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Recortes de Prensa    Sábado 17 Enero 2009

Obsesión terrorista
EDITORIAL El Correo 17 Enero 2009

El atentado perpetrado ayer por ETA contra un repetidor de televisión en la localidad guipuzcoana de Hernani, cuyo verdadero propósito era consumar una emboscada mortal contra la Ertzaintza, con la que los terroristas se muestran obsesionados, constituye una demostración insoslayable de cuáles son las intenciones que sigue albergando la banda y de su voluntad inconmovible de proseguir con su ofensiva, por más que sus efectos se estén viendo limitados por la persecución policial y judicial. Los escasos daños provocados por la única de las tres bombas que llegó a estallar no pueden ni deben llevar aparejada una trivialización de la destrucción que buscaba la organización etarra, en una nueva evidencia de que la Policía autónoma se ha convertido en un objetivo preferente de su amenaza homicida. Como ha ocurrido con otras instituciones vinculadas al autogobierno de Euskadi, la ciudadanía ha de interiorizar que cada ataque, frustrado o no, contra quienes velan por su seguridad y por la del entramado que sostiene el Estado de Derecho constituye un atentado contra su propia esencia como sociedad libre y democrática.

Por eso mismo, no basta con que el Gobierno vasco condene acciones terroristas como las de ayer mientras insiste en pedir un desmarque a la izquierda abertzale que resulta desde hace mucho tiempo del todo baldío. Es exigible un posicionamiento activo que aisle a quienes vergonzantemente se desmarcan de la desligitimación del terror. Las instituciones que son atacadas cada vez que ETA coloca en su diana a la Policía vasca deben asumir que todos y cada uno de sus agentes representan la vanguardia de la lucha contra la violencia y que la aceptación consciente del riesgo que corren implica tanto un mandato para ampararles, como su necesario refuerzo como punta de lanza frente a la continuidad etarra. Junto a ello, la cínica valoración del atentado realizado por la alcaldesa de Hernani, la representante de ANV Marian Beitialarrangoitia, quien enmarcó ofensivamente lo ocurrido en la supuesta existencia de varias formas de violencia en Euskadi, no hace sino subrayar la obligación de las formaciones democráticas de desalojar de la dirección de los ayuntamientos, como está previsto que suceda hoy en Azpeitia, a quienes se han enrocado en la justificación de lo injustificable.

Era para esto
José Antonio VERA La Razón 17 Enero 2009

Algunos ya nos lo temíamos, pero ayer mismo tuvimos la confirmación de por qué razón insistía tanto Carod Rovira en conseguir mucho más dinero para la financiación de Cataluña en 2009. No era, como sería lógico, para tener estrictamente una mejor sanidad y para invertir en zonas verdes y nuevas infraestructuras. Carod lo que quiere es más dinero para la política exterior de Cataluña. Tiene muchos proyectos en la cabeza, y con lo que le da Montilla no le llega ni para financiar un tercio de los mismos. Por eso está el hombre tan rabioso.

Hay que tener en cuenta que el ilustrísimo vicepresidente de la Generalitat sueña con crear una red de embajadas catalanas por el orbe, y que financiar una embajada con su embajador y consejeros, con sus coches oficiales, mobiliario e inmuebles, es algo que termina suponiendo una importante cantidad de dinero para el erario público. Hacerlo en todos los países de los cuatro continentes, que es seguramente el objetivo final del republicano, mucho más, razón por la que se comprende que para él todo el dinero que le dé el Estado resultará siempre escaso.

Y es que no se trata sólo de embajadas. Carod aspira a hacer una política exterior muy expansiva. Prueba de ello es el foro que ahora comienza en la localidad brasileña de Belem para fomentar la autodeterminación de los pueblos. La Agencia Catalana de la Cooperación al Desarrollo va a financiar con 150.000 euros este evento, que reunirá en feliz armonía a mapuches, indígenas de toda América, kurdos, palestinos, corsos, vascos y por supuesto catalanes. Carod no ha querido asistir a este evento como un invitado más, y por ese motivo ha montado dos carpas que albergarán a quinientas personas, con centro de prensa incluido.

No se trata de decir que con los 150.000 euros que va a destinar a este Foro se podrían arreglar todos los problemas económicos que tiene Cataluña. Pero grano a grano se acaba haciendo granero, y aquí cualquier aportación es buena a efectos de invertir en lo que realmente necesita la sociedad, que sin duda es más empleo. El problema es que hoy son 150.000 euros y ayer 157 millones en fomentar el uso del catalán por el mundo, veinte millones más de lo que van a recibir las pequeñas y medianas empresas en el año 2009.

La deriva que está tomando el estado autonómico no puede ser más preocupante. Los gobiernos regionales piden dinero sin parar pero nadie se encarga de fiscalizar sus gastos y en qué emplean los fondos. A la Generalitat se le han transferido muchas competencias, pero desde luego no la de política exterior. Por tanto no debería invertir ni un euro en política exterior. Es más, no puede tener una Consejería de Política Exterior.

Alguien tendría que ocuparse de que el dinero que reciben las autonomías se invierta en aquello para lo que fue transferido. No vale que ten den, por ejemplo, equis millones para Sanidad, pero que a la hora de la verdad destines sólo a ella la mitad, porque la otra mitad hay que invertirla en embajadas, embajadores, foros mundiales para nada y en promover la lengua catalana por el mundo. Mientras no se ponga orden en este sinsentido el Estado de las Autonomías no será algo realmente útil para los ciudadanos, y sí un problema serio para el erario público.

No es oro todo lo que reluce en UPyD (desmontando a Rosa Díez, II parte)
Federico Quevedo El Confidencial 17 Enero 2009

Perdónenme un inciso: es curioso como cuando uno toca ciertas teclas, lo peor del ser humano, su lado más fanático y fundamentalista, surge como por arte de magia. Esto se da a derecha e izquierda, indistintamente. A un lado y al otro del universo democrático aparecen, como atraídas por el olor de la libertad que les produce nauseas, las fieras del pensamiento único. Si la crítica es a Rodríguez y a todo lo que se mueve en su entorno, son entonces los radicales de izquierda los que de inmediato le niegan a uno el derecho a la libertad de expresión. Pero si la crítica se dirige, por una cuestión de principios personales y de convencimiento, a lo que hay a la derecha del actual equipo del PP, entonces el insulto, la amenaza y el chantaje surgen de donde uno menos se lo espera, aunque debo reconocer que ya había comprobado hace tiempo que el totalitarismo de la derecha puede ser igual de cancerígeno que el de la izquierda (y no me refiero a este foro al que, con algunas excepciones, respeto muchísimo).

Hasta ahora creía que la defensa de la libertad había que hacerla mirando hacia un lado, pero compruebo, no sin cierto pesar, que tampoco se puede descuidar el otro. Dicen que en el centro está la virtud. No lo sé. Lo que sí sé es que el fanatismo de unos pocos no va a conseguir que me calle, entre otras cosas porque puedo, porque no le debo nada ni a quienes defiendo ni a quienes critico, ni recibo nada de ellos. Lo que hago es fruto, no de una transacción inmoral como sí hacen otros, ni siquiera de obsesiones personales o manías en ocasiones incomprensibles, sino de una convicción personal profundo y una absoluta fe en mis principios. Y si algún día algo hace que cambie de opinión, no habrá nada que me lo impida porque nada me ata. Eso es libertad, aunque a muchos les cueste entenderlo y busquen explicaciones retorcidas: cree el ladrón que todos son de su condición, dice el refranero con mucho acierto.

Una aclaración respecto a la primera entrega del jueves: el PP, el de hoy y el de antes, es un partido plural, que en sus estatutos asume la herencia cultural del humanismo cristiano, pero que da cobijo a las distintas opciones personales en materia moral o religiosa, que defiende la aconfesionalidad del Estado pero no se muestra beligerante hacia la Iglesia Católica, que está a favor de la vida pero acepta el aborto en unos determinados supuestos muy limitados y siempre coincidentes con el riesgo de salud para la madre o los casos de violación, que defiende la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos, contrario a la eutanasia activa o suicidio asistido, condescendiente con algunos aspectos de la experimentación genética, pero contrario a todo lo que implique una manipulación consentida de los embriones aunque sea con fines médicos. Es decir, es un partido laico que asume algunos de los valores esenciales del cristianismo, no por una cuestión religiosa, sino cultural, pero respeta otras opciones. Esto es así, lo fue antes, y lo es ahora, aunque algunos no quieran reconocerlo. Hay personas que le dan más importancia a estos principios morales que a otros, y hay personas que sintiéndose católicas, no le dan esa importancia. Y hay personas que, no siendo católicas e, incluso, siendo agnósticas, comparten también estos principios. Por eso es importante que a la hora de decidir el voto, todas estas cuestiones estén claras, y que nadie busque el engaño ocultándolas e, incluso, negándolas de manera consciente en servicio de sabe Dios qué intereses.

Dicho esto, no solo es en determinadas cuestiones morales donde el partido que lidera Rosa Díez goza de una presumible supremacía ética respecto del PP otorgada por algunos medios de comunicación y el beneplácito cómplice de otros, pero que es absolutamente falsa e irreal. UPyD es un partido de izquierdas, en algunos casos muy radical como por ejemplo en todo lo referido a la Monarquía o el laicismo y claramente intervencionista en materia de política económica. ¿Esto es malo? Bueno, en mi opinión es una opción equivocada para alguien que se sienta liberal o de centro-derecha, pero respeto la libertad de cada uno a la hora de elegir el voto como no podía ser de otra manera. Puede haber cosas de UPyD que sean atractivas para algunos votantes: yo no soy monárquico y, en ese sentido, me siento más próximo a su republicanismo. Pero no es esa la única razón por la que decido mi voto, y es interesante tener una visión amplia de la realidad. Sobre todo porque en algunas cosas como la idea de Nación o la lucha contra el terrorismo, que parece ser lo que más atrae a parte de sus votantes presentes y futuros, tampoco el partido de Rosa Díez es del todo claro. De entrada, es importante saber que en el País Vasco no consigue arrancar votos del constitucionalismo, entre otras cosas porque en aquella Comunidad casi todo el mundo recuerda la complicidad que en su momento tuvo Rosa Díez con el nacionalismo y como apadrinaba campañas de sentimiento nacionalista como aquel Ven y cuéntalo.

Pero es que, recientemente, quien hace bandera de su compromiso con las víctimas y contra ETA, resulta que fue la única dirigente de un partido nacional que no acudió ni al funeral ni a la manifestación posterior en memoria del empresario Ignacio Uría, asesinado por ETA. Lo que es más grave es que los medios de comunicación se conjuraran para ocultar esa información a sus oyentes y lectores. Del mismo modo, de acuerdo con esa falta de compromiso con sus ideales y de deslealtad con sus votantes, la líder del UPyD ni siquiera tuvo la decencia de acudir a los actos públicos de homenaje a la Constitución en su Trigésimo aniversario. Ella, que va por la vida de firme defensora del castellano y que hace campaña en Galicia en contra del gallego, se abstiene en el Parlamento cuando se votan proposiciones por el derecho al aprendizaje en castellano presentadas por el PP. Lo fácil, desde una opción política sin visos de llegar a ser alternativa de gobierno, es mantener un discurso imposible contra el actual modelo autonómico, un discurso oportunista que cambiaría radicalmente el día que tuviera una mínima opción de llegar a gobernar en una comunidad autónoma. Claro que de todo esto puede sacarse una conclusión: a lo mejor UPyD acaba siendo ese partido de extrema derecha, joseantoniano en casi todo salvo en su componente religioso, que tanta falta le hace al PP para poder seguir creciendo por el centro. A lo mejor hasta le hacen un favor a Rajoy, miren ustedes por donde.

Y un día más sin que dimita la ministra calamidad: Rodríguez responsable.

N. del A.: Como lo cortés no quita lo valiente, desde este modesto rincón me sumo a la condena más absoluta y sin paliativos de la revista El Jueves y la manera vil, chabacana y torticera con la que han caricaturizado e insultado al periodista Federico Jiménez Losantos, cuya querella ante la Justicia me parece totalmente justificada. Digo lo mismo que he dicho otras veces: no vale todo y en un Estado de Derecho cualquier persona, tenga la profesión que tenga, sea político o periodista, médico o abogado, debe contar con la oportunidad de defender su honor. Confío en que esa querella salga adelante y que los responsables de la revista obtengan el oportuno castigo a su exceso que, en mi opinión, es constitutivo de delito, aunque eso deberá dirimirlo un juez.

Demasiado tarde, Sr. Solbes. ¡Váyase!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 17 Enero 2009

Le ha costado, pero al fin ha renunciado a mantener la mentira de unos presupuestos imposibles y quiméricos. Todos nos podemos equivocar, porque es humano. Lo que no es admisible es interpretar una farsa conscientemente y luego decir un simple “me he equivocado”. El Ministro Sr. Solbes ha sido cómplice de la mayor mentira que se ha hecho a los españoles. El Sr. Solbes ha sido un mero sicario para favorecer los intereses del PSOE y su continuidad en el poder, incluido él mismo. El Sr. Solbes ha desprestigiado un Ministerio y ha faltado a su promesa al tomar posesión de su cargo. El Sr. Solbes debe dimitir si tiene la mínima dignidad.

Ahora, al fin reconoce el oscuro panorama que va a llevar a España a la mayor recesión de su historia. Y como es su peculiar modo, lo hace con la frialdad de unos números recitados con monotonía, como si se tratase de la guía de teléfonos y no de la bancarrota nacional. No sé si a su edad es que ya todo le da igual y piensa que él está a salvo de responsabilidades. Penalmente quizás no se le pueda reprochar nada, pero moralmente resulta despreciable y quedará su nombre siempre adscrito a la deslealtad con los ciudadanos y a anteponer sus serviles silencios con su honorabilidad.

Supongo que, desde la seguridad de su próximo retiro, quizás le llegue un momento de hacer un examen de conciencia sobre sus actos y pida perdón por sus omisiones y no haber tenido el valor de afrontar la realidad y denunciarla. El mal está hecho y aunque existe el dicho de “más vale tarde que nunca”, en este caso no sirve de nada si no va acompañado de medidas drásticas para luchar contra lo que se ha estado consciente, cínica y continuamente negando en los últimos tiempos. De nada nos valen sus lúgubres augurios, que otros ya habíamos denunciado públicamente.

No será mediante el gasto descontrolado y el endeudamiento como saldremos de la crisis. Todos los expertos se han cansado de decir que se va en el camino contrario. No se puede seguir alimentando la insolidaridad insaciable de las Autonomías. No se puede mantener un gasto público basado en licitaciones de obras sin una planificación general y que sea coherente con el desarrollo sostenible. No se puede dejar libertad de acción a los Ayuntamientos para hacer el reparto según convenga y como medio descarado de favorecer discriminadamente.

Me resulta bochornoso haber leído que entre las obras a adjudicar se contemplan: pistas de patín en línea, piscinas municipales, y otros de ese estilo. Mientras, proyectos de mejoras agrarias de regadíos, de cultivos, o de planificación industrial se quedan en el cajón. Los fondos solo van a servir para pagar la inmensa deuda contraída por esos mismos Ayuntamientos, cuyos ediles y concejales no han dudado en subirse escandalosamente los honorarios y en haber hecho gastos suntuarios injustificados de todo tipo.

El Sr. Solbes debió haber dimitido antes de las elecciones generales del 2008. Su continuidad y su complicidad solo merecen el rechazo de los que se han sentido estafados por su charlatanería, a otros nunca nos llegó a engañar. Por eso, por el engaño manifiesto, lo primero que debería hacer es presentar su dimisión. Lo siguiente es que reclamo nuevas elecciones generales en las que los ciudadanos puedan elegir desde el conocimiento real de la situación a la que les ha llevado la incompetencia y la deslealtad de un Gobierno y el partido que le sustenta.

Solbes ya no oculta la realidad
Editorial La Razón 17 Enero 2009

Tras meses negando la evidencia, el vicepresidente admite que 2009 será muy difícil

Por tercera vez en apenas un año el Gobierno ha cambiado sus previsiones económicas y parece que se ha rendido a la evidencia. Tras haber despachado con displicencia los pronósticos de los organismos internacionales, que auguraban un fuerte deterioro de la economía española durante este año 2009, el vicepresidente Solbes aceptó ayer que España registrará las peores cifras macroeconómicas de las últimas décadas. En concreto, el paro alcanzará el 15,9%, lo que equivale a casi cuatro millones de desempleados; la recesión se situará en el 1,6% del PIB; y el déficit se disparará al 5,8%, porcentaje que casi duplica el máximo permitido por la Comisión Europea.

Conviene insistir en que este sombrío panorama no ha sido pintado por ningún organismo hostil al Gobierno socialista, sino por el vicepresidente económico. De este modo, es probable que se ponga fin a la polémica sobre la cuantificación de la crisis que durante estos meses ha enfrentado a socialistas y populares, con acusaciones de los primeros a los segundos tan peregrinas como «antipatriotas» y «derrotistas». Desde luego, el ministro Solbes no tiene la culpa de que el deterioro de la economía española se haya acelerado de manera vertiginosa en los últimos meses. Pero sí es censurable que no haya reaccionado con presteza, que haya ido a remolque de los acontecimientos y, lo que es peor, que elaborara unos Presupuestos como si no pasara nada.

Hace apenas tres semanas que se aprobaron las cuentas del Estado para 2009; pues bien, los cálculos allí reflejados no tienen nada que ver con los difundidos ayer por Solbes, pues contemplaban un paro del 12,5%, un crecimiento del PIB del 1% y un déficit no superior al 1,9%. No parece razonable ni serio que en tan corto lapso de tiempo el ministro Solbes ofrezca dos realidades económicas tan dispares. El buen sentido comprende que las previsiones macroeconómicas no son exactas, que existen factores imponderables y que no es fácil evaluar el impacto doméstico de la crisis internacional.

Pero da la impresión de que el vicepresidente de Economía no sólo se equivocó en el diagnóstico, sino que deliberadamente trató de ocultar la cruda realidad por motivos políticos y se empecinó en no revisar unos Presupuestos superados y obsoletos para no darle la razón al PP. La excusa dada ayer de que había cambiado la previsión de déficit público es truculenta, pues esa revisión venía exigida por los compromisos de gasto ya previstos en los Presupuestos y no como respuesta a la recesión económica, que mermará seriamente los ingresos. Sería muy consolador que las previsiones de Solbes para 2010 y 2011 se cumplieran y que la economía española superara la recesión, el paro descendiera y el déficit se redujera a la mitad. Nada es más deseable que ahuyentar el pesimismo y no resignarse a lo peor. Pero es de temer que el responsable económico del Gobierno no es ya el mejor embajador de la credibilidad.

No hace un año todavía, Solbes se enfrentó al popular Manuel Pizarro en el primer debate de la campaña electoral transmitido por televisión. Ambos tenían los mismos datos y mientras el ministro socialista pintó a los españoles un horizonte apacible y luminoso, Pizarro avisó de que venían malos tiempos. ¿Quién de los dos faltó a la verdad? Los ciudadanos, sindicatos y empresarios están dispuestos a arrimar el hombro para superar la crisis, pero el presidente del Gobierno debería evaluar si es Pedro Solbes el ministro más adecuado para dirigir la economía española y sacarla de la seria recesión a la que se encamina.

Plan E
Ya no eres un gato, eres una rosquilla
¡Plan E, Plan E!: como Alf, el alienígena acogido en régimen de pensión completa por una familia americana, que para intentar zamparse al gato –producto muy apreciado en su planeta de origen– intentaba hipnotizarlo y hacerle creer que era una rosquilla.
Maite Nolla Libertad Digital 17 Enero 2009

La última de nuestro querido presidente del Gobierno, la presentación del milagroso Plan E, es otro ejemplo del extracto de aire caramelizado que suele servirnos y enlaza con alguna oquedad anterior. Supongo que recuerdan la frase aquella de que Zapatero iba a conseguir que el Congreso fuera el centro de la vida política española. Aquello no significaba nada y cuando se ha puesto en práctica, menos aun.

Menos mal que Zapatero orientó su política al pleno empleo, que si no estaríamos hablando de cuatro o cinco millones de parados. El caso es que después de conocer que España cuenta con más de tres millones de parados, Zapatero nos intenta hipnotizar con su nuevo Plan E; como si fuera Magín el Mago, uno de los malvados de Mortadelo y Filemón, nos dice que le miremos a los ojos y que repitamos con él: ¡Plan E, Plan E! O como Alf, el alienígena acogido en régimen de pensión completa por una familia americana de clase media, que para intentar zamparse al gato –producto muy apreciado en su planeta de origen– intentaba hipnotizarlo y hacerle creer que era una rosquilla. Después de la hipnótica intervención zapateril en el vídeo colgado en internet aparece un pobre incauto –ya sé que es un actor, pero síganme el rollo– y dice que aunque está parado, está contentísimo porque el Gobierno va a dar dinero a los ayuntamientos del Maresme para que él se pueda colocar. Teniendo en cuenta las prácticas habituales del PSC en otras administraciones, lo más seguro es que externalicen el servicio a favor de un encofrador del PSC y no solucionemos nada.

La cosa es que el señor presidente se ha negado a dar cuenta en el Congreso del súbito engorde de las listas del paro, desmintiéndose a sí mismo, nueva y mismamente. Y el que ha hecho de escudero del presidente ha sido Ramón Jáuregui, con una argumentación increíble, viniendo del personaje. El diputado socialista ha echado mano de la historia para reprochar al PP que "no arrime el hombro" como, según él, hizo el PSOE desde 1980 hasta la fecha. Jáuregui incurrió en algunas imprecisiones, como que en el año 2000 el PSOE apoyó al PP en la lucha antiterrorista; un error, cuando ha quedado probado que mientras Zapatero firmaba el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, la facción nacionalista del PSE ya se entrevistaba con Otegi y compañía. Tampoco parece que durante la segunda mitad de la última legislatura de Aznar el PSOE arrimara mucho el hombro, sino que, más bien, se tiró a la yugular, para seguir con el símil. En su intervención estuvo acompañado de un diputado del PSC, motivo que explica que Jáuregui se olvidara de las veces que el PSOE, más que arrimar el hombro, metió el cazo.

No esperen una respuesta excesivamente contundente de la oposición, o es que no se enteran ustedes de que "hemos cambiado". Yo no creo que a este Gobierno haya que arrimarse mucho, sino más bien todo lo contrario. En la segunda mitad de este año, la economía no mejorará y visto lo visto, igual Corbacho se tiene que embaular lo de que no vamos a llegar a cuatro millones de parados. Pero no hagan mucho ruido que este Gobierno caerá como fruta madura; menos si no cae.

Manifestación a favor de Israel
Defender a Israel de la mentira
El más devastador bombardeo que sufren los judíos, y la más poderosa arma de la que disponen los terroristas de Hamás en su confesa y genocida pretensión de acabar con el Estado de Israel, es la mentira.
Guillermo Dupuy Libertad Digital 17 Enero 2009

"La paz con Israel es contraria a la ley islámica"
Ahmed Yasín, Fundador de Hamás

El más devastador bombardeo que sufren los judíos, y la más poderosa arma de la que disponen los terroristas de Hamás en su confesa y genocida pretensión de acabar con el Estado de Israel, es la mentira; una mentira que, más que los terroristas, propagan en su favor quienes niegan al Estado judío la legitimidad para defenderse, u ocultan la criminal táctica de Hamás de utilizar a civiles palestinos como escudos humanos, o engañan a la opinión pública respecto al objetivo defensivo de Israel al denigrar como "desproporcionada" su reacción militar; o cuando, en el colmo de la impostura, tachan directamente a la única democracia de Oriente Próximo de "genocida".

Es por ello por lo que quiero que este articulo sea tanto una muestra de apoyo a la manifestación que la Asociación Solidaridad España-Israel celebrará este domingo en Madrid, como de elogio al título escogido para su convocatoria: "En defensa de Israel, contra la mentira y contra el terrorismo".

Como señalábamos, uno de los ardides, aparentemente más razonables, de los que hace uso esta mentira es la de considerar "desproporcionada" la reacción militar de Israel que, tan cierta como involuntariamente, está provocando victimas inocentes entre los palestinos de Gaza. ¿Qué consideran los críticos de Israel que hubiera sido "proporcionado" a la hora de responder a esos criminales y silenciados bombardeos que, de manera continua, sistemática y en fragante incumplimiento de un anterior alto el fuego, sufre de manera indiscriminada la población judía? ¿Responder, acaso, con una oferta de "diálogo"? ¿Matar proporcionalmente y, por tanto, de manera deliberada el mismo número de civiles palestinos que el de los judíos que habían sido previa y deliberadamente asesinados por parte de Hamás?

El objetivo de Israel, sin embargo, no es ése, sino acabar con la posibilidad de que Hamás pueda desde territorio vecino seguir ejecutando su antisemita programa de exterminio. Nadie mejor que las autoridades israelíes saben que la muerte de palestinos inocentes, al margen de otras consideraciones morales, obstaculizan su objetivo militar. Es por ello por lo que tratan de minimizar al máximo la muerte de inocentes en sus operaciones militares.

Lo que no es, ciertamente, "proporcionado" es que mientras las autoridades israelíes alejan lo más posible sus áreas militares de los centros de su población civil, a la que dotan de los más efectivos medios de protección, los terroristas de Hamás instalen deliberadamente sus centros de mando y sus arsenales militares en los sótanos de edificios, hospitales, escuelas y mezquitas.

Como ha reconocido, en parte, el ministro de Exteriores de la ANP, Riad El Malki, en una entrevista en La Vanguardia, "a Hamás no le importa la muerte de mil palestinos, de diez mil o el exterminio". Tampoco le importa la creación de un Estado palestino, sino "ampliar el control del movimiento internacional de los Hermanos Musulmanes y crear un califato islámico que se extendería a Egipto y a Jordania".

Aunque los representantes de la ANP tampoco es que hayan sido tradicionalmente ejemplos de desvelo por la suerte de su propia población, lo cierto es que un cada vez mayor número de palestinos aspira a una paz justa y duradera con Israel. Muchos de ellos, han sido, de hecho, asesinados por Hamás.

A todos ellos extiendo mi solidaridad. Aunque considere igualmente lamentables todas las muertes de inocentes, la distinción y la expresión de "daños colaterales", lejos de parecerme odiosa, me parece esencial para el enjuiciamiento moral de una guerra que, con todos sus horrores, a veces es obligado librar por la paz.

Por qué Israel se siente amenazado
Irán, Hezbolá, Hamás y el crecimiento demográfico de los árabes en el interior de sus fronteras anteriores a 1967 provocan que la población del Estado fundado por Ben-Gurión vea con recelo el futuro
BENNY MORRIS El País 17 Enero 2009

Muchos israelíes tienen la sensación de que el mundo (y la historia) se les viene encima en un Estado nacido hace apenas 60 años, al igual que ocurriera a comienzos de junio de 1967, justo antes de que Israel se embarcara en la Guerra de los Seis Días y destruyera los ejércitos egipcio, jordano y sirio en el Sinaí, Cisjordania y los Altos del Golán.

Hace más de 40 años, los egipcios expulsaron a las fuerzas de paz de Naciones Unidas de su frontera en el Sinaí, cerraron el estrecho de Tirán al tráfico marítimo y aéreo israelí, y desplegaron el equivalente a siete divisiones acorazadas y de infantería a las puertas del Estado judío. Tras haber firmado una serie de pactos militares con Siria y Jordania, Egipto envió sus fuerzas a Cisjordania, y las emisoras de radio árabes lanzaban encendidos mensajes sobre la cercana destrucción de Israel.

Los israelíes o, mejor dicho, los judíos israelíes están reviviendo lo que sintieron sus padres en aquellos días apocalípticos. En la actualidad, Israel es un Estado mucho más poderoso y próspero que entonces. En 1967 tan sólo había unos dos millones de judíos en el país (actualmente hay cerca de 5,5 millones), y el ejército carecía de armas nucleares. Sin embargo, la mayor parte de la población mira con recelo hacia el futuro.

Éste es el resultado de dos problemas generales y de cuatro causas concretas. Los problemas generales son sencillos. En primer lugar, a pesar de las esperanzas israelíes y de los acuerdos de paz firmados con Egipto y Jordania en 1979 y 1994, el mundo árabe, y más ampliamente el islámico, nunca ha aceptado realmente la legitimidad de Israel y continúa oponiéndose a su existencia.

En segundo lugar, el apoyo de la opinión pública occidental (y, por ende, en la mayoría de las democracias, de sus Gobiernos) a Israel es cada vez menor, pues se mira con recelo el tratamiento que éste da a sus vecinos palestinos. La memoria del Holocausto está cada vez más difuminada y resulta poco útil.

Más concretamente, Israel se enfrenta a un conjunto de amenazas graves. Al este, Irán avanza frenéticamente en su proyecto nuclear, el cual, en opinión de la mayoría de los israelíes y de las agencias de inteligencia del mundo, tiene como objetivo la producción de armas nucleares. Esto, unido a las amenazas públicas de su presidente, Mahmud Ahmadineyad, de destruir Israel (y su negación del Holocausto) tiene en ascuas a los líderes políticos y militares de Israel.

Al norte, la organización fundamentalista del Líbano, Hezbolá, que también ha jurado destruir Israel y sigue el ejemplo de Irán, ha conseguido rearmarse tras su enfrentamiento con los judíos en 2006. Según la inteligencia israelí, Hezbolá tiene un arsenal de 30.000 a 40.000 misiles de fabricación rusa suministrados por Siria e Irán (el doble de los que poseía en 2006). Algunos de ellos podrían alcanzar Tel Aviv y Dimona, donde se ubican las instalaciones nucleares israelíes. De desencadenarse una guerra entre Israel e Irán, Hezbolá no tardaría en unirse a la refriega (como tampoco sería extraño que se uniera al renovado conflicto entre Israel y Palestina).

Al sur, Israel se enfrenta al movimiento islamista de Hamás, que controla la Franja de Gaza y cuyos principios fundacionales contemplan la destrucción de Israel y la dominación de Palestina bajo la autoridad y la ley islámicas. En la actualidad, los miembros de Hamás se cuentan por miles y la organización tiene un amplio arsenal de misiles (Qassams, de fabricación casera y rusa; Katyushas, financiados por Irán, y Grads, traídos de contrabando por los túneles del Sinaí, donde los egipcios, básicamente, hacen la vista gorda).

El pasado junio, Israel y Hamás acordaron una tregua de seis meses. Las facciones armadas de Gaza se encargaron de romper con frecuencia esa calma inestable lanzando misiles contra los asentamientos fronterizos de Israel. La respuesta de este último fue la suspensión, también con frecuencia, de los envíos de suministros a Gaza. En noviembre y a principios de diciembre, Hamás incrementó los ataques con misiles y anunció, formal y unilateralmente, el final de la tregua. La población y el Gobierno israelíes dieron entonces carta blanca a su ministro de Defensa, Ehud Barak. El eficaz ataque de Israel sobre Hamás fue la primera medida adoptada. La mayoría de los complejos de seguridad y gubernamentales de Hamás quedaron destruidos y murieron cientos de sus seguidores.

Sin embargo, el ataque no resolverá el problema de base planteado por la Franja de Gaza, donde viven 1,5 millones de palestinos víctimas de la desesperación y la pobreza, gobernados por un régimen fanático, y prácticamente aislados por las vallas y los controles fronterizos vigilados por Israel y Egipto.

Seguramente, esto no doblegará a la organización Hamás, pero sí se podrá ejercer presión suficiente como para conseguir, con la mediación de Turquía o Egipto, una nueva tregua temporal. Parece ser que esto es lo máximo a lo que se podría aspirar, si bien nadie duda de que los ataques con misiles en el sur de Israel se reanudarían una vez que Hamás recuperara el aliento.

La cuarta amenaza inmediata para la existencia de Israel es de carácter interno, y no es otra que la planteada por la minoría árabe que vive en el país. En las dos décadas pasadas, los 1,3 millones de ciudadanos árabes de Israel se han radicalizado. Muchos de ellos han reconocido abiertamente una identidad palestina y han hecho suyos los objetivos nacionales palestinos. Sus portavoces afirman que su lealtad está con su gente, más que con su Estado, Israel. Muchos de los líderes de la comunidad, que se benefician de la democracia israelí, apoyaron más o menos públicamente a Hezbolá en 2006 y siguen abogando por su "autonomía" (de un tipo u otro) y la disolución del Estado judío.

Son las características demográficas, en lugar de la victoria árabe en el campo de batalla, lo que sienta las bases de dicha disolución. La tasa de natalidad de los árabes israelíes es de las más elevadas del mundo, con cuatro o cinco hijos por familia (frente a los dos o tres de los judíos israelíes).

Si la tendencia actual persiste, los árabes constituirán la mayoría de los ciudadanos israelíes en 2040 o 2050. Dentro de cinco o diez años, los palestinos (los árabes israelíes, junto con los que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza) formarán la población mayoritaria de Palestina (la tierra que se extiende entre el río Jordán y el Mediterráneo).

Las fricciones entre los árabes israelíes y los judíos israelíes se alzan ya como un factor político contundente. En el año 2000, a comienzos de la segunda Intifada, miles de jóvenes árabes, en simpatía con sus hermanos de los territorios, se manifestaron en las principales carreteras israelíes y en las ciudades con mezcla étnica de Israel.

El pasado diciembre se ha visto un nuevo brote, si bien a menor escala, de tales protestas. Al final del camino, los judíos de Israel temen mayores explosiones de violencia y terrorismo por parte de los árabes israelíes. La mayor parte de los judíos ven en la minoría árabe a una potencial quinta columna.

El elemento común a todas estas amenazas concretas es la falta de convencionalismo. Entre 1948 y 1982, Israel supo hacer frente con relativo éxito a las amenazas de los ejércitos árabes tradicionales. De hecho, consiguió derrotarlos de forma aplastante en más de una ocasión. Pero la amenaza nuclear de Irán, el ascenso de organizaciones tales como Hamás y Hezbolá que operan más allá de sus fronteras y desde el interior de densas poblaciones civiles, y la creciente insatisfacción de los árabes israelíes con el Estado y su identificación con el enemigo, ofrecen un panorama completamente distinto. Y éstos son desafíos que los líderes y la población de Israel, vinculados a las normas de conducta democráticas y liberales de Occidente, encuentran especialmente difíciles de llevar.

La sensación que vive Israel de que el mundo se les viene encima desencadenó una reacción violenta a finales del año 2008. Dadas las nuevas realidades, no sería sorprendente que a ello le siguieran explosiones más agresivas.

Benny Morris es catedrático de Historia de Oriente Medio en la Universidad Ben-Gurión y autor del libro 1948: A History of the First Arab-Israeli War.

Judeofobia y Cristofobia
TOMÁS CUESTA ABC 17 Enero 2009

CUANDO el señor Adorno formuló aquella solemne frase sobre la imposibilidad de cultivar la poesía tras el horror de Auschwitz, estaba ya echando mano del lirismo para aliviar la quemazón del drama. Porque, evidentemente, Adorno se adornaba. Pero lo sustancial, en cualquier caso, es que después de Auschwitz se puede escribir de todo y en todos los formatos. Lo que no es de recibo, sin embargo, es escribir igual que siempre; o, mejor dicho, igual que antes. Como si nunca hubiese existido un Auschwitz. A estas alturas de la historia nadie en su sano juicio puede poner en duda que el correlato de la degradación moral es el agusanamiento del lenguaje. El odio, la vileza, el sectarismo, la mezquindad «prêt-à-penser», los remoquetes miserables, transforman en carroña las palabras y mudan las ideas en mortajas.

De ahí que ese confuso guirigay con el que intentan aplastarnos, esa cacofonía bronca y tabernaria, apeste a podredumbre por los cuatro costados. No pasa un día sin que los genocidas del idioma acusen a Israel de perpetrar un genocidio en el frente de Gaza. Sin que los sacerdotes del humanitarismo selectivo repartan anatemas e indulgencias plenarias. Sin que se nos invite a comulgar con ruedas de molino en aras de la santurronería laica. O sin que los gestores del «holding» CSL (la lucrativa Compasión Sociedad Limitada, una multinacional en alza) refrenen su afición a los ripios flagrantes —¡ripios después de Auschwitz!— ni que se abstengan de tomarse la Shoah, el ciego vendaval del sufrimiento y la desgracia, a beneficio de inventario electoral o a guisa de siniestra coartada.

Decía Joseph Roth —el santo veedor de la barbarie nazi— que la verdad es un susurro apenas y la mentira un grito interminable. Aquélla se propaga a través de la razón; la falsedad, por contra, se transmite mediante los tantanes de la propaganda. Una madura poco a poco, si es que no se malogra en el viaje. La otra, en cambio, germina por ensalmo, igual que la avena loca o la cizaña, y a ningún terreno le hace ascos. En general, los grandes novelistas poseen un oído excepcional que les distingue del común de los mortales. Y el desdichado Josep Roth —grande entre los muy grandes— sabía captar al vuelo certezas esenciales en medio del ensordecedor barullo de la furia y la farsa. Él fue el primero que alcanzó a vislumbrar, dejando constancia de ello en negro sobre blanco, ese «impulso suicida de la civilización occidental» que es, según Steiner, el auténtico detonador del Holocausto. En el otoño de 1933, ya exiliado en París, Roth disecciona en los «Cahiers juifs» la visceralidad asesina de la bestia parda. «Es un error —afirma— considerar que Hitler es un nuevo capítulo del antisemitismo, aún si la tragedia acaba consumándose. A lo que aspira el Tercer Reich es a arrancar de cuajo la cultura de la que somos un raigón inexcusable. Al exterminar a los judíos se quiere acabar con Cristo y los que antaño fuimos perseguidos por llevarle al Calvario lo seremos ahora por haberle alumbrado».

Luego de tres cuartos de siglo, el luminoso diagnóstico de Roth les viene que ni hecho a la medida a los islamonazis actuales. Si la Europa medrosa, chirle y desfibrada se deja seducir por cantos de sirena, melopeas angélicas y salmodias mediáticas, volverá indefectiblemente a suicidarse. Si se niega a apoyar a los que aguantan el envite del totalitarismo islámico, la libertad de nuevo sucumbirá en la guerra sin haber dado la batalla. Tanto da bestia verde o bestia parda; la bestialidad persiste, varían los collares. No se altera el rencor inagotable, tampoco el fanatismo, ni la saña. Y es que, a fin de cuentas, judeofobia y cristofobia son manifestaciones similares de un virus mutante. Una epidemia que aparece y torna a aparecer enmascarada con distintos antifaces. Por eso es indecente abaratar el contenido de expresiones que han sido moldeadas con el dolor ajeno o con la propia sangre. Se puede —se debe incluso— buscarle las cosquillas a un poema pese al horror de Auschwitz. Lo intolerable es olvidar qué significa Auschwitz.



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La política lingüística jugará un destacado papel en la próxima Legislatura vasca. La Plataforma por la libre elección exige a los partidos en campaña un compromiso para frenar la imposición del vascuence en las aulas
La batalla del euskera, en las urnas
Iker Moneo La Razón 17 Enero 2009

madrid- La batalla para acceder a la Presidencia vasca ha comenzado. Y uno de los retos más importantes que tendrá que afrontar el próximo inquilino de Ajuria Enea será el de la política lingüística. Quien gane los comicios convocados para el 1 de marzo tendrá que retomar la fallida reforma de los tres modelos lingüísticos actuales (euskera, castellano y bilingüe) que el tripartito de Ibarretxe pretendía convertir en uno único con el 60 por ciento de las materias en euskera en el tramo final de la Legislatura que expiró el día 5.

La falta de consenso y, en buena medida, la protesta social emprendida de manera inédita por la Plataforma que integran más de 3.000 progenitores que defienden la libertad de elección lingüística en la educación de sus hijos, han frenado la aprobación del que era uno de los compromisos principales del Gobierno vasco. María Aldecoa, portavoz del colectivo de padres, emplaza a los distintos partidos que comienzan a batirse el cobre en la contienda electoral a que sean «sinceros» a la hora de adquirir compromisos en materia educativa y lingüística.

A todos les traslada tres demandas. Que deroguen el decreto aprobado por el Ejecutivo de Ibarretxe mediante el cual la lengua vehicular de la enseñanza es el euskera , una norma que ha servido para que muchos centros apliquen ya lo que el tripartito pretendía lograr con la aprobación de una nueva ley que dilapide los tres modelos lingüísticos vigentes. También solicita que las distintas formaciones políticas no utilicen la educación como «moneda de cambio».

Y, por último, que la reforma lingüística que parece inevitable pase por que los padres puedan elegir para sus hijos como lengua vehicular de la enseñanza tanto el euskera como el castellano. En definitiva, la Plataforma exige ante la campaña lo que lleva defendiendo ante distintas instancias desde que se conformase hace un año a raíz de la supresión de asignaturas en castellano a favor del euskera en el colegio de Vitoria Sagrado Corazón, en el que estudian los hijos de Aldecoa, a quien su labor al frente de la Plataforma le ha valido el rechazo de la Junta Directiva del centro por «hacer frente al Gobierno vasco».

Entre los hitos de la asociación se encuentran el haber acudido al Ararteko (defensor del pueblo de la comunidad vasca), al Defensor del Pueblo y a la Conferencia Episcopal para que mediasen ante la imposición lingüística que ejerce el Gobierno de Ibarretxe y que, además, denunció en el Parlamento Europeo. También hay que recordar la concentración que convocó frente a la residencia oficial del lendakari bajo el lema «Ibarretxe, consulta a los padres» y las reuniones mantenidas con distintos sindicatos y partidos que concluyeron con resultados muy dispares.

El PP prometió seguir luchando por la derogación del decreto que prima el euskera en la enseñanza y contra el que presentó un recurso el 14 de enero de 2008 que aún tiene que resolver el TSJ del País Vasco. El PSE no adquirió tal compromiso, pero aseguró que fomentará la creación de un modelo trilingüe (con inglés) libre de imposiciones. Y el PNV, que intenta vender ahora de cara a los comicios una postura «moderada», defendió a capa y espada la implantación masiva del euskera en un tenso encuentro en el que mandó a los padres a vivir a Logroño, como ha tenido que hacer una de las integrantes de la Plataforma que vivía en Vitoria ante la imposibilidad de matricular a sus hijos en el modelo A (castellano). A la espera del resultado de las urnas y de la veracidad de las promesas electorales, la Plataforma advierte de que no cejará en su empeño por defender la libertad de elección lingüística.

Política y derecho
JOSEBA ARREGI El Correo 17 Enero 2009

Y a hemos visto la imagen del lehendakari Ibarretxe sentado en el banquillo ante el tribunal encargado de juzgar su papel de colaborador necesario para que los líderes de Batasuna pudieran cometer el delito de desobediencia. Hemos visto también a los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares por el mismo motivo, y a los líderes de Batasuna que siempre han afirmado que la legalidad española no va con ellos. Mucho se ha escrito, desde muchas perspectivas distintas: desde la del derecho, desde la de la política, desde la de los cálculos electorales. Como no soy entendido en cuestiones de derecho, me acojo a las explicaciones publicadas en estas páginas por José María Ruiz Soroa (13-1-09), también después del sobreseimiento de la causa.

Partiendo de que no es una situación normal aquélla en la que el presidente de un Gobierno y líderes de partidos políticos democráticos tengan que sentarse en el banquillo a causa de actos aparente y estrictamente políticos, la situación creada es merecedora de algunas reflexiones serias que afectan a la comprensión misma de la democracia.

A veces la mejor manera de entender determinados comentarios sobre temas peliagudos radica en dar un rodeo: no ir directamente a lo que aparece explícitamente formulado, sino tratar de ver lo que hay tras las afirmaciones explícitas. ¿No sería posible que tras el enfado con los jueces que han hecho posible que se haya llegado a la apertura de juicio oral por las reuniones mantenidas por Ibarretxe, por un lado, y por López y Ares por otro con Otegi se esconda otro enfado -y no hace falta ser seguidor de Lacan para ello-? ¿No es posible que el enfado tenga como objeto a quienes hicieron fracasar el llamado proceso de paz? ¿No es posible que en el trasero de los jueces se esté dando patadas a quienes no llevaron bien el llamado proceso de paz, y a quienes lo hicieron fracasar?

Visto desde el otro lado: ¿No es posible que el enfado con las reuniones de Ibarretxe y de López y Ares con Otegi provenga en realidad del enfado con la dificultad de criticar no el intento mismo de hablar con ETA, sino el jolgorio de discursos biensonantes, frívolos y dañinos para la narrativa de las víctimas que acompañó al llamado proceso de paz, y que creó una especie de discurso oficial inatacable si no se quería ser expulsado de la sociedad bienpensante y bienintencionada?

Es bastante posible que el enfado con los jueces, y el recurso a la justicia, tenga mucho que ver con el fracaso de la política, con el fracaso de la sociedad vasca en su comportamiento con ETA, con el fracaso del nacionalismo en su posición frente a ETA, con una comprensión de la política en la que el supuesto fin de la supuesta paz ha puesto todos los conceptos, todas las palabras y todas las ideas patas arriba. Si la sociedad hubiera reaccionado ante el terror de ETA con mucha más decisión, si el nacionalismo hubiera trazado una línea clara frente al nacionalismo de ETA, si la búsqueda de la paz se hubiera llevado a cabo desde el acuerdo entre los partidos democráticos y desde el respeto a la narrativa de las víctimas es más que probable que nos habríamos podido ahorrar este juicio.

Como quiera que cada uno responda a estas preguntas, lo cierto es que en los comentarios al juicio de Ibarretxe, López, Ares, Otegi y otros se están empleando argumentos que merece la pena analizar, porque está en juego la comprensión misma de la democracia. Y dejo de lado la afirmación de muchos de los inculpados de que no se arrepienten de nada, de que volverían a hacer lo mismo. No aporta nada para comprender lo que está sucediendo. Más importancia posee el argumento de que la justicia no puede interferir en las decisiones políticas, de que la justicia y la política son ámbitos separados, de que la justicia no puede entrar a hacer política, y que ésta queda en manos de los políticos, sean institucionales o no, queda en el ámbito de sus responsabilidades. En una sociedad como la española que lleva tantos años en los que la acusación de la politización de la justicia ha llenado tantas páginas de periódicos, aunque la acusación haya provenido muchas veces de políticos -y periodistas que los apoyan- que han sido los causantes estructurales de la politización de la justicia que tratan de condenar -y no se libra ningún partido de ello-, argumentar diciendo que es preciso trazar una clara línea de separación entre la política y el derecho, entre las actuaciones de la política y la justicia cuenta con una gran ventaja. Y sin embargo es un argumento que merece ser muy matizado.

Es cierto que en democracia debe existir un ámbito autónomo de la política en el que no intervenga directamente la justicia. Es cierto que la judicialización de la política encierra graves riesgos. Pero ello no debe ni puede conducir a la conclusión de que la política es un ámbito, en democracia, no sujeto al derecho, no sujeto a la justicia que interpreta el derecho. La separación de política y derecho sólo es pensable en democracia bajo la premisa de que todo en democracia está sometido al derecho, al imperio del derecho y de la ley.

El Tribunal Constitucional es ejemplo clarísimo de ello: todas las leyes aprobadas por las mayorías parlamentarias están sujetas a su posible revisión constitucional, a la revisión de si son acordes o no a derecho. Incluso leyes como el nuevo Estatuto catalán, aprobado por el Parlamento catalán, por el Parlamento español y por los votantes catalanes está sujeto a su revisión por el Tribunal Constitucional, aunque algunos quieran construir un choque de legitimidades.

Democracia es la sumisión del poder constituyente, de la soberanía, al imperio del derecho y de la ley, y sólo así es posible que exista un ámbito autónomo de la política. En el juicio al que nos referimos no se está juzgando la autonomía de la política -ni mucho menos las instituciones vascas-, sino si determinados actos políticos son acordes a derecho. Esta revisión siempre debe ser posible en democracia, porque en otro caso se podría llegar a una situación en la que determinada mayoría decidiera actuar sin tener en cuenta los imperativos del derecho.

Han escrito los analistas que el lehendakari Ibarretxe ha cambiado su estrategia de defensa. Algunos añaden incluso que ha sido muy inteligente en ello desde el punto de vista electoral: en el último momento ha querido que se materialice el juicio hasta el final, para probar, dicen, que el diálogo no puede ser prohibido, para que la justicia corrobore que la única solución es el diálogo. Habiendo argumentado hasta ahora que la apertura del juicio oral implicaba la negación de la autonomía de la política, ahora la defensa del lehendakari pretende elevar esa negación a dogma: el diálogo es la única solución al conflicto si lo dictamina la justicia. La posibilidad de la política, la posibilidad de una determinada política, la defendida siempre por Ibarretxe, depende ahora de lo que dictamine la justicia, necesita de la bendición de la justicia. No puede haber mayor declaración de sumisión.

Pero incluso si el juicio se hubiera llevado a cabo hasta su final, y en ese final se hubiera declarado la absolución de todos los que se sientan en el banquillo, lo que habría podido declarar la sentencia es que las citadas reuniones quedan en el ámbito de la autonomía de la política, pero no habría podido decir que los actos políticos quedan fuera de la consideración del derecho, ni que la única política posible ante ETA sea el diálogo. Porque lo único que la justicia puede decir desde el derecho es que todo lo que acontece en el ámbito de la política democrática debe sujetarse al derecho. Porque en democracia no existe ni voluntad, ni sentimiento, ni convicción ni cosa parecida que en el espacio público esté exenta del sometimiento al derecho y a la ley.

No cabe duda de que existe un peligro de judicialización de la política. Pero ello no puede significar nunca en democracia que exista algún ámbito de la política que no esté sometido al derecho. Y en este sentido estricto, la política democrática, incluida la administración de los asuntos públicos, siempre está sometida al derecho, y por lo tanto a la justicia que entiende de ello. Para la protección de las libertades y de los derechos de los ciudadanos. Lo que se critica como excesiva judicialización de la política se da, casi siempre -y una mirada a algunos países como Alemania y EE UU, por ejemplo- cuando algún actor político abandona los consensos básicos y se adentra en aventuras no soportadas por unas amplias mayorías.

La crítica de la judicialización de la política puede ser, y de hecho lo es, indicativa de la fractura de consensos básicos. Es entonces cuando se produce. Lo que no significa que quienes proceden a llevar a los tribunales actuaciones políticas no se lo deban pensar mucho antes, pues la justicia preserva su valor siempre que no se la convierte en una tercera cámara política.
«Es cierto que en democracia debe existir un ámbito autónomo de la política en el que no intervenga directamente la justicia», dice el autor. «Pero ello no debe ni puede conducir a la conclusión de que la política es un ámbito, en democracia, no sujeto al derecho», subraya

El embrollo legal de la lengua

POR A. F. ABC (Galicia) 17 Enero 2009

SANTIAGO. En los dos últimos años, con la entrada en vigor de la nueva ley educativa del bipartito, se ha abierto un debate idiomático en la enseñanza marcado por decisiones en uno y otro sentido acerca de la libertad individual.

El decreto 124/2007
El decreto «Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo» de la Consellería de Educación fue publicado en el Diario Oficial de Galicia el 29 de junio de 2007. Recoge que «es necesario ahondar en el desarrollo de los preceptos de la Ley de Normalización Lingüística en lo tocante a la enseñanza, sin duda un sector fundamental para la implantación de hábitos lingüísticos en gallego, y establecer una nueva reglamentación del gallego que facilite su empleo de manera progresiva y generalizada en todos los niveles y grados no universitarios».

El documento establece en su segundo artículo el uso «con carácter general» del gallego en toda la documentación del sistema educativo. En el sexto, referido al «Horario de la lengua gallega», se argumenta que «en las enseñanzas de régimen general y en la educación de personas adultas se asignará globalmente el mismo número de horas a la enseñanza de la lengua gallega y de la lengua castellana».

Con respecto a la Educación Infantil, dicta que «el profesorado usará en la clase la lengua materna predominante entre el alumnado», aunque estableciéndose que «en el caso de entornos castellanohablantes, la utilización en esta etapa de la lengua gallega como lengua de comunicación y enseñanza será, como mínimo, igual a la de la lengua castellana».

En este sentido, el decreto significa que «se fomentará la adquisición progresiva de la lectura y de la escritura en gallego, en el sentido de que éste se convierta en el idioma base del aprendizaje».

En el caso de la Secundaria, el texto legal establece que las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Matemática y Educación para la Ciudadanía se impartirán en gallego. Para el Bachillerato, un mínimo de un 50 por ciento de horas en gallego.

Libros en castellano, sí
El Servicio Provincial de Inspección Educativa (integrada en la Subdirección Xeral de Inspección, Evaluación y Calidad del Sistema Educativo de la Xunta) resolvió el pasado 8 de septiembre, en el inicio del curso, una solicitud -con registro de salida 152978- en la que reconocía el derecho de dos alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Breamo, en la localidad coruñesa de Pontedeume, a disponer de libros de texto en castellano dentro del programa de préstamo gratuito de la Administración.

Inspección recalcaba que el derecho debía mantenerse siempre que los materiales estuviesen disponibles (esto es, siempre que la versión gallega utilizada por el centro tuviese su correlativo en castellano).

El delegado coruñés
Tan sólo un mes más tarde de la pronunciación de la Inspección, el delegado provincial coruñés de Educación, en una resolución fechada a 22 de octubre y en respuesta a una queja formulada por el padre de un alumno, el delegado provincial Manuel Mouriz estipulaba que «no se le deberán poner impedimento para los hijos del denunciante, como a cualquier otro alumno, emplee las dos lenguas oficiales de Galicia como lenguas de expresión», salvo «en las clases o actividades relacionadas» con un determinado idioma.

La decisión de Mouriz, en un principio en sintonía con el dictamen anterior de la Inspección, recogía sin embargo que, aun reconociendo la facultad del alumno para estudiar siguiendo los manuales escritos en el idioma que elija. éste sólo tendría derecho al préstamo gratuito de aquellos libros seleccionados por el propio centro. Lo que, en efecto, limitaba la posibilidad de elección.

Sentencia en Cataluña
Durante toda la polémica abierta en Galicia, una sentencia del Tribunal Supremo confirmaba una resolución dictada en 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), reiterada en 2008, en la que se instaba al departamento de Educación de la Generalitat a consultar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar, dentro de los ciclos de enseñanza Infantil y Primaria. Por extensión, la obligación comunicada por el Supremo afecta también a Galicia y el País Vasco, con lenguas cooficiales.

La resolución de Educación
De la Administración, a los tribunales. El conflicto de los padres de escolares gallegos con la Xunta finalizará en los juzgados después de que éstos comenzasen a recibir, a lo largo de esta semana, resoluciones contrarias a las intervenciones orales, uso de materiales y pruebas de examen en castellano para alumnos que, debido a su condición castellanohablante, solicitaron su participación en las clases en castellano de forma individual.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dirimirá cuáles son las excepciones -si reconoce su existencia, obviamente, más allá de las exenciones temporales- al «carácter general» del uso del gallego establecido en el decreto de 2007, que no se especifican en el texto.

En Cataluña ya no existe ningún medio audiovisual que emita sólo en español
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 17 Enero 2009

Hazteoir.org ha publicado un nuevo blog titulado "Economía y Nacionalismo: El dinero de todos en la España de las autonomías". En él, Hazteoir.org denuncia que en Cataluña ya no existe ningún medio audiovisual que emita sólo en español. Es como si los catalanes hispanohablantes no tuviesen derechos lingüísticos y, por lo tanto, saltándose toda la legalidad de un país democrático y civilizado, se les privase a los ciudadanos de sus propios medios en su lengua propia, es decir, en la que hablan y escriben habitualmente.

Es muy fácil criticar a Franco y acusar al disconforme de franquista, pero sin duda es mucho más difícil no repetir sus mismos errores y cambiar su autoritarismo uniformador por otro diferencialista que pretenda, a su vez, la uniformidad coactiva a nivel del terruño, de la región, la comunidad o como le quieran llamar. A mí, a estas alturas, ya me da igual porque le llamen como le llamen, no me creo nada.

Si Cataluña fuese un estado independiente, "dependería" (sí, dependería) de la normativa europea y se vería obligada a aplicarla si quisiera permanecer dentro de la UE. Como no lo es, el responsable de hacer que se apliquen las leyes en todas las comunidades de España es el gobierno central.

Pero como éste está condicionado por pactos y cambalaches con los nacionalistas, aquí la ley es papel mojado. No sirve para nada. Nadie ejerce la autoridad necesaria para aplicarla. Cada partido defiende antes de nada su cuota de poder y lo que pase y sufra el pueblo llano a los señores políticos les importa poco o nada. Ellos se aseguran de cobrar sus sueldazos y de alcanzar el derecho a la jubilación máxima en dos legislaturas... y a los demás que nos parta un rayo.

Es triste vivir en un país así. Muy triste.
LA NOTICIA: Ya no existe en Cataluña ningún medio de comunicación audiovisual que emita sólo en español
http://blogs.hazteoir.org/economiaynacionalismo/2009/01/14/informe-un-ano-de-catalanizacion-obligatoria-de-los-medios-audiovisuales/
14 enero 2009

No existe ya en Cataluña ningún medio de comunicación audiovisual de ámbito regional o local que emita sólo en español. De hecho se ha llegado ya a una situación en la que es ilegal que un operador emita sólo en español.

Hace un año entró en funcionamiento la Instrucción General 295/2007, destinada a limitar los derechos lingüísticos en los medios de comunicación audiovisuales públicos y privados. La Instrucción General del CAC controla, a través de una lista de “nuevas obligaciones”, la actividad de los operadores mediáticos y establece un régimen de sanciones.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) es el órgano del gobierno catalán que tiene como misión lograr la adaptación de los medios de comunicación audiovisuales al ideario nacionalista. Sus competencias se extienden a todas las televisiones y radios públicas y privadas de ámbito regional y local, y a las cadenas de radio de ámbito estatal, pero no a las televisiones de este ámbito, al menos por el momento.

Esta institución del gobierno catalán no es precisamente barata. Emplea a 75 personas, la mayoría de las cuales trabaja en la sede de la organización, en la calle Entenza de Barcelona. Todo ello comporta a los ciudadanos un gasto total de 9.7 millones de euros al año, según cifras de la Asociación por la Tolerancia, una de las organizaciones cívicas a favor del bilingüismo en Cataluña.

El CAC está dirigido por un Consejo de 10 asesores cuyo presidente ha sido hasta esta semana el dimisionario Josep María Carbonell, exdiputado del PSC en el Parlamento catalán. Los asesores son nombrados por los partidos políticos catalanes para un periodo de seis años. De los 10 asesores, 7 han sido diputados en el Parlamento de Cataluña.

Todos los partidos políticos excepto Ciutadans han colocado a representantes suyos para formar el Consejo. El dinero público que se utiliza sólo para pagar a estos representantes alcanza la cifra de 1.300.000 € al año, ya que cada asesor cobra la friolera de 130.000 € anuales, según ha hecho público el partido Ciutadans.

Como era de esperar, el CAC se define a sí mismo como “autoridad independiente” para la regulación de la comunicación audiovisual en Cataluña y dice actuar “en defensa de la libertad de expresión e información y del pluralismo”.

A pesar de estas afirmaciones, el hecho es que el CAC es una de las múltiples y variadas instituciones que forman el entramado nacionalista en Cataluña. Fue creado por CiU cuando ésta ocupaba la Generalidad en el año 2000 con el objetivo de “velar” por los contenidos de los medios de comunicación audiovisuales. Pero fue con el gobierno tripartito de Pasqual Maragall en el 2005 cuando el CAC recibió su mayor impulso. Para ello se diseñó y aprobó la Llei de l’Audiovisual de Catalunya, en vigor desde aquel año.

Desde la aprobación de la LLei de l’Audiovisual, el CAC ha tenido las manos libres para coaccionar, controlar y sancionar a los medios de comunicación audiovisuales, además de tener la potestad de conceder y retirar licencias de emisión a operadores públicos y privados. Fue precisamente con la resolución del último concurso de concesión de licencias radiofónicas, con todas ellas yendo a parar a amigos y clientes del nacionalismo gobernante, cuando el CAC protagonizó el último escándalo de práctica corrupta.

La Llei de l’Audiovisual de Catalunya se diseñó en el 2005 con la idea de dar cobertura legal a la Generalidad para poder intervenir plenamente en la regulación de los operadores y sus contenidos. El objetivo era y sigue siendo moldear a los medios de comunicación hasta convertirlos en fieles a la doctrina nacionalista. Como dice la propia Llei de l’Audiovisual, la Generalidad debe intervenir para que los operadores y contenidos del sistema audiovisual catalán reflejen la “realidad catalana”.

Una de las muchas normativas creadas por el CAC para “catalanizar” a los medios de comunicación ha cumplido su primer aniversario. Se trata de la Instrucción General 295/2007, publicada en el Diario Oficial de la Generalidad (DOGC) el 28/12/2007, y trata sobre la presencia del catalán y la cultura catalana en los medios de comunicación audiovisuales.

El objetivo de esta normativa es la “normalización” de la lengua y cultura catalanas y del aranés en los medios de comunicación audiovisuales. Además, esta Instrucción General declara al aranés – lengua hablada por cerca de 2.000 personas en el Valle de Arán - lengua “asimilable” al catalán a todos los efectos. Es decir, todo lo que esta normativa decreta para el catalán, lo decreta también para el aranés en la zona donde esta lengua es hablada.

La Instrucción General del CAC es un documento puntilloso de nueve páginas que regula hasta la obsesión los detalles más inverosímiles. Contiene una lista de “nuevas obligaciones” para los operadores mediáticos y un régimen de sanciones frente a posibles desobediencias. Las nuevas y múltiples obligaciones que contraerán los operadores en Cataluña están agrupadas en tres grandes áreas: la lengua de los medios de comunicación audiovisuales, la presencia de la cultura catalana y la emisión de música cantada en catalán.

En todos los medios públicos, la lengua de emisión deberá ser el catalán (y el aranés) durante al menos el 90% del tiempo, mientras que en los privados, el 50%. Las cadenas de radio de ámbito estatal quedan excluidas de esta obligación durante 6 horas consecutivas diarias, pero están obligadas a seguir este cómputo el resto del tiempo. No señala, sin embargo, ninguna obligación para las cadenas de televisión de ámbito estatal, ni públicas ni privadas, posiblemente porque en este caso hay obstáculos legales para tal imposición, mientras que en el caso de las radios estatales se ha encontrado una vía libre.

La cultura catalana debe estar presente en los programas de radio y televisión de contenido cultural al menos durante un 50% del tiempo, tanto en los operadores públicos como en los privados. Durante este 50% del tiempo, los operadores deberán informar, valorar y dar a conocer obras artísticas y culturales realizadas en catalán o por autores catalanes, dentro de una exhaustiva lista de ámbitos como la pintura, la arquitectura, el ensayo o la literatura.

Debe haber una presencia “adecuada” de canciones producidas por artistas catalanes, que se concreta en un 25%. De todas las canciones que emitan las televisiones y las radios en Cataluña, un 25%, como mínimo deberán ser interpretadas en catalán.

Una vez especificadas las nuevas obligaciones, este documento orwelliano requiere a todos los operadores a que acrediten el cumplimiento de las mismas mediante la modalidad de acreditación trimestral y la anual. Por supuesto, el CAC se reserva el derecho de exigir a los operadores datos del cumplimiento de sus nuevas obligaciones en el momento que le parezca oportuno.

Finalmente, se establece el régimen sancionador para los que no cumplan, potestad que tiene el CAC y que le viene otorgada por la Llei de l’Audiovisual de 2005. Las sanciones son multas de entre 90.000 y 300.000 €.

Un efecto de la Instrucción General, a un año de su entrada en vigor, es que no existe ya en Cataluña ningún medio de comunicación audiovisual de ámbito regional o local que emita sólo en español. De hecho se ha llegado ya a una situación en la que es ilegal que un operador emita sólo en español o en cualquier otra lengua sin incluir el catalán y la cultura catalana.

No contento con el control férreo que ejerce sobre los medios audiovisuales, el CAC ha declarado recientemente que tiene ahora la vista puesta en Internet. “Es necesario regular Internet para garantizar la no discriminación de contenidos”, ha explicado Josep María Carbonell. En ello están.

El nacionalismo propone el boicot a las facturas en castellano
http://blogs.hazteoir.org/ 17 Enero 2009

Las instituciones regidas por nacionalistas animan a una suerte de insumisión lingüística. Desde el gobierno regional vasco se propone al ciudadano no pagar las facturas de las compañías eléctricas y de gas si no están escritas en la lengua obligatoria.

En las autonomías gobernadas por nacionalistas, la imposición no se agota en las empresas privadas, a las que se “aconseja” adherirse a compromisos lingüísticos, sino que llega hasta cada uno de sus ciudadanos, a los que se insta al impago de facturas en español.

Una de las actividades de Kontseilua, el organismo vasco encargado de “acelerar el proceso de normalización del euskara“, es el llamado “compromiso con el euskara”.

El mencionado compromiso se concreta en un documento mediante el cual el adepto ingresa en la fe lingüística obligatoria. Se trata de un texto inofensivo de puro naif, si no fuera porque de la mano de los nacionalistas, la trampa (y la agresión) viene a la hora de aplicar las normas, que suelen estar formuladas con cuidadosa asepsia. Si no fuera una norma dictada por quienes han expresado públicamente su voluntad de erradicar el castellano, este catecismo del “euskara” sería incluso asumible por cualquier ciudadano de bien, amante de todo tipo de manifestaciones culturales.

Estos son los mandamientos del “euskara” a los que se deben adherir quienes quieran profesar el credo étnico-lingüístico que promueve y subvenciona el tripartito vasco:

1. Aprenderé euskara.
2. Mejoraré mi nivel de euskara.
3. Utilizaré el euskara en bares, en la cuadrilla, en las tiendas, en casa, en la asociación, en el trabajo…
4. Mi primera palabra será en euskara al dirigirme a cualquier institución, asociación o empresa.
5. Al hablar por teléfono mi primera palabra será en euskara.
6. La primera palabra del contestador del teléfono de mi casa será en euskara.
7. Los mensajes que envíe a mis amistades , tanto del móvil como del ordenador, serán en euskara.
8. Utilizaré algo que me identifique como euskaldun.
9. Educaré a mis hijos e hijas en el modelo D [en vasco].
10. Garantizaré la presencia del euskara en todas las asociaciones y grupos en los que participe.
11. Utilizaré los topónimos y los nombres de las calles en euskara,
12. Realizaré los estudios en euskara, si existe la opción.
13. Realizaré los exámenes y trabajos en euskara.
14. En caso de leer algún libro de la literatura universal lo haré en euskara.
15. Daré preferencia y compraré los productos culturales euskaldunes y sus versiones originales.
16. Consumiré medios de comunicación euskaldunes (diarios, radios, sitios web, revistas, televisión…)
17. Me suscribiré a algún producto de la prensa escrita en euskara.
18. En el caso de las películas dobladas optaré por la versión en euskara.
19. Daré preferencia a los programas informáticos en euskara.
20. Daré preferencia a las empresas que ofertan servicio en euskara, han acometido algún plan de normalización o disponen del Certificado Bai Euskarari [lo expiden ellos mismos, los responsables de Kontseilua].
21. Solicitaré pólizas de seguro, actas y documentos de la comunidad de vecinos, contratos y recibos del gas, electricidad o servicio de aguas en euskara.
22. Solicitaré el envío de las facturas en euskara.
23. No pagaré las facturas que sólo reciba en castellano.
24. En igualdad de condiciones, optaré por los productos etiquetados en euskara.
25. No firmaré documentos que sólo estén en castellano.
26. Pediré los contratos y las nóminas en euskara.
27. Utilizaré el euskara ante la Administración pública.
28. No aceptaré traductor en la Administración de justicia.
29. Comunicaré a Behatokia las violaciones de los derechos lingüísticos. (www.behatokia.org o 902 194 332)

Behatokia es algo así como el vigilante de Kontseilua, encargado de garantizar el cumplimiento de los mandamientos lingüísticos.

Para que esta adhesión lingüística sea válida, el adepto debe entrar en la página de su compromiso personal con el “euskara”, que obviamente se llama Nire compromisoa (¡Mi compromiso!), y una vez ahí, tiene que marcar las casillas correspondientes a cada uno de los mandamientos. Luego añade su nombre, dirección, teléfono y e-mail, y lo envía a estos vigilantes de la ortodoxia étnico-lingüística.

La fronteriza ciudad extremeña fue conquistada en 1801
La UE pide a España que impulse la lengua portuguesa en Olivenza

Marcelino Ollé La Razón 17 Enero 2009

mérida- El Gobierno español debe «precisar el estatus y llegado el caso debe adoptar medidas de protección y promoción» del idioma portugués en Olivenza (Badajoz). Ésta es la recomendación que ha hecho a las autoridades de nuestro país el Comité de Ministros, máximo órgano de decisión del Consejo de Europa. Y es que esta ciudad extremeña de 9.700 habitantes, 11.500 si contamos las pedanías que de ella dependen, tuvo un pasado portugués durante casi 600 años, hasta que en 1801 Godoy la recuperó para España en la Guerra de las Naranjas. Todavía hoy, el «Grupo Dos Amigos de Olivença», sigue reivindicando la soberanía portuguesa de este municipio.

Gallego y catalán
Sin embargo, esta recomendación del Consejo de Europa, que también incluye la protección del aragonés y el catalán de Aragón, del bereber en Melilla, el árabe en Ceuta y el gallego en Castilla y León, a juicio del alcalde de Olivenza, Manuel Cayado, «llega tarde porque la ciudad ya promociona desde hace muchos años el legado portugués, el del idioma y el cultural. Los colegios de Olivenza, tanto los públicos como los concertados, tienen implantada la enseñanza del idioma portugués como asignatura optativa y la respuesta de los alumnos «es muy alta».

De todas formas, aunque el portugués es el idioma que se enseña en las escuelas, «no debe olvidarse», según Cayado, que la lengua que realmente se habla y se ha hablado en Olivenza es el «portuñol», que es el dialecto que se habla en la comarca del Alentejo portugués y en las zonas limítrofes con este país. Además, la Junta de Extremadura ha anunciado que estudiará la posible difusión del portugués en la radiotelevisión pública extremeña, a través de posibles acuerdos con la radiotelevisión pública de Portugal para suministrar a la región programas, películas o documentales que se emitan en dicho idioma. El Gobierno regional trabajará en la doble señalización (español-portugués) en determinados lugares públicos.

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