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Recortes de Prensa    Viernes 30 Enero 2009

El V Congreso Internacional de la Lengua se celebrará en Chile en 2010
El español mira al mundo
Editorial La Razón 30 Enero 2009

Es un hecho innegable que el papel de España en la comunidad iberoamericana es central, pero precisamente por su evidencia histórica e importancia política conviene sacar de la retórica vacua, con la que tantas veces se han adornado, las relaciones con los países de habla hispana. En primer lugar, porque en un mundo globalizado -la crisis económica actual es el primer acontecimiento en el que se ve implicado todo el planeta sin distinción de lenguas ni culturas- reclamar un papel de referencia requiere sobre todo aportar tecnología, ciencia y saber.

La lengua española nos une a Hispanoamérica y se convierte en algo más que una herramienta de comunicación: es el idioma en el que se gestionan proyectos políticos y empresas económicas. Ayer se presentó en La Moncloa el V Congreso Internacional de la Lengua, que se celebrará en la ciudad chilena de Valparaíso en marzo de 2010. Como se ha puesto de relieve en las anteriores reuniones celebradas en Zacatecas, Valladolid, Rosario y Cartagena de Indias, el español es una realidad que sobrepasa nuestras fronteras, de la que somos tan sólo una parte, incluso demográficamente minoritaria, comparado con el resto de países hispanoamericanos. No hay que olvidar que es México, con una frontera de miles de kilómetros con Estados Unidos y con más de cien millones de habitantes, el país donde más se habla español. Pero, además, España está a punto de ceder el segundo puesto a Estados Unidos, un país con cerca de 43 millones de hispanos, que equivale al 14 por ciento de la población total y lo que supone que el español es la segunda lengua del país más poderoso del mundo. Como se encargó de recordar el presidente del Gobierno, la perspectiva es que a mediados de este siglo haya en Estados Unidos 130 millones de hispanohablantes.

Según el estudio «El valor económico del español», éste se sitúa en un 15 por ciento del PIB.

Entendiendo el español como un patrimonio común de una comunidad en crecimiento, no deja de ser llamativo, incluso alarmante, que se promulguen leyes que intentan restringir su uso en Galicia, País Vasco y Cataluña, donde se confunde la promoción del idioma cooficial con la exclusión del castellano, llegando a casos tan esperpénticos como el de algunos ayuntamientos gallegos que han habilitado un número de teléfono para delatar a los funcionarios que hablen español; o como excluir el idioma común de las escuelas vascas para los niños de hasta 6 años; o, en fin, como la imposibilidad real de que en Cataluña se pueda escolarizar en castellano.

Es evidente que el uso político de las lenguas va en detrimento de ellas mismas, que acaban convirtiéndose en artefactos ideológicos y perdiendo el aprecio que hay que tener hacia toda lengua porque con ella se expresan ciudadanos libres. Sin embargo, los tiempos marcan otra realidad. Las lenguas sirven de poco si con ellas no se transmite conocimiento. Uno de los retos que tiene el español es ganar en utilidad y extensión en los nuevos medios de comunicación, con internet a la cabeza.

El inglés, en todas las variedades que se hablan en el mundo, es la primera lengua (35%) en la red, seguida del chino (14%), con un crecimiento constante. En tercer lugar está el español (10%). Según datos del Instituto Cervantes, no habrá más crecimiento si éste no se produce en la base tecnológica de la sociedad, sin una política de implantación de las nuevas tecnologías. Sin duda, el V Congreso Internacional de la Lengua deberá servir para reforzar las relaciones entre los países que forman la gran comunidad hispana.

Carta abierta a Zapatero, a propósito de las lenguas propias (y 2)
 Libertad Digital Antonio Robles 30/01/2009

Sr. Presidente: He preferido enviarle esta carta en dos entregas para que pueda con mayor aprovechamiento metabolizar tantos años de engaños nacionalistas y olvidos nacionales. Aquí tiene la segunda parte.

Durante años, los nacionalistas han negado la inmersión y siguen negando las sanciones lingüísticas. Y cuando ya no pueden seguir haciéndolo se apresuran a llevar adelante una "Ley Catalana de Educación" que blinde la inmersión y legisle la exclusión. Le daré razones de lo que afirmo y a continuación le mostraré sentencias firmes que se olvida de cumplir y hacer cumplir.

Hablemos del derecho a estudiar en la lengua materna. Allá por los años sesenta del pasado siglo el catalanismo político encontró en la defensa de la lengua materna el fundamento moral y la justificación pedagógica para exigir al régimen franquista la enseñanza en catalán. "Es indiscutible que el mejor medio para enseñar a un niño, es su lengua materna", repetían por entonces, amparados por un dictamen de la Unesco de 1953. Un informe de Unicef de 1999 coincidía con la Unesco:

Existen numerosos estudios de investigación que indican que los alumnos aprenden a leer más rápido y adquieren otras aptitudes académicas cuando adquieren sus conocimientos iniciales en su lengua materna. Además, aprenden un segundo idioma con mayor rapidez que quienes aprenden a leer inicialmente en un idioma que no les es familiar.

En su publicación de 2003 La educación en un mundo plurilingüe, la Unesco reitera los puntos del informe de 1953.

Precisamente por esto no pudieron obviar en la ley de política lingüística de 1983, ni en la de 1998, el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de sus hijos en la primera enseñaza. El art. 21.2 de la ley 1/1998 así lo explicita:

Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique.

Por supuesto, nunca lo han cumplido.

No son, sin embargo, las razones pedagógicas ni las legales las que me llevan a recordarle la reivindicación del derecho a estudiar en lengua materna, sino hacerle ver la instrumentalización sentimental que el catalanismo hizo en los años 60 y 70 con toda la sociedad catalana para exigir al franquismo enseñanza en lengua materna catalana. Todos apoyamos la causa; nadie con un mínimo de humanidad podía permanecer indiferente ante tan justa exigencia. Pero pronto comprobaríamos, quienes más nos destacamos en defenderlo, las verdaderas intenciones de aquel victimismo.

Con la llegada del nacionalismo al poder en 1980 y el empeño de Jordi Pujol en construir una nación, los padres castellanohablantes comprobamos que nuestros hijos no tenían lengua materna. Con la ley de 1983 se impuso la inmersión sólo en catalán y la lengua pasó a ser de la tierra, no de la madre. Quince mil maestros se fueron empujados por la imposición lingüística. La doble vara de medir del catalanismo, Sr. Zapatero, acababa de iniciar el programa de exclusión de la lengua común de todos los españoles. ¡Ay!, esa lengua común que tan poco aprecio le merece, y sin la cual usted no saldría ni a la vuelta de la esquina. El lenguaje, a partir de ahora, sería el arma virtual para ocultar la exclusión. Nada se puede entender desde entonces si se toman las proclamas catalanistas a favor de la normalización lingüística, la pluralidad cultural y la cohesión social como reclamaciones sinceras. Sólo han sido señuelos para imponer un monomodelo de la cultura y de la lengua sin que se note el cuidado. "Bilingüismo" posiblemente haya sido la palabra mágica a la que más rendimiento le han sacado para introducir el catalán allí donde era minoritario e imponerlo como único cuando era de domino común. Pero una vez que el catalán ocupa en exclusiva todas las instituciones y todos los medios públicos de comunicación, el bilingüismo ha pasado a ser considerado un agente de las fuerzas de ocupación.

Al modo y manera que convirtieron el derecho a estudiar en la lengua materna en derecho a estudiar en la "lengua de la tierra", el bilingüismo fue sustituido la "lengua propia". Ocurría al principio de los años 90. El concepto de lengua propia aparecía en el estatuto de 1979 como referencia antropológica para especificar el estatus histórico que la lengua poseía en Cataluña. En ningún caso tal concepto justificaba rango jurídico alguno sobre la lengua común española, pero con el discurrir del tiempo y las malas artes han convertido tal concepto antropológico en jurídico, y por consiguiente han legitimado una primacía jurídica de la lengua catalana sobre la común. A estas alturas del siglo XXI, la lengua propia se ha convertido en lengua institucional. En una palabra, en la única oficial. Ya ve, no se trata de buscar la verdad, sino de dar con razones para seguir imponiendo lo injustificable.

Recuerdo, Sr. Presidente, cuando, quien más quien menos, llevaba una placa en la solapa con la leyenda: "En català, si us plau". Corrían los años 70. Cuando, a mediados de los 90, aparecía el manifiesto "En castellano también, por favor", el adverbio también plasmaba una forma educada de reclamar el bilingüismo y la tolerancia que ya no había. Ya entonces era consciente de que detrás de ese primer eslogan: "En català, si us plau", estaba implícita la exclusión, pues no se pedía tolerancia para el catalán, se pedía que se hablara sólo en catalán, aunque se pidiera por favor. Eran otros tiempos.

Con la llegada del Tripartito al poder, la "lengua propia" se convirtió en "lengua de cohesión social". La llegada masiva de inmigrantes les daba la oportunidad de reciclarlos y convertirlos en carnaza de la construcción nacional. Con el segundo Tripartito el concepto se ha formalizado definitivamente en "la lengua común". Ahora el catalán es la lengua común de todos los catalanes. Paradójicamente, las argumentaciones que dan para legitimar ese estatus del catalán en Cataluña están basadas en la necesidad de generalizar una lengua franca que garantice la cohesión social. En realidad, lo que tratan de evitar es que sea el castellano el que cumpla esa función. Curiosamente, siempre han boicoteado la capacidad histórica de cohesión social que la lengua castellana tiene como lengua común de todos los españoles. Su rechazo a esa lengua común española deja en evidencia su indiferencia ante la cohesión social de España.

Sr. Presidente:
Es desolador comprobar que cada uno de los conceptos de aparente altura moral que utiliza el nacionalismo suele estar al servicio de la simulación. Toda la eficacia del lobo camuflada tras la piel de cordero. Se habla de "integración" para imponer la asimilación, se habla de derechos lingüísticos para despojar a la gente de ellos, se habla de una lengua propia para hacer impropia al resto, se habla de derechos históricos para destruir los democráticos, se habla de bilingüismo para imponer el monolingüismo, se habla de cohesión social para excluir con impunidad. Ahora ya sin tapujos. El último plan de acogida lingüística para la inmigración del Gobierno de la Generalitat está diseñado para inducir al inmigrante a que interiorice que el catalán es el único idioma de Cataluña y se desvincule emocionalmente de la cultura española.

Sr. Presidente:
Todo esto que le cuento nada tiene que ver con la lengua, sino con la democracia. El que un padre no pueda tener ni un solo colegio donde pueda estudiar su hijo en el idioma común de España no es un problema de ecología de lenguas, sino de democracia. El que una persona pueda ser multada por tener el letrero de su negocio en castellano no es un problema de lenguas, sino de democracia. El que unos gobernantes desobedezcan tres sentencias del TSJC y un auto de medidas cautelares no es un problema de derechos históricos, es un atentado contra la separación de poderes.

El problema de la convivencia en Cataluña o en cualquier otra autonomía bilingüe no se debe a "los separadores de siempre", como ha dicho estúpidamente en el Congreso de su partido ese saco de maldades que tiene usted por escudero y que responde al nombre de Pepiño Blanco, sino a la aceptación o no de las reglas democráticas por parte de los nacionalistas y al cumplimiento de la ley, incluidas las sentencias de los tribunales.

Como Edipo, Sr. Presidente, de tanto huir del trágico destino del que se quiere librar, no hace más que correr hacia él. Su rechazo del Manifiesto ya le ha llevado hasta Tebas.

Es evidente, Sr. Presidente, que el incumplimiento por parte del Gobierno de la Generalitat de la última sentencia del Supremo (12-XII-2008) sobre el derecho de los padres a disponer de una casilla en las hojas de inscripción para indicar en qué lengua desean que estudien sus hijos quiebra la separación de poderes, base fundamental del Estado Democrático de Derecho. No es la primera vez, ni será la última. El Gobierno de España, presidido por usted, tiene la obligación política de hacer cumplir las sentencias judiciales a todos, incluidos los socios de Gobierno de una comunidad autónoma de cuyos votos depende para gobernar. De lo contrario, usted mismo será cómplice y causa de la mayor de las injusticias: acabar con la universalidad de los deberes que el Derecho impone.

De esto parece no sacar pecho, ¿por qué? Quizás no esté al corriente: los nacionalistas son expertos en ocultar la realidad que no les interesa. De hecho, sabedores de la trascendencia que la sentencia tiene, los tres socios del Gobierno d'Entesa (PSC, ERC e ICV), más CiU, la han silenciado. Sólo el secretario de Política Lingüística, Bernat Joan, y su compañero de partido en el Congreso de los Diputados, Joan Rigau, se han dado el gustazo de chulear al Alto Tribunal. El ex militante del entramado de Terra Lliure Bernat Joan declaró el mismo día de su publicación que la sentencia "no tendrá trascendencia ni afectará al modelo de inmersión lingüística"; como mucho, sentenció ufano, "pondremos una casilla más en las hojas de preinscripción de las escuelas".

Es la forma que tiene el nacionalismo de enterrar la realidad. Cuando algo no les interesa, lo silencian; cuando algo les conviene, rompen todas las portadas. Tienen capacidad para ello: en Cataluña casi la totalidad de la prensa forma parte de su entramado. Lo debería saber, Sr. Presidente, y no mirar para otra parte.

También Joan Rigau ha salido al paso contra la sentencia del TS para repetir con descarado cinismo tres falacias clásicas entre los nacionalistas: todos los alumnos tienen garantizado el estudio del castellano a través de los "tutores lingüísticos"; la inmersión está avalada por una sentencia del TC de 1994 y un informe reciente del Consejo de Europa; y si no era ya suficiente descaro, el republicano va y suelta: "Esta cuestión será objeto de blindaje en la futura Ley de Educación de Cataluña". Y usted sin inmutarse.

En la sesión parlamentaria del 12 de noviembre de 2008, con ocasión de la tramitación de la LEC (Ley de Educación de Cataluña), hube de aguantar todo tipo de improperios porque denuncié que la "causa íntima e inconfesable de la tramitación de la LEC" era "blindar la inmersión y legislar la exclusión". Pues bien, dos meses después, como usted bien aprecia, ellos mismos lo dicen. Y es que se sienten dueños y señores de la realidad política de Cataluña, y capaces de condicionar la de su Gobierno. Tal actitud explica por qué incumplen las sentencias, una y otra vez.

Por ejemplo, la sentencia y el posterior auto de medidas cautelares sobre la tercera hora de castellano que el TSJC dictó (04-VII-08) para obligar a la Generalitat a impartir esa tercera hora sin mayor dilación siguen sin cumplirse. Le recuerdo que fue su Gobierno quien, en el Decreto de Enseñanzas Mínimas (7-XII-2006), ordenaba se impartiese esa tercera hora. La misma suerte ha corrido la sentencia del TSJC (16-IX-08) que prohíbe a la Generalitat el uso exclusivo del catalán en las actividades de acogida matinal en las escuelas públicas Y la del TS (12-XII-2008) que obliga al Gobierno del Sr. Montilla a garantizar la enseñanza en castellano, al menos hasta la finalización del primer ciclo de Primaria. Caso omiso. ¿Se imagina, Sr. Presidente, que un gobernador de un estado americano no cumpliese una sentencia del Supremo de EEUU? Deje de evocar al Sr. Obama y obre como obraría él.

Pero como las sentencias de los tribunales tarde o temprano deben ser cumplidas, han levantado todas las alarmas en la Generalitat. Las protestas de ciudadanos organizados en asociaciones cívicas como Tolerancia, Cervantina, Convivencia Cívica Catalana, Profesores por el Bilingüismo o Foro Babel, mal que bien, las habían podido desactivar a través de la técnica de la estigmatización política, incluso la entrada en el Parlamento de Cataluña de Ciudadanos la estaban vadeando a través de sus propios medios de comunicación, pero las sentencias en cascada de los tribunales contra su política lingüística les dejaban a los pies de los caballos.

¿A qué recurrieron para evitar su cumplimiento? A un proyecto de ley de educación catalana, por trámite de urgencia, para eliminar la posibilidad de que los tribunales puedan frenar su ingeniería de exclusión lingüística. De ahí el "Proyecto de Ley de Educación Catalana", de ahí sus prisas, Sr. Presidente. "La LEC, por primera vez, da carta de naturaleza legal a la metodología de la inmersión", reconoce el Director General de Innovación Educativa, Joan Badia en el último número del boletín del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Cataluña. Es decir, hasta ahora la inmersión no ha tenido carta de naturaleza legal, y sigue sin tenerla mientras no se apruebe la LEC.

Con la próxima aprobación de la LEC, incluso la primera falacia será innecesaria. Le desnudaré sus trampas. El reglamento del Departamento de Enseñanza que crea la figura del "tutor lingüístico" para eludir el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística de 1988, que impide generalizar la inmersión, no es sino el remozo de la trampa de la "atención individualizada" que se sacó de la manga el Gobierno de CiU en 1993, cuando ejercía de Conseller Josep Maria Pujals, para contrarrestar la rebelión de las madres de Salou organizadas en Cadeca, que por entonces lograron hacer visible la imposibilidad de poder estudiar en castellano en Cataluña. ¿En qué consistía? Así lo explicaba El País el 26 de octubre de 1993: "El profesor podrá, llegado el caso, explicar la lección en catalán, pero atender en castellano el trabajo individual del alumno que lo requiera".

Es la respuesta que la Generalitat da a las 293 madres que solicitaron enseñanza en castellano para sus hijos a finales de octubre de ese mismo año 93. Antes, el consejero Pujals había cursado una orden a las direcciones de los centros para que los directores hablaran y convencieran a las madres de las virtudes de la inmersión y les dieran, si no hubiera otro remedio, la salida de la "atención individualizada". En ese caso, además, la habrían de solicitar. Se trataba de disuadir a las madres. Las denuncias de coacción fueron generalizadas, la medida de la Consejería trataba de crear dificultades, incomodar a los padres, desanimarlos y convencerlos de que si no aceptaban la inmersión, sus hijos iban a ser ciudadanos de segunda el día de mañana.

No fue posible engañarlas: sólo convencieron a 13 de las 293 demandantes. Pero sirvió para que la propaganda del régimen utilizara ese número de solicitudes de "atención individualizada" para demostrar que en Cataluña no había ningún problema y que los padres estaban encantados con la enseñanza sólo en catalán. La verdad era bien distinta.

A año siguiente ni siquiera 13 solicitaron "atención individualizada", sino prácticamente la mitad. Ningún padre estaba dispuesto a convertir a sus hijos en el centro de atención de un sistema que los individualizaba y cuyos profesores no tenían escrúpulos en señalar como raros. Estaban dispuestos a luchar, pero no a que ridiculizaran a sus hijos. O algo peor, como denunció ante la policía la madre Esperanza Mera: "Desde que solicitó enseñanza en castellano para sus dos hijas, Aroa de 8 años y Olga de 6, han debido soportar diversas agresiones de compañeros y pintadas en el patio, tales como 'Aroa puta', sin que, pese a las denuncias de estos hechos a profesores y directora, se haya hecho nada al respecto". Las niñas iban al colegio José Montmany de Sant Feliu de Llobregat, que dirigía Dolores Jiménez. Especialmente graves fueron las agresiones que sufrió su hija mayor, "ante la mirada de los profesores que no hacían nada para evitarlo". Esto ya ocurría en 1993, y usted en Babia. Entonces y ahora, que es peor.

Acaba de darse una sentencia ejemplar contra el colegio suizo de Madrid por mobbing a un niño durante dos años. Nada que ver con la lengua, como sabe bien. Sin embargo, años de mobbing lingüístico no conmovieron a sus predecesores, ni le conmueven a usted. En estos casos, las víctimas son además culpables de romper la cohesión social. Las cosas del nacionalismo.

Evidentemente, un caso como el de Aroa y Olga no puede ser generalizable. Un maestro nunca puede permanecer indiferente ante una agresión física a un alumno, pero las quejas generalizadas que se produjeron en aquel tiempo por insultos y otras impertinencias para dejar a los niños cuyos padres habían solicitado enseñanza en castellano en ridículo retratan una época infame donde el derecho del menor fue relegado al bien superior de la nación en peligro. Por entonces, Sr. Presidente, usted no tenía gran poder, pero sus compañeros de partido en el poder nada hicieron por impedirlo.

En 2008-2009, fuentes del Departamento de Enseñanza que dirige el socialista Ernest Maragall dicen, a propósito de la referida sentencia del TS, que sólo 20 padres han solicitado estudiar en castellano, y que sus hijos tienen garantizado un "tutor lingüístico" que les acompañará durante el tiempo necesario para que puedan seguir las clases en catalán. El cinismo es infinito. En una comunidad donde el 53% tiene por lengua materna el castellano nos quieren hacer creer que sólo 20 padres han solicitado enseñanza de castellano para sus hijos. Con la gansada esa del "tutor lingüístico" o de la "enseñanza individualizada", lo raro es que haya tantos.

La tercera falacia es la utilización de la mentira sin pudor alguno: la inmersión lingüística está avalada por la sentencia del TC 337/1994. Seguros como están de que tienen medios periodísticos suficientes para impedir contrarrestar sus efectos, lo repiten como un mantra. Desde 1994 lo repiten con descaro, cuando la realidad es exactamente la contraria. Lo que hace tal sentencia es consagrar una figura pedagógica desconocida hasta entonces, llamada "conjunción lingüística". ¿En qué consiste?

El modelo de "conjunción lingüística" implica que catalán y castellano han de convivir como lenguas vehiculares y ninguna de ellas puede ser excluida. Con una excepción, en la enseñanza primera, el alumno ha de ser enseñado al calor de la lengua materna y todos los alumnos deben llegar al final del ciclo educativo siendo competentes en las dos lenguas por igual. Este es el sentido último de la constitucionalidad de la "conjunción lingüística" o "bilingüismo integrador", ayudar a alcanzar la integración y la cohesión social.

Idéntica falsificación hacen con la interpretación que hace de la inmersión el informe del Consejo de Europa. Repiten la mentira una y otra vez en sus medios. El último ha sido Joan Rigau: el modelo de inmersión lingüística catalán ha sido "aplaudido" por la UE. Así lo larga y así se da por verdadera la mentira. En realidad, lo que dice la Carta Europea de la Lenguas Regionales o Minoritarias, en su apartado 218, del Consejo de Europa del 11 de diciembre de 2008 es que la inmersión es un buen método de enseñanza de lenguas, siempre y cuando sea voluntaria: "La carta no prevé la enseñanza obligatoria para todos los alumnos, sino, únicamente, que todos los alumnos reciban educación en catalán si sus padres así lo desean". Esta coletilla final que lo cambia todo, la ocultan. Déjà vu. Lo de siempre. El fin último de construir una nación con una lengua única y una sola cultura lo justifica todo, incluso esa burda manipulación. Y no piense, Sr. Presidente, que es fácil de desmontar. La verdad tiene en contra dos fuerzas poderosísimas. La una es mediática: secar su mar mediático a cubos produce impotencia, y la otra es pragmática: la mayoría nacionalista prefiere creerse la mentira que le permite privilegios laborales, sociales y políticos, a la verdad que le iguala a los demás.

Que nadie se engañe; usted tampoco, Sr. Rodríguez Zapatero, circunstancialmente presidente de España: este sistemático intento de amedrentar el libre ejercicio de la reivindicación de los derechos de una población marginada es intolerable (tiene un nombre: se llama bullying, acoso moral, o sea maltrato, intimidación entre iguales para hostigarles hasta que acaben aceptando su inferioridad legal. Su actitud y sus argumentos tienen por objeto hacernos sentir culpables, culpables de alentar el enfrentamiento entre comunidades lingüísticas, de romper la paz social; pretenden arrinconarnos psicológicamente con el fin de que acabemos aceptando algún sentido de culpa por un comportamiento indigno, del que si hay algún culpable no es el que reclama un derecho, sino el que lo conculca.

Quedo a su disposición para lo que guste ampliar o aclarar. Le aseguro que hay mucho más. Y si considera que hay un solo dato inexacto, erróneo o falso, le reto a señalarlo; si no, habrá de actuar en consecuencia.

antoniorobles1789@hotmail.com

¿Educación o adoctrinamiento?

JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 30 Enero 2009

SE suprime la enseñanza en el idioma común del Estado, y se implanta la enseñanza en la lengua vernácula. Se suprime la Historia de España de los planes de estudio, y se implanta la Historia de la respectiva autonomía. Se suprime la asignatura de Religión, y se introduce la de Ciudadanía. Estas son algunas características de nuestros planes de estudio. Nada de extraño que nuestros jóvenes se cuenten entre los menos preparados de Europa.

Me dirán que Educación para la Ciudadanía no es Educación Política. ¿Están seguros? Ciudadanía es la pertenencia a una comunidad nacional (ciudadanía española, alemana, francesa, etc, etc.). Y, aquí, de entrada, nos encontramos con un enorme escollo: habiendo en España comunidades que se consideran naciones -negando ese título a España-, en la educación ciudadana que reciban sus escolares prevalecerá la «ciudadanía» local sobre la española. Echen una ojeada a los libros de texto de esa asignatura, no sólo en Cataluña y País Vasco, sino en el resto de las Autonomías, y ya me dirán las veces que aparece la palabra España.

Pero eso no es todo. Versando esta asignatura no sobre hechos objetivos, sino sobre valores opinables, se enseñarán aquellos que sostengan el Gobierno y el partido en el poder. Que pueden no coincidir con los valores vigentes en la comunidad vecina. Es como si 2 y 2 fuesen 4 en Cataluña, y 7 en Andalucía, o viceversa. Algo que ya está ocurriendo en otras materias de carácter doctrinal. O no doctrinal, como la Geografía, con las disputas sobre la propiedad de los ríos.

Ya sé que el Tribunal Supremo ha endosado la asignatura al rechazar la objeción de conciencia ante ella. Lo acato, pero mantengo que el problema no es la asignatura, es su contenido; no son las leyes, sino los textos. Y espero que sea tenido en cuenta en los recursos que van a presentarse. Se puede obligar a un padre a enviar a sus hijos a la escuela para que aprendan Matemáticas, Gramática, Física y el resto de conocimientos, incluida la urbanidad, que les serán útiles para ellos y para los demás. Pero no puede obligársele a aceptar que sean adoctrinados en un determinado sentido. Y no puede por el mismo principio del Estado laico: si no admite la enseñanza religiosa, no puede admitir la enseñanza ideológica. ¿Recuerdan a Voltaire? «No estoy de acuerdo en lo que usted dice. Pero me dejaría matar para que usted pudiera seguir diciéndolo». El Estado no puede obligar a pensar de una determinada manera.

Reducir la educación ciudadana a una asignatura es rebajarla, limitarla, incluso travestirla. La educación ciudadana debe darse en todas las asignaturas, en todas las aulas, en los pasillos de los colegios, en los patios de recreo. Fuera, en la calle, en las casas, en los parlamentos, en las sedes de Gobierno. Con el ejemplo principalmente. Cuando y donde no se hace, quieren convertirla en dos horas de clase a la semana.

Ciudadanía
IGNACIO CAMACHO ABC 30 Enero 2009

LA educación española puede ser acaso el más grave de nuestros problemas ciudadanos, el de mayor dificultad y más hondura, pero ese problema no se llama Educación para la Ciudadanía. La polémica sobre esa asignatura de indudable contenido doctrinal ha desenfocado la cuestión del estado de nuestra enseñanza, una clave del atraso nacional desde los tiempos del regeneracionismo. La judicialización del caso y el legítimo empeño confesional en la objeción de conciencia han acabado en una victoria política del zapaterismo, pero esa especie de FEN de la progresía no va a redimir el estado de postración de la escuela pública, ni el desánimo de los docentes, ni la insustancialidad de los planes de estudio, ni va a corregir los índices de fracaso escolar ni el dislate pedagógico de la LOGSE. El Gobierno mostró el trapo de sus habituales señuelos ideológicos y una parte de la sociedad educativa entró con entusiasmo al engaño que menos le favorecía; al fin y al cabo la dichosa Ciudadanía no dejará de ser una maría carente de influencia real en la formación del alumnado, y quizá hubiese sido una estrategia más inteligente diluirla, como han hecho algunos centros religiosos privados de mentalidad más pragmática, en el contexto de su propia liviandad para evitar el riesgo de una derrota legal.

Con o sin asignatura de Ciudadanía, la enseñanza en España seguirá siendo un erial deshabitado de conocimiento, rigor y jerarquía. Las autonomías continuarán imponiendo dicterios lingüísticos y planes demenciales en los que se manipulará a conciencia el sentido de la Historia, de la Filosofía y hasta de la Geografía y el Medio Ambiente. Los profesores seguirán moralmente desarmados ante la agresividad del alumnado y de sus padres. Los estudiantes aplicados se verán obligados a adaptar su aprendizaje a la rémora de los más renuentes, y el sistema persistirá en su colapso intelectual, en sus tópicos políticamente correctos y en su rechazo de cualquier atisbo de competitividad o disciplina.

Cada vez que un organismo internacional evalúa el nivel de competencia científica o humanística de nuestros estudiantes, los resultados resultan demoledores para el prestigio de la instrucción pública y para la propia competitividad de los alumnos. Generaciones enteras se están formando en la banalidad con grave perjuicio para su futuro desarrollo en el mercado de la inteligencia. Tenemos un problema endémico con los idiomas internacionales mientras nos empeñamos en una batalla de lenguas autóctonas. Perdemos puestos en preparación tecnológica mientras discutimos sobre cuestiones morales que debe y puede resolver la educación familiar. Desatendemos la cultura del esfuerzo y anulamos el mérito para inocular a la juventud el virus de la subvención y la dependencia. La mayor parte de los universitarios desprecia el riesgo emprendedor para soñar con un empleo público vitalicio. Hemos hecho siete leyes educativas distintas en veinticinco años. Y en medio de ese desastre devastador para el futuro de la nación y de sus ciudadanos, el único debate que de verdad nos planteamos es el de si los niños deben o no aprender en el colegio a ponerse un preservativo.

El triunfo «social» del PSOE
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 30 Enero 2009

El Tribunal Supremo (TS) teme más la objeción de conciencia colectiva que el peligro de adoctrinamiento de sus nietos (es un decir). Los católicos y liberales que pueda haber entre los 22 miembros del TS, que han votado a favor de la asignatura de educación cívica, cuentan con el respaldo moral de los miembros de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) que están con el Gobierno. Una gran parte de los magistrados creen que la Iglesia y una parte del Partido Popular están llevando su celo liberal a extremos inaceptables.

En general, las élites culturales piensan que una buena parte de la derecha se está bunkerizando. En este sentido, quitan importancia a los ciento veinte mil abortos anuales y tampoco les parece mal que estas chicas un tanto desorientadas puedan aprovecharse de las ayudas estatales previstas para estos casos.

Y ¿por qué no decirlo? Muchos setentones no harían ascos a quienes estuvieran dispuestos a ayudarles a bien morir ( sin dolor, quiero decir) y sin tener que soportar al curita que puede enviarte la dirección del hospital

Así que en plena y brutal crisis económica, producto de un capitalismo salvaje a juicio de Rodríguez Zapatero, asistimos al triunfo ideológico del PSOE. Se trata de una revolución «social» y «cultural» que tendrá sus horas lectivas con la asignatura de la educación cívica.

La venta de estos triunfos (el de las lenguas regionales por supuesto) va a favorecer a los socialistas en las elecciones gallegas y vascas, aunque también cabe suponer que la crisis económica contribuirá a rebajar su triunfalismo. Quiero decir que con el paro galopante subirá el papel del Bloque Nacionalista Gallego en la posible coalición de gobierno en Galicia, mientras en el País Vasco los socialistas se contentarían con una invitación del PNV a formar gobierno.

¿Y el PP? Seguirán besándose Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón en los encuentros administrativos, mientras el partido se desangra de forma incontenible.

El PP (sexy PP), contra el idioma español
Pío Moa Libertad Digital 30 Enero 2009

Temeroso de perder votos a favor de UPyD, los señoritos del PP intentan engañar a sus (un tanto boyunos) votantes fingiendo que defienden el español común y el derecho de los padres a elegir el idioma en que quieren la enseñanza de sus hijos. No es así. Durante largos años ha gobernado Galicia y la situación actual es solo el resultado de la política lingüística aplicada por Fraga, copiada de la de los catalufos (no confundir con los catalanes).

Por si hiciera falta, me han pasado una Solicitud de admisión en bachillerato, escrita solo en segundo lugar en el español común, por cierto. La nota ofrece tres opciones: a) enseñanza en valenciano; b) incorporación progresiva al valenciano (es decir, empezar por algunas asignaturas en español común para irlas restringiendo progresivamente) c) Ninguna de las anteriores (sólo para municipios de predominio lingüístico castellano que no apliquen programas de educación bilingüe).

Esto, en una comunidad regida por el PP. La misma que se ha montado un estatuto que nada tiene que envidiar al catalufo. Algunos decían que les parecía alucinante. ¿Por qué? ¡Es que a estas alturas siguen sin conocer a esos politicastros!

Este es el PP, señores, el PP del futurista de la Nena Angloparlante y la economía lo es todo. Pero mucha gente no desea otra cosa que ser engañada.

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**** UPyD es, a día de hoy, el único partido democrático, además de español, en todo el arco político. Consideremos también a Ciudadanos. Los únicos votables, a mi juicio. En la derecha también se ha despegado AES, que defiende la idea de España y realiza actividades interesantes, pero no está claro su carácter democrático. Insisto en algo que he repetido otras veces: la idea de España y la de democracia deben ir juntas necesariamente, en realidad deberían ser los dos puntos básicos y fuera de discusión para los partidos nacionales, sean de izquierdas o de derechas. Pero hoy los dos grandes partidos, PSOE y PP, han derivado a posiciones al mismo tiempo antiespañolas y antidemocráticas. Son dos partidos que no se perdería nada si se hundieran de una vez para siempre, como pasó con los "grandes" italianos. Es muy posible que la crisis barra de una vez a esas cuadrillas de politicastros. Pero no acaban de surgir las alternativas precisas, y ese es el problema. Y el peligro.

**** "Calificar de crimen contra la Humanidad la liquidación de un terrorista es el mundo al revés", creen los israelíes. Pues no. Para un gobierno o unos jueces colaboradores del terrorismo es lo más lógico y normal. En esta España colmada de basura y demagogia barata.

**** Era asombroso el entusiasmo por Obama antes de que él hubiera hecho nada. Un caso de sandez e histeria colectiva, particularmente en España, donde el gobierno y la oposición disputan estúpidamente a ver cual es más obamista. Bien, ya ha empezado a hacer cosas el tío, y a cual más alarmante... "Atrevidas", dice él; y con razón.

**** Memoria histórica: Heterodoxias.net expone dos titulares de La Vanguardia separados por solo dos días, 25 y 27 de enero de 1939. Primer titular: El pueblo y el Ejército en defensa del país contra la invasión italogermanofacciosa. La batalla de Cataluña por la independencia de España. El presidente Aguirre viene a ponerse al frente de los batallones vascos". Engaño hasta el final: todos los dirigentes, y Aguirre entre los primeros, habían ahuecado el ala hacia Francia. Muchos de ellos llevándose inmensos tesoros. Aguirre es el mismo que cuando el bombardeo de Guernica hizo los llamamientos más encendidos a combatir, mientras intensificaba sus tratos con los fascistas italianos. Casi parecían del PP.

Segundo titular: "Entrada apoteósica del Ejército Nacional en Barcelona. Nuestra ciudad no ha sido conquistada: ha sido ganada por la fuerza irrebatible de la razón de la Nueva España". Por supuesto que no fue conquistada: todos los llamamientos del Frente Popular a resistir y hacer de la ciudad un segundo Madrid cayeron en saco roto, y los nacionales entraron sin lucha. Los barceloneses estaban hartos de la experiencia rojo-separatista, "estupidez y canallería", decía Marañón, pues no fue otra cosa lo que tuvieron que soportar durante casi tres años. Pero aquellos políticos, u otros parecidos, han vuelto y no han aprendido nada de la historia.

Educación para la Ciudadanía: una victoria pírrica para el Gobierno
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 30 Enero 2009

Aparentemente, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha obtenido una importante victoria con el reciente fallo de la Sala 3ª del Tribunal Supremo que niega el derecho a ejercer la objeción de conciencia en relación con la polémica asignatura de "Educación para la Ciudadanía", convalidando así una de las medidas de mayor calado ideológico de este Ejecutivo. En contrapartida, la Iglesia Católica, o mejor dicho, el sector de la misma (la jerarquía eclesiástica y los creyentes más comprometidos con su fe) que puso en marcha el movimiento de objeción de conciencia contra la asignatura habría cosechado una nueva derrota en una sociedad que cada vez deja más clara su voluntad de marginar y someter a los católicos que quieren ser coherentes con sus creencias.

Al PP, en cambio, es difícil considerarlo derrotado por este fallo judicial, dada su posición un tanto ambigua en la materia que nos ocupa. Es cierto que nominalmente se ha opuesto a la asignatura y ha prometido la supresión de la misma cuando vuelva al Gobierno, pero algunas de las Comunidades autónomas en las que está en el poder no se han caracterizado precisamente por dar facilidades a los objetores.

Sea como sea, es fácil darse cuenta de que el Gobierno no ha echado las campanas al vuelo por la decisión del Tribunal Supremo, y se ha limitado a lanzar algunas pullas contra el PP. Algo hay en la sentencia que todavía se está redactando que le preocupa.

La cuestión no es, por supuesto, que los padres objetores vayan a recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, que se pronunciará Dios sabe cuándo, después de lo cual aún quedaría la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El problema para el Gobierno radica en la componenda a la que previsiblemente se ha llegado en la Sala 3ª del Tribunal Supremo para acordar este fallo, y que puede desatar una guerra escolar de consecuencias imprevisibles.

Al parecer, el alto Tribunal condiciona su rechazo a la objeción de conciencia al hecho de que en la asignatura no se incluyan contenidos que supongan una toma de posición en cuestiones morales controvertidas. En la misma, por lo tanto, sólo se deberían transmitir los principios y valores constitucionales.

Como he defendido en más de una ocasión, esta postura es aceptable en abstracto, pero está llamada a provocar grandes polémicas en nuestra sociedad. Sencillamente, cada día es menor el consenso sobre la interpretación de los principios y valores constitucionales, y resulta bien fácil poner ejemplos.

Valga uno por todos. La Constitución garantiza el derecho de todos a la vida. ¿Cómo se enseñará esto en "Educación para la Ciudadanía"? ¿Son constitucionales el aborto y la eutanasia? ¿Depende de lo que diga el legislador en cada momento? Pero eso sería optar por una determinada concepción de la ética. ¿Habrá entonces que limitarse a explicar que hay distintos puntos de vista en la materia, todos igualmente respetables? En tal caso se estaría inculcando a los alumnos la doctrina del relativismo moral...

El Tribunal Supremo, por no querer reconocer la objeción de conciencia en un supuesto en el que está en juego evidentemente la libertad de creencias de los padres y de los alumnos, ha montado un buen lío: va a abrir la puerta a un sin fin de procesos judiciales contra la elección que hagan los centros escolares de los libros de texto de "Educación para la Ciudadanía" y contra la forma en que la impartan los profesores, cada vez que haya unos padres que consideren que se intenta transmitir a sus hijos una postura concreta sobre cuestiones morales controvertidas que no coincida con la suya.

Educación para la Ciudadanía
Ahora empieza la batalla
Tras la EpC late el deseo de forjar un nuevo tipo de ciudadano que responda a los deseos de quien inspira un contenido
José Luis Requero Libertad Digital  30 Enero 2009

Cuando frente a la Educación para la Ciudadanía (EpC) se ha invocado la objeción de conciencia cabían dos posibilidades. La primera que se apelase a la objeción a modo de banderín de enganche para una movilización ciudadana frente a lo que es una empresa ideológica, lo que implica apelar a la objeción en su acepción coloquial. Y esto es admisible porque tras la EpC late el deseo de forjar un nuevo tipo de ciudadano, un ciudadano que responda a los deseos de quien inspira un contenido que no es ningún secreto: basta leer los documentos de la Secretaría de Libertades del PSOE o de la Fundación Cives o de la Cátedra Fernando de los Ríos, de la Universidad Carlos III, para saber qué es lo que se busca.

Pero si la objeción de conciencia se invoca, además, en su sentido jurídico estamos ya ante otra dimensión del problema con un riesgo: al convertirse un instrumento de movilización en un problema jurídico, si se pierde ante los tribunales se da quien es un consumado experto en el manejo de la opinión pública una baza propagandística de primer orden, lo que genera desazón y desconcierto a miles de padres.

He criticado esta asignatura, pero he procurado ser muy claro en estos años sobre las dudas jurídicas acerca de la objeción de conciencia. La razón es muy clara. Si se objeta y la denegación se lleva a los tribunales, el riesgo –y se ha cumplido- es que lo que se discuta ante el juez no sea la conculcación de los derechos fundamentales de los padres a educar a sus hijos según sus creencias y convicciones, sino sobre si un ciudadano puede hacer objeción de conciencia sin que una ley lo reconozca. Mi criterio es que no. Fuera de la objeción para el servicio militar –que es lo único previsto en la Constitución- no cabe admitir que un ciudadano objete frente a los deberes que le sean exigibles como tal: esto generaría una "ciudadanía a la carta" en la que cada uno elegiría qué deberes ciudadanos cumple y cuales no.

En todo caso se está a la espera de conocer los razonamientos jurídicos de la sentencia. Por lo poco que ha trascendido, el rechazo a la objeción no ha impedido que el Tribunal sea consciente de que el problema no sólo es el debate jurídico sobre la autonomía de la objeción, sino que lo básico es si el contenido de la EpC puede violentar los derechos y libertades de los padres. Aquí está la clave. Sostengo que la batalla jurídica de la EpC no se librará en un gran campo de batalla, sino combatiendo humildes disposiciones administrativas que van concretando su contenido. Es ahí dónde ya se pueden apreciar contenidos ideológicos, militantes y de adoctrinamiento. Esto es difícil, es pesado, pero ahí es donde hay que dar la batalla jurídica y en esto apenas se ha comenzado.

Educación para la Ciudadanía
La democracia agónica
Reconozcamos que se ha perdido la batalla de la objeción de conciencia. Pero, a pesar del Gobierno y sus afines, queda abierta la de la desobediencia civil.
Agapito Maestre Libertad Digital 30 Enero 2009

Los objetores de conciencia han sido más que derrotados. Han sido vapuleados ideológicamente por un régimen infame de "derechos". Esto ya no es, definitivamente, una democracia con tres poderes que se contraponen, sino un poder Ejecutivo que, aparte de utilizar a su antojo todos los poderes del Estado, da y elimina derechos. Los padres de familia que han objetado en conciencia, sí, de acuerdo con la libertad que les garantiza un derecho constitucional han sido despreciados. Los jueces de este Tribunal Supremo, como en el pasado lo estuvieron los jueces de la dictadura de Franco, están al servicio del poderoso.

El fallo de este tribunal contra los padres objetores de conciencia es uno de los efectos, uno más de la cadena larga de injusticias, que se han derivado de la utilización de la famosa Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en el ya lejano 1985, que pone a disposición del Ejecutivo el poder judicial. Nadie se engañe, por lo tanto. El fallo del Tribunal Supremo es terrible. La objeción de conciencia, ese grandioso derecho entre derechos, ha sido mancillado por un tribunal político, sí, dependiente de las órdenes y directrices del Gobierno socialista. Lo peor de la sentencia ya es conocido. Y precisamente porque está lejos de mí rehuir el debate político y jurídico, afirmo que es falso, radicalmente falso, mantener que no debería haberse recurrido, en los llamados tribunales de justicia, por motivos de objeción de conciencia la asignatura impuesta por el Gobierno de Educación para la Ciudadanía.

No estoy de acuerdo, por lo tanto, con la opinión de Requero. Quien así opina tiene una concepción del derecho, por decirlo suavemente, más cercana a un Estado "fuerte" –sí, sí, defiende una concepción donde el Estado está por encima de la sociedad civil– que a una democracia avanzada. En efecto, la objeción de conciencia no la puede otorgar nadie, según pretende hacernos creer el tribunal que ha fallado contra los padres que han recurrido a los tribunales. No hay mito alguno, en verdad, que sustente concepto tan grandioso. No hay instancia "positivista" que legitime ese derecho por el que han dado la vida tantos y tantos grandes hombres, por ejemplo, Tomás Moro.

Sin embargo, ese tribunal es tan pretencioso que ha querido aniquilar el "derecho" de todo hombre a tener derechos porque lo dicta su conciencia. Seamos serios, pues, cuando hablamos de un derecho fundador del resto de derechos. Ese "derecho", como sabe cualquiera que esté educado en tradiciones democráticas, es más que un derecho. Es, sí, un protoderecho. Un derecho primero y fundante de otros derechos que, por fortuna, está garantizado en la Constitución española por eso que llamamos, y fácilmente olvidan los leguleyos y positivistas, libertad de conciencia. Por este camino, y más allá de los tristes "argumentos" que recoja la sentencia de este tribunal político al servicio del Gobierno socialista, la Constitución ha vuelto, otra vez, a ser violada. Parece que es el trágico destino a que ha quedado reducida la norma fundamental de España.

Porque la objeción de conciencia es un principio básico en que se fundamenta la propia democracia, es obvio que no se necesita una ley, ni nada parecido, que nos diga cuando tenemos que ejercitar la objeción de conciencia tan cercana y, a veces tan falsificada, con la desobediencia civil. El Estado no tiene el privilegio, o la gracia, de otorgar los derechos. Por desgracia, en este punto tan cruel y salvaje contra nuestra Constitución, la sala tercera del Tribunal Supremo coincide con la posición expresada aquí por José Luis Requero, en su artículo "Ahora empieza la batalla". Ni la sala tercera de ese tribunal ni el magistrado Requero admiten que un "ciudadano pueda hacer objeción de conciencia sin que una ley lo reconozca". Falso.

Repito las dos razones de esa falsedad. La primera es que la objeción de conciencia es más que un derecho; es un protoderecho, o mejor, un derecho primario y fundamental, base y esencia de otros derechos políticos. Segunda, hay base suficiente en nuestra Constitución y, sobre todo, en la jurisprudencia surgida de los altos tribunales para que el Tribunal Supremo hubiera admitido el derecho de objeción de conciencia para recurrir la asignatura de adoctrinamiento. En pocas palabras, es el "sentido de la injusticia" inserto en los decretos del Gobierno, que justifican la imposición de esta asignatura, lo que ha llevado a los padres de familia a objetarlos en conciencia, o sea, a decir No. Por aquí no pasamos.
En fin, reconozcamos que se ha perdido la batalla de la objeción de conciencia. Pero, a pesar del Gobierno y sus afines, queda abierta la de la desobediencia civil. Vale.

Educación para la Ciudadanía
El movimiento objetor sigue en pie
La importancia del movimiento objetor se halla en su significación cultural. Esto es lo que teme la izquierda, acostumbrada a entender la educación como un instrumento político estatalista.
Carlos Jariod Libertad Digital 30 Enero 2009

Después del fallo del Supremo es posible que muchos se estén frotando las manos. Quizá piensen que es el tiro de gracia al movimiento objetor; una vez neutralizada la vía jurídica, la desbandada será general y la fuerza del poder triunfará sobre la sociedad civil. Gobierno nacional, PSOE, IU, medios de comunicación afines (casi todos) y más de un militante de importancia del PP habrán respirado satisfechos, después de conocer el fallo. ¡Qué peso nos hemos quitamos de encima!

Pues no. Siguen sin darse cuenta. A veces, ni nosotros mismos –los que criticamos Educación para la Ciudadanía y defendemos la objeción– nos apercibimos de ello. En efecto, el movimiento objetor no se reduce a la lucha jurídica. No depende de que éste o aquél tribunal nos dé la razón o nos la quite. La lucha jurídica es imprescindible, pero no es la única. No es verdad que EpC sea una materia cuya validez educativa haya sido avalada por el Supremo y, por tanto, como dice la ministra, sea hora de abandonar este "debate irreal". No es verdad que el movimiento objetor sea ya innecesario. Eso es lo que querrían.

Los padres objetores, los docentes que los apoyamos desde el principio, junto a intelectuales, periodistas y políticos, hemos planteado como nunca hasta ahora en nuestra sociedad cuáles son los límites educativos del Estado, el papel principal de la familia en la educación de los hijos y hemos denunciado el uso invasivo de ideologías que forman parte del programa cultural de la izquierda española e internacional: laicismo radical, ideología de género, relativismo moral y positivismo jurídico como dogma indiscutible de las democracias parlamentarias. Este sí que es un debate real.

Por todo ello, el movimiento objetor sigue en pie, para desgracia del Gobierno y sus amigos. Un movimiento que no se desentiende de la vía jurídica. No. El Constitucional nos espera. Si es necesario, Estrasburgo. Pero no desviemos la mirada por el fragor de las últimas noticias. La importancia del movimiento objetor se halla en su significación cultural. Esto es lo que teme la izquierda, acostumbrada a entender la educación como un instrumento político estatalista. Y eso es lo que nos pide la ministra. Que acabemos.
Quienes tenemos alguna responsabilidad en el movimiento objetor tenemos dos retos. El primero e inmediato, preparar jurídicamente una respuesta solvente en forma de recurso al Constitucional. Pero el segundo, el más difícil y que deberá desarrollarse a medio o largo plazo, consiste en transformar el movimiento objetor en un movimiento de renovación educativa sin renunciar a nada de lo que hasta ahora hemos defendido. Que se prepare la señora y ministra y sus amigos gabilondos.

Carlos Jariod es presidente de la Asociación de Profesores Educación y Persona

EpC: la lucha continúa
Cesar Vidal Libertad Digital 30 Enero 2009

Corría el año 34 d. de C., cuando en Volterra, en Etruria, vio la luz por primera vez un niño que recibiría el nombre de Aulo Persio Flaco. Con el paso de los años y a pesar de ser un provinciano, Persio se abrió camino en la capital del imperio, fundamentalmente, porque disfrutaba de un enorme talento literario. Sus composiciones, escritas en un latín chispeante e ingenioso, fustigaban los vicios de la sociedad de su tiempo, lo que le colocó más de una vez en situaciones comprometidas. En una de sus sátiras, la III, Persio afirmaba lo siguiente: “Ego iam pridem tutorem deum extuli”, lo que podría traducirse como “Hace ya mucho tiempo que sepulté a mi tutor”. La expresión de Persio tenía un significado doble. En una época de la vida – la infancia y la adolescencia - el ser humano necesita de alguien que lo tutele, alguien que la propia Naturaleza identifica como sus padres. Pero llega un momento, el de la madurez, en que cada individuo se ve libre de esa tutela y, de manera personal y responsable, vive su libertad sin la tutela de nadie.

Ayer por la tarde, el Tribunal Supremo dictó una resolución sobre la objeción de conciencia a la asignatura de EpC. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes:

1. El día 26 de enero, la ministra de Educación Mercedes Cabrera colgó en Youtube un video en el que comentaba la sentencia diciendo: “El Tribunal Supremo acaba de dar a conocer un fallo…”. La circunstancia resulta extraordinaria en la medida en que la sentencia tardaría dos días en dictarse.

2. Ayer, 28 de enero, dos días después de que la ministra Cabrera colgara en youtube un video comentando la sentencia, el Tribunal Supremo dictó su resolución sobre la objeción de conciencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

3. Esta decisión ha sido adoptada con el voto favorable 22 de los 29 Magistrados presentes. Igualmente, las sentencias están pendientes de redactar y se notificarán en los próximos días.

4. Inmediatamente, la ministra Cabrera y las terminales mediáticas del gobierno de ZP se lanzaron a difundir la noticia de que la sentencia era una victoria del gobierno y de que los objetores debían acudir a las clases inmediatamente.

5. A pesar de las afirmaciones de la ministra Cabrera y de ciertos medios de comunicación, el contenido de la sentencia – que se conocerá por completo dentro de un mes aproximadamente – dista mucho de significar un triunfo para el gobierno de ZP.

6. De entrada, la Sala Tercera del Tribunal Supremo en Pleno sólo examinaba cuatro recursos de casación, sobre el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía, tres de ellos procedentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y otro procedente de la Sala de lo Contencioso de Sevilla, lo que significa que no se ha pronunciado sobre los restantes recursos.

7. Por otro lado, el pleno de la sala ha llegado a la conclusión de que en los casos presentados – pero sólo en ésos - no existe el derecho a la objeción de conciencia y así mismo ha establecido que los Decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

8. Esta resolución, presumiblemente, deja a salvo otros posibles recursos, otras fundamentaciones para el derecho a la objeción de conciencia, a otros objetores en otros tramos del sistema educativo y, por supuesto, a los contenidos de ciertos manuales de EpC y a las enseñanzas concretas de los profesores.

9. Además, la sentencia al acotar los contenidos que son lícitos deja fuera todos aquellos supuestos no contemplados en la constitución como son la ideología de género, la defensa de la cultura de la muerte o los presupuestos ideológicos del lobby gay.

10. Por otro lado, la resolución del TS no constituye sentencia firme en la medida en que aún queda por agotar la vía judicial con el recurso al Tribunal constitucional e incluso al Tribunal europeo de Derechos Humanos.

11. La sentencia, dado que no es firme, no debería implicar que los alumnos objetores se reintegren a la asignatura de EpC y

12. Hoy, en un gesto que pone de manifiesto la endeblez de la posición triunfalista del gobierno de ZP, José Blanco, número dos del PSOE, ha señalado que enseñar en clase cómo se pone un preservativo forma parte de nuestros valores.

A la espera de que dentro de unas semanas tengamos el texto completo de las sentencias, podemos adelantar que el gobierno de ZP y buena parte de los que lo apoyan ha sido objeto de un severo varapalo por parte del TS.

En primer lugar, la objeción de conciencia frente a la asignatura puede tener cabida en las decisiones judiciales futuras siempre que el planteamiento jurídico varíe.

En segundo lugar, la asignatura no puede imponer la ideología de género, la cultura de la muerte, los principios del lobby gay o demás visiones ideológicas que no aparecen recogidas expresamente en la constitución.

En tercer lugar, al no tratarse de sentencia firme, no es de recibo que se obligue a los alumnos objetores a reintegrarse a las clases de EpC hasta que se agote la vía judicial y
En cuarto lugar, los padres más que nunca han de vigilar para que ni los docentes ni los libros de texto enseñen una sola frase que vaya más allá de lo contenido expresamente en la constitución como podría ser la defensa del aborto, de la eutanasia o del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Señalaba Persio que hay una época en que todos necesitamos tutela, pero ésa es la de los padres. Después, como adultos, ya no la precisamos porque cada uno de nosotros debe responder ante su propia conciencia. Ni en una época ni en la otra, puede gobierno alguno arrogarse la facultad de ser un tutor que sustituya a los padres o a la conciencia propia. Que así quede establecido resulta esencial para defender la libertad de todos en medio de una sociedad libre que se niega a someterse a los principios ideológicos de minorías agresivas y carentes de respeto hacia los demás.

Precisamente por eso, la resolución de ayer no fue una derrota.

Precisamente por eso, la resolución de ayer abre caminos hacia el triunfo final.

Precisamente por eso, hoy más que nunca, no nos rendimos y

Precisamente por eso, continuaremos sin doblegarnos hasta la victoria definitiva que será la de la familia sobre aquellos lobbies que desean destruirla, la de la legalidad sobre el abuso de poder, la de los Derechos humanos sobre el despotismo y la de la libertad de conciencia sobre la tiranía.

Educación para la Ciudadanía
Sentencias, condones y premoniciones
A nadie le molesta que se enseñe al infante los valores constitucionales entendidos en el sentido tradicional, sin el condón de Blanco de por medio. Pero ya hemos visto que no se trata de cómo se pone, sino de cómo se utiliza.
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 30 Enero 2009

Al igual que ocurre con otros grandes debates nacionales, el diálogo de besugos que se ha establecido en torno a la maldita Educación para la Ciudadanía impide una evaluación serena de las posiciones. Supremamente esquivo, el Tribunal Supremo dicta un galimatías en el que los cándidos quieren ver un reto intelectual, una adivinanza donde se esperaba una sentencia, un enigma lógico que se resume así: no te digo que sí ni te digo que no, como te digo una cosa te digo la otra, y no confundamos la velocidad con el tocino.

El primer ejemplo de los contenidos que se impartirán bajo la impecable etiqueta de "valores constitucionales" nos lo proporciona José Blanco, el más indicado hermeneuta del fallo una vez establecido quién manda aquí. Nadie ignora que, en el país de las maravillas, saber quién manda permite conocer el significado de las palabras. Primer valor constitucional invocado por Blanco: explicar cómo se utiliza un preservativo. Nótese que el estadista usa el verbo "utilizar", no "poner", que sería materia sencilla. Por muchas vueltas que se le busque, por mucho que lo sofistiquemos, no parece que esa lección tome más de cinco minutos lectivos. Y se aprende para toda la vida. Está bien, está bien, siempre hay rezagados: digamos quince minutos, media hora, ¡una hora, caramba!

Y luego, ¿qué? Ahí debe radicar el núcleo innegociable de la polémica, pues a nadie le molesta que se enseñe al infante los valores constitucionales entendidos en el sentido tradicional, sin el condón de Blanco de por medio. Pero ya hemos visto que no se trata de cómo se pone, sino de cómo se utiliza, y ahí entramos en un maravilloso y placentero abanico de posibilidades.
Que llegue el placer a las aulas no es menor prodigio que constatar las artes adivinatorias de la ministra del ramo. Hay pruebas irrefutables de sus dotes paranormales: predijo la sentencia del Supremo. Pudo engañarnos Cabrera con los dos atuendos, al modo de esos magos que pasan por detrás de un biombo y salen al segundo mudados de arriba abajo. Pero el reloj del vídeo no engaña. Exijo para Cabrera el premio Randi de un millón de dólares; su caso de premonición cumple todas las condiciones de observación. Arenillas ya puede ir pensando dónde invierte la pasta. ¡Suertudo!

Educación para la Ciudadanía
El hombre nuevo
La tentación totalitaria de los gobernantes ha sido, y es, la ingeniera social. No se trata tanto de resolver problemas como de construir nuevas sociedades ideales.
Jorge Vilches Libertad Digital 30 Enero 2009

Hace tiempo que sabemos que el final del proyecto comunista de crear un hombre nuevo terminaba en el mismo sitio donde empezó, el capitalismo, con un coste en vidas humanas que lo ha inhabilitado para siempre. Porque el problema es, entre otros tan descriptibles como despreciables, el tránsito; ese paso que comienza con un discurso emotivo y destructor, retrógrado y violento, colectivista y vengativo, y que encierra siempre una dictadura.

Aquellos proyectos de cambiar la sociedad transformando al individuo predicaban una nueva conciencia, costumbres, valores y hábitos que, una vez asumidos, trocarían de forma mágica los defectos en virtudes. Y como si se trataran de ilustrados dieciochistas, esos comunistas lo dejaban todo a la educación, que era así como llamaban al adoctrinamiento. La escuela lo cambiaría todo, mientras que los "errores" se solucionaban con la liquidación social o el eslogan, el discurso de la verdad oficial. No hace falta más que asomarse a la Cuba de los Castros, y escuchar muy atento: la dictadura se justifica por los "beneficios sociales" que comporta, como los falsos topicazos de la instrucción y la sanidad.

La tentación totalitaria de los gobernantes ha sido, y es, la ingeniera social. No se trata tanto de resolver problemas como de construir nuevas sociedades ideales, donde al conjunto unívoco de virtudes y al coro de la verdad les ha de acompañar el gobierno de los mismos. El "chiste" de Forges en El País lo ejemplifica muy bien: hay gente que protesta por una ley, o una sentencia, porque, dice, "no estudiaron Educación para la Ciudadanía". Qué triste.

Es cierto que la izquierda española de hoy no tiene como modelo educativo los momificados sistemas comunistas, y menos el cubano. El referente es Francia, y en concreto la Tercera República francesa. Pues sí. Aquel régimen del Ochocientos creyó que debía utilizar la instrucción pública, muy centralizada y férrea, para inculcar en toda la sociedad francesa los principios de la República. Porque en el último cuarto de su convulso siglo XIX aún quedaba en el país vecino, sobre todo en el mundo rural, un rescoldo importante de lo que había sido la Monarquía y el Imperio. Los republicanos pensaron que los conflictos de la sociedad francesa terminarían con una educación patriótica, laica y leal al régimen. El resultado ha sido –cerrando los ojos a la Francia de Vichy– que la República francesa ha sobrevivido, aún con grandes transformaciones.

La traslación al caso español no deja lugar a dudas: los conflictos en la España contemporánea se habrían paliado con una educación fundada en otros principios, métodos y contenidos. De aquí parte, como ha señalado José María Marco, la mitificación de la Institución Libre de Enseñanza. Pero el planteamiento es tan bello como equívoco. El objetivo que se propone una asignatura como EpC, la creación de ese "español nuevo", sólo es factible con un sistema educativo centralizado y controlado. España no es Francia (noticia); ni se trata ya de pasar de una sociedad propia del Antiguo Régimen o imperialista, a una moderna y democrática. Vivimos en un Estado democrático en el que las Autonomías están en continua expansión, en el sentido político, social y cultural; no en el proceso centralizador francés del XIX. Y tenemos diecisiete sistemas educativos distintos, no uno. La construcción del hombre nuevo a través de una asignatura, en una sociedad en la que la propagación de los valores y principios se produce por medios distintos a los del XIX, quedará en nada. Como decía Rick: "Tócala otra vez, Sam".

Doctrina de Estado: lo que es lo mismo, corpus totalitario. El Supremo ha declarado EpC legal
Cosas que el Supremo avala
Gabriel Albiac La Razón 30 Enero 2009

No hay instancia jurisdiccional por encima del Supremo. Ni puedo yo fingir sorpresa. Sé que la Ley Orgánica del Poder Judicial destruyó, a voluntad de Felipe González, la democracia, al colocar la dirección de los jueces en manos de los partidos. Fin de la autonomía de poderes. Y, con ella, de la Constitución. «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y la división de poderes no esté determinada, no posee constitución»: Sieyès, 1789. Sepa el ciudadano qué es lo que la inapelable sentencia llama «asignatura»: Esto (BOE, 5/01/07):

-«¿ La educación afectivo-emocional se centra en los valores de la identidad personal, la libertad y las responsabilidades, con particular atención a la relación entre inteligencia y emociones¿».

-«¿ La acción educativa debe permitir a los jóvenes asumir de un modo crítico, reflexivo y progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes individuales y sociales en un clima de respeto hacia otras personas y otras posturas morales, políticas y religiosas diferentes de la propia.

Además, la identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos en el entorno escolar y social, permitirá que se inicien en la construcción de sociedades cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas».

-«¿ Esta nueva materia se propone que la juventud aprenda a convivir en una sociedad plural y globalizada en la que la ciudadanía, además de los aspectos civiles, políticos y sociales que ha ido incorporando en etapas históricas anteriores, incluya como referente la universalidad de los derechos humanos que, reconociendo las diferencias, procuran la cohesión social¿».

-«¿ Se profundiza en los principios de ética personal y social y se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, los derechos, deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, las teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana, los relativos a la superación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres ¿»

-«¿ La educación ético-cívica parte del análisis de las relaciones interpersonales y de la convivencia, analizando la libertad y responsabilidad como características que definen a la persona y que hacen posible la convivencia a partir del respeto de las diferencias, con especial hincapié en el rechazo a la violencia en las relaciones humanas¿».

-«¿ Mejorar las relaciones interpersonales al trabajar las habilidades encaminadas a lograr la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones¿ La educación afectivo-emocional, la convivencia, la participación, el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, permiten consolidar las habilidades sociales, ayudan a generar sentimientos compartidos y no excluyentes, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales de convivencia e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación¿». Todo la mar de científico. Dicta el Supremo.

El partido de las checas, los GAL y Roldán, ¿enseñando ciudadanía?
Pedro Fernández Barbadillo  Periodista Digital 30 Enero 2009

El PSOE, el partido más siniestro de la historia de España, pretende imponer Educación para la Ciudadania. ¿De qué nos pueden dar lecciones ellos?, ¿de robos, de torturas y de mentiras?

El Partido que montó las checas, que robó el oro del Banco de España y privó a miles de españoles de sus ahorros y propiedades, que organizó los GAL, de la cal viva, que saqueó los fondos reservados de los Ministerios, instauró (y mantiene) una corrupción desbocada, que asaltó las sedes del PP, ¿pretende enseñarnos principios morales?

Claustro para EpC: Luis Roldán, José Barrionuevo, Aída Álvarez, Rafael Vera, Javier Moscoso, Josep Maria Sala, Miguel Bosé... Y como gran estrella, experto en violencia machista, el presidente del PSE Jesús Eguiguren.

Los que parece que ya están educados en ciudadanía, y con aprovechamiento, son los jueces.
-Condena al juez Ferrín Calamita por pedir un informe en un proceso de adopción porque afectaba a dos lesbianas.
-Absolución de los Albertos en el Constitucional. El ponente, un ex presidente del Supremo y del CGPJ socialista: Pascual Sala, que contribuyó a tapar la corrupción y los GAL desde su puesto.
-Aceptación del principio pogresista de que una misma conducta se pene de distinta forma si quien la comete es un hombre o una mujer.
-Reconocimiento de que fue alterado un informe policial pero absolución de los funcionarios por haber cometido ese delito bajo la presión ambiental.
-No sanción a Garzón pese a sus fallos de instrucción, sus ausencias y sus chorradas, como pedir el certificado de defunción de Franco.
-Multa al juez Tirado y condena a su secretaria judicial.

Por cierto, Rodríguez es diputado desde 1986. No sabemos que protestara contra la corrupción en su propio partido ni que pidiera la investigación de los GAL. Un ejemplo de moral insobornable.

CODA: Tomada del blog de Santiago González. En esta foto, detrás de la ministra Mercedes Cabrera, que celebraba la sentencia -de la que desconocemos el 98%-, asoma Pedro de Castro, el de "tontos de los cojones". ¡Otro profesor EpC!

Es la libertad
Cayetano González  Periodista Digital 30 Enero 2009

Habrá que esperar, por pura prudencia, a conocer en su literalidad la sentencia del Tribunal Supremo en la que se rechaza que con carácter general se pueda plantear la objeción de conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía, para tener una opinión más formada y fundamentada sobre una cuestión tan sensible para muchos padres y ciudadanos en general.

Los que están a favor de EpC han acogido con indisimulada satisfacción el adelanto de la citada sentencia. Creen que es una victoria de sus tesis y, consiguientemente, una derrota de los que se oponían a la polémica asignatura. Sin embargo, hay otro aspecto de la sentencia que el Tribunal Supremo ha tenido también mucho interés en que se conociera sin esperar a su publicación íntegra, y es el referido a que ni la administración educativa -sea estatal o autonómica- ni la autoridad escolar, ni los profesores pueden imponer la aceptación de planteamientos ideológicos o morales que sean controvertidos en la sociedad, añadiendo que es posible que algunos de los manuales con los que se enseña EpC reflejen ese tipo de contenidos que lesionan los derechos de los padres contenidos en el artículo 27.3 de la Constitución. Este artículo dice literalmente: "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Aquí radica el meollo de la cuestión. El Estado, los poderes públicos tienen que garantizar el derecho a la educación, pero no tienen que convertirse en educadores. No deben intentar, a través de una asignatura o por cualquier otro método como sucedió en épocas de nuestra historia reciente, el adoctrinamiento de las gentes. Además, en el origen de toda esta polémica sobre la asignatura de EpC hay otro mal: quien la promovió, el Gobierno del PSOE, no buscó el consenso político y social necesario para llevar adelante una iniciativa de tanto calado, y a pesar de ello, siguió adelante con la misma. Eso provocó la lógica desconfianza en muchos sectores sociales que recelaron ante una actuación muy ideologizada, inscrita en la "hoja de ruta" laicista que este Gobierno, con su Presidente a la cabeza, está empeñado en llevar adelante.

Nadie discute que sea conveniente y necesario educar a nuestros jóvenes en los valores constitucionales básicos, como pueden ser el respeto a los derechos humanos, la convivencia, la libertad, la igualdad, etc. No, esa no es la cuestión planteada en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Lo que estaba en juego y, por lo que parece, va a seguir estándolo, es que se respete el derecho de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos. Que en la escuela se inculquen los valores constitucionales, pero que no se vaya más allá; que no se entre en cuestiones que inciden de lleno en el terreno de los principios religiosos o morales. Esto corresponde a los padres y no al Estado. Quien no entienda esto, es que no entiende lo que es la Libertad, con mayúsculas.

Valores ciudadanos
Daniel Martín Estrella Digital 30 Enero 2009

Parafraseando al gran Salvador Monsalud cuando cita al más noble aún Coucheau, "el gran problema de los españoles es que siempre nos quedamos en lo accesorio sin llegar a la esencia de las cosas". El Tribunal Supremo ha sentenciado que no cabe objeción de conciencia a la asignatura "Educación para la Ciudadanía". Aquí nadie se plantea si es necesaria o si realmente sirve para algo. Un buen sistema educativo, en democracia, debería bastar para que los escolares terminasen sus estudios sabiendo lo que es ser cívico y, lo que es más importante, predispuestos a respetar unas mínimas normas de urbanismo, convivencia y respeto hacia los demás.

Si nos fijamos en el entorno que nos rodea, es fácil advertir que los jóvenes no son precisamente éticos. El adolescente de hoy en día apenas tiene fuerza de voluntad y por eso se comporta con los demás entre la indolencia y el desprecio. Atrás quedan los tiempos de los jóvenes rebeldes y ahora más bien parecen "pasar de tó" menos del messenger, el "tuenti" o webs similares y las juergas. No se plantean si son o no cívicos. Eso escapa a sus escasas inquietudes, muestra indudable de cierto asilvestramiento urbano, valga el oxímoron. No llegan a la barbarie ni al vandalismo, pero porque tampoco se les ocurre. Para ellos el asunto del bien y el mal es algo de película de enanos orejudos o vampiros enamorados, algo que no va con ellos.

En su primer discurso como presidente, Obama hizo un llamamiento a recuperar nuestros principios éticos. Rajoy, el pasado fin de semana, se subió al carro y dijo algo parecido. Zapatero, vacío él, está más preocupado en la preocupante aceptación que recibe por parte de los votantes. Pero lo cierto es que, en Estados Unidos, España y el resto de Occidente, los asuntos éticos son una molestia más para nuestra vida de molicie y hedonismo materialista. Como el resto de las cosas que afectan al espíritu más que al cuerpo, la ética no está de moda.

Así, es imposible que una asignatura "ciudadana" en la enseñanza secundaria obligatoria pueda servir de algo. Lo que se respira es pasotismo. Si a eso unimos que "Educación para la ciudadanía", tan accesoria y por tanto tan debatida, es una simple "maría" de una o dos horas semanales, inmersa en un programa delirante lleno de muchas materias y evaluaciones constantes, más difíciles por su número que por su contenido, el resultado es que el chaval, además de no aprender lengua, matemáticas, historia o naturales, tampoco aprende una palabra sobre civismo o ética.

Lo accesorio, no obstante, es la gran batalla entre los dos partidos que dividen España: unos quieren dar religión y los otros, sin religión, buscan unos dogmas para crear una asignatura. A ninguno de los dos le interesa que los escolares aprendan cosas importantes y se conviertan en auténticos ciudadanos. En este país, como en nuestro entorno, la atención se centra más en el fracaso escolar que en la sabiduría de los triunfadores. La terminología es suficientemente reveladora: contra la educación se vence o fracasa.

En esta columna he escrito millones de veces que la educación debe ser amplia, profunda y exigente para formar a los chavales en la excelencia. Debe premiar a los mejores y ayudar a los peores a superarse para alcanzar las cotas mínimas que exige una ciudadanía responsable. Y eso no se logra con asignaturas residuales ni con planes de estudios frágiles, "chupados" y llenos de entelequias abstractas creadas por pseudocientíficos que quieren arrebatarnos la lengua, las matemáticas... el conocimiento. Al tiempo que cada día se exige menos al alumnado, la "cientificación" de las asignaturas consigue que los chavales se enfrenten a extrañas abstracciones sobre cosas que, por lo demás, les importan lo mismo que la diferencia entre bueno y malo.

Porque, aunque la educación mejorase una enormidad -una utopía quimérica a la que jamás renunciaré-, de nada servirá a la convivencia mientras la sociedad no se conciencie de que somos muchos y que sólo en el respeto -¿amor?- mutuo y absoluto hacia el otro se puede crear un sistema plenamente democrático. Vivimos materialmente separados y espiritualmente inactivos formando una sociedad porosa y fofa en el que no cabe la ética ni ninguno de sus muchos sinónimos.

Un prestigioso articulista me comentó una vez que la ética era una cosa individual. Y es de lo más sabios que adornan nuestros periódicos. Si eso es la res pensante española, echémonos las manos a la cabeza al constatar cómo se constituye nuestra res extensa, amoral e inconscientemente despreocupada por sus congéneres, amante y atenta a todo lo accesorio por temor, despreocupación o ignorancia de las cosas esenciales de la vida.

dmago2003@yahoo.es

España se funcionariza cada vez más
EDITORIAL El Mundo 30 Enero 2009

LA CRISIS ha producido una fuerte destrucción de empleo durante el año pasado en todos los sectores de la economía española excepto en uno: las Administraciones Públicas. Según revela hoy EL MUNDO, el número de funcionarios y empleados del sector público creció en 116.000 personas el año pasado, mientras el paro se incrementaba en 1,2 millones de personas, según datos de la Encuesta de Población Aciva (EPA).

La EPA refleja que por primera vez en la historia el número de empleados públicos supera los tres millones, lo que supone que el 18,6% de la población asalariada trabaja para las Administraciones del Estado. El dato adquiere especial relevancia si se compara con el pasado: hace 20 años, en 1988, el total de empleados públicos era de dos millones, exactamente un millón menos que ahora.

Por lo tanto y a pesar de la retórica de los diversos Gobiernos sobre la necesidad de adelgazar el aparato del Estado, la realidad es que el número de empleados públicos ha ido creciendo de forma permanente hasta superar este hito de los tres millones.

El crecimiento ha sido desigual porque el proceso de transferencias de competencias ha reducido drásticamente el número de empleados de la Administración Central mientras crecía el de las comunidades autónomas. A principios de 1990, las comunidades daban empleo a 400.000 funcionarios y hoy tienen en nónima a 1,6 millones de trabajadores, el 54% del total. Por contra, la Administración Central ya sólo representa un 17%.

El desembolso que las Administraciones Públicas realizan para pagar a esos tres millones de empleados públicos ascenderá a 108.000 millones de euros este año, lo que supondrá en torno al 10% del PIB. La masa salarial ha crecido más de un 5% tras un ejercicio en el que la inflación no ha llegado al 2% y en una situación de despidos masivos en muchos sectores industriales.

Los funcionarios nos cuestan a cada español 2.400 euros al año, una cifra muy considerable, máxime en unos momentos de crisis en los que tiende a reducirse la base laboral mientras se ensancha ese número de empleados públicos.

La congelación de los salarios de los funcionarios este año hubiera supuesto un ahorro de casi 6.000 millones de euros, una cifra sensiblemente superior al presupuesto del Estado y las comunidades en materia de Justicia. Pero el Gobierno no sólo no se ha atrevido a adoptar esta medida -como hizo Aznar en 1997- sino que ha aumentado los sueldos de los funcionarios por encima del doble de la inflación.

La cuestión es hasta dónde es sostenible desde el punto de vista económico esta espiral del incremento del número de funcionarios, entre los que se han disparado los asesores, los burócratas y el personal de servicio a los ministros, consejeros y altos cargos de todas las Administraciones, especialmente en las comunidades autónomas.

La hipertrofia funcionarial que padece España no ha significado, sin embargo, una mejora de los servicios ni de la calidad de la atención al público, por lo que resulta muy difícil de entender que, por ejemplo, las comunidades contrataran 88.000 nuevos empleados el año pasado.

Numerosos gobernantes en España han expresado su voluntad de recortar el sector público, pero ninguno de ellos ha podido hacerlo.Da la impresión de que Zapatero ni lo intenta, probablemente porque piensa que el empleo público puede aliviar el fuerte aumento del paro, lo cual es un error que hipoteca el futuro desarrollo económico del país.

La financiación y una ópera de Donizetti
FRANCISCO SOSA WAGNER El Mundo 30 Enero 2009

Nuestro genio organizativo carece de fronteras que puedan apreciarse a simple vista. Esta observación se constata con el sistema que estamos inventando para la reforma de la financiación de las comunidades autónomas. Hasta ahora, los Estados federales habían ensayado y practicado diversos modelos, pero tan original como el nuestro no existe ejemplo en el Derecho comparado.

Este ir y venir de los presidentes autonómicos al Palacio de la Moncloa -donde son recibidos por un presidente del Gobierno que, por su buena disposición de ánimo, quiere contentar a todos-, recuerda a la magnífica figura de Dulcamara de la ópera de Donizetti L¿elisir d¿amore, que contaba con un elixir para cada avería como ahora hay un fondo para cada necesidad.

Creo que el sistema Dulcamara es un sistema como cualquier otro.La política tiene mucho de invención, de manera que las mugas a la imaginación las instalan los propios protagonistas. Con todo, y por si puede servir de algo, que no creo, voy a contar sumariamente lo que está ocurriendo, precisamente en estos momentos, en Alemania.

El lector cómplice que me siga sabrá que he aireado por estos pagos -a través de libros y de las páginas de EL MUNDO- los trabajos de la reforma federal llevada a cabo en aquel país. Un proceso que fue complejo y que acabó en el verano de 2006, momento en el que el Parlamento federal alemán estuvo en condiciones de aprobar una nueva versión de parte de la Constitución de 1949 destinada a modernizar un sistema federal que hacía agua por muchos costados.

Subrayé el método empleado. Una Comisión donde tenían asiento todos los protagonistas de la política federal y federada -más unos cuantos expertos en Derecho público- fue la encargada de revisar el sistema político y sus intimidades: funciones futuras del Bundesrat, reparto de competencias entre la Federación y los Länder, presencia de estos en la política europea... Al final, como he adelantado, el retoque de unos cuantos artículos de la Constitución federal que allí todos acatan y cumplen.

Se ultimaba así la primera parte de la reforma. Porque hay dos más. Vamos a verlas. La segunda, conocida como Föderalismuskommission II, es la que se ocupa de la financiación de los Länder. Habrá una III, también muy interesante, ya me referiré a ella.

Pues bien, ¿de qué va la segunda comisión? Obviamente de dinero, de su reparto. En primer lugar, se ha constatado que las relaciones entre la Federación y los Länder son poco transparentes. El derecho tributario es competencia de la Federación; los Länder, en asuntos que les afectan, codeciden, pero en general hay pocos impuestos -y no muy relevantes, la segunda vivienda, por ejemplo-, que éstos pueden establecer autónomamente. El impuesto de la renta se reparte entre la Federación, los Länder y los municipios; los ingresos por el valor añadido, por su parte, se los llevan la Federación y los Länder.

HAY CONFLICTOS cuando la Federación aprueba leyes cuyas consecuencias financieras soportan los Länder o los municipios: una previsión federal, verbigracia, respecto a las plazas de guardería infantil.En este caso, a partir de ahí, son los Länder los que han de prestar el apoyo económico a los municipios que las gestionan.Se dan otros muchos casos que convierten a estas formas mixtas de ejercicio de competencias y de financiación en ejemplos de prácticas burocráticas poco eficaces, que, además, desdibujan las responsabilidades políticas y limitan el control democrático.

En segundo lugar, en este sistema, para garantizar el equilibrio interterritorial, se reparten cada año 30.000 millones entre cinco Länder ricos y 11 pobres. Son cantidades destinadas a compensar a los más desfavorecidos pues la Constitución obliga a los poderes públicos a asegurar a todos los alemanes unas iguales condiciones de vida. Los Länder que pagan se consideran castigados y, al final, en peores condiciones que los que reciben, lo que conduce a que también, por esta vía, se haga borrosa la responsabilidad de las autoridades de tales Länder. Hay otro fondo de solidaridad que llega hasta 2019 y que está destinado a los Länder incorporados desde la antigua RDA, pero de éste nadie trata porque es un tema tabú.

En fin, los esfuerzos realizados en los últimos 15 años para limitar el endeudamiento de la Federación, de los Länder y de los municipios han fracasado. El Sarre es el Land más endeudado pero Berlín no le anda a la zaga y lo mismo ocurre con la Baja Sajonia y con la mayoría de los Länder ex-RDA. El Tribunal Constitucional de Karlsruhe anda enredado en varios pleitos con las consecuencias jurídicas de esta situación.

Hay diversas propuestas sobre la mesa para resolver todo este embrollo que sumariamente he descrito. Los Länder han adquirido mucho poder político porque los sucesivos gobiernos federales han dependido de ellos en el Bundesrat para aprobar sus leyes.Por eso de lo que se trata con la reforma I y con esta II es limitar ese poder para conjurar el peligro de que el Estado alemán, privado de mecanismos eficaces para garantizar la unidad y la solidaridad, se convierta en una simple agregación de Länder.

Para solucionar estos problemas es para lo que existe la Comisión II a que he hecho referencia. ¿Cuántos y quiénes pertenecen a la misma? Hay 32 comisionados: 16 han sido nombrados por el Parlamento federal (Bundestag) y 16 por el Senado (Bundesrat). El Parlamento ha enviado a varios miembros del Gobierno federal y hay varios diputados de la mayoría y de la oposición. Están, asimismo, representados los presidentes de los Länder y de los municipios. La presidencia la ostentan conjuntamente el presidente del grupo parlamentario socialdemócrata y el presidente del Land de Baden-Württemberg, que pertenece a la democracia cristiana (ahora en la oposición).

todos ellos empezaron a trabajar a principios de 2007, han celebrado varias reuniones y sus debates pueden seguirse a través de los correspondientes sitios de internet. El compromiso es terminar a lo largo de esta legislatura pero, en estos momentos, las perspectivas no son muy alentadoras pues hay por medio elecciones regionales que complican el panorama y dificultan los pactos. Hay que tener en cuenta que, para alcanzarlos, han de ponerse de acuerdo todos los participantes, la Federación y los Länder, y que los que reciben cuentan con una clara mayoría en el Senado (Bundesrat), de manera que es impensable su respaldo a soluciones que puedan perjudicarles.

Dejé adelantado que hay una III Comisión en el horizonte, aún no concretada. ¿De qué se ocuparía? Pues de la disminución del número de Länder, porque se estima que 16 son demasiados y que muchos de ellos carecen de la pertinente consistencia poblacional y económica. Al final quedarían alrededor de seis para los 80 millones largos de habitantes de la República Federal Alemana.

Para afrontar esta operación existe resistencia por parte de muchos políticos -de todos los partidos- y por parte de algunas poblaciones, cuyo voto es necesario porque la Constitución prevé el referéndum. Pero, incluso, se piensa en una posible reforma constitucional para suprimir este requisito de la participación popular. En cualquier caso, esta Comisión III está aún muy verde aunque hay ya muchos estudios publicados -económicos, geográficos, etcétera- acerca de la dimensión ideal de un Land y del camino que habría de tomar una reforma de esta envergadura.

Al llegar ahora al final me pregunto para qué me habré molestado en escribir este artículo porque, bien mirado, ¿qué tenemos que ver nosotros con los alemanes?

Francisco Sosa Wagner es catedrático y cabeza de la lista de UpyD al Parlamento Europeo. Su último libro es Carl Schmitt-Ernst Forsthoff: coincidencias y confidencias (Marcial Pons, 2008).

Gasto público
Justicia con MS-DOS, Hacienda a la última
¿Por qué el Gobierno gasta más dinero en publicidad, obras sociales, premios, sueldos a actores y demás, que en justicia o seguridad? Porque le aportan mayores beneficios, es decir, más votos.
Jorge Valín Libertad Digital 30 Enero 2009

El Gobierno ha anunciado que iba a destinar 20 millones de euros en la modernización de la justicia como reacción al malestar de los jueces que han convocado una huelga para febrero. Los famosos 20 millones parecen mucho dinero, pero si tenemos en cuenta que también se va a gastar 30 millones en propaganda el Plan E, pues no parece tanto. El dinero destinado a justicia siempre es insuficiente por la razón que gran parte del dinero estatal se va a otras partidas que siempre son más absurdas.

Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente se gasta más de 250 millones de euros en convenios. También ha destinado 115 millones de euros al medio natural de la propiedad privada. En la legislatura anterior, el gobierno de ZP condonó casi 2.000 millones de euros de deuda a países extranjeros (la de nuestras hipotecas, no). Este año regalará a Cuba 2 millones de euros. Se ha gastado casi 8 millones de euros en la cúpula de un edificio. En 2008, regaló 35 millones de euros a México para que arreglara la bahía de Acapulco. Se gastará 200 millones de euros al año durante cinco años, en total 1.000 millones de euros, en algo tan abstracto e inútil como la seguridad alimentaria. Los gobiernos llevan décadas tirando dinero en estos conceptos y jamás han servido de nada. Al final se lo acaban quedando los corruptos gobiernos del lugar. Occidente lava así su conciencia, regala el dinero del pagador de impuestos a dictadores.

El encargado de financiar el poder judicial es el Estado y representa tradicionalmente una de sus funciones básicas o mínimas del Estado. En economía, tenemos un importante concepto llamado coste de oportunidad. Es el auténtico coste. Se define como el gasto o inversión que se realiza en detrimento de otras inversiones o gastos alternativos que podemos realizar. Sólo tengo dinero para una hamburguesa o un helado y tengo hambre, ¿qué comeré? Lo que más me satisfaga. A esto le llamamos beneficio o utilidad.

Esta necesidad de elegir la aplican las personas, las empresas y, por supuesto, el Estado. Los políticos tienen una dotación de recursos, dinero que nos han sacado a nosotros. Como es lógico, siempre lo gastarán en aquello que les aporte más beneficio –dinerario o no– y utilidad. ¿Por qué el Gobierno gasta más dinero en publicidad, obras sociales, premios, sueldos a actores y demás, que en justicia o seguridad? Porque le aportan mayores beneficios, es decir, más votos. El Gobierno compra a los electores y lobbies para que le elijan o al menos no se quejen.

Todo el mundo sabe que la justicia en España es un desastre. Muchas denuncias no se ponen porque sabemos que tardarán años en solucionarse. Como la gente está acostumbrada a este pésimo funcionamiento, el Gobierno no destina dinero alguno. Para los políticos, invertir en justicia es tirar el dinero. Esta es la primera razón por la que el Gobierno jamás se interesará en la justicia. La gente da por hecho que no tiene solución.

La segunda es que, aunque lo haga, jamás conseguirá mejorarla por la propia dinámica política. Recordemos lo que ocurrió con la ley de mujeres maltratadas, aprobada tras una fuerte presión promovida por el propio Gobierno para paliar los maltratos en España. Cuando se empezó a aplicar, los jueces se quejaron alegando que acabaría por saturar del todo algunos juzgados. Pero el Gobierno, en lugar de hacer una buena reforma de la ley actual, incrustó este parche porque así ganaría votos instantáneamente. La justicia fue la más perjudicada.

Algo más grave ocurrió con la penalización de las infracciones de tráfico. En esos momentos algunos lobbies presionaron al Gobierno para que metiera en la cárcel a los que iban deprisa con sus coches. El Gobierno, para callarlos y quedar bien ante sus votantes, introdujo otro parche a la ley. Los jueces se quejaron mucho ya que afirmaron que esto paralizaría casos más importantes como las denuncias por robo, violación o agresión. No importaba eso; había que comprar votos.

La tercera y última razón por la que el Gobierno jamás arreglará la justicia, es la que en economía austriaca llamamos "teoría de la imposibilidad del cálculo económico socialista". Un órgano económico director, como el Estado, no tiene la suficiente información como igualar la oferta con la demanda por la sencilla razón que desconoce las inquietudes de la demanda. Al no existir competencia ni precios de mercado, no hay referencias ni luchas entre empresas en las que unas ofrezcan más servicios, agilidad o mejores precios que su competidor. El único oferente está económicamente ciego. De hecho, el oferente se rige por sus necesidades y no por las necesidades de la demanda. Simplemente ignora al cliente. Esa fue la razón por la que cayó la Unión Soviética. En la URSS el precio de las materias primas eran dictadas por un comité. Como no tenían ni idea de a qué precio ponerlas, por las mañanas el camarada de turno se leía el Wall Street Journal y asignaba un precio similar al hierro, níquel, acero, etc.

Con la justicia ocurre lo mismo. El Gobierno no tiene idea de cuántos juzgados ni jueces son necesarios, así que se limita a poner cuotas generales de tantos juzgados por mil habitantes, pero cada zona es diferente y los procesos son diferentes en cada lugar, así como los tipos de delitos. El Gobierno actúa a ciegas al no existir un proceso de mercado o competencia. Haga lo que haga, jamás podrá hacer una justicia eficiente. Por el contrario, la justicia de arbitraje privada da soluciones rápidas. Es lógico que cada vez más, los ciudadanos se apunten a esta alternativa que va creciendo año tras año. Según el INE, aumentó un 30% en el primer trimestre del 2008 sólo en temas mercantiles.
Con tantos problemas e incapacidad evidente de la política, es fácil entender por qué algunos juzgados funcionan con MS-DOS mientras en Hacienda usan complicados algoritmos basados en sistemas expertos e inteligencia artificial y tienen ordenadores capaces de procesar 12.000 declaraciones al día y Hacienda almacena 3.500 millones de datos en formato electrónico del sufrido pagador de impuestos. Algo que contrasta mucho con las cero denuncias que pueden procesar los ordenadores de justicia o el clásico soporte de carpeta de papel vieja, amarilla y llena de polvo que usa. La justicia no da votos, regalar decenas de millones de euros a algún dictador con la excusa humanitaria, sí.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

14 de febrero de 2009. No es tiempo ya de dudar sino de ayudar
Enrique de Diego  Periodista Digital 30 Enero 2009

Reproduzco el artículo publicado por Javier Benegas, vicepresidente de la Plataforma de las Clases Medias, en la web clasesmedias.org:

Para aquellos ciudadanos que aún dudan, decirles que la duda les dejará inermes ante una situación de emergencia nacional de la que su ideología, si la tienen, no les va a salvar, y aún menos los partidos políticos que presuntamente les representan.
No hay ya en España partidos de izquierda o derecha, y menos aún derechas buenas o derechas malas. Sólo una superestructura insostenible, infectada de “agentes” que atienden exclusivamente a sus intereses particulares. Un cáncer que se ha extendido a enorme velocidad y que amenaza con llevar al desastre a nuestra sociedad en muy poco tiempo.

Hay quienes no creen que están en guerra porque en su casa aún hay calma, hasta que llega el día en que una bomba cae sobre sus cabezas. Y entonces ya es tarde. Suelen ser los mismos que, con compulsivos ataques de humanidad, se soliviantan por algunos conflictos que suceden a miles de kilómetros de distancia, y en los que prácticamente nada podemos hacer, mientras que, aquí y ahora, miran para otro lado cuando sus vecinos van cayendo en la pobreza y se ven condenados a encerrarse en sus casas sin que nadie hable de ellos y de su sufrimiento.

Hay también quienes se engañan a sí mismos y, detrás de cualquier iniciativa civil como ésta, apuntan fines oscuros o intereses ridículos para no verse en la obligación moral de aceptar la realidad, tomar partido, esforzarse y ayudar. Otros siguen presos de implantes partidistas o – lo que es aún peor – intrapartidistas; autómatas fieles a los debates ya superados, sólo dispuestos a elevar el tono ante discusiones triviales.

Por último, quizá algunos lleguen a pensar que este movimiento ciudadano podrá proveerles de oportunidades a título personal. Y, atentos a sus expectativas, en un momento dado también serán presa de la duda o de algo peor.
A todos ellos, a los de la duda infinita, decirles que al dudar se equivocan terriblemente. Porque todo ciudadano que antepone sus dudas a arrimar el hombro frente a situaciones extremas como las que en estos días nos toca vivir, está renunciando a sus propias opciones de supervivencia y, lo que es aún peor, está privando a los demás de su ayuda cuando precisamente es más necesaria.

Esta Plataforma de las Clases Medias, con su convocatoria de concentración el 14 de febrero a las 12 horas en la Plaza de Colón de Madrid, representa la última esperanza racional. Quienes así lo entiendan nos ayudarán y se ayudarán a sí mismos. Quienes desconfíen, sólo les restará bajar los brazos y contemplar cómo se van sucediendo uno tras otro los desastres económicos, cómo la pobreza y la miseria se van extendiendo como una gran mancha de aceite. Lamento decirles que no vendrá nadie a salvarles, y mucho menos las predicciones económicas que el propio sistema va generando como coartadas dilatorias que, en su extrema crueldad, mantienen viva la esperanza irracional de que las cosas se arreglarán por sí solas algún año de estos.

Esta travesía es larga y dura, sólo apta para corredores de fondo y verdaderos atletas de la democracia que sepan medir sus fuerzas y que no busquen atajos. Y, puesto que vivimos en una sociedad adicta a las imágenes, que tiende a medir los resultados en función del eco mediático y que sólo entiende el “éxito” o el “fracaso” como victorias o derrotas en función de la medición de audiencias - como si este drama fuera un show televisado -, toca hacer de tripas corazón y mantener contra viento y marea la pasión por el esfuerzo y el trabajo bien hecho sin esperar reconocimiento alguno. No aspiramos a ser un fenómeno mediático sino a cumplir una misión. Se trata de una tarea oscura y poco dada al lucimiento, y tanto más meritoria cuantos menos focos nos iluminen.

Esta Plataforma es, por encima de todo, una iniciativa civil cuyos mimbres son las buenas gentes que aún quedan en España. Frente a un reto tan colosal, donde las condiciones de trabajo y lucha son y serán extremas, unos se encomendarán a Dios y otros a sus convicciones personales. Sean laicos o creyentes, jóvenes o viejos, modernos o antiguos: cuantos colaboren y ayuden serán por encima de todo ciudadanos libres, amantes de la verdadera democracia, personas comprometidas con su futuro y el del hombre o la mujer que tienen al lado, hombro con hombro. Éste no es ya un combate político, es una lucha por la supervivencia. Esta no es una batalla utópica sino necesaria y urgente: una cuestión de responsabilidad y dignidad ante la que no cabe la más mínima duda.

A las clases medias del mundo: ¡Rebelaos!
 Periodista Digital 30 Enero 2009

No hay ya en España partidos de izquierda o derecha, y menos aún derechas buenas o derechas malas. Sólo una superestructura insostenible, infectada de “agentes” que atienden exclusivamente a sus intereses particulares. Un cáncer que se ha extendido a enorme velocidad y que amenaza con llevar al desastre a nuestra sociedad en muy poco tiempo.

Hay también quienes se engañan a sí mismos y, detrás de cualquier iniciativa civil como ésta, apuntan fines oscuros o intereses ridículos para no verse en la obligación moral de aceptar la realidad, tomar partido, esforzarse y ayudar. Otros siguen presos de implantes partidistas o – lo que es aún peor – intrapartidistas; autómatas fieles a los debates ya superados, sólo dispuestos a elevar el tono ante discusiones triviales.

Antes de que se produzca la extinción -dictada por los Gobiernos y las castas parasitarias políticas- de las clases mdias éstas han de disponerse para la última batalla, han de rebelarse. No como un derecho de resistencia, sino como un estricto deber marcado por el instinto de supervivencia.

CONCENTRACIÓN BAJO EL LEMA "MENOS GASTO, MENOS IMPUESTO"
La Plataforma de las Clases Medias, movimiento ciudadano sin vínculos políticos, convoca concentración nacional el 14 de febrero a las 12 horas en la Plaza de Colón de Madrid, bajo el lema ‘Menos gasto, menos impuestos’. La Plataforma de las Clases Medias quiere protestar contra la política económica del Gobierno y contra las masivas incautaciones de fondos de los contribuyentes que endeudan a varias generaciones.

La Plataforma considera que de seguirse esta línea se lleva a la economía española al colapso y a la sociedad al suicidio colectivo, y que no se aguanta una legislatura con este nivel de destrucción de empleo.

EXTRACTO DEL LIBRO ¡SALVAD LA CIVILIZACIÓN!, DE ENRIQUE DE DIEGO
En esta hora decisiva, cuando la civilización se tambalea sin resortes morales, esa rebelión de las clases medias es la última y única esperanza. Mientras mediante la depredación se pretende un ajuste brutal de la población del mundo, de que las clases medias sean capaces de protagonizar una rebelión liberalizadora va a depender el destino de la Humanidad, su salvación o su hecatombe. Nadie va a hacer nada por ellas, pues son las paganas, las expoliadas del sistema, y el futuro que les está reservado es el de su empobrecimiento y su proletarización; la miseria y la servidumbre; quizás la muerte por hambre.

Antes de pasar revista a las poderosas armas que quedan en sus manos para esta postrer batalla, detengámonos a analizar, con concisión, las dificultades de partida.

Los miembros de las clases medias no son políticos profesionales. En muchas naciones –pues la rebelión ha de ser mundial, aunque tenga focos más activos de inicio- carecen de experiencia organizativa, ya que la sociedad civil ha sido fagocitada o controlada o intervenida por el sistema. Detraer tiempo para la movilización, la concienciación y la organización les resulta dificultoso, al tener que atender a su trabajo y a su familia.

Al tiempo, carecen de medios de comunicación a través de los cuales hacerse oir, mientras la casta parasitaria los tiene casi todos a su servicio y, con frecuencia, siguiendo consignas de adormecimiento y desactivación.

Pero las clases medias pueden convertir su desventaja en un activo invencible. Ellas son el músculo y los nervios de la sociedad. Pueden y deben utilizar el trabajo y la familia, y los ámbitos de relación social, como campos de comunicación, influencia y organización. Un movimiento horizontal, escasamente jerarquizado, aparentemente desvertebrado, generará una red capilar que primero se constituya en foco de resistencia y de inmediato en lanzadera para la conquista del poder y la liberalización de la sociedad.

Internet y los modernos sistemas de comunicación son instrumentos poderosos para esa acción civil en red. También medios tan tradicionales y efectivos como la tertulia familiar entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, ampliando, después, los círculos, a amigos y compañeros de trabajo. Cada miembro de las clases medias ha de constituirse en un activista, ha de ser líder de sí mismo.

El principal enemigo es interior. Es lo que denomino la ‘trampa de la esperanza’. Muchas personas, y así lo reflejan las encuestas, tienden a pensar que si bien todo irá mal, a ellos, mediante esfuerzo e inventiva, les irá bien; que mientras todo irá a peor, ellos, y sus familias, podrán sortear la tormenta perfecta. El sistema utiliza estos resortes bienintencionados de esperanza para desactivar la rebelión; especula para ello con el momento en que se verá la luz, las aguas volverán a su cauce y se saldrá de la crisis. Ofrecen, mientras tanto, productos degradados para la evasión y el entretenimiento, pan y circo, fútbol, sucesos, concursos y telebasura.

La disposición de ánimo para afrontar el futuro se ha convertido en una trampa. No existe salvación personal. Un número decreciente de expoliados lo irán siendo cada vez más hasta la extenuación. Más paro es igual a menos consumo y menos consumo es igual a más paro; círculo vicioso, espiral sin salida. La crisis actúa como un agujero negro que sube por la escala social: quienes no sienten hoy la crisis, serán sus víctimas mañana. La casta parasitaria política aspira a sobrevivir en una sociedad con una minoría aristocrática y una mayoría de esclavos, sobre los que lanzarán menguantes prebendas en forma de ayudas y subvenciones; comunismo o fascismo, lo mismo da, de tecera generación, con los ritos democráticos vaciados de contenido o directamente pervertidos. Un mundo de señores y siervos, sin clases medias, tras haber diezmado a la población.

No, no existe salvación personal y cualquier mente que no se haya dejado degradar por la propaganda es capaz de entenderlo. La esperanza ha de canalizarse en el esfuerzo común, pues muchos pocos hacen un mucho de extraordinario poder. Hay que regenerar la democracia, hay que cambiar las bases del sistema antes de que éste caiga definitivamente sobre las clases medias, aplastándolas.

Para esta batalla, es preciso no sólo coraje, sino también ideas claras. Es imprescindible ser conscientes de en qué momento nos encontramos. La miseria y la servidumbre, el empobrecimiento y la tiranía no son futuribles que entren dentro de las opciones posibles, sino que ya han sido decretados por los gobiernos y dictados por las castas parasitarias; es sólo cuestión de tiempo: de que en la travesía entre el decreto y la ejecución las clases medias sesteen, se acobarden, se evadan y sean incapaces de rebelarse y no asalten las bastillas de las nomenclaturas.

La democracia ha sido finiquitada. Ha dejado de existir y es preciso recuperarla y regenerarla. Para hacer comprensible la situación baste decir que los gobiernos han dado un golpe de Estado desde arriba y será muy cruento. La democracia, es necesario no olvidarlo, no es el gobierno de una mayoría despótica o manipulada cuya capacidad alcance a la limitación de los derechos personales y mucho menos a la incautación de vidas y haciendas; esos derechos y propiedades son previos, inviolables, indiscutibles. Pagamos impuestos para que los gobiernos protejan nuestras propiedades no para que se incauten de ellas. Lo contrario de lo que ha sucedido. En el ejercicio del poder no sólo es precisa la legitimidad de origen, tan importante o más es la de ejercicio, y el común de los gobiernos la han perdido, han abusado del poder de manera arbitraria, han robado el dinero de los ciudadanos responsables mediante argucias, falsas coartadas y en directo beneficio de las oligarquías financieras.

Los gobiernos están concentrando con esas incautaciones un poder desmedido, que implica una marcha objetiva, al margen de sus intenciones de origen, hacia la tiranía y el totalitarismo. No se puede conceder a un ejecutivo un poder desmesurado sin que abuse de él. Esa es una ley universal, miles de veces demostrada. Si se permite que los gobiernos culminen sus golpes de Estado la rebelión será irreversible y la denuncia se establecerá en los límites de la disidencia moral, que irá siendo perseguida hasta su eliminación.

Esas incautaciones masivas conllevan el empobrecimiento y la extinción de las clases medias. Puede decirse en completa propiedad que las clases medias no tienen otra opción que la rebelión. Es cuestión de supervivencia. Cuando se lleva a nuestras familias a la indigencia, cuando se ha quitado el futuro a nuestros hijos, endeudando a las generaciones futuras, rebelarse no es ni tan siquiera un derecho, es sobre todo un deber, marcado por la propia naturaleza, por el mínimo sentido de decencia y dignidad.

La batalla no está perdida de antemano. Antes al contrario, la casta parasitaria no ha estado nunca tan débil como ahora; el sistema de depredación no se ha mostrado nunca tan voraz como en el momento presente y, al tiempo, tan necesitado. El gigante ha mostrado sus pies de barro. Tantas reuniones, tanto dinamismo espasmódico de los dirigentes muestra bien a las claras que el sistema de expoliación de las clases medias está podrido y ha llegado a sus últimos estadios de bajeza, ha intensificado a sus últimas contradicciones, está dando sus últimos coletazos, que pueden ser letales, cierto, pero también el preludio de su final.

No es éste tiempo para el debate, sino para el combate. Tienen las clases medias para esta batalla decisiva tres armas poderosas y han de utilizar, sin limitaciones, las tres: el voto, el ahorro y la fiscalidad.

Que el mundo se ha quedado sin referencias implica, como corolario, que las clases medias se han quedado sin representatividad, se han quedado sin partidos. En casi todas las naciones, las formaciones que canalizaban sus aspiraciones directa y claramente las han traicionado. La depredación, que siempre había sido la base del sistema, se ha fortalecido como el consenso de todos los partidos. No hay que tener, nunca, miedo a ningún reto, ni perderse en lamentos estériles. Las clases medias han de generar sus propios partidos, presentarse a las citas electorales con su nítida voz regeneracionista, con su propia agenda, blindados a las toscas argucias del mal menor y a las interesadas y degradantes reclamaciones al voto útil.

Las clases medias no sólo han de generar sus cauces de participación política, también han de generar sus propios lobbys económicos, sus instrumentos financieros. Puesto que los gobiernos han concentrado el poder económico, han nacionalizado de hecho los bancos y aspiran a tener el crédito en sus manos, las clases medias han de enfrentarse y boicotear tales designios por pasiva y por activa. Por pasiva, sacando los fondos de aquellos bancos o cajas que estén bajo los dictados de los políticos. Y generando, por activa, con las ventajas y fisuras que ofrecen los diferentes sistemas legislativos, sus propios bancos, sus propios instrumentos de inversión con los que desmantelar el corrupto mercantilismo.

Para que los capitales no fluyan hacia los paraísos fiscales, se han concedido privilegios a las grandes fortunas, que no se permiten a las clases medias, pero la unión de éstas puede conseguir ser un gran fortuna –muchos pocos hacen un mucho- capaz de invertir en medios de comunicación o en grandes empresas, rompiendo la mala práctica de las negociaciones –contra el consumidor: no sólo pagamos la mala gestión y la corrupción en tributos, también en tasas- entre el poder político y empresarios y directivos de las grandes corporaciones.

El arma más poderosa con la que cuentan las clases medias, la más demoledora, es la fiscalidad. Tributación, representación, ese el origen de cualquier democracia. La forma más rápida y contundente de ganar las guerras es cortar los suministros al adversario.

Sin la fiscalidad de las clases medias la casta parasitaria no puede sobrevivir, sin ese flujo de fondos, el sistema de expoliación se vendrá abajo y tendrá que regenerarse y limitarse. Todas las incautación perpetradas y en marcha resultarán fallidas si las clases medias se niegan a pagar facturas que no han firmado, y que han sido giradas en su nombre y en el de sus hijos y en el de los hijos de sus hijos.

Las clases medias han de ir decididamente, han de pasar a la insurrección fiscal. Es un deber. No debemos permitir que, por sus errores, y sin asumir sus responsabilidades, las oligarquías financieras y las castas parasitarias políticas lleven a nuestras familias a la indigencia y conviertan nuestro trabajo en función de esclavos. Habrá que hacerlo, con racionalidad, aprovechando las fisuras del sistema depredador. Y si no, de manera clara, completa y contundente, con todas sus consecuencias.

Ese grito de la rebelión: ‘Con mi dinero, ¡no!’ es el inicio de las soluciones, es la salida auténtica de la crisis de modelo que ha degenerado en una aún más grave de civilización.

Ese grito de la rebelión: ‘Con mi dinero, ¡no!’, es la apuesta y la puesta en marcha de la regeneración democrática, hacia la limitación del poder. El programa regenerador se contiene en las doce propuestas de El manifiesto de las clases medias y se resume en el principio de que quien pueda vivir de su propio esfuerzo no ha de vivir, ni aspirar a vivir, de los demás.

Hago un llamamiento a las clases medias de todo el mundo para que se movilicen, se organicen y se rebelen. En España lo hemos hecho a través de la Plataforma de las Clases Medias (lasclasesmedias.blogspot.com), con cuatro objetivos mínimos: reforma de la Ley electoral para ir al sistema mayoritario de circunscripción uninominal; puesta en marcha del cheque escolar en los diversos niveles educativos; eliminación de toda subvención bajo la coartada de la cultura; sistema de capitalización para las pensiones.

Es preciso combatir el intervencionismo y las castas parasitarias en todas las naciones del planeta. Nos jugamos la supervivencia de la civilización y de la Humanidad. Las ineficiencias en cualquier punto afectan a todos. En esta aventura no vamos solos, nos necesitamos todos. La tiranía política y el intervencionismo económico en cualquier punto del planeta pesa sobre el resto. No queda otra que sacudir modorras y presentar batalla. Esta tercera guerra mundial, interior y planetaria, es más peligrosa que las anteriores, porque no se presenta con desfiles, clarines y estruendos, sino mediante el decaimiento general del día a día. Por eso exige claridad de ideas, movilización general y coraje. El tiempo apremia. No rebelarse es asumir la responsabilidad en la desaparición de una parte importante de la población mundial.

Las clases medias europeas han de desmantelar la onerosa burocracia en la que ha degenerado la Unión Europea.

Hago un llamamiento especial a las clases medias de los Estados Unidos para que se rebelen, para que pasen a la insurrección fiscal, contra los planes depredadores de su gobierno actual, que quiere acabar con su nación como la mayor patria de la libertad que ha conocido el mundo.

El grito común de la rebelión ha de resonar al unísono en los cuatro puntos cardinales: ‘Con mi dinero, ¡no!’.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Los objetores a Ciudadanía seguirán sin ir a clase hasta que se falle sobre sus casos
Los padres que tienen recursos abiertos esperarán a que los tribunales rechacen sus quejas. Con esto ganarán tiempo y, después, recurrirán la decisión al Constitucional.
P. Ciria. Zaragoza Heraldo de Aragón 30 Enero 2009

Las familias aragonesas objetoras a Educación para la Ciudadanía seguirán sin llevar a sus hijos a clase de esa materia hasta que se falle sobre sus casos particulares. Pese a que el Tribunal Supremo dictaminó el miércoles que es una asignatura obligatoria y que no cabe objeción, de momento, esa decisión solo afecta directamente a las quejas llegadas desde Andalucía (la sentencia que les favorecía llegó al Alto Tribunal recurrido por la Junta y por la Fiscalía) y a algunos padres de Asturias (que recurrieron el fallo desfavorable de sus jueces).

Las familias del resto de las comunidades que tienen procesos abiertos deben esperar a que estos sean admitidos en el Supremo. Cuando esto ocurra, el Alto Tribunal actuará como lo ha hecho con los casos de Andalucía y Asturias, es decir, les dirá que no se puede objetar y que deben ir a clase (ya que el fallo del miércoles del Supremo unifica doctrina para los procesos abiertos).

Con esto, los opositores a la polémica asignatura ganan tiempo y mientras dure este proceso, sus hijos podrán continuar sin asistir a las clases de Ciudadanía. En Aragón, son casi 300 los objetores a la materia, de los que 36 casos han llegado al Contencioso-Administrativo. Además, se han dictado medidas cautelares por las que se permite a 15 alumnos no acudir a esas lecciones, según los datos aportados por el departamento de Educación. “Hasta que los jueces no revoquen esa decisión y se solucionen los casos abiertos, los alumnos no irán a clase”, afirma Carlos Pérez Lázaro, de la plataforma ‘Educación para la Ciudadanía en Aragón ¡va a ser que no!’.

Pero el camino no acaba ahí. Cuando el Alto Tribunal diga que los alumnos deben cursar la materia, los padres afectados recurrirán el fallo al Constitucional. “Esperaremos a que el Supremo publique la sentencia, pero no nos conformaremos con el resultado. Iremos al Constitucional y, después, si es necesario, a Estrasburgo. Llegaremos hasta el final”.

Con esto, el proceso se alargaría en el tiempo y algunos alumnos podrían finalizar sus estudios secundarios sin haber cursado la asignatura. Podría darse el caso de que si el Constitucional falla en unos años y ratifica la posición del Supremo, los alumnos (ya universitarios) se encuentren en mitad de una carrera con una asignatura de secundaria pendiente.
Por ello, el Ministerio de Educación asegura que lo más sensato es volver a las aulas y recuperar la materia que no se ha estudiado. El Gobierno central deberá dar a conocer en breve las medidas que articulará para que esos jóvenes recuperen las ausencias y obtengan sus calificaciones. No obstante, será la comunidad la que decida cómo se cursará la asignatura. Ante esto, fuentes del Ejecutivo aragonés ya señalaron el miércoles que esperan que los estudiantes se incorporen a las clases con normalidad.

Piden que sea optativa
Desde la plataforma contra la Educación para la Ciudadanía en Aragón insisten en que la asignatura debería ser optativa y recuerdan que el Supremo deja claro que la asignatura debe limitarse a inculcar valores recogidos en la Constitución. De hecho, el dictamen recoge una matización en la que se expone que no se permite a las autoridades administrativas ni a los profesores imponer a los alumnos criterios éticos o morales que son objeto de discusión en la sociedad. Cualquier intento de utilizar esa materia para adoctrinar sobre valores morales permitirá revisar en el futuro el fallo del Alto Tribunal.

Por su parte, Concapa Aragón señaló ayer que seguirá apoyando a todos los padres que “haciendo uso del derecho constitucional de educar a sus hijos conforme a sus propios criterios, convicciones religiosas, filosóficas y morales, decidan recurrir la sentencia del Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional”.

Además, pidió a la DGA que resuelva cuanto antes esta cuestión, ya que “resulta un contrasentido que una asignatura en que uno de sus fines es el respeto a la pluralidad y la tolerancia debería servirnos a todos para que se alcanzase un consenso de todas las partes afectadas”.

Esperarán al menos un mes hasta que salga la sentencia del Supremo y buscarán todas las vías para evitar Ciudadanía
Los objetores se resisten a ir a clase
M. Villasante La Razón 30 Enero 2009

madrid- «Pido que aquellos padres que han evitado que sus hijos acudieran a las clases realicen un acto de responsabilidad y permitan que regresen a las aulas». Fueron palabras de la ministra de Educación en el «vídeo-comunicado» difundido nada más conocerse el fallo del Supremo contra la objeción de conciencia a Ciudadanía. Centenares de escolares han permanecido al margen de esta asignatura, en los pasillos o dedicados a las alternativas que les hayan podido ofrecer los colegios, mientras el tribunal resolvía los conflictos planteados.

Pero el posicionamiento avanzado por el Supremo, que hará pública la sentencia final en el plazo de un mes, no hará que los objetores vuelvan a las clases, al menos de momento. Para empezar, esperarán a conocer al detalle el fallo judicial (dentro de un mes), porque lo que se conoce hasta ahora es que se rechaza la objeción «en los casos planteados» (de cuatro familias asturianas y andaluzas). Sin embargo, los magistrados de la sala tercera llamaron la atención sobre el desarrollo de los contenidos de los decretos de la asignatura, de los que, si bien indican que «por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones», también advierten del riesgo de adoctrinamiento en el desarrollo de los libros de texto.

Medidas cautelares «Lo que el Tribunal Supremo no deroga es el artículo 27 de la Constitución sobre la libertad de enseñanza», ironiza el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, para luego destacar que, si no cabe la objeción, buscarán otras vías para defenderse de la materia, «las que sugiera el tribunal en su sentencia o las que se nos ocurran».

Blanco subraya, a su vez, el hecho de que, aunque el Supremo siente jurisprudencia, sólo se refiere a cuatro familias, de manera que «todos los objetores que tienen una sentencia favorable o medidas cautelares para que no asistan a clase están hoy en la misma situación jurídica que antes» del fallo. Así que «de momento no cambia nada», a no ser que se solicite la anulación de tales medidas.

En la misma línea, el asesor jurídico de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, coincidió en que el fallo del Supremo sólo afecta a las cuatro familias implicadas, pero el resto de los objetores que tienen medidas cautelares a su favor no están obligados a volver a clase. Otra cosa son las familias sobre las que ha recaído la deliberación, que se enfrentarían a un expediente sancionador si desobedecen las directrices. Los objetores ya trabajan en el recurso que presentarán ante el Tribunal Constitucional. Una vez que se emita la sentencia del Supremo, interpondrán un incidente de nulidad ante este tribunal para que reconsidere y cambie el fallo. Cuando sea (previsiblemente) rechazado, se abrirá el plazo para acudir al Constitucional.

Destaca que los decretos de Ciudadanía no vulneran «por sí mismos» la formación religiosa y moral
El Supremo rechaza la objeción, pero vigilará el adoctrinamiento
M. Villasante/ F. Velasco La Razón 30 Enero 2009

Fueron necesarios dos días y medio para que los 29 magistrados (Ricardo Enríquez estaba ausente por enfermedad) de la sala tercera del Tribunal Supremo llegaran a una conclusión sobre los cuatro recursos de casación sometidos a deliberación, tres de ellos procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y otro, de Andalucía. Las tres primeras denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias y la cuarta lo reconocía. El tribunal debatió una ponencia favorable a la objeción presentada por Juan José Martínez Rivas y examinó los decretos relativos a la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Secundaria. De la primera, resuelve que «en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia». De los contenidos, concluye que «por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», según explicaba el tribunal en un escueto comunicado difundido ayer.

Recomendaciones
La decisión contó con la aprobación de 22 de los 29 magistrados presentes y recibió el voto particular de los otros siete. Para alcanzar el máximo consenso posible en una cuestión que ha provocado un movimiento objetor sin precedentes, el pleno de la sala ha acordado incluir una serie de matices y recomendaciones en la sentencia, que se hará pública en un mes, para que el Gobierno modifique los contenidos de la materia de forma que se evite el adoctrinamiento y la imposición de criterios morales en las aulas, especialmente a través de libros de texto y profesores.

A falta de conocer todos los detalles, cabe también la posibilidad de que el Supremo haya dejado la puerta abierta a que sí se acepte la objeción de conciencia en casos diferentes a los de Andalucía y Asturias y si no se respetan las directrices propuestas. Conocidas las primeras conclusiones del Supremo, dirigidas a sentar jurisprudencia sobre una serie de resoluciones contrapuestas en toda España, el Ministerio de Educación insistió en que «Educación para la Ciudadanía es una asignatura como cualquier otra y asistir a sus clases es obligatorio para todos los estudiantes de España», destacó la ministra Mercedes Cabrera en un «vídeo-comunicado». «No eran ciertas las descalificaciones y manipulaciones que se han hecho sobre Educación para la Ciudadanía. No hay lugar a la objeción de conciencia sobre la asignatura porque nada hay en ella que invada derechos fundamentales de los estudiantes», añade Cabrera, para quien «el Supremo ha puesto fin a los intentos de hacer de esta asignatura y de los centros educativos un campo de batalla político».

Lamentó la ministra, a su vez, «el tiempo que hemos perdido» y pidió que «aquellos padres que han evitado que sus hijos acudieran a las clases realicen un acto de responsabilidad y permitan que regresen a las aulas». Cabrera se comprometió a hacer todo lo posible para que los niños puedan aprobar la materia y a hablar con «los responsables autonómicos para buscar soluciones y evitar más perjuicios».

El PSOE fue menos delicado con las diferentes respuestas que ha obtenido la objeción y su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso, exigió directamente al PP que «pida disculpas por la campaña prolongada e innoble que han mantenido en contra de esta asignatura». Sin embargo, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, avisó de que su formación «va a seguir dando la batalla política contra el adoctrinamiento» y anunció que «respaldará las actuaciones que emprendan en el futuro los padres».

Mientras, la Generalitat valenciana aseguró que acata la resolución del tribunal, pero consideró que «el fallo no afecta al modo de impartir la asignatura» en esta comunidad. «Habrá que esperar a que se haga pública la sentencia para conocer el alcance de la resolución judicial y si afectará a cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura», añadieron. Madrid dará indicaciones a los directores de los 217 centros en los que se habían planteado objeciones a Educación para la Ciudadanía para que actúen conforme a la sentencia del Tribunal Supremo. La Consejería de Educación subrayó que los decretos autonómicos que desarrollan la materia «no lesionan ningún derecho fundamental de los padres en relación con la formación religiosa y moral de sus hijos».

La redacción del fallo podría demorarse al menos un mes.
Implicados en la sentencia de EpC tendrán que regresar a clase cuando se lo notifiquen
Madrid - EP La Razón 30 Enero 2009

El abogado de los padres objetores asturianos que acudieron al Tribunal Supremo (TS) tras la sentencia del Superior de Justicia del Principado que no les reconoció la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), José Luis Lafuente, explicó hoy que tanto los estudiantes asturianos como el andaluz implicados en el fallo del Alto Tribunal que les denegó ayer este derecho tienen la obligación de asistir a clase una vez que se les notifique formalmente la sentencia. La redacción del fallo, según explicaron fuentes del TS, podría demorarse al menos un mes.

Lafuente señaló que si deciden no atender la asignatura a partir de la emisión de la sentencia, se les puede abrir un expediente sancionador y se les privaría de la evaluación continua. Sin embargo, aclaró que mantendrían el derecho a examinarse. “Una cosa es la pérdida del derecho a la evaluación continua y otra el derecho a evaluación”, apostilló.

En la misma línea, el asesor jurídico de Profesionales por la Etica, José Luis Bazán, indicó que el fallo del Alto Tribunal “sólo afecta a las partes implicadas” y que el resto de los objetores que están pendientes de una resolución judicial y cuentan con medidas cautelares que les permiten no asistir a EpC, “no están obligados a volver a clase”. “A estos no se les puede abrir un expediente porque sería ilegal”, aseveró. Asimismo, reiteró que los estudiantes siempre pueden acogerse al derecho a examen y renunciar a la evaluación continua, es decir, que si un alumno opta por no asistir a clase en todo el curso, puede examinarse al final del mismo.

Según fuentes de la Consejería de Educación del Principado de Asturias en esta comunidad hay ocho niños objetores (siete de 3 de la ESO y uno de 4 de Primaria). Todos ellos “deberían estar acudiendo a clase” tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que no les reconoció la objeción, pero “desconocen” si están atendiendo esta asignatura.
Por su parte, el menor de Huelva al que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) permitió objetar a la materia el pasado curso, y le dejó exento de ser evaluado, tiene la obligación de volver a clase y recuperar la materia, cuando se notifiquen a sus padres la sentencia completa del TS.

Por su parte, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, aseguró, nada más conocer el fallo, que pondrá “todas las vías posibles” para que los alumnos que hasta ahora han objetado, puedan recuperar “el tiempo perdido”.

Una reacción demasiado rápida
 La Razón 30 Enero 2009

madrid- La reacción de Educación al fallo del Supremo sobre Ciudadanía fue muy rápida. Demasiado. Tanto, que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ya había «colgado» en «Youtube» un vídeo-comunicado antes de que se hiciera pública la decisión del Tribunal. El PP en el Congreso considera esta actitud sospechosa y quiere que quede claro si la ministra conocía o no con anterioridad el fallo. Por ello, pedirá el vídeo o los que pueda haber con la reacción inicial de Cabrera y llegará «hasta el final» para conocer las circunstancias de la grabación y por qué fue realizada antes de conocerse la sentencia. La ministra, ofendida La petición pareció ofender ayer a Cabrera. Insinuar que el Gobierno sabía el fallo antes de publicarse, señaló, supone «cuestionar» al Tribunal. La ministra aseguró que el vídeo con su valoración se divulgó después. Sin embargo, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó que la ministra «colgó» el vídeo donde decía que estaba «muy contenta» cuando todavía no se había hecho público el fallo del Tribunal Supremo.

Cabrera admitió, no obstante, que si bien el vídeo «se colgó después de la nota del Supremo», sí fue grabado con antelación sabiendo que la publicación del fallo era inminente, sin más objetivo que facilitar la labor a los medios tras dos largos días de deliberaciones de los magistrados. El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, adoptó ayer la misma táctica de la ministra: calificó de «insulto» el que se piense que se adelantó el fallo. Lo hizo después de que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, indicara que el Ministerio está siendo «de todo menos transparente» en este asunto, así que ha pedido saber los motivos de que se «enlataran» las declaraciones y el coste de la grabación.

«Dos días antes» También la secretaria de Igualdad y Educación del partido, Sandra Moneo, denunció en un comunicado la actitud «imprudente» de Educación y su «falta de respeto a la independencia judicial» por valorar, a través de un vídeo, la sentencia «dos días antes de que ésta se diese a conocer». El miércoles, el Supremo envió a las 14:45 la nota en la que informaba del rechazo a la objeción a Ciudadanía. Minutos más tarde, en torno a las 15:00, el Ministerio avisó a la prensa de la disponibilidad de una valoración inicial de Cabrera en un vídeo en el canal ministerial de «Youtube», a la espera de la rueda de prensa convocada para media hora después.

Otra sentencia bochornosa
Luis del Pino Libertad Digital 30 Enero 2009

La juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid, Cristina Fernández Gil, ha desestimado la demanda interpuesta contra el diario Público por un artículo en el que se afirmaba que Francisco José Alcaraz había vivido "a costa de la AVT".

La sentencia reconoce textualmente que "está acreditado que el Sr. Alcaraz no percibió sueldo ni dieta fija de la Asociación", a pesar de lo cual la jueza considera que no atenta contra el honor de Francisco José Alcaraz decir que éste vivía "a costa" de la AVT. Y lo argumenta diciendo que, al fin y al cabo, la asociación le pagaba los desplazamientos, la comida y el alojamiento cuando tenía que ir a un sitio u otro para realizar sus labores de presidente de la AVT.

O sea que, según la jueza Fernández Gil, para que no se pudiera decir que Alcaraz vivía "a costa de la AVT", no basta con que trabajara gratis para la asociación, sino que además hubiera sido necesario que se hubiera pagado él de su bolsillo todos los gastos que su labor de presidente llevara aparejados. ¡Impresionante!

Aunque a lo mejor ni siquiera hubiera bastado. Porque también argumenta la jueza que el decir que vivía "a costa de la AVT" no atenta contra el honor de Alcaraz porque éste, por ejemplo, tenía otros ingresos derivados de su relación con la AVT, como las conferencias y mesas redondas en que participaba. O sea que, según la jueza, para que no se pudiera decir que Alcaraz vivía "a costa de la AVT" no habría bastado con que trabajara gratis, sino que hubiera debido pagarse todos los gastos de su bolsillo y, además, renunciar a cobrar nada de nada de otras instancias distintas de la AVT. ¡Espectacular!

Sin embargo, tampoco habría bastado con eso. Porque el tercer argumento que la jueza utiliza para decir que no es difamatorio afirmar que Alcaraz vivía "a costa de la AVT" es todavía peor. Dice la jueza que Alcaraz, al fin y al cabo, "por su plena dedicación (a la asociación) no podía ocuparse debidamente de su negocio" (sic), de donde supongo que la buena señora deduce que de algo tendría que vivir. O sea, que el hecho de que Alcaraz trabajara gratis para la asociación, descuidando así su propio negocio, es un argumento que justifica, a ojos de la jueza, que se diga que vivía "a costa de la AVT". ¡Chapeau!

Pero no es sólo la argumentación lo que es perverso.
La señora jueza no menciona, por ejemplo, que Alcaraz se hizo poner en la sede de la AVT una cama en una habitación, para que la asociación no incurriera en gastos de hotel cada vez que venía a Madrid.

Como tampoco menciona que los gastos medios (desplazamientos, manutención, comidas) en que Alcaraz incurrió mientras estuvo al frente de la AVT no llegan a los 20 euros al día.

Como tampoco menciona que la práctica totalidad de conferencias y mesas redondas en las que Alcaraz participaba no tenían ni la más mínima remuneración.

Como tampoco menciona que Alcaraz se encontró con una asociación en quiebra que debía millones de euros y dejó unas cuentas saneadas y con un impresionante colchón en el banco.

Como tampoco menciona que de lo que Alcaraz estuvo viviendo mientras trabajaba en la AVT fue de irse comiendo poco a poco su escaso patrimonio, que disminuyó en un 70% mientras ocupó el cargo de presidente de la AVT.

Como tampoco menciona que fue esa imposibilidad de seguir financiando él de su bolsillo su dedicación a la Rebelión Cívica lo que hizo que Alcaraz no pudiera presentarse a la reelección como presidente de la AVT.

Probablemente, la jueza no menciona ninguno de esos "pequeños detalles" porque ni siquiera los conoce. Porque Francisco José Alcaraz ni siquiera fue llamado a declarar en ese juicio. Ni los abogados de la actual dirección de la AVT le citaron, ni parece ser que nadie en ese juicio tenía ningún interés en conocer lo que pudiera decir. La actual dirección de la AVT ni siquiera ha sido capaz de hacer alguna declaración en apoyo de su ex-presidente. Ellos sabrán por qué. Como también sabrá por qué actúa como actúa don Daniel Portero, que sí que acudió a declarar en ese juicio, pero en favor del diario Público.

Felicito desde aquí a la jueza, doña Cristina Fernández Gil. Señora, ha contribuido usted de manera decisiva, con su esclarecedora sentencia, al intento de desprestigiar a un hombre honesto. Que le vaya bonito.

PAGARÁN PARA QUE ENSEÑE EN ELLAS CATALÁN
La Generalidad tratará a las universidades de fuera de Cataluña como extranjeras
El presidente del Instituto Ramón Llull, dependiente de la Generalidad, ha anunciado que a partir de ahora tratarán a las universidades del resto de España "como si fueran extranjeras". Se queja de que en ellas no enseñen catalán, por lo que las pagarán "para ver si la situación cambia".
Libertad Digital Libertad Digital 30 Enero 2009

En declaraciones recogidas por la Cope y el diario la Voz de Barcelona, Josep Bargalló, presidente del Instituto Ramón Llull, dependiente del gobierno de la Generalidad, ha afirmado que tienen la intención de tratar a las universidades de fuera de Cataluña como si fueran extranjeras.

Bargalló, ex consejero de la Generalidad, ha alegado que esperaban que los centros universitarios del resto de España enseñasen catalán y "no ha sido así". Por ello, dice, las tratarán "como si fuesen extranjeras y pagaremos para ver si la situación cambia". Así, de hecho, lo hace el Instituto que preside con centros de Alemania, Francia o Estados Unidos, a las que se aporta subvenciones para que potencien el catalán.

Según Bargalló, las cantidades ofrecidas rondan los 12.000 euros. Justifica estas cifras en que si no se pagara, "también habría universidades que enseñasen el catalán, pero habría menos".

En su opinión, como los catalanes pagan impuestos "se podía esperar que el Estado diese dinero a las universidades españolas para potenciar el catalán" pero eso, afirma, "no ha sido así".

¿Insumisión contra Educación para la Ciudadanía?
Redacción Minuto Digital 30 Enero 2009

La insumisión fue un movimiento patrocinado por buena parte de la izquierda española en los años 80 que instaba a la desobediencia civil contra el servicio militar obligatorio. El derecho a la objeción de conciencia para no ir a la “mili” ya se recogía legalmente, sin embargo aquel movimiento se oponía tanto a incorporarse a filas como a acogerse a la objeción de conciencia. La consecuencia es que a los insumisos se les procesaba como autores de un delito. Pero como el clima social de la época respiraba antimilitarismo, los procesos se volvieron impopulares y alimentaban el discurso victimista de los insumisos. Al final, como todos recordamos, el servicio militar obligatorio fue suprimido, y como se recuerda menos, se dictó un indulto general para cerca de 4.000 insumisos. La batalla la ganaron los insumisos en la calle, no en los Tribunales.

Ante la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a recibir la asignatura de Educación para la Ciudadanía, aún en contra de la voluntad y las convicciones de los padres ¿podrán los objetores a EpC hacer lo mismo que los insumisos de entonces? Si el deber de defender tu patria no constituye una obligación legal ni moral, mucho menos debe constituir ningún tipo de obligación aprender la doctrina política, ideológica o social, no ya de un gobierno u otro, sino del mismo régimen o sistema, salvo, que ahora demos por bueno que Franco acertó de lleno con su Formación del Espíritu Nacional. Pero nosotros somos de la opinión de que “cristiano a la fuerza, mal cristiano”.

Desgraciadamente el movimiento en contra de Educación para la Ciudadanía no podrá gozar de la misma publicidad positiva que los insumisos izquierdistas, porque los mamporreros mediáticos del PSOE ya se apresurarían a cultivar la imagen de los padres insumisos como la de Martínez el facha, fanático y casposo. Gabilondo ya ha equiparado a los padres objetores con los proetarras, si se convirtiesen en insumisos, serian ya peor que los mismos asesinos de ETA. En esta cuestión, como en tantas otras, se echan en falta los resortes mediáticos para sostener un clima de opinión, la influencia cultural para respaldar esa opinión y el tejido social preciso para dar una batalla, que no es jurídica, sino política y ética.

No ir a clase de Educación para la Ciudadanía
Al menos el Foro Español de la Familia, parece que va a dar esa batalla, Benigno Blanco, su presidente, ha subrayado que las familias objetoras y con una resolución judicial a su favor tienen derecho a que sus hijos no entren en clase, “hasta que la sentencia sea firme y se acabe todo este proceso, que será largo”. A su juicio, no se comete ninguna ilegalidad ni se perjudica al niño al impedirle que vaya a clase hasta que se resuelva este conflicto. Es decir hasta que no se agote la vía judicial, Tribunal Constitucional y, en su caso, Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Sin embargo creemos que los que han centrado sus críticas a la sentencia del Supremo y a la politización de los jueces están equivocados en esta ocasión. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que los nacionalistas tardarían en utilizar el precedente del derecho a objetar contra una asignatura, para intentar liberarse de aprender español o cualquier materia que les enseñe que forman parte de España? Sí, ya sabemos que no es lo mismo, pero también sabemos que basta abrir una rendija en una puerta para que se cuelen dentro.

Vuelve a acertar el presidente del Foro Español de la Familia, estamos, no ante un problema jurídico, sino ante un problema político, generado por el sectarismo de un gobierno y un partido. Conflicto, que en palabras de Benigno Blanco, podría solucionarse de modo rápido si el Gobierno dialoga y se consensúan contenidos de las asignatura “aceptables para todos”, excluyendo, como apunta la sentencia del Tribunal Supremo, cuestiones morales.

Mientras, la única solución es no entrar en clase.

LAS PERLAS DE EpC
El diario ABC nos ofrece algunas perlas de Educación para la Ciudadanía que reseñamos para nuestros lectores

FAMILIA. «Es preciso que los jóvenes sean injustos con los hombres maduros. Si no, los imitarían y la sociedad no progresaría» (Ed. Mc Graw Hill). «Hay familias de personas homosexuales, ya sea de dos hombres o de dos mujeres que pueden tener descendencia» (Octaedro). «La sociedad moderna no tiene lugar para los ancianos, los cuales tienden a formar grupos en las calles, parques y paseos que adquieren las características de verdaderas subculturas» (Ed. Bruño). «Una familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. En la actualidad, el concepto de familia en nuestra cultura occidental incluye una gran variedad de modelos». (Oxford Educación).

EDUCACIÓN SEXUAL. «Evitar todo contacto sexual […], a ciertas edades, es un camino muy difícil de seguir» (Octaedro). «…Pero un a cosa el el sexo biológico con el que nacemos, y otra, la identidad sexual que construimos a lo largo de nuestra vida». (Pearson Educación-Alhambra).. «Es más, en la mayoría de nuestras relaciones sexuales intentamos exclusivamente disfrutar, mostrar nuestro afecto, compartir placer procurando evitar el embarazo». (Mc Graw Hill).

INMIGRACIÓN. «Los inmigrantes pobres sin documentación se encuentran en una situación cada vez más rechazable e injusta. Estas discriminaciones legales no se producen con los extranjeros procedentes de países ricos y con alto poder adquisitivo sino con los inmigrantes más desvalidos y necesitados. Se discrimina sobre todo al inmigrante sin documentación». (Algaida).

MULTICULTURALISMO. «El multiculturalismo, que pone el énfasis en respetar y proteger las diferencias». (Anaya-Entreculturas).

HISTORIA. España y otros Estados como Alemania o Italia se han formado como consecuencia de la unión de entidades políticas preexistentes con diversos idiomas, leyes, costumbres y creeencias religiosas, es decir, con culturas diferentes». Ed. Bruño).

POBREZA. «La pobreza y las diferencias que debían desaparecer crecieron y crecen por todas partes. La guerra y los enfrentamientos se multiplican por todo el planeta y adquieren nuevos sentidos». (Del Serbal).

GLOBALIZACIÓN. «En la globalización pueden encontrarse aspectos positivos y negativos. Este fenómeno se ha comparado al fuego, que puede destruir bosques pero también puede calentarnos y fundir metales para fabricar herramientas» (Bruño).

ECONOMÍA. «Los países desarrollados en buena medida lo son porque históricamente colocaron a los países más pobres a su servicio y los han mantenido así». (Del Serbal).

«El idioma español mantiene su rumbo ancho y seguro, ajeno a los vendavales»
ANTONIO ASTORGA | MADRID ABC 30 Enero 2009

En América verán la luz la Ortografía y el Diccionario de los Americanismos
La publicación del Diccionario Académico de Americanismos, que contará con 100.000 entradas, y de la nueva Ortografía, que no modificará las normas vigentes, serán dos de las grandes estrellas del V Congreso Internacional de la Lengua de Valparaíso. En un acto celebrado en el edificio del Consejo de Ministros ayer -en el que, junto a Rodríguez Zapatero, intervinieron el director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha; la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, y la ministra chilena de Cultura, Paula Urrutia-, se subrayó que en el Congreso de Chile -cuyo lema es «América en la lengua española»- se vestirá de largo la «Nueva Gramática de la Lengua Española» (que verá la luz en diciembre de este año). Y de corto, el Diccionario académico de americanismos, que recogerá el léxico contrastivo, propio sólo del español americano, y la nueva Ortografía, que presentará las normas «mejor contextualizadas y razonadas para evitar imprecisiones».

El español (idioma) no se encuentra en crisis. Lo certificó ayer, así, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al presentar en el Palacio de la Moncloa el V Congreso de la Lengua Española, que acogerá la ciudad chilena de Valparaíso en marzo de 2010: «Es la tercera lengua [sin embargo, la Unesco la sitúa en cuarto lugar] más hablada del mundo y el número de hispanohablantes crece a un ritmo anual del 10 por ciento. Es la lengua oficial de más de 20 países y la segunda en los Estados Unidos, donde a mediados del siglo XXI será hablada por 130 millones de personas». Unas cifras que le llevaron a abrochar estas letras: «El español mantiene su rumbo ancho y seguro, ajeno a las turbulencias, cuando no vendavales, que en estos tiempos nos zarandean a todos».

Zapatero se enorgulleció del creciente valor económico del español y animó a hacer un esfuerzo para fomentar la presencia del idioma en internet, que «aún creciente, no se corresponde con la fuerza que ostenta». Sostuvo que nuestro idioma se caracteriza por ser una lengua de acogida, «como está demostrando el Instituto Cervantes difundiendo la riqueza tanto de las lenguas cooficiales de España, el gallego, el vasco y el catalán, como de las autóctonas iberoamericanas, sin las cuales no es concebible nuestro Patrimonio».

En el V Congreso de la Lengua Española de Valparaíso se prestará especial atención a la implantación de los estudios de Lengua Española en países de habla no hispana, anunció Zapatero: «Como Brasil, donde el Gobierno ha impulsado decididamente su enseñanza en una acción de gran calado, o Estados Unidos, donde el crecimiento de la fuerza del español es extraordinario». Es la América, según Zapatero, «con la que vamos a celebrar nuestra historia común, puesto que, a partir de ahora, estos Congresos de la Lengua formarán parte de las actividades de conmemoración de los Bicentenarios de las Independencias Iberoamericanas que servirán para mejor reconocer y honrar nuestra fraternidad y forjar una colaboración intensa».

El Congreso, que será inaugurado por Mario Vargas Llosa, Jorge Edwards y Emilio Lledó, homenajeará al oceánico Pablo Neruda y a la luchadora Gabriela Mistral -Nobel chilenos-, de quienes se editarán ediciones populares conmemorativas de su poesía con materiales inéditos; a Andrés Bello -«el mejor maestro de proyección global para la cultura de habla española», según José Martí; a la poesía hispanoamericana contemporánea, a la emoción de Nicanor Parra y a Gonzalo Rojas, poeta del amor.


****************** Sección "bilingüe" ***********************

Aprender bien el castellano
IMPRESIONES EL MUNDO 30 Enero 2009

EL CASO de Eduardo, un padre de familia de Barcelona que no logra que se respeten los derechos lingüísticos de su hijo, pone en evidencia el absurdo de un sistema educativo que no sólo no cumple la ley, sino que la tuerce hasta extremos surrealistas. No se puede entender de otra manera el caso de este estudiante de Primaria que, ante la petición expresa de su padre, logra un compromiso de la escuela de recibir un trato personalizado en su lengua, y eso se traslada al absurdo de que le dejen rellenar en castellano los campos abiertos en los ejercicios de su libro de texto, pese a que las preguntas y ejemplos y la explicación en sí están en lengua catalana.

La imposibilidad material de obtener un manual de texto escolar en catalán que sea la traducción literal del libro que usan sus compañeros supone, en la práctica, una barrera infranqueable, y así es como el pequeño aprende un chapurreo lingüístico que no es ni catalán ni castellano. Flaco favor se le hace a él y a cualquier lengua que intente aprender en estas circunstancias.La reapertura de la investigación por parte del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, puede ayudar a reparar esta injusticia, y a que Educación asuma que el cumplimiento de la ley de política lingüística no está reñida con la lógica de respetar el derecho a que un niño de seis años aprenda la lengua de sus padres, que es además lengua oficial en la comunidad donde reside.
 

Linguocracia o la utilización política de la lengua
Los nacionalistas, socios privilegiados del Gobierno, buscan ejercer un reduccionismo lingüístico
JOSÉ LUIS POYAL – LA NUEVA ESPAÑA 30 Enero 2009

No existe ningún país del mundo, salvo España, que niegue a los padres el derecho a que sus hijos sean escolarizados en la lengua oficial común. En este tema, a pesar de lo señalado en el artículo 3 de la Constitución, el Estado ha sido tan incauto que lo ha dejado todo en manos de los gobiernos autónomos, algunos de los cuales, con deslealtad manifiesta, están utilizando la lengua como instrumento disociador.

La ruptura se plasmó ya en el Estatuto catalán de 1979, que señalaba al catalán como la lengua propia de Cataluña, pasando por encima de que el 53 por ciento de catalanes consideran el castellano como lengua materna y que la sociedad catalana es bilingüe al menos desde hace quinientos años y de momento se mantiene así a pesar de inmersiones y coacciones.

Pero, dicho esto, hay que añadir que el actual Gobierno tripartito de Montilla está dando nuevas vueltas de tuerca para un reduccionismo lingüístico que se está imitando en Galicia, Euskadi, Baleares -y algunos más tapadamente- y que puede desembocar en conflictos sociales, porque si a nivel de práctica ciudadana se convive, hasta ahora, en un bilingüismo ejemplar y práctico, el tema se envenena cuando se introducen normativas discriminatorias e imposiciones, creando dos clases de ciudadanos e impidiendo que la convivencia pacífica en la calle se traslade a las instituciones.

Los nacionalistas catalanes y sus imitadores posteriores inventaron la normalización lingüística para imponer la lengua autóctona frente a la lengua oficial de todos los españoles. Pero no solamente como un paso hacia un hipotético secesionismo urgente, sino como factor de dominio. Estos nacionalistas, socios privilegiados del Gobierno, son los promotores de ese proceso que se llama «linguocracia» -perdón por el palabro-, que es la utilización política de la lengua, en una maniobra torticera de aprovechamiento, interesado y excluyente, en todas las áreas de actividad social, administración pública, cultura, educación, sanidad, etcétera.

No hay muchos motivos para pensar que esta situación se reconduzca a corto plazo, cuando la preocupación del momento es la supervivencia, aunque no hay que olvidar que la «linguocracia» tiene un fuerte impacto económico y laboral y sirve de arma para seleccionar a españoles y emigrantes en el reparto de ese bien tan escaso que es el empleo.

El Grupo Popular acaba de presentar en el Congreso una proposición de ley para la reforma de la ley Orgánica de Educación que sirva para garantizar la enseñanza «del castellano y en castellano» en todas las etapas educativas y el derecho de los padres a elegir «la lengua en que se educa a sus hijos en las comunidades bilingües» y se aboga por «un bilingüismo equilibrado, armónico y cordial». Rosa Díez lo anda defendiendo en todos los foros. Y con gran contundencia.

Las lenguas pertenecen a los individuos, no a los territorios.

Ruego a ZP por el catalán en Europa
EL MUNDO 30 Enero 2009

El presidente de la Generalitat, José Montilla, pidió ayer al del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que aproveche la presidencia de turno de España de la Unión Europea (UE) para defender la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.

«Es una oportunidad inmejorable» para impulsar el uso de la lengua propia de Cataluña en el Parlamento Europeo, indicó ayer el mandatario catalán en declaraciones a TV3.

«Hemos propuesto al Gobierno de España revisar y mejorar los acuerdos actuales entre el Estado y las instituciones de la UE para el uso de las lenguas oficiales. En el caso de la eurocámara, queremos concluir un acuerdo para el uso de estas lenguas también en el pleno», añadió Montilla.

El diputado de CiU y responsable de los asuntos idiomáticos en la federación, Carles Puigdemont, puso en duda que el Gobierno español trabaje por la presencia del catalán en Europa. En su opinión, Montilla «no está interesado en poner sobre la mesa este debate», pues «antepone los intereses de partido a los de la Generalitat».

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACION / La elección de la lengua
El Síndic investigará la falta de libros de texto en castellano
El Defensor del Pueblo catalán reabre el expediente que había archivado tras la denuncia del padre afectado en EL MUNDO

XIANA SICCARDI - EL MUNDO 30 Enero 2009

El Síndic de Greuges -el Defensor del Pueblo catalán- ha rectificado su opinión sobre el caso de Eduardo L., un padre de Barcelona que pidió reiteradamente su ayuda para que su hijo, que estudia en lengua castellana, pudiera tener libros de texto también en esta lengua. Inicialmente, el Defensor dio carpetazo al asunto al no ver «irregularidades» en la actuación de la Generalitat, pero hace unos días ha rectificado y ha decidido reabrir la investigación.

El caso de Eduardo, que fue denunciado por EL MUNDO hace dos semanas, surgió cuando su hijo empezó a estudiar Primaria. La ley permite que los alumnos menores de ocho años puedan estudiar en su lengua materna, que en el caso del hijo de Eduardo es la castellana, y el colegio se comprometió a ofrecerle un «relativo trato personalizado» en español, dentro de una clase cuya lengua vehicular es el catalán.

El padre del niño buscó libros de texto en español, pero no encontró ninguno que se correspondiera con los contenidos de los de sus compañeros. Por ejemplo, en la página 24 de Naturales había un temario completamente diferente, lo que hacía «imposible seguir bien una clase», denunció Eduardo a este diario.

Con este sistema ha estudiado el niño desde entonces, como se ejemplifica en el ejercicio que se reproduce en esta página, en el que el pequeño debía responder en castellano a construcciones lingüísticas planteadas en catalán.

El Departamento de Educación de la Generalitat no ha respondido a sus reiteradas quejas. Sólo lo hizo el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el 30 de octubre de 2008. Mediante una carta afirmaba que, aunque el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza, y aun existiendo el derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, la normativa «no establece los medios para hacerla efectiva (como obligar a las editoriales a disponer de una traducción al castellano del material didáctico) y, por tanto, el hecho de concretarlos forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración, sin que se le pueda imponer una determinada manera de hacerlo».

Con esta afirmación, el Síndic daba carpetazo al asunto al afirmar que, dadas las circunstancias, no le constaba ninguna actuación «irregular» por parte de la Generalitat.

La sorpresa le llegó a Eduardo días después, en una carta que el Síndic teóricamente escribió el 16 de enero, aunque el registro de salida hace constar el 19 de enero, el mismo día que EL MUNDO publicó el caso.

En su nueva carta, el Síndic vuelve a abrir la investigación.Concretamente, dice que, tras examinar su última queja, le comunica que «con fecha de hoy» se ha «dirigido al Departamento de Educación solicitándole» que le «amplíe la información que en su día» le facilitó y poniéndole en antecedentes.

Dice, además, que ha pedido a la Generalitat «que lo antes posible dé respuesta expresa a los escritos» que Eduardo presentó en relación con este asunto, y Ribó dice estar «a la espera» de la respuesta de la Administración. «Tan pronto como la haya recibido, continuaré con el estudio de su caso y le mantendré puntualmente informado de las resoluciones y sugerencias que se adopten», finaliza la misiva.

Por otro lado, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, consideró ayer que la proposición de reforma de la Ley Orgánica de Educación del PP para garantizar la enseñanza en castellano le hace un «flaco favor» a la educación y a las lenguas oficiales de España.El conseller de Educación de la Generalitat, Ernest Maragall, apuntó ayer como ejemplo de «normalidad y naturalidad lingüística» los niños del colegio Arenal de Llevant de Barcelona, que visitó con la ministra, ya que se expresan en dos lenguas. «Tres, también en inglés», apuntó Cabrera.

El euskera del siglo XXI

EDITORIAL El Correo 30 Enero 2009

El documento 'Euskara 21', fruto de un periodo de reflexión que ha implicado a expertos multidisciplinares, agentes sociales y políticos, tiene la virtud de devolver el euskera al espacio obligado de toda política lingüística que persiga la integración: el consenso. Sin complicidad social y sin un respeto escrupuloso por los derechos individuales de los ciudadanos, cualquier estrategia estará condenada al fracaso y, lo que es peor, se convertirá en un elemento fraccionador. La gestión del trabajo presentado ayer en San Sebastián, un lento proceso de maduración hasta encontrar unas mínimas bases sólidas y mayoritariamente asumidas, debería alentar en los dirigentes políticos un espíritu de confluencia similar al que propiciaron, hace más de un cuarto de siglo, los acuerdos de normalización lingüística. En este tiempo se ha producido un espectacular avance del idioma en el sistema educativo, incluido el universitario, y en los servicios de la Administración y se ha desarrollado una red de medios de comunicación en euskera, así como una específica industria editorial y de ocio. Pero este creciente conocimiento de la lengua no se ha traducido en su 'socialización' y corre el riesgo de convertirse, fuera de sus ámbitos históricamente naturales, en un idioma académico y funcionarial, pero sin fibra ciudadana.

La eclosión del euskera como lengua coloquial es, desde hace años, el gran objetivo de las autoridades lingüísticas. Y más desde que el Consejo Asesor denunciara la incapacidad del sistema de modelos implantados en la enseñanza para lograr ciudadanos bilingües. Un diagnóstico que el Gobierno vasco, durante esta legislatura, ha interpretado como un mandato apresurado y puramente ejecutivo, sin importar que proyectos y decretos brotaran sin el deseable respaldo mayoritario y transversal. Este empecinamiento 'normativo' ha herido sensibilidades, abierto frentes y minusvalorado, a los ojos de muchos ciudadanos, el castellano, uno de los dos idiomas cooficiales del país y conocido y hablado por toda su población. 'Euskara 21' puede ser un buen punto de partida para recuperar ese consenso social y político imprescindible. Siempre que se respete su esencia integradora y el afán incluyente y no discriminador del que, según sus firmantes, surgen sus recomendaciones e iniciativas, y que las metas temporales no se conviertan en una obsesión.

educación
El Gobierno vasco sienta las bases para un consenso político que impulse el euskera
El Consejo Asesor aboga por fomentar el uso de la lengua sin «maximalismos ni imposiciones»
M. F. VALLEJO El Correo 30 Enero 2009

SAN SEBASTIÁN
El reto era diseñar unas bases para la política lingüística del siglo XXI que suscitase un amplio consenso en la sociedad e impulsara el uso de la lengua vasca. Los miembros de la comisión del Consejo Asesor del Euskera que han elaborado la propuesta junto con el viceconsejero Patxi Baztarrika presentaron ayer el documento 'Euskara 21. Hacia un pacto renovado', con la convicción absoluta de haberlo logrado. Baztarrika adelantó que cualquiera que sea el color del futuro Gobierno vasco deberá apoyarse en este plan porque cuenta con el visto bueno de diferentes sensibilidades ideológicas y políticas.

Las claves son la búsqueda de acuerdos -«a través de la persuasión, con firmeza democrática y sin maximalismos ni imposiciones»-, la adhesión de la ciudadanía y adecuar las políticas a la realidad sociolingüística de cada zona. «Esto es lo que exige la sociedad», destacó en referencia al texto, la apuesta en la que se ha volcado este área en manos del PNV.
La viceconsejería de Política Lingüística está tan segura del éxito de su propuesta por una razón simple: sentó en la mesa de debate a expertos de actitudes hacia al euskera muy distanciadas, y consiguió un texto consensuado. «Ha requerido un gran esfuerzo de integración de muchos puntos de vista. Hemos logrado llegar a acuerdos entre verdaderos 'militantes' del euskera y representantes del PP. No hemos negociado, nos hemos convencido», resumió Baztarrika, que hizo gala ayer de un gran entusiasmo por el grado de aceptación del documento. El texto, elaborado por una comisión del Consejo Asesor del Euskera liderada por Aurelia Arkotxa, Lore Erriondo, Alberto López Basaguren, Eneko Oregi, Pello Salaburu, Erramun Osa y Patxi Baztarrika, recoge aportaciones de expertos de diferentes ámbitos, ciudadanos, y agentes sociales y políticos, durante un proceso de reflexión que ha durado un año.

El debate no ha sido fácil, dejaron entrever los miembros de la comisión, en un contexto en el que la exigencia del euskera para ocupar plazas en la Administración y su impulso en la escuela ha suscitado el rechazo de diversos sectores. «Hemos logrado un lenguaje común entre el 'talibán' y el que habríamos denominado hasta ahora 'antivasco' por su postura alejada del euskera», comentó Eneko Oregi. «Se ha llegado a un acuerdo profundo después de largas horas de discusiones, un pacto para sentar las bases que permitirán a los gobiernos diseñar con éxito las futuras políticas lingüísticas. Los sectores que no se acojan a estos fundamentos de consenso será difícil que mantengan los discursos que sostenían hasta ahora... », añadió López Basaguren.

Pello Salaburu describió el punto de partida: «Esta es una sociedad muy compleja y se trata de un tema sensible, por lo que habrá que buscar siempre el consenso, acuerdo y respeto mutuo para lograr el pacto». El documento aboga, destacó, por adaptar los ritmos de implantación de cualquier medida a la realidad sociolingüística de cada zona.

Hay un ejemplo de que las reglas del juego se han marcado ya: la reforma de modelos lingüísticos que proponía la consejería de Educación en manos de EA. El propio PNV puso el veto a la propuesta de Tontxu Campos, porque el consejero dio la espalda al documento de Política Lingüística. A la iniciativa ya le han hecho guiños desde el PSE. Los socialistas vascos apuntaron que respaldarían un modelo educativo que se apoyara en las recomendaciones del Consejo Asesor del Euskera.

Adhesión ciudadana
El documento que presentó ayer la viceconsejería de Política Lingüística en San Sebastián responde a una pregunta: ¿Qué hay que hacer para que el euskera avance? «Hay que conseguir un consenso social y político mayor que el actual», resumió Baztarrika. «Una condición imprescindible porque en una sociedad plural como la nuestra las cuestiones lingüísticas inciden en la convivencia», advirtió. La propuesta de los expertos del Consejo Asesor destaca la necesidad de lograr la adhesión de los ciudadanos por medio de la persuasión, hacer atractivo el euskera, alejarlo de los «avatares y peleas políticas», y marcar unos ritmos adecuados y objetivos alcanzables.

El documento avala la necesidad de que exista «una política lingüística». «No hay más que comparar la situación en el País Vasco con Navarra e Iparralde», apuntó el viceconsejero. Una política flexible, dijo, pero que exigirá un esfuerzo a los ciudadanos. «No resultaría viable un compromiso que forzara la voluntad y la capacidad de la mayoría de la ciudadanía, pero tampoco sería aceptable no apostar por la lengua más débil. Todos deberemos movernos de nuestras posiciones, pero un poco más aquellos sectores sociopolíticos que hasta ahora se han mantenido alejados del euskera», concluyó.

Los sindicatos, al servicio del bipartito gallego
 Periodista Digital 30 Enero 2009

Las centrales sindicales gallegas acaban de recibir para este año 2.325.958 euros procedentes de las arcas de la Xunta. Esto significa que cada contribuyente gallego aporta anualmente 2,40 euros -400 pesetas- sólo para aliviar los apuros económicos de unos sindicatos rendidos, claro está, al Ejecutivo autonómico de Pérez Touriño y Quintana.

Según cuenta la revista Época, estos importes y sus conceptos pueden ser consultados en el Diario Oficial de Galicia (DOGA) del 15 de enero de 2009. Los sindicatos más beneficiados han sido UGT Galicia, con 776.848 recibidos, la Confederación Intersindical Gallega (CIG), con 719.994 euros y CCOO, que recibió 712.547 euros. Si a ello sumamos el dinero procedente del Fondo Social Europeo o el que han percibido de cada una de las autonomías, la cuantía se dispara a una cifra muy superior.

Esta cantidad sorprende en cuanto a que supera casi en un millón de euros la última subvención recogida en el DOGA, de 28 de diciembre 2004, que aportó el Gobierno de Fraga a los sindicatos gallegos: 1.542.583 euros. Los conceptos de la ayuda, los mismos: planes de formación, actividades sindicales y creación y mantenimiento de gabinetes de asesoramiento en materia de economía social.

Estos números, cuando menos, obligan a cuestionar la independencia de los sindicatos y su subordinación al poder político, muy lejos de defender desde la libertad los derechos de los trabajadores. Las primeras reacciones no se han hecho esperar.

Nombramientos a dedo
Según publicaba La Voz de Galicia la pasada semana, el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, dependiente de la Vicepresidencia de la Xunta, que gestiona el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), acaba de convocar para dentro de cinco semanas -para las elecciones autonómicas del 1 de marzo- un total de 271 plazas de empleo público de personal fijo correspondiente a 2008, de las que 176 corresponden a galescolas

Miles de gallegos estarían dispuestos a desgastarse los codos estudiando el temario para hacerse en justa batalla con una de esas plazas, pero seguramente no serán tantos porque la gente no vive en Belén con los pastores como parece creer el Gobierno de Galicia.

A diferencia de las oposiciones que se han creado para acceder a a puestos de personal administrativo de la Xunta de Galicia, las bases de Vicepresidencia para su oposición están redactadas con la intención de asegurar que consigan las plazas los que ya están trabajando en las galescolas y en las residencias que fueron abiertas en los últimos meses, elegidos en su mayoría a dedo o por recomendación.

Estas asignaciones fueron denunciadas en su día por la CIG, sindicato afín al BNG. Concretamente el 24 de octubre de 2007, La Voz de Galicia recogía las acusaciones del sindicato: “El vicepresidente convoca pruebas ‘sin bases, sin temarios y sin ninguna garantía’”. Acusaban así a Anxo Quintana de conceder prioridad a la entrevista personal en el proceso de selección y de designar cargos “nombrados a dedo”.

“El primero y cabeza visible es el señor Lois Castrillo”, que es el gerente del Consorcio Gallego de Servicios e Igualdad y Bienestar y ex alcalde de Vigo por el BNG. Otro caso fue el de la ex candidata nacionalista a concejal del Concejo de Ames, Pilar Candocia.

Mientras en las listas del BNG ya figuraba Candocia como responsable del Área de Igualdad del Consorcio de Servicios Sociales, ésta aparecía al mismo tiempo como aspirante a este puesto junto a otras 36 personas en las listas que se publicaron en la web del consorcio.

Más información en la revista Época.

Montilla avisa que evitará “que brote el conflicto lingüístico en contra de los que han hecho suya esta causa”
LA VOZ DE BARCELONA  30 Enero 2009

El presidente de la Generalidad, José Montilla, ha anunciado su determinación “a evitar que brote el conflicto lingüístico en Cataluña en contra de los que han hecho suya esta causa” y ha señalado que la lengua catalana “ha de ser vista y respetada como una lengua de prestigio y progreso social por los recién llegados”.

Durante su intervención en el encuentro ‘Nuevas ideas en tiempo de crisis’, organizada por la Fundación Rafael Campalans, el líder del PSC ha declarado este viernes que “la lengua ha de ser un vehículo de acogida e integración” pero ha asegurado que “actuando con confianza, rigor y generosidad siempre se avanzará más que con imposiciones y sanciones”.

“Las personas recién llegadas han de tener acceso al catalán y lo han de ver como un logro y un buen camino para sentirse acogidos”, ha insistido. “La coexistencia de dos lenguas oficiales en Cataluña no ha de suponer ningún problema si somos fieles al principio de no dividir la sociedad por razones de lengua“, ha añadido Montilla.

También ha manifestado que “sería incoherente que los inmigrantes que llevan a los hijos a la escuela vean que la sociedad que les acoge desiste o renuncia al objetivo de extender el uso social de la lengua en la educación“.

“A mi parecer, la cuestión central del catalanismo renovado no puede ser otra que la permanente construcción de la identidad de Cataluña y la integración social de la nueva inmigración”, ha dicho.

Según el primer secretario del PSC, “Cataluña necesita renovar el imaginario cultural para asumir la diversidad de la sociedad y construir una síntesis integradora”, así como “formar un ideal de ciudadanía catalana atractivo, inclusivo y abierto”.

Galicia Bilingüe asesora por carta a comercios y firmas de La Coruña
ABC Galicia 30 Enero 2009

LA CORUÑA. La asociación Galicia Bilingüe no escatima esfuerzos en la defensa de lo que considera libertad de elección. En su particular batalla en contra de las imposiciones del gobierno en materia lingüística y las actuaciones de la Mesa pola Normalización Lingüística (MNL), le ha tocado el turno a empresarios y comerciantes de La Coruña. Galicia Bilingüe les remitirá información para contrarrestar las polémicas misivas publicadas en los últimos meses, en las que la MNL informaba de la apertura de expedientes a los comercios por su supuesto incumplimiento de la Ley de Normalización.

Así, más de 8.000 misivas informan a este colectivo sobre sus demandas y reivindicaciones y ofrecen asesoramiento ante «las campañas de acoso protagonizadas regularmente por la denominada Mesa pola Normalización Lingüística».

En el escrito, animan a los destinatarios a tomar parte en la manifestación convocada el próximo 8 de febrero en Santiago, que partirá a las 12.00 horas de la Alameda de la ciudad y que tendrá como lema «Galicia es bilingüe. Quiero libertad para elegir». La carta informa a los comerciantes de que Galicia Bilingüe lleva más de un año proponiendo que los gallegos puedan elegir libremente la lengua oficial en la que se relacionan con la Administración y en la que reciben sus servicios, incluidos la Educación y la Sanidad, «como ocurre en cualquier país democrático con más de un idioma oficial».

Asimismo, hace especial hincapié en el sinsentido que supone hablar de lenguas oficiales en el ámbito privado, pues consideran que «cada ciudadano debe ser libre de emplear la que estime oportuno y crea más conveniente».

A este respecto, puntualizan que este principio, trasladado a la actividad comercial, implica «rechazar cualquier precepto que obligue a usar un idioma determinado, sea el que sea, salvo para documentación de carácter administrativo, como las hojas de reclamaciones o las tarifas oficiales».

En este sentido, la asociación afirma ante los empresarios que cree, modestamente, que su actividad y la presión ejercida públicamente con sus denuncias han logrado frenar, al menos momentáneamente, la pretensión de los dirigentes de la Xunta de Galicia de «obligar a los comerciantes a rotular su publicidad u ofertas en lengua gallega».

Acoso e intimidación
La asociación expresa aún mayor rechazo hacia «campañas de acoso e intimidación como las que protagoniza con frecuencia la denominada Mesa pola Normalización Lingüística, métodos de presión no sólo dirigidos a comercios, sino a colegios y a todo tipo de empresas, y que pudieran ser incluso ilícitos por ir revestidos de un falso ropaje administrativo».

Galicia Bilingüe se pone de este modo a disposición de los receptores de las misivas, de cara a defender su libertad a la hora de emplear en el desarrollo de su actividad la lengua o lenguas que estimen oportunas para el buen devenir de su negocio, así como para canalizar cualquier denuncia ante las instancias oportunas sobre cualquier intento de presión o coacción del que sean víctimas.

administración
Los opositores exigen excluir de la lista de interinos a quienes no acreditaron saber gallego
Jesús Manuel García La Voz 30 Enero 2009

La Asociación Galega de Opositores exige que la Xunta elabore una nueva lista de interinos y sustitutos para el presente curso académico en la que se tengan en cuenta los resultados del proceso selectivo del 2008 para el acceso a los cuerpos docentes, al tiempo que solicita que se expulse del listado a aquellas personas que no acreditaron el conocimiento de gallego. Esta es la principal reclamación que expusieron los representantes legales de los opositores en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago tras la denuncia de la asociación contra la Consellería de Educación, que quedó ayer vista para sentencia.

El abogado Eduardo Pérez Mazaira, representante de los denunciantes, expuso al juez que la Xunta ha de rehacer una lista única de interinos y sustitutos formada por aquellos opositores «que no superaron el procedimiento selectivo para acceso a cuerpos docentes del 2008, intercalándose por el orden de puntuación obtenida».

Hay 208 personas que no se presentaron al proceso selectivo del 2008 y «deben ser excluidas de las listas de interinos y sustitutos del año 2008-2009 y debe condenarse a la Administración a que las excluya», añade. También piden excluir a quienes hayan hecho el procedimiento selectivo en otra Administración educativa pero no hayan presentado ante Educación antes del 31 de julio del 2007 certificado de haber hecho la prueba.

Asignaturas en gallego
Los afectados reclaman que se condene a la Xunta a excluir a quienes no hayan acreditado conocimiento del gallego en la selección, ya que un decreto del 2007 exige que se imparta cierto número de asignaturas en gallego. «De ahí que interinos y sustitutos acrediten los conocimientos de gallego, de lo contrario malamente podrán enseñar tales materias a los alumnos», expuso la parte denunciante. Por ello piden expulsar de la lista del presente curso académico a los interinos y sustitutos que no hayan acreditado estos conocimientos lingüísticos.


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