AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 28 Febrero 2009

Elecciones gallegas
Entre lo malo y lo peor
Emilio Campmany Libertad Digital 28 Febrero 2009

En el libro de estrategia del nuevo PP se puede leer: "Gallardón dice: es sabio el general de derechas que finge ser un poco de izquierdas porque a él, además de votarle la derecha, que no tiene a otro a quien votar, también le vota parte de la izquierda y así vence en todas las batallas electorales". Esta estrategia es mucho más que un recurso táctico para ganar elecciones. Exige ser tibio con los nacionalistas, poner en práctica políticas socialistas y en definitiva renunciar a los principios que informan a un partido de derecha nacional, que es lo que hasta hace poco era el PP. Una victoria así lograda es peor que una derrota.

Vengo sosteniendo que a este gallardonizado PP le pasa lo que a algunos matrimonios, que para que las cosas puedan ponerse bien (volver a ser lo que fue) es necesario que primero se pongan muy mal (perder elecciones). En vez de que tenga que ser la derrota en las generales de 2012 la que provoque la catarsis, es preferible que ésta llegue antes, tras perder las gallegas y vascas, primero, y, si esto no fuera suficiente, las europeas en junio.

El editorialista de El Mundo entiende que lo urgente es desalojar a Touriño y por eso conmina al elector del PP a que vote a Feijóo y espere a otras elecciones, pensando en las europeas, para castigar la tibieza de Rajoy. Modestamente, creo que se equivoca. Feijóo es gallardonismo quintaesenciado. Su victoria en Galicia sería, no una victoria de Rajoy, sino de Gallardón. Si de lo que se trata es de castigar la gallardonización del PP, el momento adecuado para hacerlo son las elecciones gallegas, no las europeas. Precisamente, Mayor Oreja, el candidato de las europeas, encarna como ninguno todo lo que se opone a este PP tibio y melifluo. Si Feijóo gana en Galicia, como desea El Mundo, y Mayor Oreja pierde las europeas por haber el electorado crítico del PP seguido su consejo y esperado a ese momento para castigar a Rajoy, ¿cuál será el mensaje del electorado? Exactamente el contrario del que quiere enviar: el gallardonismo gana elecciones y los principios las pierden. La concurrencia de los dos hechos, victoria de Feijóo y derrota de Mayor Oreja, constituirá un gran triunfo del gallardonismo, que será imposible desalojar antes de 2012.

Me hago cargo de cuán duro puede ser para un elector gallego del PP tener que aceptar que la única posibilidad de que el partido se regenere a corto plazo pasa por ayudar a que Touriño y Quintana gobiernen cuatro años más en Galicia. También lo es tener que pedir desde estas páginas que se vote a cualquier otro partido que no sea el PP. Pero así están las cosas. Antes que Galicia, está España. Y España necesita que el PP vuelva a ser el partido nacional que dejó de ser hace un año. Y para eso, diga lo que diga el editorialista de El Mundo, lo mejor que le puede pasar a la nación es que el PP pierda en Galicia. Así de triste, así de simple y así de duro.

Elecciones gallegas
Estrategias ganadoras
José María Marco Libertad Digital 28 Febrero 2009

Las elecciones gallegas plantean algunos de los problemas cruciales a los que se enfrentan los españoles.

Por una parte, está un Partido Socialista que ha fijado su objetivo estratégico en impedir que el PP vuelva poder y para ello sigue profundizando su alianza –también estratégica– con los nacionalistas o, llegado el caso, con los independentistas. Para ello se necesita euskaldunizar, o mejor sería decir batasunizar el Partido Socialista, un proceso ya avanzado. También se necesita batasunizar Galicia, un proceso que se ha iniciado en estos últimos años, transplantando allí, a modo de experimento y en frío, lo que ya se ha hecho en el País Vasco y en Cataluña.

Por otra parte está el Partido Popular, que aparece como el último valladar ante la batasunización de Galicia, pero también como un partido que, habiendo heredado los complejos culturales de la derecha española desde los últimos tiempos de Franco, sigue empeñado en buscar una forma de legitimidad en las actitudes de izquierdas. En última instancia, acaba asimilando el discurso y las propuestas socialistas y nacionalistas.

Da la impresión de que los dos partidos han apostado por una estrategia perdedora. Los socialistas con mucha más intensidad, como lo demuestra el hecho de que no aspiren ya a conseguir la mayoría absoluta. Y el PP, que al menos en Galicia no ha renunciado a ella –y con razón–, porque más que basar este posible éxito en el avance de unas propuestas propias, parece confiar en el desgaste del adversario.

A modo de telón de fondo están los balbuceos del nuevo régimen, como demasiado generosamente se llama a esa superposición de intereses locales, tensiones perpetuas y amedrentamiento, cuando no violencia contra el adversario, que es el rostro actual del caciquismo español de toda la vida al que nuestra democracia, tan propiamente nuestra, ha dado nuevo pasto, reforzándolo y mejorándolo.

Si el Partido Popular no consigue la mayoría absoluta y se queda al margen del Gobierno gallego, este nuevo régimen habrá dado un paso más, probablemente decisivo. Y si la consigue, cabe esperar que empiece a darse cuenta de que a estas alturas una parte importante de la opinión pública espera de él algo más que un recambio gubernamental. El objetivo del Partido Socialista consiste en algo mucho más radical que eso, y es sobre todo esa ambición lo que le proporciona la apariencia –y con ella la ventaja– de tener una estrategia ganadora.

Elecciones
Estado y partido fragmentado
Maite Nolla Libertad Digital 28 Febrero 2009

El domingo uno de marzo se instaura en España un nuevo sistema de voto que se corresponde con la nueva estructura del Estado; un estado que se engrasa para evitar tener diecisiete licencias de caza, pero que le trae al pairo tener diecisiete sistemas de salud. Desde el uno de marzo, votar a un partido nacional como el PP ya no es garantía de que se vote lo mismo en toda España. A partir del domingo votar al PP dependerá de la elección, el candidato y el lugar. Fenómeno al que, curiosamente, se ha añadido Rosa Díez que en Cataluña ya tiene a su Piqué particular. Apasionante enfrentamiento entre Alicia Sánchez-Camacho y Tries de Bes; me voy encargando un palet de gelocatiles o de genéricos similares para pasar el trago.

La casualidad ha hecho coincidir las elecciones del domingo con el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, que se presenta con el mérito de haber contribuido decisivamente a la fragmentación del Estado cocinando el nuevo estatuto inconstitucional. Desde luego, Zapatero se rodea –salvo excepciones– de personajes sin currículum, con el currículum falseado o con políticos que es mejor que no lo tuvieran. El nuevo ministro ha sido recibido con gran alegría por el nacionalismo catalán, afirmando que será bueno para Cataluña; ¿perdón? Dirán bueno para los nacionalistas, cosa que la experiencia demuestra que es objetivamente malo para Cataluña y para los que aquí votamos.

El PP, por desgracia, ha asumido ese reparto y, como les decía, el votante debe decidir en cada comunidad si el candidato que le presenta el partido es votable o botable. Les iba a contar la última del PP de Cataluña, que no es ni el voto por la expulsión del Defensor del Pueblo de Cataluña, ni las deserciones locales, ni el tremendo discurso de su presidenta en relación a la estación del Ave de la Sagrera, ni que en las encuestas se empiece a apreciar su buen hacer con un descenso; pero como de aquí al lunes habrá seguro algo peor, me lo guardo para un recopilatorio. Por cierto, si Obama estuviera afiliado al PPC no sería ni concejal por La Pobla de Segur, ¿o acaso permitiría la señora presidenta que un Obama de turno le pasara por delante?

Para votar al PP, por ejemplo en Galicia, habrá que valorar al candidato, su discurso, la alternativa y otras variantes, como que de una derrota o de una victoria electoral pueda surgir o mantenerse un líder indeseable; no querido por la bases, quiero decir. En Galicia, el votante tiene elementos de sobra para decidir: el apoyo de José Blanco a Gallardón o la corrupción desfilparrante del Gobierno autonómico son suficientes. En cambio, para mí, lo que hay que valorar con carácter principal es que Quintana es a Galicia lo que Carod o Puigcercós son a Cataluña (y orgullosos que están ellos, oigan). Y que Touriño es a Galicia lo que Montilla a Cataluña. Ténganlo en cuenta.

Una reflexión sobre las autonómicas.
Vicente A. C. M.  Periodista Digital 28 Febrero 2009

¿Quién se juega qué en las elecciones autonómicas de Galicia y El País Vasco? ¿Es algo que solo compete a los gallegos y a los vascos, o afecta a toda España? Lo primero que se me viene a la cabeza es la tremenda injusticia que se comete con el llamado voto por correo de los emigrantes. Resulta que los derechos de los ciudadanos gallegos son diferentes por el simple hecho de estar fuera de España. No es lo mismo un gallego desplazado por trabajo en cualquier lugar de España, que otro que por los mismos motivos está en Argentina o el Perú o simplemente es descendiente de alguno que emigró, por ejemplo.

Aunque no soy jurista, la lógica me dice que esos ciudadanos,solo podrían votar en las elecciones generales y referéndums, ya que se trata de una Autonomía y la única nacionalidad reconocida en el exterior de España es la española, no existiendo pasaportes que pongan “gallego”, “vasco”, “catalán”o “andaluz”. Si unos tienen derecho a decidir sobre el desarrollo de su Autonomía, ¿por qué no el resto con independencia de dónde se encuentren?

En cuanto a los ciudadanos vascos exiliados, la vergüenza y la hipocresía son aún mayores. Esos ciudadanos que son más de 300.000, han tenido que abandonar su tierra obligados por la asfixia del chantaje de la violencia terrorista y de la parte social que la apoya. Sus derechos a decidir sobre el futuro de su Autonomía han sido cercenados y se les ha borrado del censo, sin ningún remordimiento. ¿A alguien le importa solucionarlo? En absoluto. Para esa sociedad enferma, esos ciudadanos no existen, son apestados y apátridas.

Personalmente veo en lo del voto por correo en las elecciones autonómicas un fraude electoral por una interpretación viciada y prostituida de la Ley. El voto por correo solo es posible cuando alguien censado en esa Autonomía o región de España, no pueda físicamente desplazarse a votar a su circunscripción por las causas que la Ley establece. En ningún caso, ser emigrante en otro país puede considerarse como causa justificada y menos el derecho puede ser hereditario.

¿A quién beneficia esta irregularidad legal? Claramente a quienes disponen de los medios de difusión y de incentivación para la campaña de imagen. Es decir al poder ejecutivo de la Autonomía que es el que dispone de los medios económicos necesarios para realizar esa labor. El caso de las aperturas de “embajadas” por Cataluña en países extranjeros lo demuestra. Es una de las armas que tienen los nacionalistas independentistas para promover sus reivindicaciones y dar una falsa imagen al resto del mundo de la realidad nacional de España.

Es lamentable que un partido que se dice “constitucionalista” como el PSOE, con tal de estar en el poder, no dude en aliarse con formaciones independentistas cuyo objetivo es imponer su visión nacionalista y excluyente a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. Es una vergüenza que por ese apoyo, deba transigir y ser cómplice de los caprichos, chanchullos y ataques directos a los derechos de sus propios votantes y de otras formaciones mayoritarias. Es vergonzoso que no se respete la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y se disfrace de alianza progresista a lo que es un simple matrimonio de conveniencia, de poder y económica.

Espero que los gallegos y los vascos, en este día puedan realmente reflexionar y se den cuenta de que sus votos son usados para ir en contra de sus propios intereses y los de España. El PSG y el PSE han demostrado ya lo que son capaces de hacer con esos votos, venderse al chantaje nacionalista y permitir el acoso, burla y exclusión de aquellos que se sienten españoles.

El habla no es un arma para expulsar al adversario, sino una posibilidad más de entendimiento entre las gentes de una misma nación.


Mensaje al Sr. Leonard Orban, comisario de la UE responsable de multilingüismo
JUAN JULIO ALFAYA  Periodista Digital 28 Febrero 2009

A la pregunta acerca de si tengo problemas en mi vida diaria por motivos lingüísticos he de responder que sí.

Vivo en Galicia, una región española en la que conviven dos condiciones lingüísticas: la de aquellos que tienen el gallego como lengua propia y la de los que tienen el castellano. Me encuentro entre estos últimos, como más o menos la mitad de la población de Galicia.

La relativa proximidad y semejanza entre el gallego y el castellano permite que la casi totalidad de la población sea al menos bilingüe pasivo, que en muchas conversaciones se usen ambos idiomas, y que incluso los hablantes lleven a cabo múltiples cambios de código dependiendo fundamentalmente de sus interlocutores.

El gallego es una de las lenguas protegidas por la CELROM. Y yo estoy de acuerdo con esa protección. Con lo que no estoy de acuerdo (y lo que me está ocasionando problemas serios en mi vida cotidiana) es con la política lingüística que están llevando a cabo las autoridades gallegas apelando a la promoción del gallego.

En un Decreto reciente del Ejecutivo regional se obliga a que el gallego sea usado como lengua vehicular en toda la educación obligatoria (de los 6 a los 16 años) en todas las asignaturas troncales (salvo las lenguas): Ciencias, Geografía, Matemáticas, Historia, Física, Educación para la Ciudadanía, … han de ser impartidas en gallego independientemente de la voluntad de los padres, de la lengua materna de los alumnos e incluso de la competencia lingüística en gallego que haya acreditado el profesorado.

He visto que en algunos informes sobre multilingüismo, su oficina alaba el éxito en la normalización de la lengua minoritaria que han tenido políticas como la que se aplica en Cataluña (donde el castellano sólo está presente en dos horas semanales a lo largo de toda la educación obligatoria), o en Galicia. No he visto, sin embargo, en esos documentos, una valoración de la práctica de la inmersión forzosa desde la primera enseñanza (algo que no creo que contase con el beneplácito de la comunidad pedagógica, pues desde hace décadas la UNESCO alerta de la preferencia de la instrucción en lengua materna).

Personalmente, creo que la promoción del gallego debería permitir que los padres eligiesen la lengua vehicular en la que estudien sus hijos, o, al menos, que la presencia de la lengua minoritaria y la mayoritaria fuesen parejas (tanto en horario como en contenido) en un currículo obligatorio único.

Creo que mi opinión está respaldada por el informe sobre el apoyo a las lenguas minoritarias, del que no parece derivarse legitimación a políticas que vayan en contra de la voluntad de los ciudadanos y que restrinjan los derechos de aquellos ciudadanos que tienen por lengua propia la lengua mayoritaria del país (y con presencia más que notable en el territorio en el que se usa la lengua minoritaria).

Sin embargo, el hecho de que determinados grupos que abogan por la total erradicación del castellano de la esfera pública gallega consideren que los informes de la Unión Europea sobre políticas lingüísticas están avalando sus postulados es algo que me intranquiliza. Por ello, como Comisario de la Unión Europea le planteo a usted directamente esta pregunta:

¿Apoya la Unión Europea las políticas educativas de apoyo a las lenguas minoritarias que suponen una inmersión forzosa en la lengua minoritaria, incluso cuando ésta no es la lengua materna de la mitad de la población afectada? ¿Tiene más valor para la Unión Europea el apoyo a las lenguas minoritarias que la voluntad de los ciudadanos de educar a sus hijos en su lengua materna cuando ésta es la mayoritaria en el país?

Le rogaría se pronunciase con claridad, pues de tal respuesta depende que pueda confiar en el concepto mismo de ciudadanía europea.

Muchas gracias.
Perplejo

Dirección del foro: http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/es/

Sigue LA PREGUNTA DE LEONARD ORBAN
O sea, al revés, primero la respuesta y después la pregunta. Sólo me falta añadir que "Perplejo" es un seudónimo que nada tiene que ver con el autor de este blog.

¿Tienen problemas en su vida diaria por motivos lingüísticos?

Estimados participantes del foro:

Ante todo, quiero agradecerles sus respuestas a la pregunta «¿Por qué le parece a usted importante aprender idiomas?». Muchas de sus contribuciones rebasaban con mucho esta primera cuestión y abordaban por anticipado otros temas de debate. He seguido con sumo interés su participación y me gustaría aprovechar la ocasión para ofrecer una visión más global de algunas de las cuestiones planteadas y exponer brevemente mi punto de vista sobre el multilingüismo.

Considero que el multilingüismo es tanto la capacidad que tenemos para hablar el idioma de otros como la que tienen otros para hablar el nuestro. Hay un proverbio checo que dice que los que hablan varios idiomas viven varias vidas. Creo que, en la Unión Europea actual, el multilingüismo es muy importante para nuestra identidad, nuestra manera de pensar, nuestras capacidades sociales, así como para entender y aceptar a los demás. Es importante para nuestra trayectoria profesional, para nuestra economía y para nosotros como consumidores. Es importante para la comunicación entre las instituciones de la UE y los ciudadanos europeos. Es importante para mantener vivo el significado del lema de la Unión: «Unidos en la diversidad». Fue para mí un motivo de alegría constatar que la mayoría de ustedes coincide con estas opiniones.

La legislación comunitaria delimita claramente el multilingüismo de la Unión Europea. Un idioma, para ser lengua oficial de la UE, ha de cumplir tres requisitos: tiene que ser lengua oficial del Estado miembro, lo que ha de constar en su Constitución; el Estado miembro en cuestión tiene que solicitar que se reconozca ese idioma como lengua oficial de la UE; y los demás Estados miembros han de aprobarlo por unanimidad.

Éste es uno de los motivos por los que el esperanto no puede llegar a ser la lengua franca de la Unión Europea. El segundo motivo tiene que ver con su especificidad. En un idioma como el esperanto, la práctica social y cultural de su vocabulario es mínima. Las implicaciones prácticas y financieras que resultan de crear ex novo ámbitos enteros de un idioma artificial son inmensas. No hay más que pensar en los códigos aduaneros, en la legislación bancaria o en los requisitos técnicos de los depósitos de presión con forma geométrica simple —también llamados cilindros de frenado—. El tercer motivo es más personal: no creo en las lenguas francas, tanto si se trata del esperanto, como del latín o, incluso, del inglés. Por otro lado, históricamente una lengua franca es un fenómeno lingüístico social espontáneo y no el resultado de una decisión legislativa o política. Probablemente algunos esperantistas de este foro no estén de acuerdo con mi postura, pero creo que el intercambio de opiniones es necesario (por lo que a mí respecta, algunos argumentos me han parecido muy interesantes y, sin embargo, no estoy de acuerdo con todos ellos).

Ahora bien, el multilingüismo tiene sus propios límites en el seno de las instituciones europeas y en las publicaciones. Por mucho que queramos, no podemos traducir todo a las veintitrés lenguas oficiales. Estamos condicionados tanto por la cantidad de recursos humanos disponibles como por el presupuesto asignado a la traducción. La legislación se traduce a las veintitrés lenguas oficiales, pero otros documentos (como los intercambios con las autoridades nacionales, las decisiones dirigidas a personas físicas o jurídicas determinadas o la correspondencia) sólo se traducen a los idiomas necesarios. Al mismo tiempo, tampoco los documentos o páginas web que consulta poca gente tienen por qué estar en todas las lenguas oficiales. La fugacidad de la información es otro límite. La traducción requiere tiempo, por lo que concentramos nuestros recursos en poner en línea en tiempo real la información urgente en los idiomas que la mayoría de los ciudadanos europeos entiende, más que en la publicación tardía en todas las lenguas.

Estos límites sólo pueden superarse contando con una auténtica política de multilingüismo, que, al combinar la difusión de la información en un idioma que los ciudadanos entiendan con el aprendizaje de nuevos idiomas, permita acceder a la información. Éste es un motivo más, junto con los ya expuestos, para estudiar idiomas.

Ustedes plantearon muchas más cuestiones de las que yo he abordado en este breve mensaje, pero el Foro de Multilingüismo debe ser un foro de discusión para ustedes —y no sólo un intercambio entre ustedes y yo—. Por supuesto, tendré en cuenta sus opiniones cuando este año, más adelante, establezca mi nueva estrategia de multilingüismo. Ahora me gustaría proponerles un nuevo tema de debate:

¿Tienen problemas en su vida diaria por motivos lingüísticos: debido a la ausencia de traducción o a la traducción inadecuada, por ejemplo, de la descripción de un producto o de un manual de instrucciones?

Sin otro particular, les deseo lo mejor.

Elecciones vascas
Zapatero decide
GEES Libertad Digital 28 Febrero 2009

En términos de lucha antiterrorista, los gobiernos nacionalistas vascos han sido siempre más un problema que una solución. Cuando han tenido que ayudar a derrotar a ETA, no lo han hecho, y cuando ésta ha estado contra las cuerdas, lo que han hecho es ayudar a reflotarla. El PNV y EA siempre han utilizado las instituciones vascas en función de sus relaciones con la banda.

El actual no es una excepción. Proporciona cobertura directa e indirecta a la banda terrorista. La directa tiene que ver con lo que el Gobierno tripartito hace –entorpecer investigaciones sobre el entramado etarra, darle amparo institucional, subvenciones millonarias– y lo que no hace –usar a la Ertzaintza, hacer cumplir la ley. La cobertura indirecta tiene que ver con la cultura, la propaganda y la ideologización de la sociedad vasca. Culturalmente, los gobiernos nacionalistas proporcionan la cosmovisión identitaria y victimista de la que se alimenta ETA. Propagandísticamente, la disculpa, la justificación y la comprensión de los violentos son masivas a en la televisión vasca o en los medios del establishment y se pagan con dinero público, ya sea con las subvenciones a asociaciones que hacen proselitismo etarra o con las ayudas directas a su entramado.

En cuanto a la ideología, el Gobierno vasco es el principal agente de reeducación social que desemboca en el uso de la violencia. En las escuelas públicas vascas –y en buena parte de las privadas–, se enseña a los niños vascos la existencia de un conflicto histórico entre los vascos y los españoles, conflicto en el que éstos han sometido, someten y someterán al País Vasco. Se educa en el odio, en el resentimiento y en la legitimidad histórica de la violencia. Así que no es de extrañar que parte de la juventud vasca saque las paranoicas conclusiones evidentes de todo esto y se lance a pegar tiros en la nuca y poner coches bomba.

En términos de lucha antiterrorista, el Gobierno nacionalista no sólo no ha sido un aliado fiable en la lucha contra ETA, sino que ha sido un obstáculo. La paralización en los últimos tiempos de la Ertzaintza, denunciada por sus sindicatos, es sólo el último episodio de una historia de instrumentalización de las instituciones para el frente común de ETA. A efectos de lucha contra los terroristas, los gobiernos nacionalistas han sido siempre más un problema que una solución, más un enemigo del que no fiarse que un aliado en el que confiar. Así ha sido siempre, y lo seguirá siendo en el futuro.

En conclusión, desalojar al nacionalismo vasco del Gobierno de Vitoria es un paso imprescindible para lograr una derrota de ETA más rápida y más completa. Primero, por desmontar la cosmovisión del enfrentamiento que es la doctrina oficial que ampara, justifica y legitima las acciones terroristas. Y segundo por eliminar del todo las ayudas materiales y la cobertura burocrático-administrativa que el Ejecutivo nacionalista ofrece a ETA. Todo ello puede lograrse con prudencia y sentido común pero con firmeza. Pero lo que está claro es que sacando al tripartito de Ajuria Enea, el fin de ETA estará más cerca, y su derrota será más estrepitosa.

El lunes no habrá término medio. O Ajuria Enea seguirá siendo uno de los últimos parapetos de ETA, o será un enemigo mortal para la banda. Y habrá un único responsable de la elección: José Luis Rodríguez Zapatero. Tenemos la peor de las opiniones sobre él y sus intenciones respecto a todo tipo de terrorismo. Ahora tiene otra oportunidad para demostrarnos que estamos equivocados, la más importante. Si su intención es derrotar a la banda, deberá pactar con el PP y UPyD un Gobierno constitucional sólido, que acabe con la impunidad que el entramado institucional nacionalista ofrece a ETA y lo ponga a combatirla en todos los frentes. Si su intención es otra, si quiere jugar al mismo juego que le llevó al diálogo con la banda en 2006, se unirá al nacionalismo y al hacerlo ayudará a la supervivencia de ETA, dándole más oxígeno para continuar matando. De esto será responsable, y por esto será recordado.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.


El día de la maza
IGNACIO CAMACHO ABC 28 Febrero 2009

MAÑANA, a las ocho de la tarde, cuando se cierren los colegios electorales del País Vasco, debería comenzar la cuenta atrás para que Emilio Gutiérrez vuelva a Lazcano. Sí, el hombre de la maza, el tipo al que le hirvió el radiador en una herriko taberna, el que en su santa cólera ha levantado la solidaridad moral de más de media España. La víctima rebelde que se ha tenido que ir de su pueblo por no poder contener su justificada rabia.

Emilio Gutiérrez acaso pueda regresar si los nacionalistas pierden el poder desde el que llevan treinta años permitiendo la impunidad de quienes le destrozaron la casa y le descarrilaron los nervios por una pendiente de enajenación. Si los equidistantes, los hipócritas, los indiferentes ante el sufrimiento ajeno, los mendaces apóstoles del «qué hay de malo en ello», los recogedores de las nueces del árbol de la violencia se quedan sin el cesto que han ido llenando con el dolor de la mitad de sus conciudadanos. Si el autogobierno vasco deja de ser el coto excluyente del nacionalismo obligatorio.

La furia del hombre de Lazcano representa el hartazgo de todo eso. No es plausible ni ejemplar, porque su extensión conduciría a la guerra civil que durante tanto tiempo ha evitado la templanza de las víctimas, pero sí comprensible y perdonable, o al menos digna de la indulgencia de las atenuantes de una profunda saturación ante el hostigamiento, la persecución, el acoso político, moral, físico y psicológico. Todo ese cansancio social de tanta gente acorralada, esa plétora de aguante silencioso ante la coacción y el chantaje, debería de cuajar en la rebelión serena de las urnas, en un vuelco que derribara a mazazos de legalidad el refugio bochornoso de los matones, de sus ambiguos protectores y de los viscosos beneficiarios de su extorsión pendenciera.

No se trata de derrotar a los nacionalistas para hacer que ellos vivan como han obligado a vivir a los que no lo son. Se trata de vencerlos mediante una coalición de decencia que simplemente los iguale con aquellos a los que han oprimido y postergado. Se trata de que nacionalistas y no nacionalistas puedan tener los mismos derechos y compartir idéntico territorio social. Se trata de restablecer la normalidad política y restaurar la libertad pisoteada de hecho durante décadas de oprobio. Se trata de evitar que los Emilios Gutiérrez tengan que irse por culpa de un arrebato de ira mientras quienes a diario destrozan fríamente enseres y vidas campan por sus respetos en una impunidad arrogante y bravucona. Y para eso hay que empezar por desalojarlos del poder, limpiamente, voto a voto, sin ofuscación ni saña. Quizá nunca ese instante haya estado tan cerca como ahora. Pero recuerda, Patxi López: se trata de sacarlos del poder, no de compartirlo con ellos.

Emilio el del mazo
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 28 Febrero 2009

EL caso de este Emilio Gutiérrez, que mazo en ristre ha irrumpido en uno de esos antros donde se amamantan de libaciones y soflamas los gudaris de la patria vasca, nos permite reflexionar sobre el sentido natural de la justicia, un concepto extraviado en las sociedades que todo lo fían al barrizal positivista. Emilio Gutiérrez vivía encima de la Casa del Pueblo de Lazcano, que los gudaris de la patria vasca dinamitaron hace unos días; y, viendo destrozada su vivienda, quiso devolver a los gudaris, siquiera simbólicamente, un poco de su propia medicina. Zapatero, que cuando tuvo que enjuiciar las matanzas del terrorismo islamista sostuvo que debían «enmarcarse en un mar de injusticia universal», no se ha mostrado tan comprensivo con los destrozos causados por Emilio el del mazo. «Bajo ningún concepto podemos darle respaldo», ha afirmado; para luego añadir que «la ciudadanía confía en el Estado de Derecho», que es uno de esos floripondios verbales que en el Matrix progre se expiden a granel, haciendo girar el manubrio de las frases hechas.

La ciudadanía, como bien se sabe, es el pueblo reducido a rebaño amorfo, liberado de la nefasta manía de pensar. Y el pueblo dispensado de tener luz debajo del pelo confía, en efecto, en el Estado de Derecho, que es la acuñación con la que la propaganda evita la designación del concepto clásico de «imperio de la ley», mucho más incómodo, pues nos descubre que la ley sólo puede imperar allá donde hay un sentido natural de la justicia. Y, allá donde hay un sentido natural de la justicia, la ley siempre respalda a quien actúa justamente, aunque infrinja su literalidad. «¿Y qué importa errar lo menos/ quién acertó lo demás?», le pregunta Pedro Crespo al rey Felipe II, hacia el final de El alcalde de Zalamea, después de dar garrote a don Álvaro; a lo que el Rey, en lugar de castigar a Pedro Crespo por infringir la ley (esto es, por errar lo menos), lo premia y respalda, nombrándolo alcalde perpetuo de la villa, porque descubre que ha actuado con un sentido natural de la justicia (esto es, porque ha acertado lo demás). Y este sentido natural de la justicia es también el que los Reyes Católicos aprecian en los villanos de Fuenteovejuna en el drama homónimo de Lope, que a «la sobrada tiranía/ y el insufrible rigor» del comendador Gómez de Guzmán respondieron dándole muerte; respuesta que Fernando no juzga demasía, pues, siendo el comendador autor de tanto daño, «aunque fue grave el delito/ por fuerza ha de perdonarse».

Pero esto ocurría en tiempos de la monarquía cristiana, donde no había «ciudadanía confiada en el Estado de Derecho», sino pueblo investido de un sentido natural de la justicia, y gobernantes que lo respaldaban cuando sufría una injusticia. En los tiempos democratiquísimos que corren, los gudaris de la patria vasca te destrozan el piso con una bomba y después, para celebrarlo, se amamantan de libaciones y soflamas en el antro que el «Estado de Derecho» mantiene abierto; y si el hombre que ha sido arrojado de su piso, investido de un sentido natural de la justicia, irrumpe con un mazo en el antro y se lía a mamporros con el mobiliario, descubre que su gobernante «bajo ningún concepto puede darle respaldo». Emilio el del mazo encarna la bendita supervivencia del alcalde de Zalamea y de los villanos de Fuenteovejuna, en medio de una ciudadanía reducida a rebaño amorfo. Y, ante un hombre como Emilio el del mazo, que aún no ha extraviado el sentido natural de la justicia, sólo podemos exclamar admirativamente, como los burgaleses al paso de aquel guerrero que tampoco tenía el respaldo de su rey: «¡Dios, qué buen vasallo si hubiese buen señor!». Lo que, traducido al román paladino, quiere decir: «¡Olé tus cojones, Emilio!».
www.juanmanueldeprada.com

ETA
Unidad
Francisco José Alcaraz Libertad Digital 28 Febrero 2009

Cuando se carece de argumentos para defender una determinada postura en lo tocante a la lucha contra el terrorismo y sus cómplices, o cuando los argumentos que se esgrimen no son lo suficientemente consistentes, se necesita algo que pueda ser utilizado como escudo para protegerse de las críticas y para no tener que mirar a la realidad cara a cara.

Ese escudo es la palabra "unidad", palabra que sustituye al denominado "proceso de paz". Ambas son términos que tienen un significado inherentemente positivo. Lapalabra paz ha servido durante estos años, bajo el proceso de rendición ante la banda terrorista ETA, para que los que estaban dispuestos a embarcarse en ese proceso utilizaran nuestra negativa a aceptarlo como arma arrojadiza. Gracias a esa manipulación del lenguaje, llegaron a sostener que las víctimas del terrorismo o los ciudadanos que las apoyaban no querían la paz, e incluso que lo que pretendían es que se siguiera matando.

Hoy, después de muchos esfuerzos para desenmascarar la falacia del proceso de paz, se ha iniciado una campaña que, bajo la palabra Unidad, pretende desactivar cualquier iniciativa que pudiera ser un obstáculo a las políticas antiterroristas gestionadas de forma oculta por José Luis Rodríguez Zapatero.

La primera vez que pudimos ver el resultado de la puesta en escena de esta estrategia fue después del asesinato de dos guardias civiles en Francia en diciembre del 2007. En esa línea fueron la mayoría de los titulares que pudimos leer después del atentado:

* "Los grupos parlamentarios se unen y convocan una concentración para el martes en Madrid"
* "Madrid acoge la primera concentración unitaria contra ETA de la legislatura"
* "Concentración unitaria sin eco popular y con llamada a apoyar al Gobierno para vencer a ETA"
* "Varios miles de personas piden unidad y apoyan al Gobierno para derrotar a ETA"

Sólo con revisar la hemeroteca se puede ver que la mayoría de los medios hacían mención a la palabra unidad, una unidad que tan sólo unos días antes era rechazada de plano por el Gobierno y sus comparsas cuando, desde la AVT, convocamos una gran manifestación en Madrid para pedir que se expulsase a ETA de las instituciones y se revocase la resolución del Parlamento para negociar con ETA.

La AVT no cayó en la trampa dialéctica, pues sabíamos que detrás de esa unidad seguía habiendo un Gobierno que miraba a otro lado, mientras los pro etarras se afianzaban en las instituciones y que no quería revocar la citada resolución de negociación con la banda terrorista.

Fruto de la firmeza y acertada decisión de la AVT, aquella pantomima acabó en un fracaso. A pesar de que todos los partidos políticos de la cámara alta se posicionaron al lado de Zapatero; a pesar de que los sindicatos y la patronal apoyaron la concentración; a pesar de que también lo hicieron las organizaciones y pequeños colectivos de víctimas recientemente creados, bajo el amparo de Peces Barba, la ciudadanía no cayó en la trampa y la convocatoria "unitaria" resultó un completo fracaso.

Pues bien: aquello fue el principio de una campaña orquestada que ha llegado hasta nuestros días y que va continuar, porque este Gobierno necesita la "unidad". Necesita la unidad de todos para que nadie le exija que expulsen a los terroristas de las instituciones, para que nadie le exija que revoque la resolución parlamentaria de negociación con ETA, para que pueda desactivar la rebelión cívica y de esa forma facilitar una nueva negociación en el futuro, que se llevará a cabo con la mas absoluta falta de transparencia.

Esa unidad es la que en los años 80 y 90 estaba instaurada en España: no había diferencias entre colectivos y asociaciones, no había declaraciones contradictorias de las víctimas... ¡Qué felicidad! ¡Todas las víctimas del terrorismo estaban unidas! Qué afortunados fueron aquellos Gobiernos, pues bajo esa unidad pudieron llevar a cabo negociaciones y cesiones a ETA, mientras que se cubría el expediente con una nota de prensa como coartada. Y así, los que dicen practicar el noble y respetable oficio del periodismo, pero pervirtiendo el mismo al estar al servicio del poder, no tenían que recriminar nada a las víctimas porque todas estaban unidas: unidas en el silencio, unidas en la resignación y en el miedo, unidas en la indiferencia de una sociedad a la que sistemáticamente se incitaba a desentenderse de la lucha contra el terrorismo.

Llegados a este punto, viendo por donde van las estrategias actuales del Gobierno de ZP y los esfuerzos desplegados para desactivar la rebelión cívica, yo no quiero esa falsa "unidad", al igual que no quiero ese falso proceso de paz. No quiero unidad para mirar a otro lado mientras me aplauden y puedo obtener el indulto mediático de quienes, durante estos años, han llevado una campaña infame contra las víctimas del terrorismo, utilizando sus medios de "comunicación" serviles al poder establecido.

La pregunta no es si queremos unidad, sino para qué va a emplearse esa unidad. Porque si se desea esa unidad para hacerle el juego a quienes ni buscan toda la verdad del 11-M, ni se arrepienten de la traición y persecución a las víctimas del terrorismo que no estuvimos dispuestas a vendernos, conmigo que no cuenten.
La única unidad que yo deseo es la de todos los españoles en busca de la derrota incondicional de ETA. Y de quienes la apoyan. Todo lo demás sobra.
Francisco José Alcaraz Martos es víctima del terrorismo.

Plan E
Prontuario para no iniciados
Pablo Molina Libertad Digital 28 Febrero 2009

Los políticos tienen tendencia a disfrazar su incompetencia con un lenguaje cada vez más ampuloso, pero en unos momentos de crisis brutal el maquillaje léxico se convierte en una necesidad perentoria. Los políticos, por regla general, tienen un gran talento para gastar el dinero, pero muy poco para trasladar sus "logros" a los ciudadanos en un lenguaje inteligible, así que las administraciones necesitan la colaboración de los varios miles de agencias privadas especializadas en imagen corporativa, cuya facilidad para dar una sensación grandiosa a cualquier chorradita ideada por el político de turno hace que sus servicios estén cada vez más solicitados.

Los cartelones con que el Gobierno de Zapatero está publicitando su famoso Plan E son una pieza magnífica del agit-prop posmoderno, pero lo que sorprende es que lleguen a extremos que pueden calificarse sin desdoro como un insulto a la inteligencia de los contribuyentes. Hay algunas obras incluidas en el plan de reactivación del empleo municipal cuyo importe no llega al coste de instalación del cartel que las anuncia, pero como lo que importa es la imagen y no el bien público, probablemente nos toque ver algunos carteles con leyendas como las que se detallan a continuación.

* Reestructuración del dispositivo de hidrocanalización perimetral del templete ubicado en zona de esparcimiento: Han reparado la cañería de la cantina del parque.
* Instalación de dispositivo de sellado en acceso al sistema subterráneo de higienización pública: Han colocado una tapa de alcantarilla.

* Acción coordinada para la ecosostenibilidad del sistema lumínico en dispositivo regulador del tráfico urbano: Han cambiado las bombillas de un semáforo. Las nuevas son de bajo consumo.
* Instalación de colector de residuos con sistema de clasificación para reciclaje en zona de especial interés paisajístico: Han puesto una papelera en el mirador del pueblo. Lleva dos bolsas, una de ellas para el plástico.

* Reforma e integración en las modernas tendencias estéticas de la imagen frontal del edificio de la concejalía de juventud. Han pintado un graffiti.
* Modernización de acceso peatonal al centro de educación ciudadana y adaptación a las nuevas disposiciones en materia de seguridad vial. Han pintado de rojo el paso de peatones del cole.

* Reubicación estratégica del dispositivo público aglutinador de las acciones destinadas a la mejora de la salud reproductiva: Han cambiado de sitio la máquina de condones. Ahora está pegada al instituto.

Lo último será un cartel anunciando la instalación de otro cartel que anuncie, a su vez, la colocación de la primera piedra de la última ocurrencia del consistorio. ¿Que no?

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.

Víctor Manuel da la cara pola oficialidá
Santiago González El Mundo 28 Febrero 2009

En el Principado de Asturias se está desarrollando una campaña que tiene como objetivo incorporar la cooficialidad del bable a la reforma del Estatuto de Autonomía. Es su avanzadilla la vanguardia natural de la sociedad asturiana y española, esa brigada Voluntarios de la Luz, que no debe confundirse con la Brigada del Amanecer, ojo. Son el epítome de lo que la jerga eurocomunista llamaba hace treinta años y más 'las fuerzas del trabajo y de la cultura', conglomerado de intelectuales y artistas, que en los tiempos presentes ha incorporado a sus filas a los deportistas de elite.

Esto se veía venir. Hace ya unos veinte años que Finkielkraut describió la lógica de esta santa alianza en 'La derrota del pensamiento': da lo mismo Dostoyevski que un par de botas. Los actores son intelectuales y a las habilidades deportivas se les llama 'talento'.

Pues buen, los voluntarios de la luz asturianos, "reyes de la minería, señores de la labranza," escribió Miguel Hernández (aunque la minería y la luz no sé si casan) están grabando sendos vídeos en los que se manifiestan partidarios. Traemos aquí el de Víctor Manuel, al que acompañan en esta conquista del futuro nombres egregios de la cultura asturiana: Corín Tellado, José Angel Hevia, Manuel Busto, Sonia Fidalgo y otras celebridades locales.

Una primera cuestión llamativa es el nombre de la campaña: "Doi la cara pola oficialidá", esa impostación del heroísmo, caiga quien caiga. Dar la cara es arriesgarse a que se la partan a uno . Eppur si muove. "Afrontar el peligro o la responsabilidad, o no eludirlos", según define el 'Diccionario fraseológico documentado del español actual', de Manuel Seco. Efectivamente, dan la cara, caiga quien caiga, aunque lo que cae mayormente es la subvención.

Hoy, Federico Jiménez Losantos reproduce en El Mundo unas declaraciones sobre el asunto de Víctor Manuel, que este blogmaster ha rastreado. El 15 de enero pasado, Daniel Tercero las recogía en su blog, tomadas 'Adiós, España', libro de Laínz, que las reproduce de una entrevista en El Semanal, correspondiente al 7 de marzo de 1999:

"Todo lo malo se copia. En Asturias ya empiezan a decir qué es de buen asturiano y qué es de mal asturiano. Siempre hay imbéciles que imitan lo peor (…) Creo que el bable no tiene que ser cooficial, como algunos pretenden. En Asturias, de un tiempo a esta parte, somos expertos en inventarnos problemas donde no los hay. Y éste es un problema claramente inventado. A los nacionalistas les encanta reescribir la historia (…) En mi tierra el nacionalismo todavía es bastante suave. pero sospecho que va a prender más: la estupidez no tiene fronteras".

¿Incoherencia? En modo alguno. Si ustedes recuerdan la letra de 'Asturias', hermosa canción, por cierto, ya prefiguraban algo de esto para quien supiera leer entre líneas:

"Los ojos, ciegos los ojos, ciegos de tanto mirarte; sin verte Asturias lejana, hija de mi misma madre".
O sea, que diría el maestro Umbral.


El interventor
Alfonso USSÍA La Razón 28 Febrero 2009

Es importante el gesto, que se convierte en gesta, de Rodrigo Rato, ofreciéndose a actuar de interventor de Mesa en Guipúzcoa

Los gestos en la política siempre se agradecen. Hay gestos que se convierten en gestas. Regina Otaola lo sabe y lo sufre. Todos estamos en deuda con la Alcaldesa de Lizarza, incluidos los animales que le acosan, insultan y amenazan. Los hijos de esos animales pueden encontrarse con una tierra mejor gracias a la resistencia de unos pocos frente a la perversidad de sus padres. Es curioso, pero en algunos lugares de Vasconia, de la unión de un mulo y una burra puede nacer un niño. Un ser humano. A uno se le antoja que es hecho milagroso, pero la Ciencia no ha reparado en ello.

De gestos y gestas está sembrado el País Vasco por el Partido Popular y una buena parte de los socialistas. Gracias a ellos, la sociedad no se ha rendido del todo ante el nacionalismo burgués y el nacionalismo estanilista y asesino. La mitad de los vascos resisten abiertamente, y si algún día los nacionalistas perdieran el poder político y el manejo de los dineros públicos, a esa mitad se sumarían muchos vascos sometidos en la actualidad al miedo y los intereses personales.

Las elecciones no son libres en muchos sitios y mesas dispersos en las tres provincias vascas. En las localidades pequeñas y controladas por los batasunos, desaparecen las papeletas de los partidos constitucionalistas y se vigila sin disimulo la opción que eligen los vecinos. Entiendo que es una vergüenza y que produce rubor escribirlo. Cuando en un Estado de Derecho la libertad no es plena para elegir a sus representantes en un territorio concreto, se hace necesaria la presencia de observadores internacionales. Y en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava las elecciones no son tan libres como en Madrid, Valencia o Sevilla. El que quiera engañarse que lo haga a su antojo y capricho, pero la realidad establece que el sistema que predomina en el País Vasco no es el que entendemos por libre, democrático y respetuoso con los derechos humanos, cívicos y sociales de sus habitantes.

De ahí la importancia que ha tenido el gesto, que se convierte en gesta, de Rodrigo Rato, ofreciéndose a actuar de interventor de mesa en Guipúzcoa. Es un gesto de grande. Durante treinta años, en Vasconia se ha enseñado a los vascos desde niños a odiar a España y al Partido Popular. Sucede que más de quinientos años de unión efectiva y afectiva no se borran con consignas y manipulaciones. Haber sido vicepresidente de un Gobierno de España conservador, presidente del Fondo Monetario Internacional y pasar de ahí a interventor de una mesa electoral en Guipúzcoa, merece el reconocimiento y la admiración de cuantos creemos en la soberanía de los votos y la normalidad en unas elecciones. Algunos, incluso muchos analistas políticos, interpretarán este gesto como un primer paso en la carrera presidencial de su partido. Me incluyo entre los muchos, pero dada la capacidad infinita que poseo para errar en mis vaticinios, prefiero resumir la voluntad de Rato en eso, en el gesto, exclusivamente. Si viene algo después, bienvenido sea, que el PP necesita una inyección de moral. Pero el magnífico gesto, por sí solo, ya tiene un significado de sobrada importancia por su responsabilidad, valentía y coraje. Bravo, Rodrigo.

Las cartas de ETA
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 28 Febrero 2009

En el comunicado difundido ayer, ETA pone al descubierto buena parte de los argumentos en los que se ha centrado el debate interno que ha desarrollado a caballo de los años 2007 y 2008 y, al mismo tiempo, deja clara una amenaza inmediata que concierne al PNV y al PSE. La banda ha puesto sus cartas sobre la mesa.

La excusa del comunicado ha sido la celebración de las elecciones de mañana, pero en realidad la banda lo que hace es sacar a la luz todos sus fantasmas políticos. La organización terrorista está convencida desde hace tiempo, y así lo refleja en el texto de ayer, que el PNV va a pactar con el PSOE una reforma estatutaria dentro de la Constitución y no está dispuesta a permitirla. A la vista de sus advertencias, no es descabellado suponer que un acuerdo en esa dirección entre nacionalistas y socialistas será motivo de una ofensiva terrorista que, como novedad, incluiría entre sus objetivos a dirigentes jeltzales.

La banda, como una noria, intenta poner de relieve las «traiciones» del PNV a la causa nacionalista recurriendo a los hitos clásicos del desencuentro de ETA con los jeltzales: empieza con la decisión del PNV de participar en las primeras elecciones democráticas de 1977 y termina con los reproches por las conversaciones de Loyola. En medio, el PNV es presentado como responsable de la ruptura del diálogo de Argel, del fracaso del pacto de Estella y hasta de la última ilegalización de las siglas de la izquierda abertzale. Todo para poner en antecedentes a su público de la próxima «traición» que tendría el PNV en mente, la reforma estatutaria.

ETA, al llamar «Parlamento del fascismo» a la cámara que se va a elegir mañana, podría estar actuando como la zorra de la fábula que dice que están verdes las uvas que no puede coger. Pero también puede estar siendo coherente con una de las lecciones que sacó en el proceso de diálogo del año 2006. En documentos internos, ETA ha presumido de haber conseguido un «gran logro»: haber demostrado la inutilidad de las instituciones ya que, cuando Batasuna fue ilegalizada, los representantes del PSOE y del PNV tuvieron que acudir a negociar con ellos en una mesa extraparlamentaria. «Eso fue un logro nuestro», se jacta la banda.

El desprecio que los terroristas muestran ahora por el Parlamento probablemente no será compartido en su fuero interno por muchos dirigentes de Batasuna que son conscientes de lo que supone estar fuera de esa institución durante los próximos cuatro años, pero que, al mismo tiempo, son incapaces de reaccionar. El desdén que ahora refleja la banda en su comunicado se va a convertir en frustración para muchos de sus seguidores cuando se den cuenta de que estarán ausentes durante mucho tiempo de la toma de las principales decisiones que afectan al País Vasco.

 

LA TORRE DE BABEL DE LAS CCAA

Recuperar la unidad de mercado, una prioridad en España

La falta de unidad de mercado en España, con 17 normativas distintas derivadas de las respectivas comunidades autónomas, agravará la crisis económica. Dos profesores publican un trabajo en FAES para evitar que esta dispersión hunda el PIB nacional.
 

Fundación Faes 28 Febrero 2009

Libertad Digital

La apuesta de España por la incorporación al mercado único europeo fue una gran reforma estructural que modernizó el tejido empresarial nacional e impulsó el crecimiento. Sorprendentemente, después de que la economía española se incorporara eficazmente al mercado único europeo –sin fronteras, sin barreras arancelarias, y  con libertad para la circulación de bienes y servicios–, se están levantando nuevas barreras, esta vez internas: la actual deriva del proceso de descentralización autonómica está provocando la fragmentación del mercado nacional.

Por ello, está en riesgo la unidad de mercado en España, y lo está por la proliferación de normas autonómicas que segmentan los mercados, elevan los costes de transacción, dificultan la movilidad, impiden extraer los frutos de un mercado amplio y, en definitiva, lastran el crecimiento económico y la creación de empleo.

Esta es la principal conclusión de un informe realizado por los profesores de Economía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Rocío Albert y Rogelio Biazzi. El estudio ha sido publicado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes) bajo el título: “La torre de babel de las comunidades autónomas”.

El Estado tiene un importante papel en la sociedad, con funciones tan básicas como la de establecer un marco institucional adecuado para que la economía funcione de manera eficiente. Las regulaciones –cualquiera que sean sus justificaciones y objetivos– tienen un impacto más allá de su área de control y producen efectos no intencionados sobre el conjunto de la economía.

El ejemplo más reciente y dramático lo tenemos en las inesperadas consecuencias sobre el sector financiero internacional de las políticas de promoción de acceso a la vivienda en los Estados Unidos, impulsadas a principios de los años noventa. Así como la discrecionalidad con la que los bancos centrales fijan el precio del dinero. El sector financiero es el más intervenido del mundo.

En este contexto, el informe destaca que el ambiente regulatorio en el que se desempeña la actividad económica es uno de los factores institucionales que ejerce una influencia clave en la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo. Por lo tanto, la mano invisible del mercado requiere el auxilio de unas reglas de juego bien establecidas, que podemos denominar “instituciones”.

La productividad total de los factores –que, a la larga, determinan el potencial de crecimiento económico– está íntimamente relacionada con la regulación y el grado de liberalización de la estructura productiva. Así, la existencia de instituciones de calidad es condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar un crecimiento económico a largo plazo.

“La sobreabundancia regulatoria podría indicar un mayor grado de intervención estatal que, además de frenar el pleno desarrollo económico, constituye un recorte de las libertades individuales. Por eso, la preocupación debe ser doble: ¡cuidado con el exceso de regulación y con la mala calidad institucional!”, señalan los profesores que han realizado el informe.

El peligro de la pérdida de unidad de mercado

Si tenemos en cuenta que el proceso de descentralización española tiene apenas treinta años de existencia, y que muchas transferencias de competencias a las comunidades autónomas son mucho más recientes, las diferencias regulatorias y el grado de intervencionismo público entre las economías regionales son muy importantes y demuestran que tienen un impacto significativo sobre la actividad económica. Y todo indica que estas diferencias seguirán aumentando en los próximos años.

El informe revela que la Comunidad de Madrid es la que obtiene el primer puesto en el ránking del índice de libertad económica, gracias a las reformas emprendidas en los últimos años. Comunidades como Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha ocupan los últimos puestos, poniendo de manifiesto que en ciertas autonomías de la geografía española la actividad económica se basa fundamentalmente en la actividad pública, lo que impide que la iniciativa privada contribuya más a la creación de empleo y al crecimiento.

Los resultados obtenidos por los profesores de la UCM muestran que existe una correlación directa entre libertad económica y nivel de renta per cápita.

 


Entre las ventajas de la descentralización, siempre se ha mencionado que permite que las autonomías puedan desarrollar sistemas regulatorios adaptados a sus propias características y a las necesidades de sus ciudadanos gracias al mayor grado de cercanía entre la Administración autonómica y los administrados. Sin duda, entre los aspectos positivos de la descentralización autonómica destaca uno: la competencia institucional.

El problema de la quiebra de la unidad de mercado surge cuando los Gobiernos intentan impedir la competencia, no cuando diseñan instituciones que fomentan la actividad económica en un marco de libre movilidad de los agentes económicos.

La existencia de regulaciones distintas permite a las empresas y a las personas elegir entre diferentes alternativas en busca de un tratamiento más beneficioso. La competencia institucional genera, por tanto,movilidad de personas, de empresas y de capitales en búsqueda de una mayor eficiencia y prosperidad. La competencia es positiva no sólo para quienes se benefician de una mejor regulación sino también para residentes en otras autonomías.

La aparición en el campo de las políticas públicas de estrategias de benchmarking ha provocado la adopción –por parte de algunas Administraciones– de medidas instrumentadas con éxito en otra comunidad autónoma. En los últimos años se ha visto en España que la competencia fiscal entre las regiones funciona.

La experiencia demuestra que muchas autonomías han hecho uso de sus competencias en materia fiscal reduciendo tipos y hasta suprimiendo gravámenes
como sucesiones y donaciones, lo que ha generado redistribuciones de la actividad económica y ha provocado la emulación de otras autonomías, con lo que se han beneficiado todos los contribuyentes.

Las diferencias en la regulación comercial de las CC.AA. es otro caso en el que se pueden observar los beneficios de la competencia institucional. El establecimiento de grandes superficies en autonomías con una legislación menos restrictiva provoca el trasvase de demanda –mostrando un notable efecto frontera– de unas comunidades a otras y beneficia a los consumidores. Esta competencia puede extenderse a otros ámbitos, como el medio ambiente, la educación, la sanidad, etc.

Otro aspecto positivo de la búsqueda de regulaciones más eficientes es la creación de incentivos a la innovación. El diseño de instituciones de mejor calidad llevará a que algunas comunidades atraigan emprendedores que desarrollen un tejido productivo basado en la innovación.

Las economías autonómicas compiten hoy para ofrecer los marcos institucionales más adecuados para que el capital humano pueda florecer y transformarse en actividades emprendedoras e innovadoras. "Hoy nadie pone en duda que la unidad de mercado es un bien que hay que preservar en todos los países, puesto que cuanto mayor sea un mercado –en términos de renta– mayor será la especialización de los agentes, mayor será su productividad y, en definitiva, mejor será el nivel de vida de sus ciudadanos", revelan los catedráticos de la UCM.
 


El proceso de transferencia de competencias a las autonomías podría poner en peligro la unidad de mercado debido al afán regulatorio de cada una. Lo cierto es que esta fragmentación no nos ha hecho progresar en los factores claves de competitividad. La profusión normativa autonómica supone importantes costes para las empresas y tiene efectos tanto sobre la demanda como sobre la oferta de bienes y servicios, así como sobre la movilidad de los factores de producción.

Por otra parte, la dispersión normativa puede reducir las economías de escala de las empresas con importantes incrementos en los costes de producción. Los requisitos especiales de cada Comunidad Autónoma que obligan a cambiar el etiquetaje, las instrucciones e incluso el propio producto, introducen restricciones a la homogeneización del bien o servicio, y aumentan los costes.

Es importante señalar que la fragmentación regulatoria puede tener efectos devastadores sobre la movilidad de trabajadores y capitales. La existencia de una normativa específica y diferente para el ejercicio de actividades profesionales puede actuar como una auténtica barrera para la movilidad del capital humano, impidiendo la especialización, condición absolutamente necesaria para la competitividad.

Asimismo, la falta de uniformidad y claridad de la normativa sobre inversión de capitales puede ahuyentar a inversores ante la incertidumbre de una regulación arbitraria o discriminatoria.

Algunas propuestas

El estudio destaca que, en la actual situación de crisis económica, una reforma estructural prioritaria consiste en hacer funcionar de forma más eficiente la descentralización al servicio de los ciudadanos. Las medidas para reconducir la unidad de mercado y hacer funcionar la descentralización deben ponerse en marcha desde dos enfoques complementarios.

En primer lugar, desde el nivel autonómico, se deben aprovechar las ventajas de la competencia regulatoria para restaurar la unidad de mercado. Y en segundo lugar, la Administración Central debería dotarseb de nuevas labores y capacidades de coordinación.

Dentro del primer enfoque se enmarcaría la iniciativa de que, voluntariamente, las comunidades autónomas pudiesen reconocer unilateralmente y con carácter general la validez en sus territorios de las normativas emanadas de otras autonomías en los siguientes ámbitos: el acceso al mercado de los bienes y los servicios; el establecimiento y ejercicio de actividades económicas sujetas a licencias o permisos administrativos y el ejercicio de las actividades profesionales.

De este modo, cada empresa o profesional podría decidir a cuál de las múltiples regulaciones autonómicas decide someterse en el ejercicio de su actividad económica, con independencia del lugar donde ésta se desarrolle.

La propuesta de reconocimiento de normativas manda un claro mensaje político de unidad nacional, lealtad, confianza y corresponsabilidad entre las comunidades autónomas en lo que se considera que es una tarea común: la preservación de la unidad de mercado como base de nuestro potencial de crecimiento.

Esta iniciativa, aunque se iniciara unilateralmente por un pequeño número de autonomías, generaría previsiblemente –por efecto de la competencia institucional– un proceso en cadena que haría desaparecer la mayoría de las barreras a la unidad de mercado.

Por su parte, la Administración Central debería dotarse de una agencia encargada de elaborar protocolos que incluyan los principios de buena regulación, de hacer evaluaciones de normativas autonómicas, de brindar asesoramiento a todas las Administraciones y de coordinar los planes de mejora de la calidad regulatoria.

Este organismo podría actuar también como centro de información sobre competencia institucional a través de una web que recogiese información sobre las distintas regulaciones autonómicas, estudios comparativos, índices o propuestas para reducir cargas administrativas.

Adicionalmente, a la hora de diseñar todo tipo de regulación, todos los niveles de la Administración deberían aplicar los principios elaborados por los organismos internacionales para una buena regulación: necesidad, simplicidad, proporcionalidad, transparencia, consistencia y subsidiariedad, entre otros.

Ello implicaría que la elaboración de las normas contara con una memoria que incluyese un estudio de los efectos económicos y sobre la unidad de mercado que conllevaría la vigencia de la misma. Este informe, de carácter obligatorio, tendría como objetivo que los reguladores internalizasen los costes de la regulación.

“En definitiva, en España tenemos un importante reto para recuperar la senda de la prosperidad: conjugar las ventajas de la descentralización autonómica y, a la vez, salvaguardar la unidad de mercado para poder competir en un mundo globalizado”, concluye el estudio.

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****************** Sección "bilingüe" ***********************

Una comunidad en busca del dinamismo perdido
Cuatro años de inercia y de conflictos artificiales
Editorial La Razón 28 Febrero 2009

Galicia se debate entre devolver su Gobierno al partido que le llevó a las más altas cotas de desarrollo económico, el PP, o revalidar la coalición de socialistas y nacionalistas, cuya gestión ha abundado en artificios ideológicos y lingüísticos. Para estos últimos, la incertidumbre parece haber ido en aumento, de ahí que el presidente Zapatero se saltara el programa y acudiera ayer en ayuda electoral de Pérez Touriño. El Gobierno de socialistas y nacionalistas no ha logrado forjarse en estos cuatro años la imagen de gestor fiable y eficiente. De hecho, Galicia no está hoy mejor que en 2005; al contrario, ha descendido en el ránking de autonomías con mejores indicadores económicos. Touriño y Quintana no sólo no han solucionado los problemas pendientes, sino que han creado algunos nuevos, en algunos casos importándolos de otras comunidades.

La política de imposición lingüística contra los castellanohablantes; el drama creciente del paro, con una cifra de desempleados superior a la media nacional; o la paralización de infraestructuras esenciales para el desarrollo de la región son los distintivos de una manera de gobernar más atenta al guiño ideológico que a la eficacia. Durante estos cuatro años, además, diferentes responsables de la Xunta han incurrido en despilfarros suntuarios, tanto más hirientes en época de crisis económica. En suma, los gallegos deben decidir entre el continuismo y la alternativa que encarna Núñez Feijóo. Para que esta segunda hipótesis cobre cuerpo, el PP está obligado a alcanzar la mayoría absoluta, que se le escapó por 7.000 votos hace cuatro años. Es probable que los electores residentes en Galicia, más concernidos y conocedores de cómo se ha gobernado en esta Legislatura, voten mayoritariamente a Núñez Feijoó. Pero no debe ignorarse que el 12,7% de los votantes vive en el exterior, porcentaje tan inusitadamente alto que desvirtúa cualquier hipótesis y también, tal vez, cualquier resultado fielmente democrático.

Ante las próximas elecciones vascas y gallegas
El complejo de Astérix
JESÚS LAÍNZ www.elmanifiesto.com 28 Febrero 2009

Goscinny y Uderzo se equivocaron. Aquel boscoso rincón de Armórica que imaginaron para su aldea de irreductibles galos estaba lejos de ser el más apropiado como modelo de un pueblo libre agredido por el imperialismo. Si hubiesen echado un vistazo por encima de los Pirineos no habrían tardado en darse cuenta de que en esta sufrida piel de toro podemos alardear de ser los campeones del mundo en materia de invasiones y opresiones.

El caso más llamativo –aunque sólo sea por la afición de sus hinchas a denunciar su opresiva situación mediante tiros en la nuca, lo que ha conseguido anunciar en todo el mundo que en las Vascongadas, además de los mejores cocineros televisivos, disfrutan también de los mejores asesinos de España– quizá sea el de los inconquistables vascos, ese pueblo milenario, descendiente en línea ininterrumpida de los cromañones autóctonos, que disfrutó de su independencia originaria bajo los fueros tan sabiamente otorgados por Tubal hasta que fue sometido por sucesivas oleadas de invasores españoles. Primero fueron los leoneses a pesar de la tunda que recibieron en Arrigoriaga a manos del hijo del duende Culebro, el célebre Jaun Zuría, al que no le hizo falta caerse de niño en un caldero de poción mágica para dar su merecido al invasor. Sin embargo, la corona castellana no cejaría en el empeño de meter sus narices en tierras vascongadas, lo que provocó la participación de los vascos –y las vascas– en las cosas de España, pero, eso sí, a título de mercenarios a sueldo, nunca como españoles de pleno derecho, pues no en vano conservaron su independencia hasta que se la arrebataron en 1839 Espartero y su caballo al vencer su ejército español al ejército vasco de Carlos María Isidro. Pero no quedó la cosa ahí, pues los españoles volvieron a las andadas, o más bien a las andanadas, poco después. Lo poquito de independencia que les quedaba lo barrió Cánovas en 1876 al vencer de nuevo con su ejército español al ejército vasco de Carlos VII. Tras una breve recuperación de la independencia –en fecha y circunstancias desconocidas, todo hay que decirlo–, volvieron los irreductibles vascos a perderla, esta vez en 1937 ante las bayonetas del ejército español, en concreto de las Brigadas Navarras, bajo el mando de Franco. Desde entonces, los heroicos gudaris no se dan respiro en su empeño de recuperar la independencia cromañónica, para lo cual llevan causadas, en viril combate frente a frente, casi mil bajas al ejército invasor.

Junto a la irreductible aldea vasca está la no menos irreductible aldea catalana, conquistada por los españoles el 11 de septiembre de 1714, aquella sangrienta fecha que, cual la caída de Troya o el hundimiento de la Atlántida, ha pasado a los anales sobre todo por la inflamada proclama con la que el caudillo independentista y experto en fugas Rafael Casanova arengó a los barceloneses, envuelto en la bandera estelada, para que acudieran a los baluartes a defender con su vida “la honra y la libertad de los Països Catalans frente a la invasión española. ¡Visca Catalunya lliure! ¡Visca la República! ¡Mori España!”. O algo así. Los sedicentes sucesores de Casanova, el muertito resucitado, mantienen encendida la antorcha de la resistencia exponiendo sus vidas en audaces operaciones en la retaguardia del ejército invasor, sobre todo derribando toros de Osborne. Herederos también del gusto por las proclamas, explican con viriles palabras el objetivo perseguido con sus acciones taurófobas: “Cada vez que un símbolo español sea alzado, será abatido sin contemplaciones por los patriotas catalanes como muestra de nuestra voluntad irreductible de defender a ultranza nuestros derechos nacionales”. La última acción de estos irreductibles ha tenido como objetivo el toro que se alza en el Bruc, lo cual es especialmente comprensible dado el carácter simbólico de dicho lugar, en el que los patriotas catalanes vencieron en 1808 al invasor español. O algo así.

Otro interesante asunto invasivo tuvo lugar por tierras de Nafarroa cuando al facha de Fernando el Católico se le ocurrió echar de Pamplona a la dinastía francesa de los Foix-Albret. Los navarros defendiéronse bravamente al grito de ¡Gora Euskadi askatuta!, pero se vieron finalmente superados por los invasores castellanos, entre los que se destacaron los guipuzcoanos, que imploraron a la reina de España la incorporación a su escudo provincial de los cañones capturados en la batalla de Velate (¡Ké falta de konzienzia nazional baska, karamba!), lo que sucedió durante medio milenio hasta que fueron eliminados por los peneuvistas en 1979 para así legar a las generaciones venideras una historia baska como Sabino manda.

Otros que están brillando últimamente en esta entretenida competición de rastacueros unidos jamás serán vencidos son los célticosuevos, voluntariosos reivindicadores de esencias galaicas milenarias inventadas anteayer. Hasta ahora, para sus argumentaciones antiespañolas lo mismo les han servido los castros de la Edad del Hierro que el Regnum Sueborum de Andeca y Sisegutia o la conquista de los inevitables Reyes Católicos. En el primer caso, el invasor se apareció bajo la forma de romano imperialista, primer avatar del centralismo español. En el segundo, fue el fascista de Leovigildo el que arrebató la independencia a los gallegos a pesar de la resistencia de Malarico, el candidato del BNG. En el caso de Isabel y Fernando todo argumento sobra, pues su sola mención ya evidencia que la razón estaba del otro lado. Pero parece que Astérix se les está quedando corto, por lo que ahora van de espartaquistas, pero no de los de Rosa Luxemburg, sino de los de Kirk Douglas: ahí está, para demostrarlo, el estupefaciente video electoral (véanlo al pie del artículo) imitando la famosa escena de la película de Kubrick en la que todos los esclavos se identifican como Espartaco para evitar su captura por los romanos. ¡Eu son Anxo Quintana, carallo!

Pero no acaba aquí la competición por ver quién es más Astérix que nadie. Ahí está Al-Andalus, esa vieja nación musulmana nacida del plebiscito celebrado a orillas del Guadalete y posteriormente sometida a sangre y fuego por los cristianos norteños. Desde entonces gimen los andaluces bajo la opresión española. Según informaciones contrastadas, el califa Chaves, inspirado por los altos principios de la Ley de Memoria Histórica, está estudiando reclamar al gobierno de Ibarretxe el resarcimiento de tantos siglos de opresión provocados por Diego López de Haro y Lope Díaz de Haro, entre otros Señores de Vizcaya, por su principal participación en la conquista de Al-Andalus desde las Navas de Tolosa en adelante.

Luego están los canarios, invadidos por los godos peninsulares, naturalmente, aunque llame la atención que ninguno de los defensores de la canariedad de la Nación Canaria, tambien definida en sus textos doctrinales como Nación Archipielágica y Atlántica, tenga precisamente pinta de guanche.

Si bien no suele recordarse, también se padece la asterixitis por tierras levantinas, pues no deja de haber quienes explican que el Reino de Valencia, hasta entonces independiente, fue vencido y conquistado por España en la batalla de Almansa en 1707.

Regresando al norte, los asturianos, antaño orgullosos de que “Asturias es España, y lo demás, tierra conquistada”, ahora están descubriendo, gracias a la impagable labor de las elites intelectuales izquierdistas, que son un pueblo celta conquistado por los castellanos que les impusieron su lengua e intentaron extirpar la suya autóctona, de origen igualmente celta, antes llamada bable (para ser exactos, bables, en plural, pues son más de uno) y ahora llamada asturianu, que es más académico.

Muy parecido es el caso de sus vecinos cántabros, recién llegados al conocimiento de haber sido igualmente conquistados. A esta concienciación ha ayudado no poco la astracanada de las Guerras Cántabras que se celebra desde hace unos pocos años en el Valle de Buelna, en la que ha participado alguna vez Miguel Ángel Revilla disfrazado de Asuranceturix y que ha sido declarada recientemente Fiesta de Interés Turístico. No ha sido pequeña la polvareda levantada con ocasión de la propuesta de erigir una estatua de Marco Vipsanio Agripa, pues los conquistaditos locales –sabedores de que sus genes provienen directa y exclusivamente de Laro y Corocotta, como lo demuestra, entre otras cosas, la lengua que hablan, sin duda céltica– lo han considerado un agravio de calibre similar al representado por la estatua santanderina de Franco y la santoñesa de Carrero Blanco, otros dos invasores intercambiables por César Augusto y el mencionado Agripa. Por si algún lector malicioso cree que el suscribiente exagera, vaya por delante la noticia de que en los mercadillos locales pueden encontrarse unas simpáticas camisetas ilustradas con la imagen de un mozalbete uniformado de revolucionario de fin de semana (pasamontañas, pañuelo palestino y tirachinas) enmarcado por el lema “¡Kantabria libre! Invadidos seguro; sometidos jamás”.

En fin, lo único que parece sacarse en limpio de toda esta colorida historia de invasores e invadidos es que no habrá más remedio que admitir que los odiados castellanos, esos españoles irremediables, culpables de todo mal y blanco de todas las recriminaciones, lejos de ser los seres despreciables que presentan todas las mitologías separatistas, han demostrado ser unos fabulosos superhombres, capaces de vencer una vez tras otra, aun siendo minoría en el conjunto de la población nacional (perdón, estatal), a todo el que se les ha puesto por delante.

Lo que quizá debiera provocar alguna reflexión a tanto aprendiz de Asterix que anda por ahí suelto.

Financiación política
A propósito de la trama
Clemente Polo Libertad Digital 28 Febrero 2009

La crisis financiera y la recesión siguen su avance imparable y mientras aumenta la morosidad, la producción industrial se desploma, se destruye empleo, crece el paro y se agrieta el ficticio consenso social apuntalado en los años de bonanza con abundantes aportaciones de dinero público, irrumpe en la escena como un huracán desbocado la presunta trama de corrupción en el PP y cobra máximo protagonismo en algunos medios de comunicación. El Sr. Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, ha puesto en marcha su imparable maquinaria instructora y algunos medios dedican día tras día sus portadas, informativos y tertulias a relatarnos los pormenores del sumario: detenciones, declaraciones, imputaciones y encarcelamientos que han salpicado, primero, a personas en la órbita del PP y a algunos cargos municipales del partido, y, en segunda ronda, a algunos altos dirigentes y aforados del partido.

Quienes se han ocupado de airear el caso estaban alcanzando su objetivo principal que no era otro que llegar al 1 de marzo, día en que se celebran elecciones en dos importantes Comunidades Autónomas, El País Vasco y Galicia, con el PP a la defensiva y sus candidatos perseguidos por la estela de una trama de presunta corrupción que podría acabar desanimando a sus potenciales electores. El guión registró, sin embargo, un repentino vuelco al desvelarse que el Sr. Fernández Bermejo, ministro de Justicia, había departido con el Sr. Garzón algo más que una jornada, mientras éste instruía el caso y mandaba a prisión a algunos imputados. La permanencia del ministro en el Gobierno se había convertido de repente en un peso muerto para los candidatos socialistas y quien había sido jaleado al grito de "¡torero!, ¡torero!" pocos días antes el Congreso, dimitía el 23 de febrero a instancias de Presidencia.

Nadie sabe cómo acabará la instrucción en curso en el terreno estrictamente judicial y resultaría una irresponsabilidad prejuzgar unos hechos todavía bastante confusos en muchos extremos. De todos modos, las informaciones aparecidas en los medios de comunicación apuntan a la existencia de empresas cuyos directivos han mantenido relaciones estables con destacadas figuras dentro de la organización del PP, organizado actos de protocolo y electorales para el partido y obtenido concesiones y licencias administrativas a cambio de pagos a algunos cargos electos del PP. Estamos ante imputaciones bastante graves y de poco sirve ahora denunciar la intencionalidad política del instructor o recordar los graves casos de corrupción protagonizados por el PSOE (Filesa, Roldán, fondos reservados, etc.) en el pasado. El PP haría bien, pasada las inminentes citas electorales, en poner fin a su angustiosa agonía y renovar a fondo sus cuadros y estrategias para afrontar con garantías las próximas elecciones generales.

¿Por qué me escandaliza y hasta repugna la instrucción que ha hecho el juez Garzón de esta nueva trama de corrupción política? En primer lugar, por su carácter indecentemente público. Ante las repetidas denuncias por malos tratos contra miembros del cuerpo de los Mossos d’Esquadra –la carísima policía autonómica desplegada en Cataluña para satisfacer a los partidos nacionalistas–, el Gobierno del Sr. Montilla se ha visto obligado a instalar cámaras, no para vigilar a los presuntos delincuentes en los calabozos, sino para contener las largas manos de los policías autonómicos. No sería una mala idea instalar también algunas cámaras en el juzgado del Sr. Garzón, no con la finalidad de contener los impulsos justicieros del juez, sino para facilitar las continuas filtraciones que se producen en su juzgado, de modo que los ciudadanos podamos asistir en directo a los interrogatorios sentados cómodamente en el sofá, sin necesidad de tener que esperar a que la TV y otros medios nos los sirvan en diferido, condimentados y con gran coste para sus arcas, en el desayuno y la sobremesa.

¿Cómo es posible que no se levante un clamor imparable en todos los estamentos del sistema judicial contra unas filtraciones que ponen en entredicho la privacidad exigible a cualquier actuación de los tribunales de justicia? ¿Hay sobornos de por medio? ¿Quién cobra y quién paga? ¿Cómo es posible que el Consejo del Poder Judicial asista sin inmutarse a esta instrucción tan poco instructiva y se atreva a pedir respeto para el juez en lugar de incoarle un expediente disciplinario? ¿No se están acaso conculcando derechos fundamentales al honor y a la intimidad, reconocidos en nuestra Constitución? Mucho más graves me parecen todas las filtraciones interesadas que se han producido en el juzgado del juez que la ya de por sí grave coincidencia con el Sr. Fernández Bermejo en la famosa montería.

Ahorraré a los lectores los detalles de un caso que me ocurrió hace ya bastantes años. Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid me requirió a instancias de la parte contraria para formularme algunas preguntas. Viajé desde Barcelona y contesté de pie, en medio de una sala atestada de empleados y legajos, las preguntas que el juez, sin duda muy ocupado, me leyó a velocidad supersónica. Por encima de las penosas condiciones materiales en que se desarrolló el acto, lo que me impresionó profundamente fue comprobar que las preguntas que me formuló el juez eran, palabra por palabra, las mismas que me había leído mi procurador en un bar cercano a la sede del tribunal unos minutos antes de la "vista". El procurador no me quiso decir cómo había obtenido la fotocopia de marras, mas no hace falta ser un lince para adivinar dónde se la había procurado. Abandoné la corte pensando que, si funcionaba así el sistema judicial español, el Sr. Pacheco se había quedado corto cuando dijo que "la justicia es un cachondeo" en España.

En segundo lugar, como ciudadano de a pie y contribuyente a la hacienda pública, me preocupa el fondo de la cuestión: la financiación de los partidos políticos. Cada año el Tribunal de Cuentas denuncia a toro muy pasado las múltiples irregularidades contables perpetradas por todos los partidos políticos varios años antes y sus advertencias y recomendaciones se quedan en agua de borrajas. Los partidos continúan imperturbables destinando cantidades ingentes a sedes, personal, actos públicos, campañas electorales, etc., cuantías, en todo caso, muy superiores a la suma de los ingresos que perciben del Estado y las simbólicas cuotas de sus afiliados. ¿Cómo financian los déficits en que incurren un año sí y otro también? Contrayendo deudas con las entidades financieras, algunas de las cuales, como las cajas de ahorros, están sospechosamente controladas por los propios partidos políticos. Ahora bien, si sus deudas no crecen más y acaban ahogados en ellas es porque una parte sustancial de sus actividades las financian indirectamente con recursos desviados del erario público y otras con aportaciones privadas de carácter extraordinario y, en bastantes ocasiones, opacas al fisco.

En la primera categoría entrarían actuaciones a las que los ciudadanos nos hemos acostumbrado y toleramos sin rechistar a pesar de que podrían perfectamente calificarse como malversación de caudales públicos. He aquí algunos ejemplos: la dedicación a tiempo completo al partido de personas que perciben salarios en metálico y en especie de las Administraciones Públicas; la contratación de personal del partido como asesores y cargos de confianza en las administraciones para aliviar el gasto de personal del partido; la utilización por cargos electos de recursos públicos –coches oficiales, dietas, tarjetas, escoltas, etc.– para cubrir gastos originados por participar en actividades de partido; el empleo reiterado de la publicidad institucional y los medios públicos de comunicación para favorecer la imagen de los partidos en el Gobierno y reducir sus propios gastos publicitarios; la financiación de estudios (irrelevantes o no) y la concesión de licencias administrativas y subvenciones a empresas (medios de comunicación incluidos) con el propósito de influir en la opinión pública o proporcionar bienes y servicios al partido a precios inferiores a los de mercado; la financiación de organizaciones no gubernamentales y fundaciones con el objetivo de promover actividades que refuercen la imagen del partido en la sociedad y proporcionen un salario a algunos cadáveres políticos, etc., etc.

A los recursos anteriores habría que sumar las aportaciones privadas. Entran en este apartado, las contribuciones realizadas en unos casos voluntariamente por afiliados y simpatizantes y, en otros, inducidas por los favores recibidos (o por recibir) de los gobernantes. Y también las donaciones opacas: los sobres que pasan directamente de la cartera del empresario afín a la del político como colofón de una cordial comida; o los gastos de actividades del partido y las campañas electorales que se facturan como gastos de empresas interesadas en financiarlo. ¿Hasta qué punto se puede generalizar en una materia tan delicada? Contra lo que nos dirán los abnegados políticos, escandalizados al leer estas palabras, muchos ciudadanos, entre los que me cuento, tenemos la convicción, sustentada en abundante indicios empíricos, de que se trata de una práctica generalizada en todos los partidos.

Se ha ido consolidando en España desde la aprobación de la Constitución en 1978 una relación parasitaria y muy lucrativa entre los partidos políticos, por un lado, y la sociedad civil, por otro, que se retroalimenta continuamente: los partidos distribuyen los contratos y las subvenciones y los individuos y las empresas en agradecimiento financian a los partidos. En un debate en el Parlament de Catalunya durante la tramitación el proyecto de Estatut los ciudadanos pudimos comprobar atónitos como el Sr. Maragall, a la sazón president de la Generalitat, acusaba al principal partido de la oposición de haber cobrado rutinariamente comisiones del 3% por las concesiones de obras. El Sr. Maragall, todo un caballero, acabó comiéndose sus propias palabras para, según él, no poner en peligro los más altos intereses en juego: sacar adelante el proyecto de Estatut. Pero ahí quedaron para oprobio de la clase política catalana que acabó dando su sí al proyecto tras haber escuchado la acusación de Maragall, la subsiguiente amenaza del Sr. Mas i Gabarró, líder de CiU, de retirar su apoyo al proyecto y, finalmente, el retracto histórico del honorable president.

En resumen, la corrupción política es hoy una trama generalizada en la vida política española presente en todos los niveles de la Administración Pública: estatal, autonómica, provincial, comarcal y municipal. Sus principales beneficiarios son, desde luego, los partidos políticos que han gobernado o gobiernan, pero no nos hagamos ilusiones pues la practican todos los partidos sin exclusión, incluidos aquellos que no han tenido todavía responsabilidades de gobierno y se presentan ante los ciudadanos como partidos nuevos que promueven la transparencia y la regeneración democrática de la vida política. ¿Hemos de perder pues toda esperanza de que un partido político se financie con transparencia y gobierne sin favorecer a familiares, amigos y conocidos, exigir comisiones a las empresas a cambio de proporcionarles subvenciones y contratos, y constituir en torno suyo una trama de recaudadores y cazadores de rentas? Sería una ingenuidad pensar que lograrlo va a resultar sencillo, pero hay que seguir apostando por devolver a la actividad política la altura de miras y el sentido de responsabilidad que nunca debieran haber perdido.
Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona

FEN, Formación del Espíritu Nacionalista
 Periodista Digital 28 Febrero 2009

Fernando el Católico era un monarca catalán; Josu Ternera, una personalidad vasca y ETA, una organización... activista. Ésta es la FEN (Formación del Espíritu Nacional) que se enseña a los escolares del País Vasco de Ibarretxe y la Cataluña de Montilla y Carod. Lo denuncia un profesor, Pedro Antonio Heras, en la primera recopilación sistemática de la propaganda nacionalista.

El nacionalismo es un achique del espacio mental” explica a la revista Época Pedro Antonio Heras, doctor en Historia y catedrático de instituto, que ha emprendido la primera recopilación sistemática de la propaganda nacionalista en los centros escolares del País Vasco y Cataluña. El resultado es el libro La España raptada, Formación del Espíritu Nacionalista (FEN), que publica Áltera.

Heras se indigna:
La propaganda dirigida por el PNV en el País Vasco y CiU en Cataluña, falsea datos hasta extremos de vergüenza ajena, como llamar rey catalán a Fernando el Católico o comparar a Euskal Herria con Persia y Babilonia; elogia a terroristas, denigra a inmigrantes, fomenta entre los escolares la pureza de la raza o alienta la delación, mediante las denuncias lingüísticas.

Fernando el Católico, un "monarca de Cataluña"
Esta obsesión por enseñar a los escolares como si fuera real una Euskal Herria imaginaria se repite en el caso catalán. En los textos de Geografía de la ESO no se menciona el Estado español, pero sí los Países Catalanes, que incluyen Cataluña, Cataluña Norte, la franja de Poniente, País Valenciano y Baleares.

[Mapa de las nacionalidades europeas en la versión catalana del manual.] Cuando se habla de la superficie de Cataluña se dice que tiene 32.000 km2, “una extensión parecida a la de otros países europeos como los Países Bajos o Bélgica” (Conocimiento del Medio, Ciclo Superior).

También se insiste en que Cataluña es una nación sin Estado en Europa y se extraen conclusiones políticas: “Si Cataluña no tiene Estado propio, ¿qué es la Generalitat? ¿Qué pinta su presidente?”, se pregunta a los escolares en un ejercicio práctico (Ciencias Sociales ESO).

Fuerzas de ocupación españolas
El corolario de todo ello es que España es el Estado opresor. En un material de apoyo sobre la Historia de Cataluña, el cómic titulado FOE (Fuerzas de Ocupación Españolas), premiado por el Instituto Catalán de la Juventud, se dice:

Hay una serie de gente que no son de aquí y se creen que esto es su tierra y ya hace demasiado tiempo que esa gente da vueltas por aquí.

Desde 1707 […] no paran de perseguirnos, retenernos, encarcelarnos, torturarnos... como si ellos fueran los amos de nuestra tierra […] Estamos hartos de pagar sus impuestos, de hablar su lengua.

Para hacer tragar el cuento es preciso tergiversar la Historia. En un libro de Geografía se afirma que Fernando el Católico era “un monarca catalán”; o que Cataluña fue incorporada a España, por derecho de conquista, en la Guerra de Sucesión de 1714 (cuando la realidad es que Castilla y Aragón se unieron dos siglos y medio antes con el matrimonio de Isabel y Fernando).

Lo mismo hacen los nacionalistas vascos, con exageraciones ridículas: “La Revolución francesa tuvo consecuencias negativas para Euskal Herría, sobre todo en Iparralde (País Vasco francés)” se afirma en un texto de 3º de la ESO.

Más información en la revista Época. http://www.lanacion.es/

ENLACE RELACIONADO
La crítica al libro de Pedro Antonio Heras escrita por Arcadi Espada en El Mundo
http://www.arcadiespada.es/2009/02/21/21-de-febrero/

El Gobierno vasco convalida 400.000 títulos de euskera

Se equiparan las acreditaciones de EGA, HABE, escuelas de idiomas y perfiles
N. AZURMENDI SAN SEBASTIÁN El Correo 28 Febrero 2009

Un decreto de la viceconsejería de Política Lingüística permitirá convalidar y equiparar más de 400.000 acreditaciones de euskera emitidas en los últimos 30 años por diferentes organismos, desde el Departamento de Educación y Osakidetza a las escuelas oficiales de idiomas o el HABE. La nueva normativa pone fin a una compleja maraña de certificados en vigor en la actualidad y los adapta al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, en el que funcionan los niveles oficiales B1, B2, C1 y C2.

Desde que los centros de idiomas comenzaran en 1975 a expedir los primeros títulos oficiales de euskera, los certificados emitidos por organismos como Euskaltzaindia y otras instancias de la Administración para acreditar un nivel de conocimiento de la lengua vasca se han multiplicado hasta derivar en 34 títulos y certificados distintos. Distintos y escasamente compatibles, ya que al no existir un marco común de homologaciones que unificara todos los sistemas de acreditación existentes, cada organismo reconocía la validez de los títulos que emitía, pero en muchos casos consideraba papel mojado los expedidos por los restantes.

«Incongruencias»
Con el impulso de la viceconsejería de Política Lingüística -cuyo responsable Patxi Baztarrika se comprometió a principios de legislatura a aclarar el complejo panorama-, todos los organismos implicados han acordado un sistema de convalidaciones que toma como referencia los cuatro niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, un estándar desarrollado por el Consejo de Europa que pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua.

Desde julio de 2006, una comisión de convalidación que ha contado con la colaboración de varios expertos ha llevado adelante «un proceso que ha exigido un gran esfuerzo por aunar voluntades», declaró Baztarrika. El trabajo cristalizó en abril del pasado año en una primera fase que convalidaba todos los títulos excepto los de Educación, salvo el EGA. El decreto que aprobó el martes el Consejo de Gobierno ha culminado el proceso, incluyendo en el cuadro de convalidaciones también las titulaciones de Educación. Sólo queda fuera del decreto, que entrará en vigor en los próximos días tras su publicación en el BOPV, el certificado HLEA, que afecta al personal no docente de Educación Especial. Según indicó Baztarrika, «está previsto modificarlo y posteriormente se definirá la convalidación».

Los títulos actuales no desaparecen, pero sí lo harán las «incongruencias y situaciones incluso surrealistas» que se han venido produciendo en los últimos años. Se daba, por ejemplo, el caso de que a una persona con el EGA que se presentara a una oferta de empleo de Osakidetza que exigía un nivel PL-1 (notablemente inferior), no se le reconociera el título y tuviera que realizar el correspondiente examen.

En ese laberinto de títulos incompatibles, se producía también la curiosa circunstancia de que los cuatro niveles certificados por HABE -en cuyos euskaltegis homologados estudian euskera en la actualidad 40.000 personas- carecían de validez oficial en la propia Administración.

Quintana pagó 135.000 euros a dos diarios gallegos para que hablasen bien del BNG
 Periodista Digital 28 Febrero 2009

Los escándalos persiguen al bipartito hasta el mismo cierre de campaña. Quintana pagó 135.000 euros (unos 22 millones de pesetas) de dinero público el verano pasado, casi al final de la legislatura y a unos meses de que se convocasen las elecciones, a dos periódicos gallegos para que hablasen bien de las actividades que realizaba al frente de sus departamentos. El pesebre mediático de la Xunta sigue deparando sorpresas.

Los dos convenios suscritos salieron publicados en el Diario Oficial de Galicia con fecha del 20 de noviembre del 2008, a menos de tres meses del inicio oficial de la campaña electoral. Los beneficiarios de las ayudas son El Correo Gallego y Galicia Hoxe , periódicos de la Editorial Compostela S.?A., que no se someten al control independiente de la OJD. El primero recibió 80.000 euros, mientras que el segundo se llevó un total de 55.000 euros de las arcas públicas, informa La Voz de Galicia.

Así, con fecha del 29 de julio del 2008, Anxo Quintana le entrega 80.000 euros a Editorial Compostela S.A., editora del periódico El Correo Gallego . El motivo es, textualmente, «regular las condiciones técnicas y económicas de colaboración entre las partes, relativas a la mejora de difusión de las actividades de la Vicepresidencia de Igualdad y de Bienestar". El Correo Gallego, fundado en 1878, se distribuye desde junio de 2001 conjuntamente con El Mundo tras la fracasada experiencia de una edición regional del diario de Pedrojota.

Anxo Quintana repite la operación y con la misma fecha, 29 de julio del 2008, le entrega 55.000 euros de dinero público otra vez a la Editorial Compostela y con idéntico motivo de hablar de sus actividades, solo que, en esta ocasión, la inyección económica es para el periódico Galicia Hoxe , que tampoco está sometido a control de la OJD y del que se desconoce su difusión. En total, el vicepresidente da Igualdade e do Benestar, Anxo Quintana, dio cerca de 22 millones de pesetas a dos diarios gallegos, casi al final de la legislatura y a unos meses de las elecciones.

Galicia Hoxe, que fue lanzado en mayo de 2003, es un diario íntegramente en gallego que sustituyó a O Correo Galego, el hermano vernáculo del diario de Santiago El Correo Gallego, editado en castellano. Editorial Compostela, propiedad de Feliciano Barrera, justificó la sustitución de O Correo, nacido en 1994, por una mayor voluntad de independencia frente a su hermano en castellano.

EL EMPRESARIO DEL YATE LE FINANCIÓ UN PERIÓDICO PARA EL BNG
Las fotografías de Anxo Quintana y el constructor Jacinto Rey paseando en un lujoso yate escondían turbios negocios. El empresario, promotor del recién nacido diario nacionalista gallego Xornal ha sido el octavo aspirante que más ha recibido en el reparto eólico en Galicia, con 142 megavatios, a pesar de no tener casi experiencia en el sector energético. Se trataba del mayor negocio público de la historia de gallega, como informó PD, y los amigotes del nuevo diario -con yate- han salido bien parados.

El ala nacionalista del bipartito ha culminado el reparto eólico premiando a las cajas gallegas, a un grupo de empresarios de la conserva, a las cooperativas lácteas y a varias firmas en crisis relacionadas directamente o indirectamente con el negocio del ladrillo. El concurso dejó fuera a alguno de los principales aspirantes, como Iberdrola (primer operador eólico del mundo), Fenosa, Banco Pastor, Amancio Ortega o Manuel Jove.

TOURIÑO TAMBIÉN REGÓ A LA PRENSA CON SUCULENTOS CONVENIOS
Galicia tiene una realidad informativa muy particular. Es una comunidad que tiene 14 cabeceras, como recordaba a PD el periodista de ABC, José Luis Jiménez. Tantos diarios para apenas tres millones de habitantes es una barbaridad. Las ventas y la publicidad no dan dinero suficiente.

El principal sostén que tienen muchas de estas cabeceras son los llamados 'convenios' con la Xunta. Pero esto ya pasaba en tiempos de Fraga, la diferencia es que ahora se publican en Internet y se sabe cuánto dinero se invierte.

Consenso para avanzar
PATXI BAZTARRIKA VICECONSEJERO DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL GOBIERNO VASCO El Correo 28 Febrero 2009

A punta J. M. Ruiz Soroa en su artículo 'Curioso consenso' (19-2-09) en una dirección digna de ser tomada en consideración: el consenso concitado por la ponencia final del proceso de debate Euskara 21, titulada 'Itun berritu baterantz /Hacia un pacto renovado', ha sido alcanzado en el Consejo Asesor del Euskera, compuesto por ciudadanos y ciudadanas bilingües, hecho ante el cual plantea que para que ese consenso sobre las bases de la futura política lingüística en Euskadi sea verdaderamente omnímodo debería incorporar también la opinión de los monolingües castellanohablantes. Comparto lo esencial de tal afirmación. La propia ponencia final señala con absoluta contundencia: «No es posible perpetuar el divorcio entre el mundo del castellano y el del euskera: compete a la totalidad de la ciudadanía (también a quienes se hallen más alejados del euskera) configurar, acordar y llevar a la práctica la política lingüística. Porque no existe una 'cuestión del eus kera', sino la cuestión de la convivencia entre los ciudadanos vascos. Por tanto, que nadie margine a nadie de esa tarea y que nadie se automargine».

Es un hecho insoslayable que ninguna política lingüística podrá ser eficaz obviando las opiniones, inquietudes, vivencias y aportaciones de la ciudadanía monolingüe. En efecto, en este consenso están presentes universos y sensibilidades que son muy distantes, pero el objetivo común es nítido: sentar las bases para una política lingüística favorable a la revitalización del euskera en la que quepamos todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, independientemente de las convicciones, credos y vivencias de cada cual. Una política lingüística, señor Ruiz Soroa, que quiere tener presente sus vivencias y las opiniones que usted sostiene, pero para avanzar en el logro de una sociedad vasca multilingüe, en la que la libertad de opción lingüística de cada ciudadano (también, obviamente, para optar por el castellano) sea celosa y democráticamente salvaguadada y promovida por el conjunto de la sociedad y de sus instituciones. Y recurro nuevamente al documento: «Esa actitud de búsqueda del consenso se apoya en dos elementos: flexibilidad y actitud proactiva. En nada sería adecuado un compromiso que forzara la voluntad de la mayoría de la ciudadanía, y precisamente por ello se precisa flexibilidad; pero, de la misma manera, tampoco sería aceptable una flexibilidad que volviera la espalda a la actitud proactiva. Y si bien todos hemos de amoldar nuestras posiciones en nombre del consenso, los sectores sociopolíticos que hasta el momento no se han acercado a la realidad del euskera deberán moverse un poco más. Sea como fuere, respecto a esa tarea todos deberíamos estar a la altura de las circunstancias».

Y esto significa elevar la mirada por encima de actitudes defensivas, máxime cuando no existe ataque alguno. Quienes hemos consensuado el documento no propugnamos ningún atropello lingüístico contra ninguna de las lenguas que la ciudadanía vasca utiliza y siente como propias. Al contrario, pretendemos que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vean garantizado su derecho de opción lingüística. Como ve, no llegamos en la defensa del euskera tan lejos como la Constitución en la defensa del castellano, cuyo conocimiento impone como deber a toda la ciudadanía. Nos limitamos a señalar que una sociedad saludable desde el punto de vista democrático debe preferir la convivencia entre sus lenguas a la mera coexistencia. Debe comprender que el monolingüismo constituye una limitación indigna de ser reclamada como derecho en plena era de la comunicación y del conocimiento.

Desde ese punto de vista, su artículo contiene, a mi entender, un error de bulto: los ciudadanos monolingües no son el «sujeto paciente» de la política lingüística. Nadie pretende «convertir en bilingües» a los monolingües, como quien, pongamos por caso, alfabetiza a un analfabeto. El sujeto de la política lingüística que propugna el documento consensuado es el conjunto de la ciudadanía vasca. Porque se trata de trasladar al campo de la política lingüística la idea central de la cohesión social como mejor objetivo, y, en consecuencia, arbitrar las más sólidas plataformas de consenso entre absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas vascos.

Nuestra defensa del euskera no se sitúa en una perspectiva de conflicto lingüístico, sino de convivencia. Queremos sumar, y no restar, y queremos contar también con usted y quienes piensan como usted en la suma para una política lingüística moderna y eficaz en la promoción del euskera y en el fortalecimiento de la convivencia entre nuestras diversas lenguas y sus hablantes. Pero, eso sí, desde una óptica de colaboración, una posición constructiva y que considere la realidad sociolingüística como algo dinámico (ese 70% de ciudadanos monolingües al que alude su artículo ha dejado de ser cierto hace ya mucho tiempo entre nuestros menores de 25 años, bilingües en un 65% en el grupo de edad 16-24 años, y en un 75% por debajo de los 16 años).

Es preciso comprender que también la opción individual por el monolingüismo es, en sí misma, toda una política lingüística con consecuencias muy concretas para los conciudadanos bilingües de quien realice esa opción. En presencia de un monolingüe sólo es posible una opción lingüística; en presencia de un bilingüe, son al menos dos las opciones posibles. ¿Qué es, por tanto, más restrictivo en materia de derechos y libertades? ¿Qué es más fructífero desde el punto de vista de la cohesión social?

En materia de política lingüística, ha llegado la hora de que todos, también los monolingües resueltos a seguir siéndolo, nos apliquemos, adaptada, la vieja máxima de Kennedy: 'Preguntémonos qué podemos hacer por la convivencia lingüística en nuestro país, en lugar de preguntar qué puede hacer la normalización lingüística por nosotros'. Esto quiere decir que es la hora de las propuestas positivas, no del encastillamiento en posiciones defensivas.

Imposición envuelta en convivencia.
Nota del Editor  28 Febrero 2009

Por mucho que envuelvan la píldora, siempre aparece la imposición, siempre aparece su infatigable deseo de convertirnos en sujetos inoculados con la lengua regional para alargar un poco más su desaparición.

Que no queremos saber lengua regional alguna, que no nos interesan, que si hay gentes interesadas en ellas, pues allá ellos, pero sin beneficio a mi costa, sin mis impuestos, sin la conculcación de mis derechos humanos y constitucionales.
 

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