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Recortes de Prensa    Jueves 12 Febrero 2009

Malas noticias del Tribunal Supremo
Nota del Editor 12 Febrero 2009

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación contra fallo desestimatorio del TSJG  contra los artículos 2 y 13 del Decreto 124/2007, de 28 de junio, de la Junta de Galicia, por el que se regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo.

"Recurso Num.: 685/2008 RECURSO CASACION
Ponente Excmo. Sr.D. Ramón Trillo Torres
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Mercedes Fernández-Trigales Pérez
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN: PRIMERA
Magistrados:
D. Ricardo Enríquez Sancho
D. José Manuel Sieira Míguez
En la Villa de Madrid, a cuatro de diciembre de dos mil ocho.

HECHOS
PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Luz Albácar Medina, en nombre y representación de la "Asociación Gallega por la Libertad del Idioma" (AGLI), se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 21 de noviembre de 2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección Primera), dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales nº 3/2007, sobre impugnación de los artículos 2 y 13 del Decreto 124/2007, de 28 de junio, de la Junta de Galicia, por el que se regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo.

SEGUNDO.- Por Providencia de fecha 11 de julio de 2008 se acordó conceder a la parte recurrente el plazo de diez días para que formulara alegaciones sobre la posible causa de inadmisión del recurso -defectuosa preparación del mismo- opuesta por la representación procesal de la recurrida Junta de Galicia en su escrito de personación ante esta Sala. El mencionado trámite ha sido evacuado por la parte recurrente.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres, Presidente de la Sala

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- La Sentencia impugnada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la "Asociación Gallega por la Libertad del Idioma" (AGLI) contra los artículos 2 y 13 del Decreto 124/2007, de 28 de junio, de la Junta de Galicia, por el que se regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo.

SEGUNDO.- En relación con la causa de inadmisión -por defectuosa preparación- opuesta por la recurrida al tiempo de comparecer ante este Tribunal, hay que señalar, que como esta Sala tiene reiteradamente declarado, el articulo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, preceptuando el artículo 89.2 de la expresada Ley, a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.

En definitiva, se precisa hoy para que sean recurribles las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -todas, con abstracción de la Administración autora de la actuación impugnada- que, además de ser susceptibles de casación por razón de la materia o la cuantía del asunto, concurran los siguientes requisitos: A) Que el recurso de casación pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido; B) Que esas normas, que el recurrente reputa infringidas, hubieran sido invocadas oportunamente por éste o consideradas por la Sala sentenciadora; C) Que el recurrente justifique en el escrito de preparación del recurso, que la infracción de las mismas ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.

La vigente Ley de esta Jrisdicción no hace sino ratificar y ampliar, pues, una consolidada doctrina jurisprudencia! surgida bajo el imperio de la Ley anterior (Autos de 14 de junio, 5 y 20 de julio, 17 de noviembre y 4 de diciembre de 1998 y 16 de marzo, 17 de mayo y 21 de junio de 1999, entre otros muchos).

TERCERO.- En el recurso examinado, el escrito de preparación no se ajusta a lo que dispone el artículo 89.2, pues en el mismo se dice lo siguiente: "El motivo en que va a fundamentarse el recurso de casación es el establecido en el artículo 88.1 apartado d) de la LJCA. Y a efecto de lo dispuesto en el artículo 86.4 de la LJCA en relación con su art. 89.2, se expresa que ninguna de las normas del Ordenamiento Jurídico infringidas por la Sentencia –que fueron las que se invocaron por esta parte a lo largo del proceso en fundamento de su pretensión- emanan de la Comunidad Autónoma que dictó los preceptos del Decreto que se impugnan (arts. 2 y 13 del Decreto n° 124/2007 de 28 de Junio, por el que se regula el uso y promoción del gallego en el sistema educativo), ya que al tratarse el presente recurso sobre vulneración de derechos fundamentales, las normas infringidas son las que consagran los mismos, en concreto, el articulo 14 de la Constitución (principio de igualdad), con relación a los artículos 3 y 27 del mismo cuerpo legal, y, ya que la Sentencia impugnada entiende como no vulnerados por los reseñados preceptos del consignado Decreto autonómico, ello determina y justifica que la infracción de las meritadas normas constitucionales ha sido relevante y determinante del fallo de la resolución judicial objeto de recurso. Por otro lado, la Sentencia impugnada tampoco resuelve la cuestión litigiosa expresada en la improcedente obligación del uso de la lengua regional en las comunicaciones entre el personal docente que determina el artículo 2 del Decreto reseñado, y que determina la vulneración de los derechos fundamentales invocados por esta parte".

Por tanto, es evidente que no se ha efectuado el juicio de relevancia exigido por el artículo 89.2, pues aunque en el escrito de preparación del recurso se citan los concretos preceptos constitucionales que se entienden infringidos, en modo alguno se justifica que la infracción de una norma de Derecho estatal o comunitario europeo haya tenido relevancia, determinando el fallo recurrido. A dichos efectos, no basta la cita de las normas que se reputan infringidas, ni tampoco una mera afirmación apodíctica de su pretendida infracción, sino que debe razonarse que la infracción de las expresadas normas ha sido relevante y determinante del fallo, haciendo explícito cómo, por qué y de qué forma la infracción de una norma estatal ha influido y ha sido determinante del fallo, lo que lleva a la conclusión de que el presente recurso debe ser inadmitido, de conformidad con lo previsto en el artículo 93.2.a), en relación con el 89.2, de la mencionada Ley, por haber sido defectuosamente preparado.

Por otra parte, aunque la Sala advierte en el escrito de preparación el esbozo de la formulación de un motivo de casación al amparo del art. 88.1.c), por infracción de las normas reguladoras de la sentencia (incongruencia omisiva), al señalar en aquel escrito la "Asociación Gallega por la Libertad del Idioma" (AGLI) que la sentencia impugnada tampoco resuelve la cuestión litigiosa expresada en la improcedente obligación del uso de la lengua regional en las comunicaciones entre el personal docente que determina el artículo 2 del Decreto reseñado, y que determina la vulneración de los derechos fundamentales invocados por esta parte", lo cierto es que tampoco se podría sustentar la admisión del recurso con base en él, puesto que no ha sido desarrollado en el escrito de interposición.

CUARTO.- No obstan a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el trámite de audiencia pues el artículo 86.4 condiciona la recurribilidad de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -que sean susceptibles de casación- a que el recurso, es decir, el escrito de interposición del mismo, pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal (o comunitario europeo) que sea relevante y determinante del fallo recurrido, y es justamente tal condicionamiento, en cuanto afecta a la impugnabilidad de la sentencia, el que determina que en el articulo 89.2 se exija al recurrente justificar en el trámite inicial del procedimiento impugnatorio -en el escrito de preparación del recurso- que la infracción de las normas jurídicas hábiles, que en su día podrán hacerse valer como fundamento del recurso de casación, ha sido relevante y determinante de la sentencia. En otras palabras, el juicio de relevancia tiene su sede propia en el escrito de preparación del recurso, cumpliendo la función de acotar las infracciones normativas que habrán de servir para articular los motivos de casación y haciendo explícito cómo, porqué y de qué forma ha influido y ha sido determinante del fallo.

A lo que debe añadirse que la inobservancia del artículo 89.2 afecta a la sustancia misma del escrito de preparación -no se trata de un defecto formal- razón por la que no puede subsanarse en actuaciones posteriores sin desnaturalizar su significado.

QUINTO.- Por otra parte, se ha de tener en cuenta que la carga que al recurrente impone el artículo 89.2 no debe ser confundida con la sucinta exposición, también necesaria, de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 89.1, a lo que ha de añadirse que es jurisprudencia de esta Sala, a propósito del significado de la expresada carga procesal, que no se trata de articular en el escrito preparatorio del recurso el motivo o motivos que han de servir de fundamento al recurso de casación, lo que constituye el contenido propio del escrito de interposición, sino de anunciar la norma o normas jurídicas concretas, de derecho estatal o comunitario europeo, que la parte recurrente entiende han sido infringidas por la sentencia y de justificar, eso sí, que su infracción, que en la fase de preparación se da por supuesta, es relevante y determinante del fallo.

Por lo demás, la circunstancia de que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia no cambia las cosas, ya que el sistema de recursos es el establecido en la ley, a lo que debe añadirse que aunque la defectuosa preparación del recurso debe examinarse por la Sala de instancia, es al Tribunal Supremo a quien corresponde definitivamente pronunciarse al respecto.

SEXTO.- Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional, declarándose que la cantidad máxima a reclamar en concepto de honorarios de letrado por la parte recurrida es de 1.000 euros, atendida la actividad profesional desarrollada por dicho letrado en este recurso de casación, al igual que esta Sala ha resuelto en supuestos similares.

En su virtud,
LA SALA ACUERDA: declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la "Asociación Gallega por la Libertad del Idioma" (AGL1) contra la Sentencia de 21 de noviembre de 2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección Primera), dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales n° 312007; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, señalándose como cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida en concepto de honorarios de letrado, la cantidad de 1.000 euros.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Srs. al inicio designados".

Y nosotros, como siempre, dejamos aquí constancia del atropello, sin llegar a entender la necesidad de explicar a algunos juristas, salvo que se tratara de marcianos, de qué modo las autonomías que han hecho impropia la lengua española, conculcan los derechos constitucionales de los español-hablantes.  El equipo legal estudia el fallo y determinará los pasos a seguir. Y si algún alma caritativa cree que vale la pena lo que hacemos, y además tiene algo de parné (con ambas propiedades, debe tratarse de un especimen sumamente raro), puede hacer su donativo en la cuenta de la asociación.

Una Justicia podrida
J. Cacho El Confidencial 12 Febrero 2009

En la tarde del martes, en plena comparecencia en el Congreso del presidente Zapatero, alguien se acercó a la cabecera de la bancada popular que ocupa Mariano Rajoy para soplarle al oído la especie de que el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, y el juez Garzón, habían compartido fin de semana de caza y francachela en una finca de Torres, pueblo natal del magistrado en Jaén, el líder del PP levantó la mano pidiendo prudencia: “Alto ahí y que nadie se mueva. Esto hay que comprobarlo bien, que estos son capaces de tendernos una trampa, incluso de colar un doble de Garzón en la montería para que nos metamos en un charco”.

Porque la noticia, destapada por la revista Epoca, era tan increíble que pocos la dieron crédito en un principio. No era posible que en plena razzia judicial contra una supuesta trama de corrupción relacionada con el Partido Popular, el juez encargado del caso, bajo secreto del sumario, se exhibiera cazando en público con el ministro de Justicia, poniendo de nuevo en obscena evidencia esa división de poderes en la que nadie cree en España, y haciendo añicos la apariencia de neutralidad que se le supone no solo al ministro del ramo, que va de suyo, sino desde luego al juez instructor del caso.

¿El Gobierno, ministro de Justicia mediante, planificando entre las jaras de la finca Cabeza Prieta cómo darle la puntilla a un partido de la oposición al que le crecen los enanos, brazo ejecutor mediante del famoso juez campeador? Es la conclusión más obvia, no necesariamente acertada, que una gran mayoría de españoles habrán extraído del episodio. Estamos en elecciones, y en la crisis económica más atroz que seguramente ha conocido la Historia de España, con millones de españoles en el paro y un Gobierno a la deriva, claramente superado por los acontecimientos.

En todo caso, un escándalo sin paliativos, un episodio típico de aquella Escopeta Nacional del franquismo en versión progre, con juez y ministro intercambiando confidencias como los plutócratas de la famosa película traficaban con influencias. “Es conducta típica de alguien que va sobrao”, asegura un conocido miembro de la judicatura, “típico de alguien que conoce tan bien este país, sabe tan débil el pulso de esta democracia enferma, que se pasa por el arco de sus caprichos a la opinión pública, a la clase política y a las instituciones. Este tío es un cáncer para la Justicia, que no dudaría cinco minutos como juez en un país como Gran Bretaña”.

“La montería solo pone de relieve la relación que juez y ministro mantienen de antiguo”, señala un miembro de la carrera fiscal, “y de ella se puede inferir que hay un trabajo conjunto previo en el caso que en estos momentos lleva el juez, pero eso no pasa de ser una suposición. Lo que nadie puede discutir es el deterioro tremendo que para la imagen de la Justicia supone este episodio”. Un antiguo compañero de Garzón, más cáustico, sostiene que “nada nuevo bajo el sol. A Baltasar esto de la Justicia le importa más bien poco. El tiene otros objetivos en la vida. A él le gustan otras cosas, generalmente gratis total”.

Para sorpresa de tirios y troyanos, el Partido Popular, tan malito él, hizo ayer piña ofreciendo una imagen de unidad como hace tiempo no se veía por aquestos Reynos. Respaldado por los pesos pesados del partido, Rajoy arremetió contra Garzón exigiéndole que abandone la investigación y anunciando que pedirá su recusación. ¿Algo así como lanzar piedras a la luna? “Lo normal en un juez normal sería que él se inhibiera motu proprio, entre otras cosas porque la competencia de la Audiencia Nacional es dudosa”, asegura una fuente cercana al CGPJ. “En Garzón, en cambio, lo normal es que reaccione echando más leña al fuego”.

Ruptura de todos los consensos en materia de Justicia
Más que la petición del levantamiento del secreto de sumario y la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado para que explique "el trato desigual" que otorga a los distintos partido, la decisión que se antoja más grave de las adoptadas por el PP es la ruptura de la interlocución con el ministerio de Justicia: “Por sentido de la responsabilidad, el PP no seguirá en el pacto por la Justicia suscrito con el Gobierno mientras Fernández Bermejo sea ministro de Justicia”. Algo que supone la ruptura de todos los consensos y parece abocar al país a una crisis sistémica de proporciones desconocidas.

El ambiente en el CGPJ se cortaba ayer con cuchillo de palo. Los planes de modernización y reforma de la Justicia que había consensuado el nuevo Consejo han saltado por los aires tras la cacería del “hombre que veía amanecer”. Los vocales del PSOE, mayoría en el poder judicial, guardaban ayer un significativo silencio, mientras los del PP mostraban su cabreo a los cuatro vientos. Todo apunta a que las negociaciones que unos y otros mantenían para presentar una terna de candidatos a la presidencia de la Audiencia Nacional, cuyo plazo concluye el 3 de marzo, han también han quedado seriamente dañadas.
La presidencia de la Audiencia Nacional es precisamente el puesto al que aspira un Garzón amante de las emociones fuertes. Nadie con más méritos que él, piensa la soberbia del magistrado, para ocupar ese cargo como premio a los servicios prestados (ETA) y recompensa a su amistad con Zapatero, a quien asesora en asuntos de su especialidad. Lo que una mayoría de la sociedad española está pidiendo a gritos, en cambio, es que Baltasar Garzón sea expulsado de la carrera judicial de una vez por todas, como un inaplazable síntoma de regeneración de nuestra podrida Justicia y maltrecha Democracia. Tranquilos todos. Nadie se atreverá a tocarle un pelo. Sus amigos son muy poderosos y sus secretos muy temidos.

Imposición lingüística
La fantástica rebelión de Blanco
El oportunismo del socialismo zapaterino no conoce límites. Y ahí debe residir el quid de su éxito. Conforma un torbellino que acaba por banalizar y digerir hasta las más zafias de sus maniobras.
Cristina Losada Libertad Digital 12 Febrero 2009

El actor Manuel Manquiña, la escritora Marta Rivera de la Cruz y otros personajes conocidos que apoyaron la manifestación por la libertad de elección de lengua en Compostela, figuran ya en las listas de "enemigos del gallego". Son las prácticas habituales de los radicales que cría el nacionalismo. Pero aquellos que, igual que los camisas pardas, señalan, acosan y agreden a los discrepantes, como hicieron el domingo –y antes– no han brotado con fuerza por azar. Hay intelectuales orgánicos y sectores del establishment que alientan y alimentan su fanatismo y el bigobierno, con el BNG al frente, los ha vigorizado con dosis de legitimidad.

Pero estos días toca limpieza. Ha habido, así, condenas hipócritas y equidistantes de la violencia de los "contramanifestantes" por parte de los socios de Gobierno y hay una operación de lavado de manos y de cara de los socialistas para desprenderse de ese chapapote que es su política de imposiciones en el ámbito lingüístico. Pues estos socialistas (es un decir) juran ahora que ellos, de imponer, nada de nada.

Después de que Touriño declarase al español "tan nuestro como el gallego", ha sido José Blanco el encargado de ir aún más allá. Desde el Barco de Valdeorras ha anunciado que está "en contra de las imposiciones", proclamándose, incluso, en rebeldía contra ellas. La última rebelión conocida de Blanco fue contra los que denunciaron la urbanización a pie de playa en la que se ha comprado un bonito ático. No es, por tanto, un rebelde sin causa. Y en esta ocasión tampoco le falta una.

La causa de esos pronunciamientos socialistas contra su propia política se encuentra a dos semanas y media. Son las elecciones. Es el descontento social ante la inquisición lingüística que han instalado en comandita con el Bloque. Y ha sido el espectáculo de la violencia desencadenada contra unos manifestantes pacíficos. De manera que niegan la evidencia sin recato.

El oportunismo del socialismo zapaterino no conoce límites. Y ahí debe residir el quid de su éxito. Conforma un torbellino que acaba por banalizar y digerir hasta las más zafias de sus maniobras, como ésta. La acumulación de contradicciones y falsedades agota la capacidad de juicio y asombro. Una mentira tapa a otra. La realidad se desvanece bajo ese constante chorro. Y así nos encontramos abocados a reconocer que aquello que Abraham Lincoln consideraba imposible (engañar a todo el mundo todo el tiempo) intente verificarse cada día ante nuestros ojos.

¿Existe una sinergia entre el nazionalismo institucional y los nazionalistas ultraviolentos?
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 12 Febrero 2009

Hace ya tiempo leí en "El árbol y las nueces", de Carmen Gurruchaga e Isabel San Sebastián, una frase de siniestro y jesuítico Arzalluz que define claramente la sinergia entre los nazionalistas institucionales y los nazionalistas violentos. Dice así: "No conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. (...) Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas". Las palabras de Arzalluz fueron pronunciadas en una reunión secreta del ex-jesuita con ETA. Ya saben que ETA tiene la manía de grabar, anotar y archivar absolutamente todo lo que se dice en sus reuniones, asumiendo el riesgo que esto supone para la banda terrorista en caso de que dicho material sea intervenido por la policía, que es lo que sucedió en este caso.

UPyD insinúa que existe "un reparto de tareas entre el nacionalismo que reparte subvenciones y el ultraviolento". Yo creo que están en lo cierto, salvo que los nazionalistas de ambos estilos no son tan tontos como para dejar el menor rastro que demuestre el más mínimo vínculo organizativo entre ellos. A mi entender, los papeles están repartidos de la siguiente manera:

1º EL NAZIONALISMO INSTITUCIONAL: Está representado por el BNG y su sindicato CIG.

2º LA TRAMA SUBVENCIONADA: Está constituida por las mil y una organizaciones subvencionadas por la Junta de Galicia tipo Mesa por la Normalización Lingüística, que preside Carlos Callón, los grupúsculos pseudoculturales, las publicaciones que no venden ni un solo ejemplar, las editoriales en gallego, etc.

3º LOS GRUPOS ULTRAVIOLENTOS: Éstos no mantienen ninguna relación organizativa con el BNG ni con la CIG, pero realizan el trabajo sucio del nazionalismo institucional atemorizando y acosando a quienes defendemos la libertad y la democracia como si fuésemos nosotros los verdaderos responsables de la violencia desencadenada por ellos y sólo por ellos.

El comunicado de prensa de UPyD dice textualmente: "No queremos sospechar la existencia de un reparto de tareas entre el nacionalismo que reparte subvenciones y molinos de viento y el nacionalismo ultraviolento que trata de evitar la existencia de cualquier oposición civil y democrática". Pues un servidor tiene la absoluta seguridad de que este reparto de tareas existe y es tan real como la mala leche y la paranoia de Carlos Callón, pero los lazos organizativos entre unos y otros nunca se podrán demostrar porque, a diferencia de las detalladas actas de las reuniones de ETA con sus colaboradores, aquí no existe nada de eso.

Verán cómo en un futuro asistiremos al crecimiento de grupos neonazis muy bien organizados cuyos actos violentos nunca van a ser condenados ni cuestionados por los nazionalistas institucionales, del mismo modo que Galicia Bilingüe todavía no ha condenado ni se ha cuestionado, ¡¡¡a estas alturas!!!, el hecho de que el PPdeG no haya hecho el menor atisbo de denuncia o corrección de su Ley de Normalización Lingüística de 1983, a pesar de que esta reivindicación está en la base ideológica de la asociación cívica bilingüista.

Crisis
El empleo de Zapatero
Ya es hora de que alguien diga cuatro verdades imprescindibles sobre lo que funciona, en lugar de dedicarse a satisfacer a los grupos con intereses creados y a decir dulzuras al oído del contribuyente esperando que sus descendientes paguen la factura.
GEES Libertad Digital 12 Febrero 2009

Con las tormentas financieras del otoño, los grandes del mundo más Zapatero se reunieron en el G20. Ante el alborozo general y pasadas las fiebres de la reconstrucción del capitalismo, acordaron poca cosa, pero dijeron que una era esencial y que de ella no se desviarían: no habría proteccionismo. El comunicado de la cumbre del 15 de noviembre de 2008, dice así: "Subrayamos la importancia crítica de rechazar el proteccionismo y de no girarnos hacia nosotros mismos en tiempos de incertidumbre financiera".

Desde entonces, al grito de guerra "hay que actuar y hay que hacerlo ahora", la mayoría de las naciones civilizadas, y las que vamos dejando de serlo, han puesto en marcha un programa mercantilista que haría ruborizarse a Colbert, el precursor del invento. Por de pronto, no hay banco occidental que no haya incluido en sus cuentas de ingresos partidas de dinero público en los últimos meses. Bien es cierto que no es lo mismo la entrega sin condiciones de la cartera de los contribuyentes que se ha hecho en España al préstamo con interés que ha hecho Francia. En ello hemos demostrado que podemos ser aún más estatistas que los franceses, pero eso sí sin obtener contrapartida alguna para quien hace el esfuerzo económico. Faltaría más.

Además de lo anterior han florecido los planes de estímulo porque nadie va a ser más papista que el Papa, y como los Estados Unidos han echado las piernas por alto no se ve razón para que los que tradicionalmente son menos dinámicos y menos confiados en la economía de mercado sean más ortodoxos que los americanos. Comenzaron por ayudar a dos de las tras grandes compañías automovilísticas y han terminado por repartir una barbaridad de dinero entre diversos grupos de presión, empresas cercanas al poder y alguna que otra infraestructura. En la UE parecía que la vigencia de los tratados comunitarios que tienen como esencia el mercado único y la prohibición de las ayudas de Estado salvo en concretas circunstancias iba a impedir la marea. Pero no. Hete aquí que Sarkozy va a entregar préstamos notables a las empresas que fabrican los coches franceses, a cambio de que no se lleven las plantas a la República Checa que, casualidades de la vida, resulta que preside este semestre la UE. La Europa rica no contenta con dejar esperar largo tiempo a la del Este antes de integrarla y de arreglárselas para pagar menos a los funcionarios UE que proceden del otro lado del antiguo telón de acero, se dedica ahora a aplicar las reglas básicas de la Unión de aquella manera, no se vayan a creer que son miembros de pleno derecho.

En este contexto se convocan dos cumbres de la UE adicionales para tratar el asunto en marzo y mayo. Pero es irrelevante firmar comunicados y hasta tratados si no se tiene la más mínima intención de cumplirlos cuando no conviene.

Ya está bien de declarar, como han hecho virtualmente todos que no se iban a privilegiar aproximaciones demagógicas, populistas o ideológicas, sino que se iba a actuar de acuerdo con criterios prácticos que son los que funcionan. Es mentira. Se está poniendo en marcha no el keynesianismo, sino el colbertismo. Ya es más que hora de que alguien diga cuatro verdades imprescindibles sobre lo que funciona, en lugar de dedicarse a satisfacer a los grupos con intereses creados y a decir dulzuras al oído del contribuyente esperando que sus descendientes paguen la factura. Uno: Hay que reducir impuestos que promocionen el ahorro, la inversión, la creación de empresas y de empleos. Dos. Hay que suprimir costes innecesarios de la economía, no siendo el menor el que afecta a la generación de energía, por ejemplo nuclear. Tres. Hay que controlar – o sea, reducir– el gasto público. Cuatro. Aunque en esto el BCE ha actuado mejor que la Reserva Federal americana, la política monetaria debe ser de control de la inflación, que hoy puede encontrarse moderada artificialmente pero que debido a las onerosas inyecciones de dinero público preparan un entorno futuro de dos dígitos en cuanto al incremento de los precios.

Por desgracia, la situación de desesperación y depresión que se advierte en la ciudadanía europea, y en especial española, procede de la insistencia de los gobernantes en el error mientras se advierte ya la catástrofe de las medidas emprendidas. Por eso, no viene mal resucitar las cada vez más preclaras palabras del gran optimista que fue Ronald Reagan adaptadas al momento presente: "Recesión es cuando tu vecino pierde el empleo, depresión es cuando tú pierdes el empleo y recuperación es cuando Zapatero pierde el suyo". El que miente y no sabe, que no insista por favor, que se largue.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

INSTITUTO JUAN DE MARIANA
El Plan E consolida las malas inversiones y dilapida el ahorro de los españoles
El Observatorio de Coyuntura del Instituto Juan de Mariana analiza la eficacia de las medidas aprobadas por el Gobierno para recuperar la economía -enmarcadas en el Plan E- y concluye que son iniciativas nocivas que empeorarán la situación e hipotecaran el futuro de los españoles.
Libertad Digital 12 Febrero 2009

Durante su comparecencia en el Congreso esta semana, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en la eficacia de su política económica para combatir la profunda crisis que sufre España. Sin embargo, las medidas aprobadas hasta el momento no han solventado ni solventarán la actual situación.

Esta es la conclusión que se extrae del boletín del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana (OCE), correspondiente al segundo trimestre de 2008, analiza en profundidad las claves del plan de estímulo impulsado por el Ejecutivo tras las elecciones generales del pasado marzo.

El informe revela que "en realidad, se trata de un proyecto keynesiano, basado en el incremento del gasto público, que, curiosamente, toma prestadas algunas de las malas iniciativas puestas en marcha por la Administración de EEUU".

Según el OCE, el plan del Gobierno está compuesto por dos grupos de medidas: Las que serían beneficiosas si llevaran aparejada una reducción drástica del gasto público y las que, en cualquier caso, resultan nocivas para la economía nacional. "El problema es que, en ambos casos, se produce una distorsión en el uso de los recursos, apuntalando las malas inversiones y dilapidando el escaso ahorro de los españoles, por lo que en nada contribuirán a atenuar la crisis".

Prueba de ello es el creciente déficit público que sufre y seguirá sufriendo el país, con el consiguiente incumplimiento del Pacto de Estabilidad que rige en la UE, así como el aumento del diferencial entre la deuda pública española y la alemana, que también irá en aumento. A continuación, el OCE evalúa las primeras medidas anticrisis presentadas por el ministro de Economía, Pedro Solbes:

1. Devolución de 400 euros del Impuesto sobre la Renta (IRPF):
Al igual que hizo Bush, el Gobierno español devolvió a cada trabajador 400 euros para tratar de estimular el consumo y reanimar la economía. El OCE defiende que las rebajas fiscales son unas de las pocas iniciativas que puede adoptar el Estado para aliviar la crisis, ya que menos impuestos implica más renta disponible para amortizar la carga de las deudas y, en definitiva, para ahorrar e invertir en los proyectos productivos desatendidos durante la etapa del boom.

Sin embargo, precisamente por ello, el objetivo de la rebaja fiscal no debe ser estimular el consumo y, mucho menos, debe implementarse en un contexto de déficit público, ya que por ambas vías el ahorro nacional termina dilapidándose en partidas que alejan la recuperación económica. Una rebaja adecuada de la tributación debe pasar, primero, por reducir el gasto público y, luego, sin renunciar al equilibrio presupuestario, por incentivar fiscalmente el ahorro, por ejemplo eliminando la tributación por plusvalías y permitiendo deducir por completo la reinversión empresarial.

2. Eliminación anticipada del Impuesto sobre el Patrimonio:
La eliminación de este impuesto deja un sabor amargo por motivos análogos a la devolución de los 400 euros: Se efectúa sin reducciones de gasto, lo que implica que el déficit público se financiará con cargo al ahorro de los españoles. Así, la descapitalización de la estructura productiva que tiende a provocar los impuestos sobre la riqueza sólo queda postergada vía un incremento de los pasivos públicos.

3. Ampliación de las hipotecas:
Con esta medida, el Gobierno pretendió suprimir los costes administrativos para prolongar el plazo de las hipotecas, con la finalidad de minorar la cuota hipotecaria. La eliminación de sobrecostes artificiales sobre las transacciones voluntarias siempre resulta positiva (salvo por la pérdida de recaudación que no va acompañada por una reducción del gasto), ya que permite que los intercambios se lleven a cabo con mayor facilidad.

En cualquier caso, si la medida se dirige a reducir los impagos hipotecarios y así salvar a los bancos de la bancarrota, conviene tener presente que un repunte del desempleo no va a impedir el impago merced a una cuota hipotecaria ligeramente inferior y que, en todo caso, los bancos y cajas se enfrentan, a medio plazo, a un impago mucho más pernicioso, como es el de los 450.000 millones de créditos a promotores y constructores (cuantía que debe ponerse en relación con un capital de la entidades de crédito de apenas 200.000 millones).

El problema de los impagos hipotecarios vendrá más adelante, conforme el desempleo se convierta en endémico, precisamente por impedir la reestructuración de la actividad productiva, vía un mayor gasto y endeudamiento público.

4. Apoyo financiero a las pymes:
El aval que presta el Tesoro a la titulizaciones de préstamos a pymes nace con la intención de extender el grifo del crédito. Se trata de una medida que no soluciona nada y, además, tiene visos de empeorar las cosas. La restricción crediticia (credit crunch, tal y como avanzó el OCE el pasado verano) no se produce por la desconfianza de los bancos hacia sus potenciales deudores, sino por una continuada erosión de sus balances, origen esencial de la crisis de liquidez que sufre desde mediados de 2007 el mercado interbancario internacional.

En estos momentos, la banca no está pensando en cómo rentabilizar sus exiguos saldos de caja, sino en aprovecharlos para sobrevivir en un contexto de escasa liquidez y con fuertes desembolsos en el horizonte. La medida del Gobierno, por tanto, no cambia esta situación de partida y no resolverá la restricción de crédito a la economía real.

De hecho, aunque lo lograra, sólo facilitaría un arbitraje de riesgos no respaldado por ahorro real, sino por los avales del Estado, esto es, con la promesa de rapiñar riqueza futura del sector productivo de la economía para respaldar unos proyectos que pueden no ser ni siquiera rentables.

De este modo, el OCE advierte de que el aval del Estado a este tipo de titulizaciones produce, en realidad, una desviación de los flujos de ahorro hacia circuitos mucho más arriesgados de lo que los ahorradores están dispuestos a financiar a costa de atacar impositivamente el capital acumulado para respaldar los eventuales impagos crediticios.

5. Privilegios para el sector de la construcción:
Durante el segundo trimestre del pasado año, el Ejecutivo aprobó rebajas del IVA para la rehabilitación de viviendas, incrementó, en un primer momento, hasta 5.000 millones de euros el aval del ICO sobre titulizaciones de préstamos hipotecarios y mantuvo su compromiso electoral de construir 150.000 viviendas de protección oficial anuales.

Por un lado, las rebajas fiscales siguen sin acompañarse de reducciones drásticas del gasto público, con lo que el déficit seguirá en aumento. Por otro, España presenta un claro excedente de viviendas, de modo que carece de todo sentido la construcción de nuevos pisos subvencionados o evitar la caída de precios inflados adquiriendo, por ejemplo, viviendas sobrantes a los promotores a precios muy por encima de lo que justifican sus fundamentales.

Todo ello, tan sólo contribuye a retrasar el necesario ajuste del sector, impide la recolocación de los factores productivos y dilapida el escaso ahorro necesario para iniciar la tan ansiada recuperación económica.

6. Recolocación de parados:
El Gobierno comenzó la actual legislatura destinando 201 millones de euros a contratar a 1.500 orientadores en las Oficinas Públicas de Desempleo para facilitar la recolocación de parados. Asimismo, también anunció una ayuda de 350 euros mensuales durante 90 días para determinados parados de difícil recolocación.

El primer error del plan es considerar que el desempleo puede solventarse con más agentes dedicados a buscar puestos de trabajo. El problema es que la falta de empleo se debe esencialmente a la ausencia de ahorro para constituir nuevos proyectos empresariales. Además, en cualquier caso, se trata de una medida inadecuada que debería dejarse a la iniciativa privada para comprobar si es realmente útil y necesaria.

Por otro lado, la ayuda de 350 euros mensuales a los parados tan sólo disminuye su disposición a buscar trabajo (y, sobre todo, a buscarlo por salarios bajos, tal y como será necesario en muchos casos tras el estallido de la burbuja), y nuevamente contribuye a dilapidar los ahorros que capta el Estado a través del gasto corriente en consumo y, por tanto, retrasa la recuperación.

7. Obra pública:
El Gobierno insiste en reactivar el sector de la construcción mediante la aceleración de las ejecuciones de obra pública (cifrado en unos 12.000 millones de euros) y el denominado Plan E, que pretende inyectar más de 8.000 millones de euros a los ayuntamientos para el inicio de obras puntuales.

En este caso, el Ejecutivo desvía el ahorro de los españoles hacia bienes de capital, cuya escasez no es la causante de la crisis. Con este plan, España apuesta por más obra pública, pero dejará de invertir en otros bienes que pueden ser más necesarios ahora mismo, como todos los relacionados para reducir nuestro galopante déficit exterior (próximo al 10% del PIB anual).

8. Mejora del tratamiento fiscal de la deuda:
Por último, durante el segundo trimestre de 2008, Solbes anunció que los no residentes no tendrían que tributar por los intereses de la deuda pública. La idea es favorecer la afluencia de ahorro extranjero para el endeudamiento de las Administraciones. Conviene recordar que el Estado no paga los intereses de la deuda con cargo a la rentabilidad que ha generado su inversión precedente, sino con nuevos impuestos, cuya recaudación, por tanto, es hasta cierto punto independiente del éxito de sus proyectos.
Desde el Observatorio se insiste en la necesidad del ahorro para facilitar la recuperación económica, pero en ningún caso que éste sea captado y dilapidado por el Estado en iniciativas que, en realidad, suponen un despilfarro de recursos.

La citada reforma, en la medida en que facilitará que el Estado dilapide mayor cantidad de ahorro privado, sólo puede ser valorada de manera negativa. Además, no deja de resultar frustrante que, siendo el Ejecutivo consciente de que la mejora sobre la fiscalidad del ahorro facilita su emergencia, restrinja este tipo de medidas a su endeudamiento particular, y no al de familias y empresas.

¿Por qué no funciona nuestro sistema político?
Juan Manuel Blanco El Confidencial 12 Febrero 2009

La política española sufre unas evidentes carencias en todos los órdenes: escasea la confrontación de ideas y el debate racional mientras avanza la corrupción, la pérdida de credibilidad de las instituciones y la tendencia a la adopción de medidas llamativas y cortoplacistas, sin que existan proyectos serios de largo plazo ¿Cuáles son las causas de este deterioro? Creo que la clave se encuentra en un erróneo diseño de nuestro sistema político.

Para que un sistema democrático funcione correctamente no basta con que los ciudadanos puedan votar y exista un régimen multipartidista. El voto constituye un control último de los electores a los gobernantes contra la tendencia al abuso y a la arbitrariedad, pero este control resulta muy indirecto y su ejercicio demasiado dilatado en el tiempo. Una democracia necesita, además, otros elementos que impongan unos límites claros al ejercicio del poder y establezcan unos mecanismos de control permanentes: a) una Separación de Poderes efectiva entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que establezca unos sistemas eficaces de vigilancia mutua y control entre ellos, b) un sistema directo de representación y exigencia de responsabilidades a los representantes, c) unos mecanismos adecuados de selección de los políticos, obligándoles a someterse previa e individualmente al escrutinio público y d) una prensa libre e independiente que proporcione la información veraz con la que los votantes puedan elegir.

Resulta bastante discutible que el sistema político español cumpla alguno de estos cuatro requisitos. La separación de poderes ha desaparecido en la práctica y los mecanismos de control del poder político hace tiempo que no funcionan correctamente, el principio de representación apenas existe, los sistemas de selección de los políticos resultan perversos y la prensa es cada día más dependiente del poder.

En España no existe un poder legislativo independiente. Las decisiones importantes las toman las direcciones de los partidos políticos y las trasladan al Parlamento a través de la disciplina de voto. El Legislativo no lleva a cabo, en la práctica, ninguna de las funciones que tiene encomendadas: ni controla al Gobierno, ni hace las leyes, ni ejerce la representación de los ciudadanos. No controla al Gobierno, pues el voto de cada parlamentario no depende, en absoluto, de cual haya sido la acción del Gobierno. Las leyes las hace en realidad el Ejecutivo y ordena a sus diputados votar a favor. Si el partido del Gobierno no tiene la mayoría, el Ejecutivo suele comprar a otros partidos minoritarios los votos que le faltan, a cambio de generosas y arbitrarias concesiones.

Tampoco existe la representación directa. El sistema electoral se ha caracterizado por la total ausencia de una relación directa entre elector y elegido: no se vota al candidato sino a listas cerradas que elaboran las direcciones de los partidos políticos. No hay control de los ciudadanos hacia su representante pues, por lo general, nadie sabe quien le representa en el Parlamento (nacional o autonómico). El parlamentario individual no puede tener criterio propio, se convierte en una maquina de votar lo que le ordenan: ya no ejerce como representante de sus electores sino de la dirección de su partido. También es explicable que los debates en el Parlamento carezcan casi por completo de argumentos, ya que no hay que convencer a nadie: todos actúan por disciplina de voto. En conclusión, debido al sistema de elección por listas cerradas, el Parlamento deja de representar la soberanía popular para representar la voluntad de las cúpulas de los partidos.

Partitocracia es el nombre que describiría mejor el funcionamiento del sistema político español. Se trata de una estructura política en la que son las direcciones de los partidos (y no los ciudadanos) las que deciden quiénes serán los representantes y las que ejercen un control estricto sobre los miembros del Parlamento, de manera que éstos no pueden tener criterio ni decisión propia. Dado que gran parte de los órganos de decisión del Estado se "nombran" por el Parlamento, esta preponderancia de las direcciones de los partidos se traslada a muchos otros órganos. Así, la partitocracia acaba vaciando de contenido una buena parte de los órganos del Estado, porque las decisiones que estos órganos toman formalmente ya se han adoptado previamente en otros ámbitos. La separación de poderes desaparece de hecho pues suele ser el jefe del partido mayoritario (generalmente también jefe del Ejecutivo), quien las toma realmente, aunque estas instituciones sean formalmente independientes. Además, debido a que los partidos políticos carecen de democracia interna, el Estado queda dominado por unas estructuras burocráticas sin control interno y un control democrático externo demasiado débil. Ante esta falta de mecanismos de control, la corrupción y los abusos tienden a generalizarse sin que haya forma de ponerles freno.

El sistema español también produce una selección perversa de los representantes y gobernantes, ya que los criterios que acaban contando para ser diputado (nacional o autonómico) o concejal no son necesariamente la valía personal o profesional ni la confianza de los votantes en esa persona, sino otros como la lealtad al líder o una larga permanencia en el partido. Se fomenta así la creación de una casta de políticos que hacen del cargo su forma de vida. El mantenimiento en el poder se convierte en el objetivo primordial de la acción política y la discusión entre proyectos políticos se sustituye por una lucha encarnizada por el reparto de los puestos. Finalmente, la lucha partidista se extiende a una buena parte de la sociedad civil a la que los partidos intentan controlar. En el caso de la prensa, el control se ejerce a través de la publicidad institucional y de las concesiones administrativas a los medios audiovisuales. En definitiva, la independencia de la prensa y de los medios se ha ido reduciendo de forma alarmante en los últimos años.

No son pocos los motivos para plantear, de forma urgente y sin complejos, la necesidad de acometer unas reformas que fomenten una representación más directa de los ciudadanos, garanticen una efectiva separación de poderes, provean un eficaz sistema de selección de los políticos, establezcan eficaces mecanismos de control del poder y eviten la influencia de los gobernantes en los medios de comunicación.

*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia

Corrupción
Eduardo García Serrano Minuto Digital 12 Febrero 2009

Con motivo del desmantelamiento por el juez Garzón de una trama de corrupción en cinco municipios “peperos” de la provincia de Madrid con el patrón mafioso habitual: halago, concesión del favor deseado y promesa que siempre encierra una amenaza para conseguir recalificaciones urbanísticas y el cobro de comisiones ilegales, el secretario general del PSOE madrileño, un tal Tomás Gómez, ha declarado que “decir PP es sinónimo de corrupción a todos los niveles”. Y lo dice él, que es un mandarín regional del partido más corrupto de la historia política de España, pues no hace falta remontarse a los seculares orígenes del Partido Socialista para constatar que el PSOE es la escoria de la política y que su memoria es el recuerdo de toda infamia, pasada, presente e, incluso, futura.

Desde 1982 hasta 1996 el PSOE de Tomasito Gómez llenó de estafadores y de ladrones las arcas del Estado. La corrupción socialista desbordó los rebosaderos de lo tolerable y acabaron en la cárcel hampones del PSOE con responsabilidades políticas en instituciones fundamentales del Estado: el Director General de la Guardia Civil, el Gobernador del Banco de España, la Directora General del BOE, el Síndico de la Bolsa de Madrid, el ministro del interior, el Secretario de Estado de Interior y algún que otro miembro destacado del sindicato chapero UGT por el robo perpetrado por la PSV a los trabajadores españoles.

¿Qué el PP es un partido corrupto? Seguro lo es. Tan seguro, don Tomasito Gómez, como que su partido, el PSOE, es la encarnación de la corrupción, es la corrupción misma, el la corrupción en carne mortal. Usted, don Tomasito, con sus declaraciones sobre lo corrupto que es el PP, demuestra tener la memoria corrompida y ser, al decir de Ortega, un hemipléjico político y un completo imbécil según la máxima orteguiana que nos enseña que ser de izquierdas o ser de derechas es una de las muchas maneras que el hombre tiene de ser idiota.

Por eso, en una Nación dividida entre izquierdas, derechas y separatistas, sacar la corrupción de la ecuación del Poder es un imposible metafísico, ya que para el pueblo español, que hoy yace en una postura de ruina y abandono mientras su casta política chapotea toda ella en un fangal de privilegio, el que roba siempre es el “otro”. O sea, el del partido al que yo no voto, y si a uno de los míos le pillan in fraganti siempre me quedará el socorrido recurso dialéctico del “y tu más”

Hemos aceptado la corrupción como una realidad inevitable. Nadie escapa a su pérfida adulación o a su aduladora perfidia que ha convertido la política española en una cloaca en la que los cargos sólo significan dinero, las elecciones soborno y la administración saqueo. Cuánto hace que vivimos en esta mentira? Desde que nadie aceptar que los ideales democráticos, manipulados en España por una caterva de rufianes que no vale su pan, se han convertido, a hechos consumados, en el refugio de la corrupción y el caso de las satrapías autonómicas.

Esos ideales democráticos que sintetiza con brillantez Aristóteles en su impagable Política: “El dinero como fundamento y meta del comercio. La virtud como medida y meta de la actuación política. Incremento del bienestar de todos. Generoso desempeño del hombre con su riqueza. Participación de todos en el proceso político y transmisión periódica del Poder a un hombre de virtud sobresaliente”

Negreira denuncia que la Mesa reciba más dinero que las entidades benéficas
R.R. > A CORUÑA El Ideal 12 Febrero 2009

Carlos Negreira visitó ayer el Hogar de Sor Eusebia, donde aprovechó para anunciar la creación de un Observatorio Gallego sobre la Pobreza y de una red de recursos de emergencia, además de criticar que el Ayuntamiento haya congelado las ayudas a las instituciones benéficas.

El cabeza de lista del Partido Popular por A Coruña, Carlos Negreira, realizó ayer una visita a la asociación benéfica Hogar de Sor Eusebia, donde lamentó que el alcalde no haya valorado suficientemente la labor que vienen desarrollando en la ciudad estas organizaciones. Al hilo de este tema, criticó que este año la mayoría de estas entidades, como Cáritas, la Cocina Económica o Padre Rubinos, sigan recibiendo la misma ayuda económica que en años anteriores pese al incremento de la demanda.

“Es un clamor la indignación que puede tener cualquier persona cuando ve que se dedican 80 millones para gastos de protocolo y de relaciones públicas del señor Losada y no se dedica ni un solo euro más para las instituciones sociales”, apuntó el portavoz popular, que explicó, además, que “mientras que la Cocina Económica recibe 6.000 euros, la Mesa recibe 12.000 y la Fundación Luis Seoane, 375.000 euros”.

Negreira quiso dejar claro que “el PP no tiene nada contra la cultura”, pero que 2009 “es el año en el que muchas personas van a necesitar comer, cubrir sus necesidades básicas y van a tener dificultades”.

Propuestas > El cabeza de lista por A Coruña presentó las propuestas de su partido destinadas a las personas necesitadas. Negreira informó de que el PP creará un Observatorio Gallego sobre la Pobreza para realizar estudios que aporten nuevas ideas eficaces de cómo erradicar este fenómeno. “Es fundamental tener claramente diagnosticada la situación en la que vivimos”, afirmó el portavoz. “A veces las administraciones vivimos de espaldas a muchas realidades porque no se conoce de verdad lo que está aconteciendo en su área metropolitana”, añadió.

Del mismo modo, Negreira anunció la formación de una red de recursos de emergencia en todas las ciudades para garantizar el bienestar social durante la crisis. “Una red que esté perfectamente interconectada de forma que podamos apoyar a todas las entidades mucho mejor porque conoceremos su actividad y los recursos que movilizaremos”, manifestó.

La justicia andaluza contradice al Supremo sobre Ciudadanía
Otra sentencia avala la objeción de conciencia a la asignatura
MANUEL PLANELLES - Sevilla El País 12 Febrero 2009

Los magistrados del Tribunal Supremo no lo tenían claro. Más de dos días llevaban discutiendo si se podía o no objetar a Educación para la Ciudadanía. Pero en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no había dudas. El 28 de enero esta sala dictó que una familia de Granada tenía derecho "a ejercer la objeción de conciencia frente" a esta asignatura. Ese mismo 28 de enero, a eso de las 13.30, los magistrados del Supremo llegaron a la conclusión de que "no existe el derecho a la objeción de conciencia" y que la asignatura no alcanza "a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

La Sala Tercera del TSJA -de la que forman parte al menos dos jueces vinculados al Opus Dei y que sistemáticamente ha reconocido el derecho a la objeción- no aguardó al pronunciamiento del Supremo. Prefirió seguir amparando a los insumisos. "Lo lógico y lo razonable hubiese sido que esperaran a las deliberaciones del Supremo", señala María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga. Aquel 28 de enero el Supremo estaba analizando precisamente otra sentencia del TSJA que respaldaba a unos objetores.

Que los magistrados andaluces no esperaran a conocer la decisión del Supremo puede ser ilógico. Pero es legal, según reconoce Balaguer. En primer lugar, porque para que se siente jurisprudencia el Supremo tiene que dictar dos sentencias en el mismo sentido. Además, este tribunal, a diferencia del Constitucional, no tiene la obligación de publicar en el BOE sus fallos, con lo que el TSJA puede argumentar que desconoce sus decisiones. Y en último lugar, porque los magistrados andaluces siempre podrían ampararse en la "independencia judicial" e ignorar los pronunciamientos de órganos superiores, "siempre que haya un razonamiento legal", añade Balaguer.

Ante este panorama los expertos constitucionalistas consultados por este periódico no tienen claro qué ocurrirá a partir de ahora. El TSJA podría seguir dictando sentencias a favor de la objeción, que teóricamente serían luego tumbadas una a una por el Supremo, que ya ha fijado su posición, aunque todavía no ha hecho pública la sentencia sobre este asunto. "Sería una postura pueril", afirma Balaguer.

Conferencia organizada por la asociación cívica Coruña Liberal
http://www.corunaliberal.es 12 Febrero 2009

Conferencia organizada por la asociación cívica Coruña Liberal en la que se explica por qué la historiografía sobre la que se basa el proyecto de ingeniería social llamado 'normalización lingüística' en Galicia es un conjunto de mitos insostenibles, una construcción fraudulenta contra la libertad de los ciudadanos, a la vista de los hechos y los documentos.

Este viernes, 13 de febrero a las 20:30 en el aula sociocultural de Caixa Galicia en c/Médico Rodríguez (esquina Juan Flórez), conferencia a cargo de Andrés Freire, filólogo clásico, promotor de la iniciativa ciudadana 'Tan gallego como el gallego' de la que surgieron las asociaciones cívicas Galicia Bilingüe y Mesa por la Libertad Lingüística que se oponen a la llamada "normalización lingüística" y a la lógica que anima el polémico decreto educativo 124/2007, tan ampliamente contestado por la ciudadanía gallega.

Andrés Freire desvela con datos y hechos los falsos mitos sobre los que se ha construido el nacionalismo lingüístico gallego, datos que son voluntariamente ignorados por la casta intelectual y educativa de Galicia. Su perspectiva es la de un lingüista que trata de aplicar la lógica y el conocimiento histórico a unos prejuicios y mitos del galleguismo que no resisten un mínimo análisis.

Para Coruña Liberal es importante que los coruñeses dispongan de esos datos escamoteados desde el poder con el fin de enriquecer y fortalecer el debate de quienes luchan por la libertad e igualdad lingüística en nuestra tierra. Se trata de disponer de armas contra las mentiras del /establishment/ cultural gallego, cómodo con una mitología que les garantiza sus desmesuradas prebendas e influencia.

Lea al final el artículo El día que “La Coruña” desapareció
Por Andrés Freire La ilustración liberal N10 Dic2001
 

****************** Sección "bilingüe" ***********************

Los fanáticos gallegos
EDURNE URIARTE ABC 12 Febrero 2009

La gran diferencia entre los fanáticos españoles y los de nuestros países vecinos es que los de aquí están amparados por el poder Y lo digo esta vez por los fanáticos que atacaron el domingo a los manifestantes que exigían la libertad de elección lingüística en Galicia. Lo grave es que estos fanáticos agredieran violentamente a manifestantes pacíficos. Lo gravísimo es que un partido del Gobierno gallego, el BNG, los amparara. Y lo incomprensible y lamentable en la Europa democrática es que el partido del Gobierno de la nación mantenga pactos con estos radicales y reproduzca en Galicia el sucio juego de las dos partes del conflicto.

En una línea perfectamente batasuna, Quintana acusó a Feijóo de fomentar «los incidentes», es decir, las agresiones violentas de los fanáticos, con su «odio al gallego». Que es exactamente lo que dicen los totalitarios vascos para depurar a quienes defienden el derecho a usar el español. El problema español es que este Le Pen gallego recibe todos los parabienes de la izquierda en el poder. Y mientras en Francia organizan movilizaciones generales para alejar de las instituciones a políticos como estos, en España, el PSOE pacta, acuerda y se entiende con ellos.

José Blanco condenó las agresiones del domingo. Pero no se le pasó por la cabeza romper con el partido que ampara las agresiones. Y, lo que es igual de grave, añadió la teoría del conflicto, con aquello de que él se rebela contra aquellos «que quieren imponer exclusivamente el gallego o exclusivamente el castellano». O sea, que, para Blanco, los violentos totalitarios que atacaron a los manifestantes son comparables a los que exigen el derecho a poder usar el español.

Es la misma historia del País Vasco y de Cataluña y demuestra lo que algunos estamos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Que hay un extremismo antidemocrático independiente del terrorismo, que va a sobrevivir al terrorismo y que se ha instalado en las instituciones o en los aledaños de las instituciones de esas regiones. Con la complacencia de la izquierda democrática que convive tranquila y feliz con los Le Pen españoles.

Carnaval lingüístico

FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión 12 Febrero 2009

Si lo que pretendía Galicia Bilingüe con la manifestación del otro día en Santiago era incorporar el asunto del idioma al debate electoral, habrá que reconocer que lo está consiguiendo. Más allá de condenar con o sin matizaciones, con mayor o menor contundencia, los incidentes ocasionados por los radicales, los dirigentes de los principales partidos se han visto obligados a tomar postura en relación con la política lingüística, convencidos como están socialistas y populares de que su actitud en la guerra idiomática puede influir en la voluntad de una buena porción de electores a día de hoy indecisos, a los que está tentando el partido de Rosa Díez, que, al igual que el Bloque, pero por el otro lado, en esto tiene las ideas muy claras. Pero es que, además, y esto es lo nuevo, los políticos están siendo ahora interpelados sobre algo tan íntimo como la lengua que emplean en su vida privada o por qué razón eligen un idioma u otro en sus comparencias públicas. Sorprende comprobar que han perdido el miedo a quitarse la careta y a que se les pueda reprochar su comportamiento por políticamente incorrecto. Deben pensar que las cosas están cambiando.

El número dos del PSOE, el lugués José Blanco (al que algunos llaman despectivamente Pepino), no tuvo empacho en confesar el otro día que, siendo el gallego su idioma materno, él siempre emplea el castellano en público, incluso en Galicia, por una actitud de rebeldía. Dice que está en contra de las imposiciones de unos y de otros, aunque no menta a nadie. De lo que dice y, sobre todo de lo que da a entender, se deduce que Blanco no está de acuerdo con algunas cosas que ahora mismo están ocurriendo en su tierra. O tal vez intuye que la línea que la Xunta está siguiendo en asuntos de lengua no sintoniza con una parte de las bases del partido que él pastorea.

El presidente Touriño, por su parte, ya no oculta algo que era más que sabido: reconoce que es "castellano-hablante en lo personal". Vamos, que no habla gallego en la intimidad; sólo en público. Emplear la lengua de Rosalía cuando interviene en el Parlamento, en un acto oficial o en los medios de comunicación vendría a ser para él como una carga que va en el cargo, una mera obligación institucional. Es lo que hace muchos años el profesor Alonso Montero denunciaba como el uso ritual del gallego por parte de gentes que en realidad no tenían, ni tienen, ningún compromiso con el idioma propio de Galicia. Los por algunos tildados de españolistas, es decir, los contrarios a lo que consideran imposición política del gallego en las aulas y en otros ámbitos, se atreven a calificar de hipócrita y farisaica la conducta de una gran parte de nuestra clase dirigente, a un lado y a otro del espectro ideológico, en lo que atañe a las lenguas. Se rigen por una especie de doble moral. Desde el cargo o la posición institucional que ocupan apoyan el idioma gallego, legislan en su favor, subvencionan su empleo, pero no lo usan ni en su entorno laboral, ni en sus relaciones personales ni familiares. Lo terrible es que saben que lo sabemos y que, por un enfermizo mecanismo de complicidad colectiva, lo perdonamos.

fernandomacias@terra.es

VIAJE DE SEIS PARLAMENTARIOS BELGAS AL CORAZÓN DEL MIEDO
"Contaremos en Bélgica que en Euskadi los amenazados viven una situación excepcional"
Los políticos belgas se han declarado "impresionados" por la presión cotidiana que sufren sus colegas vascos del PP y el PSE
JOSÉ MARI REVIRIEGO BILBAO El Correo 12 Febrero 2009

Los políticos belgas que han visitado estos días Euskadi han explicado esta mañana en Bilbao sus vivencias tras haber pasado tres días conviviendo con concejales del PP y el PSE. La delegación, compuesta por cuatro partidos francófonos (socialista, liberal, democristiano y verdes), elaborará a su regreso un informe con las conclusiones de su viaje que presentarán al Parlamento de su país.

"Contaremos en Bélgica que en Euskadi los amenazados viven una situación excepcional, algo que no ocurre en ninguna otra parte de la Europa democrática", han explicado sus representantes. Los políticos belgas se han declarado "impresionados" por la presión cotidiana que sufren sus colegas vascos del PP y el PSE. Un concejal socialista belga ha asegurado que los electos amenazados de Euskadi viven bajo una "atmósfera del plomo".

Para la delegación, que ha visitado las localidades Arrasate-Mondragón, San Sebastián, Hernani, Lazkao, Vitoria o Bilbao, entre otras, Euskadi es un región económica próspera, rica y con poco paro y "con una autonomía bastante amplia", lo que a su juicio, hace incomprensible que "se pueda justificar la violencia".

Georges Dallemgne, diputado del partido del centro humanista, ha explicado además que en Europa "no hay información suficiente" sobre la realidad que viven los políticos vascos, quienes les han pedido "que no se hable de movimiento independentistas cuando se hable de ETA, sino de banda terrorista".

Marie Nagy, concejal en Bruselas de Los Verdes, ha podido constatar durante su visita a Euskadi que los concejales "tienen mucho miedo a exponer su opinión y compartir una discusión política", aunque ha destacado también su "convicción democrática", que hace que "sigan luchando y haciendo un trabajo político a veces en condiciones humanas difíciles, que afecta también a sus familias y amigos".

Anécdotas
Por su parte, el diputado federal del partido socialista Jean Cornil ha destacado la "humillación e indignación" que ha experimentado durante su visita y que ha querido exponer en cinco anécdotas vividas junto con las víctimas.
Según ha explicado, mantuvo en San Sebastián un encuentro con la viuda de un abogado a la que "le hubiera gustado comprar flores a su marido pero el florista o no se las quiso vender o se las vendía más caras". Cornil ha descrito también cómo los escoltas de los concejales del PP tenían que comprobar los bajos de los coches en busca de bombas o cómo en Lazkao, el concejal popular tenía que acudir al pleno mientras miembros de la izquierda radical portaban pancartas llamándole "traidor y ladrón".

Cornil ha considerado "sorprendente" que en Mondragón se expongan las fotos de "los asesinos de ETA" junto con una bandera "de un partido radical, con el símbolo de Palestina y una esvástica con una estrella israelí". "Esto en Bélgica sería impensable y hubiera estado prohibido por la ley", ha indicado.

Por último, el concejal del partido socialista Jean Spinette, ha destacado el contraste entre "el fuerte símbolo de la democracia" que representa Gernika y la "situación de protección que tienen que vivir muchos electos". El político belga ha reconocido haber disertado sobre política con miembros de la izquierda radical pero ha dicho no poder comprender porque si él ha podido hacerlo "a la salida hay unos concejales con protección". "Es una pregunta que de la que no he recibido respuesta", ha lamentado.

El día que “La Coruña” desapareció
Por Andrés Freire La ilustración liberal N10 Dic2001

El 3 de junio de 1997 tuvo lugar en el Parlamento español una sesión que merece no quedar en el olvido. Se reunían los padres de la patria con el fin de discutir una propuesta de ley del Parlamento gallego para modificar oficialmente el nombre de dos provincias españolas, La Coruña y Orense, que pasarían a partir del momento en que fuera tramitada la ley a ser denominadas A Coruña y Ourense. No se trataba de la última ocurrencia del cantonalismo periférico, sino que era una solicitud unánime del Parlamento gallego, que fue aprobada también casi unánimemente por su homónimo español (306 votos a favor y una abstención).

Era un día de triunfo para el nacionalismo gallego. Eran ellos quienes habían sacado adelante la moción, tanto en el parlamento de Santiago como en el de Madrid, en un tedioso proceso que les había llevado años. Toparon no con una oposición abierta de los partidos nacionales, pero sí con una palpable desgana. Sin embargo, PP y PSOE estaban atrapados en sus propias contradicciones, pues en 1993 se había aceptado una propuesta idéntica por parte de la minoría catalana. Gerona y Lérida desaparecieron de mapas y matrículas para convertirse en Girona y Lleida. En 1997, en la primera legislatura de Aznar, un débil gobierno central se sintió forzado a aceptar el cambio de denominación.

Y así el tercer día de junio de 1997 los representantes de la soberanía nacional se sentaron a votar en favor de la prohibición del uso oficial de dos palabras españolas. Pues de eso se trataba, por más que se edulcorara el hecho con frases rotundas sobre el reconocimiento del gallego. La nueva ley, al reconocer la oficialidad única de A Coruña y Ourense, rechazaba implícitamente la cooficialidad de las formas castellanas. Éstas, tras largos siglos en uso, dejaban aquel día de existir en la lengua oficial.

El acto golpeaba de paso a las provincias, bastiones del centralismo. Los racionalizadores del XIX habían cuarteado así el territorio español con el objeto de dominarlo mejor desde el centro. Al darles el nombre, los decimonónicos, siempre tan prosaicos, escogieron el de la ciudad capital en la lengua común, el español. En el caso de La Coruña (el más polémico), la forma normativa convivía, y convive, con otras expresiones que varían en función del dialecto, del contexto y de la lengua: A Coruña/Coruña/Curuña/Curuña (la u apenas pronunciada)/Cruña. Ya en el siglo XX, cuando a los galleguistas les dio por normativizar las hablas rurales y marineras de Galicia, escogieron A Coruña como forma standard de su neolingua. Con esta elección, demostraban otra vez su preferencia por la pronunciación castellanizada del idioma, así como su aversión instintiva y profunda por los rasgos más populares y extendidos de las hablas gallegas, como la oscuridad de sus vocales, el seseo y la gheada (j por g).

La división territorial en provincias, a pesar de su centralismo (o gracias a él) se ha mostrado durante siglo y medio como estable y pragmática, un gran avance sobre el arcaicismo del Antiguo Régimen. En la España autonómica de hoy las provincias han quedado, sin embargo, obsoletas. Aun así, los parlamentarios gallegos se acercaron a Madrid no a solicitar su desaparición, sino... a que les cambiaran el nombre. Tal es el alcance de la voluntad reformista de las nuevas clases políticas de la periferia.

Los separatistas como maestros de ceremonia
Aquel día de junio en el Congreso, pareció a todos bueno y justo que fuera el Bloque Nacionalista Galego (BNG) quien abriera la sesión. Su responsable de cultura, Pilar García Negro, venía desde Santiago a exigir "en nombre del pueblo gallego" la restitución de sus palabras mancilladas. No se molestó en dar muchas razones: los nombres de A Coruña y Ourense eran los únicos que le parecían admisibles, estaban documentados desde antiguo, en los tiempos en que "el gallego era lengua oficial", hasta que en 1833 llegó el triunfo de los liberales y ocurrió la tragedia:

Señoras y señores Diputados, don Javier de Burgos, Ministro de Fomento, en 1833 procedió a la invención de las provincias como categorías administrativas. Han pasado 164 años desde entonces, desde que se inventó (sic) La Coruña y Orense como nombres de las provincias.

Su compañero en Madrid, el diputado Francisco Rodríguez Sánchez, aprovechó la ocasión para recordar las muchas injurias recibidas por su pueblo, injurias que era difícil olvidar (ya está él para recordarlas). Pero al fin el estado español aceptaba la versión "democrática" del nombre de dos de sus provincias.

No hicieron falta más argumentos. Saben bien los nacionalistas que el pueblo necesita de mitos sobre los que fundamentar la "construcción nacional", por lo que han abrazado con alegría la pretensión posmoderna de que cualquier historia no es más que una selección arbitraria de hechos que el poder utiliza para legitimarse. Y si les dejan mentir en los libros de texto, ¿qué no podrán decir en la tribuna de oradores?

No todos coincidieron con García Negro en culpar a Javier de Burgos de la falsificación de los nombres gallegos. Los socialistas responsabilizaron a Franco, los nacionalistas vascos y catalanes al secular centralismo hispánico. En lo que casi todos estuvieron de acuerdo era en aquel día se recuperaba el nombre originario y genuino de dos provincias norteñas. No hizo mella en ellos que el diputado González del PP, quien fue el único que intentó razonar las nuevas formas oficiales, les explicara que los nebulosos orígenes de esos nombres se hallaban en el céltico Clunia (que quiere decir cerro) para Coruña y el latín Auriensis (Portus auriensis, es decir del oro, porque de allí partía el camino a las minas del Miño) para Orense. Tampoco hubieran cambiado su opinión si alguien les hubiera mostrado centenares de ejemplos de la aparición de las formas La Coruña y Orense en textos españoles desde la Edad Media. Los congresistas estaban decididos a dar por cierto que los constructores de la Torre de Hércules ya decían A Coruña.

Se comprende así por qué las curiosas historias del nacionalismo han sido integradas en el discurso oficial de la política española. Los nacionalistas llevan tantos años dedicados a diseminar burda propaganda, con ese fervor que da el tener una sola idea y estar seguro de ella, que no sólo se la han creído, sino que sus oponentes ya no se molestan en refutarla. Muchos, incluso, la dan por cierta.

El complejo de culpa
Pero no son los nacionalistas los personajes más interesantes de aquel día. Tenemos cumplidas noticias de su espíritu hispanófobo y de su deshonestidad intelectual. Son los representantes de electores que se consideran españoles los que merecen mayor atención. Son el PP y el PSOE los que aportaron los votos necesarios para que la propuesta de ley fuera aceptada. Y la aceptaron, parece ser, con gusto pues parlamentarios suyos, tanto de Santiago como de Madrid (escogidos estos últimos entre los gallegos), la jalearon con entusiasmo y se apresuraron a defenderla.

El PP, por medio de la parlamentaria gallega María Jesús Sainz, se sirvió, a diferencia del BNG, de la constitución y el estatuto para justificar el cambio de nombre. La Sra. Sainz alabó la dignidad del gallego y su vinculación eterna con la Tierra, lo que obligaba a la Xunta a protegerla y recuperarla. Tampoco olvidó de mencionar con orgullo la pluralidad lingüística de España (Galicia, según se intuye, es monolingüe).

El complejo de culpa de la derecha española le ha llevado a aceptar muchos desvaríos. Pero los motivos de fondo de su sector gallego son quizás más tangibles. Las tentaciones que para el poder tiene una lengua autóctona son casi irresistibles: legitima su autonomía política, facilita la integración y cohesión del territorio, favorece una política educativa diferenciada, justifica una televisión y una radio públicas, sirve de excusa para insuflar tal cantidad de fondos en la cultura y en los medios de comunicación que los nuevos jerarcas pueden controlar lo que se dice en ellos. Añádase a esto una mezquina idea del futuro de Galicia, et habemus linguam.

También asomó en el discurso de Maria Jesús Sainz una querencia tradicional del conservadurismo gallego: Su instintiva simpatía hacia el gallego primigenio, ese labrego analfabeto, portavoz de una lengua intacta (Omisión de "e incomprensible más allá de su valle"), sobre cuyos hombros tan fácil le ha sido siempre a la derecha conservadora asentar su poder. Asomó en forma de filfa romántica, chorradilla inane que anduvo un día en boca del padre da patria galega.

Yo quiero recordar, señorías, aquella frase maravillosa de Castelao, precisamente pronunciada en las Cortes Generales, cuando se debatía el artículo 4 de la Constitución de 1931, que decía: El idioma es una fuente de arte, es el vehículo del alma original de un pueblo, y sobre todo es en sí una gran obra de arte que nadie debe destruir.

Entonemos un lamento por la derecha gallega, que eleva a Castelao al indisputado rango de Padre Fundador de la Patria. ¡Qué extravío el suyo¡ Y esas frases de Castelao, tan antiguas y anticuadas que parecen dichas por un estudiantillo romántico en unos juegos florales, tomárselas en serio, hacer política con ellas... Insisto: ¡qué extravío el de la derecha gallega, construyendo en leyes y aulas las armas de quienes la quieren destruir¡

Pasemos de la derecha conservadora al socialismo progresista. Es difícil ser socialista en la era del individualismo. Es difícil ser progresista cuando nadie cree en el progreso. Quizá por eso buscan denodados savia nueva que revitalice sus discursos, y cuando no pueden salir del paso con la solidaridad y la tolerancia, se sirven de conceptos tan vagos y dudosos como pueblo, raíces, diálogo cultural. No es raro que los socialistas tiendan a parecerse a los nacionalistas, aunque sin el integrismo de los verdaderos creyentes. Y quizá por esa dificultad para articular propuestas de futuro, María Xosé Porteiro, enviada desde Santiago por el PSdG-PSOE, no tuvo más argumento que iniciar su discurso arrojando las culpas sobre (¿se lo imaginan?) un generalísimo ferrolano, gallego renegado como nunca hubo otro.

Señoras y señores diputados, con esta proposición que hoy traemos las diputadas y diputados gallegos a esta Cámara, venimos a corregir una actuación que es parte de las trágicas consecuencias de la Guerra civil, cuando Galicia vio cómo se arrasaban y alteraban (¿puede algo ser arrasado y alterado al mismo tiempo?) los nombres de sus lugares, de sus aldeas, de sus villas y de sus ciudades.

La historia oficial procura que se olvide que el reducido número de protonacionalistas tenía en general unas fuertes inclinaciones reaccionarias, y que, en los turbulentos tiempos de la República, la mayoría de ellos fue más fiel a su señoritismo que a su nacionalismo. El mismo fundador del Partido Galeguista, Vicente Risco, acabó por traicionar su causa y escribió sonetos en loa de Franco. Por supuesto, es iluso buscar este dato en libros de texto o en discursos públicos.

Pocos argumentos serios, en verdad, se escucharon aquel día. Los más de los oradores no pasaron de frases retóricas y sonoras palabras. Baste un fragmento del diputado socialista por Lugo, José Blanco López (sí, Pepiño en sus tiempos de meritorio):

"recuperamos parte de nuestra historia en un acto de afirmación de libertad, de convivencia, de reafirmación cultural"

Recupera la historia borrando de un plumazo siglos de ella; afirma la libertad inmiscuyéndose en lo que la gente libremente habla y escribe, menciona la convivencia en un acto que rechaza la doble oficialidad de las formas gallegas y castellanas, considera reafirmación cultural a una medida que deslegitima formas culturalmente establecidas durante siglos. Los socialistas, ya les decíamos, andan un tanto despistados.

Al margen de los ciudadanos
No descubrimos nada nuevo al comentar que la nueva ley nacía con una abierta resistencia civil. En el mismo Congreso, el político que con más legitimidad podía hablar en nombre de La Coruña, su alcalde Francisco Vázquez, la rechazó abiertamente y se negó a apoyarla. Alguna noticia tendrían de ello los congresistas, pues emplearon muchas veces expresiones del tipo "Galicia solicita", "los gallegos agradecemos", "en nombre de Galicia", pero ninguno solicitó nada "en nombre de los coruñeses". Hubiera sido demasiado chirriante.

Aquel día de junio, el diputado Rodríguez del BNG, previendo la polvareda que iba a levantar en la misma Galicia la propuesta de ley, mencionó de soslayo a los disconformes:

el orgullo que sentimos de contar con la presencia aquí de los representantes del Parlamento de Galicia que con tanta razón como entusiasmo defendieron lo que en la Galicia que no reniega de sí, la inmensa mayoría quiere.

Es fea palabra la de renegado, pero no sorprende. Nunca han ocultado los nacionalistas, por muy democráticos que se digan, su vocación de expender carnés de identidad sujetos a la fidelidad étnico-lingüística de los súbditos. No se conforman con tus impuestos, quieren tu alma.

Los ciudadanos españoles y los gallegos renegados que discreparon con la medida no han permanecido en silencio. El argumento más popular contra la ley es tan obvio e instintivo que resulta difícil de rebatir: si yo no digo London ni Milano, ¿por qué he de decir A Coruña? El diputado González del PP contrapuso el ejemplo de O Porriño, que nadie piensa en traducir por El Porriño (mucho menos, El Porrito). Sin embargo, esto quiere decir únicamente que tal villa nunca ha merecido el honor de que su nombre resuene en lenguas de gentiles. De haber sido una ciudad conocida, los castellanohablantes (y los francos e ingleses) hubieran adaptado el nombre a sus respectivas lenguas.

A esto se le añaden otro par de paradojas. En primer lugar, no parece que el respeto que los galleguistas solicitan para sus denominaciones "propias", lo tengan ellos mismos por las ajenas. La nueva toponimia galaica ha creado formas de tanta raigambre como Estremadura, Cidade Real, Alacante, Xaén, Lión (Lyon)... Quizás no les extrañe saber que ha respetado o, por mejor decir, introducido Lleida, Gasteiz y Porto.

Mucho más significativo nos parece otro ejemplo: al nacionalismo le molesta gravemente que se diga La Coruña, pero en nada les perturba que los ingleses hablen de Corunna y los franceses de La Corogne. No parece, por tanto, que sea la corrupción del nombre original lo que les duele. Lo que les molesta, y mucho, es que ese nombre ande en bocas españolas como si fuera propio.

Y tengo para mí que, más allá de racionalizaciones inconsistentes y excusas banales, es por aquí donde debemos encontrar la razón última de la insistencia casi patológica de los nacionalistas en suprimir las formas españolas allá donde las encuentran, ya sea en señales o en jardines, ya sea, cuando les dejan, en el BOE. Algo de ello barruntó la diputada socialista Porteiro cuando afirmó en el Congreso:

cuando los hombres y mujeres le damos nombre a una cosa estamos estableciendo un pacto de pertenencia, estamos quedándonos con el alma de esa cosa, de esa tierra, de ese lugar.

Aquel día, con la excusa demostrablemente falsa de la recuperación del nombre histórico, los diputados españoles estaban votando simbólicamente la ruptura del pacto de pertenencia entre la lengua española y Galicia. Disfrazados de representantes electos del idioma, los partidos políticos españoles repudiaron al castellano como lengua histórica de Galicia.

El mensaje implícito del ritual en el Congreso rezaba así:

Vosotros, españoles, no tenéis derecho a darme nombre. Vosotros no tenéis derecho a hablar por mí.Vuestra voz me es ajena.

Y el Congreso dijo "es cierto" y aplaudió.

Reinventando la Historia y la lengua
A pesar de todo lo dicho, es necesario admitir que tenían razón los congresistas al observar que lo que se solicitaba no era más reformar una denominación que no se correspondía con el ordenamiento jurídico nacido de la Transición. Recordemos los hechos: en 1983 el Parlamento Gallego aprobaba la Ley de Normalización Lingüística (un calco de la catalana, por cierto) que establecía en su Artículo X que:

Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega

Las provincias, como órganos territoriales dependientes del Estado central, quedaban fuera del alcance fiscalizador de la Xunta, y era al Estado central al que le correspondía la obligación de adaptar al efecto su denominación oficial para que coincidiera con el de las capitales. Todo ello apoyándose en el Artículo I de la ley, el cual establece que:

O galego é a lingua propia de Galicia. Todolos galegos teñen o dereito a usalo

La legislación es, por tanto, clara y taxativa: la lengua propia de Galicia es el gallego. No es una consideración meramente simbólica, ad usum nostalgicorum, sino jurídicamente pertinente, de acuerdo con el Tribunal Supremo. Recientemente, ante una demanda del BNG contra el Ayuntamiento de La Coruña por su insistencia en estampar en los documentos oficiales la doble denominación, Concello de A Coruña/Ayuntamiento de La Coruña, la Alta Corte ha prohibido al alcalde esta costumbre basándose en el concepto de "lengua propia":

Por consiguiente, resulta que la lengua vernácula no es sólo cooficial en Galicia, junto con el castellano por serlo en todo el Estado español, (da la impresión de que la oficialidad del castellano viene dada "por serlo en todo el estado español", no por el irrelevante hecho de que sea la lengua hablada por la mayoría de los gallegos) sino también "propia", lo que comporta una singular consideración jurídica asociada a la condición de factor de identidad política.

O sea, que las dos lenguas son iguales, pero una es más igual que la otra, ya que es la "propia", con comillas añadidas por el propio tribunal. Va de suyo que si el gallego es la lengua propia, el castellano es la impropia y/o ajena.

Asombra comprobar lo que es capaz de hacer un concepto. En la vida real, el castellano es una lengua que se habla en Galicia desde hace siglos, es la lengua que mejor dominan los gallegos, y es la lengua en que han escrito la mayoría de sus sabios, escritores e intelectuales. Es la lengua, no lo duden, en la que los legisladores gallegos se expresan cuando no hay micrófonos por medio. Es la lengua, tampoco esto lo duda nadie, en la que hablarán sus hijos y nietos.

En el plano del discurso, es una lengua impropia, una lengua que no debería ser escuchada en Galicia y el Estado ha de impulsar su expulsión de las aulas y oficinas.

Y el gallego es la lengua propia, la que ha de ser normalizada. Esta fea palabra nos demuestra otra vez hasta qué punto triunfan los nacionalistas (hasta qué punto hemos dejado que triunfen) cuando toca dar un nombre a sus acciones. Han conseguido que todos consideren "normalización" a una de las políticas lingüísticas más extravagantes de las que se tiene noticia: coger unas hablas campesinas sin apenas uso escrito, depurarlas y unificarlas, darles una normativa, inventar un sinnúmero de palabras (por ser tantas las situaciones en las que nunca se había usado el gallego) e imponer la neolingua recién sacada del magín en la administración y la enseñanza. Los precedentes existen, pero hay que buscarlos en las regiones del planeta recién incorporadas a la cultura escrita. No en un sitio donde ésta se remonta por siglos, y existe una lengua común y estandarizada accesible para toda la población.

El resultado es, en el plano del discurso, el gallego normativo. En la vida real, el neogallego no es más que un español escaso de recursos y con ciertas particularidades fonéticas, que las televisiones nacionales ya no se molestan en traducir.

El Land de Baviera no considera un oprobio el que en Munich no se estudie en bávaro. La Universidad de Edimburgo no enseña en escocés. El sardo no ha pasado a ser la lengua prioritaria de Cerdeña. Y no hay noticia de que en Francia se fuerce a la población a abandonar el francés para que aprendan bretón, catalán o vasco. En España se ha hecho, so capa de que es "lo normal".

Quien lo impone, una coalición de políticos ágrafos e intelectuales para quienes la defensa de su cultura no es otra cosa que el mantenimiento de su sueldo, arguye que "como esto es Galicia, aquí en gallego", a pesar de que cierto pudor debería hacerles recordar que ese argumento en nada difiere del "en España, habla español". El espíritu es el mismo: siempre gente que se arroga el derecho de imponer cómo uno tiene que hablar, cómo tiene que opinar, cómo tiene que ser. La diferencia está en la lengua. En el caso del español, además de la pujanza que le dan sus centenares de millones de hablantes, tenemos un vehículo cultural de 800 años, que ha sido trabajado y modelado por incontables generaciones de escritores, creadores, gramáticos, traductores. Sus palabras son fruto de un esfuerzo secular por expresar el mundo, no capricho de un comisario político-lingüístico. En ellas está inscrita la historia de Galicia como rincón atlántico, occidental, excristiano, post-romano, ibérico, cuasiportugués y español. Renunciar a ellas implica el repudio de toda esa historia, con el fin declarado de hablar una lengua que los otros no entiendan, y que es tan gallega como el esperanto.

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