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Recortes de Prensa    Viernes 13 Febrero 2009

Paro
Medidas contra el colapso laboral
Zapatero se ha propuesto gastar más dinero de los contribuyentes, a pesar de que así esté condenando a las familias y a sus próximas generaciones al desempleo y a la pobreza. Los ciudadanos deberían considerar tal actitud un crimen contra la humanidad.
Jorge Valín Libertad Digital 13 Febrero 2009

Las alarmas están saltando por todas partes. La tasa de desempleo española duplica la del mundo desarrollado. Somos el país donde más rápidamente crece el paro, el que más jóvenes y mujeres tiene desocupados dentro de la UE, de los últimos países de Europa en productividad y competitividad y nuestros costes laborales crecen por encima de la media europea. Es un desastre absoluto. El último en exigir al Gobierno una reforma del mercado de trabajo ha sido Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España: "[Necesitamos] una reforma laboral y reducir el coste del despido".

Zapatero, inventándose chivos expiatorios, ha decidido que para salir de la crisis le basta con gastar más dinero de los contribuyentes, a pesar de que así esté condenando a las familias y a sus próximas generaciones al desempleo y a un negro futuro de baja productividad, precariedad y pobreza. Los ciudadanos deberían considerar tal actitud un crimen contra la humanidad.

En 1921, cuando Lenin vio el desastre del comunismo de guerra, rápidamente entendió que tenía que tomar medidas de urgencia para una situación especialmente desastrosa. Instauró la Nueva Política Económica –que duraría ocho años y permitía cierta libertad en algunos sectores– y, de este modo, impulsó el país. ¿Por qué no hacer ahora algo parecido eliminando el retrógrado sistema proteccionista laboral que tenemos e instaurar un sistema de laissez faire en el mercado de trabajo para crear más empresas, más empleo y más riqueza? Hagamos tabla rasa. Digamos cómo están las cosas y que es imprescindible arreglarlas. Asumamos que sólo unas medidas aperturistas nos pueden sacar de esta situación. Conforme al sentido común económico, sólo podremos evitar un mayor paro con las siguientes reformas:

* Permitir el libre despido en todos los sectores: Penalizar el despido equivale a penalizar la contratación. Si es absurdo que a una empresa se le pongan problemas para contratar a gente, también lo es obstaculizarle que pueda despedir a empleados. Lo primero que pregunta una compañía cuando entra en un país es cuánto le costará irse. Si los costes son elevados, se irá a otras regiones más baratas como China o Marruecos, o más productivas como Alemania y Francia.

* Eliminar el salario mínimo (SMI): La gente con poca destreza laboral o de nueva incorporación sólo cuenta con una ventaja comparativa respecto a la hábil y experimentada: cobra menos. Si por decreto los políticos le asignan el mismo sueldo que una persona experimentada, inevitablemente se quedará desempleada. En España, el 30% de los jóvenes están parados. El SMI es su principal obstáculo para encontrar un trabajo, aprender, ahorrar y prosperar.

* Eliminar el 50% de los funcionarios: España tiene el mismo número de funcionarios que Alemania con la mitad de población. La economía de verdad, la que sirve al consumidor y a la gente, necesita que el máximo número de personas estén en el sector privado dando valor al mercado. Los funcionarios, aparte de para comprar votos, sólo sirven para vivir de nuestras rentas sin producir nada.

* Eliminar el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM): El INEM es incapaz de colocar a nadie. Sus servicios sólo causan frustración y desespero. Las ETT ya se han ofrecido para recolocar parados sin coste alguno para el Estado. Estas empresas han de poder dar trabajos permanentes sustituyendo al ineficiente INEM. Sólo Infojobs da empleo a un millón de personas al año. Permitamos que crezca.

* Eliminar los impuestos a empresas y trabajadores: La mitad de su salario real son impuestos. Si el Gobierno quiere aumentar nuestras rentas y crear más empleos de forma inmediata, ha de erradicar el robo tributario, aunque sea temporalmente.

* Reducir drásticamente o eliminar el subsidio de desempleo: Cuanto más dure el subsidio de desempleo, más durará la estancia en el paro. Mucha gente se toma meses sabáticos al quedarse sin trabajo. Entre los jóvenes especialmente, las rentas del subsidio son más altas que las de muchos empleos. Cobrar sin hacer nada. ¿Quién se puede negar a algo así? Pero, ¿cómo esperamos levantar un país donde la gente quiere vivir del Estado, cuando es el Estado quien vive de nosotros? En esta fórmula sólo hay pérdidas netas totales.

* Eliminar los trámites burocráticos para la creación de empresas: Un empresario en España necesita el doble de procedimientos burocráticos para abrir su negocio que la media de los necesarios en los países de la OCDE. Si usted quiere crear una peluquería en Aragón, le costará unos 200 días sólo en trámites. Esto no le hará cortar el pelo mejor a sus clientes.

* Eliminar todas las subvenciones: El dinero que el Estado nos arrebata para dárselo a sus amigos, actores, medios de comunicación, agricultores, empresas ecologistas, etc. son éticamente un robo y económicamente un despilfarro que castiga la productividad y los designios del consumidor. Las subvenciones son un intento de economía dirigida y compra de votos que sólo distribuye el dinero de muchos hacia unos pocos que quieren vivir a costa de los demás. Es parasitismo en estado puro.

* Eliminar las licencias: Si usted sabe cocinar, puede abrir un puesto de comida. El mercado, y no las absurdas licencias del Estado, decidirán si usted sirve bien la comida o no.

Son medidas incómodas. Son medidas impopulares. Incluso si se aplican temporalmente. Cuando superemos el 20% de desempleo, más de dos millones de personas no perciban ni una sola renta, la delincuencia se dispare y el Estado deje de cumplir con sus pagos sociales, dígame entonces qué será lo incómodo.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

Paro
Aumento de la productividad o populismo
Mientras que el discurso de Zapatero se ha instalado ya en la gestión de la recesión, Fernández Ordóñez ha reconocido que sólo hay un modo de recuperar la competitividad: aumentar la productividad a través de reformas estructurales.
Agapito Maestre Libertad Digital 13 Febrero 2009

Suena extraño que un socialista disienta de otro socialista, sobre todo, si se trata, por un lado, del máximo responsable del Banco de España y, por otro lado, del presidente del Gobierno. Es rara la discrepancia entre Fernández Ordóñez y Zapatero. Un viejo militante socialista, tan obediente de las consignas de su partido como sectario a la hora de llevarlas a cabo, es el actual gobernador del Banco de España. Zapatero rompió los pocos esquemas democráticos que quedaban en pie de la anterior etapa, para conseguir que Fernández Ordóñez fuera nombrado en ese puesto estratégico para diagnosticar los males de nuestra economía y, sobre todo, para controlar, disciplinar a gusto del propio Zapatero el sistema financiero español.

Fernández Ordóñez era y es, sin duda alguna, el hombre del presidente, pero parece que se le ha removido la conciencia y se ha atrevido a decirle un par de verdades a este Gobierno. Fernández Ordóñez, antiguo alto cargo político a las órdenes del ministro de Hacienda, ha dado una conferencia en Zaragoza para rebatir casi punto por punto lo defendido por Zapatero en el Congreso de los Diputados. Mientras que el discurso de Zapatero se ha instalado ya en la gestión de la recesión, sin entrar nunca en las medidas estructurales necesarias para la recuperación de nuestra economía, Fernández Ordóñez ha reconocido abierta y explícitamente que sólo hay un modo de recuperar la competitividad perdida de nuestra economía frente al exterior, a saber, aumentar la productividad a través de reformas estructurales en los ámbitos de la educación y formación y, sobre todo, en la reforma de las instituciones laborales.

Es obvio que las declaraciones del gobernador del Banco de España para atajar la recesión económica contradicen las posiciones del Gobierno. Y, precisamente, porque hasta ahora ha sido rarísimo hallar escisiones en el régimen ideológico impuesto por Zapatero para sacar rentabilidad política a la crisis económica, todos los medios de comunicación han puesto en evidencia los contrastes y las diferencias entre esas dos visiones. ¿Significa eso que se ha abierto una doble perspectiva para atajar la crisis en el seno del PSOE? ¿Quizá hallaríamos, por un lado, una posición populista que defiende a cualquier precio, incluido el empobrecimiento del país para una década, la compra del voto a cambio de subsidios; y, por otro lado, encontraríamos posiciones más proclives a aplicar medidas liberales, como se están llevando a cabo en otros países? En fin, ¿acaso hay un debate en el seno del Gobierno sobre las medidas estructurales a tomar para remontar en un par de años la situación económica?

Por desgracia, creo que esos interrogantes tienen que contestarse negativamente. Esas contradicciones son, por decirlo con lenguaje de la izquierda clásica, más aparentes que reales. Son un brindis al sol de Fernández Ordóñez para justificar su sueldo y la "relativa" independencia de su jefe, Zapatero. Más aún, es una prueba tan retórica como falsa que le brinda al Gobierno para que nadie acuse a la institución del Banco de España de actuar al dictado de La Moncloa. Además, y eso sí que es grave, ha aparecido el señor Montoro, el sabe-lo-todo en cuestiones económicas del PP, y lejos de darle la razón a Fernández Ordóñez –y, de paso, contribuir políticamente a mostrar las debilidades del Gobierno–, ha arremetido contra él con los mismos y pobres argumentos que utilizan el ministro de Trabajo y los sindicatos. ¡Vivir para ver!

A pesar de que la crítica de Fernández Ordóñez se utilice retóricamente para adornar el populismo socialista de Zapatero, no me voy a privar del capricho de ofrecerle una cita de la conferencia del Gobernador del Banco de España que me parece de lo más oportuna sobre nuestro ineficiente mercado de trabajo:

Los efectos perniciosos de contar con un mercado de trabajo tan ineficiente es que reduce el margen de mejora de la retribución real de los trabajadores. En los últimos años, la economía española se ha visto abocada a competir en el extranjero a base de mantener costes laborales reales bajos, lo que venía exigido por la baja productividad (...).

Estas singularidades de la situación de los trabajadores de nuestro país cuando se compara con otros desarrollados –más desempleo incluso en los mejores momentos, más rápido aumento del paro en las fases de ajuste...– coincide con una singularidad de nuestras instituciones laborales cuando nos comparamos con esos países. Podríamos detenernos a repasar todo aquello en lo que somos diferentes: la práctica imposibilidad de descolgarse de la negociación colectiva, la escasa participación de las remuneraciones en los beneficios empresariales, los mecanismos de indiciación salarial sin ninguna conexión con la situación de las empresas, la intervención del Estado por medio de autorizaciones preceptivas que las empresas aumenten su productividad.

Me fijaré sólo en una esas peculiaridades: la forma en que aseguramos la contingencia de la pérdida del empleo. España sigue con un tratamiento de la contingencia de desempleo que en su día fue parecido al de otros países europeos pero que todos ya han reformado en las últimas décadas. En nuestro sistema la ayuda al desempleado combina la prestación pública con el pago de una cantidad que se abona de una vez, relacionada con el tiempo que ha permanecido en una sola empresa. Ese pago corre a cargo de las empresas y no del Estado y, en ocasiones, constituye la parte más sustanciosa de la ayuda al desempleado. Todas esas particularidades provocan numerosas ineficiencias en el sistema, lo que determina una menor productividad y un rotundo fracaso en el objetivo de reducir el desempleo (...).
El hecho de que la protección frente al desempleo descanse en buena medida en una indemnización (lo que en términos coloquiales se llama costes de despido) a cargo exclusivamente del sector privado, introduce también numerosas distorsiones. La fundamental es el efecto de desanimar la creación de empresas y la contratación en general, cuestión que, si siempre es importante, lo es más ahora cuando se debe compensar la inevitable y masiva reducción del empleo en la construcción de viviendas con la creación de puestos de trabajo en otros sectores.

Plan E
Cebando la crisis
El Plan E es un disparate que nos obstaculizará la salida de la crisis y que destruirá parte de la riqueza que generemos en un futuro. Si el PSOE no sabe ayudarnos a superarla, al menos que no nos arrastre hasta el fondo. Sería todo un detalle.
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 13 Febrero 2009

Prácticamente ningún Gobierno del mundo está comportándose de manera responsable en esta crisis. Las recesiones son períodos de pánico colectivo donde los políticos tienen la oportunidad de aparecer como salvapatrias y ampliar su intervencionismo sobre la economía. La gente no suele entender que los Estados no recoloquen a los parados y que permitan la existencia de "recursos ociosos" (fábricas que se cierran, maquinaria que no se utiliza, edificios deshabitados...). El clamor parece ser que los políticos nos salven la papeleta y que si las empresas no contratan y no producen, que lo haga el Estado. Es difícil para cualquier burócrata plantarse contra estas súplicas dirigistas del electorado; al fin y al cabo, se le juntan el hambre con las ganas de comer.

El problema es que las crisis son períodos en los que ciertas estructuras productivas se tienen que ajustar. En España, por ejemplo, tenemos que dar salida al exceso de viviendas, clausurar parte de los proveedores y clientes del sector de la construcción (cementeras, empresas de muebles, inmobiliarias...) e invertir en los sectores que liderarán la creación de riqueza en el futuro. Esto lleva su tiempo: las compañías no quiebran de la noche a la mañana, los inmuebles no pueden reutilizarse a menos que sus precios caigan y la creación de nuevos complejos empresariales toma su tiempo.

Cuando el Estado se pone a gastar en obra pública o a subvencionar a las empresas que atraviesan dificultades, todo el proceso anterior se retrasa aun más. Pensemos que los recursos que deberían recolocarse en otras actividades son ahora trasladados forzosamente por el Gobierno a actividades improductivas cuya única finalidad es aparentar que "se está haciendo algo", aunque sólo sea cavar agujeros para volver a llenarlos (o en su versión más moderna, construir piscinas o centros polideportivos). Puede que temporalmente el número de parados y de "recursos ociosos" se reduzca o no aumente tanto, pero sólo a costa de consolidar la crisis y el estancamiento económico.

Por supuesto, que una parte sustancial de la ciudadanía –embebida de catastróficas ideas keynesianas y de la propaganda intervencionista– demande esta especie de suicidio colectivo no justifica a los políticos que aprovechan la coyuntura para implementarlo. En casi todo el mundo estamos gobernados por incompetentes y oportunistas, pero España se lleva la palma en este ranking de la pauperización.

El Plan E aprobado por el PSOE es un claro ejemplo de cómo las intervenciones del Gobierno van a prolongar y agravar la crisis. Tal y como analizamos detalladamente en el cuarto boletín de coyuntura del Instituto Juan de Mariana, casi todas las medidas que incluye –y que en su mayor parte fueron aprobadas a mediados del año pasado– sólo servirán para aplazar la liquidación de las malas inversiones y para dilapidar los escasos ahorros de los españoles.

El Gobierno no logrará sacarnos de esta crisis tirando (o haciéndonos tirar) de chequera. Cualquier familia y empresa medianamente prudente está ahora mismo restringiendo sus gastos superfluos, amortizando parte de sus deudas y ahorrando tanto como sea posible por si vienen peor dadas en los próximos meses. Zapatero, con sus planes de sopa de letras, nos está forzando a lo contrario: gastar en servicios prescindibles (¿es necesario que a través de nuestros ayuntamientos volvamos a asfaltar las calles sólo porque el PSOE nos haya puesto en el bolsillo una millonada?) y endeudarnos a un ritmo acelerado.
El Plan E es un disparate que nos obstaculizará la salida de la crisis y que destruirá parte de la riqueza que generemos en un futuro. Una cosa es que la incompetencia y los prejuicios ideológicos del PSOE les aten las manos para adelgazar el Estado y liberalizar los mercados, pero al menos que no nos echen una tonelada de basura sobre nuestras espaldas. Si los Gobiernos no saben ayudarnos a superar la depresion, al menos que no nos arrastren hasta el fondo. Sería todo un detalle.

Juan Ramón Rallo es director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado.

La cacería continúa, aunque puede cambiar la presa.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 13 Febrero 2009

La cacería solo ha hecho nada más que comenzar. Pero aquí estos expertos cazadores, como a sí mismo se refirió el Ministro Sr. Bermejo, deben ser conscientes de que no son los únicos que cazan presas y que si ahora cobran piezas es solo porque están en puestos de caza privilegiados donde su único esfuerzo es apuntar y disparar, pues la caza se la hacen pasar frente a su bien disimulado puesto. Se ha tachado esas reuniones cinegéticas de obscenas. Yo llevaría la definición a algo más mezquino.

La Justicia en España no ha sufrido la Transición, pero la culpa es exclusivamente de esos partidos políticos que son incapaces de dejar que sea una Institución realmente independiente y profesional. No, no han dejado de meter sus manos a designar y dar prebendas a jueces deseosos de alcanzar un protagonismo soberbio y orgulloso. Por eso se pueden dar casos de corporativismo, de sentencias partidistas y sectarias basadas no en la Ley, sino en la simple matemática de las mayorías simples en el Consejo que corresponda.

Lo realmente preocupante es que no parece que vaya a haber ningún cambio ni en la actitud de los partidos, ni en la actitud de los jueces, encantados de que la situación perdure durante años y se siga obteniendo beneficio por ambas partes. La Justicia al servicio del Poder y el Poder, generoso mecenas de los jueces. Si no fuera así, no sería admisible el que un juez como D. Baltasar Garzón, que abandonó la judicatura para pasar a ser candidato en un puesto relevante en las listas del PSOE a las elecciones Generales, volviera a su puesto en la Audiencia Nacional y se dedique a ser el implacable perseguidor de causas políticas disfrazadas de tramas delictivas.

Existen multitud de ejemplos donde los jueces son cuidadosamente elegidos para llevar asuntos de especial relevancia. Y esas elecciones no se basan en su experiencia, en su valía profesional o en otros aspectos objetivos, sino que lo son por su perfil determinado en cuanto a su predisposición a ser influenciados. No obstante, llegado el caso en que se evidencie la incompetencia manifiesta, en todos los sentidos, siempre estarán al quite sus superiores para minimizar el asunto y echar tierra a los casos comprometidos.

No tengo ninguna fe en la actual Justicia en España. No tengo ninguna fe en la independencia de los jueces, sobre todo en asuntos de Estado. No tengo fe en ninguna Institución judicial ni en jueces designados a dedo a propuesta de los partidos políticos. No tengo fe en la buena voluntad de una Fiscalía General fiel colaboradora del Gobierno y que es capaz de hacer una interpretación de la Ley o mostrar lentitud o desidia en los temas que así se le marquen, sin importarle que “las togas en su vuelo se manchen con el polvo del camino”.

Estamos de caza, pero los cazadores han sido cazados “in fraganti”. Las pruebas son abrumadoras y la escena de “encuentros casuales” no cuela. Obscenidad en las actuaciones. Hipocresía y cinismo en las justificaciones. Soberbia y prepotencia en las respuestas. Todo un cúmulo de mezquindad y ruindad que salpica de cieno a la política española y a la propia Justicia. La paciencia de los ciudadanos no es infinita como dijo el Sr. Blanco refiriéndose al Gobierno con la Banca díscola. La paciencia tiene un límite y este hace mucho que se ha pasado.

Dicen que la confianza mató al gato y pasó de ser cazador a ser presa. La situación solo depende del punto de vista del cazador y la posible presa. Hay algunas como los jabalíes que si se ven acorraladas, se revuelven y son capaces de causar graves heridas a sus perseguidores.

Lo que está en juego
Editorial ABC 13 Febrero 2009

LOS últimos sondeos publicados por el CIS describen un panorama electoral muy condicionado por un estrecho margen de diferencias entre los partidos en liza. La encuesta nacional recoge un empate entre PP y PSOE que ratifica la solidez de su electorado fijo -en torno al 40 por ciento- y su dependencia de un bloque de votos oscilantes, de los que es previsible que respondan en futuros comicios, conforme a la evolución de la crisis económica. La estrechez de diferencias se reitera en los sondeos previos para el País Vasco y Galicia. Las elecciones vascas pueden provocar un cambio histórico en su Gobierno, porque el CIS augura una mayoría parlamentaria no nacionalista que estaría formada por PP, PSE e incluso UPyD, la formación liderada por Rosa Díez, que podría conseguir un escaño a costa de los populares. En todo caso, estos partidos sumarían, según el CIS, 38 escaños y podrían poner fin a la hegemonía nacionalista. La condición para este cambio histórico es que los socialistas realmente tengan voluntad de hacerlo, pero no habrá cambio si Patxi López decide pactar con el PNV.

Esta coalición sería una vuelta atrás, no un avance, al reeditar el bipartito que gobernó el País Vasco desde 1986 hasta 1998. Sus resultados se comentan por sí solos. La alternativa es trasladar al PNV a la oposición y dar la oportunidad al único programa de gobierno que nunca se ha aplicado en el País Vasco, que es el de la lealtad al estatuto de Guernica y a la Constitución. Además, la instalación de un gobierno no nacionalista desmontaría de manera decisiva la coartada histórica y victimista de ETA, siempre beneficiaria de la complicidad política que le ha prestado el PNV. Evidentemente, el otro factor de cambio es el mantenimiento del PP, cuyo electorado en el País Vasco es homogéneo y firme, aunque UPyD podría drenar votos cuya utilidad dependerá de que finalmente acceda al parlamento de Vitoria. En otro caso, sólo restaría votos principalmente al PP.

En Galicia, la única incógnita es si el PP logrará o no la mayoría absoluta. La coalición de perdedores ya está formada por socialistas y nacionalistas, cuyas expectativas se reducen a disputarse el segundo puesto, por detrás del PP. El CIS vaticina unos porcentajes de voto bastante similares a los de 2005, lo que probablemente volverá a poner en manos de la emigración el diputado decisivo. En Galicia se simplifican las opciones: la única alternativa es el PP. Y frente a este partido, a los gallegos se les ofrece una coalición que se ha caracterizado por la metamorfosis nacionalista de los socialistas, dando carta blanca a las propuestas más extremistas del BNG, y por una política de derroche continuo de fondos públicos en lo que constituye uno de los episodios más denigrantes de la política autonómica. La crisis económica es un factor oculto que puede desbaratar cualquier prospección electoral, sobre todo entre electores desideologizados cuyas preocupaciones básicas son el empleo, la vivienda y el futuro inmediato de sus familias. Obviamente, también estas elecciones autonómicas tienen una proyección nacional, porque, en mayor o menor medida, examinarán las estrategias de PSOE y PP como gobierno y oposición y las respuestas políticas de cada partido a los principales problemas de la sociedad española. Ni Rajoy ni Zapatero tienen razones para minusvalorar los resultados de las elecciones gallegas y vascas.

Un coste muy alto
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 13 Febrero 2009

LA justicia española tiene un serio problema; los partidos políticos, otro. El de la justicia se llama politización; el de los partidos, financiación. Cuando se mezclan, pierden las instituciones y la calidad democrática de España. La politización de la justicia, el sometimiento a los intereses de los partidos políticos, empezó con la captura de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados por los partidos, que los han convertido en máquinas de poder, de distribución de cargos y hacedoras de carreras. Se premian la lealtad, la disposición a contestar el teléfono, la sensibilidad a los intereses del jefe.

 El poder se ejerce más fácilmente cuando hay una población dispuesta a sacrificar su libertad por un buen premio, cuando se renuncia a tener criterio propio por miedo a las consecuencias, cuando los medios de comunicación no ejercen su función de contrapoder y se ponen al servicio de una causa concreta y personal. Son demasiados años de franquismo; la derecha sigue debatiendo dolorosamente cómo quitarse el estigma mientras que la izquierda, sin pudor alguno, aplica las mismas técnicas totalitarias de control ideológico de la sociedad. No cuidan ni las formas, ¿qué hay más franquista que una Escopeta Nacional en la que se mezclan justicia, política y negocios? El ministro Bermejo debería haber dimitido por pudor. En Alemania lo hizo una ministra porque su marido había utilizado una vez el coche oficial para llevar a los niños al colegio. Aquí se elogiaría como un acto de igualdad y conciliación. En puridad, Bermejo nunca debería haber sido nombrado. Su programa consiste, él mismo lo ha declarado, en hacer la revolución ideológica pendiente en la justicia. No es casual sino causal que se apoye siempre en los mismos jueces. Lo más triste, lo que refleja el deterioro del clima social y la fibra moral de este país, es que haya tanta gente que acepta que el fin, condenar al PP, justifica los medios. Y otra tanta que lo haría al revés si pudiera. De hecho se lo están haciendo entre ellos.

Los partidos harían mal en negar el problema de fondo. No es otro que su financiación. Lo que está latente en este episodio es que puede haberse descubierto un nuevo Filesa. Sólo eso justificaría la intervención de la Audiencia Nacional. Si se trata de un caso más de corrupción urbanística, nadie puede dar lecciones morales, y convendría que todos estos presuntos delitos tuvieran el mismo tratamiento judicial, sin sospechas de utilización política, lo que evidentemente no es el caso. Tampoco parece necesario en una democracia avanzada detener a la gente el viernes por la noche para que el fin de semana entre rejas les ablande las ideas. Y desde luego no es muy propio de un campeón universal de los derechos humanos que aspira al premio Nobel.

No vale todo, tampoco para acabar con la corrupción. Si la sociedad española quisiera acabar con ella, y no utilizarla selectivamente para ganar elecciones, tenemos suficientes evidencias para saber qué hacer. La financiación de los ayuntamientos no puede depender de la recalificación discrecional de terrenos que multiplican su valor por un acto gracioso del alcalde de turno. Y los partidos no pueden gastar sin control, aquí nadie escucha al Tribunal de Cuentas cuando, con demasiado retraso, emite un sesudo informe cuyas recomendaciones son ignoradas por consenso. En el primer caso se trataría de liberalizar todo el suelo salvo el especialmente protegido por razones ambientales. En el segundo, transparencia al máximo, listas públicas de donantes y créditos en condiciones de mercado que se ejecutan sin miedo. Y prohibición explícita de ningún tipo de financiación de las Cajas de Ahorro.

El barómetro del CIS refleja un empate técnico entre populares y socialistas
Elecciones en tiempos de tramas
Editorial La Razón13 Febrero 09

La campaña electoral en el País Vasco y en Galicia arrancó esta medianoche en un ambiente inusualmente enrarecido a causa de la supuesta red de corrupción que implica a dos cargos públicos del PP. No hay precedente de que horas antes de abrirse un maratón electoral el principal partido de la oposición sea acosado por una oscura trama, que presente la recusación del juez que la investiga y que anuncie la ruptura de relaciones con el Ministerio de Justicia por la supuesta connivencia de su titular con el magistrado recusado. Lo cierto es que este asunto mediatizará el proceso electoral, porque, entre otras razones, el magistrado ha planificado los interrogatorios de los imputados durante la campaña.

A la espera de cómo se sustanciará el episodio de la recusación y de si Garzón tendrá que renunciar o no a la instrucción, el PP afronta esta doble cita electoral en una clara desventaja. Que se mantenga, además, el secreto de las actuaciones facilita que las filtraciones interesadas puedan condicionar aún más el desarrollo del proceso. En cualquier caso, es muy pronto para saber cómo afectará este mayúsculo enredo a las expectativas electorales de unos y otros. De momento, el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de enero mantiene el empate técnico entre el PSOE y el PP que reflejó el último sondeo con intención de voto del mes de octubre pasado, aunque esta vez los socialistas aparecen apenas dos décimas por encima de los populares.

La última encuesta publicada por LA RAZÓN ofrecía una situación similar hace unas semanas. Los datos confirman las dificultades del PP para capitalizar en toda su extensión los efectos de la profunda crisis económica y la incapacidad de un Gobierno sobrepasado por el paro y la recesión. Aunque es cierto que un partido no puede actuar a golpe de encuesta, no lo es menos que tampoco debe conducirse ajeno a la opinión pública, de ahí que Génova debe analizar con sosiego las razones que impiden su despegue electoral frente a un partido gobernante desgastado y sin crédito. Es acertado que, en el terreno económico, el PP mantenga el tono moderado, responsable y cooperador que el país necesita en una coyuntura tan negativa. Pero lo cierto es que su compromiso con el interés general no ha sido correspondido por un Gobierno que se ha fijado como prioridad acabar con la oposición y blindarse en el poder con métodos no siempre democráticos ni éticamente aceptables.

La actual campaña de acoso y derribo contra los populares no reactivará la economía ni creará empleo, pero con ella el PSOE socava la imagen de la oposición y aleja la necesaria alternancia. Rajoy ha acertado en su respuesta, pero ahora está obligado a mantener una actitud de denuncia y de máxima transparencia para responder con ejemplaridad al juego sucio. En cuanto a la suerte de las dos citas electorales, el CIS confirmó que PSE y PP conseguirían los 38 escaños necesarios para gobernar en mayoría en el País Vasco. El cambio necesario, por tanto, quedaría en manos de Zapatero y Patxi López, pero no se sustanciará mientras Ibarretxe no pase a la oposición. En Galicia, el PSG y el BNG volverían a gobernar con 39 o 40 escaños, aunque el sondeo se realizó antes de que se conocieran los gastos suntuarios de Touriño, que tanto escándalo han provocado en una de las comunidades más azotadas por el paro. Pese a que Zapatero obtiene su peor nota en los sondeos del CIS, el PSOE parte con ventaja frente a un PP que está obligado a mantener el pulso contra las políticas erróneas del Gobierno.

Pobre Justicia
José Antonio VERA La Razón13 Febrero 09

Lo peor no es Garzón, sino el daño que está haciendo este hombre a la Justicia. Si uno de los más renombrados representantes de la Magistratura se comporta de tal manera, cómo será lo demás, se pregunta la gente. Cierto que el caso del juez galáctico es único. Nadie a su alrededor actúa como él, aunque ya empieza a tener imitadores. Jóvenes togados con ganas de subir y de salir mucho en los telediarios, dispuestos a hacer macro-redadas y a meter en la cárcel de golpe a treinta o cuarenta personas. Después da igual si son condenados o no, si se instruyó correctamente o se actuó más bien cara a la galería, a mayor gloria del magistrado estrella. Me lo contaba no hace demasiado tiempo una de sus víctimas. Lo peor de este juez es que te condena de entrada, y después ya nadie se acuerda si quedaste libre de cargos. Sólo se acuerdan de que estabas en una lista, que salió tu nombre en la televisión y te metieron preventivamente en la trena. Mi interlocutor quiso ponerle una querella por negligencia y acusación falsa cuando quedó libre de cargos, pero el ordenamiento español se lo impide, con lo que tuvo que aguantarse con lo ocurrido.

En un país medianamente serio, un juez como Garzón llevaría tiempo apartado de la carrera judicial. Pero aquí no. Entró en política gracias al Gal, asunto del que se olvidó cuando González le prometió un Ministerio. Como finalmente no se le dio el Ministerio, se volvió contra González y se dedicó a perseguirle. ¿Si hubiese sido ministro, como quería, hubiera tirado de la cuerda de los GAL, o se habría olvidado de todo cuánto sabía? Quienes bien le conocen dicen que, por supuesto, lo segundo. Garzón valora siempre más lo segundo. O sea, su proyección personal. Alguien que se ha presentado a las elecciones por las listas del PSOE no puede tener un sumario abierto contra el PP. Y menos si es amigo del ministro socialista de Justicia y se va con él de cacería. ¿Quién nos dice que Garzón no está actuando por interés político contra sus enemigos políticos?

Si el galáctico magistrado fuera una persona sensata, se habría inhibido hace tiempo de este caso, no sólo porque es dudosa la competencia de la Audiencia Nacional, sino porque él, por su vinculación con el PSOE y su reconocida amistad con Zapatero y Bermejo, no es la persona más adecuada para llevar un caso evidentemente político. Y mucho menos para destaparlo en plena campaña electoral, cuando más perjudica al partido que hoy está en la oposición. Garzón no se va a retirar nunca de un asunto en el que él puede brillar alimentando mundialmente su fama. El problema es que la arbitrariedad de sus actuaciones, el partidismo de sus procesos, la parcialidad de sus pesquisas y sus chapuceros procedimientos afectan de lleno a la Justicia española. No se entiende que Gómez de Liaño fuese expulsado de la carrera por reunirse con Jaime Campmany y que Garzón siga en su juzgado tan tranquilo después de haber actuado como político, de haber juzgado a la política desde la Audiencia Nacional, de haber instruido procedimientos contra sus enemigos políticos, y tras irse de cacería con el ministro de Justicia y jefe de los fiscales que actúan contra el PP en plena campaña electoral. Así le va a la justicia. Pobre Justicia.

Crisis
El sentido de la cacería
El elector cree que sólo le queda el mal menor: este Gobierno que no ha tenido nada que ver en la crisis y que con sus políticas sociales trata de paliar los males que otros han causado. Éste es, y no otro, el sentido de la cacería anticorrupción.
Jorge Vilches Libertad Digital 13 Febrero 2009

La crisis ha coincidido con un cambio de estrategia en el PP. Al tiempo que el desempleo se dispara y la economía está hecha trizas, los populares de Rajoy deciden adoptar un comportamiento y discurso marcados por la suavidad. El PP de Génova considera que cuanto menor sea el grado de presencia callejera y más templadas sean las voces contra la política gubernamental, mayores serán sus posibilidades en las urnas.

La estrategia es arriesgada. En una situación de crisis como la actual se produce un malestar creciente entre la población; esto es, el electorado. Un partido de la oposición, aquí y en cualquier democracia liberal occidental, trata de recoger el descontento y en convertirse en el portavoz de los que sufren la crisis, en la esperanza electoral. La clave está en encontrar el instrumento que permita recoger ese sentimiento y que los electores tomen al partido opositor como el remedio, como la fórmula salvadora.

Para que esto ocurra, la imagen del partido de la oposición debe ser el conjunto de virtudes de las que carece el Gobierno que ha generado la crisis o que no sabe solucionarla. En el caso español, ninguna de estas circunstancias tiene lugar. Por un lado, el PSOE ha conseguido eludir la responsabilidad de la mala situación económica achacando a los Estados Unidos de George W. Bush la debacle mundial. Este argumento ha tenido un efecto inmediato porque se ha señalado como culpable al malo habitual. En este orden de cosas, el Gobierno de Zapatero se ha apuntado la victoria de Barack Obama como propia, en tono mesiánico, lo que apuntala la idea del origen único de la crisis en Estados Unidos. Por su lado, el PP se ha apuntado a esta tesis, lo que le anula para desarrollar un discurso económico alternativo, acusador y efectivo.

Añadido a esto, los socialistas han conseguido eliminar la posibilidad de que el PP haga alarde de su mejor baza: la gestión eficaz e impoluta. Para lograr este fin el Ejecutivo utiliza dos agentes demoledores: la prensa afín y la justicia. La primera ejerce una labor de propaganda formidable: mensajes sencillos, directos, emotivos y bien construidos. Y lanza una carga de profundidad contra la estructura del PP: existe una red de espionaje entre los mismos líderes populares. El mecanismo es simple: el adversario se debilita alimentando las ambiciones y los recelos entre sus filas.

El segundo agente es la justicia: la Fiscalía y el juez Garzón de la Audiencia Nacional. El mensaje es claro: mientras familias enteras se han quedado en el paro y un millón de ciudadanos está ya sin subsidio, los líderes locales del PP se han llenado los bolsillos de forma fraudulenta. Con esto abren telediarios, informativos y primeras planas. De esta forma se evita la posibilidad de que el PP aparezca como el partido de las virtudes públicas y la alternativa al PSOE. La maniobra hace concluir al elector que sólo le queda el mal menor: este Gobierno que no ha tenido nada que ver en la crisis y que con sus políticas sociales trata de paliar los males que otros han causado. Éste es, y no otro, el sentido de la cacería anticorrupción. Claro que también así se las ponían a Fernando VII.

ENTRE 2004 Y 2009
La Junta de Andalucía subvencionó a CCOO y UGT con 265 millones de euros
Desde 2004 a febrero de 2009, la Junta de Andalucía que preside el socialista Manuel Chaves ha concedido oficialmente subvenciones a los sindicatos mayoritarios UGT-A y CCOO de Andalucía por un importe de 265 millones de euros, equivalente a 44.200 millones de las antiguas pesetas.
Pedro de Tena Libertad Digital 13 Febrero 2009

Se trata de una cantidad superior al presupuesto de la mayoría de las capitales de provincia de España. Los datos obtenidos pueden comprobarse fácilmente buscando las subvenciones en el buscador del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía preguntando por "subvenciones ugt"(de 2004 hasta la fecha de hoy) o "subvenciones cc.oo", a la misma fecha.

Es posible que la cantidad pueda sufrir alguna pequeña variación por cuanto los resultados de la búsqueda son diferentes si se ponen los nombres completos de las organizaciones e incluso si a "cc.oo" se cambia por "cc.oo."

UGT ha recibido en calidad de subvenciones de 2004 hasta febrero de 2009 la cantidad de 122.433.196 euros. CC.OO ha recibido por el mismo concepto la 143.049.447 euros, cantidades que superan ampliamente lo obtenido por cuotas sindicales en ambas organizaciones.

Sin control
Hay que precisar que en estas cantidades no están reflejadas las subvenciones obtenidas por las Fundaciones y organizaciones afines que controlan estos sindicatos ni otros ingresos sindicales por lo que podemos decir que las finanzas sindicales cuentan con un importantísimo grado de opacidad.

Igualmente, hay que precisar que no hay control ni inspección oficial de la Cámara de Cuentas sobre estas cifras al menos desde 1998 en que inspeccionó las subvenciones de la Consejería de Trabajo para formación ocupacional. Entonces se advirtieron irregularidades como la "no observancia de los módulos de cálculo de las subvenciones", las variaciones, que llegaban a triplicarse, de los precios de las horas de formación según unos y otros, o que "el 28% de los cursos se imparte por menos horas de las que establecen los estándares", muy especialmente en e caso de UGT.

Estos 265 millones de euros en subvenciones comprobadas superan notablemente los ingresos por afiliación obtenidos por ambas organizaciones sindicales en los cuatro años objeto de estudio. Ante la inexistencia de cifras oficiales de afiliados tanto de UGT como de CC.OO en Andalucía, hemos recurrido a las cifras aportadas por CC.OO a nivel nacional, en datos de 2008 y por UGT en datos de 2005. Según estos datos, CC.OO en España cuenta con 1.192.973 afiliados al 31 de octubre de 2008. La UGT por su parte contaba en 2008 con 944.000.

Para obtener el número de afiliados en Andalucía, hemos recurrido a aplicar a la cantidad total de afiliados el porcentaje de población andaluza sobre el conjunto nacional, un 18 por ciento. De ese modo, obtenemos que UGT tendría en Andalucía un total de 169.920 afiliados y CC.OO contabilizaría 214735 afiliados andaluces.

Las cuotas mensuales ordinarias a satisfacer por los afiliados andaluces de UGT es de 10,40 euros mientras que la cuota mensual del afiliado ordinario de Comisiones Obreras es de 10,50 euros.

Según estos datos, a UGT recaudaría anualmente la cantidad de 21.206.016 euros. Es decir, que en los cuatro a los anteriores y manteniendo los valores constantes, habría recaudado un total de 84.824.064 millones de euros, una cantidad muy inferior a los 122,4 millones recibidos como subvenciones del gobierno socialista de Chaves.

Igualmente, CC.OO ingresaría anualmente la cantidad de 27.056.610 euros, que en el período considerado podría ascender a 108.226.440 euros, cantidad igualmente inferior a los 143,0 millones recibidos en calidad de subvenciones. Dicho de otro modo, si el presupuesto de estos sindicatos sólo englobaran estas cantidades, las cuotas representarían el 43 por ciento del total en el caso de CC.OO y el 40 por ciento en el caso de UGT.

Para comparar con otras entidades y por poner sólo dos ejemplos, la ciudad de Cádiz, que tiene 127.000 habitantes, tiene para 2009 unos presupuestos globales que ascienden a 209 millones de euros, 56 millones menos de lo que reciben los sindicatos en 4 años. Huelva capital, que tiene 146.000 habitante tiene un presupuesto de 169 millones de euros para este año de 2009.

Varios padres andaluces han denunciado la intromisión moral de la asignatura
El Supremo admite ahora un recurso contra los contenidos de Ciudadanía
13 Febrero 09 - J. V. Echagüe La Razón 13 Febrero 2009

madrid- La batalla planteada por los padres objetores a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) abre ahora un segundo frente. Así al menos lo creen los afectados. El Supremo admitió ayer a trámite el recurso de unos padres andaluces que contó con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en abril de 2008. El Alto Tribunal ya no tendrá que decidir sobre la mera asistencia o no a clase: ahora tendrá que pronunciarse sobre la legalidad o no del currículo de una asignatura que los objetores creen que «vulnera derechos fundamentales» de los alumnos, «recogidos en nuestra Constitución».

El 28 de enero, el Supremo rechazó la posibilidad de objetar contra la asignatura. Eso sí, las asociaciones puntualizan que el fallo se limita a cuatro sentencias (una en Andalucía y tres en Asturias). Todavía quedan muchas por dilucidar, afirman. Y mientras, no cesan las medidas cautelares: ayer, un auto eximió a dos alumnas toledanas de cursar EpC. El recurso que ayer llegó al Supremo tiene su origen en agosto de 2007. Entonces, un grupo de padres sevillanos presentaron un escrito ante el TSJ de Andalucía en el que pedían «la eliminación de los contenidos de EpC en los cursos de primaria y secundaria» . «El 30 de abril, el Tribunal afirmó que existían motivos para declarar ilegal la asignatura», comenta a este diario Carlos Seco, abogado de los padres. «Según el TSJA, la Administración había asumido criterios ideológicos o dogmáticos con los que evaluar la conducta de los ciudadanos. De hecho, el TSJA sostenía «que esta asignatura examina si el alumno asume como propia determinada ideología», continúa el letrado. «Precisamente por esto nos empezamos a movilizar los padres: ahora se va a entrar a fondo en el contenido del currículo nacional, su criterio de evaluación y sus objetivos», comenta Miguel Gómez de Agüero, uno de los progenitores sevillanos.

Esta «imposición» se resume en tres aspectos del temario que «no responden a criterios objetivos»: la ideología de género («que no igualdad de género, algo que apoyamos», apunta Seco), el positivismo jurídico («sólo es moralmente bueno lo que aprueban las Cortes Generales, como la despenalización del aborto», prosigue) y el relativismo moral. Contrario a la decisión del TSJA, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, afirmó ayer estar «dispuesto al diálogo» con los padres. «Es la tercera vez que lo escucho», responde el letrado. «Sin embargo, desde la Consejería de Educación me dijeron que ¿con los objetores no había nada de qué hablar¿». «Se abre una nueva expectativa», asegura Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética. «Ahora veremos si los contenidos de la asignatura se ajustan a la Constitución». Con todo, Urcelay asegura que «los padres deben esperar una larga batalla».

El Supremo examinará, por primera vez, los contenidos y criterios de evaluación de Ciudadanía
La Razón 13 Febrero 2009

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso que padres andaluces interpusieron contra el currículum y los criterios de evaluación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), según señaló hoy el abogado sevillano Carlos Seco, que defiende los intereses de varios madres y padres de alumnos objetores de la asignatura.

En declaraciones a Europa Press, Seco explicó que este recurso fue interpuesto en agosto de 2007 y en él "se planteaba la ilegalidad de algunos contenidos objetivos y criterios de evaluación que se establecían por vulnerar derechos fundamentales", una cuestión ésta que fue elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al TS.

"El Supremo va a entrar a conocer y a examinar la cuestión de ilegalidad que planteó la sala del TSJA contra el currículum de EpC", según subrayó el letrado sevillano, quien consideró que "es de enorme importancia este hecho, sobre todo en un momento en el que el TS se encuentra redactando la sentencia en la que deniega el derecho a la objeción de conciencia a la asignatura".

Así, Seco incidió en que el Supremo "va a tener la posibilidad de pronunciarse sobre la legalidad de EpC", lo que supone "un paso de enorme importancia en el debate sobre la asignatura", poniendo como ejemplo que la asignatura, tal y como está planteada, "evalúa la adhesión y aceptación por los alumnos de la ideología de género y no sobre el respeto o la tolerancia respecto a esta ideología".

"Son dos aspecto completamente distintos", según prosiguió Carlos Seco, que incidió en que el hecho de que el Supremo vaya a "examinar" la legalidad del currículum de EpC "es un paso fundamental y de mayor trascendencia que la propia objeción de conciencia".

Las raíces del liberalismo
ALEJANDRO DIZ El Mundo 13 Febrero 2009

La caída del Muro de Berlín fue el símbolo del derrumbe, en lo fundamental, de los totalitarismos que configuraron una de las épocas más oprobiosas de la Historia, pero en las mentes de algunos quedaron agazapados muros de Berlín a los que se les dio, eso sí, unas capas de estuco de diferentes marcas, antiglobalización, antisistema, contra el cambio climático, con las que camuflar la textura ya no muy vendible de los sillares del comunismo o del socialismo real anticapitalista.

No es de extrañar, pues, que cuando se ha producido la profunda crisis económico-financiera actual, ésta haya actuado como estímulo pavloviano para toda una caterva de perritos babeantes que, ya sin necesidad de tanto travestismo, poco han tardado en reclamar «refundaciones del capitalismo», el fin del «libre mercado» y -¡ahí querían llegar!- y en rechazar y criticar de manera radical el liberalismo, esa especie de bestia negra responsable de todos los males que aquejan a nuestras sociedades para aquellos que siguen entelando sus mentes con las telarañas del intervencionismo más o menos explícito o camuflado.

Cuando se llega a situaciones como ésta, tanto en el ámbito político-económico como, incluso, epistemológico, contaminadas por falacias causales, en que se confunden causas y efectos, y por toda clase de desfiguraciones semánticas (llegando incluso a lo estrambótico de calificar como de extrema derecha a liberales, por el simple hecho de proclamarse como tal), son momentos en los que, quizá, es necesario acudir de nuevo a los clásicos, los que siguen «librando batallas después de muertos», en expresión de Ortega, al plantear cuestiones que trascienden a su propia época, y así ayudarnos a profundizar en nuestros problemas actuales.

Es, pues, necesario, ayudándonos de las muletas de los clásicos del liberalismo, descontaminarse de la charlatanería que ha inundado el discurso sobre el liberalismo y su pretendida responsabilidad en la crisis actual y en la mayoría de los males habidos y por haber, con ausencia de interés por la verdad, con indiferencia por el modo de ser de las cosas acerca de las que se discute.

En primer lugar, hay que tener claro que en su interpretación actual el término liberalismo es un concepto polisémico, como ideología, como movimiento político (en este plano, el liberalismo consiste fundamentalmente en la organización social de la libertad), como corriente económica o como específico tipo de mentalidad, de personalidad y conducta, de modo de sentir y de actuar en la vida. Pero hay una especie de masa crítica en su conceptualización, tanto en la utilización del término en su sentido más general o más restringido, ya claramente expuesta desde los padres fundadores del liberalismo moderno -Locke, Montesquieu, Adam Smith, Tocqueville, Stuart Mill...-, que es el considerar la libertad como el bien máximo tanto del individuo como de la sociedad, así como el que los derechos del individuo tienen primacía sobre los del grupo (sea éste clase, raza, sexo, religión, etcétera).

Y la no vigencia o insuficiencia de estos principios es uno de los males o riesgos que existen en la coyuntura crítica que se vive en nuestras sociedades actuales. Así, por ejemplo, en España en los últimos años existe una tendencia destacada a dar primacía a los derechos del grupo -o colectivos, como ahora se han venido en llamar- sobre los del individuo: derechos específicos por adscripción territorial, política de cuotas por sexo, leyes con penas discriminatorias también por sexo

Es en momentos de crisis como los actuales cuando hay que estar más vigilantes ante el peligro de que se cercene la libertad individual, bajo la coartada de una u otra justificación, necesidad de intervenciones estatales, motivos de seguridad, reforzamientos de igualitarismos injustificados no basados en el mérito y el esfuerzo personales, y tantas otras. Como ojos del Guadiana aparece una y otra vez la perversidad de confundir o identificar igualdad con libertad. Es paradigmática a este respecto la terrible interrogante que se hizo Lenin: «¿Libertad para qué?». Un auténtico liberal respondería: libertad por sí misma, porque -en palabras de Tocqueville- «el que busca en la libertad otra cosa no sea ella misma está hecho para servir». Como ya señalara el pensador francés, la pasión por la igualdad es más poderosa en el corazón de los hombres que la de la libertad, y por eso ante los males y riesgos que pueda traer un igualitarismo estandarizado hay que «hacer salir la libertad del seno de la sociedad democrática».

Las sociedades liberal-democráticas se caracterizan porque el principio de libertad consiste en una combinación de lo que Constant denominó «libertad de los antiguos» y «libertad de los modernos», lo que en terminología de Isaiah Berlin son el concepto de «libertad positiva», es decir el imperativo de participación pública, que vendría a responder a la interrogante de en qué medida participo yo en elegir a mis gobernantes, y el de «libertad negativa», en cuanto barrera protectora del ámbito privado, que vendría a responder a la pregunta de en qué ámbito de mi vida yo soy plenamente soberano y no se inmiscuye nadie si yo no lo permito.Y es este último ámbito de la libertad el que más peligra en momentos críticos cuando el Estado pueda tener más tentaciones de intervenir o ingerirse en toda clase de actividades y de vinculaciones espontáneas, voluntarias y libres entre individuos, que pueden desarrollarse con autonomía a él.

Es necesario, también, desmontar la falacia de que ha sido el liberalismo el responsable de la crisis económica-financiera actual; otra cosa es la responsabilidad de los excesos cometidos en un mal entendido libre mercado y las deficiencias de diferentes organismos reguladores y vigilantes del cumplimiento de las normativas legales. Muy al contrario, la experiencia histórica muestra que ha sido el liberalismo en su acepción más amplia el que ha permitido a Occidente salir de sus situaciones más críticas, cuando peligraba tanto la libertad como el progreso material. Porque, entre otras cosas, no hay nada más alejado del liberalismo que verse a sí mismo como un pensamiento estático, ya que no hay reglas absolutas establecidas de una vez para siempre.

El liberalismo, como ha señalado Dahrendörf, «no es otra cosa que una teoría política de la innovación y el cambio». Raro es el pensador liberal en el que no se encuentre este enfoque en lo relativo a la relación del individuo con su medio social, la política o el mercado. Así, por ejemplo, Montesquieu señala que «donde no hay conflictos no hay libertad»; para Stuart Mill todas las soluciones, tanto a nivel individual como colectivo, deben ser provisionales o aproximativas, porque no hay soluciones simples a la complejidad y diversidad de la vida en general; Hayek reconoce que, probablemente, nada haya hecho tanto daño a la causa liberal como «la rígida insistencia de algunos liberales en ciertas toscas reglas rutinarias, sobre todo en el principio del laissez-faire»; en los escritos de Isaiah Berlin es recurrente el planteamiento de que las ideas siempre deben someterse a la realidad humana cuando entran en contradicción con ella, porque cuando ha ocurrido al revés se ha producido el dominio del totalitarismo y del terror... y la lista al respecto podría alargarse.

No es correcto, por otra parte, contraponer un Estado liberal con lo que se ha venido en denominar un Estado social. Y no lo es ya desde un Adam Smith en el XVIII señalando que no puede haber libre mercado sin valores morales y marco legal, hasta un Stuart Mill, en el XIX, inaugurando el llamado liberalismo modernizado o liberalismo social, con la aceptación de unas condiciones marco de la economía establecidas por el Estado o unas exigencias por parte de éste en algunos temas educativos. Lo que no hace el pensamiento liberal es fomentar el odio -diríamos que hipócrita- al dinero, pues como ha señalado Hayek, «el dinero es uno de los mayores instrumentos de libertad que jamás haya inventado el hombre; es el dinero lo que en la sociedad existente abre un asombroso campo de elección al pobre, un campo mayor que el que no hace muchas generaciones le estaba abierto al rico». Revel ha escrito que «lo social no puede existir sin lo liberal, ya que únicamente la economía liberal engendra la prosperidad que permite redistribuir la riqueza» y, por lo tanto, «no sólo no existe ninguna incompatibilidad entre la Europa liberal y la social, sino que la primera es incluso una condición necesaria para la segunda». Muy al contrario de lo que sucede en los sistemas intervencionistas, y aún más en los totalitarios. En la magnífica novela Todo fluye del ruso Vasili Grossman, un personaje expresa su visión de la libertad, con el terrible bagaje vital del totalitarismo y la colectivización forzosa del stalinismo: «Antes creía que la libertad era libertad de palabra, de prensa, de conciencia.Pero la libertad se extiende a la vida de todos los hombres.La libertad es el derecho a sembrar lo que uno quiera, a confeccionar zapatos y abrigos, a hacer pan con el grano que uno ha sembrado, y a venderlo o no venderlo, lo que uno quiera. Y tanto si uno es cerrajero como fundidor de acero o artista, la libertad es el derecho a vivir y trabajar como uno prefiera y no como le ordenen».

Decíamos que, el liberalismo además, y mucho más, que un movimiento político o económico es una actitud, una conducta. Es conocida la definición de Marañón: «Ser liberal es, primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo y, segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios». Y es esa actitud la que, en gran medida, se necesita hoy en día, porque es posible que volvamos a estar en la coyuntura que describía Hayek: «Quizá se encontrarán todavía las mejores guías para ciertos problemas contemporáneos en las obras de algunos de los grandes pensadores políticos de la era liberal; generaciones para quienes la libertad era todavía un problema y un valor que defender, mientras que la nuestra la da por segura y ni advierte de dónde amenaza el peligro ni tiene valor para liberarse de las doctrinas que la comprometen».

Alejandro Diz es profesor de Historia de las Ideas de la Universidad Rey Juan Carlos.

****************** Sección "bilingüe" ***********************

Le garçon del PSOE
Daniel Martín Estrella Digital 13 Febrero 2009

Una cosa tengo clara. Si los medios de comunicación se ven inundados de noticias sobre la corrupción del PP, el espionaje en la Comunidad de Madrid, los fastos faraónicos de la Xunta de Galicia y las cacerías del juez Garzón es porque nadie sabe cómo enfrentarse a la crisis, que es dura y será tan pertinaz como las sequías de la época franquista. Estos días resulta triste pasear por Madrid: muchísimas personas de mediana edad se toman, cada mañana, un café mientras alargan la lectura del periódico -mejor si es el del bar, que hay que apretarse el cinturón- a ver si de una puñetera vez pasan esas horas que duran más, muchísimo más, cuando se está en el paro.

Todos los españoles somos conscientes, más o menos, de que en nuestro municipio o en alguno aledaño los mandamases han cometido algún pufo. Da igual que el alcalde sea del PP, del PSOE o de alguna asociación vecinal. Los ayuntamientos parecen transmitir un virus que convierte el hambre de comida en ansia irrefrenable por el dinero. Es más, estamos más que acostumbrados a que los políticos derrochen nuestro dinero en redecorar el despacho, tunear el coche oficial o poner pivotitos en las aceras para financiarlos (¿se?) con zonas de estacionamiento regulado.

Estos "asuntillos" suelen estar relacionados, en forma de leyenda urbana, con la financiación de los partidos políticos que, no contentos con lo que reciben de los Presupuestos en virtud de sus escaños -medida que impide la entrada de nuevas formaciones en la escena política, es decir, que impide la democracia a favor de una patética aristocracia partitártica-, buscan siempre maneras tangenciales de sacar unos cuantos cuartos más. Por ejemplo, la sospechada financiación ilegal -otra leyenda urbana que, no obstante, ha generado despidos o tapado unas cuantas voces periodísticas- a partir de las televisiones públicas -si no, ¿por qué cuesta varias veces más producir para TVE o cualquiera de las autonómicas que para una de las privadas?-.

Así funciona España. Por eso supongo que nadie se queja en voz alta y los jueces rara vez toman medidas contra ediles y "amigotes" por enriquecerse a nuestra costa. Nunca nadie hace nada para frenar la corrupción que, de manera dolosa, culposa, despilfarradora o negligente, asola ?¿por qué el RAE sugiere que es "asuela"?- nuestro país. Menos Garzón que, casualmente cuando mejor le venía a Zapatero, ha decidido encausar a una panda de presuntos golfos que se las veían con varios miembros del PP.

Garzón ha creado leyenda. Es la única persona de las democracias europeas -nuestras naciones vecinas jamás permitirían algo tan obsceno- que, en un solo año, perteneció a los poderes Judicial, Legislativo, Ejecutivo y otra vez Judicial. Fue candidato a diputado de Madrid en unas listas del PSOE. Pero se ha tenido que ir de cacería con el ministro de Justicia para que el PP se haya atrevido a recusarle. ¿No le incapacita mucho más haber sido número 2 de una lista encabezada por Felipe González?

De todas maneras, conociendo los modos profesionales de Garzón, nadie en el PP debería preocuparse en exceso. ¿Cuántos presuntos capos de la droga han salido beneficiados por las pésimas instrucciones de Don Baltasar? ¿Cuántos errores ha cometido en sus precipitados sumarios por su amor a salir en las portadas? ¿Alguna vez admitirá que salió corriendo de su casa en cuanto se enteró del atentando del 11M para ver si "conseguía" tan mediática causa?

Ya en serio, lo realmente grave de todo este asunto no es nada de lo sugerido, que quizás muchos consideren exagerado, quizás hasta descabellado. El País y la SER, por turnos, van lanzando noticias sobre los detalles del caso que Garzón está instruyendo. Angels Barceló admitió el otro día que su cadena había tenido acceso a grabaciones de sonido incluidas en el sumario, declarado secreto por el propio Garzón. Quizás sea un descuido. Quizás no lo sea. En cualquier caso, la ruptura del secreto judicial es tan evidente que sobrepasa el escándalo. Pero, ¿por qué los jueces no van a poder hacer cosas tan obvias e ilegales como los diputados y jefes de Gobierno? Después de todo, Zapatero, Montilla, Ibarretxe, Aguirre y demás caciques autonómicos a menudo no aplican leyes ni sentencias.

Garzón, sinceramente, es el personaje ejemplar de nuestra democracia. Nadie como él para definir cómo funcionamos. Frente a él, los millones de españoles que sobrevivimos a pesar de nuestra élite. Y la crisis, tan dura, tan cruda, tan salvaje, tan... ¡qué bien se esconde en titulares más pequeños! Otra vez lo accesorio gana la partida a lo esencial. Esa es, en resumen, nuestra España que, a pesar de todo y de todos, siempre sobrevive.

dmago2003@yahoo.es

La burocracia moderna y la omnisciencia de Quintana
Roberto Blanco Valdés La Voz 13 Febrero 2009

La catarata de noticias publicadas en las últimas semanas sobre las burdas irregularidades que afectan a los procesos de selección del personal en instituciones dependientes de la Vicepresidencia de la Xunta ha tenido dos demoledoras consecuencias. Por un lado, ha supuesto un rotundo mentís a una presunción -ahora se constata que completamente gratuita- utilizada por el Bloque como bandera para distinguirse de sus competidores: la de que los nacionalistas tenían una limpia trayectoria.

Y es que, en efecto, la trayectoria del Bloque era hasta ahora más limpia que la del PSOE y el PP... pero solo porque el BNG había disfrutado de menos cuota de poder. Ha bastado, sin embargo, con que asuma una parte sustancial del autonómico para que todo el mundo aprecie a simple vista unas prácticas clientelares que no se diferencia en nada -digámoslo con toda claridad- de las seguidas en Ourense por Baltar.

Pero esta dura realidad -que ha provocado decepción en algunos y escándalo en la inmensa mayoría- ha tenido otra consecuencia encadenada: que los responsables del BNG se han defendido de las imputaciones con argumentos que delatan un desconocimiento pavoroso de cómo debe funcionar una organización burocrática moderna. El propio Quintana lo expresaba hace nada, de un modo que uno no sabe si calificar de cínico o ingenuo, cuando respondiendo a un periodista de La Voz sobre los escándalos en que se ha visto implicado el Consorcio do Benestar, le espetaba al entrevistador esta lindeza: «Eu respondo pola profesionalidade e o mérito de todas as persoas que traballan no Sistema Galego de Benestar».

¡Hombre!, si Quintana responde ¿para qué hacer oposiciones? Un gobernador civil del franquismo podía haberse expresado de un modo parecido: «Yo le respondo a usted y ta, ta, ta».

Pues no señor. Aunque el vicepresidente desconozca algo tan elemental -lo que extraña, teniendo como tiene en su entorno a alguna persona que podría explicárselo con toda claridad- lo que distingue a una Administración moderna de una amiguista y clientelar es que nadie debe ni puede responder personalmente por quienes la componen. El principio es justamente el contrario: que para asegurar el mérito y capacidad del personal de las Administraciones públicas y para garantizar, al mismo tiempo, que todos lo que quieran ser parte de ellas puedan competir en condiciones de igualdad, se han introducido sistema de selección reglada y objetiva. Eso son, a fin de cuentas, las oposiciones.

Y eso dejan de ser, por desgracia para los administrados y para los opositores que exigen limpieza e igualdad, cuando la selección del personal se convierte en un timo dominado por el partidismo, el amiguismo y los trucos de tahúr.

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