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Recortes de Prensa    Miércoles 28 Enero 2009

Sentencia del Supremo
Mala didáctica, pero hemos ganado
El movimiento ciudadano de rechazo a esta clara intromisión estatal en la determinación de los criterios que deben configurar el universo moral de las personas ha suscitado un clamor a favor de la libertad que es ya imparable.
Victoria Llopis Libertad Digital 28 Enero 2009

Acaba de conocerse el fallo del Tribunal Supremo: tras casi tres días de deliberaciones –hecho bastante insólito en la historia del Alto Tribunal–, finalmente por 22 votos a 7, según la nota emitida por la sala de prensa del Tribunal Supremo:

El Pleno de la Sala ha llegado a la conclusión de que en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia y así mismo ha establecido que los Decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. según la nota emitida por la sala de prensa del Tribunal Supremo.

A riesgo de no ser exactos por no disponer aún del texto de la sentencia, lo primero que podemos decir es que ha fallado la didáctica, disciplina que versa sobre la mejor manera de trasmitir los conocimientos; en cualquier ciencia o materia, no basta con conocer a fondo el tema: hay que saber hacerse entender.

Después de cuatro años de debate público, después de miles de paginas de artículos, estudios, entrevistas, declaraciones, conferencias, seminarios... no hemos sido capaces de hacer entender a sus Señorías que una asignatura que confiesa abiertamente que su objetivo es "formar la conciencia moral de los alumnos" y de hacerlo mediante la imposición de una forma relativista de entender la moral –que termina por hacerse depender del Derecho positivo vigente y por tanto, tan cambiante como las mayorías parlamentarias y de hacer todo eso dentro de la agenda de la ideología de género– es que no hemos hecho bien los deberes.

Desde el principio fuimos conscientes de la dificultad de "traducir" a la gente esos tres pilares en que se basa la asignatura, porque la redacción de los Reales Decretos y de la propia LOE eran deliberadamente ambiguos. Sólo los expertos podían de entrada ser capaces de reconocer todo el universo conceptual y moral que hay detrás de toda una colección de términos aparentemente inocuos.

Sin embargo, en el "juicio" a las asignatura no podía ignorarse para su completa valoración el entorno ideológico concreto del que partía su proyecto: la Fundación Cives y la Cátedra de Laicidad de la Carlos III. Recuerden la afirmación de Peces-Barba: imponer la materia "bien valía una Legislatura", o la confesión de Victorino Mayoral en aquel memorable programa radiofónico (La Tarde con Cristina, 11 de septiembre de 2007): "EpC busca contrarrestar los valores del neoliberalismo conservador". Todos entendimos que con EpC estábamos ante un proyecto global, no sólo para extirpar la secular matriz ético-cultural vigente en el pueblo español por otra en función de la agenda de la Ideología de Género, sino también para interferir desde la educación en las futuras preferencias políticas de los votantes.

Y en el juicio a la asignatura no podía tampoco ignorarse el dato numérico: nada menos que 50.000 ciudadanos habían manifestado hasta la fecha que el programa contenido en los Reales Decretos de desarrollo de la asignatura –"contenidos mínimos y obligatorios"– chocaba de forma irreparable con su conciencia. No con sus gustos, no; con su conciencia. Y saben que en materia de objeción el número es argumento jurídicamente significativo. 50.000 ciudadanos son muchos ciudadanos. No cabe pensar que tantos sean tan locos o estén tan desinformados.

Me resulta difícil de entender que hayan ignorado la sólida argumentación de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Veremos cómo lo justifica la sentencia. No entraban a valorar las sentencias favorables a los padres del Tribunal homólogo de La Rioja, pero recordemos que decían taxativamente:

Que el derecho de libertad ideológica (art. 16 CE ) se declara vulnerado por los Reales Decretos dictados en desarrollo de la LOE para regular el currículo de Educación para la Ciudadanía, juntamente con el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones ( art. 27.3 CE ).

Que la existencia de diferentes formas de pensamiento, ideologías y creencias ( art. 16.1 CE ) fundamentan la libertad de enseñanza y el derecho de educación en libertad ( art.27.1 CE ).

Que los Reales Decretos que desarrollan la LOE respecto de la asignatura conocida como Educación para la Ciudadanía, que con distintos nombres ha de impartirse obligatoriamente en Primaria, ESO y Bachillerato, en cuanto que pretenden formar la conciencia moral de los alumnos a través de la imposición de una moral concreta, no neutra, elegida por el Estado, vulneran los artículos 16 y 27.3 de la Constitución española.

Que por su contenido, objetivos y criterios de evaluación, los citados Reales Decretos exceden "los valores consagrados en la Constitución o que son presupuesto o corolario del orden constitucional", tal y como señaló en su día el Consejo de Estado.

Que la exigencia impuesta al alumnado de "manifestar" sus propias creencias y opiniones contraviene la Constitución (art. 16.2 CE ), como lo hace asimismo, el establecimiento como criterio de evaluación de la "aceptación" por el educando de los valores propuestos por el Estado. Esto conculca el artículo 27.3 de la Constitución (y desde luego el 16.1).

Que la ideología de género en modo alguno forma parte de los valores consagrados en la Constitución.

Y no olvidemos que estas sentencias de La Rioja mencionaban la sentencia 48/2003 del Tribunal Constitucional en la que, a propósito de la neutralidad a que está obligado el Estado cuando asume funciones en materia educativa, se decía que "en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de 'democracia militante', esto es, un modelo en el que se imponga no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento, incluida la Constitución", y que la garantía del 27.3 lo es para asegurar "una órbita de libertad privada y de terreno acotado para el poder público, impidiendo formaciones ideológicas imperativamente predispuestas desde el Estado" (Auto del TC 276/1983).

Al parecer, la sentencia del Supremo va a pasar la patata caliente a las editoriales de libros y profesores. Según algunas informaciones, la sentencia incluiría dos importantes matizaciones: que EpC no faculta a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, a imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad y que su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales. Exactamente lo que advirtió el Consejo de Estado en su día en el Dictamen para el Real Decreto de Secundaria. Justo lo que las Asociaciones promotoras de la objeción llevan diciendo todo este tiempo. Y en palabras de la Conferencia Episcopal:

No habría nada que objetar a una asignatura que facilitara el conocimiento objetivo de los principios constitucionales o de las normas cívicas de convivencia. Lo que denunciamos son unas enseñanzas concretas que bajo el nombre de EpC constituyen una lesión grave del derecho de los padres a determinar la educación moral que desean para sus hijos; unas enseñanzas que, además, tal y como aparecen programadas, significan la imposición del relativismo y de la ideología de género.

Es decir, están reconociendo que la asignatura, tal y como está diseñada, introduce en el sistema educativo problemas de aplicación práctica, así como desigualdades entre las familias, según vivan en una Comunidad Autónoma gobernada por tal o cual partido o vayan los hijos a centros concertados religiosos o públicos, que no la podrán "adaptar" o "podar" de elementos intolerables o no puedan elegir un libro de texto digamos "normal". Al final conseguirán que los padres se conviertan en una especie de "inspección paralela" y quizá terminen llevando a más de un profesor o centro escolar ante los tribunales, porque muchos ya se han extralimitado y lo seguirán haciendo.

Y no pasemos por alto el hecho de que parece que el Supremo deja la puerta abierta a que con otros planteamientos jurídicos en el futuro pueda caber considerar de nuevo la objeción de conciencia a la asignatura.

EpC, como instrumento para usurpar los derechos educativos de los padres, ha muerto. En palabras de uno de sus mentores, ante las numerosas objeciones de conciencia presentadas, "Educación para la Ciudadanía ha descarrilado".

El movimiento ciudadano de rechazo a esta clara intromisión estatal en la determinación de los criterios que deben configurar el universo moral de las personas ha suscitado un clamor a favor de la libertad y pluralidad ideológica en la sociedad y de rechazo de la imposición del nuevo pensamiento único, que es ya imparable.
El Supremo no lo ha reconocido hoy. Pero lo hará mañana. Hemos ganado.

Políticos españoles
Parásitos
"Los jubilados dejarán de cobrar la pensión en 2012" y después "los españoles tendremos que emigrar, saldremos de España en patera". Victoria por KO. Desconozco las recetas económicas que propone Virosque, pero coincido en el diagnóstico.
Manuel Llamas Libertad Digital 28 Enero 2009

La definición de parásito se ajusta perfectamente al perfil de la casta política. Según la Real Academia, dicho concepto hace alusión a un "organismo, animal o vegetal, que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a matarlo". Sin embargo, también se emplea para referirse a toda "persona que vive a costa ajena", aprovechándose así del trabajo de los demás. Pues bien, los políticos de toda y clase y condición dependen para sobrevivir, única y exclusivamente, de los recursos que genera la sociedad.

Papá Estado es el aparato burocrático, altamente perfeccionado, en el que tales parásitos habitan y desarrollan su labor con el fin de satisfacer unos determinados intereses, los suyos. Así, dependen del organigrama estatal, entendido éste como toda forma de administración pública. La cuestión es que dicha estructura precisa, a su vez, acaparar recursos ajenos, ya sea riqueza (impuestos) o fuerza laboral (nacionalización económica) para subsistir.

En este particular contexto se desarrolla la histórica pugna Estado versus Mercado, en donde la clase gobernante trata de incrementar su poder a costa de la libertad y propiedad privada del resto de individuos. A lo largo del tiempo, esta relación siempre se ha mantenido de un modo inversamente proporcional. Es decir, a más Estado (o mayor poder político) menos mercado, y viceversa. No por casualidad, el totalitarismo se alza como un modelo en el que impera la anulación plena del individuo. De ahí precisamente que la sociedad prospere a pesar de los políticos y nunca gracias a ellos, tal y como pretenden hacernos creer algunos.

Ahora bien, la virulencia y apetito que muestran estos organismos varía en función de las ideologías que profesen. Los parásitos más intrusivos y devastadores para la salud del anfitrión que los alberga son aquellos que creen firmemente en la función que desempeña el Estado en favor de un concepto etéreo e inexistente denominado "interés general". Es sin duda el caso de todos aquellos políticos que, con independencia de las siglas, abogan por un Estado fuerte y protector para tener bajo cuerda a su mayor enemigo, el mercado.

Por el contrario, los auténticos liberales priman siempre y sin excepción la libertad individual frente a los poderes coactivos del Estado. Es decir, la defensa y desarrollo de los derechos naturales (vida, libertad y propiedad) bajo un Estado mínimo. Por desgracia, vivimos tiempos convulsos en donde los líderes de las principales potencias del planeta están aprovechando la gravísima crisis económica que ellos mismos generaron gracias a la banca central, para extender su función parasitaria sin cortapisas ni ambages de ningún tipo.

Ni siquiera Estados Unidos es ajeno a tal peligro tras el creciente intervencionismo público que sufre el país desde hace varias legislaturas. En la actualidad, el sueño americano que vislumbraron los Padres Fundadores corre el riesgo de desintegrarse por completo bajo la suicida estrategia anticrisis implantada por Bush, Paulson y Greenspan, y que ahora pretende incluso intensificar Obama, Geithner y Bernanke. Y detrás vienen los demás. Japón, Alemania, Francia y, por supuesto, España, entre muchos otros gobiernos, ya que insisten en rescatar a determinados sectores a costa de empobrecer a todos sus ciudadanos.

Por suerte, algunos empresarios españoles parecen despertar ahora del letargo y alzan su voz en contra de nuestros gobernantes con fuerza y meridiana claridad. El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Arturo Virosque, harto del engaño, ha sido el primer valiente de este país en decir verdades como puños. La situación es "de una gravedad absoluta, como no se había conocido nada igual y nuestros políticos aún se están riendo, aún salen con la sonrisa puesta". ¡Pim!. "Hablo mucho con los empresarios y ya no creen en los políticos porque son todos unos embusteros". ¡Pam! "No han hecho nada. Lo sabían todo desde hace dos años y lo han ocultado". ¡Pum!

"Los jubilados dejarán de cobrar la pensión en 2012" y después "los españoles tendremos que emigrar, saldremos de España en patera". Victoria por KO. Desconozco las recetas económicas que propone Virosque, pero coincido en el diagnóstico. Reacciones de este tipo, análisis realistas como el del profesor Velarde e indignación manifiesta como la mostrada por algún empresario ante el mismísimo Zapatero constituyen, precisamente, la masa crítica que precisa este país para comenzar a afrontar de verdad los graves problemas que se avecinan. No esperen más, puesto que si la cacerolada argentina llega a España, me temo que ya será demasiado tarde para reaccionar. No permitan que los parásitos que habitan este país acaben con el anfitrión.

Manuel Llamas es miembro del Instituto Juan de Mariana y jefe de Economía de Libertad Digital.

El fallo
A. Vermoet Libertad Digital 28 Enero 2009

El Tribunal Supremo parece que, por fin, ha emitido un fallo. Tras tres días de deliberaciones, el Alto Tribunal ha emitido una sentencia que, por 22 votos a 7, no avala el derecho de los padres a apelar a la objeción de conciencia, con base en su derecho constitucional a que sus hijos reciban una enseñanza conforme a sus convicciones, a la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía.

Lo primero que hay que decir al respecto es que la objeción de conciencia se plantea como una negativa del individuo frente a una obligación de hacer que le impone el Estado y que atenta contra las convicciones religiosas y morales más profundas del individuo. Sin que tenga un reconocimiento constitucional explícito, se ha admitido la objeción, por ejemplo, frente a la práctica del aborto por parte de los médicos del sistema sanitario público.

Parece que si un grupo de familias entiende que unas enseñanzas obligatorias atentan contra esas convicciones tan profundas pero tanto el Estado como las Comunidades Autónomas afirman que los valores que transmite la materia son exclusivamente los de la Constitución, lo lógico sería que, salvo contenidos claramente políticos que se expliciten en los temarios oficiales, el Poder Judicial, unánimemente, no les permitiera objetar. Sin embargo, y pese al discurso oficial del Gobierno y de medio PP (sólo Esperanza Aguirre se ha opuesto claramente a los contenidos gubernamentales de la materia), y a la ambigüedad de los planes de estudio, resulta que la mitad de los Tribunales Superiores de Justicia (y un tercio de los magistrados del Supremo), sí reconocieron esa objeción.

Es evidente que la consideración mayoritaria del Supremo es la que es (imagino que Rajoy y compañía nos repetirán hasta la saciedad aquello de que ellos acatan la sentencia), es decir, que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce la posibilidad de objetar, pero llama la atención que un tercio de su Sala de lo Contencioso-Administrativo (además de, conviene insistir, varios Tribunales Superiores de Justicia de varias Comunidades Autónomas no precisamente conservadoras) sí crea que estamos ante una asignatura adoctrinante ante la cual cabe lo que PRISA y demás grupos de poder que han atacado a las familias objetoras llaman una "rebelión" contra la asignatura.

No debemos juzgar la asignatura ni sus contenidos en el sentido de si nos gustan o no. Si una proporción significativa de los jueces sí cree que hay un contenido aleccionador, cabe preguntarse por qué la opinión de esa minoría no es suficiente para avalar el ejercicio de un derecho individual, es decir, si estamos ante una objeción del individuo ante el Estado, algún fundamento tendrá para objetar cuando una parte importante, aún minoritaria, del Poder Judicial coincide en observar que hay fundamento suficiente para hacerlo. Es por ello que debemos apoyar a esas familias a que continúen su batalla jurídica por la libertad de educación ante el Tribunal Constitucional y, previsiblemente, ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Lo que diga la mitad más uno de los jueces del Supremo está muy bien si hablamos de anular un Reglamento, pero si hablamos de la objeción individual frente al Poder en el ejercicio de una libertad como la ideológica, que uno solo de los magistrados del Supremo viera adoctrinamiento y motivos para objetar debiera ser suficiente como para que sus colegas magistrados admitieran que si un juzgador de un Alto Tribunal cree que hay motivos para objetar, se debería respetar a esas familias y su decisión. Y, al tratarse de un derecho lo que está en juego, no un reglamento más, resulta imprescindible acudir ahora a los órganos de garantía de los derechos fundamentales: el TC y el TEDH. Es el largo recorrido del individuo frente a todos los poderes del Estado, muy politizados y poco o nada separados. Qué se lo digan a Liaño.

EpC: Qué hace ahora el Gobierno con los objetores ¿los gasea?
Alfonso Basallo Periodista Digital 28 Enero 2009

La cultura, la educación, y también la libertad, han estado en manos de 30 magistrados del Supremo que han tenido que decidir si los padres tienen derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC). Aunque Gabilondo los compare con los proetarras.

Mientras que el movimiento objetor crece por toda España (hay más de 50.000 objeciones) se han producido dos pronunciamientos significativos. El del Tribunal Superior de Asturias que afirma que no cabe invocar la objeción de conciencia; y el del TS de Andalucía que sostiene que EpC vulnera los derechos de libertad ideológica y religiosa recogidos en el artículo 16 de la Constitución y reconoce el derecho de los padres a objetar.

Gabilondo compara su contumacia con la de los colaboracionistas de ETA que quieren que la banda vuelva a las instituciones.

EpC tiene algo de puntilla sádica. Llega cuando España se arrastra penosamente como furgón de cola de la OCDE en rendimiento escolar. Tal proeza es consecuencia de casi tres décadas de leyes que han dinamitado los pilares de todo proceso pedagógico: la autoridad de los docentes y el esfuerzo de los alumnos.

El resultado es una generación de españoles que han mamado en las aulas el desprecio por el conocimiento. Pues bien, EpC va un paso más allá y no es que lo desprecie, es que lo sustituye por el adoctrinamiento.

Como señala el Tribunal Superior andaluz, con los contenidos de EpC el Estado rompe las reglas del juego al vulnerar un principio constitucional: la neutralidad ideológica, y al usurpar el papel de los padres, con lo que domina así todos los resortes de la sociedad, con un nivel de despotismo que no veíamos por estos pagos desde hace siglos.

El Supremo se ha pronunciado en contra de la objeción, lo cual deja al Gobierno una patata caliente ¿qué hace ahora con los 50.000 que en conciencia objetan a EpC? ¿Los gasea?

Repìtamos lo obvio: el papel del Estado es subsidiario. Puede llegar a donde la familia no llega, pero jamás puede sustituirla, porque esta es la única que, en propiedad, puede transmitir valores.

La responsabilidad última (y por tanto, el derecho) de forjar hombres y ciudadanos es de los padres y las madres, y no del Estado.

La jugada es perfecta: primero nos sumen en la ignorancia, y acto seguido nos imponen sus doctrinas en un burdo experimento de ingeniería social. La consecuencia es una sociedad fácilmente manipulable y moldeable.

Y esto es lo que se ha ventilado en el Supremo. Una papeleta histórica.

Sentencia del Supremo
Objeción de conciencia y democracia
El movimiento contra la asignatura de Zapatero será una pieza clave para comprender que, incluso en una sociedad tan dependiente de los poderes del Estado, o peor, del Gobierno como es la española, también hay atisbos de una sociedad civil y autónoma.
Agapito Maestre Libertad Digital 28 Enero 2009

Aunque me temo lo peor, espero con impaciencia la sentencia del Supremo. Si el fallo les da la razón a los objetores de conciencia, todavía quedará alguna esperanza política sobre el tambaleante Estado de derecho español. Quizá pudiera reconstruir las bases de su existencia. En este contexto, no se extrañen por que el Tribunal Supremo tarde en dictar sentencia sobre los objetores de conciencia a la asignatura impuesta por Zapatero para adoctrinar a nuestros hijos. De esta sentencia dependerá, sin duda alguna, la orientación de ese poder respecto a la democracia. Estos treinta magistrados también se la juegan.

De momento, e independientemente de la sentencia que dicten, es obvio que los objetores de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía, invento socialista para liquidar los pocos valores democráticos que aún alberga esta sociedad, han puesto en evidencia no sólo una asignatura de adoctrinamiento ideológico, sino que han dejado con sus vergüenzas al aire a todos aquellos "intelectuales", periodistas y gentes afines a las mentiras de Zapatero. Por supuesto, han marginado al partido de la oposición en su lucha ciudadana.

Gracias a ese movimiento de objeción de conciencia, gracias a estos heroicos de padres de familia, hemos podido asistir, por encima de cualquier otra consideración, al ejercicio de una libertad merced a eso que los clásicos llamaban vita activa. Más aún, se diría que la lucha política y judicial de estos ciudadanos, que por fortuna ha sido atendida positivamente por los tribunales superiores de justicia, es un modelo de democracia, un ejemplo sobresaliente, de que la libertad sin participación política, es decir, sin implicarse en la gestión de los asuntos comunes, es libertad vacía. Esta lucha ciudadana por la conquista de una libertad fundamental, la libertad de conciencia, a través de la participación en la vida pública pasará a la historia, sencillamente, porque ha mostrado los resabios totalitarios de este régimen de derechos, sí, sí, régimen de derechos muy alejados de la genuina división de poderes que define al sistema democrático.

Por otro lado, el movimiento contra la asignatura de Zapatero será una pieza clave para comprender que, incluso en una sociedad tan dependiente de los poderes del Estado, o peor, del Gobierno como es la española, también hay atisbos de una sociedad civil, autónoma, al margen de la Administración Pública y de los intereses reguladores del mercado (me refiero a los intereses de los colegios concertados y privados que se han allanado a la imposición de Zapatero de la asignatura de Educación para la Ciudadanía). Por fortuna, ni el aparato del Estado ni sus terminales, y menos las estructuras del mercado de la enseñanza concertada, han conseguido absorber o devorar el espacio público-político generado por la lucha ciudadana de los objetores de conciencia.

Por lo tanto, e insisto al margen de la sentencia del Tribunal Supremo, siempre podemos darles las gracias a estos ciudadanos que han objetado contra la terrorífica asignatura de Zapatero, porque nos han enseñado que el verdadero significado de ciudadano no es otro que el de héroe. En efecto, como escribió magistralmente Hannah Arendt:

En su origen la palabra héroe no es más que el nombre que se da a cada uno de los hombres libres que habían tomado parte en la epopeya troyana y de los que se podía contar una historia. La idea de coraje, cualidad que hoy consideramos indispensable en un héroe, se encuentra ya de hecho en el consentimiento de actuar y de hablar, de insertarse en el mundo y de comenzar una historia propia.

PEDIRÁ QUE "NO SE ADOCTRINE" A LOS NIÑOS
El Supremo niega el derecho a objetar a EpC
El Pleno de la sala Contencioso-Admistración del Tribunal Supremo ha acordado por 22 votos a favor y 7 en contra no reconocer el derecho de los padres a objetar a EpC. En la sentencia abordará cuestiones relacionadas con los contenidos para evitar "el adoctrinamiento" de los niños.
Ángela Martialay Libertad Digital 28 Enero 2009

Tras casi 20 horas de deliberación, el Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado este miércoles, con el voto a favor de 22 magistrados y siete en contra, rechazar los recursos presentado por padres sobre la objección de conciencia a Epc

Según ha podido saber Libertad Digital, el Supremo ha concluido que los reales decretos que regulan esta asignatura no lesionan el derecho de los padre a elegir la libre educación de los hijos. Su decisión sienta jurisprudencia y, por tanto, debe ser acatada por todos los tribunales españoles.

Si ahora se ha adelantado el fallo, en los próximos días el Alto Tribunal dará a conocer la argumentación completa mediante en las sentencias que aún están pendientes de redactar, que salva la asignatura y confirma las tres resoluciones del TSJ de Asturias y revoca la adoptada por el TSJ de Andalucía, que falló en favor de unos padres a los que permitió objetar y cuyo hijo quedaba exento de ser evaluado.

De esta forma, el Supremo respalda la decisión del alto tribunal asturiano que sostuvo hasta en tres ocasiones que “no cabe impugnar genéricamente las asignaturas relativas a Educación para la Ciudadanía como contrarias a la libertad religiosa (...) ya que frente a la obligatoriedad de las asignaturas establecidas por la Ley Orgánica de Educación no cabe invocar un derecho de objeción para no asistir a dicha asignaturas”, según rezan las sentencias asturianas.

Aunque el caso que ha llegado al Supremo ha sido el de los padres asturianos y andaluces, Educación para la Ciudadanía ha levantado un fuerte rechazo en buena parte de la sociedad, del que son buena muestra las más de 50.000 objeciones ya contabilizadas en toda España.

Los padres objetores ya han anunciado que recurrirán esta decisión ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según han explicado a EFE fuentes del alto tribunal, los magistrados han estimado el recurso de la Junta de Andalucía y han desestimado parcialmente el de los padres a la de Asturias. Las mismas fuentes han añadido que la sentencia abordará cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura para evitar "el adoctrinamiento" de los niños.

Asimismo, la redacción de la sentencia tardará alrededor de un mes y constará de siete votos particulares o uno conjunto de los siete magistrados. En el pleno no han votado los treinta magistrados de la sala de lo contencioso administrativo, sino 29 debido a que Ricardo Enríquez se encuentra enfermo.

El Supremo rechaza el derecho a objetar contra Educación para la Ciudadanía

La sentencia, cuya redacción tardará alrededor de un mes, abordará cuestiones sobre los contenidos de la asignatura para evitar "el adoctrinamiento" de los niños

Establece que no se lesionan derechos fundamentales de los padres
El Supremo rechaza el derecho a objetar contra Educación para la Ciudadanía
Madrid - Agencias La Razón 28 Enero 2009

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado hoy el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, han informado fuentes del Alto Tribunal.

Así lo ha acordado por 22 votos a favor y 7 en contra el pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo.
El Tribunal considera que el contenido de la asignatura no lesiona los derechos de los padres, según las fuentes.
En los casos analizados "no existe" el derecho de objeción de conciencia y los dos decretos estudiados, ambos referidos a la Educación Secundaria, "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", según el fallo.

El pleno ha examinado cuatro recursos de casación, tres referentes a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y una del de Andalucía.

Las tres primeras denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias y la cuarta se lo reconocía a unos padres.
La sala ha estado deliberando sobre esta cuestión durante unas 20 horas distribuidas en tres jornadas desde el lunes pasado.
Según han explicado a EFE fuentes del alto tribunal, los magistrados han estimado el recurso de la Junta de Andalucía y han desestimado parcialmente el de los padres a la de Asturias.

Las mismas fuentes han añadido que la sentencia abordará cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura para evitar "el adoctrinamiento" de los niños.

Asimismo, la redacción de la sentencia tardará alrededor de un mes y constará de siete votos particulares o uno conjunto de los siete magistrados.

En el pleno no han votado los treinta magistrados de la sala de lo contencioso administrativo, sino 29 debido a que Ricardo Enríquez se encuentra enfermo.

rollo de la materia se ha tenido en cuenta la autonomía de los centros para adaptar los contenidos a su ideario, así como la libertad de cátedra del profesorado. El Supremo también ha tenido hacer frente durante estas 20 horas de deliberación al recurso elevado por la Junta andaluza, que se oponía a la decisión de los magistrados TSJ de esta comunidad, que fallaron a favor de unos padres, a los que permitió objetar y dejó que su hijo quedara exento de ser evaluado. El TSJA alegaba que los contenidos que fija el Gobierno "vulneran el derecho de los padres a educar a sus hijos en la formación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones".

En los próximos días, el Alto Tribunal dará a conocer el fallo con la resolución, previsiblemente con los siete votos particulares, que salva la asignatura y confirma las tres resoluciones del TSJ de Asturias y revoca la adoptada por el TSJ de Andalucía, que falló en favor de unos padres a los que permitió objetar y cuyo hijo quedaba exento de ser evaluado.

Cabrera pide a los padres que lleven a los niños a clase
Ante la decisión del Alto tribunal, la ministra de Educación señaló su preocupación por los alumnos que hasta ahora no han cursado EpC por objeción de sus padres. "Se tomarán las decisiones para que puedan ponerse al dia y aprobar la asignatura como el resto de los alumnos. Yo creo que esto debe responder al interés fundamental que tenemos en esta cuestión y en cualquier otra de atender a la cuestiones particulares de cada uno de los alumnos. Estoy seguura de que las administraciones educativas van a encontrara la mejor manera de hacerlo", apuntó Cabrera en rueda de prensa.

De este modo, solicitó a los progenitores que lleven a sus hijos a clase para que puedan recuperar los contenidos de la asignatura. Así, durante una rueda de prensa señaló: "Aquellos niños que por decisión de los padres no hayan asistido van a encontrar la vía para asistir y recuperar el tiempo perdido", indicó.

Para la ministra este fallo "unifica doctrina" y "debe resultar evidente para todos que no cabe la objeción de conciencia". Por ello, pidió a todos los gobiernos autonómicos, y especialmente a los que han avalado la postura de los padres opositores a la materia -Comunidad de Madrid o Comunidad Valenciana- que "cumplan la ley".

Objetores anuncian que recurrirán al Constitucional y a Estrasburgo
Madrid - Ep La Razón 28 Enero 2009

Los objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) aseguraron hoy que acatan la sentencia del Tribunal Supremo, pero que esta decisión "no es el final", ya que aún ueden recurrir al Tribunal Constitucional o al europeo de Derechos Humanos, a la vez que recomendaron a los padres que estén atentos a posibles "actuaciones lesivas".

Así, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, aseguró hoy en declaraciones, que la tardanza de "nada menos que tres días" para dilucidar sobre la asignatura demuestra que "no estaba tan claro y que hay razones para seguir manteniendo las posturas de los objetores". En este sentido, convino en que "si se confirma que un tercio de los magistrados está en contra de la sentencia mayoritaria, quiere decir que una parte muy importante respalda la tesis de los objetores".

"Es un episodio, pero no es el final", aseveró a renglón seguido y añadió que al igual que hasta ahora los objetores han actuado dentro de los cauces de la legalidad interponiendo los recursos correspondientes que han finalizado en esta sentencia, seguirán haciéndolo ya sea ante el Constitucional o el europeo de Derechos Humanos.

Con todo, el consejo de CONCAPA a los padres es el de acatar la sentencia y recomendar que los menores entren en clase "sin prejuicio de denunciar puntualmente en vía penal o donde proceda cualquier actuación que pueda resultar lesiva contra nuestros hijos o ser contraria a nuestros principios y convicciones".

Por su parte, el asesor jurídico de Profesionales por la Etica, José Luis Bazán, dijo que a falta de conocer los pormenores de la sentencia, los objetores "continuarán adelante" y harán "uso del recurso de amparo en España, y si fuera preciso más allá, el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" porque se trata de un derecho fundamental. "Haremos como los padres de Turquía y de Noruega que tuvieron que acudir al tribunal europeo. Ya hay antecedentes", afirmó.

Además, Profesionales por la Etica dejó constancia de que se trata de una cuestión "en la que ha habido una respuesta social masiva contraria a la implantación obligatoria de esta asignatura". "Con independencia de la decisión judicial, lo cierto es que un Gobierno que predica el diálogo, la tolerancia y demás no puede hacer oídos sordos a esta realidad", sostuvo.

Así pues, valoró que "es el comienzo de una segunda etapa en el movimiento objetor que tiene sus ojos puestos en el TC pero que, sin lugar a duda, se ha visto ratificado en sus convicciones". "La convicción ética permanece. Ya haremos uso de las armas que el sistema democrático tiene a su alcance para que al final esta justa reivindicación sea reconocida", concluyó Bazán.

Por su parte, la plataforma Hazte Oír manifestó que "seguirá apoyando" el derecho de los padres a educar a sus hijos "según sus convicciones éticas y morales" tras conocer la decisión del Tribunal Supremo.

Tras señalar que esperará a conocer el texto completo de la sentencia para hacer una valoración, advirtió de que si la resolución "no reconoce que los actuales currículos de EpC pueden vulnerar derechos fundamentales de los menores y de sus padres" aconsejará a las familias objetoras que emprendan acciones judiciales ante el Tribunal Constitucional o, si es necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La sentencia incluirá matizaciones sobre el contenido y abre la puerta a objeciones en otros casos
 La Razón 28 Enero 2009

La sentencia del Tribunal Supremo (TS) que rechaza que se pueda objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) incluirá previsiblemente «matizaciones importantes» sobre los contenidos de la materia y podría abrir la puerta a la tramitación de otras objeciones, según explicaron a Europa Press fuentes próximas al proceso.
El Tribunal Supremo hizo hoy público tan sólo el fallo de la sentencia que se redactará y dará a conocer en los próximos días con los argumentos avalados por 22 de los 29 magistrados presentes hoy en el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, y cuyo contenido incluirá, lógicamente, los argumentos esgrimidos por los magistrados presentes en los debates, que comenzaron el pasado lunes.

Entre estos argumentos estarían, según las mismas fuentes, las matizaciones a la aplicación que actualmente se da, en los distintos territorios españoles, al contenido de los Reales Decretos que regulan la asignatura, cuya legalidad ha sido avalada hoy por la mayor parte de los magistrados de lo Contencioso del alto tribunal.

También se conocerán próximamente los votos particulares que podrían presentar los siete magistrados que han votado en contra de la resolución. Las matizaciones estarían, indicaron las fuentes, enfocadas en un doble sentido.

Así, en primer lugar, el fallo incluiría «recomendaciones al Gobierno para que modifique los contenidos de la asignatura», ya que «si bien considera que en sí mismo no son adoctrinadores sí pueden dar lugar, a través de los libros de texto y de los profesores, a la imposición de criterios morales que son discutibles y que no forman parte del tenor constitucional».

Además, en segundo lugar, la sentencia apuntaría a que cabe otro planteamiento jurídico por el cual la objeción de conciencia frente a la materia «sí sería recomendable».

En este sentido, se estaría refiriendo a casos diferentes a los sometidos a recursos ante el TS (los tres de Asturias y uno de Andalucía), es decir, que «dependiendo del caso puede haber una respuesta distinta».

En el breve comunicado difundido hoy por el Supremo se señala que el Pleno «ha llegado a la conclusión de que en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia y asimismo ha establecido que los decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». La decisión fue tomada tras 20 horas de intenso debate para la que ha sido necesario que el Pleno de la sala se reuniera en sesiones de mañana tarde desde el lunes. Finalmente, 22 magistrados apoyaron esta resolución, frente a otros siete que la rechazan. Uno de los componentes de la Sala no pudo acudir a la votación por razones médicas.

72 plataformas en contra
 La Razón 28 Enero 2009

Nunca hasta ahora una materia aprobada por ley en el Parlamento, en el marco de una reforma educativa, había suscitado tanto rechazo social y generado una respuesta cívica tan amplia. Las administraciones educativas de las distintas comunidades autónomas han recibido más de 50.000 objeciones de conciencia de padres que se resisten que que sus hijos estudien una asignatura que influya en la educación moral de sus hijos, un papel que creen que les corresponde en exclusiva a ello. En un año, los padres han sido capaces de organizarse en 72 plataformas para hacer valer sus derechos. ¿ La respuesta autonómica. La polémica asignatura ha generado tantos desarrollos como autonomías hay y otras 17 respuestas diferentes de las administraciones educativas autonómicas. Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias han liderado la cruzada a favor de Ciudadanía.

El Vaticano manifiesta su preocupación ante la negativa del TS a la objeción de conciencia a EpC
Roma - Ep La Razón 28 Enero 2009

El cardenal prefecto de la Congregación Pontificia para la Educación Católica del Vaticano, Zenon Grocholewski, manifestó hoy su preocupación ante la negativa del Tribunal Supremo a reconocer el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

En declaraciones a Europa Press, el cardenal consideró que "se trata de un derecho fundamental de los padres el que puedan educar a sus hijos de acuerdo con sus propios convencimientos. Es un derecho esencial", recalcó.

Por esta razón, Grocholewski manifestó su preocupación ante la "imposición de una determinada educación ética" que "no se corresponde con los principios con que muchos padres desean educar a sus propios hijos".

Aun con todo, el cardenal no quiso hacer más valoraciones, a la espera de que el Tribunal publique la sentencia y se den a conocer las razones por las que los jueces han decidido rechazar la petición de los padres objetores. De todas formas, animó a los padres que así lo deseen a seguir adelante en su batalla para conseguir que se reconozca su derecho a objetar.

Hace pocos meses, el mismo cardenal Grocholewski consideró que la objeción de conciencia a EpC "no sólo es oportuna sino necesaria", según declaró en una entrevista a la revista católica italiana 'Il Consulente Re'.

En esa misma entrevista, el purpurado sostenía que "no debe ser el Estado el que dicte qué contenidos éticos se deben enseñar a todos" tal y como se hace en España, donde la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos "promueve una sociedad fundamentada en el relativismo y el nihilismo anticristiano", aseguró.

Dentro de pocos días, el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, visitará España y, con toda probabilidad, se reunirá con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Tanto la asignatura Educación para la Ciudadanía como la ampliación de la Ley del aborto son algunos de los temas que actualmente más preocupan a la Iglesia católica, por lo que no se descarta que el 'número dos' del Vaticano y Zapatero hablen de ellos durante su encuentro.

El abogado que ha impulsado la objeción sobre la educación para la ciudadanía pide consensuar un nuevo contenido
Sevilla - Efe La Razón 28 Enero 2009

El abogado Carlos Seco, que ha ganado en Andalucía varias decenas de casos a favor de la objeción a Educación para la Ciudadanía, ha pedido hoy al Gobierno que negocie los contenidos, pues los dos días y medio que ha tardado en resolver el Tribunal Supremo demuestran a su juicio la "división social" en torno al asunto.

Seco ha dicho a Efe que, a la espera de leer los fundamentos jurídicos de la sentencia del Supremo, su intención es "continuar adelante con los recursos en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", pues a su juicio a los objetores les amparan "la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos".

Ha afirmado que "los dos días y medio que ha tardado en deliberar el pleno de la Sala de lo Contencioso del Supremo, las numerosas sentencias que se producido en los tribunales superiores de las comunidades autónomas y las objeciones presentadas por más de 50.000 familias en toda España han puesto de manifiesto que existe una gran división social en toda España".

Por ello, ha invitado al Ministerio de Educación a que "podamos hacer buenos uno de sus objetivos de la asignatura, que es la resolución pacifica de los conflictos mediante el dialogo, y llegar a un currículo que satisfaga los fines que busca el Ministerio y los derechos fundamentales de los padres".

Según Seco, "es posible depurar el currículo y alcanzar ese consenso satisfactorio para todas las partes".
Por lo que respecta a los padres, les ha invitado a que "hagan un seguimiento exhaustivo de los contenidos, para que puedan reorientar a sus hijos conforme a los valores de las familias, y completar o corregir lo que se hace en el colegio".

CONCAPA anuncia que recurrirá ante el Constitucional el fallo del Supremo
El presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonell, ha explicado a Efe que recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo que ha rechazado el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Madrid - EFE La Razón 28 Enero 2009

“La lucha continúa y está en juego un derecho muy importante para las familias”, ha señalado el responsable de CONCAPA, quien ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional (TC) para pedir el derecho a ejercer la objeción de conciencia contra esta materia. En el caso de que el Constitucional rechace su petición, Carbonell, también se ha mostrado dispuesto a elevar su postura ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo.

Para el representante de la confederación de padres católicos, “hay motivos para la esperanza y para seguir manteniendo nuestra tesis”, porque “el tema no está tan claro en el Supremo”, en referencia a que el fallo ha sido tomado con el voto favorable de 22 de los 29 magistrados. “Es un episodio, no el final de la historia”, ha señalado Carbonell, quien ha concluido que la CONCAPA “siempre ha sido respetuosa con la ley, por lo que acataremos la sentencia y los alumnos entrarán en clase, sin perjuicio de lo que pueda suceder” cuando se conozca la resolución judicial.

Navarra Educa en Libertad llegará hasta el Constitucional al mostrar su decepción
Pamplona - Europa Press La Razón 28 Enero 2009

La coordinadora de la plataforma Navarra Educa en Libertad, Teresa Jaurrieta, se mostró hoy "decepcionada" por la decisión del Tribunal Supremo de no reconocer el derecho de los alumnos de objetar a Educación para la Ciudadanía.
Teresa Jaurrieta adelantó, en declaraciones a Europa Press, que la plataforma recurrirá al Tribunal Constitucional en caso de que el Supremo, cuya decisión hace referencia a casos relativos a Asturias y Andalucía, confirme la misma sentencia para los casos que ha recibido desde Navarra.

En concreto, el Tribunal deberá decidir sobre el recurso que han presentado una veintena de padres navarros que quieren que se reconozca el derecho de objeción para sus hijos, algo que no les ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Teresa Jaurrieta afirmó que "es de suponer" que todas las sentencias del Supremo irán en la misma línea que la dictada hoy y señaló que, una vez se agote esta vía, se dirigirán al Tribunal Constitucional.

La coordinadora de la plataforma navarra afirmó que "había un 50 por ciento de posibilidades en el fallo que podía dar el Supremo y la esperanza es lo último que se pierde, y teníamos la confianza de que el tribunal sería sensible a las libertades individuales y a los derechos de las minorías, pero parece que no ha sido así". "Tendremos que seguir hasta que esto se reconozca", dijo.

Teresa Jaurrieta consideró que "está claro que la asignatura atenta contra derechos fundamentales" y afirmó que "si se cogen los decretos de mínimos, los libros y la ley, representan una ética concreta que no es la de las personas que han recurrido".
La coordinadora de la plataforma señaló que "es realmente chocante que el tribunal se haya mostrado tan insensible, cuando en teoría el principio de libertad ideológica está reconocido por todos y en una democracia es fundamental".

En cualquier caso, Jaurrieta se remitió a la lectura de los fundamentos de la sentencia para realizar más valoraciones y afirmó que "la sensación dentro de los objetores es de serenidad, de tranquilidad y de seguir adelante".

El Supremo rechaza el derecho a objetar contra Educación para la Ciudadanía
El Tribunal considera que el contenido de la asignatura no lesiona los derechos de los padres.
OTR PRESS. Madrid Heraldo de Aragón 28 Enero 2009

El Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó, por 22 votos a favor y siete en contra, rechazar la objeción de conciencia a Educación por la Ciudadanía alegando que no se lesionan derechos fundamentales de los padres. La sentencia corresponde a los recursos presentados por padres asturianos a los que el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad denegó el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), según informaron fuentes del Alto Tribunal, que especifica que los decretos, referentes a la Educación Secundaria, no lesiona derecho fundamental a la educación religiosa de sus hijos. Ahora el problema son los alumnos que durante este curso no han acudido a clase de EpC, ante esto, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, pidió a los padres que lleven a sus hijos a clase para que puedan recuperar "el tiempo perdido".

Tras dos días deliberando acerca de la posibilidad de los alumnos a objetar a la asignatura de EpC, el Supremo ha emitido un comunicado en el que señala: "el Pleno de la Sala ha llegado a la conclusión de que en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia y asimismo ha establecido que los decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Por un lado, el Alto Tribunal ha basado su decisión tras deliberar tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que denegaban el derecho de objeción a varios padres de esta comunidad por considerar que la asignatura no vulnera derechos fundamentales. Asimismo, este tribunal indicaba que para el desarrollo de la materia se ha tenido en cuenta la autonomía de los centros para adaptar los contenidos a su ideario, así como la libertad de cátedra del profesorado. El Supremo también ha tenido hacer frente durante estas 20 horas de deliberación al recurso elevado por la Junta andaluza, que se oponía a la decisión de los magistrados TSJ de esta comunidad, que fallaron a favor de unos padres, a los que permitió objetar y dejó que su hijo quedara exento de ser evaluado. El TSJA alegaba que los contenidos que fija el Gobierno "vulneran el derecho de los padres a educar a sus hijos en la formación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones".

En los próximos días, el Alto Tribunal dará a conocer el fallo con la resolución, previsiblemente con los siete votos particulares, que salva la asignatura y confirma las tres resoluciones del TSJ de Asturias y revoca la adoptada por el TSJ de Andalucía, que falló en favor de unos padres a los que permitió objetar y cuyo hijo quedaba exento de ser evaluado.

Los niños deben ir a clase
Ante la decisión del Alto tribunal, la ministra de Educación señaló su preocupación por los alumnos que hasta ahora no han cursado EpC por objeción de sus padres. "Se tomarán las decisiones para que puedan ponerse al dia y aprobar la asignatura como el resto de los alumnos. Yo creo que esto debe responder al interés fundamental que tenemos en esta cuestión y en cualquier otra de atender a la cuestiones particulares de cada uno de los alumnos. Estoy seguura de que las administraciones educativas van a encontrara la mejor manera de hacerlo", apuntó Cabrera en rueda de prensa.

De este modo, solicitó a los progenitores que lleven a sus hijos a clase para que puedan recuperar los contenidos de la asignatura. Así, durante una rueda de prensa señaló: "Aquellos niños que por decisión de los padres no hayan asistido van a encontrar la vía para asistir y recuperar el tiempo perdido", indicó.

Para la ministra este fallo "unifica doctrina" y "debe resultar evidente para todos que no cabe la objeción de conciencia". Por ello, pidió a todos los gobiernos autonómicos, y especialmente a los que han avalado la postura de los padres opositores a la materia --Comunidad de Madrid o Comunidad Valenciana-- que "cumplan la ley".

"Carrera judicial" de EpC
madrid efe estrella digital 28 Enero 2009

El 20 de agosto del 2007 unos padres presentaron el primer recurso contra la regulación de la materia en Andalucía, al que siguieron centenares en España

El 20 de agosto del 2007 comenzaba la "carrera judicial" de Educación para la Ciudadanía, cuando unos padres presentaron recurso contra la regulación de esta materia en Andalucía, al que siguieron centenares en casi toda España en defensa de la objeción de conciencia, con resultado dispar en las sentencias. Ejemplo son los cuatro fallos de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) autonómicos sobre los que este miércoles se ha pronunciado el Supremo en relación con varios recursos de casación: tres de esas sentencias, de Asturias, denegaban la objeción; otra, de Andalucía, la admitía.

Profesionales por la Ética, una de las organizaciones más opuestas a EpC, asegura que se han registrado unos 1.700 recursos, generalmente por la vía contencioso-administrativa, contra la negativa de las consejerías de educación a reconocer el derecho de objeción.

La abogacía del Estado tiene conocimiento de 500 asuntos en los juzgados relacionados con el conjunto de asignaturas que forman EpC. Madrid, una de la comunidades que acepta la objeción, en contra del criterio del Gobierno central, es la única donde no se ha presentado ningún recurso judicial, según Profesionales. La mayoría correspondería a Navarra (362 acumulados en tres procedimientos) y Castilla-La Mancha (360).

Esta asociación asegura que la "inmensa mayoría" de los 280 recursos ya resueltos da la razón a los objetores. Hasta ahora, añade, se han presentado más de 50.000 objeciones, el 20 por ciento correspondientes a alumnos obligados cursarla en estos momentos.

Diversas sentencias
El TSJ de Cataluña rechazó en un auto de noviembre del 2007 el recurso de objeción de unos padres y recordó que la asignatura es obligatoria. De forma similar se manifestaron el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Teruel y el TSJ de Navarra, que se negó a suspender cautelarmente la obligación de asistir a clase mientras resolvía un recurso.

Por el contrario, el TSJ de Andalucía anuló en abril pasado el desarrollo autonómico de los contenidos sobre ideología de género, homosexualidad y opciones vitales por ser una "ilícita invasión" en la ética, el derecho y la moral, tal como habían recurrido los abogados sevillanos Manuel y Carlos Seco Gordillo el citado 20 de agosto del 2007, hace 17 meses.

En marzo, el mismo tribunal había reconocido la objeción a unos padres en una resolución recurrida luego en el Supremo por la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la abogacía del Estado.

"Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos"
La controversia social y política sobre EpC arrancó prácticamente cuando el Gobierno propuso, en el 2004, una asignatura obligatoria de este tipo. Recogida en la Ley Orgánica de Educación (2006) con el nombre de "Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos", la polémica arreció al conocerse los contenidos mínimos de la materia aprobados por el Gobierno en dos Reales Decretos.

El Foro de la Familia, la Confederación Católica de Padres (CONCAPA) y Profesionales por la Ética, entre otras asociaciones, impulsaron una campaña de objeción de conciencia contra estas enseñanzas, que califican como "adoctrinamiento ideológico" e "imposición de una moral por el Estado". Apelan al derecho constitucional de los padres a educar a los hijos según sus propias convicciones religiosas y morales y a la libertad ideológica.

La Conferencia Episcopal, a su vez, recomendó recurrir a "todos los medios legítimos" para defender la libertad de conciencia y de enseñanza. Sin embargo, la organización de escuelas católicas FERE-CECA, contraria a EpC, está impartiéndola "adaptada" al ideario de estos centros, sin oposición del Gobierno.

Enfrentamiento político
En el enfrentamiento político, el PP ha anunciado que la suprimirá cuando llegue al poder y las CCAA que gobierna, como Madrid y la Comunidad Valenciana, han amparado a los objetores y pretenden enseñarla de forma "sui generis". Por ello, el Gobierno central también ha recurrido en los tribunales varias normas autonómicas sobre la asignatura.

La consejería valenciana ha intentado que se imparta en inglés; y en Madrid se reconoce a los niños de familias objetoras la opción de hacer trabajos o tareas de voluntariado dentro del centro educativo.

El Gobierno ha defendido que la asignatura es recomendación de organismos internacionales como el Consejo de Europa", ha negado que violente derechos fundamentales, sino que educa en valores democráticos, y ha insistido en que no caben la objeción ni alternativas.

La materia, reflejada de forma desigual en los libros de texto, se enseña ya en algunos cursos de Secundaria y próximamente comenzará en Primaria.

polémica en las aulas
El Supremo avala Educación para la Ciudadanía y no reconoce el derecho a la objeción de conciencia
El fallo, obtenido por 22 votos a favor y 7 en contra, considera que el contenido de la asignatura no lesiona los derechos de los padres
AGENCIAS MADRID El Correo 28 Enero 2009

Polémica asignatura
El conjunto de materias de Educación para la Ciudadanía, que se enseña de forma obligatoria en la Secundaria y, desde el curso próximo, en Primaria, ha suscitado la controversia social y política.
Varias organizaciones de padres, familias y centros educativos consideran que supone un "adoctrinamiento" ideológico y moral de los hijos.
El PP ha anunciado que suprimirá EpC cuando llegue al poder.

Fecha límite para Madrid
La decisión del Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) de denegar el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos echa por tierra la actuación de la Comunidad de Madrid, cuyo Gobierno decidió plantear una serie de alternativas para los niños que este año, en 2º y 4º de la ESO, objetaran a la materia, hasta que el TS dictará una orden al respecto. El Gobierno regional todavía no se ha pronunciado pero podría recurrir esta sentencia ante el Constitucional.

De hecho, la respuesta del TS era la fecha límite del Gobierno de Esperanza Aguirre para justificar sus instrucciones de cara a los objetores, basadas en las múltiples sentencias que distintos tribunales superiores de justicia resolvieron a favor de la objeción de conciencia.

Las opciones ofrecidas a los alumnos objetores eran trabajos sobre la Constitución y los Derechos Humanos así como trabajos de voluntariado en el propio centro que los niños objetores tendrían que realizar durante las horas en que sus compañeros impartían la clase de Educación para la Ciudadanía.

El Pleno de la Sala Tercera de lo Contenciso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el derecho a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, según fuentes del Alto Tribunal. Así lo han decidido los 29 magistrados de la sala tras debatir durante casi 20 horas y en tres jornadas sobre cuatro de los recursos presentados a otras tantas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía. Hubo 22 votos a favor y 7 en contra.

El Tribunal considera que el contenido de la asignatura no lesiona los derechos de los padres, según las fuentes. Así, el fallo señala que en los casos analizados "no existe" el derecho de objeción de conciencia y los dos decretos estudiados, ambos referidos a la Educación Secundaria, "no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

El pleno ha examinado cuatro recursos de casación, tres referentes a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y una del de Andalucía. Las tres primeras denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias y la cuarta fallaba en favor de unos padres a los que permitió objetar y cuyo hijo quedaba exento de ser evaluado.

Diversidad de opiniones
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, considera que el Tribunal Supremo ha puesto fin "a los intentos de hacer de esta asignatura y de los centros educativos un campo de batalla política". Cabrera ha asegurado que el fallo deja claro "que ningún gobierno puede incumplir las leyes" y que "no eran ciertas las descalificaciones y manipulaciones" que se han hecho sobre la asignatura. Además pide a los padres que hagan un acto de responsabilidad y permitan que sus hijos regresen a las aulas. En este sentido se compromete a hacer lo posible para que los alumnos recuperen los conocimientos. Se buscarán soluciones para evitar "perjuicios mayores".

El presidente de la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonell, ha afirmado que recurrirá la sentencia ante el Constitucional. "La lucha continúa y está en juego un derecho muy importante para las familias", ha señalado el responsable de CONCAPA. En el caso de que el Constitucional rechace su petición, Carbonell, también se ha mostrado dispuesto a elevar su postura ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo.

Desde los órganos judiciales, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, pide "respeto absoluto" por la decisión, y no iniciar "ningún tipo de polémica" sin antes "conocer los fundamentos en que se basa la decisión". "Hay que esperar a conocer los fundamentos que se vierten en esa resolución, para que quienes consideren legítimo y pertinente criticarla puedan hacerlo, pero desde una mínima y elemental racionalidad". Además, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, insiste en que, "a pesar de las divergencias existentes a nivel territorial, el Tribunal Supremo ha unificado doctrina". Además, Del Río señalóa que es normal que los objetores "quieran agotar todas las vías, pero era necesario unificar doctrina al respecto".

El conflicto educativo
El Tribunal Supremo decide que no se puede objetar a Ciudadanía
La Sala de lo Contencioso establece por 22 votos contra 7 que la asignatura no vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que deseen
AGENCIAS - Madrid El País 28 Enero 2009

Tras dos días y medio de deliberaciones, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha decidido por 22 votos a favor y 7 en contra que no es posible acogerse al derecho a la objeción de conciencia para Educación para la Ciudadanía (EpC), confirmado así la obligatoriedad de la asignatura, informa Julio M. Lázaro. El Supremo ha fallado sobre los recursos de casación presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, que reconocía el derecho de los padres a la objeción de conciencia, sin necesidad de detallar en qué puntos estaban en desacuerdo con la asignatura, y las del Tribunal Superior de Asturias, que desestimaron la objeción porque los padres demandantes no concretaron en qué puntos estaban en desacuerdo. "El Pleno de la Sala ha llegado a la conclusión de que en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia y asimismo ha establecido que los decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", señala el Supremo en un comunicado.

Desde el pasado lunes, cuando se iniciaron las deliberaciones, los magistrados han acumulado más de 20 horas de debate, porque tales deliberaciones desbordaron el marco inicial (la discusión sobre los citados recursos) y se amplió el campo: el Pleno, integrado por 30 magistrados (aunque uno de ellos no ha estado presente en la votación por motivos médicos) no sólo ha debatido si era posible la objeción de conciencia a la asignatura, sino también si los contenidos de ésta vulneraban el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, según reza el artículo 27.3 de la Constitución.

El pronunciamiento del TS unifica la jurisprudencia respecto a esta cuestión, que ha generado centenares de causas judiciales y sentencias dispares en los tribunales autonómicos.

En febrero de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó en tres fallos similares la pretensión de varios padres de que la Consejería de Educación admitiera la objeción como parte de los derechos constitucionales de libertad religiosa e ideológica. El tribunal precisó que se desconocía el contenido de la materia a la que se oponían las familias y, por tanto, las enseñanzas concretas que pudieran ser contrarias a la libertad ideológica. "Resulta patente que el mero enunciado de una determinada asignatura no afecta a derecho fundamental alguno", argumentó el TSJ de Asturias. Aún más, consideró que el planteamiento general de EpC recogido en la Ley Orgánica de Educación "no puede suscitar duda alguna sobre su constitucionalidad". Por ello, "no cabe impugnar genéricamente las asignaturas relativas a Educación para la Ciudadanía como contrarias al derecho de libertad ideológica", ya que "sólo cabe invocar el referido derecho fundamental en relación con el caso concreto en que se desarrollan las citadas enseñanzas".

Por el contrario, el TSJ de Andalucía resolvió un mes después a favor de unos padres a los que la Junta había denegado la objeción para un hijo. La familia argumentó que EpC vulneraba sus derechos fundamentales "a educar a los hijos en la formación religiosa y moral conforme con sus propias convicciones y a la libertad ideológica y religiosa", según la Constitución. Sobre los Reales Decretos que fijan los mínimos de EpC, el tribunal andaluz entendió que emplean conceptos de "indudable trascendencia ideológica y religiosa, como son ética, conciencia moral y cívica, valoración ética, valores o conflictos sociales y morales". Ante esta situación, el tribunal creyó "razonable que los demandantes, por razones filosóficas o religiosas (...), pueden estar en desacuerdo con parte de la asignatura, y lógico que soliciten que se excluya de ella a su hijo". El tribunal andaluz, que fundamentó la sentencia en la jurisprudencia de los tribunales Constitucional, Supremo y Europeo de Derechos Humanos, añadió que la objeción de conciencia es "directamente aplicable" aunque no hubiera sido regulada legislativamente.

En los próximos días, el Supremo dará a conocer la sentencia, previsiblemente con los siete votos particulares, que confirma las tres resoluciones del TSJ de Asturias y revoca la adoptada por el TSJ de Andalucía. Ciudadanos contrarios a la asignatura han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para la suspensión cautelar de la obligatoriedad de cursar la materia. Tampoco descartan acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Varapalo ciudadano
Editorial ABC 28 Enero 2009

LEJOS de la moqueta y del despacho oficial, el presidente del Gobierno ofreció el lunes por la noche ante las cámaras de la televisión pública su faceta más vulnerable. Rodríguez Zapatero se mostró tenso y a ratos desconcertado ante las preguntas directas de los ciudadanos que intervinieron en el programa «Tengo una pregunta para usted». No es cierto que fueran cuestiones agresivas o ideológicamente sesgadas. Simplemente reflejaban las preocupaciones reales de la gente de la calle, que no suelen coincidir con el lenguaje convencional que utiliza la clase política. El presidente pasó sin duda un mal rato.

Casi siempre nervioso e incluso distante, trató con insistencia de colocar un mensaje prefabricado pero fue incapaz de dar respuestas concretas y de ofrecer soluciones eficaces. Lo peor era la sensación permanente de que existe una distancia insalvable entre La Moncloa y la España real. Tal vez el propio presidente esté ahora arrepentido de su empeño en eludir el control parlamentario, que se desarrolla en un marco más formal y donde cuenta con apoyos directos e indirectos. La oposición más fuerte es la que planteó en el plató de televisión una representación aleatoria del pueblo español, a pesar de que el formato del programa y el ambiente en que se desarrollaba no pueden considerarse hostiles ni mucho menos al líder del PSOE.

La crisis económica y el paro que desborda todas las previsiones fueron -lógicamente- los aspectos principales. Los ciudadanos recordaron sus falsas promesas, criticaron sus mentiras ante la evidencia y, en definitiva, propinaron un severo varapalo al gobernante ineficaz. Las respuestas a la defensiva (entre otras «puedo equivocarme, pero no engaño» o el pleno empleo era un «objetivo» y no una promesa) son fiel reflejo de una incapacidad dialéctica disfrazada de falsa modestia.

Nadie confía en el voluntarismo injustificado que se desprende de las continuas apelaciones al éxito futuro para aliviar el ánimo durante este supuesto «paréntesis». El presidente se fue por los cerros de Úbeda, dijo al final uno de los participantes expresando así una decepción compartida por muchos millones de espectadores. Sólo desde el aparato del PSOE -y más bien con la boca pequeña- se hizo una valoración positiva, porque los demás partidos y el conjunto de la sociedad española comparten un diagnóstico muy negativo sobre la comparecencia presidencial.

Rodríguez Zapatero pudo comprobar también la inutilidad de ciertos mensajes que pretenden distraer a la opinión pública con cuestiones ideológicas. Persistente en la defensa del aborto y echando balones fuera respecto de la eutanasia, ni siquiera pudo lucirse en el terreno de la política internacional, puesto que su notoria postura a favor de los palestinos en la crisis de Gaza no impidió que tuviera que hacer frente a una incómoda pregunta sobre armas españolas exportadas a Israel. Tampoco supo aprovechar el momento más emotivo de la noche, la intervención de una mujer con síndrome de Down, tal vez porque a esas alturas había perdido ya la habilidad mediática que despliega otras veces.

En definitiva, fue un fracaso en toda regla para un presidente agarrotado y confuso, que está en el peor momento de su mandato y ofrece una imagen preocupante de incapacidad para conducir al país en momentos difíciles. Es la oportunidad, sin duda, de que la oposición refuerce su acción política para ofrecer una alternativa seria que la sociedad española reclama de forma insistente, como se comprueba cada vez que la gente tiene la oportunidad de tomar la palabra. Ante una crisis de dimensiones históricas hace falta ofrecer algo más que palabras vacías de contenido y apelaciones al optimismo voluntarista. No todo es mercadotecnia en la política democrática cuando es preciso afrontar problemas reales cuya solución exige unos conocimientos técnicos y una capacidad de liderazgo de los que carece manifiestamente el presidente del Gobierno.

Sin respuesta
IGNACIO CAMACHO ABC 28 Enero 2009

FUE media hora casi mágica. Ocho o diez ciudadanos, apenas una docena, desenmascararon la logomaquia del presidente, lo pusieron contra las cuerdas, a la defensiva, agarrado al torpe negacionismo de sus propias palabras recientes. Lo encerraron en un discurso vacío donde sólo parecían caber excusas y autodesmentidos: no engañé, no sabía, no tengo la culpa, no he dado dinero a los bancos, no quise ofender a la bandera americana, no vendemos armas a Israel.

Sus frases huecas -«la economía es un estado de ánimo»- rebotaban contra un auditorio impasible que ya conocía el truco. «Palabras bonitas», le dijeron, «espadachín del verbo». Los quiasmos presidenciales, ese fatuo hablar sin decir, esa pantalla verbal de la nada, se desmoronaron ante una audiencia aferrada a la crudeza pragmática de una realidad yerma, desoladora. Llegó asfixiado al intermedio, nervioso y torpe, como un boxeador acorralado que escucha con alivio el sonido de la campana.

Le habían preparado un soliloquio obamiano, lleno de apelaciones al nuevo patriotismo, a recuperar la confianza y el esfuerzo. Pero el adalid de las políticas indoloras y deconstructor del concepto -«discutido y discutible»- de nación no está ahora en condiciones de liderar la ética del sacrificio ni el sentido colectivo de un país que ha fragmentado en miniestados taifales. El fervor patriótico de Obama suena desleído en labios de Zapatero, como una mala imitación impostada; después de tanto pensamiento débil y de tanta cultura del subsidio no es el líder adecuado para llamar al compromiso y pedir a la gente que apriete los puños. Los ciudadanos ya tienen apretado el cinturón, y no están cómodos con el talle tan ceñido.
Si la economía es un estado de ánimo, el de los españoles está en situación de ansiedad depresiva.

El presidente salió en la tele para administrar ansiolíticos verbales, diazepán retórico a falta de mejor terapia. No anunció una sola propuesta, una medida que fuese más allá del plan municipal de obras públicas; no ofreció un consuelo que no fuese su abstracta verborrea. Tras la primera media hora de castigo se sintió más cómodo, aflojó la tensión y se envolvió en su hábil facundia palabrera. Cuando el interrogatorio remitió su inicial dureza recuperó la sonrisa y distendió la imagen, siempre su mejor arma: el gesto amable, el traje flexible, la mirada líquida. Pero ya había quedado desnudo ante su propio espejo, el de la negación de la crisis, el de la promesa del empleo pleno -que ahora resulta que sólo era... ¡un deseo!-, el del apóstrofe de antipatriotas a quienes cuestionaban su ciego optimismo. Y sobre todo ante su falta de pulso para reactivar la economía, un asunto sobre el que sólo supo divagar entre vagos consejos y la esperanza de que escampe. Fue a la tele en busca de bálsamo populista y se retrató en su más inane liviandad, sin energía ni empuje para galvanizar a un país acuciado. Dejó una sensación desalentadora: los ciudadanos tenían preguntas para las que él carecía de respuestas.

D3M, A1M, jaque mate a la democracia en dos jugadas.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 28 Enero 2009

Hace una semana escribí que era preciso limpiar las cloacas, mancharse las togas con las aguas residuales y no solo con el polvo del camino. No se dirá que ETA no es consecuente y tradicionalista. Ha terminado por emplear la misma táctica que le llevó en las pasadas elecciones a tener representación parlamentaria en el País Vasco con la sigla de EAHK (Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunistaren) o Partido Comunista de las Tierras Vascas. Ahora ha presentado a su lista negra como D3M , mientras que intenta colar con listas de ciudadanos aparentemente normales y desligados del mundo etarra con las siglas ASKATASUNA.

Así que tenemos D3M y A1M, jaque mate a la democracia en dos jugadas. No creo que el empeño también aparente del juez D. Baltasar Garzón o el del Fiscal general del Estado Sr. Conde Pumpido y todas las Fuerzas policiales al mando del Sr. Rubalcaba, sean capaces de frenar esta jugada ya conocida y que no han podido o querido evitar. Es lo de siempre, hacer creer que se hace pero no hacer nada en realidad. Es dejar abierta la puerta al diálogo mostrando de hecho la mejor predisposición, aunque de cara a los ciudadanos se quiera transmitir la imagen de la firmeza en la lucha anti terrorista y en la aplicación de la Ley de Partidos.

Creo que en realidad es una auténtica memez insistir en este absurdo juego de la ilegalización. Es poner a los jueces en el aprieto de conculcar derechos de los ciudadanos, ante la impotencia e imposibilidad manifiesta de mostrar pruebas concluyentes y definitivas para sentenciar en contra. El problema hay que abordarlo desde otra perspectiva. Esta partida ya está perdida como lo estuvo hace 4 años con EHAK y lo estuvo con ANV. Lo único que ha cambiado es la increíble actitud del Gobierno intentando convencer de su alineamiento con el PP y abandono de la negociación con ETA. Realmente es demasiado increíble.

El caso es que los plazos se han cumplido y ETA ha presentado sus dos jugadas, que no por previsibles, han dejado de ser definitivas para volver a ganarle la partida al Gobierno. Igual también es posible pensar que el Gobierno premeditadamente se ha dejado ganar, porque sería tremendamente iluso pensar que su incompetencia es tal que es capaz de tropezar varias veces en la misma piedra. Puedo pensar en conciencia que algunos de los actuales Ministros y Ministras, sí que han llegado a su nivel de incompetencia total y son definitivamente prescindibles y cesables, pero en este asunto de ETA, “la jugada” viene de lejos y la estrategia marcada.

Así que volveremos a ver El País Vasco lleno de los pasquines y pancartas de ASKATASUNA, que no hace falta decir que está apadrinada por ETA, porque eso se sabe tan claro como que de Juana Chaos sigue tan campante en Irlanda del Norte sin volver. De todas formas, eso no va a cambiar nada el reparto actual en el Parlamento vasco. Los que votan a ETA son los de siempre y tendrán el mismo número de representantes que dispone actualmente EHAK. Así que la duda es si el PP perderá algún escaño y el PSE es capaz de rascar alguno al PNV. En cualquier caso, cada vez está más clara la alianza PNV-PSE para lanzar el segundo proceso de “normalización” de cara a la independencia.

Mientras, esperaré a ver cómo el juez Sr. Garzón culmina su trabajo y las excusas que se darán cuando no obtenga ningún resultado. Por cierto, no sé si podrá seguir manteniendo por mucho tiempo en la cárcel a los responsables de D3M solo con suposiciones de una pretendida reconstrucción de BATASUNA. Las suposiciones no bastan para condenar, al menos en un Estado democrático. ¿España lo es?

Los estériles diputados europeos se duplican el sueldo. Nunca existió, que yo sepa, una casta parásita mejor pagada
A esa gente votamos
Gabriel ALBIAC La Razón 28 Enero 2009

Los políticos son indiscernibles. En lo moral como en lo intelectivo. Una casta a la cual aceradamente suelda el sueldo. El cual da identidad inquebrantable, por encima de siglas: privilegio supremo de cobrar por nada; quiero decir, por nada bueno. Una certeza rige cada acto suyo: que ningún desacuerdo vale lo que vale la común opulencia con la cual se premia su solemne oficio de holgazanes. Quienes pagamos ese sueldo, quienes somos sangrados sistemática y eficientemente por una Hacienda pública mil veces más desalmada que la mafia más abusiva, tenemos, al menos, el derecho -y, si no es un derecho, es una potestad primordial y, más aún, un imperativo ético al cual sólo perdiendo toda dignidad se renuncia- de odiarlos. Sin distinción. Como casta. Parasitaria e insaciable. De odiarlos. Racionalmente.

De las muchísimas burlas sobre las cuales se gesta nuestra ruina colectiva, ésta, que no ha hecho más que iniciarse en la primera verdadera depresión desde 1929, el agujero sin fondo de políticos y funcionarios de la Unión Europea, es, a lo largo de los dos últimos decenios, la más repugnante, aquella que más ha envilecido la conciencia ciudadana del Continente. Para nada sirve el Parlamento de Estrasburgo. Estrictamente para nada. Salvo para enriquecer a una onerosa patulea de diputados y funcionarios. Por igual ociosos.

Ahora, los diputados europeos han decidido duplicarse el sueldo. Ni uno solo de los partidos españoles presentes en ese simulacro de cámara representativa ha tenido la decencia básica de llamar a eso por su nombre: estafa. Moral, aún más que política y económica. Que ni uno solo de los partidos españoles espere, en consecuencia, mi voto. Si en este país quedase un átomo de lucidez moral, las urnas de las elecciones europeas podrían hacer su recuento en una diezmillonésima de segundo.

La estafa ha regido todo cuanto se relaciona con el Parlamento Europeo desde su fundación misma. Concebido por los partidos -todos- como un basurero de lujo en el cual jubilar a sus cadáveres políticos, el ostracismo estrasburgués era compensado con gozosísimas dádivas. Allí no se daba ni golpe, por supuesto. Ni se ha dado ni se dará jamás. Allí se percibía un sueldo oficial estupendo. Allí, sobre todo, se disfrutaba de gabelas y tolerados sobresueldos casi imposibles de cifrar en su verdadero volumen.

Las dietas de los eurodiputados, la diferencia entre el precio pagado por sus aviones y el que declaraban pagar, por ejemplo, multiplicaban sus ingresos de tal modo que, ahora, cuando su reduplicado sueldo queda en «sólo» unos siete mil quinientos euros mensuales como base mínima, a cambio de imponer alguna mínima transparencia sobre dietas, vuelos, gastos, la mayoría de ellos se juzga gravemente perjudicada. Tienen razón los eurodiputados. Eso es lo obsceno: que la tienen. Un representante electo adquiere ciertas responsabilidades. Su ejemplaridad, la primera. Esta gente -de todos los partidos políticos-, que por decenios ha mangoneado sórdidamente con gastos y dietas, merecería estar en la cárcel. No duplicar su sueldo. A eso llaman política. Pues que les vote su abuela.

Hamás
Genocidio y negacionismo
Si a alguien puede aplicarse el término negacionista en el peor sentido del término es a todos aquellos que actúan como si Hamás no fuese un grupo genocida, y esconden y disculpan lo que es un crimen contra la humanidad reconocido por ellos mismos.
GEES Libertad Digital 28 Enero 2009

Por desgracia, como afirmábamos anteayer, los israelíes no han buscado acabar con Hamás, sino restablecer su capacidad disuasoria, debilitar a la organización y mostrar a la opinión pública internacional cómo se las gastan los terroristas. Y es que las decisiones estratégicas y las decisiones políticas llevan a extrañas situaciones históricas. Israel ha perdonado la vida una vez más a quienes jamás harán lo mismo con Israel.

Con la salida israelí de Gaza hace tres años, Hamás tomó violentamente el poder asesinando a sus oponentes con una violencia salvaje; desde entonces persigue, encarcela, mata y humilla a quienes considera disidentes. Cara a los palestinos, Hamás es un movimiento totalitario, como lo fue el nacionalsocialismo o el bolchevismo. Y cara al exterior, constituye un régimen violento, belicista y agresor. Respecto a sus vecinos, para nadie en nuestros países debiera ser un secreto que el objetivo de Hamás es exterminar a los israelíes y borrarlos de la faz de la tierra.

Su Carta Fundacional de 1998 es tan explícita como cualquier documento propagandístico del partido nazi:
"Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el islam lo aniquile, como antes aniquiló a otros", reza su preámbulo; "El Día del Juicio no llegará hasta que los musulmanes combatan contra los judíos, cuando el judío se esconda detrás de piedras y árboles. Las piedras y los árboles dirán: Oh musulmanes, oh Abdulla, hay un judío detrás de mí, ven a matarlo", más adelante. Y como pensando en Zapatero, Moratinos y la Alianza de Civilizaciones, afirma Hamás: "No hay solución para la cuestión palestina si no es a través de la yihad. Las iniciativas, las propuestas y las conferencias internacionales son todas una pérdida de tiempo y empresas vanas".

Hamás es, estrictamente hablando, un grupo que defiende el genocidio y que tiene como objetivo reconocido llevarlo a cabo. Ni lo esconde ni lo niega. Para Hamás, la solución a los problemas palestinos pasa por la aniquilación total de ese grupo político, racial y religioso que se encarna en el Estado de Israel. No hay diálogo posible, no hay negociación. Sólo la yihad para perseguir y acabar con los judíos. Es decir, genocidio, exaltación del genocidio e intención y premeditación para llevarlo a cabo. Nunca en la historia alguien se ha reconocido tan abiertamente culpable de intentar ejecutar un crimen contra la humanidad como Hamás.

Cabe preguntarse, entonces, acerca de la defensa que en Occidente se hace de la legitimidad y legalidad de Hamás. Esto empezando por la actitud de la ONU respecto a un régimen que se confiesa genocida. La defensa sistemática que Naciones Unidas hace del régimen de Hamás es tan repugnante como si lo hiciera con el régimen de Hitler. En 1939 nadie puso en duda la necesidad de acabar con un régimen totalitario y se consideró que un Estado genocida era la negación misma del derecho internacional y humanitario. Hoy se hace justo lo contrario y es como si la "comunidad internacional" se indignara cuando los aliados atacaban la Alemania nazi. Y de nada vale la excusa del poder o de la desproporción entre la Alemania del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei y la Gaza del Harakat al-Muqáwama al-Islamiya, porque los delitos y los crímenes no se definen "al peso" o según espectacularidad, sino según las intenciones y los actos de los culpables. Y los de Hamás están claros.

No sólo es la ONU la que pasa por alto el genocidio premeditado de Hamás. Quienes en España y Europa defienden al movimiento totalitario están negando y ocultando deliberadamente el hecho de que se trata de un grupo que tiene por finalidad acabar con un grupo racial, religioso y cultural. Niegan que la finalidad de Hamás sea el genocidio del pueblo judío. Así que si a alguien puede aplicarse el término negacionista en el peor sentido del término es a todos aquellos que actúan como si Hamás no fuese un grupo genocida, y esconden y disculpan lo que es un crimen contra la humanidad reconocido por ellos mismos. Mal está negar hechos históricos aberrantes; peor está negar y ocultar que alguien está dispuesto en el presente a repetirlos. Y es lo que pasa hoy en día con el genocidio proyectado por Hamás y el negacionismo de lo que es un crimen contra la humanidad. Habrá que profundizar en la búsqueda de las responsabilidades que de ello se podrían derivar.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Ofensiva legal del PP para garantizar la enseñanza en castellano en toda España
A un mes de las vascas y las gallegas, quiere que la nueva ley afecte a todos los niveles educativos
MARIANO CALLEJA | MADRID ABC 28 Enero 2009

Proposiciones de ley
1. Las Administraciones Educativas garantizarán el derecho de los escolares a recibir las enseñanzas en castellano en todas las etapas educativas.
2. Garantizar este derecho en las Comunidades con lengua cooficial.
-El derecho de elección de la enseñanza en lengua materna hasta los 8 años.
-A que el castellano sea ofrecido como lengua vehicular en todas las etapas.
-A que, para los padres que lo deseen, la educación sea ofrecida totalmente en castellano.
3. La Alta Inspección educativa velará por esas garantías.

El autoproclamado «sentido común» de Mariano Rajoy le llevó a prometer en la campaña electoral del año pasado una reforma de la ley para garantizar la enseñanza en la lengua oficial del Estado, el castellano, en todas las aulas de España, sin discriminación de ningún tipo. «¿Se imagina alguien a un niño que no pueda estudiar en francés en algún lugar de Francia?», se preguntaba en los mítines, y acto seguido pedía sentido común en España. Casi un año después, el PP ya tiene lista su propuesta, que será uno de los ejes de la oposición al Gobierno en los próximos meses.

Los populares defienden un «bilingüismo integrador» y aseguran que su Proposición de ley está elaborada desde la «concordia». Lo cierto es que ayer mismo, en cuanto se anunció, ya recibió las primeras críticas del PSOE. El camino de la iniciativa no será nada fácil.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, repartió ayer primero una buena ración de críticas al presidente Zapatero -«lo que vimos en televisión fue su cara más dura»-, mantuvo una escrupulosa distancia respecto al supuesto caso de espionaje a cargos públicos de Madrid -«todos en el partido quieren el esclarecimiento de los hechos»-, y luego se centró en la que será una de las propuestas estrella del PP este periodo de sesiones.

En la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), el PP afirma que existen normas de ámbito autonómico «que no garantizan que la lengua castellana sea lengua vehicular de la enseñanza en las diferentes etapas y en las distintas áreas y materias, lo que constituye un requisito indispensable para que los residentes en aquellas Comunidades Autónomas puedan ejercer el derecho que les reconoce la Constitución en materia lingüística».

El PP ha registrado así su iniciativa en el Congreso apenas un mes antes de las elecciones autonómicas de Galicia y País Vasco, donde el partido de Rosa Díez pretende ganarles terreno. De hecho, la portavoz de UPyD quiso adelantarse al PP y ya presentó una iniciativa muy similar en el Parlamento.

En su Proposición de Ley, el PP se fija en dos criterios citados por el Tribunal Constitucional en una sentencia sobre la coexistencia del castellano y otra lengua cooficial en la enseñanza: «libertad real» e «igualdad de condiciones», y a partir de ellos elabora el articulado de la iniciativa. «Las Administraciones Educativas garantizarán el derecho de los escolares a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, en todas las etapas educativas», dice el primer artículo de la reforma que propone.

Los populares piden que la lengua castellana y su literatura tengan «el tratamiento propio y el horario necesarios para garantizar que todos los escolares la comprendan y se expresen en ella con corrección oralmente y por escrito al finalizar la enseñanza básica».

En la lengua habitual
En las comunidades con otra lengua cooficial, el PP proclama que los niños tienen derecho a recibir sus primeras enseñanzas, en educación infantil y primaria, en su lengua habitual, ya sea el castellano o la otra lengua cooficial. Y añade:

El PP es el problema
Nota del Editor 28 Enero 2009

1. Las Administraciones Educativas garantizarán el derecho de los escolares a recibir las enseñanzas en castellano en todas las etapas educativas.
2. Garantizar este derecho en las Comunidades con lengua cooficial.
-El derecho de elección de la enseñanza en lengua materna hasta los 8 años.
-A que el castellano sea ofrecido como lengua vehicular en todas las etapas.
-A que, para los padres que lo deseen, la educación sea ofrecida totalmente en castellano.
 

«Las Administraciones Educativas garantizarán que en todas las etapas educativas y en todos los cursos la lengua oficial del Estado sea ofrecida como lengua vehicular en las distintas áreas y materias junto con la otra lengua cooficial, en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales».

"Se garantizará la opción de recibir las enseñanzas en castellano, sin perjuicio del aprendizaje de la otra lengua cooficial en los términos que establezca la Comunidad Autónoma. Los alumnos que hayan iniciado sus estudios fuera de la Comunidad de que se trate o a quienes acrediten su residencia temporal en ella quedarán dispensados del estudio obligatorio de la lengua cooficial."

"En la educación superior, los profesores y los alumnos tendrán el derecho a utilizar, oralmente y por escrito, la lengua oficial de su preferencia."

El PP hace una propuesta de cara a la galería  y con la letra pequeña la tumba, y encima la letra pequeña se tumba entre sí.  Esto me recuerda los tiempos en que Aznar era presidente y ante mi queja de que los derechos humanos y constitucionales de los español hablantes estaban siendo conculcados en las regiones donde el español es lengua "impropia", su contestación, estilo PP como esta propuesta, motivó a que le enviara una carta rogándole que por favor no me insultase. Pues eso, Mariano,, vete a tu registro y deja de insultar.

EL PP SE PONE LAS PILAS EN VÍSPERAS DEL 1-M
La "doble moral" de PSE y PNV: el vasco se impone en las aulas pero no para ser militante
A un mes para las vascas y gallegas, el PP reacciona y se pone las pilas en la defensa del castellano. Además de la ofensiva legal anunciada por Sáenz de Santamaría, los populares vascos han presentado un vídeo en el que ponen de manifiesto la doble moral de PNV y PSE.
Pablo Montesinos Libertad Digital 28 Enero 2009

A un mes para las elecciones vascas y gallegas, el PP se pone las pilas en la defensa del castellano. Además de la Proposición de Ley anunciada por Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso de los Diputados, Antonio Basagoiti ha denunciado la doble moral del PSE y el PNV a través de un vídeo que lleva como título "Abre los ojos".

En este documento visual, una ciudadana llama a varias sedes de los socialistas y nacionalistas en el País Vasco utilizando como cebo que quiere filiarse. Sus responsables, en todo momento, minimizan la importancia de conocer la lengua autonómica. Lo importante, en ambos casos, es pagar la preceptiva cuota anual.

Concretamente, una joven llama para saber "cómo me puedo afiliar", pero pone un problema: "yo no sé hablar euskera". "Tranquila, tranquila... no tiene nada que ver" o "Ah, no mujer, tranquila, la mayor parte en castellano, hay mucha gente que no sabe", le dicen los nacionalistas. Por su parte, los socialistas le responden: "Qué tiene que ver, yo tampoco hablo euskera".

El vídeo finaliza recordando que el PNV fomenta la imposición del vasco mientras que el PSE de Patxi López calla ante los abusos.

La "política pop", clave en la precampaña del PP vasco
Fuentes del PP vasco consultadas por Libertad Digital explican que la defensa del castellano centrará buena parte del discurso de su líder, que a partir de este miércoles tiene una agenda repleta de actos. Destaca el del próximo sábado en Vitoria, en el que estará acompañado por Mariano Rajoy. Será el arranque formal de la precampaña vasca, en el que habrá "novedades" acordes con la "política pop" de la que tanto se enorgullecen. El mitin contará, por ejemplo, con actuaciones musicales como la de Pitingo.

En este sentido, el diario ABC publica este miércoles que Jaime Mayor Oreja ha mostrado "reticencias" para participar en la campaña vasca. En declaraciones a este periódico, el cabeza de lista de los populares a los comicios europeos explicó que trabaja con Basagoiti para saber "cómo puede ayudarle". Según fuentes consultadas, ambos dirigentes "siguen encuadrando sus agendas" pero todavía "no hay nada cerrado".

Ofensiva legal en el Congreso
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba el martes las medidas que van a ser planteadas para que el castellano no sea arrinconado. Concretamente, el Grupo Popular ha registrado una Proposición de Ley que garantice que los padres que lo deseen puedan escolarizar a sus hijos en la lengua vehicular.

La portavoz popular aseguró que la ley de su grupo se inspira en "la defensa de la libertad de los españoles y en la igualdad", así como en la riqueza y expansión mundial del castellano, y persigue que los padres puedan libremente "elegir la lengua" en la que ellos piensan y en la que quieren que "piensen, imaginen y se eduquen" sus hijos.

"Defendemos un bilingüismo armónico, cordial, y con un norte: la libertad y la no intromisión en los derechos de los españoles a elegir la legua que pone voz a sus vidas", resumió.

LA POLÍTICA VASCA CENTRA TODAS LAS MIRADAS
Aguirre, San Gil y Ortega Lara, protagonistas en la gala de los premios DENAES
Los discursos de Esperanza Aguirre y José Antonio Ortega Lara, y la presencia de María San Gil fueron lo más destacado de la gala en la que la Fundación DENAEs entregó la segunda edición de los premios Españoles Ejemplares.
Europa Press Libertad Digital 28 Enero 2009

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo este martes que "es evidente" que cuando de la sociedad civil surge la necesidad de defender la nación es que "quienes tienen la obligación de defenderla no lo hacen", tal y como ocurrió en mayo de 1808 y como ocurre hoy día en muchas partes de España "donde afirmar la grandeza de la nación española se considera una provocación".

La jefa del Ejecutivo autonómico pronunció estas palabras durante el discurso de clausura de la entrega de premios Españoles ejemplares de la Fundación Defensa para la Nación Española (DENAES) celebrado en la Real Casa de Correos, una ceremonia que logró reunir a dos de las personas más emblemáticas en la lucha contra ETA: la ex dirigente del PP vasco María San Gil –que intercambió confesiones con Aguirre– y el ex funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado por la banda terrorista. Tanto San Gil como Ortega Lara dejaron el PP ante el giro emprendido por Rajoy y sus colaboradores tras perder por segunda vez consecutiva las elecciones generales.

Más allá de la celebración, la Puerta del Sol fue testigo de cómo personas anónimas se acercaban a San Gil para felicitarla por su labor en el PP a lo largo de todos estos años y para suplicarle que volviera a la política. Sin embargo, la ex presidenta de los populares vascos tan solo repetía a cuantos se aproximaban a ella: "estoy en un período de reflexión".

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el breve pero intenso discurso de Ortega Lara, en el que afirmó que hay que tener en cuenta que las víctimas del terrorismo "además de dar o comprometer su vida por España han sido en los últimos años vilipendiadas, humilladas, y zaheridas por buena parte del poder y sus satélites", algo que, desde su punto de vista, "no se merecían". Ésta es la segunda vez que se deja ver acompañado de Aguirre en los últimos meses, después de que ambos protagonizaran en diciembre un acto de homenaje a la Constitución española.

La jefa del Ejecutivo madrileño, que alabó la labor en defensa de la libertad de San Gil y de Ortega Lara, destacó en su alocución que el objetivo del acto era poner de manifiesto la grandeza de la nación española, de su legado histórico y cultural y de su significado como garante de la igualdad de todos los españoles. "Con los premios queremos reconocer el mérito de las personas e instituciones que contribuyen a engrandecer lo que constituye una nación moderna: arte, cultura, prosperidad, y virtudes cívicas", indicó Aguirre, quien consideró que es una suerte que DENAES "haya hecho suya la obligación de honrar a la patria", que, según dijo, "nada tiene que ver con ideologías, creencias o color político".

Para argumentar sus tesis, la presidenta echo mano de lo ocurrido hace pocos días en Estados Unidos, donde los americanos se han unido para ensalzar a su patria con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente, Barack Obama, un hombre que estuvo en boca de varios de los intervinientes en el acto. La presidenta de la Comunidad de Madrid insistió en que los galardones son el reconocimiento a la valentía en defensa de la libertad de las personas e instituciones que "no se resignan a ser extranjeros en su país" y que defienden un legado histórico de unas de las naciones "más antiguas del mundo".

Así, citó la labor de "españoles ejemplares" como el artista Albert Boadella; la alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola; la ex dirigente del PP vasco, María San Gil u Ortega Lara, a los que sumó el trabajo de los galardonados en la ceremonia de hoy. Los premios 'Español Ejemplar' de DENAES han distinguido en su segunda edición a Juan Carlos Pérez Fuentes en la categoría de Arte y Humanidades por su espectáculo teatral 'Puerta del Sol, un episodio nacional'. "Juan Carlos ha sufrido los ataques de los nacionalistas excluyentes por llevar a Cataluña espectáculos teatrales en castellano", subrayó Aguirre momentos después de que Pérez Fuentes recibiera un premio que, según manifestó, le permite reafirma que es de España.

En la categoría de Periodismo, DENAES ha otorgado el premio al programa de Intereconomía El gato al agua. Mientras, el Premio Español ejemplar en la modalidad de Actividad profesional recayó en la empresa Airberlin por su defensa del derecho de las empresas a emplear el castellano en cualquier ámbito. "Alentamos ver cómo la intolerancia choca de bruces contra la valentía, la dignidad y el sentido común de una empresa extranjera que se niega a plegarse a los caprichos de cierta clase política", manifestó Aguirre.

La compañía deportiva Nike ha sido distinguida en esta ocasión con el premio 'Español ejemplar' por su campaña protagonizada por Pau Gasol, en la que el jugador de baloncesto afirmaba que "ser español no ex una excusa, es una responsabilidad", un afirmación que le permitió a la presidenta madrileña indicar que gracias a deportistas como Gasol, Rafa Nadal o Fernando Alonso "España es querida y respetada en todo el mundo". "Nike da ejemplo de cómo se puede expresar públicamente el orgullo de ser español", apostilló.
Finalmente, en la categoría de Virtud cívica, la fundación DENAES ha decidido premiar a la Fundación CEU por iniciativas como la organización de congresos internacionales de víctimas del terrorismo. "Estas personas representan los valores y virtudes cívicas que compartimos la inmensa mayoría de los españoles. Por ello, DENAES ha decidido darles estos premios. Ellos son la mejor prueba de que la nación española es garantía de libertad", concluyó al presidenta.

La hipocresía de las llamadas "políticas lingüísticas"
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 28 Enero 2009

Increíble, pero cierto. Spot sobre la imposición del eusquera en el País Vasco o la hipocresía de las llamadas "políticas lingüísticas", como si la política tuviera algo que ver con la lingüística o viceversa. Como queda meridianamente claro en el vídeo, lo importante es dar el número de cuenta.
http://www.youtube.com/watch?v=slgOmYVAeyQ

El PP vasco entra en campaña con un vídeo para denunciar la política lingüística del PNV y PSE
B .YUSTE | MADRID ABC 28 Enero 2009

El PP del País Vasco ha abierto la campaña electoral en la Red con un vídeo en el que denuncia la política lingüística del PNV y del PSE. Bajo el título «Abre los ojos», los populares vascos critican la «doble moral» de ambas formaciones en el uso del vasco, puesto que lo «imponen» a los ciudadanos y, sin embargo, ellos ni siquiera lo exigen para las afiliaciones.

El vídeo se puede ver en la web del PP del País Vasco y tiene una duración de algo más de dos minutos. En él aparece en blanco y negro la imagen del lendakari, Juan José Ibarretxe, y la del secretario general del PSE, Patxi López, a quienes acusa de mantener una postura radicalmente opuesta en el empleo del vasco cuando éste se refiere a la sociedad y cuando, por el contrario, afecta al partido.

Pero éste sólo es el primer vídeo de esta naturaleza y seguro que no el único. Todos los partidos ya se han lanzado a Internet para conquistar este espacio tan importante para sus intereses electorales. Y en ese objetivo jugarán un papel muy destacado los vídeos, como ya lo han hecho en otras citas con las urnas. También por ello tanto el PP del País Vasco como el PSE han abierto un canal en YouTube.

De momento, la batalla audiovisual en la Red la protagonizan estos dos partidos, pues el PNV, partido en el gobierno, se está manteniendo al margen. En cualquier caso, lo cierto es que todos se han esforzado por presentarse en el ciberespacio con una imagen atractiva y cercana a los ciudadanos. A ello también ha contribuido el blog que se han abierto los candidatos a lendakari, especialmente, el del PP vasco, Antonio Basagoiti, y el del PSE, Patxi López, que hace muy pocos días fue premiado por un colectivo de blogueros.


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Matemática etarra en Vasconia
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo 28 Enero 2009

Igual no todos los abertzales de izquierda son proetarras. «Queremos acumular fuerzas e impulsar un espacio independentista y progresista como sujeto determinante del cambio político y social en Euskal Herria». Es lo que han declarado como objetivo los promotores de la plataforma D3M. Quieren acumular fuerzas. Probablemente haya entre los poco más de cien mil votantes habituales de la clandestina e ilegal Batasuna un porcentaje de contrarios a la violencia. La acumulación de fuerzas ha sido un concepto estratégico para ETA. De hecho, los frentes político, sindical y los distintos disfraces de infiltración social que tiene ETA forman parte de esa estrategia terrorista de acumulación de fuerzas. Algunos consideran que la acumulación de fuerzas está detrás de la legitimación jeltzale de ETA en Lizarra en 1998. Igual es casualidad que D3M utilice la acumulación de fuerzas en su argumentario.

Tal vez la acumulación de fuerzas sea el concepto detrás de la matemática de D3M. Si no es por medio de este cocinado teórico, es difícil pasar de cien mil votantes a tres millones de posibilidades. La población de Euskadi está rondando los dos millones cien mil habitantes. Contándolos a todos, maketos y vascos impuros incluidos. Haciendo un ejercicio de deducción simple, los tres millones que bautizan a la nueva plataforma electoral deben de simbolizar a la población mítica de Euskal Herria. Los tres millones no equivalen a los tres territorios de Euskadi, sino a los siete herrialdes de Vasconia.

D3M parece una fórmula matemática. O mejor, una fórmula de física teórica. Aunque nada de física cuántica. Estamos en física tradicional. Lo que describe esta ecuación es relativamente sencillo. Si el presidente Zapatero considera que es estratégicamente rentable dejar un espacio mínimo de expresión al abertzalismo proetarra, esperarán a que se anulen la mayoría de sus candidaturas para colar unos pocos concejales pseudobatasunos en ayuntamientos de Euskadi. No serán tres millones, pero con que sean tres bien colocados, a estas alturas del partido, basta. Es dudoso que Zapatero, que debe de haber entendido ya que para desactivar a ETA hay que desarrollar una estrategia intensiva de desarticulación de todos sus frentes, vaya a retroceder a una fase de contemporización con la Batasuna de la ETA actual. Y aún menos viable es tal posibilidad teniendo todavía depositada alguna esperanza en el tándem Ternera-Otegi. Aunque, por si acaso.

La alternativa más plausible sobre el propósito de la fórmula D3M es, sencillamente, molestar. Desde que se aplicara la Ley de Partidos, en vía administrativa, o la instrucción de la Audiencia Nacional, en vía penal, ETA siempre ha presentado una candidatura a los procesos electorales. También siempre ha conseguido infiltrar en la cocina de las instituciones democráticas a potajes completos, como el PCTV, o a garbanzos aislados, como ANV. Ahora tiene complicado servir siquiera el postre (esperemos). Sin embargo, con la mera candidatura ya molestan. Con D3M consiguen poner en marcha el procedimiento legal de investigación e inhabilitación de candidaturas, aprovechando toda la publicidad victimista generada por el proceso. El victimismo es como el maná espiritual para las artríticas bases abertzales. D3M es una pócima interna para las desorientadas y anémicas facciones proetarras.

a sólo con atizar la hoguera del victimismo, D3M les merece la pena. Adicionalmente, en eso de molestar, la segunda derivada de D3M es instalarse en la conciencia de aquellos votantes descarriados que tengan la tentación de adscribirse a la izquierda abertzale alejada de ETA. Es una incógnita cómo será el aterrizaje electoral de la nueva izquierda abertzale, materializada en la coalición Eusko Alkartasuna-Aralar, pero en sí misma ya es la ejemplificación de que el abertzalismo independentista tiene encaje político sin el asesinato como doctrina. Los profesionales de la mafia etarra intuyen desde sus íntimas entrañas que la mayor amenaza interna para la banda es una opción política abertzale emancipada de su control. No les gusta EA, detestan a Aralar y han castrado a Otegi. La historia de ETA desde la quinta asamblea de 1966, con un aparato armado capando una y otra vez al aparato político, es testaruda en demostrar esta visión épica en torno a la predominancia, y profesionalización, del más bruto del patio del colegio.

C's invita al portavoz del PSOE a que intente escolarizar a sus hijos en castellano o bilingüe en una escuela pública de Cataluña
La sentencia del Supremo “es sumamente fácil de cumplir”
NOTA DE PRENSA Ciudadanos 28 Enero 2009

'Hasta que no estén las casillas en la hoja de preinscripción de las escuelas de Cataluña no se estará cumpliendo con la ley', tal y como ha ratificado el Supremo confirmando la sentencia del TSJC.

El grupo parlamentario de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ha respondido al consejero de Educación de la Generalidad de Cataluña, Ernest Maragall, porque “ayer dijo una mentira” en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno autonómico, al asegurar que la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a la Administración autonómica a incluir una casilla de elección de lengua vehicular en la preinscripción escolar, se estaba cumpliendo.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en rueda de prensa en el Parlamento autonómico de Cataluña, ha asegurado que este martes “se dijo una mentira” ya que “no es cierto” que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, STS 6803 del 12 de diciembre de 2008, se esté cumpliendo como aseguró Maragall.

Desde Ciudadanos se ha recordado al consejero de Educación que “hasta que no estén las casillas en la hoja de preinscripción de las escuelas de Cataluña no se estará cumpliendo con la ley”, tal y como ha ratificado el Supremo confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 14 de septiembre de 2004.

El diputado autonómico ha recordado que, tal y como han indicado los tribunales de Justicia, “es sumamente fácil de cumplir” las diferentes sentencias, pero “no hay voluntad política de cumplirlas”. Rivera ha indicadoque hay mucha prisa en “blindar la inmersión lingüística obligatoria en catalán, con la aprobación de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), acelerando su trámite”, desde una manera “temeraria, desde el punto de vista político” para crear otro conflicto entre las sentencias judiciales y la LEC.

Por este motivo, es más necesaria que nunca, como ha recordado Rivera, la concentración del próximo día 7 de febrero, a las 12 del mediodía en la Plaza de San Jaime de Barcelona, para pedir la dimisión del presidente del Gobierno autonómico, José Montilla, por no cumplir las leyes y sentencias dictadas por la Justicia.

Bilingüismo: Rajoy “no tiene credibilidad” y el PSOE no conoce “la realidad de Cataluña”
En este sentido, el presidente de Ciudadanos ha mostrado su preocupación, por lo que ha considerado un gesto puramente electoral, la decisión del PP de presentar en el Congreso una ley de lenguas. Rivera ha recordado que esta iniciativa popular está enmarcada en un momento en el que hay elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco.

Desde Ciudadanos se ha recordado que fue Mariano Rajoy, presidente del PP, quién firmó, mientras su partido estuvo en el Gobierno, acuerdos con CiU y el Gobierno autonómico de Jordi Pujol haciendo mucho más difícil la elección de la lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. “Rajoy no tiene credibilidad” en este tema, ha asegurado Rivera.

Igualmente, el presidente de Ciudadanos, ha invitado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, y al portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, que ayer aseguró que no existía problema alguno, en relación a la posibilidad de escoger la lengua oficial en las escuelas de Cataluña, a que “digan una sola escuela pública de Cataluña en la que se pueda escolarizar a los niños en castellano o bilingüe”.

“Invitamos al señor Alonso o a la señora Cabrera, en particular, y al PSOE en general, a que vengan a Cataluña e intenten escolarizar a sus hijos en una escuela pública”, ha indicado Rivera, que ha mostrado su preocupación por el “grave desconocimiento que el PSOE tiene de la realidad de Cataluña”.

DEBATE SOBRE LAS LENGUAS COOFICIALES EN LA ENSEÑANZA
El PP presenta una ley pro castellano "sin segregación"
El PSOE acusa a los populares de "tratar de crear problemas donde no los hay"
EL PERIÓDICO  28 Enero 2009

El PP presentó ayer finalmente los detalles de su anunciada propuesta para garantizar la enseñanza del castellano en toda España. Algo que, a juicio de los populares, hoy por hoy no está asegurado debido a "normas de ámbito autonómico que no garantizan que la lengua castellana sea vehicular de la enseñanza".

En el texto de los populares se despeja finalmente una incógnita que durante meses el propio PP no había aclarado: la posibilidad de segregar a los alumnos en las aulas en función de la lengua que elijan sus padres para su educación.

Uno de los puntos de la proposición de ley indica que las administraciones educativas deberán tomar medidas para que los alumnos "no sean separados en centros distintos por razón de su lengua habitual". En la propuesta no se hace referencia a la separación de aulas, pero la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que tampoco se produciría esa división.

Cabe recordar, sin embargo, que el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, en una entrevista de EL PERIÓDICO en febrero del año pasado, aseguró que "los padres deben elegir la lengua vehicular aunque no se haga todo en la misma aula".

EQUILIBRIO DE HORAS LECTIVAS
La propuesta presentada ayer por el PP reclama que en todas las etapas educativas el castellano sea ofrecido como lengua vehicular "junto con la otra lengua cooficial". Y añade que ello se hará "en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas". Ahora bien, el PP también quiere que se garantice la opción de los padres a que sus hijos reciban la educación únicamente en castellano y para ello señala que las autoridades educativas deberán planificar la oferta escolar de acuerdo con la población castellanohablante y la realidad sociolingüística del entorno educativo. Es decir, que pese a rechazar la segregación se abre la puerta a la educación únicamente en castellano en determinados centros.

La propuesta de los populares tiene serias posibilidades de ser rechazada por el resto de los grupos parlamentarios, como ha sucedido en iniciativas parlamentarias similares del PP en las Cortes. El portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, acusó al principal partido de la oposición de "tratar de crear problemas donde no los hay, lo cual es preocupante". Alonso recordó que no existe ningun conflicto respecto a la aplicación de la cooficialidad lingüística porque se respeta la Constitución.

Propuesta del PP en el Congreso para garantizar la enseñanza en castellano
Pretende cambiar la ley para que los padres puedan elegir la educación sólo en español
AGUSTIN YANEL - EL MUNDO 28 Enero 2009

Ayer, un año después de que lo anunciara Mariano Rajoy durante la precampaña electoral, el PP presentó en el Congreso de los Diputados una proposición para modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE). Los populares quieren que, con esta medida, se garantice «la enseñanza del castellano y en castellano» en todas las etapas educativas, porque consideran que en Cataluña, Galicia y el País Vasco ahora no está garantizada.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que se trata de que los estudiantes que viven en comunidades donde existe una lengua cooficial con el castellano acaben conociendo las dos, pero partiendo de que son los padres quienes deben decidir en cuál de ellas quieren que sea educado su hijo.

Rosa Díez, la diputada de UPyD, presentó en junio pasado una propuesta similar para «prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua».

Sáenz de Santamaría aclaró ayer que el PP no plantea ahora su proposición para evitar que Rosa Díez utilice este asunto en las próximas campañas para las elecciones gallegas, vascas y europeas, porque los populares siempre han defendido la misma postura incluso en la anterior legislatura, cuando ni siquiera existía UPyD. «El PP tiene autonomía y personalidad propia», subrayó.

La Constitución establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen «el deber de conocerla y el derecho a usarla». Para que esto sea posible, según indica el PP en su propuesta, es «indispensable» que durante todo el proceso de aprendizaje los alumnos reciban la enseñanza de esa lengua con un tratamiento y unos horarios propios.

Pero, como no existe una norma legal para todo el Estado que regule de qué manera se lleva a cabo ese objetivo, añade el PP, el asunto ha quedado en manos de las comunidades autónomas que tienen una lengua cooficial. «Como consecuencia de ello», añaden los parlamentarios populares, «existe una enorme disparidad legislativa y un tratamiento desigual del uso del castellano en las diferentes etapas, y en las distintas áreas y materias educativas».

Desde las tres comunidades autónomas citadas niegan que esto sea un problema y aseguran que se limitan a cumplir lo que se establece en sus respectivos estatutos de autonomía.

Desde el PP proponen que se añadan tres artículos a la LOE, en los que se garantice «el derecho de los escolares a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, en todas las etapas educativas». Para ello, en las comunidades citadas «la lengua castellana y su literatura tendrán el tratamiento propio y el horario necesario para garantizar que todos los escolares la comprendan y se expresen en ella con corrección, oralmente y por escrito, al finalizar la enseñanza básica».

También proponen que se garantice el derecho de elección de la lengua materna hasta los ocho años, que el castellano sea ofrecido como lengua vehicular en todas las etapas educativas en igualdad con la lengua cooficial, que los padres puedan elegir una educación totalmente en castellano, que no exista discriminación por elegir una u otra y que la inspección educativa vele para que se cumplan estas garantías.

Las palabras de Pöttering
PILAR RAHOLA - LA VANGUARDIA  28 Enero 2009

Quizás este chico, Oriol Junqueras, el flamante candidato de ERC al Parlamento Europeo, consigue que las elecciones europeas interesen al gato, ni que sea por la vía cómica. De momento ha empezado con sentido del humor y ha asegurado que la misión de los catalanes es "intentar que Europa entienda que España no nos deja ser europeos", y ha dicho no sé qué de una palanca, de que Catalunya luchó con los húngaros y de que hemos conquistado océanos.

Es decir, lejos de hablar de cómo afecta Europa a los intereses catalanes, en plena crisis económica, Oriol ha sacado la bandera épica, la ha plantado en el aburrido territorio político y nos ha resucitado al imperio austro-húngaro. Bien, es una forma de empezar.

Visto, además, que el debate que montó la Fundació Pere Tarrés con el presidente del Europarlamento, el democristiano Hans-Gert Pöttering, también derrapó por las sinuosas curvas de la reivindicación lingüística, y que fueron personas de la talla de un Jordi Pujol, una María Badia, o Alfons López Tena quienes condujeron la reflexión por esos derroteros, cabe intuir por dónde irán estas elecciones.

Cuanto menos poder político tenemos los catalanes, más nos da por sacar a los almogávares de paseo. Mientras en Madrid se pelean –con Mortadelo y Filemón incluidos– por el dominio de una caja de ahorros, aquí invitamos a un alemán de la Baja Sajonia para leerle la cartilla sobre nuestros problemas lingüísticos. Que si los catalanes no podemos hablar catalán en el Parlamento Europeo. Que si somos no sé cuántos millones. Que si hemos inventado el pan con tomate.

La respuesta de Hans-Gert Pöttering nos ha dejado tan planchados que tendría que ser de lectura obligatoria en los cursos de verano de los partidos políticos. Ha dicho el bueno de Hans: "Hemos dado a los catalanes la posibilidad de escribir en el Parlamento Europeo, en los comités o a los diputados en su lengua catalana, y tienen una respuesta en esta propia lengua. Y si estoy bien informado, esto no es posible en el Parlamento español. Por tanto, mi consejo es que, primero, hagan un paso para conseguir poder hablar catalán en el Parlamento español, y después veremos qué podemos hacer en la Unión Europea".

Es de tal Perogrullo la respuesta, que una no puede evitar sentir vergüenza patria. ¿Tan mal estamos, que ya no nos queda otra opción que hacer el ridículo? Por supuesto, no sólo estoy a favor de poder usar nuestro idioma en todos los estamentos oficiales, sino que creo que hurtar ese derecho es una estafa a la democracia.

No hay ni un solo argumento solvente, más allá de la prepotencia del poder, que justifique la peregrina y lesiva prohibición de hablar en catalán en nuestros Parlamentos. Si ello ocurre no es por falta de derechos, sino porque no hemos sido capaces de hacerlos respetar. Y es aquí donde Hans-Gert Pöttering tiene más razón que un santo. ¿Cómo puede Catalunya montar un cirio en Bruselas cuando no ha hecho los deberes en Madrid?

Resulta evidente que el Parlamento Europeo no es una agrupación de minyons escoltes, ni un congreso de ONG, sino la representación parlamentaria de un conjunto de estados. Los asuntos internos de esos estados, independencias y confederaciones incluidas, tienen que resolverse en su interior.

Si el estado en cuestión no considera necesario respetar seriamente sus propios idiomas, ¿por qué tendría que hacerlo Europa? Cuando dicha reivindicación la hacen, además, importantes líderes de los partidos que han tenido o tienen poder en el Estado español, la cosa deviene esperpéntica. Veamos. ¿Cómo puede Jordi Pujol quejarse de que el Parlamento Europeo no respete el catalán, si él no consiguió lo propio con los diferentes gobiernos españoles que apoyó? Quiero recordar que el tema no estuvo nunca en la agenda, nunca se negoció y nunca se consideró importante.

En la misma tesitura, ¿cómo puede quejarse la europarlamentaria socialista María Badía, si su propio partido ha impedido ese derecho en el Parlamento español siempre que ha gobernado? En realidad, lo está prohibiendo ahora mismo. Y finalmente, ¿cómo puede lamentarse el republicano Bernat Joan, si ERC ha dado apoyo a Zapatero, lo da al PSC en Catalunya, y nunca ha planteado este tema en ninguna negociación política? Es decir, ni en Barcelona, ni en Madrid, el catalán no ha importado a nadie, no ha estado en las carpetas rojas de ninguna negociación y no ha significado ninguna encarnizada lucha política. Si hace más de treinta años que tenemos democracia, y no podemos usar nuestro idioma en el Congreso de los Diputados, ¿sólo es por culpa de la perfidia española? ¿O porque, en realidad, nos ha importado un pito?

De ello me quejo. Me quejo de ese gusto por la épica que nos ataca a los catalanes cuando tenemos alguna elección en ciernes, convencidos de que el ruido esencial siempre da votos. Por el camino, usamos el idioma como un trapo sucio que lava nuestras propias miserias, y una vez usado, lo tiramos al cubo del olvido. Ahora queremos convencer a Europa, quizás porque Europa no se inmuta con cuatro pancartas. Está lejos, queda bien y además no tiene consecuencias. Es lo de siempre en Catalunya: que nos encanta hacer ruido en el desierto.

LA PRÓXIMA DELEGACIÓN, EN ARGENTINA
La Generalidad ha abierto 71 oficinas en todo el mundo
El Gobierno catalán ha abierto ya un total de 71 oficinas en todo el mundo, informa e-noticies. Pese a la crisis económica, la Generalidad no repara en gastos para fomentar el separatismo.
Libertad Digital 28 Enero 2009

Una publicación de la Generalidad titulada "Fortaleciendo Catalunya" –el mismo título de la conferencia de Montilla con motivo del segundo aniversario del Gobierno del tripartito- el Gobierno catalán ha abierto nada menos que 71 oficinas alrededor de el mundo. Según el diario catalán en Internet e-noticies, esta cifra se obtienede la suma de Delegaciones del Gobierno, oficinas de la red empresarial ACC1Ó -formada por el CIDEM y el COPCA-, Turismo de Catalunña, Instituto Catalán de las Industrias Culturales, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, Servicio de Ocupación de Cataluña y el Instituto Ramón Llull.

En pocos meses, Cataluña ha abierto cinco delegaciones, algo así como embajadas catalanas en Bruselas, París, Berlín, Londres y Nueva York, con el coste que ello supone en alquiler de edificios, personal y mantenimiento. El Gobierno catalán no oculta que tiene la intención de "continuar ensanchando la red internacional de Catalunya con delegaciones en América Latina".

De esta manera el Gobierno catalán usurpa las funciones del Gobierno central en relaciones internacionales y bilaterales con la intención de fomentar el separatismo. Según el libro de la Generalidad, Cataluña quiere consolidar "su presencia en mercados económicos de gran importancia y mejorará las relaciones directas con instituciones como la Unesco o las Naciones Unidas".

Precisamente este martes la Generalidad aprobó la apertura de una nueva delegación en el extranjero, esta vez en Argentina, informó la portavoz Aurora Masip, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo. La nueva delegación, cuyo coste no se ha hecho público, tiene como objetivo "consolidar las relaciones bilaterales" de la Generalidad con Argentina, Chile, Uruguay y el resto de países de América del Sur.

La Generalidad anunció también que el próximo jueves signará un acuerdo con el Principado de Andorra que buscará intensificar sus acuerdos de colaboración y reforzar la cooperación existente entre ambos ejecutivos.

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, Dolors Montserrat, ha denunciado el “suma y sigue” del Gobierno de la Generalidad al anunciar la creación de una embajada en Argentina. La diputada popular ha afirmado que “es intolerable la espiral de despilfarro del Gobierno tripartito en el momento actual de crisis económica”. En este sentido ha reclamado al presidente de la Generalidad, José Montilla, que “ponga freno” a la campaña de promoción del vicepresidente, Josep Lluis Carod Rovira, y se preocupe por “ayudar y promocionar a los catalanes que pasan dificultades económicas”.

Dolors Montserrat ha recordado que no hace ni una semana de la inauguración de la embajada en el Rockefeller Center de Nueva York y que con la de Argentina, “ya son cinco”. “Es de una frivolidad extraordinaria que el tripartito pida recursos por un lado, y los despilfarre por otro, mientras cientos de miles de catalanes están en el paro y miles de autónomos tienen que cerrar sus negocios ante la pasividad del Govern”, ha añadido.

Asimismo la portavoz del PPC ha afirmado que “el Gobierno de la Generalitat es el de todos los catalanes y no puede estar secuestrado por campañas promocionales de uno de los partidos que lo forman”.

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