AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 18 Febrero 2009

INFORME DE LA EUROCáMARA SOBRE MULTILINGüISMO
La UE deja en evidencia al Gobierno por no garantizar la enseñanza en español
IMPRESIONES El Mundo 18 Febrero 2009

EL PRONUNCIAMIENTO de la comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo declarando «esencial» garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua en que han de educarse sus hijos, una declaración dirigida a los países en que coexisten varios idiomas oficiales, vuelve a poner de relieve la anómala situación que se vive en algunas comunidades autónomas españolas. No es casualidad que el PSOE, el PNV y CiU trataran de abortar -sin éxito- el documento.Sin embargo sí se aprobaron sendas enmiendas del eurodiputado del PP Luis Herrero. En una se señala el «error de promover una lengua a costa de los derechos de los hablantes de otra» y en la segunda se reivindica que «ningún escolar» sea privado de la enseñanza «en la lengua oficial del Estado». Aunque el informe sobre multilingüismo, que será votado por el pleno de la Eurocámara a finales de marzo, no tendrá consecuencias legales -la educación es competencia de cada Estado, y en el caso concreto de España está transferida a las comunidades autónomas-, tiene un gran valor político que el Parlamento Europeo se pronuncie en estos términos. No sólo deja en evidencia al Gobierno de Zapatero, complaciente con la absurda situación que vive España en este punto, sino que es un espaldarazo para quienes no se resignan al trágala nacionalista. Lo sorprendente es que haya que seguir reivindicando algo tan de sentido común como el derecho a ser escolarizado en la lengua oficial del Estado en el que uno reside.

Las 'narcotaifas' están ahí
F. JIMENEZ LOSANTOS El Mundo 18 Febrero 2009

LA DEVASTADORA crisis económica, alentada por la pánfila idiocia del Gobierno de ZP es, sin duda, el peligro más grave que se cierne sobre España a corto y medio plazo. Tan grave, que podemos tirarnos ocho o 10 años esperando que alguien nos saque del agujero y sin que nos saque.

Esta situación es aún más grave por la crisis nacional y de Estado que padecemos y que, con el respaldo de todas las instituciones, desde la que caza altiva a la que pesca en ruin barca, ha liquidado de hecho el sistema constitucional.

Inútil pedir austeridad a esas 17 tribus con ínfulas de Estado y hábitos de banda que hacen inviable cualquier política económica nacional digna de ese nombre. Todo el discurso separatista, nacionalista o regionalista se basa en un axioma que garantiza el derroche y la corrupción: España tiene una deuda con la taifa y la taifa no le debe nada a España. Para negociar esta inextinguible deuda histórica está la relación bilateral con el injustamente llamado Estado Central, vulgo Madrit o Madriz, que ni tiene centro, ni es Estado, ni está para otra cosa que transferir dinero a las taifas. Es urgente un plan de austeridad administrativa que elimine un millón de funcionarios, recorte sin piedad el gasto municipal, taifeño y central, y ordene el esfuerzo común para salir juntos de la crisis económica. ¿Ustedes lo ven posible? Pues yo tampoco.

Y por si la ruina económica y la cleptocracia política fueran horizontes amables en nuestro futuro -basta mirar a Argentina: a todo cabe acostumbrarse-, se avista ya con aterradora nitidez una variante dentro de la degeneración del Estado: el Narcoestado.Hace nueve meses desaparecieron 100 kilos de cocaína de los calabozos de la Jefatura Superior de Justicia de Sevilla, hecho que además de propiciar la suelta de los narcos (van seis o siete) por burla o esnifaje de las pruebas incriminatorias, pone en el mercado 10.000 millones de pesetas en coca, más que lo que se paga a la Policía.


El conde de Romanones se reinventa en la España autonómica
Carlos Sánchez El Confidencial 18 Febrero 2009

Existen unas jugosas Memorias del conde de Romanones en las que el aristócrata madrileño describe como nadie el espectáculo de una sociedad podrida por la especulación y el dinero fácil. Cuenta Romanones que a mediados del siglo XIX todo el mundo jugaba a la Bolsa. “La lucha entre alcistas y bajistas era empeñada; jugaban lo mismo el aristócrata que el burgués y que el plebeyo; de igual modo, el poderoso sin blanca en el bolsillo, los paisanos, los políticos, la gente de pluma, los artistas y aun aquellos mismos que forman parte del Gobierno. En 1844, la Bolsa absorbía todas las preocupaciones”.

No hace falta decir que a Romanones se le considera el prototipo del cacique español. No en vano, mantuvo su acta de diputado por la provincia de Guadalajara entre 1888 y 1936, lo que da idea de su intuición para sobrevivir tanto a la Restauración como a la República. Su resistencia a ser atrapado por los nuevos tiempos tenía que ver sobre todo con su capacidad para articular alrededor suyo una red de clientelismo político y empresarial que le garantizaba disponer de un un escaño en Madrid casi vitalicio, independientemente del sistema político imperante. Estamos, por lo tanto, ante el cacique por excelencia, ante el corcho que siempre flota, que se decía durante la Transición, lo que explica su dilatada vida política.

Leyendo las andanzas de Francisco Correa y sus secuaces por los meandros del poder local y autonómico, no es difícil adivinar hasta qué punto la España caciquil sobrevive, en este caso espoleada por la ausencia de mecanismos de control que impidan la podredumbre del sistema político. No sería razonable extender el estiércol con ligereza entre la clase política, pero más allá del componente penal que pueda derivarse de la trana investigada por los tribunales, no parece descabellado pensar que la red de conseguidores locales es ancha como el mundo. Hay una circunstancia que a menudo pasa inadvertida: la perpetuación de los poderes autonómicos. Llama la atención que en la mayoría de las regiones el partido mayoritario lleva más de 20 años gobernando, en muchos casos con mayoría absoluta. Algo que de idea de su enorme capacidad de supervivencia, como Romanones. Se trata de fenómeno verdaderamente sorprendente en un sistema electoral de carácter proporcional y no mayoritario.

Élites locales
Correa no es más que el exponente zafio de un sistema de reparto del poder que ha tenido la perversión de crear élites territoriales que extremadamente útiles para el poder político en términos de control social. Cada presidente autonómico –unos más y otros menos- ha creado a su alrededor una especie de aristocracia económica local con la que hace negocios. No necesariamente para enriquecerse personalmente, pero sí para afianzar su poder.

A ellos les han concedido las televisiones autonómicas o las radios locales. A ellos les han adjudicado las obras de remodelación de espacios públicos o la construcción y mantenimiento de redes viarias. A ellos les han concedido los suministros y el aprovisionamiento material de la administración territorial. En la mayoría de los casos, con adjudicaciones a dedo que se han saltado cualquier fiscalización posterior. Y siempre con ese argumento -un tanto pueblerino- que hace primar al empresario local frente a otros emprendedores de ‘afuera’.

Es curioso que mientras el aparato del Estado ha hecho un verdadero esfuerzo por ser más eficiente y transparente –probablemente por los escándalos de corrupción de los primeros años 90- en la España autonómica está todavía casi todo manga por hombro. Los sistemas de fiscalización de las cuentas públicas no funcionan. Las cámaras o tribunales de cuentas territoriales son, en la mayoría de los casos, una pantomima formada por ex altos cargos de del gobierno autonómico. Y lo mismo sucede con los órganos consultivos, convertidos en simple apariencia formal de un sistema presuntamente democrático. Los diputados autonómicos, igualmente, se comportan como simples correas de transmisión del poder. Y en lugar de actuar como un poder del Estado controlando la acción del Ejecutivo, se limitan a dar el ‘sí señor’ al gobierno autonómico de turno. El legislativo, que se sepa, está para controlar la acción gubernamental, y esta tarea no sólo corresponde al partido de la oposición, sino también a los representantes de la mayoría.

Quiere decir esto que los gobiernos autonómicos controlan el mundo empresarial mediante el boletín oficial correspondiente; pero también el poder mediático mediante las subvenciones o las adjudicaciones de radios y televisiones, y hasta el poder legislativo mediante la existencia de cámaras parlamentarias que simplemente son la voz de su amo. Falla, por lo tanto, la esencia de la democracia, que no es otra cosa que la existencia de contrapoderes eficaces capaces de controlar al sistema político. Por eso aparecen en el paisaje político sujetos como Correa y sus secuaces. Que no han dado un palo al agua pero que tiene hilo directo con el poder.

Poco antes pasó casi lo mismo con 40 kilos en Valencia. Rubalcaba no ha depurado a nadie, un respeto para los cuerpos y fuerzas, etcétera. ¿La oposición? Más preocupada por los cupos de inmigrantes ilegales que por evitar que Sevilla parezca una ciudad mejicana, donde nadie denuncia un camello a un policía por si el policía es el jefe del camello. Con policías, jueces y políticos en vertiginosa degradación, las narcotaifas ya están ahí.

Los desmemoriados
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 18 Febrero 2009

Es una práctica habitual de los investigadores sociales preguntar en las encuestas sobre el recuerdo de voto de los entrevistados cuando se quiere saber a quien van a votar en las siguientes elecciones. Es también habitual que no haya coincidencia entre lo que una parte de los ciudadanos dice haber votado y lo que realmente votó. Ocurre en todas las sociedades y en todos los espacios políticos e ideológicos. Es normal y con esas dificultades tienen que lidiar los sociólogos para averiguar las intenciones reales de voto.

En el País Vasco, sin embargo, parece haber un grupo de electores particularmente desmemoriados porque ocultan cuidadosamente de qué partido era la papeleta que metieron en la urna. Son los votantes del PP y, en menor medida, los del Partido Socialista.

En la última encuesta dada a conocer por el CIS, sólo un 3,5% de los vascos dice haber votado al PP en las generales del 2008 y un 3,2% en las autonómicas del 2005 cuando ese partido obtuvo un 18,5% de los sufragios en el primer caso y el 17,3% en el segundo. Esa diferencia supone que un 80% de los votantes populares andan flojos de memoria o, lo que es peor, no quieren reconocer que votaron al partido de Mariano Rajoy y Antonio Basagoiti. Entre los socialistas son un 22% los que no reconocen haber introducido la papeleta de Patxi López en el 2005, mientras que entre los votantes de PNV-EA sólo hay una diferencia del 5% entre los que dicen que apoyaron a esa coalición y los que realmente lo hicieron.

En esa ocultación del voto hay un fenómeno ordinario, que es la querencia de muchas personas por identificarse en público -aunque el público sea sólo un encuestador- con aquellos que están en el poder, es decir con los que se supone que representan la mayoría social. Pero en el caso vasco hay otro factor adicional que acentúa la desmemoria selectiva de los votantes populares y socialistas. Es un factor que año tras año se refleja en el Euskobarómetro que dirige el profesor Francisco J. Llera: el miedo. En la última oleada de este estudio, correspondiente al mes de noviembre pasado, el 47% de los no nacionalistas declaraba percibir miedo a participar en política, mientras que entre los nacionalistas esa percepción bajaba hasta el 28%.

Nada de esto es nuevo. Juan J. Linz ya lo detectó en una encuesta realizada antes del referéndum estatutario de 1979. El sentimiento de miedo entre los votantes de UCD era mucho más alto que entre los socialistas y el de éstos mayor que el de los votantes del PNV. Después de treinta años, el miedo sigue lastrando la libertad de muchos vascos que fingen desmemoria porque no olvidan las condiciones en que viven.

Una sentencia que provoca litigio
EDITORIAL Libertad Digital 18 Febrero 2009

"No debe ser la Administración educativa –ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores– quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas, ya que éstas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales".

La anterior aseveración, tan acorde al parecer de los objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía o al de las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que habían respaldado su derecho a la objeción, pertenece, sin embargo, a una de las cuatro recientes sentencias por las que el Tribunal Supremo ha denegado ese mismo derecho, al considerar que la “asignatura” de marras no conculca el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus convicciones. Se trata de unas sentencias que, para mayor incongruencia, “no autorizan a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”.

Basta, sin embargo, echar un vistazo a los programas y a los contenidos de los libros de texto de esta asignatura para darse de cuenta, inmediatamente, de que tratan, de manera esencial, cuestiones morales que en la sociedad española son altamente controvertidas. ¿O es que acaso no lo son todas las relacionadas con la ideología de género, el matrimonio y la adopción por parte de homosexuales, las relacionadas con el aborto y la eutanasia, por no hablar de los distintos modelos económicos y políticos?

Lo cierto es que esta sentencia deniega el derecho a la objeción tanto como invita a los padres a denunciar a la Administración educativa por las mismas razones por las que aquellos habían optado por la objeción. Si una de las funciones de la ley y de las sentencias, en general, es la de clarificar y dirimir el litigio, las resoluciones del Supremo que ahora nos ocupan lo van a multiplicar, caso por caso, cada vez que unos padres consideren que, en un determinado centro, se están “inculcando” a sus hijos, “aun de manera indirecta”, puntos de vista contrarios a sus convicciones morales. Lo que les faltaba a nuestros colapsados Tribunales de Justicia...

Entre los argumento que recogen las propias sentencias (que bien podrían justificar el fallo opuesto) y la cantidad de votos particulares, tanto discrepantes como concordantes, que las acompañan, lo cierto es que estas lamentables sentencias del Tribunal Supremo, lejos de unificar doctrina, han generado un galimatías, de endebles y contradictorios fundamentos, que confunde más que aclara.

Al margen de que la libertad de los padres en este terreno debería significar, en buena lógica, la de ser ellos los que decidan qué afrenta y qué no a sus convicciones morales, en estas sentencias, aunque sea hipócritamente, se reconoce ese derecho de elección a los padres, al tiempo que se exige, no menos hipócritamente, “el deber de neutralidad ideológica del Estado, que prohíbe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo”. A esos derechos que les asisten y a ese deber que atañe al Estado, se deben aferrar los padres, utilizando todos los mecanismos que les asisten en Derecho en su oposición a un adoctrinamiento en forma de asignatura.

Supremo
La Mala Conciencia
Agapito Maestre Libertad Digital 18 Febrero 2009

Las sentencias de los jueces del Supremo contra los padres objetores de la asignatura "Educación para la Ciudadanía" exhala por todas partes algo peor que mala conciencia. Dictadura de conciencia. Dicen los "jueces" del Supremo que la Objeción de Conciencia no es un derecho. Mentira. Esta falsedad los descalifica para ejercer una profesión digna de otros hombres con más deontología y, sobre todo, con cierto desarrollo de su conciencia moral. Ya sé, ya sé, que estos funcionarios al servicio de Zapatero desconocen por completo lo que lleva adentro la expresión "conciencia moral". Más aún, porque no saben qué cosa es la conciencia han firmado esas sentencias de carácter policial contra unos individuos que sólo por ejercer la "objeción de conciencia" se han convertido en ciudadanos ejemplares para desarrollar el Estado de Derecho.

En efecto, porque los objetores recurrentes, lejos de concebir el Estado como algo construido y acabado de una vez por todas al modo de las dictaduras y despotismos, creen que el Estado de Derecho está permanentemente inventándose, creándose, o sea, haciéndose moralmente, esgrimieron la objeción de conciencia, que es más que un derecho. Es un protoderecho sobre el que se basan otros derechos. En cualquier caso, quien hace valer ese derecho, en términos jurídicos, está contribuyendo decisivamente al desarrollo de la democracia. Ese objetivo, precisamente, es el que pretende eliminar de raíz estas sentencias.

Sin embargo, no creo que lo haya conseguido, pues al margen de la literalidad del texto –que va contra el derecho que asiste a todo ser humano, por el sólo hecho de ser persona, a tener derechos, que es el mejor lugar para ubicar el derecho de objeción de conciencia–, nadie en su sano juicio intelectual y jurídico puede prestarle legitimidad a un Tribunal que se arroga la potestad de conceder y eliminar derechos. Las sentencias, en fin, contradice la esencia del Estado de Derecho que tiene por misión fundamental dar alojamiento a la posibilidad de construir bienes en común a partir de la libertad de conciencia.

Dicho en otros términos, es imposible construir la democracia, al menos concebida como una forma de vida, sin reconocer la libertad individual que tiene su primer y último fundamento en la libertad de conciencia. Sin esa libertad, sin esa inquietud por ser libre junto a otros, sin esa indeterminación que define a la sociedad democrática, que tiene su fundamento en la objeción de conciencia, no es viable ningún Estado de Derecho. Pero este "tribunal" político ha querido con estas sentencias clausurar dictatorialmente esa inquietud democrática. En verdad, el deseo de libertad, contenido en la objeción de conciencia, sin el cual sería imposible ninguna conquista y ejercicio de libertades, ha sido cercenado con estas sentencias política.

Despreciado Montesquieu, ahora han querido eliminar a Tocqueville. El otro gran referente intelectual de la democracia liberal. Esta "justicia" mostrenca suprime la base de toda genuina democracia, a saber, el deseo de ser libre a través de ejercer ese protoderecho que llamamos "objeción de conciencia". Estas sentencias mata directamente al gran Tocqueville, porque no concibe que el Estado, o mejor, el Gobierno deje actuar a sus ciudadanos por su libertad de conciencia. Estos jueces han roto las alas de la sede del poder democrático que es la sociedad civil. Sí, sí, es imposible una sociedad civil desarrollada democráticamente sin posibilidad de ejercer la objeción de conciencia primero, y la desobediencia civil después. En fin, estos "jueces" jamás entenderían el fundamento de la democracia de Tocqueville, que está comprendida en estas dos citas de La democracia en América:

La agitación [la inquietud y deseo de más democracia] siempre renaciente que el gobierno de la democracia ha introducido en el mundo político, pasa luego a la sociedad civil. Y no sé si, a fin de cuentas, no será esa la mayor ventaja del gobierno democrático, al que alabo aún más por lo que hace hacer que por lo que hace.

La democracia no da al pueblo el gobierno más hábil, pero hace lo que el gobierno más hábil es incapaz de hacer: extiende por todo el cuerpo social una actividad inquieta, una fuerza sobreabundante y una energía que jamás existen sin ella y que, a poco favorables que sean las circunstancias, pueden engendrar maravillas.

La energía necesaria para desarrollar una democracia, o sea, la fuerza sobreabundante de los padres que han objetado por conciencia a la imposición del Estado sobre cuáles tienen que ser nuestros sentimientos, ha perdido una batalla. En todo caso, creo que el Derecho de Objeción de Conciencia sobrepasa a este tribunal. Y a este Gobierno. Los hombres que componen, hoy por hoy, estas "instituciones" no tienen capacidad para entender ese Derecho; es tan grande el ejercicio de este derecho y ellos tan pequeños, intelectualmente hablando, que nunca lo entenderán. La desproporcionalidad entre el derecho y estos intérpretes a palos es tal que estamos abocados a la tragedia: este tribunal no ha actuado ni con conciencia judicial ni democrática, sino como funcionarios serviles de un Estado, reitero, sedicentemente democrático.

Estos jueces son arquetipos de los Estados dictatoriales, sí, sí, de Estados que impone la "moral", los "afectos" y los "sentimientos" de sus súbditos. El no reconocimiento de la libertad de conciencia en general, y la objeción de conciencia en particular, descalifica a estos jueces para ejercer su profesión en un Estado democrático. Ellos no tienen autoridad ni legitimidad para decidir qué es un derecho o qué no lo es. La objeción de conciencia está muy por encima de este "tribunal" político al servicio de Rodríguez Zapatero y un Estado que impone tiránicamente "sentimientos de sociabilidad", que serían, ahora como en la época del terror de la Revolución Francesa, las bases de una "ciudadanía" de boquilla.

EpC
Nadar y guardar la ropa
Victoria Llopis Libertad Digital 18 Febrero 2009

Por fin tenemos las sentencias. Cuatro sentencias para cuatro recursos. Recordemos: la primera familia objetora de Bollullos Par del Condado obtuvo el reconocimiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la objeción de conciencia, y la Junta de Andalucía recurrió en casación al Supremo para quitarles ese reconocimiento. Y las tres primeras familias asturianas que no obtuvieron el reconocimiento de su Tribunal Superior, recurrieron al Supremo para obtenerlo. Dos puntos de partida contrapuestos que han obtenido un resultado de consenso en el Supremo.

Y digo de consenso porque es evidente que el Supremo hace en esta sentencia verdaderos equilibrios para no reconocer plenamente lo que con toda nitidez había reconocido el TSJA. He leído vorazmente la sentencia sobre el caso andaluz, porque tenía verdadera curiosidad en ver cómo desmontaban una sentencia tan bien construida.

Tras la lectura de las 102 páginas de la sentencia del Supremo sobre este caso, no cabe duda de que el puzzle no les ha cuadrado demasiado bien. Redactar a gusto de opiniones tan contrapuestos debe de ser verdaderamente difícil. Y no desautorizar al Gobierno y adláteres en este caso –"EpC bien vale una Legislatura"– y a la vez no hacer el ridículo jurídico no ha debido de ser sencillo. Por eso dicen algunas medias verdades sobre la intención de la materia y su contenido, como si no nos hubiéramos leído hasta desgastar los folios los Reales Decretos que regulan las enseñanzas mínimas y no conociéramos de primera mano cuál es la pretensión de esta materia en Europa, que es citada extensamente, cómo no; una vez más, la coartada europea.

Pero no tienen más remedio que admitir que:

El hecho de que la materia Educación para la Ciudadanía sea ajustada a derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la Administración educativa –ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores– a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas. Ello es consecuencia del pluralismo, consagrado como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, y del deber de neutralidad ideológica del Estado, que prohíbe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo. Las materias que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que –independientemente de que estén mejor o peor argumentadas– reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa –ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores– quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales. Todo ello implica que cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía –o, llegado el caso, cualquiera otra– es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento.

Por eso, como bien señala el voto particular del magistrado González Rivas, en el fundamento jurídico décimo de la sentencia se contienen cuatro afirmaciones que dan el marco adecuado:

Primera.- Cuando los proyectos, textos o explicaciones incurran en el adoctrinamiento, derivado de los fines de la educación, ese derecho fundamental hace acreedores a los padres de la tutela judicial efectiva, preferente y sumaria que han de prestarles los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo que habrán de utilizar decididamente cuando proceda las medidas cautelares previstas en la Ley de la Jurisdicción para asegurar que no pierdan la finalidad legítima los recursos que se interpongan.

Segunda.- No se autoriza a la Administración educativa –ni tampoco a los centros docentes ni a los concretos profesores– a imponer e inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas.

Tercera.- En una sociedad democrática no debe ser la Administración educativa –ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores–, quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas que pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil.

Cuarta.-Cuando deban abordarse problemas derivados de cuestiones morales controvertidas, la materia Educación para la Ciudadanía exige la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento.

Estas cuatro afirmaciones sustanciales creo que centran el amplio debate mantenido sobre si puede un sistema educativo introducir áreas de conocimiento en una disciplina cuando colisiona con un sistema de valores que los padres desean transmitir a sus hijos y que estiman no puede ser impuesto por el Estado. Dado que los decretos examinados inciden en lo más propio y autónomo de las señas constitutivas de la identidad personal, como cuando se refieren a las conciencias individuales, los sentimientos o a las relaciones afectivas y exigen que el alumno se posicione en este ámbito, en el tema central subyace una cuestión de límites de intervención estatal, máxime cuando los criterios de evaluación que se contienen en el Real Decreto de Secundaria son valorativos, por implicar la adhesión a conductas generadoras de una supuesta ética mínima común, juzgan la actitud y no la aptitud, y superan la línea que separa la enseñanza del adoctrinamiento.

Todos asumimos la posibilidad de que el alumno estudie la organización de la Unión Europea, los contenidos de las Convenciones Internacionales y los fundamentos de los principios y valores de nuestro sistema constitucional, pero el Estado no puede invadir la esfera de la privacidad y la intimidad tratando de "formar la conciencia moral", como señala explícitamente la LOE que es el objetivo de la materia, no puede interferir en la generación de sentimientos, y utilizar las actitudes, máxime cuando se introducen en el análisis del comportamiento familiar.

Hay que recordar que una de las decisiones del constituyente fue excluir la formación en valores morales de la competencia de los poderes públicos, precisamente por el derecho reconocido en el artículo 27.3 de la CE, que implica una limitación de intervención estatal y una garantía para los padres.

Por el contrario, nos encontramos con que los Reales Decretos reguladores sobrepasan el ámbito previsto en el artículo 27.3 de la Constitución, lesionan el contenido del derecho fundamental e incurren en la intromisión y en la formación de la conciencia de los alumnos: la autorregulación de sus emociones y sentimientos, que son rasgos definidores de la personalidad humana, que se insertan claramente en la libertad de conciencia y en la libertad ideológica y además son objeto de evaluación, cuando se trata de incidir en ámbitos que no deben ser asumidos por el contenido curricular. Y es que no deben formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo la difusión de valores en conflicto, que no estén consagrados en la Constitución o sean presupuesto indispensable del orden constitucional y están amparados en el contenido constitucional del artículo 16.1 de la CE.

La circunstancia de que el currículum no especifique qué debe entenderse por estereotipos o prejuicios respecto de lo que los alumnos deben mostrar una actitud contraria, así como tampoco se explique la necesidad de dicha actitud crítica frente a los mismos cuando no se definen o concretan dichos estereotipos, genera una situación evidente de inseguridad jurídica al desconocerse cuales son esas conductas o actitudes que el sistema educativo califica de contrarios a la paz social.

Los padres, pues, podían presentar en nombre de sus hijos el reconocimiento de la exención parcial a la asignatura Educación para la Ciudadanía en aquellos contenidos que se proyectan sobre aspectos morales, insertados en la privacidad y autonomía personal al objeto de obtener el correspondiente amparo para la protección de los derechos fundamentales de la persona, con sujeción a las normas internas (artículos 16.1 y 3, 27.3 y 30.2 de la Constitución), y las normas internaciones.

En resumen, éste ha sido sólo el primero asalto, con cuatro mandobles para calentar. Esperen a que lleguen los 1.500 recursos que ya están en marcha. Y que llegarán también al Supremo, si antes no se impone la cordura en el Ministerio de cosas sociales ése que dirige la Sra. Cabrera. Y piensen además que si los 50.000 objetores hacen caso de las indicaciones del Supremo y ponen recursos a cada tema del libro de EpC que excede de los contenidos objetivos que reclama el Tribunal, en los cuatro cursos en que hay que cursarla, o a las afirmaciones de profesores que ya se están extralimitando, los recursos colapsarán el sistema judicial. Y eso sólo si hablamos de EpC; como nos metamos a ver y denunciar los contenidos opinables y partidistas que se están impartiendo ya en Ciencias del Mundo Contemporáneo, en Sociales, en Historia, etc, podemos llegar al infinito.

Como dudo de que el Supremo busque así colapsar el propio sistema, cabe pensar que juegan con la probabilidad de que los objetores se cansen de la vía indicada, mucho más costosa en esfuerzo y desgaste emocional. Pues no sufran, que nunca unos padres se cansarán de defender a sus hijos. Tendrán que terminar juzgando miles y miles de recursos. Y quizá entonces, cuando tengan la avalancha encima, gota a gota, comprenderán que la vía señalada es inviable e injusta: o el Gobierno retira los Reales Decretos porque son ilegales e imponen a todos un adoctrinamiento no deseado o reconocen a los discrepantes su derecho a quedar exentos del mismo. No va a haber alternativa. Y es mejor para todos, sobre todo para los jueces, la segunda posibilidad.

El PP intenta reprobar la inmersión lingüística desde la Eurocámara
La Comisión de Cultura pide la libre elección de lengua en un texto no vinculante
BERTRAN CAZORLA - Barcelona El País  18 Febrero 2009

Perdida la batalla en el Parlament y en las Cortes, el PP logró ayer una victoria en el Parlamento Europeo en su lucha contra la inmersión lingüística en catalán que practican las escuelas de Cataluña. El escenario fue la Comisión de Cultura de la Eurocámara, en la que los populares lograron transformar un texto de apoyo a las lenguas regionales en un documento que, de aplicarse a rajatabla en Cataluña, impediría que los niños fueran escolarizados, por defecto, en catalán.

PSC, CiU e ICV intentarán consensuar un informe alternativo
El diputado del PP Luis Herrero presentó varias enmiendas al texto original, entre ellas una que señala que "ningún escolar podrá ser privado de la enseñanza en la lengua oficial del Estado". El texto con la enmienda fue aprobado por la mayoría que tiene su grupo en este Parlamento y no será vinculante.

Su contenido contrasta con otro elaborado hace apenas tres meses por un grupo de expertos del Consejo de Europa, un organismo autónomo de la Unión Europea que avalaba "un modelo de plena inmersión". El sistema de inmersión lingüística que se practica en Cataluña también recibió un espaldarazo de la Comisión Europea en 2007. "Es un modelo que debería exportarse a todos los estados de la Unión", concluía esta institución.

El diputado Herrero, ex locutor de la cadena COPE, contó con el apoyo de otros miembros españoles del Grupo Popular Europeo para colar la disputa en torno a la inmersión lingüística en Europa. Ayer a las nueve de la mañana la reunión de la Comisión de Cultura estaba extraordinariamente concurrida, mucho más de lo que es habitual, apuntó Ignasi Guardans, eurodiputado de CiU y miembro suplente de la comisión. A la reunión acudió la plana mayor de los populares españoles, entre ellos Alejo Vidal-Quadras, que ya se significó por oponerse a la oficialidad del catalán en la Eurocámara.
"Han desembarcado con toda su artillería", denunció Raül Romeva, de Iniciativa per Catalunya-Verds, que también acudió a la comisión a pesar de no ser miembro. Y añadió: "El PP usa el Parlamento Europeo para llevar sus frustraciones sobre el tema catalán".

Tanto en la ofensiva del PP como en el contraataque que ha desatado se percibe la sombra de las elecciones europeas, que se celebrarán el 9 de junio. Romeva recordó que si el "frente común catalán" que forman él, Guardans y los diputados socialistas no se puede imponer en casos como éste es porque los grupos a los que pertenecen (Partido Socialista Europeo, Liberales y Verdes) no siempre logran superar al PP europeo. Maria Badia, diputada del PSC, aprovechó para desear "un cambio de mayorías" en la Cámara para evitar jugadas como la de Herrero, que, según ella, "lesiona los derechos de los ciudadanos catalanes".

Los diputados alineados en este frente catalán ya intentaron eliminar el artículo del informe que establece "el derecho de que los padres y responsables de la educación elijan la lengua oficial en que han de educarse sus hijos en los países en que coexistan una o más lenguas". Perdida la batalla, mantienen esperanzas de ganar la guerra. Guardans apuntó que "algunas afirmaciones sobre la no discriminación que hay en el texto también pueden aplicarse al catalán respecto al castellano y volverse en contra de los intereses del PP". Y ahora intentarán consensuar un informe alternativo para presentarlo en el pleno de la Eurocámara, que debatirá el texto el próximo 26 de marzo.

PARLAMENTO EUROPEO EL MUNDO 18 FEBRERO DE 2009.
La Eurocámara pide garantizar el derecho de los padres a escoger las lengua de educación de sus hijos
El tripartito y CiU rechazan el informe aprobado en comisión y que deberá pasar por el pleno en marzo | El PSC anuncia un texto alternativo | El texto, elaborado por el portugués Vasco Graça Moura ha sido promovido por el eurodiputado del PP Luis Herrero
Bruselas. Agencias El Mundo 18 Febrero 2009

La comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo (PE) aprobó un informe en el que considera "esencial" salvaguardar la posibilidad de que los padres elijan la lengua en que han de educarse sus hijos en los países en que, como España, coexisten varios idiomas oficiales. El tripartito catalán y CiU rechazan el informe, al tiempo que el PSC ha avanzado que presentará un texto alternativo en marzo.

Los eurodiputados respaldaron el texto elaborado por el portugués Vasco Graça Moura (Partido Popular Europeo) y rechazaron la mayor parte de las más de cien enmiendas que habían sido presentadas. Entre ellas, las defendidas por diputados del PSOE, el PNV, CiU e ICV para eliminar del informe la referencia a la necesidad de garantizar a los padres la posibilidad de elegir la lengua de sus hijos en la escuela.

Aportaciones de Luis Herrero
Sí se aceptaron algunas modificaciones propuestas por el eurodiputado del PP Luis Herrero, entre ellas una que advierte del "error de promover una lengua a costa de los derechos de los hablantes de otra, o a través de cualquier forma de coacción o discriminación que los ignore o los lesione". También fue respaldada otra enmienda de Herrero en la que se destaca la importancia de aprender en lengua materna y en la que se dice que "ningún escolar podrá ser privado de la enseñanza en la lengua oficial del Estado".

En la misma línea, otro párrafo apoyado por el PP subraya que "en los Estados miembros cuyos territorios coexistan varias lenguas oficiales se garantice la plena inteligibilidad interlingüística, en especial en los ámbitos relativos a las personas de edad avanzada y en los sectores de la justicia, la sanidad, la administración y el empleo".

CiU acusa al PP de instrumentalizar el PE
Para el eurodiputado de CiU Igansi Guardans, el PP "intenta utilizar el Parlamento Europeo" impulsando "un voto contra la inmersión lingüística que esconde la realidad educativa, social y jurídica catalana". "Es una maniobra demagógica y de muy corto recorrido", criticó Guardans, que aseguró que la presencia de eurodiputados populares españoles en la comisión de Cultura hoy demuestra el "carácter político de la votación".

En la misma línea, la socialista Maria Badia denunció la "intención de hacer partidismo a escala nacional" con un informe que "de entrada era positivo". En su opinión, el texto final contradice "el principio de subsidiariedad" al entrar a valorar políticas de educación que son competencia de los Estados miembros y que, en el caso de España, están transferidas a las comunidades autónomas.

Texto alternativo
Por ello, el PSOE estudiará con el resto del grupo socialista la posibilidad de presentar un informe alternativo en el pleno. Si éste no prosperase, los socialistas españoles votarán probablemente en contra del texto de Graça Moura, explicó Badia.

El informe, que será votado por el pleno de la Eurocámara el próximo 26 de marzo, no tiene consecuencias legales y se trata de una iniciativa del PE para promover el multilingüismo en los Veintisiete.

El texto subraya la "ventaja competitiva" que supone el conocimiento de varias lenguas y defiende acciones como los programas de intercambio escolar y el uso de subtítulos en lugar del doblaje, al tiempo que aboga por defender las lenguas minoritarias y autóctonas a través de su oferta en los centros educativos.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Joan Ferran, ha lamentado la aprobación de un informe sobre un tema que "nos irrita de manera especial", puesto que pone encima de la mesa un tema que "de una forma recurrente" utiliza la lengua para "romper la cohesión social y la inmersión lingüística" en Catalunya. "Quieren crear un problema allí donde no lo ha habido durante 30 años", ha apuntado Ferran, en alusión al PP.

Por su parte, la portavoz del grupo de ERC, Anna Simó, ha indicado que "lo ocurrido evidencia una vez más que el PP se opone a la normalización del catalán y que trata de conseguir en las instituciones de Europa lo que no logra en nuestro país, pero el hecho de que los eurodiputados del PSOE se hayan abstenido demuestra también la necesidad de que Catalunya tenga voz propia en el Parlamento Europeo".

Desde el grupo de ICV-EUiA, Jordi Miralles ha indicado que su grupo "lamenta" la decisión adoptada por una comisión del Parlamento Europeo y espera que el informe no sea aprobado por el pleno de la cámara.

Europa defiende el derecho de los padres a elegir la lengua de sus hijos en la escuela
YOLANDA CARDO Los niños que se escolarizan en castellano sólo reciben atención individualizada
E. ARMORA/M. J. CAÑIZARES ABC 18 Febrero 2009

BARCELONA. Nuevo toque de atención al gobierno catalán en materia lingüística; esta vez desde las altas instancias comunitarias. La Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer un informe que defiende la libertad de los padres a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos en los países donde coexisten varios idiomas oficiales. La eurocámara considera «esencial» salvaguardar esa posibilidad.

El pronunciamiento del PE llega dos meses después de que el Tribunal Supremo (TS) emitiera una sentencia en el mismo sentido. El fallo del Alto Tribunal, con fecha del 12 de diciembre de 2008, confirma, a su vez, otro anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) (14 de septiembre de 2004) que defiende el derecho de los padres a elegir la lengua de escolarización de sus hijos e insta a la Generalitat a reinstaurar las casillas que dan esta opción a las familias en los folletos de matriculación escolar. El informe del Parlamento Europeo llega en una época de máxima sensibilidad social sobre la cuestión, lo que ha motivado dos protestas ciudadanas, la última el pasado día 7 de febrero, convocada por Ciutadans.

Apoyo casi unánime Los eurodiputados respaldaron ayer el texto elaborado por el portugués Vasco Graça Moura (Partido Popular Europeo) y rechazaron la mayor parte de las más de cien enmiendas que habían sido presentadas. Entre ellas, las defendidas por diputados del PSOE, el PNV, CiU e ICV para eliminar del informe la referencia a la necesidad de garantizar a los padres la posibilidad de elegir la lengua de sus hijos en la escuela. Sí se aceptaron algunas modificaciones propuestas por el eurodiputado del PP Luis Herrero, entre ellas una que advierte del «error de promover una lengua a costa de los derechos de los hablantes de otra, o a través de cualquier forma de coacción o discriminación que los ignore o los lesione», informa Efe. También fue respaldada otra enmienda de Herrero en la que se destaca la importancia de aprender en lengua materna y en la que se dice que «ningún escolar podrá ser privado de la enseñanza en la lengua oficial del Estado».

Para el eurodiputado de CiU Ignasi Guardans, el PP «intenta utilizar el Parlamento Europeo» impulsando «un voto contra la inmersión lingüística que esconde la realidad educativa, social y jurídica catalana». En la misma línea, la socialista Maria Badia denunció la «intención de hacer partidismo a escala nacional» con un informe que «de entrada era positivo».
Informe alternativo Por ello, el PSOE estudiará con el resto del grupo socialista la posibilidad de presentar un informe alternativo en el pleno. Si éste no prosperase, los socialistas votarán probablemente en contra del texto. El informe, que será votado por el pleno de la Eurocámara a finales de marzo, no tiene consecuencias legales y se trata de una iniciativa del PE para promover el multilingüismo en los Veintisiete. Por su parte, el secretario de Política Lingüística de la Generalitat, Bernat Joan, aseguró ayer que el sistema de inmersión es «garantía de cohesión social» y afirmó que «no tendría sentido establecer clases separadas por la lengua».

CCC celebra el pronunciamiento Convivencia Cívica Catalana (CCC) expresó su satisfacción por el informe del PE. Su presidente, Francisco Caja, pidió, en declaraciones a ABC, que «se acabe con la práctica discriminatoria que supone la atención individualizada» y se permita a los padres elegir la lengua de sus hijos en la escuela.

TRAS UNA ENMIENDA DEL PP
La Eurocámara ve "esencial" el derecho de los padres a elegir la lengua para educar a sus hijos
La comisión de Cultura del Parlamento Europeo ha respaldado las enmiendas del eurodiputado del PP, Luis Herrero, sobre el multiligüismo y ha señalado que es "esencial salvaguardar la posibilidad de que los padres elijan la lengua oficial en que han de educarse sus hijos".
Libertad Digital 18 Febrero 2009

En el texto se apunta que este derecho debe respetarse "en los países en los que coexistan una o más lenguas oficiales o una o más lenguas regionales", como es el caso de España. La inclusión de dicho párrafo fue aprobada pese a que los socialistas españoles, entre otros, presentaron varias enmiendas para evitar su presencia en el informe, redactado por el popular portugués Vasco Graça Moura.

Al texto final se incorporaron varias enmiendas presentadas por el eurodiputado del PP, Luís Herrero, que fueron aprobadas por la mayoría de la comisión de Cultura, entre ellas una para completar ese párrafo y advertir "del error de promover una lengua a costa de los derechos de los hablantes de otra, o a través de cualquier forma de coacción o discriminación que los ignore o los lesione".

Otra de las enmiendas del eurodiputado del PP que se aprobaron resalta la importancia de la enseñanza en lengua materna "no sólo para el éxito escolar en general sino también y en especial para la adquisición de conocimientos satisfactorios de otros lenguas, por lo que ningún escolar podrá ser privado de la enseñanza en la lengua oficial del Estado".

Por otra parte, el informe subraya que "en los Estados miembros cuyos territorios coexistan varias lenguas oficiales se garantice la plena inteligibilidad interlingüística, en especial en los ámbitos relativos a las personas de edad avanzada y en los sectores de la justicia, la sanidad, la administración y el empleo".

idioma La Eurocámara pide a los Veintisiete que los padres puedan elegir la lengua en la que se educa a sus hijos
Juan Oliver | Corresponsal La Voz

La Comisión de Cultura del Parlamento Europeo aprobó ayer un proyecto de informe sobre multilingüismo que reclama a los Veintisiete que garanticen que los padres puedan elegir el idioma troncal en el que se educa a sus hijos, aunque sin que esa posibilidad constituya un derecho. «Es esencial salvaguardar la posibilidad de que los padres y responsables de la educación elijan la lengua oficial en que han de educarse sus hijos en los países en que coexistan una o más lenguas oficiales o una o más lenguas regionales», reza la ponencia, redactada por el eurodiputado popular portugués Vasco Graça Moura.

El texto, que no tiene carácter legislativo y que será elevado al dictamen del pleno el mes próximo, también reclama «la plena inteligibilidad interlingüística, en especial en los ámbitos relativos a las personas de edad avanzada y en los sectores de la justicia, la sanidad, la administración y el empleo».

Enmiendas
La Comisión de Cultura rechazó varias enmiendas de eurodiputados del PNV y de CiU, que se presentaron a las pasadas elecciones en coalición con el BNG bajo las siglas de Galeuscat, así como de Iniciativa per Catalunya, que pedían la eliminación completa del párrafo sobre elección de lengua. También rechazó otro cambio propuesto por el popular Luis Herrero, que pretendía una nueva redacción del texto que salvaguardara no «la posibilidad», sino «el derecho» de elección de los padres.

Los eurodiputados sí aceptaron una enmienda de Herrero que reclama el compromiso de que «ningún escolar podrá ser privado de la enseñanza en la lengua oficial del Estado»; y otra de Josu Ortuondo (PNV) que pide «salvaguardar el multilingüismo en los países en que coexistan una o más lenguas regionales, garantizando que todas ellas sean estudiadas en todos los niveles de la educación».

Tarde o temprano, el Gobierno será víctima de sus mentiras
Rafael González Rojas elsemanaldigital 18 Febrero 2009

Nadie se explica cómo es que la sociedad española no comienza ya a reaccionar. Ni sabe qué es lo que va a tener que ocurrir para que los sectores sanos de este pueblo –que hay que suponer que quedan algunos todavía- se planten e inicien el rearme moral de todo el conjunto. Desde luego, del Gobierno, que más que gobernarnos nos lleva del ronzal, nada cabe esperar. La única política que le preocupa es la de desprestigiar al Partido Popular, con el deliberado propósito de aniquilarlo totalmente. Después de haber reducido a los comunistas a una Izquierda Hundida, diríase que sólo aspira a contar con una oposición testimonial, la que constituyen los grupúsculos nacionalistas, con los que es fácil llegar a entendimientos puntuales.

Ese afán pueda convertirse en un bumerang. Le sería más rentable disfrutar de una oposición debilitada por sus desavenencias internas. Pero no, Zapatero quiere seguir la ruta venezolana. A él y a sus adláteres les cae bien Hugo Chávez, el "Gorila Colorao", y cómo éste parece que quiere perpetuarse en el poder.

Lo que más desconcierta a la ciudadanía es que después de cinco años de despropósitos legislativos y de un año de crisis galopante no haya surgido ya un sentimiento general, que brote del pueblo, en demanda del cambio. Tal vez sea porque en España, en vez de pueblo lo que hay es plebe. Tal vez el pueblo circunspecto y ejemplar que hizo posible la Transición esté eclipsado y lo que resplandece es la plebe hortera que apedrea sedes del PP cuando hay elecciones. Esa será la explicación de que el PSOE siga mejor valorado que el PP y que la labor de éste pase totalmente inadvertida.

No obstante, lo que empieza a percibirse es que cada vez es mayor la creencia de que el Gobierno se ha instalado en la mentira como norma habitual de actuación. El catálogo de las mentiras de Zapatero es ya muy copioso. En Google pueden revisarse y recordarse las más sorprendentes. Las ya olvidadas en relación con el talante y sus nuevas formas de diálogo, las del Estatuto de Cataluña, las negociaciones con ETA, las promesas de pleno empleo, la negación de la crisis… y alguna tan folklórica como negar que él no permaneció sentado al paso de la bandera norteamericana.

Julián Marías, a quien le dio tiempo a conocer los inicios de este aluvión de mentiras gubernamentales, consideraba que la tolerancia de la mentira, la falta de percepción de ella, quizás el temor a reconocerla, e incluso la complicidad con ella, podrían ser las causas de los quebrantos graves de la convivencia y los desastres soportados por una sociedad determinada, de un país, tal vez del mundo entero. Y añadía literalmente: "El que tolera una mentira, el que no la toma en serio, el que no procura declararla y evitarla, el que no se aparta de sus autores y los declara fuera de la ley, miente con ellos, se asocia a su misma empresa, queda contaminado por ese factor de corrupción, del cual proceden casi todos los demás. Por ahí habría que empezar; lo demás se daría por añadidura".

La Historia está llena de ejemplos de cómo pueblos o sociedades han reaccionado virulentas frente a la mentira y el engaño. España no es ajena. En nuestra historia se han producido revueltas (os irmandiños), motines (Esquilache, Aranjuez) y pronunciamientos por esos motivos. Las reacciones, bien es verdad, suelen ser lentas; cuesta descubrirlas, tomar conciencia del engaño permanente para que al pueblo, harto de aguantar, se le hinchan las narices y salte. En los tiempos que corren los motines toman la forma de descalabros electorales.

Esa es la esperanza que nos queda: que el pueblo se percate de que le están tomando el pelo con mentiras como catedrales. Los señores Bermejo y Garzón están ayudando desvergonzadamente. Pero más honestamente que las actuaciones del dúo cinegético, están ayudando destacadas personalidades del partido socialista, que no dudan en poner en tela de juicio muchas actuaciones del Gobierno de Zapatero. Un día es el comisario europeo de Economía, Joaquín Almunia, que advierte sobre la desastrosa política del vicepresidente Solbes. Otro día es el gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que no se priva de advertir sobre los fracasos del Gobierno. Otro, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, que sin dudarlo dice que el señor Bermejo debe dimitir; y a todos estos habría que añadir los nombres de otros muchos, cuya críticas van aflorando poco a poco a pesar del control que el Gobierno ejerce sobre la mayoría de los medios de comunicación –o la interesada adhesión que estos le prestan-, lo que impide que tales críticas lleguen con claridad y en cantidad necesaria a la opinión pública, que en buena parte parece como engatusada y no se entera, o no quiere enterarse, de todos los embustes y fullerías que el Gobierno fabrica febrilmente.

Solbes
Un ministro sin vergüenza
Manuel Llamas Libertad Digital 18 Febrero 2009

Si Pedro Solbes, ilustre ministro de Economía del Reino de España, fuera el consejero delegado de una empresa cotizada, los accionistas se habrían cobrado su cabeza hace año y medio. ¿El motivo? El descaro y, por tanto, la falta de vergüenza a la hora de mentir, engañar y ocultar la verdad a sus clientes o representados.

Cuando un accionista observa que el principal responsable de su compañía no es de fiar y que su gestión al frente de la misma conduce a la bancarrota reacciona de dos formas posibles: o bien exige su dimisión o, simplemente, lleva a la práctica el popular dicho de coge el dinero y corre. Por desgracia, no es el caso, ya que el ámbito político carece de los sanos contrapesos propios del libre mercado y la propiedad privada.

El dinero de los contribuyentes está preso, al depender única y exclusivamente de la voluntad personal y partidista de la casta política. Una privilegiada y parasitaria clase social que, pese a anunciarse como legítima representantes del pueblo y defensora del interés general, en realidad, actúa siempre en beneficio propio. Es decir, en clave electoralista.

Por ello, no es de extrañar que Solbes haya insistido en ocultar la realidad a los españoles con una ristra de falacias y contradicciones manifiestas desde que comenzaron a surgir las primeras señales de alerta económica. En un alarde de valentía, el responsable de la cartera más importante del país corrige, por enésima vez, sus propios pronósticos. La ansiada recuperación ya no se espera para 2009 sino para 2010, según nos anuncia ahora.

Además, Solbes avanza que el sistema financiero más sólido del mundo deberá ser rescatado con el dinero de los contribuyentes, mediante la emisión de deuda pública. No sólo eso. El ministro va más allá y propone, incluso, hacer uso del fondo de garantía de depósitos para salvar a entidades de la bancarrota. El citado fondo, pese a ser exiguo y del todo insuficiente frente a las carencias del sistema de reserva fraccionaria propio del modelo financiero actual, es el único colchón con el que cuentan los depositantes para recuperar sus ahorros en caso de quiebra bancaria.

Una propuesta asimilable a la expropiación de las pensiones privadas aprobada por la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, que posiblemente empleará este dinero privado para afrontar los compromisos de deuda pública de su Gobierno peronista. Irlanda tampoco se queda atrás y el pasado diciembre anunció que emplearía las pensiones públicas en un intento desesperado por recapitalizar su banca.

Solbes hará uso del fondo que garantiza parte del dinero de los depositantes para el mismo fin. Atrás quedan ya los cantos de sirena acerca de la supuesta solvencia financiera española y la solidez económica del país. Sin embargo Solbes, y el Gobierno en su conjunto, sigue ocultando la verdad, ya sea por ignorancia o por motivos partidistas. Es igual. España no tocará fondo en 2009 y la senda de la recuperación tampoco llegará en 2010, tal y como ahora prevé el excelentísimo ministro.

La contracción económica avanza a un ritmo real del 5% anual y la caída histórica de la producción industrial, próxima al 20% interanual, avanza una recesión mucho más intensa a lo largo del presente ejercicio. El paro seguirá aumentando y, como consecuencia, se irá agotando el dinero para cubrir las prestaciones por desempleo, con la consiguiente presión sobre el resto de partidas presupuestarias conforme menguan cada vez más los ingresos fiscales de la Administración.

El déficit y la deuda pública serán el recurso fácil al que acudir durante un tiempo pero, según vaya incrementándose el desequilibrio de las cuentas públicas, el Tesoro tendrá grandes dificultades a la hora de colocar sus bonos. Conforme la crisis avance, la estabilidad financiera del país dependerá en última instancia de la voluntad del Gobierno francés y alemán por acudir al rescate del sistema. Si 2008 fue el inicio oficial de la crisis económica en España, 2009 será el comienzo de la crisis bancaria. Esto no ha hecho más que empezar, y con la actual dirección económica el fin llevará años. Una realidad que, en ningún caso, verán en boca de Solbes o alguno de los actuales ministros. Al Gobierno, simplemente, le falta vergüenza y le sobra irresponsabilidad.

Manuel Llamas es miembro del Instituto Juan de Mariana y jefe de Economía de Libertad Digital

"Libertad Lingüística en Galicia"
http://libertadlinguistica.com  18 Febrero 2009

En el Aula Sociocultural de la Fundación Caixa Galicia en C/ MédicoRodríguez esquina Juan Flórez , La Coruña, el próximo día 20 de Febrero a las 19:00 horas, la Mesa por la Libertad Lingüística celebra una mesa redonda
sobre "Libertad Lingüística en Galicia".

Se analizará la cuestión desde distintas ópticas, experiencia profesional, actividad y vivencias de los
invitados, con debate entre los mismos y con el público asistente.

Será una interesante jornada de debate y reflexión sobre una materia que suscita estos días una fuerte controversia en la sociedad gallega.

Los participantes serán:

-* D. José Ramón Hermida Iglesias, Presidente Congapa, Confederación
Gallega de Asociaciones de Padres y Alumnos.*

- *D. Luis Míguez Macho, Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Santiago de Compostela y profesor de Derecho Administrativo.*

- *D. Cándido Andión Núñez, Presidente Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM) Galicia.*

*- D. José Mª Martín López-Suevos, Presidente de la Mesa por la Libertad
Lingüística.*

*- un representante del sector empresarial, pendiente de confirmación.*

Más información en el tfno. del presidente, José María Martín, 696 42 02 75
o de la asociación, 606 21 98 59

Junta Directiva de la Mesa por la Libertad Lingüística

Suso de Toro desprecia a los médicos que no hablan gallego
Redacción Minuto Digital 18 Febrero 2009

Según este preclaro intelectual comprometido…. con los de siempre, “un cirujano que no comprenda el gallego le puede cortar a uno una pierna cuando el paciente tiene realmente apendicitis”. Así contestaba en la sección de Entrevistad Digitales de El País a un internauta que le había dirigido esta pregunta: ¿Usted cree que es más importante para Galicia un cirujano sin experiencia en determinadas patologías hablando gallego o un cirujano curtido con el bisturí pero que llegue de Toledo? No sabíamos que la ciencia tuviera idioma y que dos más dos sumasen algo diferente según se diga en gallego, español o bantusi.

Pero Suso de Toro insiste en lo contrario según parece: “¿si el cirujano nació en Lyon o Milán podría operar en Toledo sin saber castellano?”, evidentemente, por mucho que se asombre Suso de Toro, la respuesta es, sí. Es más, pásmense progres separatistas, hay pacientes que acuden a afamados médicos fuera de España, que no hablan ni mu de español, -y mucho menos gallego- precisamente en atención a su pericia médica, porque la mayoría de los enfermos cuando van al medico es para que los curen, no para hacer nación. Pero para Suso de Toro lo importante es que los médicos en Galicia hablen en gallego. “No puede ser que en el fondo se desee una Galicia sin gallegos para que un señor o señora de Toledo puedan concursar más cómodamente en la administración pública”.

Es decir, según Suso de Toro solo son gallegos quienes hablan gallego, quizás también desee una ley, en vez de pureza racial, de pureza lingüística, para determinar que si has nacido en Allariz o tus padres son de Compostela, si no usas el gallego, es que realmente no eres gallego, y además, ¡ah traidor¡ no quieres que los gallegos existan. Así se deduce de la regañina que el “cerebro” de cabecera del régimen zapaterino le echa al impertinente preguntón, “Creo que esconde un prejuicio y una postura previa sobre el gallego, en realidad sobre los gallegos. Los gallegos existimos, tenemos una lengua propia, además hablamos castellano y algunos otras lenguas, no hacemos daño a nadie por existir”.

En definitiva Suso de Toro nos viene a decir, que los gallegos no son españoles, y los españoles que quieran vivir en Galicia, como extranjeros que son, tienen que aprender gallego, y si no, que se marchen o no vayan. A eso se reduce la política lingüística de los nacionalistas, que no persigue otra cosa que aislar a los gallegos del resto de España y privarles de la riqueza de tener dos –no uno- idiomas propios: el gallego y el español.

Intolerancia lingüística en Cataluña
La Generalidad catalana ha presentado su nueva campaña para la normalización lingüística del catalán, ‘Encomana el català’, contagia el catalán, que centra su objetivo en cambiar los hábitos de aquellos castellanohablantes que cambian de idioma para comunicarse en sociedad. La Secretaria de Política Lingüística invertirá 228.543,20 euros durante cuatro semanas, en un video que se transmitirá en las televisiones, para evitar la costumbre de respetar aquella antigua regla de educación y hospitalidad que aconseja comunicarse en el idioma que entienden ambos interlocutores. La Generalidad no quiere que al hablar con un castellano-parlante se cambie el registro idiomático del catalán al español. Hay que hablar sólo en catalán, y el que no lo entienda que espabile… o se marche. Ya conocemos la receta, ¿verdad Suso de Toro?

LA LUCHA EMPIEZA DE NUEVO
EpC colapsará la Justicia si los 50.000 objetores hacen caso al Supremo
Los votos particulares anexos a las cuatro sentencias del Supremo sobre EpC reflejan la grave tensión social creada por el Gobierno con la asignatura. El Tribunal deja claro que no se puede objetar pero sí recurrir contenidos que adoctrinen. Lo que se avecina sacará a los jueces de la huelga.
Libertad Digital 18 Febrero 2009

Lo que se ha conocido este martes es el contenido de las cuatro sentencias sobre Educación para la Ciudadanía que habían llegado en casación al Tribunal Supremo. En un caso –el de Andalucía– quien lo eleva a casación es la propia Junta de Andalucía contra una sentencia favorable a la objeción. En los casos de Asturias son las familias las que acuden directamente al Supremo porque no consiguieron que su Tribunal Superior les reconociera ese derecho.

En total, son casi 400 folios dedicados a disertar sobre la figura jurídica de la objeción y sobre la obviedad de que el Estado no puede adoctrinar en la escuela. Dejando a un lado el optimismo premonitorio de la ministra Mercedes Cabrera lo que parece claro es que el Supremo ha necesitado mucha tinta para mostrar una aparente coherencia.

Como en toda sentencia –estamos ante cuatro pero se aglutinan en corpus jurídico para dar luz verde a la asignatura–, la existencia de votos particulares aporta datos importantes sobre la discusión de los magistrados hasta llegar al fallo. Y en estas sentencias hay muchos votos particulares, discrepantes y concurrentes. Hay magistrados que defienden sin ambages la objeción de conciencia, otros que aceptan las sentencias pero que no están de acuerdo en cómo se fundamenta la obligatoriedad de la asignatura y otros que admiten la objeción en casos determinados. Por otro lado, tanto la sentencia aprobada como la mayoría de los votos particulares no ahorran argumentos para alertar sobre el adoctrinamiento del Estado, fuente principal de las protestas de los padres y del movimiento de objeción.

Pero la vía que queda abierta es la del recurso puntual a los contenidos, incluida la valoración de si un alumno puede ser eximido parcialmente. Teniendo en cuenta que el número de objetores a la asignatura es de aproximadamente 50.000, el escenario que se plantea como posible es que los juzgados queden anegados por las denuncias.

Por ejemplo, el voto particular concurrente, formulado por el magistrado José Manuel Sieira Míguez, y al que se adhirieron los magistrados José Díaz Delgado y Celsa Pico Lorenzo, coincide con la sentencia en no apreciar derecho a la objeción en los supuestos en los que la asignatura fuera contraria al ordenamiento jurídico o entrara en terrenos vedados al poder público. Sin embargo, considera que la vía de la objeción de conciencia "es apta en materia educativa para demandar la exención a la obligatoriedad de cursar una determinada materia, no puede llevar a la estimación del recurso contencioso por las razones que se indica en los fundamentos noveno y siguientes de la sentencia mayoritaria". Por otra parte, entiende "precipitado" negar un derecho a la objeción de conciencia general y apunta que el hecho de que el derecho a la objeción de conciencia encuentre sus límites en la noción de orden público, "no supone, en absoluto, la imposibilidad que establece las sentencia mayoritaria". En definitiva, defiende que "si bien el derecho a la objeción de conciencia no es ilimitado, no cabe excluir su reconocimiento en vía jurisdiccional". "La tesis contraria supone reducir el artículo 16 de la Constitución a la libertad de pensamiento y de expresión y difusión de las ideas vaciándolo de contenido específico", agrega.

Los discrepantes: invade la esfera privada
Los magistrados discrepantes con el fallo del TS sobre EpC consideran que los contenidos de esta materia pueden invadir la esfera de la privacidad y de la intimidad. Además advierten de que en el futuro será necesario resolver caso por caso cada vez que los padres acudan a los tribunales.

Los fallos del Supremo (tres sobre sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y una sobre otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), cuentan con varios votos particulares; hasta diez firmantes de estos votos en algunos casos.

Los magistrados discrepantes asumen que los alumnos deben estudiar la organización de la Unión Europea, los contenidos de las convenciones internacionales y los fundamentos de los principios y valores constitucionales españoles.

El magistrado Juan José González Rivas rechaza por ejemplo en uno de los votos particulares lo que considera una invasión por parte del Estado de la esfera de la privacidad y la intimidad "tratando de descubrir -afirma- las conciencias individuales, los sentimientos, y de utilizar las actitudes, máxime cuando se introducen en el análisis del comportamiento familiar".

Según este magistrado, los reales decretos que regulan la asignatura sobrepasan el ámbito del artículo 27.3 de la Constitución (el que reconoce el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que quieren para sus hijos).

A su juicio, esos decretos incurren en una intromisión en la formación de la conciencia de los alumnos, y cita en concreto la autorregulación de sus emociones y sentimientos, "que son rasgos definidores de la personalidad humana, que se insertan claramente en la libertad de conciencia".

Otro magistrado, Manuel Campos Sánchez-Bordona, coincide con la sentencia al estimar que hay un espacio de "valores éticos comunes" y otro "exclusivamente privado" que conforman los planteamientos ideológicos, religiosos y morales individuales.

Este magistrado considera que la sentencia del Supremo, "más que pacificar y resolver de modo definitivo" el debate sobre esta cuestión, puede abrir la puerta a un sinfín de litigios singulares en los que, "caso por caso, centro por centro, texto por texto y explicación por explicación, los padres se vean abocados a reivindicar el derecho que les reconoce la Constitución" a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos.

El Centro Jurídico Tomás Moro da en el clavo. En un comunicado, la agrupación subrayó la "división" jurídica que "ha generado" la sentencia del Tribunal Supremo respecto a esta asignatura. "La discutida sentencia demuestra que Educación para la Ciudadanía ha motivado jurídicamente la misma división que ha generado en la sociedad española", afirmó el Centro Jurídico Tomás Moro, que añadió que "la asignatura no genera la paz social imprescindible para su docencia".

A su vez, la agrupación mostró su incertidumbre acerca de la independencia de los magistrados del Tribunal Supremo, unas dudas que "están presentes en la mayoría de los españolas". En su opinión, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, realizó "un flaco favor a las libertades ciudadanas, la independencia judicial y la mesura política" al manifestar su alegría previa a "la redacción de la sentencia".

En este sentido, la entidad acusó al TS de realizar una "interpretación restrictiva" de la objeción de conciencia. Según el Centro Jurídico Tomás Moro, dicho análisis "supone un peligro para la democracia española", pues ante las "arbitrariedades de los poderes públicos", el Tribunal Supremo "deja inerme a la ciudadanía".

Asimismo, el Centro Jurídico Tomás Moro consideró que el TS está "omitiendo" sus funciones, pues "su misión principal es tutelar los derechos ciudadanos y no hacer recomendaciones a los poderes políticos". Además, explicó que las "continuas advertencias" del Alto Tribunal a los poderes políticos para que eviten el adoctrinamiento "no son más que demostraciones tácitas del peligro de manipulación que ha detectado en los contenidos de la materia discutida".

RECHAZAN UNA ENMIENDA DE CIUDADANOS
El PP defiende junto al tripartito la desaparición del Defensor del Pueblo en Cataluña
El partido de Alicia Sánchez Camacho se ha alineado, otra vez, con el tripartito para tumbar una enmienda presentada por Ciudadanos contra la ley que suprime de Cataluña al Defensor del Pueblo español. Esta ley desarrolla un artículo del Estatuto que sí había sido recurrido por el antiguo PP.
Libertad Digital 18 Febrero 2009

Cataluña es uno de los lugares donde se ve con más claridad la evidente transformación del PP –por mucho que se empeñen en negarlo en Génova y sus periodistas cortesanos.

Lo que se ha vivido este miércoles es especialmente ilustrativo de ese cambio. Cuando se aprobó el nuevo Estatuto catalán, el PP anterior al Congreso de Valencia presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. Uno de los artículos que aquel PP señalaba como inconstitucional era el del Síndic de Greuges que supone la sustitución en Cataluña del Defensor del Pueblo español por esa versión catalana, dependiente exclusivamente de la Generalidad.

Ahora el nuevo PP –presidido por Alicia Sánchez Camacho, designada por la dirección nacional del partido que encabeza Rajoy– ha hecho frente común con el tripartito (PSC, ERC, ICV) y con CiU para rechazar la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley del Síndic de Greuges presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha defendido la enmienda en el Parlamento autonómico de Cataluña por "tres cuestiones básicas: por coherencia, por responsabilidad y porque queremos que los ciudadanos de Cataluña tengan los mismos derechos que los del resto de España".

Asimismo, Rivera ha recordado que el proyecto de ley pretende desarrollar el artículo 78 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que está recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Defensor del Pueblo y el PP, y determina que el Síndic de Greuges tiene "carácter exclusivo" para los asuntos de la Administración de la Generalidad. El presidente de Ciudadanos ha indicado que "la voluntad de la ley es cerrar la puerta al Defensor del Pueblo para que las quejas de los ciudadanos con la Generalidad sean tramitadas exclusivamente por el Síndic de Greuges".

En este sentido, Rivera ha mostrado su sorpresa por la decisión del PP de Cataluña, que ha votado en contra de la enmienda –aunque algunos de sus diputados autonómicos no han asistido a la votación– y, por tanto, a favor de que el proyecto de ley siga su trámite parlamentario -pese a que el artículo del Estatuto que lo permite está recurrido ante el TC por el propio PP-. Así, el diputado autonómico de Ciudadanos se ha dirigido a los bancos del PP y les ha recordado que "tienen razón con el recurso al Tribunal Constitucional, en este tema. No entiendo que recurran el artículo del Estatuto y apoyen su desarrollo en el Parlamento autonómico de Cataluña".

Por esto, Rivera ha leído el texto presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional que hace referencia al artículo 78 del Estatuto de Autonomía y que dice textualmente que "se usurpa la competencia del Estado en el artículo 78 cuando se atribuye al Síndic de Greuges la función de supervisión "con carácter exclusivo" de la actividad de la Administración de la Generalidad, excluyendo la función del Defensor del Pueblo, que está establecida de un modo distinto y más amplio en la Constitución y en su Ley orgánica".
Más sorprendente, aún, ha sido la respuesta del portavoz del PP en este tema, Francesc Vendrell, defendiendo el proyecto de ley con más vehemencia que el propio consejero del ramo, Joan Saura, y asegurando que "esta ley es buena, positiva y necesaria".

La Generalitat se gasta 229.000 euros en publicitar su lengua entre los extranjeros
«Si le preguntan en castellano, conteste sólo en catalán»
El objetivo es la lucha contra el 70% de los catalanohablantes que cambia de registro al hablar con un foráneo.
17 Febrero 09 - Montse Espanyol La Razón 18 Febrero 2009

barcelona- El 70 por ciento de los catalanohablantes cambia del catalán al castellano cuando su interlocutor le responde en español. ¿Por qué cambian de idioma, si el 90 por ciento de los ciudadanos catalanes entiende el catalán? Por costumbre, «una mala costumbre», según el gobierno de la Generalitat. Para acabar con este hábito, Vicepresidencia ha diseñado una campaña publicitaria. El vicepresidente del Gobierno, Josep Lluís Carod Rovira, y el secretario de política lingüística, Bernat Joan, presentaron ayer los detalles.

La campaña para extender el uso social del catalán se puede ver desde hoy en televisión, radio y prensa. Durará cuatro semanas, aunque el lema, «Encomana el català» (contagia el catalán), se seguirá oyendo en los que queda de legislatura. La realización y producción de los anuncios y sus pases ha costado 228.243,20 euros. La cifra es tan precisa porque, como dijo Joan, «sabía que me harían está pregunta».

La crisis económica no ha frenado que Carod mantenga el gasto en el fomento del catalán. En 2007, la Secretaría de Política Lingüística destinó 34 millones de euros, aunque el presupuesto destinado finalmente al fomento del catalán en las diferentes áreas del gobierno casi llegan a los 157 millones. Para este año, Política Lingüística contará con 38,6 millones de euros. «Todo un despilfarro económico», según el PP.

Y como el refrán dice que «la mal tiempo buen cara», la campaña para «contagiar al resto de la sociedad el goce de hablar en catalán», Carod «dixit», tiene un tono «festivo, positivo y con ritmo». Como acertó a decir un periodista de Europa Press, tras el pase del vídeo publicitario, el anuncio emana «Bollywood». Un panadero, un cliente con rasgos índios y personas que ejercen de catalanes junto a otras que hacen de inmigrantes cantan por las calles: «La primera palabra en catalán ¡Hola buenos días que querrá! Contagia el catalán».

Puesto que el Pacto Nacional para la Inmigración obligará a los extranjeros a saber catalán para acceder al arraigo, no está de menos dirigirse a ellos en catalán. Carod animó a «superar la predisposición psicológica de dar por hecho que cuando una persona nos habla en castellano no entiende el catalán». Alentó a «compartir el catalán con los extranjeros» porque «lo peor que le puede pasar al catalán sería reservarlo para unos pocos».

Desde el PP, Alicia Sánchez Camacho, lamentó que el tripartito pierda el tiempo en discurso que no interesan a nadie en vez de esforzarse en salir de la crisis. Además tachó la campaña de «intervencionista».

A José María Calleja
IÑAKI EZKERRA El Correo 18 Febrero 2009

Querido José Mari: Siempre me he mostrado orgulloso de contar con tu amistad y lo primero que quiero hacer en esta carta es dejar claro que me sigo enorgulleciendo de ella por más que haya quienes aprovechen tus posicionamientos políticos a favor del Gobierno para tratar de estigmatizarte, como si no fuera bastante la estigmatización que has sufrido por parte del nacionalismo gobernante en Euskadi y de la propia ETA. En un artículo publicado recientemente en este diario ('Otro fracaso de la crispación', 20-1-2009) criticabas una incitativa que yo mismo defendí desde mi compromiso personal e incluso alenté desde mi militancia en el movimiento cívico.

Hablo del encausamiento judicial del lehendakari Ibarretxe y de Patxi López por reunirse con Batasuna. No me siento indignado por tu crítica pero rebatiré tus argumentos con la libertad que me da hablar con mi propia voz y sin representar a nadie más que a mí mismo. No. No temas que use para ello 'palabros' como 'centrifugación'. Nunca uso términos que pueden aparecer en un catálogo de lavadoras y ya sabes que para mí, como para ti, escribir es luchar por un ideal de sencillez, o sea lo contrario a adoptar un tono arzobispal y ponerse el capelo cardenalicio.

Aquella reunión premeditadamente pública -y precisamente por 'pública'- no fue sólo una innecesaria humillación a las víctimas del terrorismo, como se ha dicho, sino a la ciudadanía democrática y a la propia legalidad que nos hemos dado. Aún suponiendo que Patxi López hubiera obrado con buena voluntad, no se entiende por qué 'sus superiores', que gobiernan este país, no derogaron la Ley de Partidos que prohibía esa reunión para así evitar ya que no el daño moral sí el daño a nuestro marco legal, que una vez más quedó en entredicho. No estoy diciendo que yo deseara que se derogara dicha Ley sino que en tal caso no se habría vulnerado al menos esa legislación que ya los nacionalistas se saltan a la torera sin la ayuda de nadie.

Entiendo que Ibarretxe quiera convertir ésa y todas nuestras leyes en papel mojado porque es una nacionalista y los nacionalistas han hecho un valor del desafío al Estado de Derecho, pero no entiendo que Patxi López jugara al mismo juego al que juegan los nacionalistas yendo contra la misma legalidad que él ha votado, contra el Estado democrático, contra el Gobierno que lo representa y en último caso contra sí mismo ya que pertenece al partido de ese Gobierno. Una prueba semejante de esquizofrenia e incoherencia me hace desconfiar profundamente de él en todos los sentidos. Sólo una patología mimética hasta el ridículo puede explicar -nunca justificar- un comportamiento así, que quizá -estoy dispuesto a reconocértelo- merezca, antes que el banquillo, el diván del psicoanalista.

Querido amigo, termino esta carta agradeciéndote los artículos que escribes con tu tono sencillo y directo. Sigue disintiendo de mí. Sigue dándome la alegría de leerte durante muchos años. Aquí me tienes para llevarte la contraria con todas las ganas del mundo, pero también con todo mi respeto, mi reconocimiento y mi insobornable afecto, que me llevan a no conformarme con una Euskal Telebista en la que Gorka Landaburu pueda hacer campaña a favor de Patxi López, sino en la que puedan volver a trabajar profesionales como tú.

 

****************** Sección "bilingüe" ***********************

Intervención de Gloria Lago en Santiago de Compostela
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 18 Febrero 2009

A lo largo de este año y medio hemos intentado llegar hasta vosotros de muchas maneras. Hemos expuesto nuestras demandas y nuestras denuncias en muchos medios de comunicación, sobre todo en la radio, donde con la calidez que da la voz os hemos podido contar lo que estaba pasando, algo que muchos intuíais pero que tal vez no conocíais de forma pormenorizada. Hemos estado en las ciudades de Galicia con nuestras conferencias, en las que en tono sosegado hemos intentado derribar mitos y relataros lo que se esconde detrás de esta política lingüística tan restrictiva de derechos.

Hemos intentado proporcionaros argumentos sólidos para que pudierais cada uno defender en vuestro ámbito aquello que el sentido común os decía que era justo. Hemos desvelado mentiras e informado sobre cómo en las democracias que nos rodean se intenta proteger las lenguas minoritarias aplicando políticas lingüísticas similares a las que proponemos nosotros, es decir, respetuosas también con los derechos de los hablantes de las lenguas mayoritarias. Y este trabajo lo hemos combinado con el asesoramiento a muchísimas personas que nos han contado hasta qué punto esto les afectaba.

Sé que muchas de esas personas estáis hoy aquí. Podíamos haberos pedido que subierais y contarais vuestra historia. Algunas son muy duras. Pero no es necesario mostrar la cara más amarga de este problema. Nos afecta a todos los que comprendemos el verdadero significado de la palabra democracia y a los que creemos que somos las personas quienes tenemos derechos y no las lenguas.

Nos hemos dirigido a vosotros con la pasión del que lo sufre, con la seguridad que da la honestidad y con la tranquilidad que tiene quien no busca más que solucionar una injusticia. Y cada día nos hemos sentido más arropados. Estas personas que están aquí (presentes en el escenario) han pegado carteles en la calle, recogido firmas, repartido folletos, recibiendo el agradecimiento de muchas personas y también los insultos de unos pocos enemigos de la libertad que no nos representan a los gallegos.

Algunos nos preguntan dónde estábamos cuando no se podía estudiar en gallego. Es cierto que las personas nos involucramos más cuando un problema nos afecta muy directamente, pero cualquera de nós firmaría un manifesto que reclamase ese dereito e creo que podo asegurar que vós tamén o fariades. Hai moitos galegofalantes que nos amosan o seu apoio porque saben que as nosas propostas respectan os dereitos de todos. Tamén porque non queren que unha lingua transmitida dende xeracións se convirta nun elemento de conflicto. E porque galegos somos todos os que nacemos aquí, e tamén os que decidiron selo vindo a vivir entre nós. Ningún cidadán, ningún neno debe ser discriminado por razón de lingua. E todos deben ter dereito a ser escolarizados na que lles é propia se iso e posible, e máis ainda se esa lingua é oficial no territorio no que viven. A nosa proposta está baseada na libre elección, tamén na educación, e sempre animaremos ás persoas que teñen como lingua da familia o galego a que escolaricen nel aos máis cativos porque no primeiro ensino estudar na lingua materna é o mellor para eles.

Hai moitos nenos hoxe aquí. Todos os nenos que viven en Galicia deben ter respectados os seus dereitos lingüísticos, os que teñen nai y los que tienen madre. Y quiero decirles algo: Esta es una ciudad bella y antigua. La han construido muchas personas a lo largo de los siglos. Lo mismo ocurre con las lenguas. Por eso todas son igual de dignas, no por sí mismas sino porque las hemos ido creando las personas y sus palabras representan nuestro mundo y con ellas nombramos las cosas que nos son familiares. Cuando seáis mayores podréis comprender por qué estáis hoy con vuestros padres pasando un día de domingo en Compostela, podréis comprender el valor que vuestros padres le dan a una palabra que guarda muchos tesoros, como los baúles de los cuentos, la palabra libertad.

Es una de las cuatro palabras que hemos escrito en esta pancarta. También elegir, porque la esencia de la democracia es poder elegir con respeto a ciertos principios básicos y derechos fundamentales.

Hoy estamos aquí para reclamar nuestros derechos.

En la convocatoria de esta manifestación hacíamos constar nuestras peticiones. En primera persona, para recordar que los derechos individuales son básicos en una democracia. Ahora, con vosotros aquí, lo reclamaremos en plural.

“Queremos que las señalizaciones y las comunicaciones oficiales sean bilingües”.

Porque la Administración ha de ser un reflejo de lo que representa y nos representa a todos.

“Queremos tener el mejor profesional aunque hable la otra lengua”.

Y que ninguna persona valiosa deje de venir a Galicia por causa de un arancel lingüístico.

“Queremos que los empresarios y comerciantes sean libres para utilizar en su negocio la lengua que prefieran”.

Porque en el ámbito privado no existen lenguas oficiales. ¿En qué Galicia viven quienes quieren imponerles el uso de una lengua? ¿Es que no se dan cuenta de que en la calle no tenemos ningún problema para entendernos? Si nos obligan, nuestro bilingüismo perderá su naturalidad y su atractivo.

“Queremos que os creadores galegos teñan acceso a axudas oficiais sexa cal sexa a lingua que elixan”.

Temos que axudar ás persoas valiosas que comezan a súa andaina na literatura ou no cine nuhna lingua que atopa dificultades fóra de Galicia, pero tamén queremos desfrutar dunha cultura galega en español e que eses creadores nos representen noutros lugares do mundo.

“Queremos que cese el adoctrinamiento en la enseñanza a través de los libros de texto y de las actividades culturales”.

Queremos que los libros de lengua y literatura gallega sean sólo libros de lengua y literatura, sin banderas con estrellas rojas, sin ideología nacionalista, y que no se les diga que la lengua hablada por tantos escolares gallegos invade y contamina.

“Nos preocupa el aumento de grupos radicales que, bajo el pretexto de la defensa de una lengua, restringen las libertades de otros ciudadanos”.

“Queremos que todos los niños gallegos puedan estudiar en su lengua materna”.

En ningún país verdaderamente democrático, en ninguno, se pone la formación de los niños al servicio de la conservación de una lengua.

Quienes a falta de argumentos pedagógicos equiparan la libre elección a la segregación, no sólo dan muestra de ignorancia o manipulación, sino que, al parecer, no les importa tachar de segregacionistas a todas las democracias europeas en donde existe más de una lengua oficial en un territorio y que permiten a sus escolares estudiar en la lengua elegida, independientemente del signo político de quien gobierna. Tal vez no sepan que están llamando segregacionista, entre otros, al primer ministro británico Gordon Brown, a Matti Vanhanen de Finlandia, a Robert Fico de Eslovaquia; que están acusando de segregacionista, de crear guetos, al mismísimo Nelson Mandela, quien cuando se convirtió en presidente de Sudáfrica aplicó una política lingüística basada en los mismos principios que propone Galicia Bilingüe a pesar del gran esfuerzo que suponía, ya que se reconocieron once lenguas oficiales en el país. Sólo se puso como condición tener que aprender otra de las lenguas, para facilitar la intercomunicación. El segregacionismo se producía antes, cuando no se permitía elegir y fue la prohibición de poder recibir la enseñanza en inglés una de las razones de la rebelión de Soweto por parte de los estudiantes negros.

Nosotros queremos lo mismo y no aceptaremos porcentajes si no son libremente elegidos por nosotros. No queremos que nos hurte ese derecho una administración que podría mercadear con la formación de nuestros hijos aumentando o disminuyendo el porcentaje en función del gobierno de turno. Queremos que se nos de ese derecho y nosotros lo mimaremos para que no ya no nos lo puedan arrebatar.

No sabemos hasta cuántos ciudadanos habrá llegado nuestro mensaje sin haber sido ensuciado por voces interesadas. No sabemos qué sucederá tras las elecciones pero, conseguiremos nuestro objetivo aquí o fuera de aquí. Porque es justo.

Hoxe estamos aquí nenos, pais, empresarios, empregados, profesores e funcionarios castelán-falantes e galego-falantes, tamén políticos de distinto signo que comezan a entender a nosa posición.

Pues a los que están aquí y también a los que no han podido venir y a los que no coinciden con nosotros hoy queremos repetirles algo:

Cuándo se lucha por algo justo nunca se para la lucha; así que nuestra lucha no acabará hasta que nuestros derechos lingüísticos sean respetados.

Seamos los gallegos quienes demostremos al resto de España que hay otra forma de hacer las cosas, que la convivencia lingüística de la que disfrutamos en la calle la podemos trasladar a las instituciones.

Nuestra convocatoria acababa con un llamamiento. Os pedimos que ese llamamiento que tal vez os trajo hoy aquí se lo trasladéis a vuestros amigos y conocidos. Decidles:

“Si no tienes hijos hazlo por los nuestros y por tu libertad y la de todos. Nadie nos puede imponer cómo hablar, cómo aprender, cómo crear, cómo comunicarnos. Queremos ser libres para elegir nuestro modelo de convivencia, porque sobre a base da imposición non se pode construir unha sociedade libre”.

Gloria Lago
Santiago de Compostela
8 de febrero de 2009

Anxo Quintana incita al odio hacia Galicia Bilíngüe
Redacción Minuto Digital 18 Febrero 2009

La presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, acusó hoy al vicepresidente de la Xunta y líder del BNG, Anxo Quintana, de incitar al odio contra la asociación, que desde su creación sufre el acoso violento de grupos independentistas radicales.
Lago considera despreciable que Quintana tildara ayer de “extremadamente peligrosa” la existencia del movimiento Galicia Bilingüe, una calificación totalmente injusta por ir dirigida hacia una organización democrática que únicamente demanda algo tan obvio como la libertad de elección lingüística.

Las palabras del candidato del BNG a las próximas elecciones evidencian el grado de fanatismo al que están llegando los defensores de la imposición idiomática y suponen un paso cualitativo más frente a la línea de silencio cómplice que hasta hace muy poco había mantenido Quintana al respecto de los ataques sufridos por la asociación. De hecho, tras la manifestación del pasado 8 de febrero en Santiago, en la que se produjeron gravísimos incidentes, el vicepresidente de la Xunta únicamente emitió una tibia y forzada condena de repulsa, para inmediatamente responsabilizar de los hechos al candidato de otra formación política y situar a los participantes en la protesta a favor de la libertad de elección lingüística al mismo nivel que quienes les agredieron.

A mayores, el líder nacionalista y responsables de alguna formación afín al BNG, como la Mesa pola Normalización Lingüística, vertieron todo tipo de falsedades sobre el desarrollo de la marcha. El vicepresidente de la Xunta acostumbra también a cimentar sus críticas hacia Galicia Bilingüe en la manipulación del mensaje de la asociación, incidiendo falsamente en que ésta sostiene que el castellano está en peligro, cuando la asociación no entra a valorar estas cuestiones (las lenguas no tienen derechos) y simplemente reivindica el derecho a la libertad de elección de las personas.

Gloria Lago cree asimismo que, no sólo Quintana, sino también el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, dieron durante muchos meses oxígeno a los violentos con el silencio que mantuvieron sobre las acciones contra GB que se vienen produciendo desde hace más de un año. Precisamente sobre este asunto, la asociación interpondrá mañana una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La entidad sostiene que casi desde su constitución y aparición en la escena pública gallega no puede desarrollar libremente sus actividades por estar sometida a una auténtica campaña de persecución y acoso por parte de grupos independentistas radicales, de tal manera que le resulta imposible realizar cualquier acto de carácter público sin la protección de fuerzas policiales.

A Galicia Bilingüe y sus miembros les está vedado desde hace bastante más de un año el ejercicio con normalidad de varios derechos fundamentales, como el de reunión, el de libertad de expresión o el mismísimo derecho de libertad ideológica.
La denuncia señala con nombres y siglas a las distintas organizaciones radicales que se ha detectado que conforman el conglomerado que de manera concertada actúan violentamente contra la asociación, y que en poco más de un año de existencia han sometido a un verdero clavario cualquier actuación pública de Galicia Bilingüe.

El relato de hechos se remonta a septiembre del año 2007, muy pocos meses después de la constitución de Galicia Bilingüe, cuando se recibió un primer mensaje amenazante a través del correo electrónico.

Los ataques al autobús fletado en los meses de febrero y octubre-noviembre del 2008, los incidentes en la conferencia celebrada en el Centro Cultural Caixanova de Vigo a finales de febrero, o las numerosísimas amenazas y llamadas al boicot contra la asociación a través de páginas web y foros nacionalistas, con datos concretos, por ejemplo, del recorrido del bus y continuas convocatorias de concentraciones para amedrentar a miembros y simpatizantes de GB, figuran también en la denuncia.

Asimismo, se relacionan los sabotajes a sedes de medios de comunicación por publicar notas de prensa enviadas por Galicia Bilingüe, a entidades coincidentes en la demanda de libertad de elección lingüística, como el Club Financiero de Vigo, o a otras que cedieron sus instalaciones en algún momento a la asociación, como Caixa Galicia en Santiago.

Otros incidentes consistieron en la aparición de pintadas en el instituto en el que imparte clases Gloria Lago, la difusión de un vídeo por parte de AMI incitando al uso de la violencia contra la asociación, los destrozos causados en el coche del vicepresidente de GB en junio del 2008 o el intento de reventar la concentración posterior de repulsa a este atentado.
La operación de acoso continuó con los graves sucesos ocurridos en el transcurso de la manifestación del pasado día 8, unos ataques que fueron precedidos de numerosas amenazas y llamadas a la movilización a través de las páginas web de los grupos radicales.

A la protesta de Santiago, desde varias de estas organizaciones, responsables sin duda de la contramanifestación y de los actos de guerrilla urbana, ha seguido una declaración, por los mismos canales de la red, de auténtica apología de la violencia y reafirmación de su voluntad de continuar con sus ya habituales métodos de coacción o amenaza.

El objetivo de la denuncia, de cuarenta folios y que se presentará mañana en el TSXG, es solicitar el amparo de la Fiscalía para la desarticulación del entramado que forman estas organizaciones delictivas y averiguar qué personas están detrás de las mismas. Galicia Bilingüe considera que los hechos relatados pueden ser constitutivos de delitos de asociación ilícita, amenazas, delitos contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, coacciones y provocación a la discriminación, odio y violencia.

La Eurocámara defiende el derecho a elegir la lengua de los hijos
Duro revés de la UE a las regiones que vetan el castellano en la escuela

18 Febrero 09 - M. Pardeiro La Razón 18 Febrero 2009

BARCELONA- Nuevo revés para la política educativa de las comunidades en las que rige la inmersión lingüística, en esta ocasión, desde Bruselas, donde el Parlamento europeo aprobó en la comisión de Cultura un informe que considera «esencial salvaguardar la posibilidad de que los padres y responsables de la educación elijan la lengua oficial en que han de educarse sus hijos en los países en los que (como España) coexistan una o más lenguas oficiales». El texto fue redactado por el eurodiputado portugués Vasco Graça Moura, del Partido Popular Europeo, y fue aprobado por mayoría. Una enmienda del representante del PP Luis Herrero también fue incorporada al informe y advierte del «error de promover una lengua a costa de los derechos de los hablantes de otra».Las enmiendas presentadas por socialistas, CiU, PNV e ICV fueron rechazadas. El eurodiputado de CiU Ignasi Guardans vio en este informe «un voto contra la inmersión lingüística» que aplica la Generalitat.

La iniciativa aprobada en el Parlamento europeo tuvo eco en la Cámara catalana, donde tripartito y CiU expresaron su oposición al documento y criticaron el intento del PP de «crear un problema donde no lo hay». El cabeza de cartel de ERC a las elecciones europeas, Oriol Junqueras, denunció «el abuso del españolismo en las instituciones europeas».

 

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