

El Estado imposible de Liliput, en el que para que no falte de nada, pactan un Consejo General del Poder Judicial y a las primeras de cambio se ponen a darle patadas hasta en el cielo de la boca. Aquí se quiere una justicia de sastrería a medida, donde todos metan mano, no vaya a ser que un día alguno se siente ante los Tribunales y haya que recurrir al Presidente amigo de la Audiencia para que ponga firme al magistrado que tiene que dictar sentencia.

En las crisis, la económica y la de la justicia, ni un asomo de autocrítica de los políticos. ¿No decía Soraya, que ahora iban a hacer la revolución de la justicia? Poco tiempo ha durado el tiempo de gracia que le han dado a Divar, su presidente. Si la Justicia no se lleva por delante al juez Tirado o al juez Calamita, la respuesta es el corporativismo que les ciega, cuando el padre de la niña Mari Luz y las lesbianas de Alicante lo que tenían que hacer es demandar al Estado por el funcionamiento anormal, incorrecto y con tardanza causante de perjuicios de un servicio público víctima del abandono y que hoy padece también las consecuencias de su transferencia a las CCAA.

Y de la crisis económica para que hablar. La responsabilidad de los supervisores ni se plantea. La responsabilidad del legislador, que hace tiempo se abrió como una corriente doctrinal, no existe. Y los Bancos, Fondos de Inversión, agencias de rating y asesores financieros perfumados al aroma de Wall Street han dejado corto a Pilatos lavándose las manos. Por no haber, no hay ni libro de reclamaciones como en las gasolineras y los bares.

Pero como no hay Gobierno, ¿para qué queremos una oposición?, que se disfraza de niño en la felicitación de Navidad para que, si la critican, proclamar que son de centro y que Aznar y Aguirre son quienes les malean. Como los menores, también se han declarado irresponsables del carnaval autonómico que han montado. La felicitación de verdad es la que trae el saco de carbón con ?la formula Camps? -yo como Cataluña- la realidad nacional de Arenas ?a Chaves un patinete durante 25 años más y Nuñez-Feijoo con un diccionario de gallego para seguir las telenovelas. La animación la aporta Cospedal negociando bajo la mesa camilla con Barreda el fin del transvase Tajo-Segura y lejos, muy lejos, disfrazado de estrella, Rajoy.

Tenemos un país de irresponsables. Zapatero se ha subido a la columna de Peridis y, vestido con la capita, levita y transita entre presidentes autonómicos, líderes europeos, la economía y la justicia. El poder difuso y difuminado le convierten en el rey de los ciegos, dando mandobles a la piñata, copyright de Rajoy, para que los votantes se abalancen sobre los cheques regalos, la reducción de las retenciones a los hipotecados y la modificación de la Ley de Libertad religiosa, para que ni una fiscala se sienta molesta por el belén de la entrada ni un alto cargo de la izquierda jure en arameo ante un crucifijo. Van a modificar esta Ley para que la vicepresidenta pueda volver a la ONU a hacerse una foto con Ban Ki-moon, su secretario general, para lucir palmito, revestida de protección a los derechos humanos y lucha contra la discriminación. Y para advertir a Rouco, que, como diga más misas en la calle, le van aplicar la ordenanza que Gallardón quería sacar para multar a los hombres anuncio.

¿Dónde está el "barco solido" que menciona Zapatero?
Francisco Rubiales Periodista Digital 29 Diciembre 2008

En su reciente balance sobre la situación económica, Zapatero ha mentido de nuevo y lo ha hecho ante todo el pueblo español, sin sentir vergüenza, demostrando que la necesidad más urgente de España es el rearme ético de su liderazgo. Refiriéndose a España y a la crisis, ha dicho que "la tempestad es fuerte, pero tenemos un barco muy sólido", ignorando algo que es obvio y patente: que España es hoy cualquier cosa menos un barco sólido. Mas bien parece un cascarón a la deriva en un mar embravecido, con el timón en manos de un grumete iluminado.

¿Donde está la solidez de España? ¿Es sólida por la cohesión, hecha añicos por el nacionalismo insolidario y separatista, alimentado de manera insensata por el propio Zapatero, sin otro fin que mantenerse en el poder? ¿Es sólida España por su economía, desarbolada, poco competitiva y en recesión, capaz sólo de fabricar desempleados y pobres, especializada únicamente en proveer clientela para los comedores de Cáritas? ¿Es sólida por su democracia, una de las de peor calidad en el mundo desarrollado, divorciada de los ciudadanos, con la Justicia politizada y convertida, por obra de los políticos, en una oligocracia que actúa como una dictadura legalizada por las urnas? ¿Nos viene la solidez por la confianza, destruida y despedazada por el mal gobierno, con unos ciudadanos que se fían menos de sus dirigentes políticos que de los banqueros y que, según las encuestas, no perciben ni una ráfaga de esperanza en el horizonte? ¿Acaso la solidez que menciona Zapatero se deriva del liderazgo político, lamentable y dañino, que está llevando a España hacia la ruina tras destruir la convivencia, la cohesión, la competitividad, el sistema educativo, la igualdad entre las distintas regiones y pueblos, los grandes valores y la armonía?

Zapatero miente una vez más al hablar de una España sólida. Nuestro país, por desgracia, está destrozado y la mayor parte de la culpa la tienen sus políticos, cuyo liderazgo ha sido nefasto, destructivo e ininterrumpido, desde la corrupción generalizada y la incompetencia económica que instauró el gobierno de Felipe González, pasando por la arrogancia decepcionante y el incumplimiento de sus promesas electorales de José María Aznar, y terminando con la "ineptitud amable" de un Zapatero incompetente, que nos ha hecho retroceder en todos los ámbitos, desde el económico al ético y al político, incluyendo el escenario internacional, donde España cada día es menos respetada y pesa menos.

Pedir a los marginados ciudadanos españoles, como acaba de hacer Zapatero, que confiemos en las posibilidades de esta España mal gobernada, es una locura peligrosa que produce escalofríos. Tal vez podríamos confiar en las posibilidades de España si el país estuviera bajo el mando de un dirigente lúcido y honrado, capaz de unir en lugar de dividir, que dedicara su esfuerzo a extraer lo mejor de cada español, pero no si el país está mal gobernado por un gobernante que antepone su permanencia en el poder a cualquier otro principio o valor y que lo único que ha demostrado hasta la saciedad es que posee un doctorado en mentiras y engaños.

Voto en Blanco

Euskadi contra Euskal Herria
Carlos Salvador Armendáriz Periodista Digital 29 Diciembre 2008

He seguido con interés la polémica en torno a la denominación de la selección vasca de fútbol. ... Que si se debe mantener la tradicional denominación Euskadi o si se debe llamar selección de Euskal Herria. El espectáculo -hay que reconocerlo- ha sido y es de carcajada.

Normalmente, suelo ver por televisión el bolo navideño de la selección vasca, y he de admitir que asistir a esa orgía abertzale me produce siempre una sensación contradictoria. Jugadores navarros reivindicando una selección euskaldún; el público coreando consignas proetarras; gritos e insultos en contra de España; propaganda a favor de los presos, ¡….puaj!. Por otro lado, es verdad, que estas catarsis abertzales me confirman en mi intuición de que los que combatimos la mentira y el odio nacionalista estamos luchando en el bando correcto.

Lo cierto es que los nacionalistas del PNV tienen lo que se merecen. Son ellos los que han alimentado la bestia socialmente y ahora no pueden con ella. Si tuviera que apostar por cómo se denominará esa selección en el futuro yo apuesto por Euskal Herria. Y no sólo porque los violentos lo hayan decidido así.

El término Euskadi, reconozcámoslo, no ha cuajado. Sobre todo en Navarra que es donde más reacción en contra provoca. No olvidemos, que Navarra es, precisamente, donde más esfuerzo deben realizar los nacionalistas para concienciar a la ciudadanía de su condición vasca. En cambio Euskal Herria tiene más aceptación. No sé, …suena mejor. ¿Quién se a va atrever a negar que Navarra fue y es tierra de vascos?

El propio nacionalismo vasco promociona la penetración de esta denominación con la que definir la nación vasca de las 7 provincias (lo que para Sabino Arana era Euskadi). Y lo hace de forma metódica a través de la televisión pública vasca y de los distintos medios de comunicación que controla de forma grosera, engañosa e interesada. Y, ojo al dato, además pretende que sea la denominación oficial que se utilice en los libros de texto y la que aprendan los niños y niñas vascas para definir la comunidad a la que pertenecen a partir de la aprobación del nuevo currículo vasco. Tela marinera.

Por eso se me hace poco comprensible que sea el propio nacionalismo vasco del PNV el que se oponga ahora a que la selección se denomine de Euskal Herria. ¿Cuestión de poder? Supongo.

La mentira, el engaño y la manipulación han sido la base y la razón de ser del nacionalismo vasco democrático.

En la rivalidad “semántica” entre Euskadi y Euskal Herria, el segundo triunfará. Y cuando eso ocurra, inevitable la pregunta entonces será: ¿para cuando una “Euskal Herria ta Askatasuna” (ETA) más acorde con los tiempos?, o ¿terminaremos con ella antes de que los nacionalistas vascos terminen con “Euskadi”?

Bombardeos
Israel contra Hamás
El mundo árabe ya ha desencadenado la guerra de propaganda contra el Estado judío. Cualquier infortunada voladura, que Hamás propiciará por todos los medios, de un grupo de civiles, será un dañino golpe contra sí mismo.
GEES Libertad Digital 29 Diciembre 2008

No nos engañemos. La operación Plomo Fundido es mucho más que un acto de castigo por los centenares de misiles y obuses lanzados contra el sur de Israel y las poblaciones del Negev en los últimos diez días, desde que Hamás dejó caducar la tregua que había mantenido con Israel desde mediados de año. El objetivo confesado de Israel es modesto: restablecer la "calma" que había reinado durante ese período, consistente en "sólo" 15 o 20 cohetes al mes, en vez de un par de cientos, como era habitual. Como la tregua no fue escrupulosamente respetada, Israel no levantó el bloqueo económico, pero redujo proporcionalmente sus represalias. Como acaba de recordar Abbás, el jefe de la Autoridad Palestina, en manos de la organización radical islamista estaba el haber perpetuado el acuerdo, pero sus jefes refugiados en Damasco no lo han querido.

Sin duda han leído mal la mente del Gobierno israelí. Como el jeque Nasrallah en el 2006, líder de Hezbolá libanesa, a pesar de todas sus proclamaciones de victoria, quizás tengan que terminar confesando que no buscaban una guerra como la que se les vino encima. Tampoco los israelíes estaban nada seguros de qué pudieran esperar del Gobierno de gestión de Olmert una iniciativa tal. Ya nada puede salvarle a él, acusado de escándalos económicos, dimitido y presidiendo un Gobierno en principio de puro trámite, encargado de organizar las elecciones para dentro de menos de tres meses. Lo que sí puede esta acción, si sale razonablemente bien, es mejorar su recuerdo en los
futuros libros de historia. Ya que no su moralidad personal, Olmert quisiera compensar las incompetencias del 2006.

Así, esta vez, todo parece haber sido preparado cuidadosamente. En vez de un inexperto sindicalista a la cabeza de la Defensa, el jefe del Gobierno ha tenido ahora a un personaje de tanta competencia militar como política: Ehud Barak, que como militar de carrera llegó a ser jefe del Estado Mayor y como jefe del Partido Laborista fue primer ministro. El jefe de las fuerzas armadas de entonces era un general del aire, de los que creen que en la guerra moderna todo se arregla desde el cielo. El actual jefe no volverá a cometer ese error, por más que de momento no hayamos visto más que operaciones aéreas.

La ofensiva, que ha conseguido plena sorpresa, ha sido preparada meticulosamente durante muchos meses y recoge todas las enseñanzas de aquella poco decisiva guerra. Los reservistas, en deplorable estado en aquel momento, no han dejado de entrenarse desde entonces y un número relativamente pequeño han sido ya movilizados, quizás como señal de determinación.

Impresionantes están demostrando ser los trabajos de inteligencia. Los reiterados ataques aéreos se han dirigido insistentemente con gran precisión contra blancos muy selectos del dispositivo de seguridad de Hamás, que cuenta con unos 15.000 hombres armados. Dada la utilización sistemática de civiles como escudo y dado que precisión no significa poderes mágicos, algunas víctimas civiles son inevitables, pero hasta ahora la inmensa mayoría pertenecen a las filas de dirigentes y militantes armados de la organización.

Toda guerra es azarosa y llena de sorpresas desagradables para todas las partes. Israel se adentra en una aventura llena de peligros, y todas las advertencias de sus responsables indican que no se hacen ilusiones de éxitos fáciles e instantáneos. El mundo árabe ya ha desencadenado la guerra de propaganda contra el Estado judío. Cualquier infortunada voladura, que Hamas propiciará por todos los medios, de un grupo de civiles, será un dañino golpe contra sí mismo. El entorno político no permite operaciones muy extensas. Pero en todo caso, guerra es lo que tenemos.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Bombardeos israelitas
En memoria de Huntington

Los terroristas se han mostrado indignados ante esta declaración de "guerra total", que ellos mismos han estado provocando durante siete u ocho años. Como a ellos les conviene una "guerra de desgaste", los israelitas deberían ajustarse a sus preferencias.
José Vilas Nogueira Libertad Digital 29 Diciembre 2008

La paz sólo puede asentarse sobre la justicia, una cierta idea de la justicia. Al margen de sus fundamentos religiosos o filosóficos, algunos neurólogos y neuropsicólogos contemporáneos afirman que a partir de las propias estructuras cerebrales de los seres humanos son identificables un mínimo de pautas éticas comunes a todos ellos. Si esto fuese así, la famosa regla áurea de la ética ("no quieras para los demás lo que no quieras para ti", o más simplemente el "principio de reciprocidad") formaría parte constitutiva de la propia naturaleza humana.

Naturalmente, no son de esta opinión los islamistas radicales (y otros radicalismos, algunos de ellos presentes en el ámbito de nuestra propia cultura occidental, que ahora no vienen al caso). Imbuidos de una superioridad inmanente (o trascendente) respecto del infiel, en particular del "perro judío", estos fanáticos se consideran autorizados a todo, y no admiten el derecho de resistencia de los destinatarios de su odio, que conservarían su "inmundicia" aunque ofreciesen dócilmente su cuello a los feroces victimarios.

Así, las milicias de Hamas vienen hostigando día tras día a los civiles israelitas con el lanzamiento de cohetes, además de esporádicos y sangrientos atentados. Tanta contumacia ha agotado la paciencia del Gobierno israelita, que ha lanzado una operación militar para destruir las infraestructuras desde las que aquellas milicias perpetran su política terrorista contra la población israelita. Dotado de una superioridad militar abrumadora, el ejército israelita ha matado en un solo día a más de 200 milicianos radicales.

Los terroristas se han mostrado indignados ante esta declaración de "guerra total", que ellos mismos han estado provocando durante siete u ocho años. Como a ellos les conviene más una "guerra de desgaste", los israelitas deberían ajustarse a sus preferencias. Como era de esperar, buena parte de la izquierda occidental ha mostrado su simpatía hacia los terroristas palestinos. También, el Vaticano. Es el síndrome de la "simpatía por el pobre". Pero, ni los pobres están exentos de las obligaciones de la justicia, ni el término medio es necesariamente la solución justa: según una pequeña fábula, que cuenta Jon Elster, un muchacho pequeño encuentra una moneda, digamos de un euro; otro mayor quiere arrebatársela; los dos muchachos forcejean; pasa un adulto y resuelve la disputa, entregando 0,50 céntimos de euro a cada muchacho. Este sujeto cree haber actuado en justicia, pero ha instaurado una injusticia.

En asuntos de tanta transcendencia como el conflicto de Oriente Medio, no seamos tan estúpidos como el sujeto de la fábula. La convivencia de israelitas y palestinos sólo podrá asentarse en el respeto de la regla áurea de la ética. Con más razón, lo mismo ha de decirse respecto de la convivencia de civilizaciones. Los israelitas no sólo se defienden ante un enemigo cruel y despiadado. Nos defienden a todos los que amamos la libertad.

El Derecho de Israel
HERMANN TERTSCH ABC 29 Diciembre 2008

YA se ha producido la tan temida como previsible catástrofe. Después de la ruptura unilateral de la tregua por parte de Hamás y sus continuos ataques con cohetes y morteros contra el territorio meridional israelí, tras una larga serie de advertencias a las autoridades de la Franja de Gaza para que pusieran fin a los ataques terroristas, el presidente israelí, Simon Peres pidió hace días encarecidamente a la población de Gaza que impidiera a los terroristas provocar la situación que lo hiciera inevitable. Al final, Israel ha tenido que responder. Y lo ha hecho con contundencia. Ha destruido prácticamente todos los edificios de la policía y las milicias de Hamás, depósitos y túneles por los que se introducen en Gaza las armas.

Por supuesto que ha habido víctimas civiles. Porque muchos de los arsenales están en sótanos de casas de miembros y líderes de Hamás. Porque todo el terrorismo islamista se arropa en civiles, cuyas muertes para ellos son una bandera. Pero quien vea el mapa de las operaciones realizadas sabe que el esfuerzo de las fuerzas israelíes por evitar víctimas civiles palestinas es tan denodado como el habitual de los terroristas de Hamás por matar al mayor número de civiles israelíes. Sólo la ignorancia, la mala fe y la militancia antiisraelí de los medios de comunicación -en nuestro país ya grotescos- pueden inducir a hablar, como se ha hecho, de «ataques masivos». Quien conozca un poco Gaza, una de las regiones más superpobladas del mundo, sabe que un ataque «masivo» habría provocado muchos miles de víctimas. Y no 280, en su mayoría hombres adultos y en gran parte uniformados.

Pero esto da igual no sólo a los medios de comunicación, también a las organizaciones políticas o humanitarias y a tantos políticos de derechas e izquierdas, a los que tan fácil les resulta condenar un bombardeo ante la opinión pública. Eso siempre confiere «caché» humanitario. Han callado durante todo el tiempo en el que Hamás ha generado una situación que hiciera inevitable la tragedia. Hace tres años Israel se retiró de Gaza como acto de buena voluntad para intentar dar un impulso a unas negociaciones sobre los dos estados, el Israel y el palestino, cuya existencia hoy es aceptada por una abrumadora mayoría de los ciudadanos israelíes. En la otra parte no sucede lo mismo. Cada vez son más los palestinos que siguen las consignas de Hamás y Teherán, rechazan la solución de dos Estados y llaman a la destrucción de la «entidad sionista». Hay muchos responsables de que así sea. Y no todos están en la región. Están ante todo los terroristas de Hamás que con la ayuda de Irán y Siria y la inapreciable colaboración de la corrupción del aparato de Al Fatah de la Autoridad Palestina, consiguieron ganar unas elecciones, liquidar a sus oponentes y establecer un Estado terrorista en la frontera sur de Israel.

Mientras desde Israel, pese a la confusión y las convulsiones políticas internas, se hacían esfuerzos por proseguir las negociaciones con la Autoridad Palestina en el poder en Cisjordania, Hamás y su patrón iraní Ahmadineyad han ido ganando terreno, comprensión internacional, amigos y armas. No sólo en Rusia, China o Pakistán, también en Europa por supuesto. ¡Qué confusión de valores por nuestros lares! Pocos hechos tan significativos como que en el Reino Unido, donde más activamente se ha hecho campaña para aislar al Estado de Israel, un canal de televisión decidiera estas navidades emitir un saludo de Nochebuena del presidente iraní, el adalid de la destrucción del Estado judío, el látigo de infieles, el carcelero de mujeres intelectuales, el verdugo de homosexuales, miembro de la Alianza de Civilizaciones con el turco Erdogán y el español Zapatero, nuestro hombre de la Kafiya. «Comprensión hacia Hamás», «no aislar a los islamistas», «no radicalizarlos».

Este sempiterno pregón de nuestro ministro Moratinos parece ya omnipresente en el discurso vacuo e insensato de gran parte de la clase política europea. Y lo es porque previamente ha sido asumido por los medios de comunicación y gran parte de la opinión pública. Pese a toda la cultura de apaciguamiento, negociación de principios y relativismo general que se nos inocula a diario, nadie en España se atrevería a decir que las pistolas de ETA son inocuas porque tienen menos capacidad de fuego que las armas de la Guardia Civil. Es la artera forma de analizar la realidad comparando elementos no comparables. Es la que lleva a tanto intelectual y vocero en nuestros medios a decir que los misiles artesanales de Hamás son poco más que una broma pesada y que no justifican nunca una acción contundente del agredido para acabar con ellos. Es la que lleva a tanto idiota a pensar que las armas son malas independientemente de quienes las tenga.

El hecho cierto es que el terrorismo ha tenido un éxito parcial aquí en España, como saben quienes lo denunciamos, quienes lo niegan y quienes directamente se han beneficiado de ello. Aquí el éxito del terrorismo ha supuesto privilegios para sus simpatizantes y amigos secretos o la debilidad de la idea nacional en beneficio de otros nacionalistas. En Israel la amenaza es directamente existencial y pone en peligro su propia existencia como Estado. La creación de un Estado terrorista en Gaza en los últimos tres años y su creciente capacidad de paralizar el sur israelí pone en cuestión la propia viabilidad del Estado de Israel. A ojos de los israelíes pero ante todo a ojos de los cientos de millones de islamistas, árabes o no, que han convertido la destrucción de Israel en el centro de su existencia. Israel no puede vivir con gran parte de su población enterrada en refugios día sí, día también, porque Hamás o Ahmadineyad quiera. Acabaría toda Israel igual y ese gran estado no se erigió en su día para ser un gran Lager bajo tierra con los SS islamistas desfilando encapuchados sobre sus campos.

Mucho se hablará ahora durante y después de esta campaña militar -que todos deseamos corta, pero puede ser muy larga y dolorosa para todos- sobre el papel en su desencadenamiento del punto de inflexión en la historia de Estados Unidos que supone la llegada de Barack Obama a la presidencia. Creo que nadie debiera sobrevalorarlo. También creo desencaminados los intentos de explicar la operación militar israelí como parte de la dinámica electoral interna de Israel. Nada había más lejos de los deseos de la ciudadanía israelí que entrar ahora en este conflicto. Porque conocen la guerra. Y todos saben que estos muertos del fin de semana no son los primeros ni los últimos. Y que muchos no serán terroristas sino también niños y niñas tanto palestinos como israelíes y muchos soldados israelíes como la campaña prosiga por tierra. Lo que sí debería estar claro es que los defensores de esta operación militar de Israel somos los que sufrimos por todas las muertes, también por las ahora habidas en todos los bandos. Y enfrente hay un enemigo que se alegra de las muertes, también de las propias.

Y las busca en Israel, en las Torres Gemelas, en Londres o Atocha, en la India o en Afganistán. Forman parte de una cultura de la muerte que es enemiga de nuestra sociedad tanto como del Estado de Israel. Y que si Israel fallara en su autodefensa, por supuesto que desaparecería como Estado democrático pero todas las demás sociedades abiertas perderíamos nuestro bastión más firme en la defensa de la ciudadela de la libertad. Una ciudadela que tiene muchas murallas minadas o tambaleantes en Occidente por el miedo a luchar, la falta de voluntad de ganar, por su confusión de valores y su incapacidad para el sacrificio. O porque, ilusos, creen que tratamos con un enemigo como nosotros. Esperemos que esta tragedia tenga un receso al menos. Pero la guerra será larga y la lista de víctimas también. La única nota de optimismo que tengo para concluir esta reflexión está en mi profunda convicción de que Israel, con la sabiduría de miles de años de supervivencia y la memoria de quienes aun son testimonio vivo de la última vez que -ante la pasividad de todos- se quiso exterminar a su pueblo, nos dará una nueva lección a la civilización. A la única civilización existente. Israel sabrá defender, cueste lo que cueste, pese a quien pese, llore quien llore, su sagrado derecho a la existencia en libertad y dignidad.

El chantaje yihadista
FIAMMA NIRENSTEIN, Diputada italiana y ex corresponsal en Roma ABC 29 Diciembre 2008

Pasan las horas, y el cielo asoma entre la humareda que produce la guerra de Hamás. Quizá el estruendo ocasional de los motores de un F16. No queda nadie, desde Tzipi Livni a Amos Oz pasando por Olmert y Netanyahu, que no haya hecho proclama de la guerra ayer, ni que no se haya resignado a la idea de una incursión militar encaminada a poner fin a los bombardeos del sur de Israel por parte de Hamás.

Lo que está en juego se interpreta de manera muy diversa: hay quien simplemente desea que Hamás posibilite una «tahdia», una tregua inmediata que tranquilice la zona de Sderot y los núcleos urbanos colindantes. Hay quien piensa que la virulenta directiva política que predica la destrucción no sólo de Israel, sino también de Abú Mazén y de los cristianos, y que dispara misiles contra Ashkelón, ciudad que proporciona la electricidad y los camiones que transportan los alimentos, debe dejar de infectar al pueblo palestino. Los hay que ansían una tregua (temporal o definitiva) con Hamás como organización terrorista que sigue los dictados de Damasco y Teherán. Los hay que desean que Israel libere Gaza de Hamás para poder entregarla a la Autoridad Palestina y dar nuevo aliento a Fatah y una posible negociación de paz. Los hay que desean destruir el considerable poder militar de Hamás.

Hamás es a estas alturas un peligro estratégico. Dispone de un ejército de 17.000 hombres bien armados que se entrenan de forma regular con munición real. Sus mandos son en buena parte entrenados en los campamentos gestionados por un amplio abanico de organizaciones terroristas fieles a las órdenes de la Guardia Revolucionaria iraní. Tras los seis meses transcurridos de «tahdia», los misiles de Hamás superan ya en muchos casos el radio de los 40 kilómetros; los proyectiles Katiusha y Grad tienen un radio mayor, son importados a Gaza por mar o por túneles, y contrariamente al pasado son almacenados hasta el momento oportuno. Asimismo, el combustible de los proyectiles se fabrica dentro de Gaza. Hamás ha copiado el modelo de Hizbolá, disponiendo de una enorme red de búnkeres, túneles y campos minados. Su capacidad le permite lanzar 80 misiles al día.

Si alguien se pregunta por qué Hamás se ha lanzado a su ofensiva post-tregua obligando a Israel a un enfrentamiento, la respuesta es que se trata de la estrategia más básica de Oriente Medio: Hamás quiere la «tahdia», pero está convencido de poderla lograr de todas formas mediante la fuerza y no la intención, y sin tener que renunciar al atractivo del que disfruta también entre los palestinos de Cisjordania gracias a su «invencibilidad».

"COMO MUCHO PONDREMOS UNA CASILLA MÁS"
La Generalidad dice que la sentencia del TS "no tendrá trascendencia" en Cataluña
La primera reacción del Gobierno catalán a la sentencia del Supremo ha sido para minusvalorar el fallo y adelantar que no habrá cambios en el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. "Como mucho, pondremos una casilla más en los impresos", ha dicho el responsable del área.
Libertad Digital 29 Diciembre 2008

En declaraciones al diario Avui, Bernat Joan, secretario de Política Lingüística de la Generalidad, ha tratado de restar importancia a un fallo que otros partidos, como PP o Ciudadanos, consideran "histórico". En la sentencia conocida este sábado, el Alto Tribunal recordaba a la Generalidad su obligación de ofertar enseñanza en castellano preguntando a los padres por la lengua habitual de sus hijos en el momento de inscribirlos en las enseñanzas infantil y primaria.

Para Joan, sin embargo, "la decisión del Supremo no cambia para nada" el modelo lingüístico del Gobierno catalán. Y alega que fallos como éste evidencian que se utilizan "todas las armas posibles contra el catalán". "No tendrá trascendencia y no afectará al modelo", ha declarado Joan en Avui, adelantando así que la Generalidad seguirá sin cumplir la ley. "Como mucho, pondremos una casilla más en los impresos de preinscripción en las escuelas", ha indicado.

Según el responsable de la Generalidad, "no es un problema que se pregunte a los padres cuál es la lengua habitual de los niños. Ciertamente es importante saberlo porque, si no es catalán, necesitarán más atención". No ha aclarado, sin embargo, por qué entonces seguía faltando la casilla en los impresos de la Consejería de Educiación.

"NI GONZÁLEZ NI AZNAR LO HICIERON"
Rosa Díez no olvida:
"Zapatero cedió ante ETA y la convirtió en interlocutor político"

Rosa Díez recuerda en su blog que Rodríguez Zapatero cedió políticamente ante ETA y dio a los asesinos "carácter de interlocutores". "Ahora pretende que nos olvidemos; que homologuemos lo que él ha hecho con lo que han hecho los anteriores", denuncia.
Libertad Digital 29 Diciembre 2008

Rosa Díez se ha referido al balance que José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho de 2008. En materia antiterrorista, la diputada de UPyD le ha recordado al presidente del Gobierno que "ni González ni Aznar negociaron políticamente con ETA". "Ni González ni Aznar convirtieron a ETA en su interlocutor político; ni González ni Aznar estuvieron dispuestos a entrar en el debate de final dialogado que presidió toda la negociación de Zapatero con Ternera", apunta en su blog.

Destaca Díez que "González ordenó concluir las conversaciones de Argel en cuanto ETA pidió una mesa de partidos" mientras que "Zapatero mantuvo las negociaciones sobre la mesa de partidos, sobre su composición y su operatividad, en Loyola; e incluso invitó al PNV a las reuniones para ver si así era posible la constitución de la citada mesa política con la banda sentada alrededor de ella en igualdad de condiciones con los partidos democráticos".

Continuando con las similitudes, la ex dirigente socialista añade que "González se negó a reconocer políticamente a los terroristas con los que negociaban en Argel: de un lado el Gobierno, del otro, los terroristas. Zapatero llevó la negociación al Parlamento Europeo y sentó a los terroristas en la Tribuna de invitados. Los enviados de González se reunieron con ETA con luz y taquígrafos; Zapatero negó hasta la saciedad los contactos; incluso mintió al afirmar que se habían cancelado tras los atentados de Barajas; y volvió a mentir cuando reconoció que siguió negociando: le echó la culpa a Tony Blair".

Más aún, "ni siquiera cumplió la Resolución del Congreso de los Diputados que establecía las condiciones en las que se podía iniciar el diálogo con la banda. Pervirtió el proceso que él mismo había diseñado; pervirtió el lenguaje y pervirtió la política".

Sobre la política antiterrorista de José María Aznar, recuerda que "sus enviados" se reunieron "una sola vez con los enviados de la banda; cuando éstos empezaron a hacer peticiones políticas, se levantó la reunión y nunca más volvieron a sentarse". Y recuerda: "los enviados de Aznar se reunieron con la banda después de que ésta declarara una tregua que acordó con el PNV y de la que el Presidente del Gobierno se enteró por la prensa. Los enviados de Zapatero, que se reunieron varias veces antes con la banda para pactar la tregua, se sentaron un número desconocido de veces con los terroristas; incluso supimos que el negociador terrorista, Josu Ternera, llevaba protección policial durante todo el proceso".

"El sanguinario Ternera, el mismo que hoy está en la lista de terroristas más buscados en Europa, protegido por la policía mientras se reunía con Eguiguren; servicios policiales europeos que incluso le acompañaban a hacer footing antes de las reuniones de negociación con el Presidente del PSE y enviado de Rodríguez Zapatero. A él, al malo, le protegía la democracia española, para que nada le ocurriera mientras negociaba nuestra libertad. ¡Y ahora está en busca y captura, qué vergüenza!", exclama.

Y Rodríguez Zapatero, continúa, "quiere que comparemos su cesión democrática ante ETA con las dos ocasiones anteriores en las que los gobiernos democráticos españoles tomaron la temperatura a la banda. Él quiere que pensemos que hizo lo mismo que sus predecesores".

"Zapatero ha sido el único Presidente democrático que ha cedido a ETA todo lo que tenía en sus manos al reconocer a la banda como interlocutor político. Lo de menos es que no llegaran a un acuerdo: el gobierno de España le dio a la banda lo que ésta lleva buscando desde que empezó a asesinar: le ha dado carácter de interlocutor, ha hablado de política con ellos, ha hablado de reformas institucionales, de mesas paralelas al Parlamento... Le ha dado todo lo que está en su mano; lo que no le ha dado (la integración de Navarra en Euskadi, la independencia, un nuevo modelo institucional...) es porque no lo tiene, porque es nuestro, porque lo tendríamos que votar entre todos", asevera en su blog.

Y ahora, en el fin de año, "pretende que nos olvidemos; que homologuemos lo que él ha hecho con lo que han hecho los anteriores, que pensemos que se limitó a repetir lo realizado por gobiernos anteriores. Quiere que pensemos que ya en otras ocasiones se negoció una salida política para ETA; quiere que pensemos que también otros antes que él estuvieron dispuestos a la paz de los cementerios".

Solidaridad con Iñaki Ezkerra, Antonio Aguirre y Daniel Portero
Redacción Minuto Digital 29 Diciembre 2008

Mañana, día 30 de diciembre, se celebra en Bilbao el famoso “juicio de la patada” en el que no sólo comparecerá el energúmeno que agredió a Antonio Aguirre en los testículos y delante del Palacio de Justicia sino el propio agredido así como Iñaki Ezkerra y Daniel Portero, que han sido acusados por la Ertzaintza de desórdenes públicos aunque los tres sufrieron el acoso, los insultos y las amenazas de las hordas del PNV. De no haberse producido el golpe de mano en el Foro Ermua que tuvo lugar el pasado 20 de julio y del que informamos ampliamente, el efecto mediático y democrático que habría tenido este juicio sería infinitamente mayor al que va a tener porque dos de los sentados en el banquillo mantendrían aún sus funciones como Presidente y Vicepresidente de esa asociación. El hecho de que ninguno de ellos ostente hoy las funciones de esos cargos lo dice todo de quienes crearon esa situación y de lo que les importa el triunfo del constitucionalismo vasco.

Minuto Digital así como España y Libertad no faltarán mañana a las 09,30 horas a esa cita en el Palacio de Justicia de Bilbao en el que se celebrará el jucio más esperpéntico de la historia de la democracia. Queremos solidarizarnos con los tres luchadores imputados, pero especialmente con Iñaki Ezkerra, que mañana se representará a sí mismo, lo cual no es poco tratándose de un escritor comprometido con la causa de la libertad desde su más temprana juventud y en cuya persona nos vemos representados no una asociación sino miles de demócratas. Como muestra de afecto y de apoyo incondicional reproducimos el artículo que publicó en ABC Germán Yanke, miembro del Foro Ermua, dos días antes de la vergonzosa “asamblea” y tratando de evitar lo inevitable.

En él hace una sensata y básica alusión a ese juicio que, tras un surrealita aplazamiento, se celebrará mañana, alusión que nosotros suscribimos porque representa no sólo la voz de la solidaridad sino del sentido común: “La convocatoria de esta asamblea para cambiar el presidente se produce un mes antes de que Ezkerra, junto a Antonio Aguirre, vayan a ser juzgados por desórdenes públicos, en una carambola kafkiana de la Justicia, cuando en realidad fueron agredidos por fanáticos nacionalistas. Era cuando el Foro se enfrentaba a Ibarretxe. Ahora se eligen las vísperas de este desafuero para intentar sustituirle, ni se esperan los plazos ni la conveniente solidaridad”.

Los hechos: Cinismo y apariencia de legalidad
Inma Castilla de Cortázar El Mundo 28 Diciembre 2008

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, cinismo es la “desvergüenza en el mentir o la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”. En las elecciones municipales y forales de 2007, ETA volvió a los Ayuntamientos. Desde entonces, gobierna en la friolera de 43 Ayuntamientos vascos y navarros. En aquella ocasión ETA, con el “atuendo” de ANV, ni siquiera necesitó un disfraz. Todos sabíamos que ANV era Batasuna, como sabemos que ambas son ETA.

El Gobierno reiteró, entonces, la vigencia de la “Ley de Partidos”. Sin embargo, todas las posibilidades de fraude diseñadas por ETA/Batasuna, utilizando trucos diversos (listas blancas, agrupaciones electorales, revitalización de un partido momia,…), estaban previstas y prohibidas expresamente por la Ley de Partidos, aprobada por una mayoría sin precedentes (94%) en el Congreso de los Diputados en junio de 2002. Sólo existía un imponderable: la ley no se había aprobado bajo el supuesto de que el Gobierno de España pudiera ceder políticamente a ETA, como ocurrió en la pasada legislatura con Rodríguez Zapatero. Al no considerar esta posibilidad, sólo el Gobierno, con su Fiscalía General y su Abogacía, era el único legitimado, por ley, para instar al Tribunal Supremo a ilegalizar un partido, como era el único legitimado para impugnar unas listas electorales. Aquel rotundo éxito de ETA en 2007, sólo fue posible por la explícita voluntad de Zapatero de acceder a esta anunciada exigencia de ETA: volver a las instituciones.

El Gobierno aseguró que no habría “precio político” en su mendaz proceso de paz, mientras se parapetaba en una institución u otra, en un intento mediático de esquivar responsabilidades. Lo hizo en una retahíla de cesiones camufladas al permitir: que los presos de ETA volvieran a la Universidad de País Vasco (UPV/EHU) desde 2003; o que el PCTV accediera al Parlamento vasco en 2005, mientras simulaba firmeza impidiéndoselo a AG, siendo idénticos los expedientes de ambos partidos políticos, que acreditaban su íntima vinculación con ETA/Batasuna. Esa misma apariencia de legalidad la desplegó el Gobierno al llevar su proceso con ETA al Congreso y forzar una resolución que incumplió a continuación, donde explícitamente se exigía “la ausencia de toda violencia” para el inicio del diálogo. Luego, hemos sabido (por ETA) que esa resolución era “incumplible” puesto que las conversaciones del PSOE con la banda terrorista ya habían empezado en 2003. Zapatero repitió la estrategia accediendo a “internacionalizar el conflicto”, llevando su “proceso con ETA” al Parlamento Europeo en 2006. En la camuflada excarcelación de Iñaki de Juana o en el indulto encubierto a Arnaldo Otegi la estrategia fue similar. Poco parecía importarle al Gobierno el descrédito de las Instituciones.

En el caso de ANV, fue el Tribunal Supremo la instancia afectada. El Gobierno podría haber procedido a derogar la Ley de Partidos y dejar expedita la senda a Batasuna, si hubiera querido reconocer que quería contentar a ETA, posibilidad que ni por asomo comunicó a la opinión pública. En el supuesto contrario, si el Gobierno hubiera querido mantener sus compromisos del “vigente” Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, debería haber instado al Tribunal Supremo a ilegalizar a ANV, acogiéndose a la Ley de Partidos. Podría incluso haber impugnado todas las listas de ANV según la Ley Electoral. Sin embargo, el cinismo y la aparente legalidad, en este caso, consistió en impugnar sólo algunas listas de los terroristas y no impugnar otras (en premeditada y medida selección), en una zafia aplicación de la Ley Electoral, sin recurrir a la Ley de Partidos. El Tribunal Supremo denunció explícitamente esta chapuza en el procedimiento, manifestando su incapacidad legal de maniobra. Inutilizando la Ley de Partidos, el fraude de ley se había consumado, otra vez con la apariencia de legalidad por parte del Gobierno, que de nuevo desplazaba hábilmente toda responsabilidad al Tribunal Supremo.

ETA volvió a los Ayuntamientos. Penando Barrena no podía ocultar su satisfacción: “la izquierda abertzale vuelve reforzada”. Y tanto. Ahí, desde las instituciones, ETA ha contado con la “legitimidad” que ya Zapatero le había proporcionado con “su proceso pacificador”. Desde las instituciones, ETA dispone de los datos del censo electoral para tenernos bien localizados; y sobre todo cuenta con el acceso a los presupuestos públicos para financiar todos sus frentes estratégicos. En esta holgada situación, ETA ha multiplicado su apoyo social, ha reforzado sus redes de extorsión, ha incrementado sus subvenciones, ha ampliado su falaz publicidad para difundir cuán oprimidos estamos los vascos desde hace siglos por esos dos Estados colonizadores (Francia y España), avanzando implacablemente en su totalitario objetivo de independencia, anexionismo e impunidad.

La evidencia superaba todo posible despliegue mediático de un Gobierno empeñado en camuflar sus miserias. Pasaron meses de ignominia. ETA anunció la ruptura de aquel “alto el fuego” que nunca existió, declarado 14 meses antes (el 22-M) que se había cobrado en el atentado de Barajas dos asesinatos y otros 507 actos de terrorismo callejero, incluyendo el que provocó la muerte de un anciano en Mondragón. ETA ya había conseguido todo lo que necesitaba: volver a las instituciones, refinanciarse, humillar al Estado, legitimarse con el Congreso de los Diputados, internacionalizar el “conflicto” y mantener abierta la puerta de la negociación,… por lo menos.

Aún así, el Gobierno se negó incomprensiblemente a instar al Tribunal Supremo para que ilegalizara a ANV antes de las Elecciones Generales. El Ministro Bermejo terció para dar largas anunciando que se procedería a la ilegalización cuando “la jugada” lo aconsejase. Lo mismo que antes de las elecciones vascas nos alentaba con “todavía hay tiempo para evitar que ETA con ANV vuelva a los Ayuntamientos”. Éstos son los hechos: cinismo, desvergüenza en mentir, con apariencia de legalidad.

En este contexto, ETA se hizo presente en las Elecciones Generales, asesinando a un socialista. La víspera de la jornada de reflexión, ETA le hizo un favor de oro a Zapatero minimizando la magnitud de la cesión (“si les matan,…no estarán cediendo tanto”-decían algunos-) y movilizando al electorado, que no pudo menos que ir a votar por solidaridad con el muerto: “los negociadores” (López y Eguiguren) ocupaban todas las portadas en la jornada de reflexión.

Finalmente el Fiscal General instó al Supremo, y el 22 de septiembre de 2008 llegó la deseada Sentencia dictando la ilegalización de ANV (también la del PCTV). Han pasado tres meses y ETA sigue gobernando 43 Ayuntamientos, incluidos Mondragón y Azpeitia, a pesar de los asesinatos de Isaías Carrasco e Ignacio Uría en estas localidades con alcaldes de ANV.

Sólo el Gobierno tuvo la capacidad de evitar que ANV accediera a los Ayuntamientos y no lo hizo. Para sacar a ANV de los Ayuntamientos sólo el Gobierno tiene la posibilidad de aplicar el artículo 61 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y no quiere hacerlo. También, ahora, el Gobierno esgrime razones de legalidad y de respeto a la pluralidad. Sin embargo, el Gobierno sabe que el bien común aconseja la disolución inmediata de los Ayuntamientos gobernados por ANV. El Gobierno sabe que la ley ampara la disolución. El Gobierno sabe que estamos ante una aberración política y jurídica que no se puede prolongar más. El Gobierno sabe que no basta con la eficacia policial para derrotar a ETA. El Gobierno sabe que mantener a ANV en los Ayuntamientos humilla a las víctimas y a todo ciudadano decente. El Gobierno se juega su maltrecha credibilidad en este asunto, pero –a la luz de “los hechos”- ¿le importa? Y si no le importa, ¿nos podrían explicar cuál es la razón?

Presidenta en funciones del Foro Ermua. Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU-San Pablo

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Castellano en las aulas
Una sentencia que no se acatará
Basta ya de ampararse en las desventuras históricas de una lengua para arrebatar los derechos lingüísticos de ciudadanos que tienen por usual otra y basta ya de sacar el espantajo del anticatalanismo para imponer un apartheid lingüístico.
Antonio Robles Libertad Digital 29 Diciembre 2008

Bien, esta vez es sentencia del Tribunal Supremo, instancia última, sentencia firme. La Generalitat ha de incluir una casilla en las hojas de preinscripción escolar para que los padres puedan elegir la lengua en que prefieran que sus hijos sean escolarizados. Es sencillo, es un derecho constitucional, lo avalan 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (la de 14 de septiembre 1062/2004 y la de 24 de noviembre 1198/ 2005) y esta sentencia firme del Tribunal Supremo; pero les aseguro que el Gobierno de Montilla no la cumplirá. Así llevamos desde 1999, cuando el último Ejecutivo de Pujol borró la casilla de las hojas de preinscripción. En realidad, nada cambiaba con su desaparición, pues la inmersión hacia oídos sordos a cualquier demanda de los padres o tutores. En Cataluña, se cumple la ley cuando interesa y, cuando no, se acusa a quienes demandan justicia de anticalanes.

Parlamentariamente, ya no se puede decir ni más claro ni más alto. Este diputado que les escribe ha instado a que se cumplan tales sentencias en numerosas ocasiones. La última a principios de curso a través de una propuesta de resolución de Ciudadanos, que, como pueden suponer, fue rechazada, en contra de los propios Tribunales. Esto, en cualquier país democrático, es no respetar la separación de poderes. Y ese proceder no es propio de Gobiernos democráticos.

Lo mismo aconteció con la desaparición de la tercera hora de castellano, que el decreto de enseñanzas mínimas de 7/12/2006 del Gobierno de la nación obligaba a impartir. Importó poco que un nuevo recurso ante los tribunales sentenciara en contra del departamento de la Generalitat o que un auto de medidas cautelares posterior no dejase salida alguna al Gobierno de Montilla. En comisión parlamentaria, el consejero de Educación, Ernest Maragall, me replicó que su percepción no interpretaba que se estuviera incumpliendo la ley, y el propio presidente de la Generalitat, José Montilla, hacía lo propio con cinismo infinito días después en la pregunta de control al Gobierno. Ante mi insistencia a si cumpliría con el auto de medidas cautelares, replicó que su Gobierno siempre acataba las leyes.

Les repito, ni el Tribunal Supremo ni gaitas; el Gobierno de Montilla no cumplirá la sentencia. Ya lo ha dejado claro el secretario de Política Lingüística y ex militante del entorno de Terra Lliure, Joan Bernat: "Utilizan todas las armas posibles contra el catalán, pero esta sentencia no tendrá trascendencia y por tanto no afectará al modelo (lingüístico de inmersión)", porque "como mucho, pondremos una casilla de más en las hojas de preinscripción de las escuelas". Estas y otras bravuconerías las ha dicho en el Avui.cat.

Es hora catalanes de desmarcarse de estos neofascistas. Basta ya de ampararse en las desventuras históricas de una lengua para arrebatar los derechos lingüísticos de ciudadanos que tienen por usual otra. Basta ya de sacar el espantajo del anticatalanismo para imponer un apartheid lingüístico, cultural y nacional. Ya no engañan a nadie; ahora sólo hace falta que el Gobierno de la Nación con su presidente, Rodríguez Zapatero, a la cabeza, tenga el coraje de cumplir y hacer cumplir la ley, incluso a ese catalanismo ufano con ínfulas insufribles de superioridad moral.

Mientras tanto, los ciudadanos de a pie, los padres que han visto conculcados sus derechos desde el 99, han de recurrir a los tribunales no sólo para exigir la enseñanza en el idioma que hayan preferido, sino también para exigir daños y perjuicios económicos, cognitivos y morales a la Generalitat, por haber conculcado los derechos de miles de niños cuando no tenían edad para defenderse por sí mismos.

En esa defensa deberemos estar todos los partidos que aún creamos en la libertad y en la España constitucional.

antoniorobles1789@hotmail.com

Sentencia del Supremo
La Generalitat contra el catalán
Ni una legión de comisarios mindundis, ni una tropa de acomplejados como Montilla acabarán jamás con el castellano. El castellano no está en peligro. Lo que sí pueden hacer estos pájaros es conculcar los derechos de los catalanes castellanoparlantes.
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 29 Diciembre 2008

Es el momento de aplicarle una lupa a la Generalitat y ver qué hace con la sentencia del Supremo que da la razón a Francisco Caja y, de paso, a los cuatro opinadores que hemos defendido la evidencia, quitándosela a los cuatro mil del pesebre. Esperemos que les suene de algo aquello del sometimiento de las administraciones públicas a las sentencias judiciales. Ahora ya no es el TSJC, cuyas resoluciones se ha venido pasando el Gobierno tripartito por la entrepierna. Ahora es el Supremo. ¿Entiende el concepto de "supremo" el señor Montilla, o necesita un informe externo para ilustrarse? Aplicada la lupa, lo primero que advertimos es un ser pequeño, muy pequeño. Engreído y crecido, eso sí, por su cargo, que es algo así como el de comisario de comisarios: ¡secretario de Política Lingüística! Es decir, los que van a acabar con el catalán.

Sí, he dicho con el catalán, no con el castellano. Ni una legión de comisarios mindundis, ni una tropa de acomplejados como Montilla, ni una "intelectualidad" diez veces más podrida que la catalana acabará jamás con el castellano. El castellano no está en peligro. Lo que sí pueden hacer estos pájaros es conculcar los derechos de los catalanes castellanoparlantes. Con dos matices: lo hacen con el apoyo de un gran partido español y la mitad del otro; lo hacen con el aplauso de la mayoría de catalanes castellanoparlantes, gente entusiasmada por su aculturación, deseosa de que sus hijos les hablen en otra lengua, alegres amigos de sus sepultureros, que diría Kundera.

Y ahora vuelvo al tema. Si se ponen así, así de ilegales, así de reacios a acatar las sentencias, así de sancionadores y así de coactivos, el catalán se verá en serio peligro. De todos los ataques que ha sufrido esa lengua que también es mía, uno puede ser letal: el que llevan a cabo los nacionalistas tomándola como el hecho diferencial que justifica, en última instancia, la quiebra de la soberanía española. Al usarla como puro instrumento político, al renunciar a la seducción y optar por una imposición ilegal y contraria a las sentencias de los tribunales, cristaliza el mayor error del nacionalismo catalán: la identificación precisa, exacta y milimétrica de un idioma con una ideología. Si una lengua sólo puede enunciar un tipo de ideas, si enunciando otras ideas suena falsa, como ya empieza a suceder, esa lengua está desahuciada. Ahí radica la mayor contradicción del nacionalismo lingüístico, condenado a reducir, a torturar, a cegar a la niña de sus ojos.

Varapalo al Tripartito
Editorial ABC 29 Diciembre 2008

El Tribunal Supremo exige que el Tripartito catalán cumpla la legalidad en materia lingüística, de tal manera que la Generalitat tendrá que ofrecer también la primera enseñanza en castellano como consecuencia de la libertad de optar por el idioma de escolarización. La sentencia confirma el criterio del Tribunal Superior de Justicia y supone un éxito notable para la asociación cívica que había denunciado -con toda razón- una política deliberada de discriminación en los colegios públicos.

Por mucho que el Tripartito afirme ahora que se trata de una cuestión «técnica», lo cierto es que los jueces mantienen con todo rigor el principio de que el derecho a la elección de idioma debe ser «real y efectivo» y ordenan que la administración incluya en los formularios de preinscripción la opción por la escolaridad en castellano.

No es la primera vez que los tribunales frenan las pretensiones identitarias del Ejecutivo que preside José Montilla, en el cual predomina siempre el punto de vista de los socios radicales del PSC a la hora de imponer una insólita persecución hacia la lengua común de todos los españoles.

Con esta sentencia, los socialistas no podrán seguir apoyando los excesos habituales de ERC y tendrán que cumplir al pie de la letra la legislación vigente, como exigen con buen criterio el PP y Ciudadanos. Es una buena noticia para el cumplimiento efectivo de la Constitución y para la práctica del sentido común.

La ley propia
Santiago González, EL MUNDO  29 Diciembre 2008

Algo debe de pasar en Cataluña para que la Ley de Política Lingüística promulgada por Jordi Pujol el 7 de enero de 1998 no sea cumplida 11 años después por el tripartito de Montilla. El asunto es tanto más notable si se tiene en cuenta que la invocación de la ley para exigir su cumplimiento ante los tribunales ha sido calificada por el secretario de Política Lingüística, un tal Bernat Joan, como un intento «de hundir el sistema educativo catalán» por parte de quienes «utilizan todas las armas posibles contra el catalán».

El citado comisario lingüístico ha podido detectar que «la verdadera intención de la denuncia no es defender los derechos de los niños, sino pervertir el principio básico de la educación», que consiste, al parecer, en instruir a los citados escolares (castellanoparlantes) en la lengua que no dominan. Bien pensado, tiene razón. ¿A quién le interesa formar buenos ingenieros, economistas o abogados, con la escasa demanda que van a plantear las empresas en los años próximos por efecto de la crisis? Es una pérdida de tiempo. En cambio, con el sistema de inmersión lingüística, algo se les pegará de catalán y quizá, quién sabe si en el futuro podrán llegar a presidir la Generalitat, como le ha pasado al señor Montilla.

Por otra parte, esto de las lenguas propias es algo lioso, a poco que se fijen ustedes. Sus adeptos las califican como «tesoro» o «riqueza», lo que no casa muy bien con la obligatoriedad de su adquisición. Ningún ayuntamiento obligaría a vecino alguno a recoger su parte de los bienes comunales si decide renunciar a ellos. Tampoco parece lógico que a las comunidades bendecidas por la diosa Fortuna o por la historia con la riqueza lingüística de una lengua cooficial tengan que pagarles la financiación a escote entre las autonomías que han tenido la mala potra de tener sólo una lengua, que ni siquiera es propia, y a la que se empieza a discutir la cualidad de común, según pretende Touriño y debe de parecerle bien a Zapatero.

El asunto es que el Tribunal Supremo ha interpretado la Ley en unos términos en los que la interpretaría cualquiera por rudimentarios que fueran sus conocimientos de derecho, que allí (artículo 21.2) donde la ley dice que: «la Administración ha de garantizar este derecho [el de los niños a recibir su primera enseñanza en su lengua habitual] y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo», han entendido exactamente lo mismo que ustedes al leerlo y que el reconocimiento de que los padres o tutores «lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique» tampoco requiere de grandes dotes intelectuales para su interpretación, salvo acaso para el azaroso currículum académico de algunos gobernantes autonómicos.

Ni siquiera se trata ya de aplicar el sentido común en la educación de unos escolares que si no destacan entre sus pares europeos es porque los responsables del informe Pisa se empeñan en examinar sus conocimientos en distintas materias y así, claro, nunca se darán cuenta de que todos los niños catalanes, incluidos los que tienen el castellano como lengua materna, hablan mejor el catalán que los aventajados escolares finlandeses, que son los primeros en casi todo lo demás.

Es verdad que ahora se llevan mucho las analogías mostrencas y el Govern podría reivindicar un pase foral para Cataluña: «se obedece, pero no se cumple». Deberían saber que ya no se lleva y que las leyes que incumplen no son las de la Monarquía española. ¿Por qué no miran con tanto embeleso a la ley como a la lengua, cuando la primera es tan propia como la segunda?

La Generalitat desprecia la sentencia del Supremo
Editorial EL MUNDO   29 Diciembre 2008

Confirmando su primera reacción, un portavoz de la Generalitat de Cataluña explicó ayer a nuestro periódico que considera que la nueva sentencia del Supremo no obliga a garantizar la escolarización en castellano porque las autoridades educativas ya ponen traductores de catalán a los niños que hablan español cuando los padres lo solicitan.

El argumento es un sofisma porque solamente una veintena de familias han optado por esta fórmula en cuatro años, lo cual es un porcentaje ridículo entre los millones de personas que se expresan habitualmente en castellano en Cataluña.

La Generalitat sí va a entregar el próximo curso a los padres un formulario en el que preguntará sobre «la lengua habitual» de los niños, como exige la resolución del Supremo. Pero ello no se traducirá en un cambio de modelo porque el Gobierno tripartito entiende que los niños pueden aprender el español a través de las horas lectivas consagradas a su estudio.

Joan Saura, consejero de Interior, declaró ayer que la sentencia del Supremo no pone en cuestión el modelo educativo. Una reacción similar se produjo en los medios de comunicación afines al socialismo y el nacionalismo, que ignoraron el fallo o le concedieron una ínfima importancia.

Lo que están haciendo es agarrarse a un clavo ardiendo porque es cierto que la sentencia no dice expresamente que, a partir de una fecha concreta, la Generalitat tiene la obligación de implantar el modelo de escolarización en castellano. Pero sí afirma que la enseñanza en castellano es un derecho básico reconocido en la Constitución y en la ley, y que «los poderes públicos tienen el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales, removiendo todos los obstáculos».

La Generalitat va a hacer todo lo contrario a lo que establece el fallo. Incluso baraja un proyecto para eliminar el castellano de la enseñanza primaria, amparándose en el nuevo Estatuto. Eso sí, los padres podrán rellenar ese formulario, que no servirá para nada porque la única opción será estudiar en catalán.

Es como si los restaurantes tuvieran la obligación de ofrecer a sus clientes una carta con varias decenas de platos, pero sólo sirvieran uno de ellos. La Generalitat está diciendo que los ciudadanos pueden elegir el idioma que quieran, pero que no tendrán otro remedio que aceptar que sus hijos estudien en catalán. Ello revela no ya sólo un profundo cinismo sino además un absoluto desprecio a lo que establece la Constitución y la norma que el Parlamento catalán ha aprobado, que señala textualmente que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, sea el castellano o el catalán».

El Gobierno tripartito pretende que creamos que lo blanco es negro y cuenta para ello con una poderosa maquinaria de propaganda. Pero ahí queda esta sentencia del Supremo, que deja muy claro que el derecho a recibir enseñanza en castellano es inalienable

EL CONFLICTO NACIONALISTA
Los padres pueden solicitar la intervención de estos maestros, que se sientan junto al alumno en el aula y le traducen del catalán al castellano / Este año sólo ha habido entre 15 y 20 solicitudes
Cataluña alega que los niños que hablan español ya tienen traductor
La Generalitat sostiene que el derecho a estudiar en castellano está garantizado por tutores especiales y que en el último año escolar menos de una veintena de familias los han solicitado
El TS ha desestimado el recurso de la Generalitat y le ha condenado a pagar costas
EL MUNDO  29 Diciembre 2008

BARCELONA.- La Generalitat considera que el derecho de los ciudadanos a estudiar en español en Cataluña está «profundamente garantizado» con los tutores escolares. «Gracias a esta figura se respetan los derechos de las personas tal y como dice el Tribunal Supremo», explicaron a este diario fuentes del departamento de Educación tras conocerse el fallo del Alto Tribunal que obliga al Govern a ofrecer la opción de estudiar en castellano.

Los impresos de preinscripción de las escuelas catalanas no tienen una casilla en la que los padres puedan especificar en qué lengua quieren que sean educados sus hijos. Esta ausencia ha sido considerada ilícita en sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en una que el Tribunal Supremo dictó el pasado 12 de diciembre. Los jueces se remiten al artículo 21.1 de la Ley de Política Lingüística que otorga el derecho «a recibir la primera enseñanza en la lengua habitual» del niño.

De acuerdo con esta normativa, los padres pueden elegir que sus hijos estudien en catalán o en castellano hasta la edad de ocho años. En la práctica, según las citadas sentencias, la opción de cursar la primera enseñanza en castellano no se aplica, al carecer los impresos de preinscripción de casillas que permitan a los padres señalar en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos.

Sin embargo, la Generalitat insiste en que sí garantiza ese derecho, ya que los padres que deseen que a sus hijos se les dé la primera enseñanza en castellano tienen la opción de solicitarlo ante la dirección del centro escolar. Una vez recibida la petición, el colegio pone a disposición del alumno un tutor lingüístico, que se sienta junto al niño y le va traduciendo del catalán al castellano todo lo que ocurre en el aula.

La figura de estos tutores lingüísticos fue introducida por un reglamento del año 2005 y, según explican fuentes del departamento de Educación, que dirige Ernest Maragall, ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que apoyó su existencia al desestimar el recurso de un padre que los cuestionaba. No obstante, la Consejería subraya que son muy pocos los padres que se acogen a esta posibilidad y señala que en el último año sólo entre 15 y 20 alumnos solicitaron que les atendiera uno de estos tutores lingüísticos.

Las mismas fuentes indican que ésta es la única manera de cumplir con la legislación vigente. La ley de Política Lingüística de 1998 prohíbe la segregación de los alumnos por razón de lengua, es decir, que no existe posibilidad de que en un colegio haya aulas de catalán y aulas de castellano. Por eso, argumentan, la Generalitat sólo puede cumplir la ley a través de estos tutores, que permiten que el niño que cursa sus estudios en castellano esté físicamente en el mismo espacio que el resto de sus compañeros.

Pero el diagnóstico de los jueces no coincide con el de la Generalitat. El Gobierno catalán recurrió ante el Tribunal Supremo una sentencia dictada por el Superior de Justicia de Cataluña el 14 de septiembre de 2004 por la que se obligaba a la Administración educativa catalana a incluir en los impresos de preinscripción las famosas casillas preguntando por la lengua habitual del alumno.

Ahora, el Supremo ha desestimado el recurso de la Generalitat y ha dado la razón tanto a los jueces catalanes como a Convivencia Cívica de Cataluña, la entidad presidida por Francisco Caja que interpuso la reclamación original. El Govern argumentaba en su escrito de demanda que la decisión de poner o no estas casillas en las matrículas escolares forma parte de su «discrecionalidad».

Pero el Supremo rechaza este argumento con la tesis de que «la omisión en el impreso de preinscripción de las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual del niño» suponen «un incorrecto ejercicio de la potestad discrecional, pues esa decisión o su contraria no son soluciones igualmente justas», ya que «ni la Constitución ni el Convenio Europeo consagran derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos, siguiendo en esto la doctrina alumbrada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Añaden los magistrados del Supremo que «a los poderes públicos se les impone el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que dificulten su plenitud». Y, en consecuencia, concluyen que los citados impresos de preinscripción escolar, al carecer de las casillas que especifiquen la lengua en la que los padres desean escolarizar a sus hijos, «adolecen por sí mismos de un vicio».

El Supremo desestima, por tanto, el recurso de casación interpuesto por la Generalitat y condena a la Administración catalana al pago de las costas. ¿Aparte de pagar las costas, qué hará ahora el tripartito? De las explicaciones ofrecidas por el departamento de Educación se deduce que el Govern no está por la labor de modificar el sistema de preinscripción escolar al considerar que el actual modelo ya garantiza el derecho a poder estudiar en castellano hasta los ocho años.

Estas manifestaciones se unen a las que facilitó el secretario de Política Lingüística, Bernat Joan, vinculado a Esquerra, el pasado sábado tras conocerse el contenido del fallo del Tribunal Supremo. Joan aseguró que esta sentencia no tendrá «transcendencia ni afectará al modelo educativo», y culpó de la sentencia a Convivencia Cívica Catalana que, en su opinión, quiere «hundir el modelo educativo catalán».

Sin embargo, las reacciones del Govern no han ido más allá. El tripartito da, de momento, la callada por respuesta. Fuentes de Esquerra explicaron a este diario que no harán comentarios sobre la polémica sentencia hasta que la hayan leído con detenimiento. Se espera que el secretario general de la formación independentista, Joan Ridao, se refiera al asunto en la comparecencia de prensa que tiene prevista para esta mañana.

En el PSC también impera la ley del silencio. Ningún diputado de la formación socialista ha querido hacer declaraciones sobre el fallo y las reacciones de Presidencia brillan por su ausencia. Para el partido de José Montilla, ésta es una cuestión delicada, ya que muchos de sus votantes no ven con malos ojos que en Cataluña se enseñe más castellano.

No ocurre lo mismo con los simpatizantes de CiU, que fue la formación que impulsó el actual sistema de inmersión lingüística en las escuelas catalanas y que considera un ataque a Cataluña cualquier modificación de los planteamientos educativos actuales. Los nacionalistas han reiterado en varias ocasiones que considerarían una ofensa la creación de dos líneas de estudios, una en catalán y otra en castellano. También se oponen a la introducción de más horas de clase de español que se sumen a las dos semanales actuales. No obstante, tampoco han comentado, de momento, la sentencia del Supremo.

Sólo PP y Ciutadans han hecho referencia al fallo. Ambas formaciones han aplaudido la decisión judicial, convencidas de que ésta viene a reafirmar sus planteamientos. Además, han aprovechado para exigir al tripartito que «cumpla la ley». El PP ha llegado incluso a reprocharle al presidente catalán, José Montilla, que se pase el día reclamando al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que cumpla lo dispuesto en el Estatuto en materia de financiación autonómica, mientras que él rechaza cumplir las normas lingüísticas y las sentencias de los tribunales de Justicia.

EL CONFLICTO NACIONALISTA
Reforma legislativa a la vista
EL MUNDO   29 Diciembre 2008

BARCELONA.- El artículo 21.1 de la Ley de Política Lingüística sólo ha servido para traer quebraderos de cabeza a los distintos gobiernos de la Generalitat. Este precepto consagra que «los niños tienen el derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano».

La Generalitat nunca ha aplicado esta normativa al considerar que su utilización pondría en peligro el sistema escolar de inmersión lingüística, que establece que el catalán es la «lengua vehicular» de la enseñanza, por lo que todas las asignaturas se imparten en este idioma, con excepción de las dos horas semanales de clase de castellano.

Por culpa de este incumplimiento, el 'Govern' ha tenido que leer unas cuantas sentencias en las que los jueces le sacaban los colores. También ha tenido que aguantar críticas constantes por parte de PP y Ciutadans.

Pero, ahora, las sentencias y las críticas se van a acabar, porque la Generalitat ha decidido redactar una Ley de Educación catalana que eliminará este incómodo artículo y le permitirá ajustar a la legalidad lo que ya viene haciendo en la práctica.

La nueva ley, que ya ha sido aprobada por el Ejecutivo catalán y se halla en el proceso de tramitación parlamentaria, se sustenta en el artículo 35 del nuevo Estatuto, que sólo recoge el derecho «de todas las personas» a recibir «la enseñanza en catalán».

El borrador contempla que los niños puedan ser escolarizados en castellano, pero no hasta los ocho años como ocurre ahora, sino sólo durante el primer curso de educación obligatoria y siempre previa solicitud de los padres.

La desfachatez de la Generalidad
blog de Carmelo González  29 Diciembre 2008

Hemos vuelto a ver la peor cara del Gobierno catalán: la de su desfachatez antidemocrática. En la persona de Saura, en esta ocasión. Con cara compungida, anuncia que acatarán la sentencia del TS sobre la enseñanza en español, pero que no va a cambiar el sistema de inmersión lingüistica. Desprecian de forma burda y cínica a la justicia, a los derechos de las personas y a la ley. Lo anunciaba yo ayer. Y me reitero en lo que digo, más allá de la casilla en el formulario, es obligación de la sociedad civil el obligar al gobierno de Cataluña a rectificar. Y más allá de lo que las diferentes asociaciones cívicas propongan y decidan, yo anticipo dos huelgas de hambre si en el curso próximo no hay respuesta a los miles y miles de padres que vamos a solicitar la enseñanza en español para nuestros hijos. En su lengua, en su país. Porque es su derecho. Porque es ley y porque es de justicia, Tribunal Supremo dixit.

Demandarán por desobediencia al tripartito si incumple el fallo del TS
IVA ANGUERA DE SOJO | BARCELONA ABC 29 Diciembre 2008

La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Generalitat a garantizar el derecho de los padres a escoger la lengua en la que sus hijos deben recibir la primera enseñanza -hasta los ocho años- puede quedar en agua de borrajas si el Gobierno catalán mantiene la tesis de que ese fallo no debe tener consecuencias prácticas sobre los formularios de preinscripción escolar. Por ello, Convivencia Cívica Catalana, la organización demandante, ya ha previsto nuevas acciones judiciales que podrían culminar en la petición al Tribunal Supremo de la ejecución forzosa de la sentencia y la consecuente demanda contra el consejero de Enseñanza, Ernest Maragall, por desobediencia a la justicia.

Fuentes del Departamento de Enseñanza de la Generalitat ya advirtieron el sábado de que la sentencia no tendrá consecuencias porque se refiere a los formularios de 2004, modificados al año siguiente. Sin embargo, esas modificaciones no satisfacen en absoluto a CCC, puesto la casilla incluida por la Generalitat no pregunta por la lengua materna o habitual del niño, como reclama esta organización, sino si entiende el catalán. Y deja para el último punto de la «letra pequeña» del formulario el aviso de que los padres tienen derecho a escoger la lengua de primera enseñanza del alumno.

Por todo ello, el presidente de Convivencia, Francisco Caja, advirtió ayer en declaraciones a ABC que su primer paso será pedir al Supremo que «dirija un escrito a la Generalitat en el que se exija la inclusión de la casilla sobre la lengua habitual» tras reconocer su escasa confianza en el Gobierno catalán porque «su actitud de rebeldía ante la Justicia está acreditada».

Rebeldía ante la Justicia
En caso de que la Generalitat no cumpla la sentencia en estos términos, Caja anunció su intención de recurrir de nuevo al Supremo para pedir el cumplimiento forzoso de la sentencia, lo que supondría una multa contra el Gobierno autonómico y la consiguiente demanda contra el titular de Enseñanza, Ernest Maragall, por desobediencia. «Un nuevo impreso con una casilla que recoja cualquier otra fórmula será un incumplimiento y lo denunciaremos ante el TS», advirtió.

Caja lamentó además la falta de respeto del Gobierno catalán por las resoluciones judiciales, puesto que también están pendientes de cumplimiento las relativas a la aplicación de la tercera hora de castellano en Educación Primaria, así como la que prohíbe el uso en exclusivo del catalán en las actividades de acogida matinal que se realizan en las escuelas y guarderías públicas.

El Supremo obliga a la Generalitat a tener en cuenta la lengua habitual de los alumnos
En defensa del bilingüismo
Editorial La Razón 29 Diciembre 2008

La sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a la Generalitat de Cataluña a tener en cuenta la lengua habitual de los alumnos en Infantil y Primaria, debe ser un paso al frente decisivo en la defensa y consolidación definitiva del bilingüismo en aquella Comunidad Autónoma. El fallo del Alto Tribunal dirime una antigua controversia que ha levantado agrias polémicas políticas y sociales. Los argumentos jurídicos esgrimidos en el auto vienen a dar la razón a aquellos que creían vulnerados una serie de derechos fundamentales. El Tribunal Supremo confirma la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obligó a la Consejería de Educación de la Generalitat a consultar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y tenerla en cuenta en la enseñanza de Infantil y Primaria, según la Ley de Política Lingüística de 1999.

La sentencia del Alto Tribunal considera que el procedimiento que emplea la Generalitat en cada curso escolar «incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de preinscripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños». En concreto, la Ley de Política Lingüística establece en su artículo 21.2 que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique».

Las hojas de las preinscripciones escolares incluían hasta el curso 1998/1999 una casilla en la que la Generalitat daba esa opción que contemplaba la Ley, pero el último gobierno de CiU la eliminó y así se ha mantenido hasta la actualidad. Ayer, el Gobierno catalán confirmó que acatará la sentencia, como no podía ser de otra forma, y que volverá a incluir en la documentación correspondiente la casilla para que los padres especifiquen la lengua, castellano o catalán, en que los escolares deben recibir la enseñanza.

El auto del Alto Tribunal ha dejado en evidencia las decisiones de la Administración, que ha vulnerado conscientemente durante todos estos años el mandato de la propia Ley de Política Lingüística de Cataluña y, de paso, ha hurtado a los ciudadanos la libertad de elección y educación que sus propias normas autonómicas les garantizaban. Sin duda, la decisión del Tribunal Supremo, que ensalza y reconoce de este modo la determinación de todos aquellos ciudadanos anónimos que han mantenido la defensa de ese derecho a lo largo de una larga batalla legal, abre un espacio de libertad cegado hasta ahora por los errores de quien pretendió imponer un pensamiento único a una sociedad que se caracteriza precisamente por su pluralidad.

La defensa del bilingüismo en Cataluña lo es también de un marco de convivencia entre los ciudadanos que funciona y que no admite ni quiere injerencias oportunistas y demagógicas. El castellano y el catalán son patrimonio común, un bien de todos los ciudadanos de la Comunidad, que debe ser protegido y amparado. No hacerlo así conlleva retraso y frustración, que sólo Cataluña y los catalanes terminarían finalmente por pagar. La sentencia del Supremo es un mástil de libertad al que merece la pena asirse y defender contra quienes pretendan derribarlo en el futuro.

En contra del bilingüismo obligatorio
Nota del Editor 29 Diciembre 2008

El editorialista del La Razón se inventa una constitución que nada tiene que ver con la Constitución Española, que en ningún sitio se refiere al bilingüismo y mucho menos bilingüismo impuesto. El marco de convivencia de los ciudadanos no puede ser la imposición de una lengua regional a quien no quiera sufrirla, ni la inmersión de sus hijos en la procelosa ciénaga de una lengua desconocida, rompiendo sus esquemas personales, familiares y su conocimiento del entorno, ni la conculcación de sus derechos constitucionales y humanos. La lengua regional puede ser un patrimonio de los que la hablan, en caso alguno de los que no la hablan, al contrario, para ellos no deja de ser un peligro de exclusión que se manifiesta en cuanto se juntan dos de sus hablantes, o una administración cuyo máximo interés es crear un getto con los intrusos que llegan a la Arcadia feliz a romper su éter comunicativo. Proteger y amparar una lengua regional no puede consistir en la inoculación obligatoria de la lengua regional a niños desprotegidos, a jóvenes que tienen que adquirir un bagaje para salir adelante y aportar su esfuerzo a una humanidad mejor, a adultos que llegan de otros países en busca de trabajo y oportunidades para una vida mejor.

La Generalitat cede y escolarizará en castellano a los alumnos que lo soliciten
Joan Planes La Razón 29 Diciembre 2008

barcelona- La Generalitat de Cataluña anunció ayer que acatará la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a poner la casilla que permite la opción de escolarizar en castellano en los colegios catalanes. En los últimos nueve años, esta opción no existía, pese a que la Ley de Política Lingüística aprobada en 1998 indicaba que «los niños tienen el derecho a recibir enseñanza con su lengua habitual».

El consejero de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Joan Saura, señaló que «cumpliremos la sentencia para el próximo curso», aunque añadió que la resolución del TS «no pone en cuestión nuestra política de inmersión lingüística, cumplimos buena parte de lo que dice la sentencia».

Inmersión lingüística
La citada política de inmersión lingüística tiene su origen en los gobiernos de CiU y tuvo continuidad con la llegada del tripartito de PSC, ERC e ICV. Consiste, básicamente, en mantener el catalán como lengua vehicular en la educación, lo que a la práctica se traduce en que no hay ningún colegio en Cataluña en el que se pueda recibir enseñanza en castellano, exceptuando las asignaturas de la misma lengua.

Tanto el último Gobierno de CiU como en las dos legislaturas del tripartito se ha hecho caso omiso del citado artículo de la Ley de Política Lingüística. Durante los últimos cursos, en las hojas de preinscripción escolar sólo se preguntaba a los padres si sus hijos «entienden catalán y/o castellano», pero en ningún caso existía la posibilidad de escolarizar a los niños en castellano.

En repetidas ocasiones, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó sentencias que obligaban a la Consejería de Educación a priorizar para los padres la lengua materna de sus hijos, pero el departamento nunca ha hecho caso. Ahora parece que la situación puede cambiar, según las palabras del consejero Saura. Por su parte, el PP catalán exigió anteayer a la Generalitat que «cumpla la ley y permita la escolarización de los alumnos en su lengua habitual», y denunció «la hipocresía del tripartito por pedir el cumplimiento del Estatut y, a la vez, incumplir reiteradamente una ley aprobada por el Parlamento catalán».

En el año 2000, la entidad Convivencia Cívica Catalana, contraria a la política lingüística de la Generalitat, presentó un recurso al TSJC que denunciaba la «discriminación que sufre la población castellano-hablante de Cataluña». Cuatro años después, el TSJC aseguró que la Generalitat debía «adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos en los centros públicos por su lengua habitual». Parece que ahora la Generalitat acata la orden.
 

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