AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 16 Febrero 2009

El diagnóstico del gobernador o la paja en el ojo ajeno
Roberto Centeno El Confidencial 16 Febrero 2009

¡A buenas horas un diagnóstico de crisis, D. Miguel Ángel! Han transcurridos dos años desde que nuestra economía, con unos desequilibrios insostenibles, iniciara su punto de inflexión. No hacía falta ser premio Nobel de Economía, para darse cuenta entonces de que aquello iba a estallar. Y sin embargo D. Miguel Ángel y el Banco de España, otrora independiente, y hoy al servicio del Gobierno más inicuo –engaña a los más débiles, diciendo que no dejará a nadie en la cuneta, cuando hay casi dos millones en ella, sin prestación ni subvención alguna- e incompetente de que se tiene memoria, no han parado de mentirnos masivamente, una vez, y otra, y otra más, negando las evidencias, suministrando datos y proyecciones falsas, y ayudando con mentiras como catedrales al Sr. Zapatero a ganar las elecciones. Y ahora nos sale con un diagnóstico increíblemente sesgado, donde resulta que la clave de la salida de la crisis está en la reforma del mercado laboral, ineficiente, sin duda, pero muchísimo menos que el mercado financiero, infinitamente más importante, cuyo 54% esta controlado por políticos y caciques locales, que no estarían ni de botones en la banca privada, y que lo manejan como si fuera un cortijo, o cien veces menos dañino que el Estado de las Autonomías que está arruinando literalmente al país, o claramente más eficiente que un sistema fiscal medieval, donde los ricos vía SICAVS, están exentos de la mayoría de impuestos.

Pero no solo eso, para D. Miguel Ángel, el que tengamos una estructura del Estado delirante, escandalosamente ineficaz, con un nivel de coste insostenible, despilfarradora hasta el infinito, y con el mayor grado de corrupción de la Historia de España, no sólo no es un problema, es un punto fuerte para la salida de la crisis. Que tengamos un sistema financiero con un problema de solvencia tan brutal, que si se sometiera a un ‘stress test’ como se está haciendo en el resto del mundo, estaría quebrado en una buena parte, que dice que tendrá beneficios los próximos dos años, pero que necesita el 25% del PIB de la nación para tapar agujeros, que ha reducido drásticamente su crédito, lo que está destruyendo el tejido productivo del país, y que como denunciaba el BCE, tiene los tipos de interés y las comisiones más altas de la eurozona, es tan irrelevante para la crisis, que ni siquiera lo menciona.

Pero vayamos por partes. D. Miguel Angel comenzó su andadura como gobernador, poniendo en la calle al funcionario responsable de la constitución de las reservas genéricas en la época de vacas gordas, algo que la gran banca nunca le perdonó, por considerarlas absolutamente innecesarias. Después, cuando el vicepresidente Solbes, ante el endeudamiento masivo de las familias, afirmó urbi et orbi que el endeudamiento no problema, que como las viviendas solo podían subir de precio, cuanto más se endeudaran las familias más riqueza acumulaban, D. Miguel Ángel en lugar de saltarle al cuello, asentía complacido ante el dislate. ¿A cuántos cientos de miles de familias han contribuido a arruinar con tamaña falsedad? Y ahora va y nos habla del virtuosismo de los países que entonces no se endeudaron, algo sencillamente inaceptable, porque el endeudamiento masivo solo fue posible gracias a la absoluta irresponsabilidad del sector financiero, directamente bajo su control, que se endeudó hasta las orejas a corto plazo para prestar un dinero que no era suyo a largo plazo, con garantías irrisorias, y el banco de España que tenía mil formas de haberlo cortado, no lo hizo, si no que lo fomentó.

Después, en agosto 2007, se inicia la crisis financiera internacional, y ante ella Solbes y D Miguel Ángel, afirman dos cosas, “tenemos el sistema financiero más sólido del mundo” , es decir, un país donde más de la mitad del sistema está sometido al capricho político, y gestionado por paniaguados del poder, es algo solidísimo, como todo el mundo sabe, y “la crisis no nos afecta”, es decir, que al país más endeudado del planeta una crisis financiera internacional no le afectaba, ¡realmente grandioso! Y así todas las mentiras del mundo, mentiras sobre el crecimiento, mentiras sobre la expectativas, mentiras sobre el déficit público, etc, etc. Todavía hoy, cuando el PIB se está desplomando al -10% anual, estimado a través de las afiliaciones a la S. S. y la productividad, o a través del consumo de gasóleo automoción, fuertemente correlacionado, hablan de menos de la mitad, y además engañan a la opinión hablando de tasas interanuales, que cuentan el pasado y no significan nada. Y la pregunta es: ¿A cuántas decenas de miles de empresas han contribuido a arruinar con tan irresponsable diagnóstico?, un diagnóstico que además no variaría hasta el verano del 2008.

Pero sigamos con el análisis, donde lo más relevante es sin duda su pregunta inicial: “¿Qué va a ocurrir con la economía española cuando salgamos de la crisis?”. Es aquí donde D. Miguel Ángel pone el dedo en la llaga, “cuando termine la crisis no todos van a salir igual”, y en nuestro caso el escenario más probable es escalofriante: España no volverá a los crecimientos del pasado, España perderá renta frente el resto del mundo y las familias se empobrecerán en forma significativa, el valor de los pisos y de muchos activos, caerá del orden del 50%, y como ocurrió en Japón no se recuperará en largo tiempo, España mantendrá un nivel de paro estructural enorme, muy por encima de la media europea en todo un futuro previsible. Esto es a lo que apuntan hechos y tendencias, y es lo que el Gobernador afirma indirectamente, cuando descubre ahora que España crecía por las devaluaciones, y luego por el endeudamiento masivo, y que ambas se han terminado, bueno mucho peor que eso, porque la deuda hay que devolverla lo que “reducirá nuestra tasa de crecimiento”. Nada dice, sin embargo, de otro factor esencial, las transferencias masivas de la UE, que no solo han cambiado de signo, es que siendo el PIB de España el 6,5% de la UE, Zapatero se comprometió con la irresponsabilidad suicida que le caracteriza, a financiar el 27,5% de la ampliación, 40.000 de 150.000 millones de euros, y así, mientras los que reciben nuestra generosa ayuda crean empleo, nosotros lo perdemos a chorros, el 95% del paro europeo lo genera nuestro país. .

Afirma el Gobernador: “Tenemos un sector público con un peso relativo más reducido que otros países europeos”, y además se ha producido “la descentralización del gasto público, lo que ha permitido una mayor eficiencia en la asignación del gasto”. Y eso lo considera puntos fuertes cara al futuro. ¡Sencillamente delirante! Tenemos el triple de funcionarios, semi-funcionarios y similares, que los que correspondería por nuestro tamaño como país, casi 40.000 coches oficiales con sus respectivos chóferes, de ellos 14.000 en Madrid, lo que se puede comparar con los poco más de 30.000 (excl. Policía en ambos casos) de los EEUU, o donde caciques locales como Touriño y otros muchos, tienen un coches más caros que el del presidente norteamericano, y además tenemos fragmentada España en 17 mercados separados, una losa infinitamente mayor que todas las ineficiencias del mercado de trabajo, y resulta que no solo no restan, sino que son puntos fuertes. Gastar, en fin, 180.000 millones de euros, el triple que el neto del Estado, un 78% en gasto corriente, donde más de la mitad es puro despilfarro, eso es “asignar eficientemente el gasto”. ¿Pero es que ha perdido usted el norte D. Miguel Ángel?

Habla también de la “fortaleza” que nos otorgan las privatizaciones de sectores esenciales, y me quedo estupefacto, porque D. Miguel Ángel conoce mejor que nadie que las privatizaciones consistieron en sustituir monopolios públicos con precios regulados, por monopolios privados con precios libres, y así tenemos, p.e., los precios del gas, la electricidad o los productos petrolíferos, antes de impuestos, más altos de Europa, y que en línea con las reformas estructurales que propone, se da luz verde a la fusión Gas Natural/Fenosa sin condiciones relevantes, con lo que el monopolio del gas se consolida definitivamente.

Luego, los inmigrantes, que contribuyeron al crecimiento dice, y es cierto, pero lo que no dice, es que pasado un cierto punto, ya no son una ayuda si no son una grave carga. Lo que no dice es que la mano de obra de obra barata que representaban contribuyó a enriquecer a una elite empresarial hasta límites inimaginables –la mayor concentración de riqueza de la Historia de España desde la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX- pero que reducirían también el salario real de la clase trabajadora española, tanto, que como ha demostrado el profesor Alcaide, nuestro mejor estadístico, en la época de las vacas gordas el 60% de las familias españolas perdería renta real, peor aún, permitió a muchos empresarios basar su producción en mano de obra barata y bajo capital, lo que ha hecho que no nos hayamos adaptado en absoluto a la globalización, y sea éste un elemento esencial en nuestra pérdida de competitividad. Finalmente no dice tampoco que el flujo migratorio sigue a todo ritmo con la complicidad del Gobierno, y lo que resulta ya de juzgado de guardia, que estos insensatos, estos irresponsables que nos gobiernan aprovechando la mal llamada “ Ley de Memoria Histórica”, y porque creen que ello les favorecerá electoralmente, vayan a otorgar la nacionalidad española con todas sus ventajes sociales y sanitarias a casi un millón de personas, solo cubanos serán 150.000, ¿cómo ignora el Gobernador un hecho tan esencial, que va a afectar drástica y negativamente al mercado de trabajo y a la sostenibilidad de la Seguridad Social ya en plena bancarrota?

Termino. Es necesaria la reforma del mercado laboral que Ud. preconiza, nadie excepto Zapatero o Corbacho que no sabe de nada excepto de manipular las cifras del paro, puede dudarlo, pero no es ni lo más importante, ni desde luego lo más urgente. Lo mas urgente es dar marcha atrás al despilfarro autonómico y emplear ese dinero en reducir la presión fiscal a familias y empresas, es suicida mantener un día más ese despilfarro, lo más urgente es restablecer la unidad de mercado, y lo más urgente de lo urgente es restablecer las líneas de crédito, asignado los 200.000 millones de avales a garantizar los préstamos a familias y empresas, que así pasarían a la categoría de “crédito solvente” como los banqueros gustan decir, y eso es de su negociado. Pero sobre todo es de su exclusiva responsabilidad, y le pagamos precisamente para eso, iniciar la realización de stress test (1) a todas las entidades financieras de éste país, y no necesita Ud. engañar a los ciudadanos diciendo que hay que esperar a los resultados del primer o del segundo trimestre, o al día de la Virgen, puede, y debe, empezar mañana. Es de urgencia máxima, infinitamente más que la reforma laboral, saber que entidades pueden ser salvadas y cuales no, que dinero será necesario aportar por el Estado en los próximos dos años, que se va a hacer con las no salvables, y que responsabilidades se exigirán a sus gestores. No es de recibo que el regulador, sometido al capricho político, no realice su trabajo, y como consecuencia se estén asignando decenas de miles de millones de los contribuyentes totalmente a ciegas, o autorizándose fusiones sin sentido económico, cuyo único fin es mantener el poder del partido socialista unos meses más, pues que no evitaran el desastre, pero supondrán un despilfarro enorme de recursos públicos. Alguien tendrá que responder algún día por ello. Bien está que se señale la paja en el ojo ajeno, pero no que se ignore la viga en el propio.

* Roberto Centeno, Catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la UPM.
(1) Un “stress test” consiste en valorar los activos de una entidad financiera de acuerdo con a los precios de mercado previsibles en los próximos uno o dos años, intentando calcular cuales pueden ser las pérdidas máximas de la entidad bajo ciertas hipótesis, y con ello estimar cuanto capital necesita el banco para seguir cumpliendo sus ratios de solvencia, o para liquidarlo si es imposible de reflotar.

Tribunal estancado
Editorial ABC 16 Febrero 2009

EN el fragor de la crisis y de las discordias entre Gobierno y oposición, con la justicia ordinaria próxima a una huelga histórica, la situación del Tribunal Constitucional ha pasado a un segundo plano, pero sigue siendo un grave problema para el sistema político español. Con casi la mitad de sus miembros en prórroga, el TC se ha puesto al margen de las exigencias de su función, retrasando de forma inaceptable el juicio de constitucionalidad -lo más propio de su razón de ser- de algunas leyes fundamentales. A finales de 2007, la presidenta del TC comprometió un impulso definitivo a la deliberación sobre el Estatuto de Cataluña, cuya entrada en vigor supuso una clara modificación del modelo constitucional del Estado autonómico.

La sentencia no ha sido dictada aún, pero podría darse a conocer antes de las elecciones europeas. Es decir, casi tres años después, el TC dará su veredicto sobre una ley que ya está siendo aplicada y desarrollada, construyéndose así la coartada política adecuada para encajar una posible sentencia interpretativa, que declare la constitucionalidad condicionada del texto estatutario. Comprobado que el Estatuto no ha provocado los presagios más pesimistas -y más inverosímiles, como la ruptura de España-, pero sí el más realista, como el desmantelamiento del Estado en Cataluña, será difícil que el TC irrumpa con una sentencia de inconstitucionalidad. El TC se hace así víctima de sí mismo, de su propia lentitud, que el Gobierno ha aprovechado para impulsar el nuevo Estado confederal que prevé el Estatuto y para coartar la independencia del Tribunal con el desafío de tener que asumir que la inconstitucionalidad del Estatuto arrastraría la de tres años de desarrollo de sus preceptos. Entre los hechos consumados del Gobierno y la dilación de su respuesta, el TC, decida lo que decida, sea a favor o en contra de la constitucionalidad del Estatuto, ya llega tarde.

Lo peor es que el resultado aún puede agravar las consecuencias de esta tardanza, si se confirmara que la sentencia del TC será interpretativa, es decir, que condicionará la constitucionalidad del Estatuto a que sea aplicado de una determinada manera. Tal método de resolución es una fuente de problemas añadidos y perjudica la imagen del TC al no zanjar el conflicto. Una sentencia interpretativa es un brindis al sol, porque confía en la lealtad constitucional de los encargados de aplicar la ley, ¿como ERC, por ejemplo? Además, este tipo de sentencias dejan materialmente impunes sus incumplimientos.

Es lamentable comprobar cómo un caso de esta gravedad -el del Estatuto catalán- pueda llegar a ser resuelto con una fórmula decisoria que buscaría, ante todo, la comodidad del consenso entre los jueces llamados a resolver. Mejor servicio harán si claramente se pronuncian a favor o en contra de la constitucionalidad de la ley escrita y no de la forma en que se aplique. Una ley se ajusta a la Constitución o no se ajusta a ella, pero ni el Tribunal Constitucional es un corrector de estilo del Poder Legislativo, ni debe marcar pautas a los gobiernos sobre cómo aplicar una ley para que sea constitucional. Es más, toda ley que se declare así -interpretativamente- conforme a la Carta Magna es que lleva dentro la semilla de la inconstitucionalidad.

Crisis: ¿quién tiene la culpa?
... «Sería preferible que quebrarán empresas mal gestionadas a que se prolongara definitivamente la congelación del crédito», señala Anna Schwartz. Radicalmente liberal, ella se inclina por la aplicación del principio capitalista de «creación destructora» en los bancos, que son empresas como cualquier otra...
GUY SORMAN ABC 16 Febrero 2009

LA crisis económica es también una guerra ideológica: se busca a los culpables del origen de la recesión y se piden profetas que expliquen las maneras de salir de ella. La línea de frente es conocida: separa a los intervencionistas de los liberales, partidarios del mercado y de la globalización. A los intervencionistas, esta crisis les suena a revancha después de treinta años de doctrina liberal y éxitos universales. Los liberales, sacudidos por una crisis que no habían previsto, aún están interpretando los acontecimientos: pero el pensamiento liberal, experimental por definición, sería infiel a sí mismo si no evolucionara. Los intervencionistas son de tradición más doctrinaria; consideremos también que representan los intereses concretos de la burocracia política. La revancha ideológica de los intervencionistas es una reconquista del poder, mientras que por parte liberal, los intereses están dispersos: los liberales coinciden con los intereses de los empresarios, pero no están al servicio del patronato establecido.

¿Es el origen de la crisis la derrota del pensamiento liberal? Si los economistas todavía discuten sobre la Depresión de 1930, parece difícil designar ya a los culpables de la quiebra de 2008. Pero eso no es óbice para los intervencionistas: la crisis se debe a la falta de reglamentación; la debilidad del Estado ha conducido a la hiperespeculación. Los liberales oponen a esta tesis dos argumentos. La especulación inmobiliaria en Estados Unidos, punto de partida de la crisis, ha sido vivamente animada por el Estado; al beneficiarse los créditos hipotecarios de un aval público (por los bancos Freddie Mac y Fanny Mae), los bancos han prestado y los prestatarios se han endeudado más de lo razonable. Por lo tanto, el Estado ha desvirtuado el mercado. Otro argumento liberal: el laxismo del Banco central estadounidense. Anna Schwartz (cofundadora junto a Milton Friedman de la teoría monetarista) acusa a Alan Greenspan y a su sucesor, Ben Bernanke, de haber inundado el mercado con una gran cantidad de dinero no controlada. Autora de la Historia monetaria de Estados Unidos, Anna Schwartz recuerda que todas las crisis estadounidenses han sido generadas por la excesiva abundancia de dinero, que es lo único que permite la especulación y las burbujas. Regular los mercados financieros cuando éstos se desploman bajo el dinero, dice Schwartz, es técnicamente imposible. Por esta razón, Milton Friedman recomendaba que el dinero se gestionara según criterios aritméticos y no según el humor de los banqueros centrales y los gobiernos.

Así pues, los intervencionistas interpretan que la crisis se debe a una insuficiencia de Estado, y los liberales a una incapacidad del Estado; liberales e intervencionistas divergen igualmente respecto a las soluciones. Hoy se escucha a los intervencionistas y son ellos los que deciden, ayudados por las circunstancias; los liberales están relegados a la oposición. En todo Occidente (en Asia se es más prudente) sólo es una cuestión de reglamentación y gasto público. Afortunadamente, ya no estamos en los años treinta ni en la posguerra: las llamadas al proteccionismo, al nacionalismo y al socialismo siguen siendo muy minoritarias. Los intervencionistas han interiorizado los progresos de la ciencia económica: admiten que hay que restablecer el mercado, no renunciar a él.

¿Pero de qué forma podría el gasto público reactivar el crecimiento? La esperanza reposa en el «multiplicador keynesiano»: cada euro invertido en la economía producirá a su vencimiento una vez y media su valor y otros tantos empleos derivados. Teoría seductora, pero considerada falsa desde 1974 por Robert Barro, porque todo euro invertido por el Estado se le escamotea al sector privado; ahora bien, las inversiones públicas son generalmente menos productivas que las inversiones privadas. El gasto público puede ser un factor de reactivación, pero no lo sabemos por adelantado; ciertamente es una transferencia de poder de los empresarios privados a los burócratas públicos. Por consiguiente, contra la crisis, los liberales proponen no gastos públicos, sino reducciones de impuestos duraderas que favorezcan a la inversión privada, supuestamente más eficaz que la pública.

A estas reactivaciones, la intervencionista mediante el gasto público y la liberal mediante una bajada de impuestos, se les puede objetar que no atacan la raíz de la crisis: la debilidad generalizada del crédito. La crisis actual es ante todo económica y seguirá siéndolo mientras los bancos desconfíen unos de otros; el crédito sólo se restablecerá si se eliminan los derivados financieros tóxicos, que sobrecargan los balances. ¿Habría que nacionalizar los bancos? Los intervencionistas están a favor de ello, pero no todos los Estados son solventes y no hay nada que garantice que un banco nacionalizado vaya a gestionarse de forma racional. Los liberales sugieren más bien que los derivados tóxicos se pongan en el mercado, que establecerá para ellos un precio justo: el riesgo de esta solución liberal es la quiebra de algunas instituciones financieras. «Sería preferible que quebraran empresas mal gestionadas a que se prolongara definitivamente la congelación del crédito», señala Anna Schwartz. Radicalmente liberal, ella se inclina por la aplicación del principio capitalista de «creación destructora» en los bancos, que son empresas como cualquier otra.

Estas soluciones liberales se han resumido en una petición redactada por dos premios Nobel de economía, Ed Prescott y Vernon Smith. «No todos los economistas se han vuelto keynesianos», escriben, «y no todos consideran que el gasto público mejora el crecimiento. El gasto público en los tiempos de Franklin Roosevelt no sacó a Estados Unidos de la depresión de los años treinta. No salvó a la economía japonesa en los años noventa. Creer que el gasto público ayuda a la economía es una esperanza que contradice la experiencia. La vuelta al crecimiento exige suprimir los obstáculos al trabajo, al ahorro y a la inversión, y concretamente, mediante una bajada duradera de los impuestos».

Esta petición es actualmente minoritaria, incluso entre los economistas, sensibles a los vientos dominantes. Pero en 1930 Jacques Rueff en Francia y Friedrich Hayek en Gran Bretaña estaban en minoría: acusaban a la teoría de Keynes de conducir a la inflación y no al pleno empleo. La historia les ha dado la razón. Durante la crisis de 1974 a 1979, Robert Barro y Milton Friedman también eran minoría contra el renacimiento keynesiano, y también tenían razón: la vuelta al liberalismo a partir de los años ochenta es lo que restableció el empleo y el crecimiento en lugar de la inflación y el paro.

En nombre de la felicidad común, ojalá que las políticas de reactivación que se están aplicando tanto en Estados Unidos como en Europa tengan éxito; sabemos por experiencia que es posible un éxito a corto plazo, pero que seguramente será seguido por una vuelta a la inflación. Por lo tanto, sigue siendo indispensable preparar una alternativa, lo que Hayek denomina una utopía de recambio.

La corrupción de la democracia
EDITORIAL Libertad Digital 16 Febrero 2009

La democracia es algo más que un procedimiento cuantitativo para elegir la composición del poder legislativo; también implica un equilibrio y contrapeso entre los distintos poderes del Estado y, sobre todo, un sometimiento de las instituciones públicas al pueblo soberano, cuyas libertades son respetadas más allá de lo que formalmente exijan los textos legales.

Este sistema es la fórmula conocida más eficiente para respetar los derechos de los ciudadanos y limitar el poder del Estado. Precisamente por ello, las democracias empiezan a pervertirse no cuando se suspenden los comicios electorales, sino cuando el equilibrio de poderes se finiquita en beneficio del ejecutivo y cuando los burócratas comienzan a emplear las instituciones no para defender, sino para subvertir, los derechos individuales. De hecho, la cancelación de las elecciones suele ser el paso final en la transición hacia una dictadura que se produce sólo cuando el resto de instituciones ya están corruptas.

El primer deber de un demócrata, por tanto, no es ir a votar a unos comicios, como tantas veces repiten los políticos, sino estar vigilante frente a la expansión y mal uso del poder estatal. Venezuela, por ejemplo, está dando pasos agigantados hacia la dictadura, no porque se hayan dejado de celebrar las elecciones (algo que de momento no ha ocurrido), sino porque Chávez controla ya la práctica totalidad de las instituciones y, sobre todo, porque ha sometido al pueblo a su régimen de control y represión, tal y como atestigua el episodio de Luis Herrero.

En España, de momento, la situación no ha degenerado tanto, pero existen síntomas inquietantes frente a los que hay que ser totalmente intransigentes. Si la semana pasada estuvo marcada por el casual encuentro cinegético entre un alto representante del poder Ejecutivo y un importante miembro del poder judicial –lo que apunta hacia un exhibicionismo cada vez más desinhibido de la voladura de la separación de poderes en nuestro país– este fin de semana, a raíz del secuestro y expulsión de Luis Herrero de Venezuela, el PSOE –el partido de Gobierno– ha mostrado su lado más comprensivo con la dictadura bolivariana en lo referido al ataque y violación de los derechos de un ciudadano español (al que en teoría debería proteger y amparar).

Dicho de otra manera, el Gobierno de España está empezando, como ya hizo Chávez en su momento, a emplear y manejar las instituciones del Estado para perseguir a sus oponentes y adversarios. Felipe González ya intentó en su momento establecer una "dictadura perfecta" al estilo del PRI mexicano, pero su derrota frente a Aznar en 1996 impidió que la corrupción democrática siguiera avanzando y, de hecho, en algunas instancias se experimentó una muy sana regeneración.

Pero Zapatero ha retomado con ímpetu la labor emprendida por González y no ha dudado en pactar con los elementos más inquietantes de nuestro espectro político: nacionalistas e izquierda radical. De hecho, incluso ha intentado incorporar a los terroristas a su proyecto de régimen.

El problema es que fuera de su partido sólo encontró la oposición de un PP que hoy se está descomponiendo en su desorientación ideológica y estratégica; y dentro del mismo, fueron contadas las voces que se alzaron contra Zapatero, hasta el punto de que casi todas ellas han terminado abandonando el PSOE. El caso más renombrado ha sido el de Rosa Díez, que incluso ha formado su propio partido para lograr la regeneración democrática que necesita España; pero la propia Díez reconoce este mismo fin de semana que dentro del PSOE sólo encontró "rechazo y grosería en el menor de los casos".

Por consiguiente, tenemos a un partido de Gobierno vendido al proyecto de Zapatero y un partido de la oposición debilitado y sin rumbo. Una perspectiva de futuro nada esperanzadora a no ser que el PP aproveche la situación para resucitar y recuperar su discurso de la anterior legislatura. Pero para ello sus electores deberán ser especialmente exigentes, no sólo como votantes de la derecha sino como demócratas conscientes del peligro que se nos puede venir encima si la actual degeneración institucional que impulsa la izquierda prosigue su curso.

Instituciones
Lo venial y lo mortal de Zapatero
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 16 Febrero 2009

Nada que objetar a que Zapatero explote la división de la derecha o magnifique su falta de propuestas concretas (privilegio, por otra parte, de la oposición). Si en circunstancias normales las crisis económicas gasten más al Gobierno que a la oposición es porque, a diferencia de ésta, aquél no tiene manera de esconder medidas impopulares... salvo que el Gobierno sea tan irresponsable que deje de tomar las imprescindibles; o sea tan perverso que aplique medidas contraproducentes por su rendimiento electoral. Ambas salvedades adornan al Gobierno Zapatero.

Mucho más preocupantes son aquellas conductas que afectan a la salud democrática de las instituciones. Es convicción asentada que en España la justicia es militante, que el ejecutivo maneja al judicial a través de mayorías en los órganos clave, que hay un uso espurio de la fiscalía, que se enerva o excita a jueces y fiscales según coyunturales conveniencias, que no se aplican sentencias firmes si incomodan al poder (central o autonómico), que la gestión de las prisiones está tiznada de política... Por no mencionar esa definitiva violación del espíritu de las leyes y del decoro institucional que consiste en montar una cacería con el juez, el ministro de Justicia, el fiscal y el jefe de la policía mientras se abate, con los venados, al partido de la oposición. Que nadie salga aquí con que no hay pruebas: están los hechos, la coincidencia en el tiempo, la oportunidad y están los resultados. En una democracia de verdad, el ministro sería cesado y el juez apartado y expedientado.

En tal bastardización del Estado de Derecho hay que poner el foco, sin perder de vista que, una vez abiertas las diligencias de Garzón y sembrada la sospecha sobre unos nombres más o menos próximos al PP, las investigaciones deben proseguir, en otras manos, hasta el final. No otra cosa está diciendo Génova. Lo que no cabe es exigir al PP que se conforme con su situación de indefensión, pues es claro perjudicado. En cuanto a las filtraciones, son delictivas; los repetidos regalos a un juez, son investigables por presuntamente delictivos; y si hubo cita previa en la reunión de los escopeteros, será delito según el CGPJ.

Que invoque pues Zapatero cuanto quiera el Prestige, por extemporáneo que resulte, y que despliegue a su antojo el PSOE su demagogia, por mucho que repugne ver cómo sirven en bandeja a un dictador extranjero la excusa para violar los derechos de Luis Herrero. Entra dentro de las reglas del juego aceptar debates borderline y discursos lamentables. Pero ojito con el marco institucional. Ahí no hay que pasarles ni una. Creo que el PP lo ha entendido. A la fuerza ahorcan.
Juan Carlos Girauta es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Caza al PP
Dimisión inaplazable
Ignacio Cosidó Libertad Digital 16 Febrero 2009

El nombramiento de Mariano Bermejo como ministro de Justicia fue en sí mismo una declaración de guerra a la independencia de la Justicia. La resistencia del anterior Consejo General del Poder Judicial y de una gran mayoría de jueces a someterse a los dictados de Zapatero decidió al presidente del Gobierno que había llegado el momento de declarar abiertamente las hostilidades. Para ello, nada mejor que un ariete ideológico como Bermejo dispuesto a someter a los díscolos con el látigo de su vehemencia y de su sectarismo.

El resultado de esa operación está a la vista. Una justicia al borde del colapso. Primero fueron los secretarios judiciales los que plantaron cara al ministro con una huelga que se prolongó durante meses y agravó aún más el histórico atasco judicial que padecemos. Ahora son los jueces, hartos de la incompetencia, los engaños y la chulería de este ministro los que amenazan con iniciar una huelga inédita en nuestro país. Mientras, nuestra justicia se sigue deteriorando cada día con una administración más propia del siglo XIX, la acumulación de casos sin resolverse en los juzgados y algunos fallos que deterioran aún más la imagen de la Justicia ante la opinión pública.

La gota que colma el vaso de toda paciencia democrática es la cita cinegética entre el ministro y el juez de la Audiencia Nacional que tiene abierta en estos momentos una especie de causa general contra el principal partido de la oposición. Una cita a la que acuden también la fiscal del caso y el policía que lo investiga en una cena que más parece un contubernio para dinamitar a la oposición. Una operación que resulta aberrante para cualquier sistema democrático. El comportamiento de Bermejo, que nos retrotrae a los tiempos en los que en España los destinos de la patria se decidían en cacerías donde concurrían los poderosos, ha generado el rechazo entre sus propias filas hasta el punto de que un ex ministro de Justicia socialista se ha atrevido a decir lo que muchos de sus compañeros piensan y exigir públicamente su dimisión.

Pero a pesar de su más que desastrosa gestión como ministro y de su comportamiento manifiestamente antidemocrático, dudo mucho que Mariano Fernández Bermejo presente su dimisión y más aún que Zapatero vaya a exigírsela. En realidad, Bermejo no es más que una pieza grotesca en un mecanismo puesto en marcha por Zapatero para acabar con la independencia del Poder Judicial y aniquilar de paso a la oposición democrática. Cada día que pase sin que el ministro de Justicia dimita será una prueba evidente de que quien está detrás de esta operación es en realidad el propio presidente del Gobierno. La responsabilidad política de la involución democrática a la que estamos asistiendo hay que buscarla directamente en La Moncloa.
Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.

Izquierda
Chávez es el modelo
Agapito Maestre Libertad Digital 16 Febrero 2009

No me ha extrañado nada la reacción tibia, casi comprensiva, del Gobierno de España ante el secuestro y expulsión de Luis Herrero, ciudadano español, de Venezuela por orden de Chávez. Lo dije al poco tiempo de llegar este individuo al poder y lo vuelvo a repetir ahora después de haber hecho todo tipo matizaciones sobre el proceso de destrucción del Estado y la sociedad llevado a cabo por Chávez: el peligro no es Chávez sino quien lo apoya, a saber, la izquierda mundial. Venezuela fue el lugar de referencia que ha tenido la izquierda mundial, la izquierda más negra y totalitaria, para experimentar una vía hacia el socialismo, después de la caída del Muro de Berlín. Ahí está todo. Quien no quiera hacerse cargo de ese asunto, jamás entenderá nada de lo que sucede en Venezuela ni en la España de Zapatero.

Salvando las distancias de cargo y rango político, a este cronista, junto a un compañero mexicano, le sucedió algo similar a lo vivido por Luis Herrero en Venezuela; allá por el año 2002, en un congreso de carácter internacional sobre la paz mundial organizado por el Gobierno de Chávez, fui perseguido por los Comités de Defensa de la Revolución Bolivariana hasta abandonar el país. Venezuela ya entonces empezaba a ser como Cuba: todo lo que no era obligatorio empezaba a estar prohibido, según diagnosticaba mi amigo De Quesada. De entonces aquí, todo ha ido de mal en peor para los venezolanos.

Sin embargo, el régimen izquierdista no sólo ha exportado su basura por todo el subcontinente hispanoamericano, sino que ha conseguido con creces hacerse merecedor a que la izquierda mundial lo mime. Fue elegido y hace bien su trabajo; por lo tanto, tiene todo el derecho del mundo a ser tratado con deferencia. Es lo que viene sucediendo en todos los foros mundiales con este patético personaje, que ya es el heredero de Castro. En efecto, el país que eligió la izquierda para adornarse en el mundo, para adquirir un poco de legitimidad, está triunfando. La "revolución" de Chávez se exporta e incluso ha conseguido que la "socialdemocracia" más limpia se vuelva sucia y rinda pleitesía al tirano Castro.

Las "conquistas" de Chávez, en cualquier caso, son inconcebibles sin la ayuda de la izquierda mundial. ¿O es que acaso alguien ha olvidado cuando un embajador de España en la Venezuela de Chávez, Raúl Morodo, el íntimo amigo de José Bono, dijo que "Venezuela era la democracia más avanzada del mundo"? Por no citar los panegíricos escritos por García Márquez a su favor... La izquierda mundial dio alas a Chávez al elegirlo como gobernante de referencia y, ahora, tiene que seguir dándoselas porque Castro está demasiado viejo y, además, quedan pocos abrevadores donde ir a tomar fuerzas. En fin, tanto ha conseguido Chávez que es citado en términos intelectuales, por ejemplo, Moisés Naím, un "teórico" de la izquierda mundial, se atrevía a plantear hoy, el mismo día del referéndum, una insidia, o peor, una calumnia como si fuera un interrogante científico y dice: "¿Es la oposición venezolana golpista, corrupta y representante de los ricos?" .

Hay que ser terrorista intelectual para plantear esa cuestión el mismo día que la oposición, lo único democrático que queda en Venezuela, se juega su ser o no ser en ese referéndum. Por otro lado, ese tipo de "análisis" revela que tanto Chávez como sus valedores quieren ganar este referéndum a costa de lo que sea, especialmente de violar los pocos derechos que tienen los venezolanos. Sólo en este contexto es posible evaluar la expulsión de Luis Herrero, el eurodiputado de Venezuela, del país y el trato vejatorio que las "autoridades" encargadas de velar por la limpieza del referéndum les han dado en el Consulado venezolano de Madrid a los testigos legales del no.

La tragedia venezolana desborda los límites de esta nación. Es algo que compete al mundo entero, sencillamente, porque ese régimen terrorífico, insisto, es apoyado por la izquierda mundial. Chávez, como antes Castro, es su gran esperanza. Ahí reside uno de los principales cánceres de los demócratas de todo el mundo. En efecto, si todo país es un laboratorio político, Venezuela es, sin duda, uno de los más peligrosos laboratorios desde el año que llegó al poder Chávez. Es, sí, uno de los más peligrosos, porque fue el campo de batalla elegido por la izquierda mundial para legitimar sus miserias. Por eso, nada de lo que suceda allí, o en cualquier territorio venezolano en el extranjero, por ejemplo, el consulado de Venezuela en Madrid, es anecdótico. Son pruebas del interés que tiene la izquierda por maltratar la democracia utilizándola a su antojo.

La eutanasia del poder judicial
Jaime Ignacio DEL BURGO La Razón 16 Febrero 2009

Los constituyentes fueron –fuimos– muy idealistas y bastante ingenuos. En aquel tiempo, nadie se hubiera atrevido a decretar la muerte de Montesquieu. Por el contrario, había un respeto reverencial por el dogma de la división de poderes, que Charles-Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, había acuñado en su obra «El espíritu de las Leyes», publicada en 1748.

Nuestra Constitución quiso que la Justicia se administrara por jueces y magistrados «independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». Y para garantizar su independencia, se despojó al poder ejecutivo de cualquier intervención en la Administración de la Justicia. Así se configuró, como órgano de gobierno de los jueces, un Consejo General del Poder Judicial, donde tendrían asiento veinte hombres –o mujeres– justos y benéficos nombrados por el rey. Doce de ellos serían elegidos entre jueces y magistrados, y los ocho restantes designados por las Cortes Generales entre abogados y juristas, «todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión». Al Consejo correspondería la elección de su presidente que, además, asumiría la presidencia del Tribunal Supremo.

Para reforzar aún más la independencia del Poder Judicial, la Constitución estableció la prohibición de que jueces y magistrados pudieran desempeñar otros cargos públicos o pertenecer a partidos políticos o sindicatos. No obstante, se les permitiría constituir asociaciones para la defensa de sus intereses profesionales. Craso error.

Varias son las razones por las que las previsiones constitucionales han saltado por los aires produciendo una lamentable perversión de la Constitución. En 1985 –en plena era del absolutismo parlamentario felipista–, todos los miembros del Consejo dejaron de ser elegidos por los propios miembros de la carrera judicial para ser nombrados por las Cortes Generales. (En los debates constitucionales, el portavoz socialista Gregorio Peces Barba dejó bien sentado que el artículo 122 de la Constitución garantizaba la elección directa por los jueces y magistrados de los doce puestos a ellos reservados en el Consejo. Luego se olvidó de ello). En segundo lugar, las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales no se han limitado a la defensa de sus intereses profesionales sino que son fiel reflejo de las ideologías políticas en liza.

Y así basta con saber a qué asociación pertenece un miembro de la magistratura para ponerle la etiqueta de juez «progresista», «centrista» o «conservador», circunstancia que con toda probabilidad dejará su impronta en las resoluciones judiciales donde exista algún interés político en juego. (La desvergüenza progresista llega a extremos tan obscenos como el episodio de la cacería del ministro Bermejo y del juez Garzón en pleno desarrollo de la gran operación contra la supuesta trama de corrupción de algunos miembros del PP).

Así que habrá que concluir que tenía razón Alfonso Guerra cuando, a raíz de la reforma de Felipe González de 1985, proclamó que Montesquieu había muerto. En efecto, el pensador francés murió –o, cuando menos, lo dejaron en coma vegetativo, prácticamente irreversible– cuando los partidos políticos decidieron repartirse los puestos a cubrir en el Consejo General del Poder Judicial, introduciendo así un espurio sistema de cuotas; murió desde el momento en que un presidente del Gobierno se atreve a nombrar de facto al presidente del Tribunal Supremo, lo anuncia públicamente sin ningún pudor y, lo que es peor, los consejeros le obedecen con total sumisión; murió cuando en el Consejo los nombramientos de los cargos más importantes de la magistratura comenzaron a repartirse entre las asociaciones «políticas» de la magistratura. Esto ha permitido, por ejemplo, a «Jueces para la Democracia» (de obediencia socialista y claramente minoritaria) colocar en puestos de responsabilidad a un gran número de miembros de su asociación en proporción infinitamente superior a su exigua representatividad. Mientras tanto, las perspectivas de promoción de una gran mayoría de jueces y magistrados no afiliados a ninguna asociación son prácticamente nulas.

Pero por si a Montesquieu aún le quedara un soplo de vida, el Gobierno ha decidido aplicarle la eutanasia y proyecta para ellos dos reformas que pueden dar la puntilla a la independencia del poder judicial y que traen causa del Estatuto de Cataluña. La primera de ellas será privar al Tribunal Supremo de su condición de garante de la unidad jurisdiccional, al despojarle de su carácter de intérprete supremo del ordenamiento jurídico en todos los órdenes judiciales. La otra consistirá en permitir la injerencia del poder político regional al prever la constitución de diecisiete Consejos del Poder Judicial en cada una de las Comunidades Autónomas, con presencia significativa de consejeros nombrados por los parlamentos autonómicos, en régimen de dedicación exclusiva, lo que conllevará la asignación de una pingüe retribución. Lo único que nos faltaba es que los sátrapas de las autonomías, susceptibles de ser enjuiciados por los Tribunales Superiores, puedan tener tan eficaz instrumento para condicionar la acción de la Justicia.

Sólo el Tribunal Constitucional podría salvar los restos del naufragio de la independencia del Poder Judicial. Pero dada su politización extrema, es más que probable que al final asistamos al definitivo entierro de Montesquieu. En tal caso, no nos quedará otro remedio que rezar por su pronta resurrección, aunque mucho me temo que para ello se necesiten poderes sobrenaturales. Entre tanto, que los jueces, encargados de velar por los derechos y libertades de los ciudadanos, hagan huelga –por muy legítimas que sean sus reivindicaciones– me parece una aberración.

* Doctor en Derecho, profesor de Derecho Foral Público y ex presidente de Navarra

La sentencia del Estatuto catalán se retrasará hasta la víspera de las europeas
NIEVES COLLI | MADRID ABC 16 Febrero 2009

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña podría retrasarse algunos meses más. Fuentes consultadas por ABC aseguran que las deliberaciones avanzan con lentitud y que será muy difícil que la resolución esté lista en el mes de marzo, tras las elecciones vascas, como algunos pensaban justo antes de Navidad. Más bien, podría hacerse esperar hasta fechas próximas a la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar el 7 de junio. El recurso del Partido Popular contra la norma catalana (uno de los siete que tramita el Pleno del TC) entró en el registro del Tribunal el 31 de julio de 2006.

Si bien es cierto que las deliberaciones del Pleno del TC sobre el Estatuto catalán han tenido que superar no pocas dificultades -una cascada de recusaciones que enrarecieron de forma notable el ambiente entre los magistrados, e incluso el repentino fallecimiento de uno de ellos-, las fuentes consultadas aseguran que lo razonable sería que la sentencia se hubiera dictado ya hace tiempo. Se habría evitado la situación actual, en la que nos encontramos con una norma cuya constitucionalidad es dudosa pero que se aplica de hecho, con todas las consecuencias, desde agosto de 2006.

Sin embargo, las mismas fuentes se muestran poco optimistas y no creen que el fallo pueda estar antes de finales de mayo, con el riesgo, pese a la habitual prudencia del Tribunal para no interferir en los procesos electorales, de que afecte el discurrir de la campaña para los comicios europeos.

Los diez magistrados que integran el Pleno (Roberto García Calvo ha fallecido y Pablo Pérez Tremps ha sido apartado de los recursos del PP y del Defensor del Pueblo, que son los más extensos de los siete) trabajan con la intención de buscar el máximo consenso posible -la unanimidad parece muy difícil-, meta loable que, por el contrario, no ayuda nada a imprimir celeridad a la sentencia.

En este momento, en el que el Pleno ha concluido la «primera vuelta» y los magistrados han intercambiado impresiones sobre todos los artículos del Estatuto que están recurridos (114 del total de 223), las deliberaciones han sufrido un parón. El ritmo frenético que la presidenta, María Emilia Casas, impuso en los últimos meses de 2008 -el Tribunal se reunía todos los días de todas las semanas para discutir de forma exclusiva sobre este asunto, cuando lo habitual es que haya Pleno cada quince días y que vea también otros recursos- ha desaparecido, y desde comienzos de 2009 apenas han hecho nada en relación con el fondo del asunto.

El impulso que el TC imprimió a las deliberaciones en los últimos meses de 20008 ha desaparecido
En enero, se han cruzado en el camino del Estatuto otras dos causas a las que el TC ha tenido que dar prioridad por la proximidad de las elecciones autonómicas en el País Vasco, que tendrán lugar el próximo 1 de marzo: la Ley de Igualdad vasca, que afecta a la composición de las candidaturas; y el proceso de ilegalización de ANV.

Abstención de Pérez Tremps
A ellas se unieron, de un lado, la repentina decisión de Pérez Tremps de abstenerse en los seis recursos en los que sí podía intervenir. La decisión del TC ha sido la de estimar su pretensión sólo en el del Defensor del Pueblo.

Y, de otro, los amparos electorales relacionados con los comicios autonómicos en Galicia y en el País Vasco. Hace apenas unos días, el Pleno tuvo que hacer frente a los recursos presentados por Askatasuna y D3M, cuyas candidaturas fueron anuladas por la «Sala del 61» del Tribunal Supremo por su vinculación con el complejo ETA-Batasuna.
Así las cosas, y si no surge ningún imprevisto, el Tribunal tiene previsto retomar las deliberaciones sobre el Estatuto lo antes posible, una vez que los magistrados ya tienen en sus manos desde hace dos semanas una parte del borrador elaborado por la ponente, Elisa Pérez Vera.

Por mucho que se quiera correr a partir de ahora, señalan los medios citados, será muy difícil «por no decir imposible» que la sentencia esté en marzo. En este momento, los magistrados no han cerrado ningún acuerdo, lo que significa que tienen que someter todo el texto a votación una vez den por concluidas las deliberaciones. Lo habitual es que antes de votar se agoten al máximo las posibilidades de acuerdo.

Según estas fuentes, parece probable que la del Estatuto catalán sea, como la del valenciano, una sentencia «interpretativa», lo que en la práctica podría traducirse en un «respaldo bastante amplio del articulado». Tal y como están las cosas en este momento, en esta línea se resolverían capítulos tan importantes como el referido al Poder Judicial, a la financiación o a la bilateralidad. Cinco magistrados (entre ellos el desaparecido García-Calvo) formularon voto particular a la sentencia del Estatuto valenciano.

Esta semana, el Pleno podría empezar a debatir una parte del borrador que la ponente ha repartido entre los magistrados

Renovación bloqueada
Íntimamente relacionada con la sentencia del Estatuto catalán está la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, que entre otros magistrados afecta a la presidenta Casas y que está pendiente desde hace trece meses. Bloqueada la renovación de la institución por el rechazo del PSOE a los dos candidatos propuestos por el PP, ambos partidos parecían haber llegado al acuerdo tácito de no sentarse a negociar hasta que el Tribunal no dicte la sentencia. Una renovación previa al fallo retrasaría aún más la decisión.

Si hace dos semanas el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, advertía que exigiría al PSOE el cumplimiento del acuerdo que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy alcanzaron el pasado verano para renovar ya el Constitucional, la irrupción de la «operación Gürtel» en las campañas electorales gallega y vasca ha llevado al PP a romper el pacto por la Justicia (con lo que ello conlleva), al menos mientras Mariano Fernández Bermejo siga al frente del Ministerio. El ministro fue visto en una cacería con el instructor de ese sumario, el juez Baltasar Garzón

Parcialidad de Piñeiro como presentador de la TVG
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 16 Febrero 2009

[Piñeiro] Descripción parcial e interesada de este presentador con sus invitados en un programa de la TVG.
http://www.youtube.com/watch?v=22xz0fc2jc8

Gloria Lago trata de puntualizar y aclarar las anteriores "interpretaciones" del presentador Piñeiro, sobre lo que demanda su asociación.
http://www.youtube.com/watch?v=g993R5tNQz0

1º ¿Quién paga la TVG: todos los gallegos o sólo los gallegohablantes? Si la pagamos entre todos, ¿por qué este presentador sólo defiende los intereses de una parte, llegando algunos invitados a acusar de antigallegos a quienes no piensan como ellos o de organizar manifestaciones "en contra del gallego", como dice cínicamente el súper subvencionado Carlos Callón?

2º ¿Por qué en una tertulia sobre el tema lingüístico no se eligen los invitados de ambas tendencias en igualdad de condiciones, tanto en cuanto al número de quienes defienden dos posturas muy diferentes como al derecho a intervenir sin ser interrumpidos?

3º ¿Por qué se dice que la lengua de Galicia es el gallego cuando está sobradamente demostrado que se hablan el español y el gallego aproximadamente al 50% y que ambas lenguas son cooficiales en nuestra comunidad?

4º Toda esta gente como Piñeiro, Carlos Callón & Co. ¿qué defienden en realidad: el gallego o el dinero que les proporciona la defensa de la actual política lingüística?

ALBERT BOADELLA, EN LA COPE
"En Madrid no se levantan pensando qué putada hacer a los catalanes"
Albert Boadella ha asegurado en la COPE que "Cataluña nunca fue una nación", y que el nacionalismo ha sido alimentado por "políticos incultos y muy astutos" que han rentabilizado un "sentimiento" con más fuerza que la propia realidad alimentando la "paranoia y el odio anti español".
Libertad Digital 16 Febrero 2009

El dramaturgo y director del Teatro Canal de la Comunidad de Madrid reconoció en la COPE que "soy muy apasionado de la política. Siempre me he metido en todos los berenjenales". En su intervención en Al sur de la semana consideró también que la situación actual de crisis es "algo depresiva. Son momentos difíciles".

Respecto a su declarada oposición al nacionalismo catalán, Boadella aseguró que ha llegado a un "momento de saturación, he acabado cansado" y por lo tanto ya no siente "nada". "Incluso el paisaje me parece como si me pasaran un decorado. He perdido todo sentimiento" hacia Cataluña. El dramaturgo lo comparó con una pareja que se ha separado pese a que la culpa "es de los dos". "Seguro que yo tengo responsabilidad", reconoce, aunque también recordó lo "frenéticos que se han puesto conmigo".

Preguntado en Al sur de la semana por si a Cataluña no la conoce "ni la madre que la parió" Boadella rememora "la Barcelona de finales de los 60, enormemente abierta cosmopolita, con muchas iniciativas culturales", que ahora "ha pasado a ser una ciudad provinciana".

En este punto, Boadella señaló la "paranoia y el odio antiespañol" transmitida "a las jóvenes generaciones, y que ha dado resultado. Los que buscaban esta política lo han conseguido", se lamentó.

"Hay una epidemia en la cual los ciudadanos, y los colectivos ciudadanos, enferman como las personas. Hay una paranoia en la ciudadanía, que es siempre pensar que cuando un ciudadano de Madrid se levanta por la mañana piensa "a ver que putada puedo hacer hoy a los catalanes" me consta que no es así. Alguno habrá, pero es excepcional", opinó el actual director artístico del Teatro del Canal de la Comunidad de Madrid.

Sobre cómo ese pueblo tan culto puede delegar en políticos tan incultos, el fundador de Els Joglars afirmó que es un "virus que viene del pasado, de finales del XIX, con la gran subida de los nacionalismos europeos, a los que Cataluña se apunta". "Siempre ha sido un poco lo mismo, la idea de construir un país virtual, una realidad inexistente". Boadella aseguró tajante que "Cataluña nunca fue una nación".

"Hay políticos muy astutos que saben aprovechar esos sentimientos virtuales, de pura imaginación, que tienen mas fuerza que la realidad. Y da una rentabilidad extraordinaria", dijo. Además, Boadella se lamentó en Al Sur de la Semana, "yo creo que va a ir a mas. La crisis es la única cosa que puede parar este asunto", indicó en referencia a los repartos presupuestarios a las autonomías, condicionados ahora por la crisis.

Si no es por esto, "es un asunto irreversible, ya que es muy difícil recomponer los sentimientos de convivencia con la nación española. Los jóvenes han sido educados así". Boadella señaló los problemas derivados del Pujolismo ya "desde los años 80" como origen del problema.


****************** Sección "bilingüe" ***********************

Miedo en Galicia
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 16 Febrero 2009

DIFÍCIL saber si un gallego sube o baja una escalera, pero qué va a votar es imposible saberlo. Acabo de estar en aquella tierra, donde tengo tantos de esos amigos con los que no hay secretos, y ni uno solo se ha atrevido a hacer pronóstico electoral. Mucho recelo, mucho temor, mucha esperanza, pero certeza, ninguna.

Hace un mes se daba por seguro que el tándem socialista-nacionalista repetiría. Pero lo que hoy dan las encuestas es un empate técnico, o sea, que el PP puede volver a gobernar.

¿Qué ha pasado para este vuelco? Pues no ha pasado nada. Las cosas han seguido su curso, es decir, el bipartito ha seguido gobernando y los gallegos han seguido echando cuentas. Llegando a la conclusión de que la mayoría de las promesas del «gobierno del cambio» no se han cumplido, que han sustituido el gobierno de los caciques por los caciques en el gobierno, con añadidos inquietantes. No me refiero al despliegue de lujo asiático que el presidente de la Xunta ha hecho con coches, salones y muebles, tan contrario al carácter gallego, narcotraficantes aparte, sino a algo de más enjundia: la adopción del programa del nacionalismo radical, que rompe el compromiso tácito en el que venían asentándose aquella política y aquella vida.

La lengua, por ejemplo.
En Galicia no había habido problema lingüístico bajo Franco ni bajo la democracia. Todo el mundo entendía el gallego -mucho más que el catalán en Cataluña y, no digamos, el vasco en Euskadi- y la inmensa mayoría lo usaba cuando le parecía, pues el gallego es un idioma que se pega y gusta usar en ciertas ocasiones. Pero el bipartito ha roto este equilibrio e intenta imponer la enseñanza obligatoria en gallego, que no es otra cosa que el destierro del español de la vida académica y, a ser posible, de la social. Mejor dicho, no es el bipartito, es el Bloque, los nacionalistas, persiguiendo su viejo sueño independentista.

Pero en Galicia los independentistas caben en un campo de fútbol no muy grande. Eso lo sabe su jefe, Anxo Quintana, que niega tales objetivos, mientras los promueve. ¿Por qué Touriño no le ha frenado? Pues por lo mismo que Montilla se ha aliado con los nacionalistas catalanes y López coquetea con los vascos. Porque es el plan Zapatero para dejar fuera de juego al PP. Los gallegos, sin embargo, desconfían de tal coalición tras probarla, y de ahí el empate técnico. Pues la trama de espías y las diversas cacerías de Garzón y Bermejo son «cangalladas» de Madrid.

En Galicia se piensa en gallego. Eso ha puesto extremadamente nerviosos a los socialistas. Una derrota allí, ante un rival que se ha hartado de golpearse a sí mismo, podría significar que las trampas de Zapatero ya no cuelan. Por lo pronto, meter en la cárcel a cuantos del PP puedan. Luego, no descarten un regalo opíparo a Galicia aunque las arcas de Solbes estén vacías.

"Ciudadanos" y "UPyD" se convierten en "la esperanza" de los demócratas españoles
Francisco Rubiales Periodista Digital 16 Febrero 2009

En un país sin calidad democrática, infectado de partitocracia, mal gobierno, corrupción y cansado de imágenes y gestos que destilan obscenidad política, como la reciente cacería de muflones del ministro y el juez, los nuevos partidos "UPyD" y "Ciudadanos" representan un ejemplo, una esperanza y un refugio para los auténticos ciudadanos y para la gente honrada. La profunda depresión económica ha acelerado el descontento de los ciudadanos ante una clase política que es incapaz de hacer frente al problema y que con sus errrores y mal gobierno, está convirtiendo a España en una eficiente fábrica de parados y de pobres.

El olor que despide la política es cada día más insoportable y, en estas circunstancias, los demócratas españoles y la gente honrada que está cansada de las inmundicias del bipartidismo, contempla a los nuevos partidos políticos "UPyD" y "Ciudadanos" como la última ilusión y se aferran a ellos para poder creer que todavía hay sitio para la esperanza en este país de sinvergüenzas y pillos, muchos de ellos apalancados en el poder.

Hace una semana, unas dos mil personas en Barcelona y medio centenar en Madrid se concentraron, convocadas por "Ciudadanos", partido de la Ciudadanía, para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, José Montilla, por no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a preguntar a los padres en qué lengua quieren que se escolarice a sus hijos. Albert Rivera, líder de "Ciudadanos", ha advertido que no se cansarán hasta que el bilingüismo "se haga realidad". También ha lamentado que el Partido Popular de Cataluña no secundara el acto.

Por su parte, Rosa Díez en su última intervención en Galicia volvio a ofrecer la frescura y limpieza de un nuevo partido transversal, laico y español, que dice lo mismo en las Vascongadas que en Madrid o que en Vigo, un partido no contaminado de miserias y corrupciones que defiende valores españoles y que persigue lo mismo que desean cientos de miles de auténticos demócratas: elecciones con listas abiertas, una nueva Ley Electoral, la liberación del chantaje que ejercen los nacionalistas, un nuevo sistema educativo, un pacto de Estado contra la crisis y la corrupción, el respeto a todas las lenguas, incluyendo la lengua común, perseguida en algunas autonomías, respeto a la libertad y a la Constitución y una reforma que convierta en racional el enorme y grueso Estado, con más del doble del pernonal que necesita cobrando cueldos del erario público, muchos de ellos sin nisiquiera trabajar.

Ante las elecciones gallegas y vascas de marzo, el panorama cada día está más claro: los fanáticos y los "hooligans" querrán más de lo mismo y seguirán votando a los corruptos partidos que han llevado a España hasta su lamentable situación actual, convirtiéndo al país en una eficiente fábrica de parados y pobres, mientras que los ciudadanos que desean una regeneración y un resurgir ético y democrático recurrirán al voto en blanco, a la abstención activa o al apoyo de partidos limpios y esperanzadores como "UPyD" y "Ciudadanos".

La Generalitat gastó otro millón de euros en 2008 para reforzar la identidad catalana
Carod ha concedido 306.000 euros a Perpiñán para que fomente el catalán

16 Febrero 09 - M. Sanuy / M. Espanyol La Razón 16 Febrero 2009

barcelona- Porque el artículo 6 del Estatut de Cataluña dice que «la Generalitat debe proteger el catalán en todos los ámbitos». Porque también dice que debe «fomentar la difusión y el conocimiento de la lengua catalana» y «promover la cooperación con las comunidades y los territorios que tienen vínculos históricos, lingüísticos y culturales con Cataluña». Por todo esto, el Ayuntamiento de Perpiñán (Francia) ha recibido en los últimos cuatro años de manos de la Generalitat 306.000 euros, un poco más de lo que Carlos Sobera regalaba años atrás al concursante que acertara todas las preguntas del programa televisivo «¿Quién quiere ser millonario?».

Las ayudas de Carod
Las ayudas al Ayuntamiento de Perpiñán para «fortalecer la cooperación en el terreno de la promoción del uso social del catalán y de la difusión de la cultura catalana» las concedió Vicepresidencia, la Consejería que dirige Josep Lluís Carod-Rovira.

Para «enseñar lengua catalana», en 2005, Vicepresidencia otorgó una subvención de 6.000 euros al Consistorio galo. El mismo año le concedió 80.000 euros más, en este caso para «difundir la cultura catalana y promocionar el uso de la lengua catalana en la villa de Perpiñán», según aparece consignado en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

En 2006, las ayudas al Ayuntamiento de Perpiñán crecieron aún más. Carod le dio 100.000 euros para financiar «actuaciones de política cultural de defensa de una cultura catalana abierta». Y en 2008, las subvenciones fueron todavía más generosas, hasta 120.000 euros para «promover el uso social de la lengua catalana y la difusión de la cultura catalana».

La suma de las cuatro subvenciones suma los 306.000 euros en cuatro años. Las ayudas al Consistorio francés no son excepcionales. El año pasado, para «prestigiar la identidad catalana», la Consejería de Carod repartió un millón de euros en subvenciones. Una tercera parte de este dinero fue a parar al extranjero, concretamente a Andorra, Francia e Italia. A Italia volaron 18.000 euros para Òmnium Cultural de L¿Alguer y Obra Cultural de L¿Alguer con la promesa de utilizarlos para «valorizar la lengua y la cultura catalanas». Al Centre Cultural de Andorra le cayeron 20.000 euros para su funcionamiento.

Aunque el pellizco más grande se lo llevó Francia. Por ejemplo, Òmnium Cultural Catalunya Nord recibió 27.000 euros para dar clases de catalán a adultos, y la Associació d¿Amics de l¿Escola Comte Guifré, 25.000. Puigcercós en Bilbao Por otro lado, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, se despachó ayer con el PP y el PSOE. En un acto electoral de Eusko Alkartasuna (EA), en el que participó como invitado, dijo que «cuando se trata de joder (sic) a Euskadi y Cataluña, el PSOE y el PP aparcan sus diferencias y se unen sin complejos».

 

Recortes de Prensa   Página Inicial