AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 8 Febrero 2009

La Voz de Galicia publica hoy un artículo de su presidente, Santiago Rey Fernández-Latorre, en el que reflexiona sobre las preocupaciones de los ciudadanos ante la crisis y sobre la inacción de los poderes públicos en una situación de extraordinaria.
Yo protesto

Santiago Rey Fernández-Latorre La Voz de Galicia  8 Febrero 2009

Inmersos de lleno en la crisis -cuyos zarpazos, con ser graves, no son solo económicos- la parte más vital de la sociedad gallega asiste atónita al baile de confusiones y a la inoperancia que se ha instalado en nuestra vida pública, mientras se encienden cada día más luces rojas de alarma. Resulta difícil mirar para otro lado o dejarse llevar confiando en que las cosas se irán arreglando por sí solas. Por eso es necesario levantar la voz y llamar la atención de los corazones nobles, como hemos hecho siempre en momentos cumbre, desde grandes medios de comunicación, aquellos que tenemos como norma cumplir con nuestra responsabilidad. Y eso ha de hacerse por encima de cualquier posición cómoda, aun a riesgo de ganarse las incomprensiones de unos y las declaradas hostilidades de otros.

No es nada nuevo. Quienes hace ya dos años vimos aproximarse, con bastante antelación, toda la crudeza de la depresión económica, fuimos tachados entonces de agoreros del pesimismo, de alentadores del desánimo e incluso de antipatriotas. Los hechos, tan inapelables, han venido a demostrar lo que hoy ya son dos evidencias: una, que no era la querencia por lo negativo, sino un ejercicio de ciudadanía, avisar entonces de lo que se nos venía encima; y dos -lo que resulta mucho más grave-, que no se aprovechó aquel tiempo precioso para reaccionar. Ni siquiera ahora se toman medidas resolutivas para enderezar un rumbo meridianamente equivocado. Por eso yo protesto.

Yo protesto contra el cortoplacismo miope de los agentes políticos, enfrascados hoy en satisfacer sus ansias electorales escondiendo el polvo debajo de las alfombras, aun a sabiendas de que el viento que soplará después de marzo lo esparcirá todo hasta dejar la estancia inhabitable. No de otra forma se pueden entender, por ejemplo, las ayudas al sector de la automoción, inoperantes si tienen como objeto ocultar los dramáticos efectos de la crisis hasta después de la batalla electoral.

Yo protesto también porque pequeñas y medianas empresas, que son parte esencial de nuestro tejido productivo y han creado tanto empleo, se ven abocadas al cierre sin que nadie se digne reparar en su drama. Y al mismo tiempo, grandes empresas y grandes empresarios que han demostrado con hechos y sin retórica su amor por Galicia son prácticamente expulsados y casi obligados a llevar su capacidad de iniciativa a otros lugares.

Es difícil encontrar en nuestro entorno despropósitos más grandes que los que aquí se cometen, mientras se despilfarra sin tino en operaciones de imagen que tienen como objeto enmascarar con fulgores de escaparate lo que en realidad no se posee. No de otro modo se pueden entender las moles vacías del Gaiás; los gastos desproporcionados en decoración o transporte; las maquilladas y exasperantes listas de espera en la sanidad pública, y, sobre todo, la decepcionante promesa -por incumplida- de la atención a las personas dependientes. No contentos con maquinar continuas campañas de imagen, o de intentar domesticar a la prensa, no faltan incluso políticos que deciden crear sus propios medios de comunicación para garantizarse al precio que sea la foto más favorecedora.

Se ha dicho alguna vez que la política es la profesión más noble cuando su objetivo es el interés general, y la más mezquina cuando se hace por interés propio. Por eso es obligado protestar contra el populismo, el clientelismo y el favoritismo.

Fueron los auténticos padres del galleguismo los que más se manifestaron a lo largo de la historia reciente contra las prácticas caciquiles. Pero ahora ha surgido un nuevo caciquismo que se disfraza de falsa modernidad y opera con desparpajo en todo cuanto se pone a su alcance, desde las concesiones eólicas a las plazas de empleo público.

Flaco favor hacen a la historia. De los grandes galleguistas heredó Galicia un noble concepto de país, armónicamente integrado en España y en Europa, que destacaba sus valores y los relacionaba sin antagonismos con el mundo. Así pensamos siempre los que, como yo, tuvimos la feliz experiencia de compartir trabajo y proyectos ilusionantes con Ramón Piñeiro, Domingo García Sabell, Francisco Fernández del Riego, Valentín Paz Andrade, Marino Dónega o Carlos Casares; todos ellos colaboradores en las páginas de La Voz de Galicia, que siempre ha estado abierta a los sueños que pugnan por el engrandecimiento de nuestra tierra.

Ahora, aquel hermoso ideario de los grandes galleguistas parece usurpado en manos de intolerantes que lo emplean como arma arrojadiza entre gallegos. Muchos callan ante esto. Pero yo, que fui multado precisamente por impulsar que se publicase en gallego en este periódico, hoy protesto. Protesto porque el idioma que antes fue negado ahora se quiere imponer sin contemplaciones ni concesiones al sentido común. Y la lengua se parece en esto al amor. Si nadie por la fuerza pudo retirarla, nadie por la fuerza podrá tampoco imponerla.

Al cabo, este intento de imposición es solo un síntoma más de la preocupante deriva que, a causa de las confrontaciones partidarias, se viene dando en el actual Estado de las Autonomías. Los estados federales que son ejemplo en el mundo han establecido mejores pautas de relación y cohesión interna que las que se están dando en España en asuntos tan enloquecidos y carentes de lógica como la financiación autonómica, la educación, la ruptura de la unidad de mercado o el gravemente deteriorado principio de la igualdad entre ciudadanos.

Ni quienes en las instancias ejecutivas tienen la obligación de ordenar la vida pública, ni quienes han sido facultados por el pueblo para ejercer la oposición están cumpliendo con sus obligaciones.

En el ámbito político, todo se traduce en guerras partidarias (incluso dentro del mismo gobierno), en espionajes (incluso dentro del mismo partido), en delaciones y en intereses personales.

En el campo económico, asistimos a una crisis mundial causada por la avaricia de empresarios y dirigentes sin escrúpulos, cuyas malas prácticas han sido consentidas por los supuestos encargados de controlarlas e impedirlas.

Mientras, grandes pilares básicos de la vida en común se desmoronan ante la inacción de la sociedad. Los rectores de las universidades gallegas claman en el desierto por la falta de recursos que las ponen a la cola de Europa en un momento en el que se reformula el futuro de los estudios universitarios. Los jueces, divididos como nunca, añaden problemas e incongruencias al más ineficiente de los poderes que rigen la vida de los ciudadanos. Las entidades financieras ignoran sus obligaciones mientras crece el rosario de empresas ahogadas por la falta de recursos. Las listas del paro se agrandan y se llenan de dramas permanentes, hasta hacer entrever las calamidades de la desolación y la revuelta social. Hacienda, que somos todos, muestra una infamante doble cara: mantiene su exigencia ineludible al autónomo que en un revés pierde a sus clientes, mientras envuelve en mullidos cojines a sociedades anónimas que, como las deportivas, eluden sus obligaciones con el Estado (con todos nosotros) y acumulan deudas más que obscenas.

Por todo eso yo protesto. Y por la falta de compromiso que nos está haciendo perder de nuevo el tren de la historia en cuestiones tan fundamentales para el futuro de esta comunidad como las infraestructuras, la energía y el desarrollo tecnológico. La lentitud y la ineficacia en estos campos solo vienen a confirmar que Galicia no ha reaccionado todavía con presteza ni a sus propios desequilibrios internos ni a la amenaza de una península hemipléjica, donde todos los motores económicos y sociales se concentran en la mitad oriental y toda la rémora y la falta de perspectivas se quedan en el abandonado paraíso del Finisterre.

Si digo todo esto, si protesto incluso por tener que protestar, no es porque me embarguen sentimientos derrotistas. Justo al contrario. Solo los indolentes callan. Los batalladores saben que el primer paso para afrontar con arrojo la solución de los problemas es dándoles la cara; poniéndose frente a ellos; citándolos.

Ese ánimo positivo me llevó a decir públicamente en noviembre del año pasado que es tiempo de fraguar un gran acuerdo. Y lo reitero ahora: nada se alcanzará sin una acción concertada, que sume esfuerzos para aprovechar las oportunidades. Un gran acuerdo social, no solo entre políticos, que cuaje en un gran proyecto de Galicia en el que todos puedan sentirse cómodos y confiados.

Por todo esto, hace falta más que nunca que regrese la desaparecida sociedad civil. Que se restablezca de la postración, que conozca, que pida cuentas, que juzgue, que actúe. Porque dicen los manuales que después de la depresión económica viene siempre la depresión social. Pero esa es una tragedia que Galicia no se debe volver a permitir. Y, desde luego, no se puede permitir hoy.

El Voto en Blanco como respuesta ciudadana
Francisco Rubiales Periodista Digital 8 Febrero 2009

La lectura de la prensa de hoy, en una España arrodillada y desmoralizada por una crisis que, ante la impotente ineptitud del gobierno, fabrica cada día más desempleo, pobreza y desesperación, impone un criterio amargo y decepcionante para los demócratas españoles: ni el PSOE ni el PP se merecen el respeto y el voto de los ciudadanos libres y honrados de España.

Los nuevos casos de corrupción descubiertos, que golpean al PP en Galicia, donde ha tenido que dimitir el cabeza de lista por Orense, Luis Carrera Pásaro, y en otros lugares de España, demuestran que PP y PSOE son dos partidos cortados por la misma tijera, ninguno de los cuales merece ni el respeto ni el voto de los demócratas españoles.

La historia ha demostrado muchas veces que los enemigos que se combaten con tesón terminan pareciéndose entre sí. El PP de José María Aznar odiaba tanto al PSOE de Felipe González que terminó imitándole y siendo una triste copia de aquel socialismo corrompido, más interesado en el poder que en el servicio a los ciudadanos, la democracia y los valores.

Aznar pudo haber demostrado durante su mandato que el PP era una opción diferente y mejor que el corrompido socialismo de González, al que sustituyó en el gobierno en 1996, pero no lo hizo. Aunque lo había prometido, no regeneró la democracia, no cambio la injusta y parcial Ley Electoral, no eliminó las vengonzosas listas cerradas y bloqueadas, no impuso la ética en sus filas y permitió que la derecha, al igual que había hecho la izquierda durante años, siguiera coqueteando con la corrupción, abrazada a financiaciones turbias y a tramas borrosas, y manteniendo el sucio propósito de sustituir la democracia por una oligarquía de partidos en la que la casta política, elitista y preñada de ambición, desplazara al ciudadano soberano y le arrebatara el poder y los privilegios que le corresponden en democracia.

El momento más vergonzoso en la historia del PP quizás fuera cuando, por iniciativa de Aznar, firmó con el PSOE algunos pactos que fortalecían la partitocracia, el bipartidismo y el reparto del poder, uno de ellos tan vergonzoso como el que abrió las puertas a la intervención de la Justicia y facultaba a los partidos a controlar el poder judicial y a nombrar magistrados en los altos tribunales del Estado (Supremo y Constitucional). Ni siquiera supo o quiso el PP acabar con la degradación de la educación, fuente del decaimiento de España y sustento de la esclavitud de las masas que votan sin reflexión, como "hooligans" fanatizados. Presentó una nueva ley de educación al final de su mandato, después de perder ocho años, y el PSOE, más interesado que nadie en que los descerebrados sean mayoría cuando se abren las urnas, la derogó nada más llegar al poder.

La durísima convicción de que PSOE y PP son casi la misma cosa coloca a los ciudadanos demócratas en una terrible y desoladora tesitura: ¿Qué hacer con estos partidos que han traicionado la democracia y han prostituido el sistema?

La única respuesta digna de un demócrata es la lucha sin tregua, mediante la rebeldía y el desprecio a la "casta", para erradicar la partitocracia y regenerar la democracia que nos han arrebatado.

La gran pregunta es cómo ejercer esa "venganza democrática" contra los partidos que nos han inundado de ineficacia y corrupción, contra los que se suben los sueldos clandestinamente y compran coches de lujo en tiempos de crisis, contra los que acumulan privilegios sin parar, se embolsan comisiones, saquean el erario público y arruinan la nación hasta poner en peligro nuestras pensiones futuras. En el plano inmediato, la gran cuestión a resolver es qué hacer cuando se abran las urnas en marzo y junio y cómo debe votar un demócrata en un país de mangantes e ineptos.

La abstención activa es una gran tentación, pero debe ser rechazada. No acudir a las urnas es renunciar al derecho del voto, una conquista histórica ganada por los ciudadanos con el precio de su sangre y, lo que es más importante, renunciar al único poder que nos queda en esta democracia prostituida que nos envuelve y degrada.

Desechada la abstención, por ser poco cívica, porque renuncia al único poder que nos resta y porque coloca al ciudadano en el mismo lugar de los que se abstienen por desidia o desinterés, o porque prefieren irse a la playa o al campo en la jornada electoral, quedan únicamente dos opciones dignas.

La primera es votar en blanco, demostrando así que no estamos dispuestos a renunciar a la participación y al voto, pero despreciando y rechazando las opciones que nos ofrecen una partitocracia antidemocrática y una casta política minada por la corrupción y la ineficiencia. El Voto en Blanco es descrito por los grandes pensadores políticos como "una bofetada del ciudadano al poder", una manera civilizada y democrática de decir "Basta ya" a aquellos que están arruinando al país y que no merecen nuestro respeto por su comportamiento insolidario, ineficiente, corrupto, arrogante y antidemocrático.

La otra opción digna es votar a partidos limpios que constituyan una esperanza. Habrá muchos de esos partidos cargados de limpieza y utopías, pero la mayoría son pequeños y sin opciones reales de tocar poder. Sin embargo hay dos opciones que hoy brillan por su valentía y decencia, por sus planteamientos democráticos, capacidad de critica al sistema corrupto e ineficiente y por su coraje y valentía. Se trata de UPyD y de Ciudadanos, los dos embriones de esperanza en el estercolero de la política española.

Votarlos es una digna y encomiable manera de ser rebeldes frente al abuso y la indecencia.
Voto en Blanco

Pues nada, sigamos consintiendo el gasto indecente y astronómico de las administraciones locales
Regreso al pasado
César VIDAL La Razón 8 Febrero 2009

Imagino que buena parte de los lectores de este artículo no habrán oído hablar nunca del consulado del mar. No resulta extraño porque la peculiar institución surgió en la Edad Media, desapareció hace siglos y, para entonces, había quedado a tema de estudio para especialistas en Historia del Derecho. Su origen se encuentra posiblemente en la ciudad italiana de Trani donde en 1063 se abrió el primer consulado del mar. Pretendían los italianos en una época en que no existían embajadas, consulados o cuerpo diplomático crear una institución que brindara abrigo a sus comerciantes y sirviera de interlocutor frente a ciertos poderes. La idea era buena y, al cabo de unos años, otras ciudades italianas la asumieron. Así, Pisa o Venecia también contaron con su consulado del mar y lo mismo sucedió con emporios comerciales como Chipre o Constantinopla.

En España, el primer consulado del mar se creó en Valencia en 1283 por eso de que los valencianos fueron, como buenos herederos de los griegos y los fenicios, nuestros primeros embajadores en el comercio marítimo entonces como parte destacada de la Corona de Aragón. Más de medio siglo después, en 1343, Mallorca abrió su consulado del mar y, finalmente, en 1347, Barcelona se sumó a las ciudades que disfrutaban de esa institución.

Los consulados del mar fueron languideciendo con el paso de los siglos, fundamentalmente, porque el desarrollo de las diplomacias nacionales los hizo innecesarios. De hecho, los tan denostados -por ignorancia- Decretos de Nueva Planta de Felipe V conservaron la existencia de los consulados del mar de Barcelona y de Mallorca, pero ya no pasaron de ser una sombra de lo que habían sido. A decir verdad, lo único que se mantuvo en vigor hasta el siglo XIX fue la normativa del libro del Consulado del mar que, no obstante, desapareció obsoleta al promulgarse el código de comercio.

Pues bien, el ayuntamiento de Barcelona -a pesar de la severa recesión económica en la que nos encontramos- ha decidido resucitar los consulados del mar barceloneses por todo el mundo y, tras uno abierto en París (ciudad marítima por lo visto) tiene la intención de inaugurar otros ocho más este año.

Ni que decir tiene que semejante proyecto me parece, dicho sea con todos los respetos, un despilfarro inmoral por lo innecesario y por la cifra de más de tres millones de parados que sufrimos. Entra, sin embargo, en esa demencia que ha llevado al bachiller Montilla a inaugurar embajadas de Cataluña en el extranjero. ¿Son necesarias estas instituciones? En absoluto, salvo para aquellos como el hermano de Carod-Rovira que se convierten en titulares embolsándose casi 90.000 euros al año.

Sin embargo, dejan de manifiesto como pocos ejemplos a donde nos está llevando el nacionalismo. Nos conduce a un regreso a pasos agigantados a la Edad Media, pero no a la de caballeros, trovadores o damas virtuosas sino a un período atrasado en que se desconocían las instituciones contemporáneas y ramas enteras del derecho estaban en mantillas o ni siquiera habían sido concebidas.

Pues nada, sigamos consintiendo el gasto indecente y astronómico de las administraciones locales, permitamos los derroches delirantes de los nacionalismos, toleremos los disparates sin precedentes de Montillas, Touriños, Ibarreches y Benachs, y en poco tiempo - quizá unos meses - habrán llevado a empujones a buena parte de España hasta lo más profundo de las cavernas.

Libertad para Cataluña
El partido liderado por Albert Rivera es en la actualidad la única oposición al separatismo y a la variedad de nacional-socialismo impuestos en Cataluña, primero por CiU y después por el tripartito presidido por Montilla.
EDITORIAL Libertad Digital 8 Febrero 2009

Una vez más, miles de catalanes han salido a la calle para exigir al Gobierno de la Generalidad que cumpla las leyes y las resoluciones judiciales y permita que los hijos de los todos los catalanes puedan educarse en su lengua materna. La expulsión del castellano, idioma principal de la mayoría de los residentes en Cataluña, de las aulas de aquella Comunidad Autónoma, no sólo es una violación flagrante de la Constitución, sino además un factor que entorpece el aprendizaje y dificulta el desarrollo intelectual y emocional de los niños. No es casual que en los últimos años el fracaso escolar y la incidencia de trastornos como la dislexia y la hiperactividad se hayan disparado en Cataluña más que en ninguna otra región española.

Sin embargo, es triste constatar que a pesar de los efectos nocivos de la mal llamada normalización lingüística aplicada a la escuela, la respuesta de los partidos políticos catalanes que se definen como no nacionalistas haya oscilado entre la complicidad del PSC, responsable directo del endurecimiento de la discriminación contra el castellano en los últimos años, y la ambigüedad del Partido Popular. La soledad de Ciudadanos, formación política convocante de las manifestaciones celebradas el sábado en Barcelona y Madrid, demuestra la peligrosa deriva de la presidenta del PP-C, Alicia Sánchez Camacho, y de sus padrinos políticos hacia ese lugar en ninguna parte que su partido ha decidido ocupar en Cataluña.

Ante la renuncia de los populares a amparar la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la libertad de los padres de elegir el tipo de formación de sus hijos en un sistema escolar sufragado con el dinero de todos, el partido liderado por Albert Rivera es en la actualidad la única oposición al separatismo y a la variedad de nacional-socialismo impuestos en Cataluña, primero por CiU y después por el tripartito presidido por Montilla, fiel continuador de la labor iniciada durante la presidencia de Jordi Pujol.

La defensa de la libertad es una tarea difícil que a menudo requiere dejar a un lado los intereses particulares y las lealtades emocionales a fin de garantizar el derecho de los demás a elegir y a responsabilizarse de sus decisiones, nos gusten o no. Es por ello que, más allá de las etiquetas ideológicas, el liberalismo es ante todo una praxis. Exigir el fin de la exclusión y la discriminación que sufren las familias catalanas cuya lengua habitual es el castellano es lo mínimo que cualquier político que se llame liberal debería hacer. Por desgracia, abundan en aquella región quienes están dispuestos a hacer una excepción con la denominada cuestión nacional, algo que los lleva a apoyar políticas autoritarias e intrusivas que quebrantan derechos individuales básicos como la libre expresión y difusión de ideas y limitan las oportunidades de todos.

Como ha señalado Juan Carlos Girauta, encargado de leer el manifiesto de la concentración de Barcelona, el desprecio de Montilla por las sentencias que le obligan a permitir que los padres señalen la lengua vehicular de la educación de sus hijos revela su resistencia a aceptar la existencia de una Cataluña real mucho más rica y diversa que esa nación inventada por el delirio de unos pocos.

Corrupcion de dos velocidades
IGNACIO CAMACHO ABC 8 Febrero 2009

A Felipe González lo echaron del poder el tiempo y la soberbia, pero el hartazgo que ambos factores provocaban no cuajó hasta que se combinaron en la opinión pública con un triple escenario de paro, despilfarro y corrupción. La gente soportó el desempleo con estoicismo social, y se aguantó el derroche con la esperanza de que el país progresara, pero cuando a todo eso se le unió la evidencia de una gangrena que corrompía el Estado se produjo un cortocircuito político que achicharró al régimen felipista. Pues bien: de esos tres cables pelados capaces de electrocutar a un Gobierno cuando se juntan, el de Zapatero ha tardado la mitad de tiempo que el gonzalismo en pisar los dos primeros.

Y además le ha sucedido de forma simultánea, lo que acelera los tiempos de la temperatura crítica. El escandaloso dispendio institucional de Galicia y Cataluña, con sus coches tuneados, sus cristaleras «high tech» y sus sillas de 2.000 euros, se vuelve especialmente irrritante en medio de una coyuntura económica que produce 7.000 parados al día. El Gobierno es consciente de ello y por eso se apresura a construir fusibles que impidan el chispazo final capaz de hacer saltar el sistema. La estrategia consiste en exhibir escándalos de corrupción que salpiquen a su adversario.

Con una Fiscalía dispuesta a hacer un trabajo selectivo, no es difícil espigar episodios comprometidos en las autonomías, donde se ha refugiado la arbitrariedad del tráfico de favores y el abuso de poder. Lo que viene sucediendo es que el Ministerio Público actúa discrecionalmente con dos raseros y dos velocidades; una rápida y eficaz para los ámbitos gobernados por el PP y otra de ritmo lento y moroso para las tramas tejidas bajo responsabilidad socialista. Por desgracia el Estado autonómico ofrece en su variopinta estructura clientelar fisuras de todos los colores, pero no deja de ser curiosa la diligencia con que la iniciativa judicial se emplea en Baleares o Valencia mientras se vuelve espesa en Andalucía o Cataluña. Incluso en una misma comunidad como Madrid parece haber distinto criterio en la investigación de los presuntos mangazos de Boadilla y los de Ciempozuelos o Pinto, según a quien apunte la dirección de la sospecha. Demasiada reiteración para obedecer a la casualidad de lo aleatorio.

Claro que en esto no valen proporciones. El único grado de corrupción tolerable es cero; no basta con resultar menos corrupto que el de enfrente. En ese sentido, el PP va a tener problemas, porque un poquito de corrupción, aunque sea antigua, es mucha. Y el principal de esos problemas consiste en que mientras ardan sus propios cables no podrá unir la tríada con que quemar los del Gobierno.

Manifestación de Galicia Bilingüe
CIENTOS DE PERSONAS, POR EL BILINGÜISMO EN SANTIAGO
Radicales intentan boicotear la marcha de Galicia Bilingüe
Un puñado de radicales ha intentado boicotear la marcha de Galicia Bilingüe en Santiago, que convoca a esta hora a cientos de personas. La Policía ha tenido que intervenir, destacan fuentes consultadas por LD. "Sí bilingüe" o "Quiero libertad para elegir", algunos de los lemas que se escuchan.
Libertad Digital 8 Febrero 2009

Cientos de personas se manifiestan a esta hora a favor del bilingüismo, en un acto organizado por la plataforma cívica Galicia Bilingüe. La manifestación, que se celebra bajo los lemas "Sí bilingüe" y "Quiero libertad para elegir", reivindica la libertad en la elección de lengua oficial, tanto en la enseñanza como fuera de ella, y la igualdad en el trato de la administraciones que impiden su libre uso a los ciudadanos.

Según fuentes de la organización consultadas por Libertad Digital, un grupo de radicales ha intentado boicotear la marcha y ha obligado a actuar a la Policía. "Esperábamos que sucediera", han explicado. Sin embargo, la manifestación se está celebrando sin mayores contratiempos.

El acto está teniendo lugar en La Alameda de Santiago de Compostela, y cuenta con la asistencia de Rosa Díez (UpyD), Albert Rivera (Ciudadanos), así como destacados dirigentes del PP y otras formaciones políticas como la Unificación Comunista de España o el Centro Democrático Nueva Galicia. También han secundado el acto plataformas cívicas como la Asociación Tolerancia, la Plataforma Libertad para la Elección Lingüística de Euskadi, o el Círculo Balear.

La manifestación busca equiparar la democracia española a otras "democracias europeas donde hay más de una lengua oficial" y donde "es el ciudadano el que elige". Según Galicia Bilingüe, se desea que "seamos los gallegos quienes demostremos al resto de España que hay otra forma de hacer las cosas, que la convivencia lingüística de la que disfrutamos en la calle la podemos trasladar a las instituciones".

Las hogueras de la imposición y pintadas contra Galicia bilingüe
Reportero Digital 8 Febrero 2009

La víspera, pintarrajearon sedes del PP y de UPyD. Este domingo, en las horas previas a la maniferstación convocada por Galicia Bilingüe a favor de la libertad, facinerosos adeptos al Partido Socialista de Touriño o al Bloque de Quintana intentaron cerrar los accesos a Santiago de Compostela, cruzando contenedores y bloqueando carreteras con hogueras.

Con los colores de la bandera española, amarillo y rojo, se gestó el ultraje: «PP y Galicia Bilingüe, enemigos del gallego».

Con tal acusación, escrita en la lengua propia de Galicia, amanecieron las sedes populares de Ferrol y Narón (ambas en La Coruña).

Las pintadas portaban la firma de las Brigadas Independentistas Gallegas. En la web de esta organización radical hay duras críticas hacia la manifestación convocada este domingo en Santiago por Galicia Bilingüe, plataforma ciudadana que preside la viguesa Gloria Lago, contra la cruzada galleguista y a favor de la libertad de elección.
Pintadfa en la sede del PP

Contestando a lo que llaman «agitación anti-gallega», muestran en su página imágenes de paredes con más vituperios, como «que se vayan preparando» o «bilingüismo es españolismo», y amenazan con una contraprotesta.

El local de Unión, Progreso y Democracia en Orense también apareció manchado de pintura.

El PP criticó la actuación «incívica e intolerante» de estos vándalos. UPyD, que apoya la marcha de este domingo, denunció manchas de pintura en su local de Orense, que vinculó a «colectivos molestos con los principios que representa el partido».
Pintada contra UPyD

Numerosas entidades sociales y partidos políticos han dado su apoyo a la manifestación de Galicia Bilingüe, iniciada en Santiago a las 12 horas del domingo.

El objetivo de la marcha, que partió de la Alameda, es que las organizaciones que concurren a las próximas elecciones incluyan en sus programas el rechazo a las «imposiciones lingüísticas de la Administración y en la defensa de la libertad de uso de las lenguas oficiales y la de elección por parte de los padres del idioma en que sus hijos deben recibir la enseñanza en los centros educativos».

ESPAÑA
La manifestación contra Montilla sólo logra reunir a medio millar de personas en Barcelona
Àlex Baiget El Confidencial 8 Febrero 2009

La concentración convocada por Ciutadans para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, José Montilla, por no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno catalán a dar la posibilidad a los padres de escolarizar a sus hijos en una de las dos lenguas oficiales de Cataluña, contó con muy poca participación.

El partido liderado por Albert Rivera, que ha hecho del cumplimiento del bilingüismo su principal arma política, a duras penas logró reunir este sábado a algo más de medio millar de personas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, ante la sede del Gobierno autonómico. Ciutadans se planteó esta protesta al constatar que en las preinscripciones escolares de esta comunidad sigue sin aparecer la casilla obligatoria, según las sentencias judiciales, para poder elegir entre castellano y catalán. En defecto, pues, todos los niños son escolarizados únicamente en catalán.

Aún estando la plaza de Sant Jaume bastante vacía, el dispositivo de seguridad que custodiaba el Palau de la Generalitat era muy numeroso. Los Mossos de Esquadra estuvieron muy pendientes del acto, que se desarrolló sin ningún tipo de incidentes. Rivera no desaprovechó la oportunidad para cargar las tintas contra Montilla y el consejero de Educación, Ernest Maragall, acusándoles de ser “los máximos responsables de no cumplir la ley”. También quiso dejar claro que “no nos cansaremos de insistir en la lucha por un bilingüismo real en Cataluña”.

El PP no secundó la protesta
La concentración, en la que la presencia de los dirigentes y militantes de UPyD fue escasa, contó con un invitado estrella: el periodista Juan Carlos Girauta fue el encargado de leer el manifiesto reivindicativo. Girauta manifestó que “la culpa no es sólo de los que ocupan la Generalitat, sino de los que residen en Moncloa, por no hacer cumplir las sentencias”.

La manifestación de este sábado en contra de la política lingüística de la Generalitat, que transcurrió bajo el lema Montilla: o cumples la sentencia o dimites, no se puede comparar con la que convocó Ciutadans el pasado mes de septiembre. En la anterior concentración, el número de participantes rozaba las 4.000 personas, cifra a la que ayer no se acercaron ni por asomo.

El éxito de la anterior manifestación se debió, en parte, al llamamiento del Partido Popular para secundarla. En septiembre, la formación que en Cataluña preside Alicia Sánchez-Camacho se sumó a la convocatoria y los primeros espadas delpartido, empezando por ella misma y por el secretario general, Jordi Cornet, estuvieron presentes. Sin embargo, en esta ocasión los populares catalanes no dieron apoyo al acto y el número de participantes descendió cuantiosamente.

Aún así, Rivera contó con la presencia de varias asociaciones que luchan por el bilingüismo, como Convivencia Cívica Catalana (CCC), dirigida por Francisco Caja.

300 (guerreros contra la imposición)
Nota del Editor 8 Febrero 2009

Este periodista parece que resalta más que la noticia o sea la reclamación del cunplimiento de la ley y la constitución española y la no conculcación de los derechos humanos y fundamentales de los niños y padres, el aspecto circunstancial de que la asistencia sumó medio millar, como si no hubieran sido suficientes para tumbar la imposición lingüística, y para ello sólo hay que recordarle que los espartanos necesitaron doscientos menos, claro que  no tenían un ZP cualquiera apuñalándoles por la espalda, pues ya se sabe, en España, la ley, es un puro cachondeo (para unos pocos).

NOCHE DE TERRORISMO CALLEJERO
Los daños de los proetarras al Euskotren costarán 600.000 euros
Los daños materiales ocasionados por un grupo de terroristas callejeros a una unidad de EuskoTren en Rentería ascienden a 600.000 euros, según las primeras estimaciones. Además, cinco encapuchados prendieron fuego a un autobús en Amurrio tras hacer bajar a los viajeros.
Europa Press Libertad Digital 8 Febrero 2009

El ataque se produjo a las 20.50 horas del viernes, cuando varios terroristas callejeros lanzaron artefactos incendiarios contra la cabina de conducción trasera de la unidad 214 de EuskoTren, que se disponía a entrar, sin pasaje, a los Talleres y Cocheras de Rentería. El maquinista que realizaba la maniobra, único ocupante de la unidad en ese momento, no resultó afectado por el atentado.

A pesar de la intervención del cuerpo de bomberos, la cabina de la unidad ferroviaria quedó totalmente destruida, así como parte del coche número 3 de esa unidad ferroviaria. Según técnicos de la empresa, serán necesarios, al menos, cuatro o cinco meses para reparar los daños ocasionados.

El Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco y la Sociedad Pública Eusko Trenbideak condenaron esta acción "que atenta contra la vida de las personas y los bienes públicos y afecta gravemente al servicio de transportes que presta a la ciudadanía".
Noche de terrorismo callejero

El primero de los dos ataques tuvo lugar cuando tuvo lugar una pequeña explosión en una unidad del Euskotren fuera de servicio que se dirigía al hangar, según informó un portavoz del Departamento vasco de Interior. Como consecuencia de la misma, varios vagones quedaron dañados. Los primeros indicios que maneja la Ertzaintza apuntan a que se trata de un pequeño artefacto incendiario.

Casi una hora después, a las 21.45 horas, cinco encapuchados obligaron a desalojar un autobús público de una línea regular y lanzaron varios artefactos contra él. El vehículo quedó totalmente calcinado, indicaron las mismas fuentes, que explicaron que los responsables del ataque lograron huir del lugar.

Responsabilidad de todos ante la crisis
ARTURO FERNÁNDEZ, Presidente de CEIM ABC 8 Febrero 2009

El año 2009 ha comenzado con un clima meteorológico de nieve y heladas que se corresponde en buena medida con un clima económico próximo a la congelación. Estas nieves han provocado graves problemas a muchos ciudadanos en calles, carreteras y aeropuertos, y hemos visto como las diferentes administraciones se culpaban entre sí de la falta de previsión y de soluciones.

Los ciudadanos demandamos eficacia a las administraciones, y para ello es necesario que trabajen de forma coordinada cada una dando la mejor respuesta posible, cada uno desde el ámbito de sus competencias.

Por seguir con el símil, lo mismo demandamos en el terreno económico. Ante la grave situación que atravesamos, es responsabilidad de todos aportar lo mejor de nosotros mismos para paliar la situación. Las administraciones, los trabajadores, los empresarios y el conjunto de la sociedad civil debemos hacer este esfuerzo de superación.

La consecuencia más dramática de la crisis se resume en dos datos: en España ya hay más de 3 millones de parados y en Madrid 345.000. Hay que destacar que Madrid se mantiene casi 3 puntos por debajo de la media nacional en tasa de paro, además nuestro PIB per cápita supera los 30.000 euros, frente a los 23.412 del conjunto del país.

Ante el progresivo empeoramiento de la economía española, desde las organizaciones empresariales como CEIM y CEOE, hemos venido reiterando la necesidad urgente de emprender una serie de reformas que los empresarios consideramos esenciales para superar la grave situación económica que padecemos.

En primer lugar, todas las administraciones tienen la responsabilidad, insisto cada una desde su ámbito de competencias, de impulsar reformas estructurales para ganar competitividad. La mejora de la competitividad es el factor clave para aumentar la capacidad de adaptación, la sostenibilidad del crecimiento a medio y largo plazo y la creación de empleo. Por tanto, la política económica debe estar orientada al aumento de la competitividad en un sentido amplio, no sólo a través de la búsqueda del aumento de la cuota de nuestros productos en los mercados internacionales y la reducción del desequilibrio exterior, sino mediante acciones de carácter más estructural, vinculadas a aumentar la productividad y a potenciar sus factores impulsores.

Aún en el caso de que algunas de estas reformas pudieran tardar en realizarse, el anuncio de la discusión y aprobación de las mismas tendrá efectos inmediatos si es capaz de generar las suficientes expectativas a favor de la recuperación de la confianza de ahorradores, inversores, empresarios, trabajadores y consumidores.

En segundo lugar, es fundamental que todos ayudemos a la financiación de las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas. Deben recibir los créditos que necesitan para poder pagar las nóminas, atender a sus proveedores y, dicho claramente, seguir existiendo. El Gobierno central y la Comunidad de Madrid han anunciado medidas, pero hay que acelerar su puesta en marcha.

Por otro lado, necesitamos un nuevo marco fiscal que incentive la inversión y el empleo. Es imprescindible que nuestra fiscalidad incentive el crecimiento de la inversión y el empleo y sea además un referente para la atracción de la inversión extranjera hacia nuestro país. En concreto, se hace necesario el mantenimiento de los incentivos a I+D+i; una nueva disminución del Impuesto de Sociedades, la reforma de las amortizaciones; la supresión total del Impuesto sobre Actividades Económicas, del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, entre otras medidas.

En materia laboral, se pueden hacer muchas cosas, todas encaminadas a modernizar y flexibilizar el marco general de relaciones laborales en España. CEOE ya ha anunciado que llevará al diálogo social fórmulas de adecuación de la extinción y de la contratación laboral a los estándares de nuestros principales competidores.

En materia de extinción de la relación laboral, el coste del despido para las empresas, y de manera especial para las PYMES, debe ser revisado con un nuevo contrato, preservándose la situación y los derechos adquiridos de todos los contratos en vigor. Un menor coste en la extinción de los contratos será incentivador para que las empresas puedan crear nuevos puestos de trabajo o transformar en fijos los temporales.

De igual manera, la evolución de los costes laborales y la fijación de los salarios deberían ser acorde con las exigencias impuestas por la competencia internacional y la coyuntura económica. Los salarios deben responder sobre todo a la productividad.

Los empresarios somos los primeros que queremos mantener el poder adquisitivo de los salarios, pero es imprescindible que nuestros productos y servicios sean competitivos, para que los puestos de trabajo sean estables.

Por lo que se refiere a la financiación de la Seguridad Social, hay que destacar que ésta recae, fundamentalmente, en las empresas, constituyendo estas cotizaciones sociales un «impuesto sobre el empleo». La revisión de los aspectos más disfuncionales del actual modelo de financiación debe ser una prioridad para el Gobierno y los agentes sociales. La reducción de las cotizaciones empresariales debe ser urgente para apoyar el empleo. Es preciso buscar otras soluciones para la financiación, soluciones que no penalicen la creación de empleo y garanticen las prestaciones.

Desde CEIM consideramos que todas las administraciones deben buscar la eficiencia a la hora de prestar los servicios públicos, convirtiéndose en un garante del servicio ante los ciudadanos. El sector privado aporta un plus de especialización y flexibilidad, lo que aconseja una mayor participación de la iniciativa privada en la gestión, mediante concursos transparentes con igualdad de oportunidades.

También es responsabilidad de todas las administraciones, la disminución de las cargas administrativas de las empresas por considerar que se ha de facilitar la capacidad para competir de las mismas. Hay que reducir la burocracia para la creación de empresas de forma que se integren todos los trámites exigidos por la Administración del Estado, las Comunidades y las Entidades Locales, mediante el funcionamiento efectivo de las Ventanillas Únicas.

Es preciso, en estos momentos, profundizar en la internacionalización de nuestras empresas. Para ello, hay que aplicar una serie de acciones encaminadas a reforzar algunos factores específicos, diversificando los mercados exteriores y ampliando la base de empresas exportadoras e inversoras en el exterior, sobre todo entre las PYMES, así como el apoyo a la marca España y a la imagen de nuestro país en el exterior.

Hay otros dos aspectos fundamentales, cuyas competencias están repartidas entre todas las administraciones. Por un lado tenemos que mejorar nuestra formación. Por otro, fomentar el espíritu empresarial porque necesitamos más emprendedores.
Se han de mejorar los sistemas de educación y formación, promoviendo su calidad, reduciendo el abandono temprano de la escolaridad y fomentando la formación profesional; así como la colaboración entre el mundo empresarial y el educativo en todos sus niveles. En este sentido, son de gran importancia las fundaciones Universidad-Empresa y las cátedras de empresa que ya funcionan en diferentes Comunidades. Madrid es un ejemplo. La formación a lo largo de toda la vida es un concepto acuñado por las economías más avanzadas del mundo. El trabajador y el empresario deben estar en permanente disposición de aprender técnicas y habilidades.

Estas son las medidas que desde las organizaciones empresariales defendemos para salir cuanto antes de la crisis y conseguir que nuestra economía vuelva a crecer y a crear empleo, que es nuestro mayor deseo. En este empeño, los empresarios vamos a seguir trabajando y esforzándonos, profundizando en el diálogo social y colaborando para superar esta recesión.

Estoy convencido de que el conjunto de los agentes sociales y de las administraciones son conscientes de que estamos en el momento de dar soluciones, y no de echarse la culpa los unos a los otros. Los ciudadanos así nos los demandan a todos, porque es responsabilidad de todos. Y desde luego, así lo van a juzgar.


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Despilfarro y ocultismo
Editorial ABC 8 Febrero 2009

A la Xunta no le hacen falta sillas de diseño ni vehículos de último modelo, sino trabajo duro y eficaz al servicio del interés general

EMILIO Pérez Touriño es un político cuya gestión como presidente de la Xunta de Galicia se recordará por su complacencia hacia los socios radicales del PSdeG en el bipartito y por una alarmante carencia de soluciones eficaces a los problemas reales. Como sucesor de Fraga, es evidente que su capacidad de gestión sale malparada con cualquier criterio comparativo.

El máximo responsable del Ejecutivo gallego ha sido noticia, sobre todo, por una gran facilidad para el despilfarro del dinero público en gastos perfectamente inútiles. La opinión pública recibió en su día con indignación las noticias sobre el coche blindado (más caro que el de Obama, según algún análisis reciente) y sobre los lujos superfluos en la reforma de su despacho oficial. Ahora los ciudadanos exigen explicaciones rigurosas sobre las denuncias formuladas por ABC acerca de materiales tan exóticos como las sillas modelo «Oxford», los ventanales inteligentes o los pavimentos acristalados que adornan salas cuyo uso es muy poco frecuente. En lugar de justificar hasta el último euro gastado en tan sorprendentes adquisiciones, Touriño se niega a contestar a las preguntas de este periódico y utiliza el viejo truco de cargar contra el mensajero para eludir la respuesta obligada en democracia. Tal vez el todavía presidente de la Xunta se considera a sí mismo como titular de un poder absoluto, cuando no es más que un político surgido del aparato de su partido y encargado de gestionar -a base de concesiones- una coalición que crea más problemas de los que resuelve. Si pretendía ser ingenioso mediante la fórmula «siguiente pregunta» que reiteró en su reciente rueda de prensa, el candidato socialista debe saber que mientras no conteste como debe la cuestión será siempre la misma: ¿es aceptable malgastar el dinero público en plena crisis? Hay muchos miles de parados que reclaman una rectificación urgente. Como los hechos no se pueden negar, la única solución es dar marcha atrás y eliminar estos gastos exorbitantes que suponen una ofensa moral para los ciudadanos que sufren carencias elementales.

No es ético, ni estético, ni políticamente admisible que un presidente autonómico incumpla de manera flagrante el deber que impone el artículo 31 de la Constitución: la programación y la ejecución del gasto público debe responder a criterios de eficiencia y economía. El candidato socialista ha viajado a Iberoamérica en busca del voto de los gallegos con la esperanza de que allí no llegue el eco del escándalo y no le pidan cuentas sobre su derroche. Las encuestas anuncian un resultado muy ajustado y, en este sentido, el PP puede obtener provecho electoral no sólo de la pésima gestión del bipartito, sino también de este escándalo reiterado, que se agrava cuanto más hablan los socialistas de austeridad.

Mientras que Núñez Feijoo ha reaccionado con rapidez ante las dudas que suscitaba un candidato popular en asuntos fiscales, Touriño sigue empeñado en callar y esperar que pase la tormenta. Parece no ser consciente de que la crisis hace más sensibles a los ciudadanos ante estos privilegios injustificados de un sector de la clase política que mancha el buen nombre de muchos políticos honrados y causa un grave daño a la legitimidad del sistema. Es intolerable tirar el dinero en caprichos absurdos. A la Xunta no le hacen falta sillas de diseño ni vehículos de último modelo, sino trabajo duro y eficaz al servicio del interés general.

Galicia Bilingüe marcha en Santiago contra la imposición del gallego
Una manifestación recorrerá hoy Compostela para reclamar el derecho de los padres a poder elegir el idioma en el que estudian sus hijos
AGENCIAS | SANTIAGO La Opinión 8 Febrero 2009

La Asociación Galicia Bilingüe se manifestará hoy en Santiago bajo el lema Quiero libertad para elegir para criticar la "imposición lingüística" de gallego en la Comunidad, en una convocatoria que cuenta con el apoyo de numerosas asociaciones y partidos políticos y el rechazo de otros grupos.

Según apuntaron los integrantes de Galicia Bilingüe, la marcha comenzará mañana en torno a las 12.00 horas en la Alameda compostelana para reclamar "el derecho de los padres a escoger el idioma" en el que estudian sus hijos y criticar el Decreto del Gallego en la Enseñanza así como reclamar "libertad de uso de las lenguas oficiales" en Galicia.

En este sentido, los integrantes de Galicia Bilingüe reclamarán "el derecho de los niños gallegos a estudiar en su lengua materna, como defiende la Unesco" y recordaron que "quienes ahora privan de ese beneficio a los escolares castellanohablantes, lo demandaban antes para los gallegohablantes".

Además, la organización invitó a participar en la marcha "a quienes quieran una Administración bilingüe, a quienes apuesten porque empresarios y comerciantes sean libres de usar la lengua que prefieran en sus negocios" y "quienes apoyen que las subvenciones de la Xunta no estén condicionadas al uso de un idioma". Entre las asociaciones que han manifestado su apoyo a esta convocatoria está la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Galicia, quienes aseguraron que manifestación es "necesaria" porque "las imposiciones se han demostrado incompatibles con la convivencia pacífica".

Además, puntualizó Galicia Bilingüe, algunas personas de "relevancia social" también se han manifestado a favor de la convocatoria, con nombres como el ex ministro de Educación José Manuel Otero Novas, la novelista Marta Rivera de la Cruz, el actor Manuel Manquiña o la catedrática de Ética Esperanza Guisán. Algunos miembros del PP de Galicia, como los portavoces en Vigo y A Coruña, Corina Porro y Carlos Negreira; aseguraron "a título individual" ir a la manifestación. El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, no dio el apoyo expreso a esta convocatoria, aunque sí se manifestó a favor de las ideas que defiende y consideró adecuado que miembros de su partido acudan a ella.

Independentistas pintan las sedes del PP por su defensa del castellano en Galicia
ANA MARTÍNEZ SANTIAGO ABC Galicia 8 Febrero 2009

Con los colores de la bandera española, amarillo y rojo, se gestó el ultraje: «PP y Galicia Bilingüe, enemigos del gallego». Con tal acusación, escrita en la lengua propia de Galicia, amanecieron las sedes populares de Ferrol y Narón (ambas en la provincia de La Coruña). Las pintadas portaban la firma de las Brigadas Independentistas Galegas. En la web de esta organización radical (www.briga-galiza.org) hay duras críticas hacia la manifestación convocada hoy en Santiago, por la plataforma ciudadana que preside la viguesa Gloria Lago, contra la cruzada galleguista y en defensa de la libertad de elección idiomática.

Contestando a lo que llaman «agitación anti-gallega», los jóvenes extremistas muestran en su página imágenes de paredes con vituperios hacia el llamamiento dominical y su promotor -«que se vayan preparando» o «bilingüismo es españolismo» son dos de ellos- y amenazan con contraprotesta.

«El desafío lanzado por Galicia Bilingüe, y los que con ella quieren reducir más todavía la presencia de nuestra lengua, ha provocado una amplia respuesta por parte de las fuerzas políticas y sociales realmente comprometidas con el gallego», reza su proclama aquí traducida, en la que se añade, en el último párrafo, que «no se puede permanecer al margen de esta tentativa de tomar nuestro espacio, nuestras calles, para exigir su derecho a destruirnos. Es una provocación».

El PP criticó, tras el asalto, la actuación «incívica e intolerante» de estos vándalos, y recordó que «el único enemigo de la lengua gallega es aquel que trata de imponerla y, para ello, pasa por encima de la libertad de las personas. Este grupo defiende la convivencia pacífica». En el caso ferrolano, el afeite afectó a la fachada de la sucursal y al rótulo luminoso; y en el naronés, se dañó el frente, el letrero y una pancarta.

«No es la primera vez que somos víctimas de destrozos cometidos por intolerantes que tratan de imponer el gallego mediante la vulneración de los derechos y libertades de la ciudadanía», argumentó este equipo. También UPyD, formación liderada a nivel nacional por Rosa Díez que apoya la marcha de este domingo, advirtió la presencia de manchas de pintura en su local de Ourense, un hecho que esta acción política vinculó a «colectivos molestos con los principios que representa este partido» en la cuestión lingüística. «Nosotros defendemos un proyecto común, el de la libertad con mayúscula, desde la posición de gente corriente con minúsculas; el del progreso desde la sociedad, y la democracia desde el trabajo diario, pese a que esta actuación no siente bien a algunos», explicitaron tras el embate.

Los agitadores de NÓS-Unidade Popular (www.nosgaliza.org) son otros que están en el listado de los incómodos con la concentración, que saldrá a mediodía (12.00) de la alameda compostelana. En Internet, su primer recado es «Contra o bilingüismo, contra o españolismo». Hablan de «desfile reaccionario» y arremeten contra la «ideología dominante empeñada en la muerte lenta del gallego». Critican al PP por «alimentar esta tendencia», a algunos sectores del PSOE «por apoyarla» y al BNG por su «pasividad». Y anticipan que allí estarán, a las doce, para custodiar «este pueblo digno, que defiende su identidad y derecho a la existencia, que sabe que si somos gallegos y gallegas es por obra y gracia del idioma».

La contundente Frente Popular Galega (FPG) y la fanática Causa Galiza también darán batalla. La Policía no espera disturbios graves.

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