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Recortes de Prensa    Sábado 31 Enero 2009

Educación para la Ciudadanía
Una propuesta didáctica
Las consejerías gobernadas por los populares pueden poner en marcha libros, materiales didácticos y la formación de un profesorado específico, todo encaminado a impartir una auténtica educación para la ciudadanía, inobjetable, sin rastro de sectarismo.
José María Marco Libertad Digital 31 Enero 2009

En Bollullos del Condado, Sevilla, viven los únicos padres que por el momento se han visto afectados por la sentencia del Tribunal Supremo contra la objeción a la asignatura de Ciudadanía. No se han resignado. Son personas humildes, que a lo mejor difícilmente se habrían movilizado, como tantos otros miles, si ellos mismos no hubieran puesto el objetivo allí donde creyeron que había que ponerlo: en dirimir un pleito, tan antiguo como la convivencia en sociedad, entre la conciencia y la ley. Los padres de Bollullos han insistido, dicho sea de paso, en que no quieren ir contra la ley y su confianza se ve corroborada por la voluntad, que ya han manifestado, de recurrir al Constitucional.

Se entiende que se diga, como muy bien argumentaba aquí José Luis Requero, que la objeción estaba condenada de antemano. Pero también es verdad que así es como ha salido adelante uno de los movimientos cívicos más valientes, más consistentes y más influyentes de la historia cultural española. Por primera vez, un grupo de ciudadanos españoles le ha plantado cara a la corrección política, al relativismo, al totalitarismo postmoderno y, en contra de lo que parece, van camino de ganar.

Ha sido un ejemplo para todo el movimiento cívico español, que ha visto la repercusión política, mediática y social que pueden alcanzar personas dispuestas a plantar cara al monstruo.

Además, la sentencia del Supremo no pone fin al debate jurídico. Al contrario, lo abre a una perspectiva distinta. El Tribunal Supremo no tiene ninguna posibilidad de controlar la ejecución de sus recomendaciones, pero parece que deja abierta la posibilidad de recurso en caso de que no se cumplan. El Gobierno tendrá que tener en cuenta esta posibilidad, aunque por el momento vaya proclamando su victoria –pírrica– sobre la reacción y la carcundia.

También el Partido Popular puede demostrar su disposición a comprender lo mucho que ha cambiado la realidad española en estos últimos cinco años. Habiéndose lucido tan poco en un asunto que habría sido un sueño para cualquier partido político, tiene ahora una excelente oportunidad para aclarar su posición y proporcionar una salida a la situación. Las consejerías de Educación gobernadas por los populares pueden poner en marcha libros, materiales didácticos y la formación de un profesorado específico, todo encaminado a impartir una auténtica educación para la ciudadanía, inobjetable, centrada en los aspectos políticos de la convivencia, sin rastro del sectarismo y la obscenidad que impregna la actual asignatura.

¿Se atreverán a hacerlo? ¿Tendrán ganas? ¿No se aburrirán en el camino? Por ahora tienen algunos meses por delante para demostrar que han aprendido su particular lección de ciudadanía.

Crisis en España
Ya lo ha explicado el FMI
El Gobierno está más comprometido con la vertiente publicitaria de sus escasas y, las más de las veces, inútiles acciones que en diseñar un plan no para vivir en crisis sino para contrarrestar la depresión reduciendo sus efectos.
José T. Raga Libertad Digital 31 Enero 2009

Tras las nuevas y fundamentadas previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española –unos días antes se había pronunciado en idéntico sentido la Comisión Europea–, resulta ya innecesario que el señor presidente del Gobierno acuda al Congreso de los Diputados para tratar de explicar la recesión económica en España, sus consecuencias económicas y sociales, y sus posibles soluciones. Sin embargo, el espectáculo político del PSOE y de las formaciones complacientes con él, bloqueando la decisión que requería la presencia del señor presidente ante los representantes de la voluntad popular, ha quedado fijado de manera indubitada como un acto vergonzoso de la historia parlamentaria, mediante el cual el poder legislativo renuncia a conocer la realidad en la que vive la Nación y las ideas del Ejecutivo, si es que existiera alguna, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Personalmente, nunca pensé que su presencia fuera a explicar algo que en sí mismo fuera congruente, y menos aún que tuviera algo que ver con la realidad. Ya son cinco años de filípicas, de énfasis esdrújulos en frases vacías de contenido, de movimientos repetitivos, aunque acompasados, de manos, hombros y miradas que a nadie se dirigen, y todo ello con el propósito de diseñar un escenario idílico, capaz de embaucar a quienes viendo la tormenta se ponen la mano en la cabeza para protegerse de ella. Refugiado en el dogmatismo, dice y desdice con la misma serenidad y desparpajo que la de aquel que, siguiendo al refranero, nunca ha roto un plato.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, y no el del señor Rato que estaba siendo investido Doctor por el Universidad Rey Juan Carlos, no ha tenido la mínima consideración a la hora de corregir al Gobierno español en sus más pesimistas previsiones, acentuando la gravedad de la situación y fijando un pronóstico que tenemos que reconocer, con tristeza, que se sitúa ya en el entorno de las previsiones realizadas por técnicos, políticos y agentes sociales desde mediados de 2006.

Soy consciente de la especial predilección que el presidente Rodríguez Zapatero tiene a los meses de marzo. A marzo se ha referido con frecuencia, como los idus en los que todos los males encuentran su solución. Aún están presentes sus recientes manifestaciones de que en el marzo próximo –sí, dentro de dos meses– se empezaría a crear empleo con un repunte claro de la economía nacional. Bien es verdad que después matizó retrasando algo la fecha comprometida, pero ahí queda la visión del estadista por si a alguien convence. Y la verdad es que él sabe que hay quien está deseoso de dejarse convencer. Aunque no por eso deja de quejarse cuando vive la situación real que, fatalmente, es la que es, sin que sobre ella ejerza influencia la convicción.

Pues bien, el Fondo Monetario Internacional se muestra implacable: ni marzo, ni abril, ni diciembre de 2009, ni siquiera el año 2010. España vivirá en recesión durante el año 2009, con una contracción prevista del Producto Interior Bruto del 1,7%, y seguirá en su escenario de recesión en el año 2010, en el que se prevé un retroceso del PIB del 0,1%. Ya sé que el Gobierno considera que el FMI, la Unión Europea, la OCDE y cuantos organismos vaticinen malos augurios para la economía gestionada por el Gobierno de España se equivocan con mucha asiduidad, pero da la casualidad de que los españoles que aún tenemos la fortuna de pensar en libertad, y de expresar igualmente lo que pensamos, tenemos muestras más que sobradas para pensar que o el Gobierno no sabe por donde va, hundido en la propia confusión de manifestaciones y contra-manifestaciones, o siendo consciente de la gravedad de la situación y de su incierto futuro –en definitiva tiene más información que nadie para ello– quiere engañar a los españoles, bien para conseguir un aprobado fraudulento a su gestión, bien al menos para que no se le revuelvan demasiado los agentes sociales y la misma sociedad, con aquella aspiración, tan enraizada en nuestro ser, de tener la fiesta en paz.

Sólo así se explica que, mientras la economía se deteriora paulatinamente, vemos disminuir el Producto Interior Bruto, aumenta de forma alarmante el volumen de desempleo, crece sin compasión el déficit público y la deuda del Estado, y el sistema financiero, con desigualdades, anda a trancas y barrancas, el Gobierno esté más comprometido con la vertiente publicitaria de sus escasas y, las más de las veces, inútiles acciones que en diseñar un plan no para vivir en crisis sino para contrarrestar la depresión reduciendo sus efectos. El señor presidente, por su parte, se inclina más por sus apariciones estelares –no me refiero a la brillantez intelectual sino al estrellato en los medios– que en ir, exponer, contrastar y convencer a las Cortes de sus pertinentes ideas para afrontar la difícil situación económica española que, junto con la italiana, nos sitúa a la cola de los países de la OCDE.

Se queja de que se siente sólo y, en momentos de especial clarividencia y honestidad, llega a afirmar que el Gobierno solo no puede resolver los problemas que hoy tiene planteados la economía de la Nación. Lo comprendo, pero sólo una metodología que conduzca a la convicción podrá llevarle al apoyo general apetecido. Tenga en cuenta que, aunque hay quien sigue practicando el hábito de las adhesiones incondicionales, éstas, a Dios gracias, quedaron enterradas en aquella memoria histórica que usted trata de resucitar, cuando el pueblo español optó por la democracia.

CÓMO ESTÁ EL PATIO
Zapatero y el materialismo legislativo
Por Pablo Molina LIBERTAD DIGITAL  31 Enero 2009

Un rasgo distintivo del progresismo es su desprecio hacia el orden natural de las cosas. No se trata de algo casual, sino de un requisito necesario para su plan de transformar la sociedad en función de patrones ideológicos. Al progre de izquierdas no le gusta la realidad ni la forma en que la sociedad se organiza espontáneamente, de ahí su propósito permanente de subvertir los valores en que se fundan las relaciones humanas.

Pero esta tarea de subversión necesita revestirse de cierta legitimidad bajo el imperio de la democracia, porque de lo contrario la injusticia del abuso se haría demasiado evidente. Las leyes –o, más específicamente, el Boletín Oficial del Estado– son el instrumento de que se valen para legitimar las tropelías que cometen desde el poder.

Para la mentalidad democrática, es decir socialdemócrata, el hecho de que una decisión del gobierno se convierta en material legislativo y aparezca en el boletín oficial correspondiente es la garantía de que el contenido de la misma es bueno para los ciudadanos, que no tienen más opción que el acatamiento, si no quieren ser considerados unos peligrosos intolerantes. En el currículum de la nefasta asignatura "Educación para la Ciudadanía" se establece específicamente el derecho positivo como fuente de moral ciudadana, suceso que en la tradición jurídico-filosófica occidental aparece, como una enfermedad, bajo los regímenes totalitarios. De hecho, la filosofía del derecho o el arte de lo justo (jurisprudencia) no sólo distingue entre legitimidad y legalidad o entre legal y justo, sino que advierte muy seriamente de que las decisiones jurídicas adoptadas incluso por una cámara de representantes elegidos democráticamente constituyen en muchas ocasiones una vulneración de los derechos civiles de las minorías.

Ante el gobierno democrático, toda limitación estatal se derrumba bajo esta ficción: el hecho de que el político deba rendir cuentas ante un parlamento elegido por sufragio hace innecesaria cualquier limitación, por lo que las salvaguardas tradicionales que mantenían los derechos y libertades individuales a salvo de la intromisión estatal no son precisas.

Zapatero se escuda en esta suerte de materialismo legislativo para eludir cualquier responsabilidad moral respecto al resultado de su política (la ética de la convicción convertida en sumo principio moral de la democracia). Sobre el aborto no se pronuncia personalmente, salvo para exhibir una sentencia del Tribunal Constitucional que validó la ley actual, como tampoco lo hace sobre la grave cuestión de las familias que no pueden escolarizar a sus niños en el idioma materno, como ocurre en varias regiones españolas. Según Zapatero, hay leyes autonómicas que garantizan la enseñanza del castellano, luego cualquier otra apreciación sobre la forma en que se aplican, o sobre si en el propio texto legislativo se vulneran derechos básicos, carece de relevancia.

Con el nuevo estatuto catalán ocurrirá exactamente lo mismo en cuanto el TC se pronuncie favorablemente sobre su contenido. La evidencia de que esta norma dinamita el orden constitucional y establece una discriminación abusiva entre aquella comunidad y el resto de España no interpela su conciencia como gobernante, cuyo primer deber es garantizar el bien común. Todo queda reducido a una decisión jurisdiccional, tomada además en órganos en los que funciona milimétricamente la lógica partitocrática, de tal forma que conceptos como bien común, igualdad, solidaridad, justicia o derechos civiles quedan completamente eliminados.

Aquí se pone de manifiesto la perversidad política de Zapatero, pero con todo esto es mucho más grave que el fenómeno subyacente a toda concepción positivista del Derecho: la impotencia de la ley. Mas lo de ZP no es sólo positivismo rampante, sino algo peor, puro materialismo, como las categorías clásicas marxistas, en este caso el darle a la ley una misión histórica, reformadora de la sociedad y de la naturaleza del hombre, según un patrón ideológico.

Zapatero, claro, no está solo en esta función de sustituir la lógica y el respeto a los derechos elementales. Le acompañan como cooperadores necesarios los órganos judiciales y todo un elenco de catedráticos de derecho político (ahora constitucional) que nunca antes habían caído tan bajo en lo que se refiere a conocimientos y honestidad intelectual. A pesar del abundantísimo material con que cuentan para realizar una crítica jurídico-política contundente respecto a las cuestiones más candentes de la actualidad nacional, sólo se les escucha cuando colocan una sabanita en los periódicos nacionales para dar por buena la última tropelía de las Cortes Generales o exigir cosas tan peregrinas como llevar a Aznar ante el Tribunal Penal Internacional.

La forma de ver la política de Zapatero es idéntica a la de los déspotas comunistas. También a ellos les bastaba con poner en el primer artículo de la ley fundamental de turno que su nación era un Estado democrático garante de los derechos civiles de la ciudadanía para saldar el expediente y convertirse en admirados defensores de la libertad.

Sin embargo, la izquierda sólo es partidaria de obedecer las disposiciones legales emanadas del órgano legislativo cuando está en el poder. Mientras está en la oposición no reconoce más legitimidad que la de "la calle" (antes "el pueblo"), a la que pueden llevar del ronzal gracias a su entrenamiento en la manipulación de masas, que dura ya más de un siglo.

Hayek denunció hace más de treinta años el peligro de que la democracia liberal degenere en tiranía si no se otorga la debida preponderancia a las tradicionales limitaciones al poder del Estado. Su advertencia es hoy, en la España de Zapatero, más pertinente que nunca.


¡Es el estupidismo, estúpido!
TOMÁS CUESTA ABC 31 Enero 2009

SEGÚN Gustave Flaubert (el de Madame Bovary, ya saben), toda la historia de la civilización occidental se podría desglosar en tres etapas: el paganismo, el cristianismo y el estupidismo. La afirmación, desde luego, constituye un desplante, un sublime guantazo, una manera de decir aquí estoy yo, a ver quién es el guapo que me planta cara. Ni por asomo, en cambio, se puede considerar una «boutade». Cuando «monsieur» Flaubert se despachó a su antojo, la cofradía de los positivistas había sacado ya al Santo Progreso en andas. Era la época en la que Auguste Comte -que fue un iluminado sin demasiadas luces como se comprobó más tarde- pregonaba, urbi et orbi, que los avances técnicos rescatarían del abismo al ser humano. Que el Redentor haría mutis por el foro igual que el padre Zeus y sus alegres camaradas y que la Ciencia -la Ciencia con mayúsculas y con carta blanca- barrería la mugre oscurantista para alumbrar un paraíso sin fronteras y sin «numerus clausus». Los cálices simbólicos de la vieja alianza serían suplantados por los tubos de ensayo y la nueva deidad asumiría el mando. A Comte, la ecuación le salía cuadrada. Luego del paganismo, el cristianismo. Después, la devoción cientificista y después «naide». Entonces llegó Flaubert con las rebajas y le enmendó la plana de un plumazo. En el estupidismo, estúpido: ahí concluye el drama. Ahí es donde estamos.

Rodríguez Zapatero -que no distingue entre Auguste Comte y Louis Van Gaal y es un «positifista» a ultranza- se ha convertido en la demostración incontestable de que Gustave Flaubert no exageraba un ápice. Ejerce de quintaesencia farragosa (el oxímoron, en este caso, es válido) del páramo mental en el que ha echado raíces una modernidad de chichinabo. El actual presidente del Gobierno -y lo que te rondaré, morena, al paso que vamos- no se da por contento con que la «inteligentzia» de pancarta renueve aquel infame compromiso que suscribieron con Fernando VII otros supuestos intelectuales: «Lejos de nosotros, sire, la funesta manía de pensar». ¡Anda que tardaron en pensárselo los lacayos de antaño! Pues lo mismo han tardado los de hogaño. El señor Zapatero, sin embargo, quiere dejar en evidencia al monarca felón e indeseable. Pretende conseguir, a cualquier precio y cuanto antes, que el estupidismo alcance a convertirse en religión de Estado. Erradicada la funesta manía de pensar -que es un paso importante, pero únicamente un paso-, hay que engrasar la máquina de violar conciencias y de ahormar voluntades. Tras demoler el sistema educativo (o, mejor dicho, lo poco que aún quedaba), ahora el objetivo es transformar las aulas en tintorerías cerebrales. El día en que los zopencos sean zombis no habrá sino zetas en el abezedario. Y en el Congrezo, claro.

El inmenso escritor que fue «monsieur» Flaubert -que de imaginación no andaba escaso- no hubiera podido imaginarse que ese alarde retórico, ese vertiginoso juego de palabras, era una profecía tenebrosa y un certero epitafio. De igual modo que nunca habría sospechado que llegaría el tiempo en que su hallazgo -escondido bajo un solemne alias- terminaría conformando un corpus doctrinario. La Reeducación para la Ciudadanía (la educación engendra seres libres; la reeducación, por contra, es el troquel del vasallaje) no es, al fin y al cabo, sino la asignatura pendiente de la izquierda respecto a su tradición totalitaria. Es volver a un camino que desbroza Rousseau (Rousseau, siempre Rousseau, no existe un estropicio en el que no tenga arte o parte) y consolidarían, «fifty-fifty», entre Stalin y Mao. No obstante, la inopia cultural de Zapatero y sus mesnadas no les permite aspirar al título de ingenieros de almas. Capadores de ánimos, si acaso. Lo peor del asunto es que el estupidismo se contagia y palmas de la risa o la espichas del pasmo. Verbi gratia: ¿Qué ocurriría si Gustave Flaubert, una eminencia en amoríos y corazonadas, supiese que el profesor Marina -¡faro de ciudadanos!- sostiene, con un par, que el sexo es solidario? El cementerio en pleno se iba a partir la caja. La corrida de la Beneficencia, hombre de Dios. Mira que el chiste es rancio.

Caos autonómico
Atrapados en la Franja
A todos los efectos, Aragón y Cataluña no funcionan como dos comunidades autónomas, sino como dos Estados diferentes; estamos a un paso de la implantación de los checkpoint Montilla.
Maite Nolla Libertad Digital 31 Enero 2009

No, no les voy a hablar de Oriente Medio, y es que para decir que Israel ha convertido Gaza en un campo de concentración sin que se te mueva un pelo ya está Iñaki Gabilondo, aunque su caso sea atribuible al consumo desmedido de Elnett, la laca de las estrellas,y para decir que una manifestación contra Israel es como una manifestación contra el terrorismo ya está JoanSaura.

Yo les quería traer a mi terreno, nunca mejor dicho, y hacerles partícipes de una agria polémica que se ha suscitado esta semana en Lérida y en lo que se conoce como la Franja de Poniente. En realidad, lo que les contaré seguidamente afecta a una serie de municipios de Aragón que lindan con la provincia de Lérida y que van desde Mequinenza y sus siluros –una especie de monstruos marinos, mejor dicho, fluviales, muy apreciados por los pescadores alemanes y descritos en el libro de Arcadi Espada, Ebro/Orbe– hasta la Ribagorza y la Litera, pasando por Fraga, Binéfar, Monzón, Tamarite o Zaidín –un saludo para Jesús, que sé que lee Libertad Digital–.

Pues bien, pese a que para muchos de los habitantes de esa zona de Aragón que linda con Cataluña es preferible acudir a Lérida, que es la capital de provincia que les queda más cerca, esta semana se hizo público que la consejera socialista de la Generalitat, Marina Geli, había enviado una circular a los médicos de Lérida para que deriven a los enfermos de la Franja a hospitales de Aragón. Además, se ha sabido que pretende exigir al Gobierno socialista de Aragón el pago de los servicios médicos prestados a los aragoneses que han sido atendidos en Cataluña. Es decir, que no quiere que en Cataluña se atienda a los pacientes de la Franja y quiere que Aragón pague las facturas devengadas hasta la fecha.

La otra cara de la noticia es que el presidente socialista de Aragón, Marcelino Iglesias, ha ordenado que no se deriven enfermos aragoneses a hospitales de Cataluña para no tener que pagar el servicio a Cataluña. ¿Qué tal? ¿Qué cuerpo se les ha quedado? El socialista-nacionalista cordobés, José Montilla, exigiendo al socialismo aragonés el pago del servicio médico. ¡A Marcelino Iglesias, con el esfuerzo que ha hecho por parecer más catalán que aragonés! Si esto prospera, a la familia de Durán i Lleida, de Alcampell, comarca de la Litera, deberán atenderla en Zaragoza o en Huesca –a más de cien kilómetros del pueblo– y no en Lérida –a unos cuarenta, aproximadamente–.

Por lo visto, existe un convenio de asistencia sanitaria que, en teoría, garantiza que lo que les he contado no tuviera que suceder pero ahora ni unos ni otros están dispuestos a cumplirlo.

A todos los efectos, Aragón y Cataluña no funcionan como dos comunidades autónomas, sino como dos Estados diferentes; estamos a un paso de la implantación de los checkpoint Montilla. En algún momento, el sistema de fragmentación del Estado iba a presentar alguna grieta o, mejor dicho, alguna sima, que en nuestro caso es un auténtico cañón del Colorado.
Igual que no podemos tener diecisiete modelos educativos, tampoco podemos tener diecisiete sistemas de salud sin hacer el ridículo y sin perjudicar a las personas de carne y hueso. Estaría bien que España empiece a ser una nación de personas y no una unión de comunidades autónomas. Aquí pasan por delante de ellas las competencias, los fueros y los derechos históricos. Las personas primero, por favor.

Educación para el ‘Progrefascismo’
Federico Quevedo El Confidencial 31 Enero 2009

De la sentencia del Tribunal Supremo sobre el derecho de los padres a la objeción de conciencia ante la asignatura del Catecismo Socialista o Educación para el Progrefascismo, sabemos cuatro cosas: la primera, que en los supuestos analizados por el TS, es decir, los recursos presentados por algunos padres después de que los tribunales ordinarios les negaran ese derecho, no cabe la objeción de conciencia porque, según el Tribunal, no es un derecho fundamental recogido en la Constitución y le da la razón al Gobierno; la segunda, que aunque el TS niega la objeción de conciencia sin embargo reconoce el derecho de los padres a que sus hijos no estudien determinados conceptos morales que son contrarios a su manera de pensar, por lo que reclama al Ejecutivo que elimine del currículum de la materia todo aquello fruto de la controversia moral que había llevado a los padres a objetar, por lo que da la razón a estos últimos; tercera, que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, sabía cuál iba a ser la sentencia el mismo día en el que el Supremo comenzó sus deliberaciones, y esto es un asunto muy grave porque es constitutivo de un delito de prevaricación; y cuarta, que lejos de haberse aclarado el asunto, el Supremo lo ha liado aún más, a falta de conocer la sentencia completa y los votos particulares.

Si, como he dicho muchas veces en relación a otros asuntos pero que también es aplicable a este, tuviéramos un Gobierno serio y responsable preocupado de verdad por el bienestar de los ciudadanos -y la educación es parte primordial de ese bienestar-, la ministra habría acogido la sentencia con la actitud de gravedad que la misma sugiere, puesto que si bien da un respiro al Gobierno en el tema de la objeción, al mismo tiempo le conmina a cambiar su planteamiento, y acto seguido se habría reunido con la oposición y con los sectores educativos, incluidas las asociaciones de padres que rechazan el contenido moral de esta asignatura, para plantear un nuevo currículum de la misma centrado únicamente en el estudio de los valores constitucionales, que parece que es lo más sensato. En lugar de eso, los socialistas han tirado las campanas al vuelo y se han hartado de felicitarse por una sentencia que en modo alguno les es favorable, y de hecho en algunas declaraciones -como las de Squeeze, que debe ser que todavía no sabe ni leer ni, mucho menos, interpretar lo que lee- hasta se han atrevido a asegurar que la educación para la ciudadanía es enseñar a los chavales como se coloca un preservativo.

Miren, y para que no haya malentendidos y los fascistas de siempre me reprochen afirmaciones que yo no he hecho: soy absolutamente partidario de una educación sexual consecuente y preventiva, y del uso del preservativo como método necesario para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Pero me niego rotundamente a que sea el Estado el que les explique a mis hijos que tipo de familia es la correcta, o cuando una madre o un padre es más guay que otro en función de si se les deja o no llegar a casa por la noche a la hora que les de la gana. Me niego rotundamente a que el Estado les imponga a mis hijos un modelo de sociedad que no comparto, aunque respeto todas las formas de convivencia. Me repugna el adoctrinamiento, me repugnaba cuando lo ejercía un Estado autoritario como era el franquista, y me repugna cuando lo ejerce un Estado supuestamente democrático en el que se pretende convencer a los niños de que ser progresista es lo mejor, y ser conservador es una reminiscencia del pasado. La vicepresidenta del Gobierno ya nos ofreció una vez un ejemplo muy clarificador de lo que el PSOE entiende por educación para la ciudadanía dando un mitin en un colegio a unos chavales de primaria a los que explicaba lo bueno que es el Gobierno y lo malo que es el PP, y eso solo tiene un nombre: fascismo. Cuando desde el poder se pretende manipular las conciencias en su estado más primario e indefenso, se está ejerciendo el peor de los totalitarismos.

Vamos a esperar a conocer el resto de la sentencia, que además peca de una absoluta falta de sentido de la globalización, puesto que el derecho a la objeción de conciencia si bien no está recogido como fundamental en la Constitución, sí que lo está en otras cartas de derechos a las que se ha acogido España. Vamos a esperar, además, a que se pronuncie el Constitucional tras los recursos que se van a presentar después de esta sentencia francamente desconcertante. Pero lo cierto es que los padres que creemos en la libertad de elección a la hora de decidir la educación que queremos para nuestros hijos no vamos a dejar de luchar por esa libertad, que es esencial y primaria en el desarrollo del ser humano. Lo que nos ofrece el Gobierno es imposición de una nueva doctrina que en el modo de impartirse recuerda mucho a aquella asignatura de los principios de Movimiento. Adoctrinar niños es una aberración y es evidente que este Gobierno quiere ciudadanos uniformados en lo que a la capacidad de pensar se refiere y eso trae a la memoria los peores temores de lo que hubiera supuesto el triunfo del nazismo en Europa. Estas son las cosas por las que merece la pena luchar, porque es en donde ciertamente la libertad se encuentra amenazada y en peligro. Se trata de nuestros hijos, y no caben tibiezas ni medias tintas.

Cómo se utiliza un preservativo
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 31 Enero 2009

PEPIÑO Blanco, ese hombre que hubiese merecido fundar la Academia de Atenas, celebra que el Tribunal Supremo haya avalado una asignatura «que explica cómo se utiliza un preservativo». La frase admite dos interpretaciones: una de índole jocosa; la otra, estremecedora. Jocosamente, podemos pensar que Pepiño Blanco cree necesario que se explique en las escuelas cómo se utiliza un preservativo, como se explica cómo se utiliza el diccionario o antaño se explicaba cómo se utilizaba el ábaco, porque en tal explicación considere que se produce una transmisión de conocimiento. Pero, puesto que utilizar un condón es más bien sencillito, hemos de concluir que, o bien Pepiño juzga que los alumnos españoles tienen una inteligencia de mosquito, o bien proyecta su inteligencia de mosquito sobre los alumnos españoles y resuelve que conviene que se les explique algo que a él le ha costado esfuerzos ímprobos comprender. A fin de cuentas, no es descabellado pensar que un hombre incapaz de pronunciar correctamente las palabras considere que aprender a calzarse un condón sea una tarea que exija un desgaste neuronal parangonable al que exigen los logaritmos neperianos o las voces perifrásticas latinas.

Hasta aquí la interpretación jocosa. Pepiño Blanco, que no pasó de primero de Derecho (lo cual, a efectos académicos, es como dejarse arrollado el condón en la puntita), es hombre cuyas facultades intelectivas tal vez flojeen; y, como suele ocurrir con todos los hombres de su condición, halla un inescrutable placer en corromper las facultades intelectivas del prójimo. Como el bien del conocimiento es inalcanzable para él, ansía rencorosamente que los demás tampoco accedan a ese bien; ansía que los demás sean como él, y por ello aplaude una asignatura «que explica cómo se utiliza un preservativo». Nada consuela tanto al hombre noble como comprobar que está rodeado de nobleza; y nada consuela tanto al hombre «corruto» como respirar una atmósfera de «corrución». Pepiño Blanco, aunque no pasase de primero de Derecho, sabe que, para formar los caracteres, hay que crear primero un clima moral; y también para deformarlos. Sabe que la deformación nata es mucho más escasa de lo que algunos quisieran, puesto que los frenos sociales suelen cohibirla; de modo que lo que hay que hacer es remover esos frenos. O sea, hay que educar a los niños como si fuesen monos, para que en ellos toda vivencia emotiva desemboque en «conducta sexual».

Esta es la interpretación estremecedora de sus palabras. La asignatura llamada socarronamente Educación para la Ciudadanía explica, según nos ha revelado sin ambages Pepiño Blanco, «cómo se utiliza un preservativo»; y contra eso, según acaba de dictaminar el Tribunal Supremo, no cabe objeción de conciencia. Lo cual es tanto como decir que no cabe oponer objeción alguna a una educación que dimite de su función originaria -la transmisión de conocimiento- para convertirse en un corruptorio oficial. O que, en nuestra sociedad, la objeción de conciencia es una contradictio in terminis; pues de lo que se trata, precisamente, es de formar personas sin conciencia, esto es, de deformarlas. Cuando hablamos de «deformación» ni siquiera entramos a calificar moralmente una asignatura «que enseña cómo se utiliza un preservativo»; hablamos de «deformación» porque enseñar cómo se utiliza un preservativo no es transmisión de conocimiento, sino imposición de una moral determinada.

Aquí podría oponerse que siempre habrá escuelas que, adaptando la asignatura llamada socarronamente Educación para la Ciudadanía a su particular ideario, eviten explicar a sus alumnos cómo se utiliza un preservativo. Pero nadie en su sano juicio admitiría que una escuela pudiese «adaptar» a su ideario el contenido de la asignatura de Matemáticas para evitar explicar a sus alumnos la regla de tres. Donde se demuestra que la llamada socarronamente Educación para la Ciudadanía no es una asignatura que transmita conocimiento; y cuando la educación no transmite conocimiento, sino que aspira a crear determinado clima moral, no es educación verdadera, sino deformación e ingeniería social, por muchas bendiciones judiciales que obtenga.
www.juanmanueldeprada.com

Despilfarro en informes
Editorial ABC 31 Enero 2009

EL artículo 31 de la Constitución dispone que la programación y ejecución del gasto público responderá a criterios de eficiencia y economía. Se trata, por tanto, de un mandato dirigido a todos los poderes públicos, cuya traducción en la práctica cotidiana significa que deben eliminarse los gastos superfluos e injustificados, en especial cuando estamos en plena crisis económica. La información que hoy publica ABC sobre los más de 1.600 informes encargados por diversas consejerías de la Generalitat catalana demuestra que el tripartito incumple de manera flagrante las reglas más elementales de prudencia a la hora de gestionar el dinero de los ciudadanos. Para empezar, existen irregularidades administrativas, puesto que, al superar la cuantía de 12.000 euros, estos informes no pueden ser adjudicados directamente, sino que deben pasar por un concurso público. Lo peor de todo es la relación de materias acerca de las cuales la Generalitat solicita el dictamen de expertos externos. Entre otros, aparecen en la lista informes sobre cultivo de la avellana, ventilación natural de los patios o determinadas especies de murciélago. La perplejidad de los ciudadanos es aún mayor si se tiene en cuenta que, por citar el referido caso de la avellana, la Administración desembolsó 30.000 euros para recibir a cambio un documento lleno de recortes sobre criterios de la Unión Europea. Hay que preguntar, por supuesto, por la eficacia de tales informes para el buen ejercicio de las competencias autonómicas, pero también habría que dar explicaciones sobre cuántos de ellos tendrían que ser encargados a los funcionarios públicos, eliminando así este coste adicional para el presupuesto.

La Fiscalía está ya investigando algunas denuncias por unas actuaciones que, si se confirman las apariencias, podrían suponer una conducta delictiva por parte de los titulares del órgano administrativo correspondiente. Pero más allá de la eventual responsabilidad jurídica, es obvio que el tripartito incurre en una grave responsabilidad política a la vista de este despilfarro injustificado. Los socialistas no tuvieron ningún reparo en reprochar a CiU en su momento ciertas actuaciones que dieron lugar a la llamada «crisis del 3 por ciento». Ahora son ellos y sus socios radicales los que están siendo investigados por unas actuaciones que revisten una enorme gravedad, al margen de la hilaridad que suscita el enunciado de algunos informes. José Montilla tiene que manifestar públicamente su criterio sobre este escándalo en la gestión administrativa de varias consejerías. Parece que el estatuto catalán, con su retórica identitaria y su financiación privilegiada, tiene una aplicación práctica que recuerda los peores tiempos del caciquismo. Esta falta de rigor para encargar documentos inútiles y pagarlos a buen precio resulta ser una fórmula para ganar voluntades y compensar a los amigos a costa del erario público. Para demostrar que no es así, los máximos responsables políticos de cada una de las consejerías tendrán que dar explicaciones precisas y detalladas sobre a quién, por qué y para qué se encargaron tales informes y cuál ha sido el beneficio para el interés general que se deriva de cada uno de ellos.

Algunos confunden la autonomía con un supuesto derecho a tomar decisiones disparatadas sin que nadie les controle. Es evidente que en el tripartito hay quien tiene las ideas muy claras: a los amigos se les encargan informes tan inútiles como lucrativos y a los adversarios se les impide incluso ejercer sus derechos fundamentales en materia lingüística o en otras varias. Es un comportamiento incompatible con una sociedad abierta y pluralista, lo cual no debe sorprender porque, en cualquiera de sus expresiones, el nacionalismo tiende a preferir las señas de identidad del grupo sobre los derechos individuales propios de una democracia constitucional. Estos informes encargados a los afines (inútiles, en el mejor de los casos, y ridículos, algunas veces) son una buena prueba de la forma de actuar que caracteriza con demasiada frecuencia al mal llamado «oasis» catalán.

Volverán a los tribunales si ven «contrariadas sus convicciones éticas o religiosas»
Los objetores amenazan con más recursos si se vulneran sus derechos
31 Enero 09 - M. Laguna La Razón 31 Enero 2009

madrid- Los objetores a Educación para la Ciudadanía siguen su lucha. Tras asegurar que no enviarán a sus hijos a clase, al menos, hasta que se haga pública la sentencia completa del Supremo que no admite el derecho a la objeción, ahora advierten que seguirán la batalla en los tribunales. No sólo recurrirán al Tribunal Constitucional y al de Estrasburgo, si fuera necesario, como ya han confirmado, sino que «se iniciarán nuevos procesos en los supuestos en los que los padres consideren que sus hijos hayan sido objeto de cualquier tipo de acto educativo que contraríe sus convicciones éticas o religiosas». Así lo afirmó ayer en un comunicado la plataforma objetora Profesionales por la Ética.

Además, los 1.800 recursos judicales contra Educación para la Ciudadanía que están sin resolver «siguen su camino procesal hasta que los recurrentes obtengan sentencia firme». En la misma nota, recuerdan que el fallo del Supremo, a priori, «sólo afecta a las cuatro familias recurrentes de Asturias y Andalucía», por lo que «ningún otro padre o alumno objetor queda afectado por dicho fallo».

Asimismo, consideran que todos los padres objetores que hayan obtenido medidas cautelares o una sentencia favorable «siguen en la misma situación». Por lo tanto, a juicio de Profesionales por la Ética, hasta que el tribunal que dictó el auto de medidas cautelares lo revoque o hasta que un tribunal superior anule la sentencia, «tienen derecho a que sus hijos no entren en clase».

Administraciones
Por otro lado, la plataforma objetora indica que las administraciones educativas autonómicas que no son parte en los procesos decididos por el Supremo (todas excepto Asturias y Andalucía), «no tienen obligación legal de modificar su posición». Por ello, esperan de las autonomías que «respeten» a los objetores «no extiendan sin fundamento legal los efectos del fallo del Tribunal Supremo». «Si esto último sucediera», advierten, «encontrarán la respuesta jurídica que los objetores consideren apropiada».

Los objetores a Ciudadanía agotarán todas las vías legales para evitarla
«Ningún Gobierno debe inculcar moral»
P. Rodríguez / R. Serrano La Razón 31 Enero 2009

El fallo del Tribunal Supremo contra la objeción de cuatro familias andaluzas y asturianas a Educación para la Ciudadanía (EpC) cayó como un jarro de agua fría entre los más de 50.000 objetores de toda España. Pero sólo fue una primera impresión porque, dos días después, los ánimos están renovados y ha resurgido con fuerza el espíritu luchador de unos padres que simplemente quieren ser los responsables de la educación en valores de sus hijos. Y están dispuestos a todo. El siguiente paso es el Tribunal Constitucional y después el de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La pelea va a ser larga y fuerzas no les faltan. Además, tienen motivos para ser optimistas porque, según ha trascendido, la sentencia admite que existe un riesgo de adoctrinamiento en el desarrollo de los libros de texto. Y porque contendrá más matices de lo que en principio parece. Los padres de alumnos objetores consideran que todavía es pronto para pronunciarse sobre el contenido de la resolución, pero conocer que 20 juristas tarden tres días en dilucidar sobre un tema y que la decisión no haya sido unánime (siete de ellos se pronunciaron en contra) les ha dado fuerzas para seguir defendiendo lo que consideran un derecho fundamental de los padres: la educación en valores de sus propios hijos. De momento, y hasta que se conozca la sentencia definitiva en el plazo de un mes, los escolares seguirán sin asistir a la clase de la polémica asignatura y continuarán adelante con los procesos judiciales iniciados en los Tribunales Superiores de Justicia de toda España, en muchos casos favorables a las familias.

El rechazo general radica en la intención manipuladora de la asignatura en torno a tres puntos fundamentales: el positivismo jurídico, el relativismo moral y la ideología de género. Los padres objetores reclaman su derecho a rechazar la asignatura porque «aprovecha la enseñanza de los valores constitucionales, los estatutos de Autonomía o los Derechos Fundamentales para adoctrinar a los menores», defienden. Otro de los aspectos importantes de la polémica con los menores, que sufren cada día las consecuencias de la situación, es que los objetores deben ir al aula de profesores durante la clase, a la biblioteca, al gimnasio, esperar en el pasillo o lograr que el director del centro les autorice para abandonar el centro durante la hora que dura la asignatura. Esto ha provocado muchas presiones sobre padres y alumnos, que han obligado a darse de baja a muchos chavales. Esta persecución ha sido llevada al extremo en algunos casos. Un ejemplo es el de Andalucía, donde la Junta vulneró los derechos fundamentales de 83 menores y de sus familias, al publicar sus nombres en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Guillermo Carrero / Cádiz: «No estamos dispuestos a que les enseñen en clase a ponerse un preservativo. Si puedo evitarlo, lo haré»
«Seguimos expectantes, pero los niños no irán a clase hasta que no tengamos el fallo publicado. Lo hemos pasado muy mal. Uno de nuestros cuatro hijos ha sido el más perjudicado y lo ha pasado muy mal durante un año y medio, pero es muy peleón. Ahora ya no le ponen problemas, pero hemos recibido muchas presiones de la dirección y de los profesores. No aceptamos la asignatura porque no estamos dispuestos a que nadie le enseñe a ponerse un preservativo. Antes, queremos explicarle lo que es el respeto al cuerpo, a la mujer, a la maternidad, qué es la castidad, el matrimonio y los hijos que tengan que venir. Si puedo evitar esto, lo haré».

David González / Lugo: «Mi hijo confía en nosotros y quiere seguir adelante»
«Tengo dos hijos y el pequeño es el afectado por la asignatura. A pesar de la sentencia, vamos a seguir con nuestros recursos en el TSJ de Galicia e iremos hasta donde haga falta. Mi hijo me dijo ayer que confiaba en nosotros y que quería seguir adelante. Me emocionó mucho. En todo este tiempo no ha tenido problemas en la escuela, sólo ha habido un par de profesores que han estado al quite. Uno de ellos dijo que no se le podía calificar como no presentado porque había llamado a la Consellería y le habían dicho que se le debería suspender».

Marisa Pérez / Soria: «No todos los chicos pueden soportar las presiones»
«Me di cuenta de que la asignatura no era como las demás. Implica que el alumno haga suya una forma de ver la vida. Fui de las primeras madres en objetar y por eso montamos una plataforma objetora en Soria, donde vivía hasta que nos trasladamos a Madrid. Mis hijos mayores están de acuerdo con su padre y conmigo, tienen un criterio claro. Pero se han tenido que enfrentar a muchos problemas por esto en el colegio. Son muy maduros, pero no todos los chicos –ni todos los padres– están preparados para aguantar las presiones que han recibido».

Francisco Rico / Rivas Vaciamadrid (Madrid): «Aún mantengo la esperanza de que no tengan que entrar en clase»
«A mis hijos no les ha tocado la asignatura este año, pero a dos les toca el curso que viene. Aún tengo la esperanza de que los tribunales nos den la razón y de que no tengan que entrar en clase de Educación para la Ciudadanía. Creo que la sentencia del Supremo nos dará alguna salida, reconocerá el adoctrinamiento. Ningún Gobierno debe tener la posibilidad de inculcar conciencia moral a mis hijos. Es mi derecho, y mi deber, educarlos en valores, no todo depende del colegio».

María Jesús Aranda / Talavera: «La educación en valores es sólo de los padres»
«Tenemos medidas cautelares que permiten a uno de nuestros cuatro hijos faltar a clase. Estamos a la espera de la sentencia del TSJ de Toledo. EpC invade la forma de educar a mis hijos y no vamos a ceder al adoctrinamiento del Estado. El derecho a educar en valores es sólo de los padres. Lo que no es normal es que se nos pongan todas las trabas posibles».

Juan Jurado / Sevilla: «Nos han tratado como delincuentes»
«No somos padres antisistema y no es normal que la Junta de Andalucía nos trate de forma despectiva y casi como delincuentes. No entendemos cómo en asignaturas como Filosofía se estudia a los autores sin obligarles a asumir sus ideas y sí lo hacen en Ciudadanía».

OTROS TESTIMONIOS
- De la adversidad a la victoria
Después del comunicado del TS, lo que parecía una adversidad se convirtió en una gran victoria. Estamos mucho más motivados y esperanzados que antes. Vamos por el buen camino y si nos hemos equivocado, corregiremos los errores y seguiremos adelante, porque defendemos un derecho que no estamos dispuestos a dejar en manos de otros.
María Emilia García/ Córdoba

-El camino de la libertad
Hace un año que comencé como coordinadora de la Plataforma Toledo Educa en Libertad y ahora el Supremo me dice que no tengo derecho a objetar, que «no ha lugar» el que yo elija la educación moral y religiosa que quiero dar a mis hijos. Pues bien, señores, yo les digo que esta madre va a seguir en el camino por la libertad.
Cristina Rodríguez/ Toledo

-Nos ha dado una fuerza especial
El Supremo falla en contra y los padres cobran una fuerza especial. Mis hijos me comen a besos y mi «objetora preferida», nuestra hija mayor, me anima a seguir adelante: le dan igual los suspensos y los jueces.
Alicia Rodríguez/ Salamanca

-Los suspensos
Una conversación en una clase de 4º ESO de Salamanca, según relata una madre:
A- En la próxima clase de Ciudadanía ya tienes que entrar.
B- Yo no.
A- Sí, lo ha dicho el Supremo.
B- No lo ha dicho para mí, sino para niños de Andalucía y Asturias.
A- Pues vaya, y encima te aprobarán al final.
B- Me da igual que me suspendan, yo no entro. Y la profesora de Francés interviene: «Ya vale, dejad en paz a los objetores».

PERO NIEGA PROBLEMAS DE LOS NIÑOS CON EL CASTELLANO
Cabrera dice que pedirá a la Generalidad que aplique la tercera hora de castellano
En TV3, la ministra de Cultura ha aparcado la polémica sobre EpC y su vídeo previo a la sentencia para referirse a Cataluña. Cabrera ha pedido a la Generalidad que cumpla la ley, en alusión a la tercera hora. Pero no cree que los niños sepan menos castellano que en otras autonomías.
EFE Libertad Digital 31 Enero 2009

En el transcurso de una entrevista a TV3, la titular de Educación se ha referido a la situación del castellano en Cataluña. "No tengo ningún dato que me diga que ahora mismo los estudiantes catalanes tienen un nivel de conocimiento del castellano más bajo que los de otras comunidades autónomas", ha dicho la ministra, que, sin embargo, ha afirmado que pedirá que se instaure la aplazada tercera hora de castellano.
Cabrera ha destacado que su labor es defender el cumplimiento de la ley y, de la misma forma que defiende las competencias de la Generalidad, ha enfatizado, también pide el cumplimiento del decreto sobre la tercera hora de castellano, sobre la que se pronunció hace meses la Justicia pero que sigue sin aplicarse en Cataluña.

Mercedes Cabrera espera que se alcancen acuerdos sobre la polémica ley de Educación, en trámite en el Parlamento autonómico, y se ha mostrado convencida de que tiene aspectos "extremadamente positivos y es viable si el profesorado se implica".

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