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Recortes de Prensa    Jueves 29 Enero 2009

¿Es Rosa Díez la alternativa al PP o hay otra derecha posible?
Oscar Rivas Minuto Digital 29 Enero 2009

Definitivamente es el nuestro un país paradójico. Resulta que el tradicional votante del PP está rebotado. Cierto es que no es la primera vez. Que ya antes se habían vivido situaciones tensas entre la derecha social y su referente político; momentos en los que aquella se sintió tan distanciada del PP que se vio tentada por la abstención.

Pero nunca llegó la sangre al río. Esta vez, sin embargo, parece que la cosa va en serio; que una parte de la derecha social votará, pero no al PP. Lo hará- y he aquí la paradoja- por Rosa Díez.

Indudablemente, al votante de derechas le sobran los motivos para no respaldar electoralmente al PP. Primeramente, porque el PP no es un partido de derechas. Ni lo es ni pretende serlo. No ya porque su cúpula dirigente repudie la etiqueta con la misma frecuencia y orgullo con los que proclama su centrismo. Sino porque sus convicciones -si es que las tienen- distan años luz de aquellos principios que sustancian el pensamiento conservador. La verdadera derecha, por ejemplo, es firme defensora del derecho a la vida. Así, nunca podría respaldar con su voto -como hicieron recientemente algunos eurodiputados del PP- el aborto y la eutanasia.

La unidad de España es otra cuestión irrenunciable para cualquier derecha que se precie. Pero ¿qué opina el PP a este respecto? Depende de dónde y de cuándo. Denuesta la perfidia del nacionalismo excluyente que desgarra la nación, pero cuando se acercan las elecciones deja caer la posibilidad de pactos con sus versiones más extremistas ¿No fue Esperanza Aguirre quien abriera las puertas a un posible pacto con el BNG? Si hablamos de libertad de educación, tampoco sabemos a que atenernos: hay comunidades gobernadas por el PP donde la asignatura de Educación a la ciudadanía se hace exigible, y otras en las que, por el contrario, se promueve la objeción de conciencia. En materia lingüística, la cosa no es menos preocupante.

En Cataluña y Galicia, a fin de ganar votos -que, por cierto, nunca gana- el PP ha terminado por consentir, e incluso respaldar, el gravísimo proceso de aniquilación al que es sometido el castellano; un atentado contra las libertades individuales más básicas, pero también contra la propia identidad de la nación española.

Y ya que hablamos de identidad ¿qué decir de la pasividad con la que el PP asume el destrozo social ocasionado por la política inmigratoria más extremista de Europa? Sus perniciosas consecuencias ya se hacen visibles, pese a lo cual, desde las filas del PP no falta quien, rebasando las posiciones de la izquierda, propugna el derecho a voto del inmigrante. Y así podríamos continuar hasta la extenuación. La realidad es que el PP ha abandonado el discurso propio de una formación conservadora para entregarse con todo su equipaje a las ideas de la izquierda. Hasta ahora le había salido gratis. Acostumbrada a contar con la inquebrantable lealtad de una derecha social a la que no ha dejado de despreciar, el PP creyó ver en su voto un cheque en blanco; al punto de servirse de él para conculcar los valores que aquella representaba. Durante años esta actitud abusiva no encontró respuesta. Hasta hoy.

Si tuviéramos que acogernos a un símil, se diría que la relación entre la derecha social y el PP se asemeja a la de aquellas parejas asimétricas en las que un cónyuge se entrega al otro sin obtener de éste otra respuesta que su desprecio. Transcurre el tiempo y el desprecio desemboca en los malos tratos, hasta culminar en el adulterio. El cónyuge enamorado aguanta resignado lo que lo que le permite su amor, hasta que un buen día una gota rebosa el vaso y termina por divorciarse. Algo parecido le ha sucedido a la derecha social con el PP.

Hastiada del comportamiento adúltero del PP, la derecha social ha decidido poner punto y final a su relación.. Es una decisión comprensible. Cierto que debiera haberla tomado antes, cuando el adulterio y los malos tratos se hicieron insostenibles. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Lo que ocurre es que ha vuelto a equivocarse de pareja. Rosa Díez debe ser la natural y deseable alternativa para una izquierda que, ha tiempo perdió su vocación nacional pero ¿cómo podría erigirse en una alternativa para la derecha? Que ésta pueda siquiera pretenderlo equivaldría a suscribir su propio epitafio. Nadie puede negar que a la exdirigente del PSOE le sobra el coraje político que le falta al PP, pero no por ello deja de ser una política de izquierdas que, como tal, promueve propuestas y convicciones de izquierda. Defiende la unidad de España, cierto, pero también el aborto, la eutanasia, la inmersión lingüística, la educación para la ciudadanía y, en general, todas aquellos postulados que tradicionalmente fueron propios de la izquierda.

Es natural que la derecha social se muestre desorientada. Tras muchos años de amor no correspondido, en los que el PP fue su único referente, llevada por su despecho cree haber encontrado en Rosa Díez el amor verdadero. Se equivoca. Quizá pueda servirle como improvisado pañuelo de lágrimas. Pero cuando se detenga a reflexionar se dará cuenta de que su relación con UPyD nunca pasará de ser un rollito de fin de semana, del cual solo se beneficia la izquierda. La derecha social debe dejar de engañarse. Debe tomar conciencia de que si anhela un proyecto de largo alcance este solo puede encontrarlo a través de una opción de largo alcance. Una opción que corresponda a su voto con la defensa integral de sus convicciones conservadoras, y lo haga sin complejos ni matices. Si el PP no da respuesta a sus preguntas, tiene sentido que busque nuevo horizontes para encontrarlas. Pero, no las hallará en la izquierda. España es uno de los pocos países europeos en los que la derecha conservadora no se halla representada. Quizá sea el momento de acabar con esta excepción. Basta con tener coraje y virar el timón a la derecha. Más allá del PP.

Causas y consecuencias
Las distintas capas de la crisis
Ni siquiera somos conscientes a día de hoy de la gravedad de la situación. La crisis lo ha complicado todo. Se impone la necesidad de una reforma inmediata, aunque sea parcial y temporal, que permita alguna forma de contrato de trabajo con muy bajo coste.
Rubén Osuna Libertad Digital 29 Enero 2009

Existe una intranquilizadora semejanza entre la crisis que se extendió toda una década desde mediados de los años 70 y la que nos golpea ahora. A los errores de la política económica (de nuevo, políticas keynesianas de demanda), se sumó una crisis política (la transición de una larga dictadura a una nueva democracia) y una crisis industrial profunda debida a la presión competitiva de países por entonces emergentes. El terremoto fue la subida de los precios del petróleo, pero los mecanismos de transmisión multiplicaron los daños: la crisis se aceleró, se hizo más profunda y duró más que en los países de nuestro entorno.

Una vez más, podemos pensar que esto de la crisis financiera no es más que otro terremoto que nos sacude a todos por igual. Pero el número de víctimas mortales de un seísmo no es el mismo en Japón que en Bangladesh, y tampoco tardan el mismo tiempo en volver a la normalidad en uno y otro país. De la misma forma, no serán iguales las consecuencias de la crisis en Alemania y en España, por poner un caso, como ya se está empezando a ver.

El colapso financiero internacional puede ser suficiente para provocar una crisis económica general por restricción del crédito, pero en el caso de nuestro país no es condición necesaria. Se habría producido igual, tarde o temprano. Una simple subida de tipos, en una economía con una fuerte necesidad de financiación exterior, habría bastado para provocarla y, de hecho, así ha sido. Las condiciones estaban dadas y hace ya años (al menos desde 2005) que este tema se discutía, no sin cierta alarma, en círculos académicos. La economía española corría por el filo de la navaja. Las subidas de tipos del Banco Central Europeo pincharon la burbuja (y hablamos de principios de 2007), aunque más tarde el hundimiento del sector financiero norteamericano ha tenido como consecuencia un endurecimiento adicional de las condiciones del crédito, que ha acelerado el proceso. La crisis financiera internacional sólo explica la velocidad del colapso en nuestro país.

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La Comisión Europea explica la gravedad de la crisis en la economía española por el problema específico de sobreoferta en el mercado inmobiliario. Directa o indirectamente encadenada a la construcción está buena parte de la población activa, y todo el sector financiero. Las familias, las empresas y los bancos tienen que aceptar las pérdidas. Los activos no valen lo que se pagó por ellos. Hasta que los precios de las viviendas no bajen y el mercado se vacíe el sector de la construcción no se reactivará. Así de simple. Pero el ajuste de precios puede afectar seriamente a la banca, cuyos créditos están garantizados por esos activos.

Pero lo que la Comisión no dice es que el gran problema de la economía española es de productividad, esencial para la competitividad y, entre otras cosas, para la evolución de los salarios y el empleo. Esto explica lo que será una crisis de anormal longitud en nuestro país. Sin un crecimiento sostenido de la productividad la economía sólo puede desarrollarse en actividades no abiertas a la competencia, alimentada por mano de obra que acepte bajos salarios y con tasas del inflación anormalmente altas, como así ha sido en los últimos años. El popular comentario sobre lo europeos que son muchos precios y lo comparativamente bajo de nuestros salarios encuentra una fácil respuesta en el escaso o nulo crecimiento de la productividad española.

A lo anterior se superpone una tendencia subyacente que no se detendrá por esta crisis. Las grandes economías emergentes asiáticas (China, India y otros países del entorno que, en conjunto, suman como un tercer gigante) son ya potencias industriales de primer orden y se han incorporado al grupo de países industriales con capacidad de innovación, es decir, que generan tecnología propia. La crisis apenas ha ralentizado el fuerte desarrollo de esas economías, que recuperarán el ritmo muy rápidamente. Todos los sectores industriales en nuestro país van a sufrir en el futuro debido a esa marea creciente, por no decir que saltarán por los aires. Nos enfrentamos a un cambio histórico de enormes proporciones, al que hay que adaptarse, problema mayúsculo que preocupa desde hace tiempo, y muy seriamente, a las economías industriales más potentes de Europa y a Estados Unidos. Pero claro, aquí, en España, no hemos dedicado ni cinco minutos a pensar sobre el tema. Bueno, la verdad es que ni sobre ese tema ni sobre ningún otro.

Relacionado con el desarrollo asiático acelerado está la presión creciente sobre los recursos y el incremento asociado en el coste de las materias primas, y especialmente los combustibles fósiles. La tendencia a largo plazo es a un crecimiento de los precios de esos insumos. Nuestro país, también en esto, está a verlas venir. Ni los aerogeneradores ni las medidas de ahorro nos van a salvar de las consecuencias de nuestra fortísima dependencia exterior.

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Muchos, con razón, ponen el énfasis en la reforma del mercado de trabajo. El problema aquí son los costes del despido y los costes de la Seguridad Social a cargo del empresario. Los salarios son sólo un componente de los costes laborales medios, que incluyen cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y costes por despido, y cuyo crecimiento debe compensarse con el de la productividad. En un país donde esto brilla por su ausencia, contener el aumento los costes laborales es esencial para nuestra supervivencia económica. Los costes de la Seguridad Social es el elemento más problemático de todos: los activos empleados y empresarios (en función del empleo que crean) financian las prestaciones sanitarias y sociales de toda la población. En la práctica, es un impuesto sobre el empleo. Aunque los españoles aceptasen una fuerte corrección a la baja de sus salarios, la reducida productividad, la competencia externa creciente y los costes de la Seguridad Social harían el sacrificio insuficiente. Ha habido tiempo para analizar y enfrentarse al problema, pero claro, hemos estado ocupados en otras cosas. Creo sinceramente que ni siquiera somos conscientes a día de hoy de la gravedad de la situación. La crisis lo ha complicado todo. Se impone la necesidad de una reforma inmediata, aunque sea parcial y temporal, que permita alguna forma de contrato de trabajo con muy bajo coste de despido y de Seguridad Social y bajos salarios. Pero claro, sería una reforma excepcional y no general para salir del paso y mantenernos a flote de momento. La reforma más profunda del mercado de trabajo y de la Seguridad Social quedará pendiente.

Hablando de productividad y de su relación con la creatividad y la innovación, y aunque sea predicar en el desierto, hay que decir que el sistema educativo es un desastre, de cabo a rabo, y la universidad en particular es africana. Ésta es especialmente importante para la productividad porque conecta educación e investigación básica. A fin de cuentas hablamos de miles de funcionarios a los que se paga para generar conocimiento y transmitirlo. En este país no paramos de remover el estercolero universitario con un palo, sin limpiarlo. ¿Cuántas reformas legislativas llevamos en los últimos años (leyes, decretos, reglamentos, estatutos, planes de estudio)? ¡Y para seguir igual o peor que antes! Un botón de muestra: echen un vistazo al borrador del Real Decreto que regulará la carrera del personal docente e investigador, todo un ladrillo en un momento en el que sobran. El texto de marras se entretiene en codificar meticulosamente las mil y una tareas que forman parte de las obligaciones del profesor de universidad, cuando sus dos únicas funciones específicas son investigar y enseñar (ambas están íntimamente ligadas). Todo lo demás sobra. Es más, según el proyecto de Real Decreto un profesor universitario se podrá "especializar" en tareas docentes o en tareas administrativas o de gestión a cargo del contribuyente. Lo único que sólo el profesor universitario puede hacer se degrada como un punto más en una larga lista. ¿Se imaginan a un profesor de física atómica o de neurología "especializado" en tareas administrativas? Lo dramático es que estos "gestores" acabarán condicionando la carrera académica de los investigadores, que son los únicos que producen. ¡El mundo al revés! En España hay excelentes universidades, pero porque aplican criterios radicalmente distintos para organizarse. ¿Es que nadie quiere darse cuenta?

Pero los espantos no acaban ahí. Durante los últimos años se han gastado cantidades ingentes en infraestructuras que mejoran nuestro confort, sin preocupación alguna por el impacto de esas inversiones en la productividad y la competitividad de la economía. Estamos empeñados en construir más kilómetros de vía de AVE que nadie en Europa, cuando puede haber inversiones comparativamente mucho más rentables, como el transporte de mercancías por ferrocarril. Pasó el momento en que pudimos abordar (con ayuda económica de la Unión Europea) grandes obras de infraestructura para el trasvase de agua, resolviendo así de forma definitiva un viejo problema, pero lo echamos todo a perder. No hay ayuntamiento que no haya construido un teatro, una sala de exposiciones, un polideportivo con sus bedeles, servicios de limpieza, seguridad, mantenimiento (y muchos de ellos vacíos, o rellenos con actividades subvencionadas a cargo de los correspondientes responsables políticos, con sus asesores, familiares, mordidas). Junto a esto, servicios esenciales como la justicia, la sanidad, la educación o la seguridad ciudadana dejan mucho que desear por "falta de medios": juzgados que amontonan expedientes en los pasillos, y hospitales que amontonan camas. Nadie ha medido lo que hacía, la necesidad social del gasto o su impacto productivo, por no hablar de la simple y llana corrupción generalizada. Y estos son sólo algunos ejemplos.

Nos hemos afanado también en arruinar uno de los sectores en los que, por localización, tenemos claras ventajas competitivas: el turismo. La locura inmobiliaria ha deteriorado irremisiblemente la calidad de nuestra oferta, generando además todo tipo de problemas de abastecimiento, infraestructuras y servicios. El crecimiento de los precios ha hecho el resto. Es otro sector que retrocede. En ningún caso podemos esperar ya de él que sostenga el crecimiento futuro.

Pero lo peor de todo es ese monstruo de administraciones públicas autonómicas, pozos sin fondo fuera de control, controladas por peligrosas mafias políticas locales, algunas alimentadas por ideologías totalitarias, pero todas sostenidas por la corrupción. Con un sector privado desarbolado, fuertemente endeudado, incrementar el gasto público y el endeudamiento del conjunto del Estado, como propone el Gobierno, tiene sentido como medida de choque inmediata sólo si se prima muy seriamente el carácter productivo de las inversiones y se es muy eficiente en la gestión de los recursos. Sin embargo, el Gobierno plantea transferir alegremente una fuerte suma a ayuntamientos y comunidades autónomas, sin más condiciones. Me contaban que un ayuntamiento de Galicia planea construir un cementerio con cargo a los fondos ofrecidos por el Gobierno y después vender los nichos. Una forma ingeniosa, sin duda, de transformar un gasto en inversión (improductiva de todos modos) en alguna forma de gasto corriente futuro. Cosas como estas, o peores, se están financiando con cargo a deuda, que ya veremos hasta cuándo se puede colocar, y a qué precio, o con cargo a futuros impuestos, que recaerán sobre unos españoles más pobres.

La política económica errada, basada en el supuesto de que estamos ante una crisis breve de demanda, agravará las consecuencias a largo plazo del shock financiero y del hundimiento inmobiliario. Las reformas pendientes, complejas y profundas, son prácticamente imposibles en el actual patio político e institucional. Sin ellas no podremos enfrentarnos a las consecuencias inmediatas de la crisis y, lo que es peor, a los retos que se nos presentan a más largo plazo. Volvemos a repetir los errores de hace 30 años y volveremos a ver las mismas consecuencias, bajo la forma de una crisis acelerada, muy profunda, con serias consecuencias sociales y económicas y, sobre todo, muy larga.

No a la objeción, pero...
Editorial ABC 29 Enero 2009

LA decisión de la sala Tercera del Tribunal Supremo de no reconocer el derecho a la objeción de conciencia de los padres de alumnos contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía transfiere la polémica jurídica al Constitucional. Será este órgano el que decida, finalmente, si las familias tienen o no un derecho constitucionalmente legítimo a objetar la impartición de esa asignatura a sus hijos. Nunca fue fácil el encaje legal del ejercicio de este derecho individual, normalmente reservado para que el ciudadano autotutele su conciencia frente a la imposición por el Estado de prestaciones o comportamientos que colisionan con sus principios morales. Sin embargo, la burda pretensión de adoctrinamiento que anima políticamente esta asignatura rompió los esquemas teóricos de la objeción de conciencia -circunscritos a supuestos como el servicio militar obligatorio o la práctica del aborto- y forzó a muchas familias a plantearse una respuesta cívica. El TS ha considerado, a reserva de conocer la fundamentación de la resolución, que los ciudadanos no tienen derecho a la objeción y que las normas reguladoras de la asignatura no vulneran el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Por tanto, no sólo ha resuelto sobre la objeción, sino que ha respaldado el contenido de la asignatura, pese a que, al parecer, ha introducido matizaciones para alcanzar la más amplia mayoría posible. Pero tales matizaciones serían puramente retóricas -sin eficacia real para zanjar el conflicto entre el Estado y los ciudadanos- porque consistirían en advertir a los poderes públicos de que no pueden imponer en la enseñanza criterios éticos o morales discutidos socialmente y reconocer la posibilidad de promover otros posibles planteamientos del derecho a la objeción de conciencia. En definitiva, el TS solventa unos concretos recursos, lanzaría una mera admonición al Gobierno y dejaría la puerta abierta a nuevos conflictos.

En todo caso, el problema político y social sigue vigente, aunque las sucesivas instancias del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Estrasburgo ratifiquen el criterio del TS. Ese problema es de moral cívica, no confesional, y se sustenta en la ilegitimidad intrínseca de cualquier intento del Estado de adoctrinar moral y éticamente a los alumnos -ya fuera con contenidos laicos o confesionales- para configurarlos conforme a un determinado modelo de ciudadanía. La mera legalidad de una decisión política no la hace cívicamente beneficiosa, y el caso de la asignatura de Educación para la Ciudadanía es un ejemplo de intervencionismo ético por el Estado en la vida de los ciudadanos, revestido, como todas las grandes agresiones a la libertad conocidas en la Historia, con los mejores propósitos de regeneración y de virtuosidad.

Esta asignatura será legal, pero es una piedra de discordia en la sociedad, frente a la que no ha funcionado, por el momento, una objeción de conciencia menos secundada de lo esperado y, como ahora se demuestra, sin estar integrada en una estrategia de fondo, política e intelectual, capaz de responder en igual medida al empeño socialista de mutar, como fuera, la escala de valores de la sociedad. Como es obvio, el Gobierno socialista no sólo propagará la sentencia como un éxito político, que lo es, sino que también se sentirá animado para profundizar en otros proyectos de su agenda «social», tan lesivos o más que la asignatura de Educación para la Ciudadanía y en los que la objeción de conciencia también es un enojoso derecho individual que les estorba. Ahí está pendiente la ampliación de la ley del aborto, de la que se declaró abiertamente partidario el presidente del Gobierno en su reciente intervención televisiva. No son los jueces los que deben decidir las estrategias políticas del Ejecutivo y de la oposición. Esta sentencia es un pequeño bálsamo para un Gobierno hundido por la crisis económica, pero no cancela la legitimidad de las quejas de miles de ciudadanos -muchos más que los que han objetado-, ni exime al Partido Popular del deber de ser coherente con su oposición a una política socialista de intromisión en la formación moral de los ciudadanos.

¿Por qué el Gobierno lo supo antes que nadie?
¿Por qué la ministra supo el fallo antes que nadie y por qué lo mantuvo en secreto durante más de 48 horas? ¿Por qué ha mentido posteriormente? ¿Quién filtró la sentencia al Gobierno y por qué lo hizo?
EDITORIAL Libertad Digital 29 Enero 2009

Ni 50.000 objeciones –caso único en la historia de la educación española–, ni 1.594 recursos, ni 263 resoluciones contrarias a Educación para la Ciudadanía han sido suficientes. El Tribunal Supremo se ha pronunciado con un inusual retraso sobre la polémica asignatura invalidando de plano la objeción a la misma. En líneas generales, lo que el Alto Tribunal ha dispuesto es la obligatoriedad de cursar esa materia para todos los alumnos de España, sin distinción de Comunidad Autónoma ni de centro de enseñanza, y la resolución –aparentemente firme– de evitar el adoctrinamiento a través de la asignatura. No obstante, al dictado del Supremo le queda aún recorrido: una sentencia que se promete larga y que tratará sobre la espinosa cuestión de los contenidos.

Los padres objetores y todos aquellos que se han opuesto públicamente a la mal llamada Educación para la Ciudadanía tienen por delante un recorrido judicial nada despreciable. Por de pronto, los promotores de la objeción, responsables a su vez de llevar el caso hasta el Supremo, han asegurado que continuarán por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La victoria sin paliativos que ya pregonan a voz en grito los medios de comunicación adictos al Gobierno no ha sido tal. Del Supremo puede salir muy podada en contenidos y cabe la posibilidad de que no traspase el umbral del Constitucional. Pero lo importante es la propaganda y crear la impresión de que se han salido con la suya. En esto, por descontado, son consumados expertos.

Dejando a un lado el anormal entusiasmo de los palmeros habituales de Zapatero, que se han entregado con la fe del converso a la causa de esta asignatura, el que ha quedado en evidencia ha sido el propio Gobierno convertido, una vez más, en juez y parte, de su propio delirio educativo. Se esperaba el fallo para el pasado lunes pero, por causas desconocidas, no se ha hecho público hasta dos días después. Cuando decimos que no se ha hecho público nos referimos a todos los españoles que no forman parte del Ejecutivo que, según parece desprenderse de los acontecimientos, estaba enterado de la sentencia desde, al menos, el lunes pasado.

En el estilo arrogante y chapucero que ya es marca de la casa, la ministra de Educación ha anunciado el fallo del Supremo recordando que un comunicado más elaborado sobre el tema se encontraba disponible en la popular página web de vídeos en línea Youtube. La sorpresa ha llegado cuando la redacción de este diario ha descubierto que ese vídeo-comunicado fue publicado hace más de dos días, el lunes por la mañana exactamente. Comparando el atuendo de la ministra en ambas comparecencias y tras un par de llamadas al Ministerio, la conclusión más probable es que el Ejecutivo conocía la sentencia como muy tarde el lunes y ha mantenido una ficción hasta el día en que el Supremo ha decidido darla a conocer.

Partiendo de que la división de poderes es ya pura fábula en España, cabe hacerse ciertas preguntas que el Gobierno debería contestar inmediatamente. ¿Por qué la ministra supo el fallo antes que nadie y por qué lo mantuvo en secreto durante más de 48 horas? ¿Por qué ha mentido posteriormente? ¿Quién filtró la sentencia al Gobierno y por qué lo hizo? ¿Es ésta la primera aplicación práctica de la Educación para la Ciudadanía, asignatura cuya piedra filosofal es el imperio de lo político sobre todas las cosas? ¿Hemos de resignarnos a esto?

La España indiferente
Lorenzo Contreras Estrella Digital 29 Enero 2009

Tras el programa televisivo Tengo una pregunta para Vd se ha llegado a la conclusión oficiosa de que Zapatero ha merecido casi -o sin casi- un notable en respuestas. Asombroso. Como esta vez el público reclutado ha sido algo más atrevido e incisivo que en la ocasión anterior, se ha dejado notar más la indigencia dialéctica del presidente. El encuentro directo ante las cámaras ha sido ya reemplazado como acontecimiento de actualidad por otros episodios y noticias de "urgente examen", como por ejemplo las tensiones surgidas en el seno del PP y la confirmación de que su estructura organizativa y política central es tricéfala: Génova 13, la Comunidad de Madrid y la Alcaldía de la capital. Tres focos de poder cada día más dispersos y desavenidos mientras la Moncloa crea una sensación de distancia casi contemplativa, aunque no tanto, ante el "rentable" espectáculo del canibalismo que la oposición practica. El zapaterismo se sabe inmunizado contra sus propias carencias por el fratricidio de sus adversarios en pleno corazón del Estado. El líder socialista no encuentra en la práctica otro contrapeso que la crítica "anárquica" de algunos medios de comunicación mientras mantiene bajo su obediencia y control a buena parte del mundo audiovisual.

El programa de la "pregunta" famosa ha demostrado que la opinión más común ha tomado partido por la indiferencia frente a los considerados asuntos candentes en la marcha del Estado. A la gente sólo le interesa en la coyuntura actual el problema de su supervivencia económica. Zapatero, ante las cámaras de la televisión oficial, pudo hacer gala de su vulgaridad y su capacidad para la evasiva. Cuando ocasionalmente le acosaron demostró estar profundamente reñido con la verdad. Pero fueron para él momentos de fácil lidia. Un Parlamento en condiciones, que ya ZP evitó con su clásica lejanía, habría puesto de relieve la gravedad que representa un poder político sin capacidad ni voluntad de cambiar el paso de su inquietante andadura. Un Parlamento en condiciones -cabe añadir- que diese la suficiente medida como expresión de un cuerpo legislativo y político coherente, y no, cual es el caso, una indolente asamblea, atenta principalmente a intereses autonómicos distanciados de los apremios de una España cada vez más olvidada.

Zapatero, crecientemente identificado con lo que Largo Caballero propuso bajo la fórmula "confederación de nacionalidades ibéricas", no ha tenido que someterse a determinados reproches. Nadie le ha preguntado, en la vistosa miseria del escenario televisivo, si continúa pensando en la Nación como concepto discutido y discutible. Tampoco le han recordado allí el asunto, ya despolitizado por el Tribunal Supremo, de la Educación para la Ciudadanía, que una parte mínima de la sociedad contempla con alarma y pesimismo. De la célebre Memoria Histórica, tan zarandeada por la opinión formal, nadie se acordó para nada. Sobre la discutida Alianza de Civilizaciones, tan desacreditada en la actual marcha del mundo, ni una sombra de referencia. En cuanto a la enseñanza del idioma oficial, hasta no hace mucho conocido como español o lengua española, ningún invitado a la "ceremonia" mostró curiosidad por saber si los actuales rumbos del castellano se librarán en alguna medida de su errática trayectoria en las llamadas nacionalidades del Estado.

Sobre el diálogo con ETA y su posible restablecimiento bajo nuevas circunstancias, algo podría haber matizado el Parlamento, pero no la televisada asamblea de preguntadores, ajena a cuestiones tan minusvaloradas. Respecto a la presencia etarra en las instituciones, cada día menos erradicada, ¿cómo iba nadie a reparar allí?

Se impuso la lógica de la indiferencia. La España evaporada sólo atiende a lo que la llamada democracia permite considerar.

Los objetores de Ciudadanía ya se plantean recurrir al Constitucional. Confían en que el fallo final del Supremo será «ambiguo» y «abrirá puertas» contra la materia
«La sentencia no será el final»
Ana Blázquez La Razón 29 Enero 2009

«Es un paso más en la historia: no le pone punto y final», sentenció el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, en la comparecencia conjunta ofrecida por las organizaciones de objetores a Educación para la Ciudadanía. «Oficialmente sólo sabemos de una notificación verbal que nos ha hecho el secretario de la sala», relató Blanco, quien se refirió a fuentes cercanas al tribunal para sostener que, al final, la sentencia contendrá muchos «matices». «Cuáles son, y las consecuencias que tendrán, no lo sabemos». Los objetores entienden que las 50.000 familias que han rechazado formalmente la asignatura siguen amparadas judicialmente y que podrán continuar actuando como hasta ahora. De acuerdo con el presidente de Concapa, Luis Carbonel, «hemos estado siempre dentro de la legalidad, y dentro seguiremos.

Este Gobierno que siempre ha presumido de talante, debe hacerlo efectivo. Es un momento perfecto para un consenso». «Aunque la sentencia haya podido cerrar una puerta, muy posiblemente abrirá otras», apostilló el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, quien señaló la necesidad de estar «muy pendientes» de los nuevos espacios a través de los cuales se podrá defender el derecho de libertad de educación de los padres.

«Seguiremos adelante con todos los medios legítimos a nuestro alcance», confirmó Urcelay, que también se refirió a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, una vez que, «previsiblemente», se descarte el incidente procesal de nulidad del Tribunal Supremo. «Llegaremos al Tribunal de Estrasburgo, e incluso a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas».

Respecto a la situación de la objeción tras la decisión judicial, los detractores de la materia señalaron que en los próximos días se demandará la suspensión cautelar de la sentencia del Supremo, ya que los recursos seguirán adelante. Antonio Dagnino, del CEU, resaltó que las escuelas de ideología cristiana no pueden «impartir enseñanzas que entren en contradicción con nuestro ideario: es sagrado, porque representa el lado más profundo de la libertad de enseñanza», sentenció.

¿Es la insumisión el próximo paso de los padres objetores de EpC?
 Periodista Digital 29 Enero 2009

- Pepiño, angelical, no entiende que haya habido tanta polémica con una asignatura que lo único que hace es "explicar la Constitución, los Derechos Humanos o simplemente cómo se utiliza un preservativo". Después de conocerse el fallo del Supremo que decide que no cabe la objeción de conciencia para Educación para la Ciudadanía los movimientos cívicos contra esta asignatura no están dispuestos a rendirse. La batalla judicial continúa. ¿Es la insumisión la solución?

El Gobierno y el PSOE están gallitos. Se relamen unos a otros con el fallo del Supremo en la mano y se congratulan del varapalo a los detractores de Educación para la Ciudadanía. Según Pepiño, "las rancias posiciones conservadoras que todavía mantiene una buena parte de la derecha española". A su manera.

No obstante, y sabedores de que se les complica el panorama, el movimiento cívico contra Educación para la Ciudadanía continúa. Sin demasiadas esperanzas en la Justicia, los miles de padres que no quieren que sus hijos sean "adoctrinados" en las escuelas seguirán plantándole cara al Gobierno en los tribunales. "¿Cómo vamos a tener fe en el Supremo, si es un órgano totalmente politizado? Y ahora nos queda el Constitucional, que ni te cuento, y luego Europa. Pero esto serán años", declara a Periodista Digital Araceli Oñate, de Educador Digital.

- El Supremo ha convalidado la existencia de la asignatura, pero ha dejado una puerta abierta a impugnar libros de texto o incluso denunciar a los profesores cuando un padre entienda que se está adoctrinando con la asignatura. ¿Es esto así?

"Estamos ansiosos de conocer la argumentación jurídica del fallo, porque es una "contraditio in terminis". Eso que dice el Supremo no tiene ninguna lógica. Además, con eso, que sí que es verdad que algunos otros representantes de asociaciones han visto como una puerta para seguir batallando, es un imposible porque condena a los padres, que en muchos casos tienen un salario bajo o incluso están en el paro, a gastarse el dinero en procesos judiciales. Y eso no va a ninguna parte".

- Entonces, ¿qué salida tienen ahora aparte de la judicial?
"Ahora hay que unirnos la sociedad civil. Yo creo que es importante preparar una gran manifestación y, sobre todo, creemos que la solución es la rebelión civil, la insumisión. Yo creo que no teníamos que haber pasado por la objeción de conciencia, porque nosotros estamos en desacuerdo radicalmente con la existencia de una asignatura como ésa. Lo que teníamos que haber utilizado desde un principio es la insumisión, pero como era vista como algo demasiado atrevido... Pero ahora nos queda ese camino".

UN CONTENIDO POLÉMICO
¿Por qué, tal y como dice Pepiño, una asignatura que consiste en "explicar la Constitución, los Derechos Humanos o simplemente cómo se utiliza un preservativo" es apoyada por los nacionalistas que repelen la Carta Magna? Porque es metira. Aunque el vicesecretario general del PSOE utilice la propaganda ramplona para impartir doctrina a los suyos, la realidad es que hay mucho más.

Es un problema de conciencia de muchos padres que entienden legítimamente que el Estado ha sobrepasado sus competencias y les roba su derecho de educar moralmente a sus hijos. Haciendo un repaso por diferentes libros de Educación para la Ciudadanía, queda patente la tenue línea que divide una u otra posición.

Irak fue invadido por EE UU e Inglaterra con la inestimable ayuda de los votantes del PP o cuando al fin murió Franco, los verdugos se sentaron a discutir y le regalaron a la población española una transición democrática son sólo algunas de las frases que se pueden encontrar en alguno de los manuales dirigidos a profesores de Educación para la Ciudadanía.

En algunos otros se ensalza sin remilgos el sistema comunista frente al capitalismo. Este último sistema económico es definido como el que ha conducido al mundo a un callejón sin salida, una matanza cotidiana y un suicidio global.

"Algunos todavía pensamos que la democracia comenzará un día ahí donde se ponga fin al chantaje con el que el capitalismo educa para la ciudadanía".

En cuestión de regímenes de gobierno, por una parte, se destaca en algunos manuales dirigidos a profesores de esta asignatura que la labor de la revolución cubana y la historia reciente de Venezuela y, por otra, se cuestiona si España o EE UU son realmente un Estado de Derecho.

Los ejemplos empleados para explicar la libertad o la familia no se quedan atrás. Para la primera cuestión animan a las chicas a no conservar la virginidad hasta el matrimonio para así evitar ser siervas de un sinfín de prejuicios y costumbres machistas.

Incluso en algunos manuales no se olvidan de pasar por la cuchilla a César Vidal, Jiménez Losantos o Gabriel Albiac.

Sólo unos ejemplos de una asignatura fácilmente moldeable y cuyos contenidos permiten a los centros y a los profesores entrar en la moral de los niños.

La ignara ministra de Zapatero miente estúpida y asnalmente.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 29 Enero 2009

Es que tiene que ser burra, es que la ministra Cabrera tiene que ser negada, es que la miembra ministerial del gobierno Zapatero tiene que ser obtusa, es que la excelentísima señora ministra tiene que ser más indocumentada que el que asó la manteca, es que no tiene otra explicación la inmensa mentira que ha colgado en Youtube hablando de la inexistente sentencia del Supremo sobre Educación para la ciudadanía, pues la ministra, tan ignara y poco dotada ella, lo colgó dos días antes de emitir el tribunal su sentencia y Youtube se lo recuerda a todo el que ve ese video.

Hay otra explicación, por la que me decanto, y es que ha querido darle coba a su jefe Zapatero imitándolo en sus mendacidades pero demostrándole que no le llega ni a la altura de sus falacias y para ello ha mentido tan asnalmente. Ahora se podrá decir eso de que es más fácil pillar a Cabrera mintiendo que a Zapatero no diciendo la verdad.

El grabar su comunicado sobre la sentencia dos, o más, días antes de publicarla el Supremo y haciendo creer que hablaba después de la sentencia, supone que todo lo que dice es mentira, en el momento en que lo decía era mentira, y sigue siendo mentira porque uno oye sus palabras teniendo al lado la fecha en que dice Youtube que se subió el video, el 26 de enero.

Así, cuando dice “El Tribunal Supremo acaba de dar a conocer un fallo que establece que Educación para la ciudadanía es una asignatura como cualquier otra..” miente, no había tal fallo.

Cuando dice que el Tribunal Supremo establece que “asistir a sus clases es obligatorio para todos los estudiantes de España” miente, el Supremo no había dicho nada.

Cuando dice que “Esta decisión avala la Ley Orgánica de educación”, miente, no existía tal decisión.

Y así sucesivamente, en una secuencia asnal de mentiras, una tras otra consecutivamente dichas.

El hecho de que Zapatero y su gobierno conociese, con días de antelación, el fallo del Supremo, además de prevaricación por parte de alguien o algunos, no convierte en verdades las mentiras de la ministra Cabrera.

Zapatero I el falaz lo ha logrado, con esfuerzo y tesón, sí, pero lo ha conseguido, ha dotado a España de un gobierno de falaces. ZP ¿cómo lo haces?. El gobierno que miente unido permanece unido.

Señora ministra Cabrera, usted ha mentido a la ciudadanía, no una, ni dos, ni tres veces sino la tira de veces, debe usted dimitir por mentirosa.

Documentación.
Youtube. Videcomunicado de Mercedes Cabrera sobre la sentencia del Tribunal Supremo respecto a la asignatura Educación para la Ciudadanía

que los padres sean libres
Luis CARBONEL La Razón 29 Enero 2009

Me gustaría recordar cómo empieza esta historia. La asignatura se somete a la deliberación del Consejo Escolar del Estado. Entonces fue mayoritariamente rechazada. Posteriormente, algunas entidades que se oponían a que fuera obligatoria, cambian de opinión. Poco después es el Consejo de Estado el que indica que esta asignatura no puede exceder sus enseñanzas de los valores que emanan de la Constitución Española. Era una buena ocasión para formar a nuestros hijos en valores como la justicia, la paz, la solidaridad, el trabajo y muchos otros.

Pero, Educación ha optado por imponer sus valores gubernamentales. Esto es lo que ha dado lugar a la objeción de conciencia, un movimiento espontáneo de miles de familias. La sentencia del Supremo sólo atañe a cuatro casos y es prematuro comentarla por cuanto falta conocer su fundamentación jurídica. En todo caso, animamos a los padres para que sean libres y agoten todas las vías legales, llegando, si fuera necesario, hasta Estrasburgo. Presidente de la Confederación de Padres de Alumnos Católicos

EpC: la batalla continúa‏
HazteOir.org  29 Enero 2009

Estimado/a amigo/a:

Tras un intenso debate durante tres jornadas consecutivas, el Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidió ayer que "en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia" a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Así lo dio a conocer oficialmente la Oficina de Comunicación del TS mediante un comunicado.

Así pues, el TS ha denegado la legitimidad de sus objeciones de conciencia frente a EpC, tanto a los objetores asturianos que habían recurrido tres sentencias desfavorables del TSJ del Principado, como a la familia de Bollullos del Condado (Huelva) a la que el TSJ de Andalucía había amparado mediante resolución emitida el mes de marzo de 2008... Y solo a ellos.

Antes de hacer una valoración del contenido de estas sentencias, HazteOir.org esperará a conocer los términos en que están redactados sus fallos y cuáles son los fundamentos jurídicos en que se fundamentan.

No obstante, hemos anunciado que, si las resoluciones adoptadas por el Alto Tribunal no reconocen en modo alguno, ni en sus fallos ni en sus fundamentos jurídicos, que los actuales currículos de las cuatro materias de EpC pueden vulnerar derechos fundamentales de los menores y de sus padres, aconsejaremos a las familias objetoras afectadas que recurran esta resolución ante el Tribunal Constitucional y, si ello fuese necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En todo caso, animamos a quienes han ejercido planteado su objeción y se hallan en las primeras fases del largo proceso administrativo y judicial que desemboca en el TS, que sigan adelante, porque l educación de sus hijos bien merece ese esfuerzo y porque esa instancia judicial, con ser importantísima, no es la última a la que legítimamente cabe recurrir.

HezteOir.org, por último, anima a objetar, si aún no lo han hecho, a todas las familias que consideren que (aunque lo fallado hoy por el TS no lo reconozca) los actuales currículos de EpC vulneran sus derechos fundamentales de libertad ideológica y de decidir los valores ideológicos y morales en que han de ser formados sus hijos.

En definitiva: la Sentencia del Supremo no supone un punto y final en la batalla contra ese experimento adoctrinador del Gobierno que es EpC. Por el contrario, seguiremos luchando por la libertad de educación, con más fuerza si cabe. Los 52.000 objetores a esa asignatura, propia de un estado no democrático, nos tendrán a su lado.

También por supuesto, estamos apretando el acelerador en nuestra campaña por el Derecho a Vivir que cada día crece y se consolida en las ciudades de casi toda España (ver fotos de las 120 quedadas por el Derecho a Vivir que celebramos el domingo pasado).

Un saludo muy afectuoso,
José Carlos Muñoz y todo el equipo de HO

El Supremo rechaza la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía
El Pleno de la Sala Tercera abre la vía para que los padres puedan recurrir la regulación de la materia y los libros
NIEVES COLLI | MADRID ABC 29 Enero 2009

Por veintidós votos frente a siete, el Tribunal Supremo ha rechazado la objeción de conciencia respecto de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC). Avala, de momento, esta materia pero deja la puerta abierta para que los padres puedan impugnar el programa, e incluso los libros de texto. Y advierte a las distintas administraciones de que en ningún caso puede imponerse una «moral oficial» a los alumnos.

Tras dos días y medio de deliberaciones, el Supremo dio ayer a conocer el fallo. Las sentencias, así como el voto o votos particulares de los magistrados discrepantes, se conocerán en los próximos días.

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo tenía sobre la mesa cuatro recursos, planteados por la vía de la protección de los derechos fundamentales, contra otras tantas sentencias de dos tribunales superiores de justicia: una del de Andalucía, que admite el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, y tres del de Asturias en sentido contrario.

Decisión condicionada
Fuentes del alto Tribunal han explicado que la vía de recurso elegida (casación de derechos fundamentales) y las propias sentencias impugnadas han condicionado mucho la actuación del Supremo, que ha tenido que limitar su pronunciamiento a si es posible o no objetar respecto de Educación sin entrar en el análisis de sus contenidos.

Y respecto a esta cuestión, una amplia mayoría de los magistrados ha entendido que los decretos recurridos inicialmente «por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» y que no se puede ejercer el derecho a la objeción de conciencia respecto de una asignatura cuya enseñanza es obligatoria por ley.

Los magistrados advierten de que en ningún caso serán admisibles el «adoctrinamiento» de los alumnos ni la imposición de una «moral oficial»

La Constitución, explican las fuentes antes citadas, sólo permite «de forma directa» no prestar el servicio militar cuando existan razones de conciencia; y de forma indirecta, únicamente prevé la «cláusula de conciencia» para los periodistas. Por su parte, y al margen de los dos supuestos anteriores, el Tribunal Constitucional sólo ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que por sus convicciones morales y religiosas se nieguen a practicar abortos.

Pero el aval del Supremo a la polémica asignatura no es «absoluto». De hecho, la Sala deja abierta una puerta: los padres pueden recurrir, y los tribunales revisar, la legalidad de los decretos que regulan la enseñanza de Educación para la Ciudadanía. Más allá, también se puede impugnar el contenido de programas escolares y libros de texto.

«Se juzga la actitud»
Las fuentes del Supremo indicaron que algunos de los decretos no se limitan a explicar el programa sino que entran en los criterios de evaluación, dando a entender que para aprobar la asignatura no basta con que el alumno demuestre un grado de comprensión suficiente, sino que se le exige que se posicione. «Se juzga la actitud del niño, no su aptitud -señalan-, por lo que se cruza la línea que separa la enseñanza del adoctrinamiento respecto de cuestiones morales fundamentales».

Ejemplo claro de lo anterior son determinados contenidos de EpC, como los referidos a las relaciones afectivas, o a los matrimonios homosexuales, o a la clonación. Es legal una enseñanza neutral de todas estas cuestiones, «pero no se puede imponer una moral oficial», se prohibe el «adoctrinamiento» así como exigir al alumno que tome posición a favor o en contra.

Por parte y tras conocer la sentencia, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, señaló que queda «absolutamente claro» que «no cabe la objeción» y la asignatura es como todas las demás, obligatoria en la Ley Orgánica de Educación.

Las fuentes del Supremo indicaron que algunos de los decretos no se limitan a explicar el programa sino que entran en los criterios de evaluación, dando a entender que para aprobar la asignatura no basta con que el alumno demuestre un grado de comprensión suficiente, sino que se le exige que se posicione.

Añadió que ninguna administración puede dejar de cumplir las leyes, por lo que espera que la sentencia tenga consecuencias en este sentido. Aseguró que el fallo indica que los decretos estudiados por el tribunal no suponen un atentado contra los derechos de los padres y «unifica» la doctrina jurídica.

La ministra lamentó el tiempo perdido en este debate, cuando hay temas importantes como combatir el fracaso y el abandono escolar, mejorar la comprensión lectora de los estudiantes y mejorar la calidad educativa. Asimismo, defendió la asignatura.

ANTES DE LAS ELECCIONES VASCAS
El Constitucional confirma la ilegalización de ANV dictada por el Supremo
El Tribunal Constitucional ha confirmado la sentencia del Tribunal Supremo que acordó la ilegalización de ANV por su vinculación con ETA. De esta forma, el guardián de la Constitución desestima el recurso de amparo presentado por los batasunos.
Ángela Martialay Libertad Digital 29 Enero 2009

El Tribunal Constitucional ha confirmado la sentencia del Tribunal Supremo que acordó la ilegalización de ANV por su vinculación con ETA. De esta forma, el guardián de la Constitución desestima el recurso de amparo presentado por los batasunos.

La Sala Segunda del alto Tribunal considera que la sentencia del Supremo no infringió los derechos de asociación política y libertades ideológica y de expresión como había alegado la formación ilegalizada y que los hechos declarados probados están contemplados en las causas de ilegalización previstas en la Ley de Partidos Políticos.

De esta forma el Constitucional cumple con su compromiso de resolver esta cuestión antes de las próximas elecciones autonómicas vascas, en atención a la gravedad de los perjuicios que su decisión de hoy "podría acarrear al partido político demandante si en su día prosperase el recurso de amparo".

Según reza la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Guillermo Jiménez Sánchez, y a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el tribunal defiende las argumentaciones de la Sala del 61 del Supremo que concluyeron con la ilegalización de ANV.

Entiende el TC que la posible lesión del derecho de asociación, libertad ideológica y de expresión a la que apelan los terroristas no se ha producido. El Constitucional defiende que el Tribunal Supremo ha basado su decisión de ilegalización en "una serie de hechos y conductas acreditados en un proceso sobre cuya regularidad y garantías no ha hecho objección el recurrente".

Relación política ANV-ETA -Batasuna
En este sentido, el guardián de la Constitución señala que los hechos por los que el TS pone de manifiesto "la relación de naturaleza política entre ANV y Batasuna (...) como la constante presencia de miembros de Batasuna en la campaña electoral desarrollada por ANV o los llamamientos al voto a través de la manifestaciones" son suficientes para probar la vinculación de ANV con ETA- Batasuna.

Aclara la sentencia que "el Tribunal Supremo no ha ilegalizado al partido recurrente por razón de su coincidencia ideológica con ETA, sino por haber entendido, razonable y motivadamente, que la campaña de intimidación dirigida a numerosos candidatos electos tras los comicios de 2007 y el boicoteo organizado de consuno con Batasuna, y siempre al servicio de ETA, contra la constitución de determinadas corporaciones municipales, tenía perfecto encaje en el supuesto contemplado" en las prohibiciones sostenidas en Ley de Partidos.

Apoyo económico y no condena del terrorismo
Además, el Constitucional también avala la vincula económica que la Sala del 61 prueba entre ANV y Batasuna. "De las pruebas practicadas se ha deducido, motivadamente, que el demandante de amparo -ANV- ha apoyado económicamente a un partido político ilegalizado por confundirse con un grupo terrorista. La gravedad que importa es, sobre todo, cuestión de cualidad, esto es, del grado d implicación en la suerte de un partido ilegalizado que supone el hecho de brindarle sustento financiero", sostiene la sentencia.

Por último, el TC considera que tampoco es baladí el hecho probado por el Supremo sobre la postura mantenida por los miembros de ANV ante determinados atentados terroristas como "su negativa a condenar hasta 3 atentados terroristas o la exaltación de personas condenadas por actos de terrorismo".

"Por todo lo hasta aquí expuesto hemos de concluir que la Sentencia impugnada es fruto de un proceso judicial en el que se ha propuesto y practicado suficiente y abundante prueba sobre las actividades y conductas del partido político ahora recurrente, respetándose su derechos de defensa", subraya el Constitucional.

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Imposición lingüística
De paños, forros y cinturillas
Después de estar trabajando toda una vida dejando bien alto el listón de Cataluña, aparece ahora una pandilla de memos a hacerles perder el tiempo y el dinero con tal de que aparezca "draperia", en lugar de "pañería".
Eva Miquel Subías Libertad Digital 29 Enero 2009

Regresaba una servidora en el Tren de Alta Velocidad procedente de Barcelona sorteando vientos racheados cuando recordaba la historia que minutos antes me habían comentado unos amigos de mis padres. A pesar de conocer más casos como el que a continuación les voy a relatar, no acabas de salir de tu asombro cada vez que te topas con uno de ellos. Por represivo y por surrealista. O por ambos.

Una pareja de catalanes dedicada a la venta de telas e instrumentos de sastrería cuyo oficio familiar se remonta a finales del siglo XIX posee un establecimiento en pleno Eixample barcelonés. El nombre de la tienda responde al apellido familiar, que es claramente catalán y que voy a obviar porque ya tienen ellos con lo que tienen. Pero, digamos, la especialidad de la misma, es decir, la descripción de las labores que realizan, tales como pañería, sastrería, o confección de forros, aparece en castellano, entre otros motivos y dejando de lado el principal –que es porque les viene en gana–, por el simple hecho de que venden a toda España bastante más de lo que venden en Cataluña. Así, los membretes y catálogos de presentación aparecen rotulados en castellano e ilustrados con una fotografía del local.

Como buenos comerciantes y catalanes, saben que es de buena educación intentar agradar en lo máximo a tu principal cliente y. por lo tanto, a la hora de decidir la lengua en la que iban a elaborar sus tarjetas de presentación, no hubo duda. Decidieron utilizar el castellano en aras de una mayor operatividad.

Y lo gracioso del asunto es que la historia me la narraban en un catalán impecable, vamos, el que llevan utilizando desde que nacieron, ellos, sus padres, sus amigos y toda su familia. Bien, vamos a ello.

La cuestión es que acaban de recibir una carta de la Agencia Catalana de Consumo, firmada por el subdirector general de Disciplina de Mercado (¡!) en la que se les insta a redactar, en un plazo de dos meses, el rótulo de su establecimiento "por lo menos en lengua catalana", en cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1/1998 de Política Lingüística, por el que se establece que la lengua propia de Cataluña es el catalán, informándoles además de que, según el artículo 32.3 de la misma ley, la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios de los establecimientos abiertos al público han de ser redactados, del mismo modo, en catalán. Si no proceden a su cumplimiento se iniciarán, siempre según el escrito, las actuaciones necesarias con tal de corregir la infracción. Sin más. Sin especificar en qué consiste esa "corrección".

Por cierto, los redactores de la inspiradora y democrática epístola tienen la caradura de decir que se debe a la denuncia de un ciudadano/a. En el barrio se están todavía desternillando de la risa, por no tener otras opciones más a mano. Y se ríen además de que la multa proceda de quienes no sabrían traducir al catalán conceptos como festón, pasacintas o quiebre sin estar amarrados al diccionario de l´Institut d´Estudis Catalans, al Xuriguera o al Pompeu Fabra.

O sea, después de estar trabajando toda una vida dejando bien alto el listón por toda España de una de las actividades de Cataluña con mayor prestigio y tradición, como lo es todo aquello derivado del sector textil, aparece ahora una pandilla de memos a hacerles perder el tiempo y el dinero con tal de que aparezca "draperia", en lugar de "pañería".

Me temo que no voy a tener espacio para mucho más, pero presten atención a lo siguiente, porque les doy mi palabra que no exagero lo más mínimo. En la misma acera donde ellos se encuentran, se ha instalado un tipo procedente de Sudamérica recién llegado de los Estados Unidos, que ha decidido abrir un centro de masajes y tratamientos naturópatas. Al parecer, el muchacho –según nos cuenta– al acudir a por las ayudas y comentar que quería rotularlo como "Sanar", le dijeron que al escribirse de la misma manera en ambas lenguas, no le podían otorgar la subvención solicitada. El recién llegado está todavía con los ojos que se le salen de órbita preguntando a los vecinos si se trata de alguna cámara oculta en plan bromita de bienvenida al barrio. Ya le han aconsejado que se arme de paciencia.

Les diré tan sólo una cosa, porque con la descripción de los hechos es más que suficiente. A una servidora, que en Madrid se pasa el día defendiendo y alabando a su tierra y en Barcelona hace lo propio con la tierra que últimamente la ha acogido – rozando en ocasiones comportamientos algo esquizofrénicos–, no le queda más remedio que bajar la cabeza ante comportamientos de este tipo por vergüenza.

Vergüenza ajena y la admisión de que el aldeanismo se ha apoderado de unos cuantos que tienen responsabilidades políticas y actúan con aires de dictadorzuelos del Baix Llobregat en contra de la verdadera esencia de Barcelona y Cataluña. Una verdadera pena.

El PP, contra la «imposición lingüística»
 La Razón 29 Enero 2009

El Partido Popular del País Vasco inició ayer la campaña electoral con un vídeo en el que denuncia la «doble moral» de PNV y PSE en el uso del euskera, ya que lo «imponen» a los ciudadanos, pero ellos no lo usan ni lo exigen para afiliarse. Con el lema «Abre los ojos», el vídeo difundido en la red muestra imágenes del lendakari, Juan José Ibarretxe, y del secretario general del PSE, Patxi López, a los que los populares corresponsabilizan de la crisis económica y la «imposición lingüística del euskera».

El PP acusa a también a los dos partidos de escenificar una falsa confrontación y tener la voluntad de pactar después del 1 de marzo. Las imágenes comienzan con tres llamadas telefónicas a la sede central del PNV en Bilbao y a las sedes provinciales de PNV y PSE en Vitoria. Una ciudadana anónima llama solicitando información para poder afiliarse y pregunta si el hecho de no saber euskera puede suponer un problema para unirse al partido. En ambos casos la respuesta es negativa.

A TODOS LOS QUE NO ATIENDAN EN GALLEGO
El Ayuntamiento de La Coruña promueve una campaña de denuncias contra funcionarios
El Ayuntamiento socialista de La Coruña está promoviendo una campaña de denuncias a los funcionarios que atiendan en castellano. Según la COPE, la iniciativa “Primero sonríe y después, si no te hablan en gallego, denuncia”, ya ha sido denunciada por el PP.
Libertad Digital 29 Enero 2009

El consistorio coruñés liderado por Javier Losada ha editado, en colaboración con la Mesa por la normalización lingüística, una serie de folletos en los que promueve el castellano por la vía de la denuncia al empleo de la otra lengua oficial. En ellas se emplea el topónimo Galiza, en lugar de Galicia que está estipulado en el Estatuto de Autonomía, según la información de la cadena COPE.

En la campaña también se proporciona un teléfono 902 no gratuito y un correo electrónico para facilitar la denuncia a los trabajadores municipales y de otros organismos públicos (como Correos, Hacienda o RENFE) que no respondan en gallego después de haberlo solicitarlo.

Según reza la campaña del Ayuntamiento del socialista Javier Losada, realizada en colaboración con el BNG, “lo mejor es no discutir, ni perder los nervios o el tiempo, pida que le atienda otro trabajador en gallero y si hay dificultad denuncie”.
Según la cadena COPE, el Partido Popular ya ha lamentado otro acuerdo del Ayuntamiento coruñés con la Mesa de Normalización Lingüística, que en los últimos meses también trató de imponer el gallego a los comerciantes por la vía de la amenaza.

La Generalitat ha dado 750.000 euros en cuatro años a una asociación afín a ERC para fomentar el catalán
M. Pardeiro La Razón 29 Enero 2009

BARCELONA- La publicación del Documento Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) -el BOE catalán- acostumbra a publicar buenas noticias para el colectivo «L¿Esbarzer», una entidad que se presenta como defensora de «los derechos lingüísticos y culturales» de los catalanes. Esta organización ha recibido de manos de la Generalitat un total de 742.676 euros desde el año 2005, una millonaria cifra con la que ha podido realizar campañas como la que llevaba por título «Si us plau, parla¿m en catalán (Por favor, háblame en catalán)», dotada de 20.000 euros.

Los departamentos controlados por ERC son los que más generosos se han mostrado con «L¿Esbarzer», una entidad muy activa dentro de la Plataforma per la Llengua. La ayuda más cuantiosa apareció publicada en un DOGC del pasado mes de marzo y fue concedida por el departamento de Vicepresidencia que dirige Josep Lluís Carod-Rovira. Se trataba de un «plan de normalización lingüística» para el cual «L¿Esbarzer» obtuvo un total de 129.000 euros.

El DOGC está pendiente de publicar cuatro subvenciones -todas ellas relacionadas con el uso y fomento del catalán- por valor de 79.000 euros. L¿Esbarzer ha recibido periódicas subvenciones por parte varios departamentos de la Generalitat. Una de las actividades que desarrolla y que más complicidad suscita de la administración catalana es su programa de acogida a estudiantes extranjeros. Otros estudios como el uso del catalán en catálogos de las grandes superficies también han sido subvencionados.
 

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