AGLI

Recortes de Prensa    Martes 24 Marzo 2009

 

Plan Geithner
Jugando al mercado
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 24 Marzo 2009

El que probablemente sea el mejor economista del s. XX, Ludwig von Mises, criticaba a quienes sostenían que el socialismo era viable si reproducía y copiaba ciertas condiciones de las economías de mercado. Es cierto que en un sistema socialista no existía la propiedad privada sobre los medios de producción, es evidente que no había seguridad jurídica, es indudable que era imposible ejercer de empresario y es innegable que la competencia estaba ausente, pero si podía aparentarse que todo lo anterior funcionaba, tal vez el comunismo pudiera desarrollarse y prosperar.

Mises les reprochaba que la economía no es un juego de tablero. La existencia de precios de mercado, planes empresariales y competencia era indisociable de la propiedad privada de los medios de producción, esto es, de un sistema donde los agentes económicos pudieran implementar sus iniciativas, apropiarse de los beneficios que lograran y padecer las consecuencias de los errores en los que incurrieran. No se puede instruir a un burócrata para que actúe como si se jugara su patrimonio o como si hubiera descubierto una oportunidad de ganancia que pudiera aprovechar. Cuando el Estado lo controla todo, las pérdidas y ganancias las genera ese propio Estado desligadas de las necesidades del resto de individuos. La sociedad no se coordina mediante relaciones voluntarias (compra o no de bienes de consumo, compra o no de acciones y bonos, prestación o no de servicios laborales...) sino mediante mandatos políticos que son los que imponen un esquema artificial de división del trabajo.

Pese a su fiasco intelectual, parece que la Administración Obama está empeñada a proseguir con estos programas ideológicos. El nuevo plan presentado por el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, para rescatar al sistema financiero del país adolece exactamente de los mismos defectos que criticaba Mises a los socialistas.

Quienes desde un comienzo hemos criticado los planes de recapitalización forzosa de los bancos lo hacíamos aduciendo un argumento económico esencial y bastante sencillo de comprender: los errores de inversión tienen que corregirse sí o sí antes de encauzar la recuperación. El mercado tiene un procedimiento bastante común para reparar esos errores: quien se ha equivocado vende con pérdidas sus activos hasta que recupera aliento o termina quebrando. Lo importante, en todo caso, es que quien está utilizando los recursos productivos del mercado no los retenga en usos inapropiados: si no sabe emplearlos, que se los ofrezca a otro empresario para que les dé un mejor uso.

¿Pero por qué los bancos se negaban a vender sus activos con pérdidas? Básicamente porque habrían reconocido que algo por lo que pagaron 100 pasaba a valer 10, lo que les habría abocado a la quiebra. Resultaba más fácil mantener esa "basura" (o activo tóxico) en balance y esperar a que el plan de rescate público lo comprara por 80 ó 90.

Claro que esto equivalía a salvar a los bancos socavando el resto de la economía. Pagar precios inflados por unos activos depreciados no resuelve el problema de las malas inversiones; de hecho lo apuntala y lo recompensa. Si resultaba necesario que quienes han hecho mal uso de esos recursos los enajenaran para que otros asumieran su control, los planes de rescate permiten que los retengan a costa del erario público.

Lo lógico y deseable, por consiguiente, era que los bancos se desprendieran de esos activos a precios de mercado. ¿Pero cuáles son los precios de mercado si no existe el mercado? Con el nuevo programa, Obama ha intentado instaurarlo: se subvencionará y protegerá a los inversores privados para que pujen por esos activos y ofrezcan un precio que, con más ganas que rigor, llamarán de mercado.

Pero aquí el problema sigue siendo el mismo que con el socialismo competitivo o de mercado que denunciaba Mises. No pueden reproducirse de manera artificial las condiciones del capitalismo. El mercado no es un laboratorio de pruebas, sino un espacio de interacción voluntaria entre sus participantes.

Háganse una idea: por cada 5 dólares que aporte un inversor privado, el Tesoro añadirá otros 5 y la Agencia Federal de Seguro de Depósitos garantizará hasta 60 dólares de la deuda que pueda emitir. O dicho de otra manera, por cada cinco dólares que aporte un inversor privado de su propio capital obtendrá financiación pública directa o indirecta por otros 65. ¡Y con esto pretenden ofrecer algo de realismo de mercado a los planes de rescate! La fatal arrogancia de siempre con el nuevo léxico mesiánico.

Juan Ramón Rallo es director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado

El repentismo
IGNACIO CAMACHO ABC 24 Marzo 2009

UN político con un plan tiene el peligro de volverse dogmático, pero un gobernante sin proyecto se convierte en una ocurrencia ambulante, en un equilibrista del poder sacudido por la tentación del aventurerismo y la osadía. Es lo que le ha ocurrido a Zapatero cuando la crisis le ha pulverizado la legislatura; carente de estrategias y propósitos ha caído en el recurso del efectismo, la improvisación y el repente. Se ha vuelto ininteligible hasta para los suyos, desconcertados por los arranques impremeditados, las fintas tácticas y las bruscas maniobras compulsivas con que trata de salir del paso de cualquier manera.

El repentismo se ha apoderado de un presidente sin agenda que vive sobre la marcha a expensas de lo que se le va ocurriendo. El sainete de la retirada de Kosovo -que sí que sí, que no que no, como la Parrala- no es más que el último episodio de esta política de amago y alharaca en la que el mago de Moncloa, con los trucos agotados, golpea desesperadamente la chistera a ver si le sale un conejo. Un día improvisa un plan de rescate para la banca y otro decide poner en la picota a los banqueros; una semana dice en el Parlamento que no va a haber medidas de urgencia y a la siguiente comparece con un improvisado plan de empleo; a las autonomías les va repartiendo dineros según los encuentra en la caja, a los parados les va buscando limosnas sobre la marcha a cuenta del déficit, a las familias les regala bombillas para que alumbren la oscuridad de su desesperación y en medio del desbarajuste ha sacado el aborto para crear en la opinión pública la tensión que necesita para sentirse motivado. Los ministros azacanean confusos sin saber cuáles son las prioridades, ofuscados por órdenes contradictorias. El programa electoral es papel mojado, y ni siquiera existe un socio preferente con el que pactar algo parecido a un plan de gobernanza. Su equipo resopla, exánime y sin pulso, sin coordinación ni coherencia, sin objetivos ni ideas, a la espera de la próxima consigna que brote del laboratorio de emergencias en que se ha convertido la dirección del Estado.

La legislatura es un albur de incertidumbres para el que nadie, ni siquiera Zapatero, tiene brújula. Ya no existe ni el corto plazo; mañana está muy lejos y de ayer hace una eternidad. La política española vive en un presentismo feroz, dominado por impulsos efectistas y volantazos de urgencia para ganar tiempo. No hay más proyecto que el de la supervivencia inmediata, el de ir tirando a ver qué pasa. El presidente urde sobre la marcha inventos con los que crear la apariencia de una acción de gobierno. Chester Himes diría que parece un ciego con una pistola, apuntando en cualquier dirección entre la alarma de los viandantes. Pero en esta política de simulación, vacía de ideas y hueca de proyectos, hasta la pistola es de fogueo.

Zapaterismo de segunda mano
VALENTÍ PUIG ABC 24 Marzo 2009

¿SERÁ un exceso sectario o demagógico sostener desde una posición liberal-conservadora que el zapaterismo ya es un producto de segunda mano? Quien esto firma no cree que todo valga cuando se critica a un Gobierno que opera con políticas e ideologías de las que uno discrepa. Es más: el todo vale resta credibilidad a la crítica, como le restan alcance el griterío y la descalificación personal. Pero ocurre que Zapatero ha estado acumulando errores hasta la saturación. Los diagnósticos sobre la oquedad de su acción de gobierno y el fantaseo de sus proyecciones de futuro han transitado de lo ilusorio -al fin y al cabo, un elemento de la política- a un deterioro perjudicial.

En el instante álgido para una sociedad que va percatándose de las magnitudes de una recesión económica, ciudadanos que asumieron el zapaterismo de buena fe se preguntan si Zapatero es el gobernante más indicado para lo que acontece y eso lleva a preguntarse también si alguna vez lo fue en algún aspecto de la realidad poliédrica y cambiante que es la vida pública. De estas preguntas deriva la distinción entre un zapaterismo prologal y un zapaterismo de segunda mano. El Rubicón lo traza un año de desventura económica cuyo advenimiento Zapatero negó más de tres veces para poder ganar su segundo mandato.

El episodio de Kosovo sería de relevancia secundaria si no dañase las formas que un Gobierno debe mantener con la ciudadanía y respecto a sus aliados. Dada la posición del PP ante el secesionismo y para no darle una baza, el gobierno del PSOE practicó el equilibrismo: enviar tropas para estabilizar la zona pero sin reconocer la independencia de Kosovo. Luego, la ministra de Defensa anuncia «in situ» la retirada de esas tropas, al margen de los mecanismos decisorios y consensuales de la OTAN, y sin personarse antes en el Congreso de los Diputados. ¿Es el «nos vamos a casa» de Carmen Chacón una forma de distraer la atención? Si es así, hay que preguntarse si la necesidad de humo circunstancial reside en La Moncloa o en Defensa.

Cabe que la retirada de Kosovo sea un «reculer pour mieux sauter» antes de enviar más tropas a Afganistán. También cabe la posibilidad de considerarlo todo un atasco de tráfico en la sucesión de Zapatero. Quizás sea asunto propio de la sucesión de Moratinos y de la remodelación de gobierno. Tal vez fuese consecuencia de aspiraciones a alguna vicepresidencia. No se descarta que, simplemente, el Gobierno haya perpetrado una chapuza tremenda. Si hubiese en todo ello algún componente de interés nacional, indudablemente ha quedado bajo cascotes.

Otro frente abierto es la financiación autonómica. Mucho tiene que ver con la falta de sustento parlamentario que padece el Gobierno de Zapatero. Ante el conjunto de España, no le favorece ser desvalijado descaradamente por ERC pero es que nadie jaleó tanto al tripartito catalán como Zapatero, ni nadie prometió tanta aquiescencia a un segundo estatuto de autonomía. En aquella fase jubilosa, Zapatero daba a entender que tenía la solución definitiva para los problemas del modelo territorial de Estado. Solo faltaba dar un paso, había que darlo y todo quedaba solventado. Lo mismo ocurrió con la aproximación a ETA hasta el atentado de Barajas. Aquella fórmula benefactora que iba a vertebrar España con un nuevo talante ahora afecta negativamente a la unidad de mercado tan necesaria para generar políticas de Estado ante la recesión.

Una vez más, la política lo que aparece como mirífica sobre el papel luego en la realidad estorba y enajena. Esa es la cuestión del zapaterismo.
vpuig@abc.

Kosovo
El bochorno
GEES Libertad Digital 24 Marzo 2009

La retirada de las tropas españoles en Kosovo se podía haber realizado sin algaradas ni problemas serios con nuestros aliados en su momento. Esto es, hace un año cuando el Gobierno español anunció que no reconocía la soberanía nacional de un Kosovo independiente. Pero no lo hizo. Posiblemente por miedo a las consecuencias. Bush no estaba para una segunda espantá.

Un año más tarde y cuando nadie se lo esperaba, ni siquiera buena parte del Ejecutivo español –si es verdad lo que recoge toda la prensa nacional–, Rodríguez Zapatero y su ministra de Defensa se lanzan a airear a bombo y platillo que para nuestras tropas es hora de volver a casa. ¿Pensarían que Obama, la antítesis de George W. Bush, les iba a aplaudir? Lo cierto es que al bochorno de estar un año en un Kosovo inexistente para el Gobierno socialista, se viene a sumar ahora el bochorno de la pésima gestión de su abandono. El pulso está ahora entre Bernardino León, improvisado fontanero en Washington, y Carmen Chacón, una estrella que por no querer perder su trayectoria, se enroca en lo imposible. Y mientras, su jefe, quien la defendió al comienzo, se hunde en su clamoroso silencio. ¿Sola ante el peligro?

Pero hay un tercer bochorno nacional. La oposición a estas horas debería estar pidiendo, si no ya enarbolando, la cabeza de la ministra de Defensa. Tal es el lío en que nos ha metido que sólo cabe exigir su dimisión inmediata. Desgraciadamente, al PP tampoco parece interesarle en demasía la política exterior y de Defensa, pues sus portavoces salieron en tromba para comprender la decisión de Chacón en periódicos de tirada nacional. Por el contrario, los responsables máximos del partido, una vez pasados los primeros momentos y saberse de las críticas internacionales, empezaron a adoptar un tono más crítico. Hoy Rajoy ya hablaba del incalculable daño que esta decisión ha causado.

El PP parece haber perdido su instinto de oposición cuando dice comprender las razones del Gobierno. Porque ese no es el tema del día. Esta decisión sobre Kosovo se enmarca en una tendencia y en una actitud de nuestros gobernantes socialistas, pacifistas, antiatlantistas y antiamericanos. Y eso es lo verdaderamente grave. Si Kosovo hubiera sido un hecho aislado, sería grave, pero no tanto. Lo peor es que es un exponente más de este buenismo internacional, desinterés estratégico y abandono de nuestros compromisos a los que nos tiene ya desgraciadamente acostumbrado Rodrigue Zapatero y sus ministros, sean quienes sean. Y eso es lo que debería exponer cruda y brutalmente cualquier oposición que se precie de serlo.

Haberse quedado en Kosovo este año ha estado mal. No tiene discusión. Pero querer comprender ahora las razones de la retirada por esa incoherencia original, no deja de ser un mal chiste. Si España asume unos compromisos, debe estar a la altura de lo que sus responsabilidades le exigen. Este Gobierno no lo ha estado. Al menos la oposición sí debería hacerlo.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Me refiero a que la señora Chacón va a terminar por hacer bueno a Bono, que ya es decir
Peligrosa Chacón
César VIDAL La Razón 24 Marzo 2009

Conocí hace años a la actual ministra Chacón. Tenía ya entonces ese mismo aire de solemnidad vacua tan característico. Ya saben, esa manera de mirar, de articular las frases, de mover las manitas como si dijera algo trascendente para luego soltar una simpleza del tamaño de un obelisco. Pensé yo entonces que la señorita Chacón - aún no había unido sus destinos a un magnate de los medios de comunicación- era taimada y astuta y tan sólo se fingía tonta para contar con superioridad sobre nosotros. No tardé en descubrir que era tan sólo una versión catalanista y femenina de ZP.

Por aquel entonces, no pocos de sus compañeros de partido rumoreaban que había trepado por las procelosas escalas del poder agarrada a las barbas de un poderoso personaje. A mi aquello, habituado como estoy a las murmuraciones en el seno de los partidos, en general, y del PSOE, en particular, me resbaló. Otras no más agudas que ella estaban ascendiendo por obra y gracia de la cuota y no veía yo por qué ella tendría que haber puesto más para progresar en la subida.

Y es que bobadas progres ha hecho todas las que ha querido. Defendió como una erinia el estatuto de Cataluña, se vistió con la camiseta del «Todos somos Rubianes» después de que el difunto cómico se ciscara en España e incluso no dudó en definirse como nacionalista catalana y pacifista, circunstancias estas últimas que debieron decidir a ZP para nombrarla titular de la cartera de Defensa. Al frente de ese Ministerio, la señora Chacón ha dado muestras repetidas de ser un verdadero peligro público. No lo digo por el sobresalto que causó que se disfrazara de oso panda para determinada celebración o porque acostumbre a llevar una guerrera militar modelo «el muerto era mayor». No. ZP y sus chicas nos han vacunado prácticamente de cualquier ofensa contra el buen gusto.

Me refiero a que la señora Chacón va a terminar por hacer bueno a Bono, que ya es decir. No sólo es que nuestras tropas siguen desatendidas en situaciones de acentuado peligro, no sólo es que ha liquidado a la segunda bandera de la legión que defendía Melilla precisamente cuando en ese lugar de la frontera menudean los incidentes armados, no sólo es que no se puede hacer peor en un asunto como la retirada de Kosovo.

Es que además la señora Chacón está blindada. Ligada -conyugalmente que quede claro- a uno de los jerifaltes de un conocido grupo mediático, cualquiera que se atreva a cuestionar su genialidad o sus posibilidades de suceder a ZP (¡Dios nos libre!) se convierte automáticamente en reo de ser troceado por cualquiera de los bufones de la secta o de verse arrastrado por lo púbico. Estoy seguro de que ante ese peligro más de uno y más de dos se lo han pensado antes de no cantar a gritos las loas de la Chacón.

A mí, personalmente, me importa un bledo. Es una ministra pésima y huera, sin la menor competencia para el cometido que se le ha encomendado y por el que le pagamos el sueldo los ciudadanos. Con todo, es posible que algo de dignidad, de decoro, de decencia se esconda en algún pliegue de su marcial cuerpo. Si es así -no les quepa duda- dimitirá. Mientras no lo haga, estamos en peligro.

La lengua viva
Nombres propios e impropios
Amando de Miguel Libertad Digital 24 Marzo 2009

Pilar (catalana) se queja de que en Cataluña se impone la inmediata equivalencia de muchos nombres propios que pasan del castellano al catalán. Así, "si te llamas Juan te llaman Joan, aunque a ti no te guste, y así con un sinfín de nombres propios. Y luego va y cuando les toca a ellos [los catalanoparlantes] que los demás digan su nombre en castellano, se molestan. Recordemos al señor José Luis Carod-Rovira, perdón, Josep Lluis". Estoy de acuerdo con doña Pilar. En las zonas donde se hablan dos idiomas, ¿no sería mejor que cada uno se hiciera llamar por su nombre, el del bautismo o equivalente?

Germán Pedraz Calvo da cuenta de la calle salmantina Adela Lastra. No existió la tal Adela. La calle se denominó originariamente Arroyo de la Lastra. Alguna vez pusieron el rótulo "A. de la Lastra" con lo que pasó a ser "Adela Lastra". Recientemente el Ayuntamiento salmantino ha corregido el error y ha vuelto al nombre original. Añado que, en el español clásico, el "arroyo" era como decir la rambla o la riera, la denominación de una calle por donde discurre naturalmente el agua de lluvia o de otros orígenes menos nobles.

J.J. Carvallal me ayuda a completar la lista de personajes anónimos del habla popular. Selecciono algunos dignos de ser incluidos en la nómina: Ambrosio (el de la carabina; el que se disfrazó de bandolero en su pueblo), Antón perulero, Jorge (el de la tripa que se estira y se encoje; primo de Bartolo), Mateo (el de la guitarra), Pero Grullo (el de las verdades). Hay un libro muy bonito, que es una geografía de lugares fantásticos (por ejemplo, Cámelot o Barataria). No estaría mal que alguien hiciera una biografía de personajes populares fantásticos.

Pilar Pestaña de Martínez (Ciudad Guayana, Venezuela) me dice que en su país circulan también algunos de esos nombres ficticios. Se añaden "la Petra" y "Juan Bimba", prototipos de los venezolanos de la calle.

José Til Padilla (Zuera, Zaragoza) expresa una duda: ¿los nombres extranjeros se deben pronunciar como se escriben o aproximadamente como se dicen en el idioma original? Don José pone el ejemplo de Charles De Gaulle. ¿Se debe decir en castellano aproximadamente Charls De Gol? Yo así lo creo, salvo que sean personajes poco conocidos de idiomas exóticos, en cuyo caso lo mejor es pronunciarlos en español. A veces, la pronunciación original es un tanto caprichosa, al menos según las reglas elementales que se conocen del otro idioma. Por ejemplo, el presidente Roosevelt en español solemos decir "Rusvel" creyendo que así lo dicen en los Estados Unidos. Pero realmente lo pronuncian algo así como "Rousvelt". El novelista Tom Wolf se suele pronunciar así por los españoles, pero los norteamericanos dicen "Tom Bulf". La famosa Marylin Monroe pasa a ser "Marylín Mónroe" o "Monro" para los españoles, pero sus compatriotas pronuncian "Márylin Monró". Bueno el presidente Bush II decía "Ásnar" o "Ánsar" para llamar al presidente Aznar.

Eduardo Fungairiño razona que "si las Cortes obligan a decir [en castellano] Lleida en lugar de Lérida [a sus habitantes] ¿tendremos que llamarles ahora lleidatanos?". En efecto he ahí un curioso vacío legal. Se admiten sugerencias. De momento, tenemos la doctrina del Panhispánico: "el gentilicio, para todo tipo de textos incluidos los oficiales, es leridano". No deja de ser una incongruencia que los habitantes de Lleida sean leridanos.

Dionisio Pérez-Villar (San Sebastián, Guipúzcoa) me dice que en su ciudad (que también fue la mía; somos compañeros de colegio) se dice tanto San Sebastián como Donostia, aunque los textos en vascuence nunca ponen San Sebastián. Don Dionisio sostiene que Donostia tiene un origen gascón, que era la cultura predominante en la Bella Easo hasta el siglo XVII. Añado que quizá Donostia sea el estricto equivalente de San Sebastián en vascuence, pues en ese idioma el santo se dice "don" (de dóminus).
Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com


****************** Sección "bilingüe" ***********************

TRIBUNA / DERECHO
La sentencia
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 24 Marzo 2009

La llevamos esperando casi cuatro años ya y, según dicen los arúspices, está a punto de hacerse pública, si es que no vuelve a cundir el miedo escénico entre los Magistrados del Tribunal Constitucional y acaban devolviendo el toro al corral. Naturalmente, cuando hablo de «la sentencia», no puede ser otra que la que se refiere al Estatut de Cataluña.

Ahora bien, si ha llegado a convertirse en «la sentencia» por antonomasia, no es por la importancia del Estatut en sí mismo, sino porque de ella dependerá que España, sin haber tenido un proceso de reforma como está regulado, habrá modificado su régimen constitucional y nos encontraremos con otro distinto. Dicho en otras palabras: es posible que el órgano que tiene como misión defender y garantizar el cumplimiento de la Constitución, aprobada por el pueblo español en referéndum, se sirva de su poder de interpretación que le confiere la propia Norma, para, mediante una interpretación sui géneris, cambiarla en su esencia y en su espíritu. Ello ocurriría si en la sentencia no quedan muy claros una serie de puntos que mencionaré al final, después de hacer unas consideraciones de orden general.

Nadie duda de que las implicaciones entre razones políticas y razones constitucionales, que siempre gravitan en cualquier sentencia del Tribunal Constitucional, en el caso de la próxima del Estatut se ven incrementadas. Hasta el punto de que se ha tenido que reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para «legalizar» una conducta que aunque ahora sea «legal», es inconstitucional.Me refiero a la modificación encubierta del artículo 163 de la Constitución, a través del nuevo apartado 4 del artículo 16 de la LOTC, en donde se dice ahora que si el mandato de tres años para el que fueron designados el Presidente y el Vicepresidente «no coincidieran con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos Magistrados». Es decir, que si como sucede en el caso actual, ni el Gobierno ni la opisición tienen interés en nombrar a los nuevos Magistrados, incluso con una vacante por fallecimiento, por razones estrictamente políticas, la actual Presidenta, con su voto de calidad, podría estar un tiempo indeterminado más, cuando ya lleva cinco años contradiciendo el mandato del artículo 163, que dice que el Presidente lo es por un periodo de tres años, o, en su caso, mediante nueva elección, por otro madato de tres. Pero aquí no ha habido reelección, sino que contradiciendo el sentido más genuino de la existencia de la jurisdicción constitucional, que nace para que el poder legislativo no pueda ir contra la Constitución, obra del poder constituyente, una ley ha modificado la Constitución. Y precisamente es la ley que regula al guardian de la Constitución.

Por supuesto, la inconstitucionalidad de las leyes sólo compete decidirla al Tribunal Constitucional, pero no hace falta esperar a su decisión, cuando se trata de algo tan simple como que «dos y dos son cuatro». Si la Constitución establece que el Presidente tiene un mandato de tres años y no se señala, ni siquiera en la LOTC, como ocurre en el caso de los otros Magistrados, que siguen en funciones hasta que tomen posesión los nuevos, la actual Presidenta tendría que haber convocado al Pleno para la elección del nuevo Presidente o, en todo caso, para que se le concediese una prórroga prudencial, como ocurrió en otros precedentes.Pero lo que es absolutamente intolerable, es que el Poder Ejecutivo, a través de su mayoría, haya decidido cambiar la Constitución, mediante la reforma de la LOTC, para que pueda seguir la Presidenta hasta que se decida renovar el Tribunal, circunstancia que no ocurrirá hasta que no se resuelva la sentencia del Estatut. Durante los debates del proceso constituyente, el senador y catedrático Carlos Ollero señaló tres condiciones para la credibilidad del futuro Tribunal Constitucional. Primero, su independencia, señalando que el Tribunal no podía verse presionado, directa o indirectamente, por otros poderes del Estado. Segundo, su funcionalidad, intentando que el Tribunal no pueda perder competencias que, dada su naturaleza, a él, y solo a él, le deben corresponder. Y, tercero, su judicialidad, impidiendo que las decisiones del Tribunal puedan interpretarse como decisiones políticas, en lugar de como decisiones judiciales.

Pues bien, este diagnóstico de Ollero, tan clarivedente, se ha cumplido negativamente en la actualidad, porque el Gobierno ha manipulado al Tribunal cambiando la Ley que lo organiza para llevar el agua a su molino, porque con la reforma de la Ley ha desposeido al Tribunal de la facultad que tenía el Pleno para nombrar al Presidente o decidir su prórroga prudencial, y porque, además, la sentencia con la que resuelve el recurso de inconstituionalidad que habia presentado el PP contra la reforma de la LOTC, no es una decisión judicial, sino política, como lo ponen de manifiesto con toda claridad los tres votos particulares de los Magistrados disidentes. Pero hay algo peor en la reforma de la LOTC que ya no afecta al presente, sino que cara al futuro es aterrador.Al señalarse en el artículo nuevo 16.3, que no se cambiará de Presidente hasta que no se hayan renovado los Magistrados pertinentes, se deja al Gobierno que decida cuando le conviene políticamente renovar el Tribunal y cambiar a un Presidente, el cual puede estar otro periodo de tres años sin haber sido elegido por el Pleno, sino mediante la argucia que se ha adoptado, y que hace que la Constitución y su sedicente guardián queden en manos de las conveniencias políticas.

Se ha producido, en este caso, lo que la doctrina alemana denomina «reforma constitucional tácita», es decir, aquella que se realiza en el texto constitucional, sin alterar, no obstante, su literalidad, y que es también conocida como mutación constitucional.Y ello es muy grave, porque en nuestra Constitución hay dos tipos de plazos en la duración de los cargos: los plazos resolutorios y los plazos prorrogables. Entre los primeros, caben destacar: la Regencia, que acaba en el mismo momento en que el Rey cumple 18 años; las Cámaras de las Cortes que tienen una vida máxima de 4 años; el mismo plazo que existe para el Presidente del Gobierno; y, por último, el Presidente del Tribunal Constitucional, que no puede serlo más de tres años. Estos plazos son resulotorios y no cabe ningún tipo de prórroga indefinida, sino exclusivamente el tiempo necesario para producirse el relevo. En efecto, no es un capricho del constituyente que se hayan establecidos estos plazos resolutorios y no prorrogables, porque con ellos se está confirmando el principio de la división temporal del poder, sin el cual no existe una verdadera democracia. Si la Regencia no tuviese límite, si las Cámaras se pudiesen prorrogar, como en la Monarquía absoluta o en el franquismo, si el Presidente del Gobierno se pudiese eternizar en el puesto, o si el Presidente del Tribunal Constitucional se mantiuviese más de tres años en el cargo, la democrácia constitucional se resquebrajaría, dando lugar a los abusos del poder.

Por consiguiente, la reforma de la LOTC y la sentencia que resolvió el recurso de inconstitucionalidad, han sido un ataque frontal a la Constitución, motivado por una cuestión política que afecta de lleno a nuestro modelo constitucional. Todos sabemos que el Tribunal Constitucional tiene que decidir cuestiones políticas, pero lo tiene que hacer judicialmente, es decir, con el parámetro de la Constitución y del Derecho, y no por razones de coyuntura política del Gobierno de turno, porque si el equilibro entre la política y el Derecho se rompe a favor de la primera, el Estado de Derecho está herido de muerte. De ahí que, en este caso, habría que aplicar el adagio romano de Quis custodiet ipsos custodes, o, dicho de otro modo, ¿quién controla a los que controlan la constitucionalidad de las leyes? Porque si en la norma que rige el propio funcionamiento del Tribunal, han sido tan alegres en su análisis, dándola por buena, qué cabrá esperar que hagan en la sentencia del Estatut.

Todas las irregularidades que he comentado, se han hecho en función de este tema, con el que está en juego el régimen constitucional que se dieron los españoles en 1978. Por eso, es de temer que se utilice el método de las sentencias interpretativas, que podríamos llamar también hermafroditas, como la que se dio con motivo del recurso de la LOPJ, en relación con el cambio de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y ello es grave porque el Estatut, a pesar del lavado de cara que se le hizo en las Cortes, no encaja con el llamado Estado de las Autonomías, sino que es la seudo Constitución de una seudo Estado asociado ( por ahora ) al resto del Estado español.

De este modo, si el Tribunal Constitucional quiere seguir siendo el guardián de la Constitución, no tiene más remedio que anular del Estatut todo lo que supere el contenido y espíritu de aquella, como, por ejemplo, la denominación de Nación, los símbolos nacionales, los derechos históricos, la supremacía del catalán, los derechos propios de los catalanes, el pueblo catalán como sujeto soberano, la bilateralidad, la financiación específica, o la minuciosa regulación de competencias que son propias del Estado y que se le sustraen a través de un desguace sistemático y detallista.Si la Constitución no se cambia antes, Cataluña no puede ser más que una nacionalidad con un número determinado de competencias, porque lo que no es posible es que sea un Estado dentro de otro Estado. La respuesta la tiene el Tribunal Constitucional, sabiendo que de ella dependerá el futuro de los españoles y el suyo propio.

Jorge de Esteban es presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO y catedrático de Derecho Constitucional.

La lógica del régimen parlamentario
JAVIER TAJADURA TEJADA El Correo 24 Marzo 2009

PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UPV-EHU

La Constitución de 1978 establece como forma política del Estado la monarquía parlamentaria. En su Título Preliminar se consagra el sistema parlamentario de gobierno, que se desarrolla por extenso en los Títulos III, IV y V dedicados a las Cortes, al Gobierno y a las relaciones entre ambos. A diferencia de lo que ocurre con el modelo presidencialista -cuyo paradigma es el Gobierno de Estados Unidos-, en el régimen parlamentario los ciudadanos no elegimos al presidente del gobierno. Nuestras elecciones son exclusivamente parlamentarias. De lo que se trata en ellas es de elegir a unos representantes para que éstos conformen una mayoría capaz de garantizar un gobierno estable que durante una legislatura desarrolle un programa político determinado, el de la mayoría parlamentaria. Este modelo se reproduce -a escala reducida- en los diferentes subsistemas políticos autonómicos. De modo que, en las elecciones autonómicas, los ciudadanos tampoco elegimos al presidente del gobierno de la comunidad. Esta tarea corresponde, exclusivamente, a los miembros del parlamento autonómico.

Ocurre, sin embargo, que la lógica profunda de este sistema se ha visto notablemente oscurecida -tanto a nivel nacional como autonómico- por la forma en que los partidos políticos desarrollan las campañas electorales, y por el modo en que, como consecuencia inevitable de lo anterior, los medios de comunicación las reflejan. Y así, contemplamos cómo las vallas publicitarias instaladas en lugares bien visibles, los folletos de propaganda electoral enviados a los domicilios, las fotografías instaladas en cabinas de teléfonos, farolas, marquesinas, etcétera, reproducen siempre, en Bilbao como en Madrid, el retrato del principal dirigente del partido político correspondiente y que se postula como candidato del mismo a la presidencia del gobierno. De esta forma, nada tiene de extraño que los ciudadanos acaben confundiendo el significado de las elecciones, y por ende, la naturaleza misma del sistema en el que ejercen sus derechos de participación política. Ahora bien, lo que resulta absolutamente sorprendente es que sean dirigentes y responsables políticos los que pretendan hacernos creer que todavía no se han enterado de que vivimos en un régimen parlamentario. El resultado de las últimas elecciones autonómicas del pasado 1 de marzo nos obliga a realizar este recordatorio. Y desde esta perspectiva, dos son, básicamente, las consideraciones que cabe realizar.

En primer lugar, que el PNV ha prescindido de la lógica parlamentaria e interpretado las elecciones autonómicas en clave presidencialista. Desde esa óptica, el vencedor de las elecciones ha sido Juan José Ibarretxe, quien, por haber obtenido su partido más votos y escaños, tendría que convertirse, necesariamente, en lehendakari. Esta convicción ha llevado al PNV a considerar «un golpe institucional» la formación de una mayoría que pueda privarle de la presidencia, y por ende, del gobierno mismo. De nada sirve denunciar que esas mismas reglas las aplican en otros contextos sin que nadie haya hablado de 'golpe'. Lo que importa es subrayar la gravedad de una tal afirmación. Supone una impugnación de las reglas del juego, pero una impugnación realizada con mala fe, por la razón evidente de que el PNV sólo acepta la lógica parlamentaria cuando le conviene.

a segunda consideración consiste en recordar que si el PNV no alcanza la presidencia del Gobierno vasco, el partido que la consiga, con arreglo a la lógica del sistema, debe hacerlo por haber logrado articular una mayoría parlamentaria. Y dicha mayoría debe basarse, inexcusablemente, en un programa de gobierno, esto es, en unas bases programáticas que, por limitado que sea su alcance, contengan las directrices políticas fundamentales de la acción del futuro gobierno, y garanticen, de esta forma, su estabilidad. Esto quiere decir que, por la misma razón que no responde a la lógica del sistema, pretender la formación de un gobierno con 30 escaños de 75, que es lo que pretende el PNV, menor fundamento tiene el pretender hacerlo con 25. Lo que el sistema exige es la formación de una mayoría suficiente (38 escaños) en torno a un programa. Para decirlo con mayor rotundidad y contundencia, de lo que se trata no es tanto ni principalmente de determinar el nombre del lehendakari como de establecer las bases programáticas del futuro Gobierno vasco. Una vez que se hayan establecido esas bases, procederá designar a la persona más adecuada para liderar ese proyecto.

Y, así las cosas, la lógica parlamentaria permitiría configurar tres mayorías diferentes: PNV-PSE, PNV-PP, o PSE-PP. Las tres son plenamente legítimas, por lo que tan democrático resultaría que el lehendakari fuera del PNV como que lo fuera del PSE o del PP. Ahora bien, cualquiera de ellas exige como prerrequisito para su materialización la elaboración de ese programa mínimo de gobierno. La designación de un lehendakari con unos votos meramente 'prestados' y no comprometidos con la estabilidad política de ese ejecutivo constituiría un salto al vacío, claramente suicida.

Y ante esta necesidad de conformar una mayoría estable, es preciso reconocer que resulta mucho más sencillo conformar unas bases programáticas comunes entre el PSE y el PP que hacerlo entre cualquiera de ellos y el PNV. No se trata de establecer ningún tipo de frente o de bloque antinacionalista, pero lo que hace inviable -hoy por hoy- cualquier pacto con el PNV es el hecho de que éste no comparte la estrategia de aislamiento y deslegitimación del terrorismo adoptada por el PSE y el PP. Los apóstoles de la 'transversalidad' no deben olvidar que un elemento fundamental de esa estrategia es la Ley de Partidos, que ha permitido expulsar del Parlamento vasco a aquellas fuerzas políticas que no se han querido desvincular de ETA. Y -hoy por hoy- el PNV es contrario a tan elemental exigencia de salud democrática.

En este contexto, los ciudadanos tenemos derecho a exigir a los partidos altura de miras, y sentido de la responsabilidad histórica, para alcanzar un acuerdo político básico que permita conformar un gobierno estable, capaz de hacer frente con éxito a la grave situación económica que atraviesa el país, y que contribuya a la deslegitimación social del terror en todos los ámbitos, especialmente el educativo, el cultural y el mediático.

El autor recuerda que el 1 de marzo los vascos no elegimos a un lehendakari, sino a los miembros del Parlamento. «Ocurre que la lógica profunda de este sistema se ha visto oscurecida por la forma en que los partidos desarrollan las campañas y por el modo en que los medios las reflejan», lamenta

Echarse al monte
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 24 Marzo 2009

José Luis López de la Calle, en el último artículo que escribió, cinco días antes de que fuera asesinado por ETA el 7 de mayo de 2000, defendía el cambio político en el País Vasco, pero constataba que «personas de distinto signo político» sostenían que el PNV era imprescindible y que en caso de perder el poder este partido se radicalizaría. López de la Calle no compartía esta última idea. «Lo suyo es buscar la forma de hacer el viaje con ETA en coche cama. No echarse al monte con todas las consecuencias», escribió del PNV en un momento en el que el pacto de Estella todavía estaba fresco.

Tras las elecciones del pasado 1 de marzo hubo también en algunos intelectuales no nacionalistas el mismo movimiento reflejo de inquietarse por la posible salida del PNV del Gobierno que había denunciado López de la Calle. Desde la transición se arrastra una consideración especial hacia el PNV al que se le reconoce el derecho a tener un plus de poder para que esté cómodo y no tenga la tentación de echarse al monte. Es una idea que no se basa en el hecho de que el PNV sea el primer partido, que lo es, sino en una representación esencial de lo vasco que se le atribuye y que no se mide por el número de votos o escaños obtenidos.

Por eso a algunos les entró la noche electoral el mismo temor que a los obispos vascos en víspera de la ilegalización de HB cuando advirtieron de las «consecuencias sombrías» de aquella medida que podría deteriorar la convivencia y volver «más precaria» la seguridad de los amenazados. Pero ni Batasuna se echó al monte tras la ilegalización, sino que ha venido realizado esfuerzos -insuficientes, por cierto- para poder reencontrar un acomodo dentro de la ley, ni aumentó el riesgo de los amenazados que desde entonces han sufrido menos víctimas que nunca.

El PNV cuando estuvo más cerca de echarse al monte fue en 1998 y no lo hizo porque estuviera aislado o excluido del poder -gobernaba en Vitoria con el PSE y sacaba importantes réditos de Madrid gracias a su pacto con el PP-, sino que lo hizo por una opción ideológica asumida por sus dirigentes que prefirieron la compañía del abertzalismo etarra antes que los pactos que tenían con socialistas y populares.

Nadie desde fuera puede marcar el sentido del debate que podría plantearse en el seno del PNV si se consuma la salida del gobierno, pero hay que constatar que la mera perspectiva de perder el poder a causa de los resultados del 1 de marzo ha provocado en el PNV un giro a la moderación, una búsqueda de acuerdos con socialistas o populares y una revalorización de la transversalidad de la que nada había dicho en la campaña electoral, ni había practicado en la década anterior.

Fascismo lingüístico químicamente puro
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 24 Marzo 2009

LUIS EDUARDO MATÍAS SÁNCHEZ: Como funcionario del Ministerio de Administraciones Públicas, Secretario de Ayuntamiento, participo en el concurso de traslados correspondiente al año 2008.

En las Bases de la convocatoria se exige, para optar a plazas de Galicia, estar en posesión del título acreditativo del conocimiento de gallego “CELGA 4” y de no estar en posesión del mismo, se tiene que realizar una prueba ante una “comisión técnica” que evaluará nuestro conocimiento del idioma.

Al igual que otros compañeros que participamos en este concurso de traslados, 31 no estamos en posesión del Celga 4. Mediante orden de la Consellería de Presidencia, publicada en el D.O.G del día 30/01/2009, se señala el día 06/02/2009 a las nueve horas, para la prueba.

En dicha convocatoria se designan los miembros de la “Comisión técnica” a D. Gregorio Ferreiro Fente, Dña. Begoña González Rei y D. Xoán Carlos Domínguez Alberte (1).

Ya antes del desarrollo de esta prueba eliminatoria se observan las siguientes irregularidades:

1º.- La convocatoria para las pruebas se publicó en el D.O. de Galicia, estando ante un concurso Estatal de traslados convocado en el B.O.E., que afecta a compañeros que están dispersos por todo el territorio del Estado y en las Bases del B.O.E. no se explicitaba en qué lugar y medio se publicaría, por lo que, publicar la convocatoria únicamente en el DOG, implica la voluntad de apartarnos del concurso.

2º.- Solo dieron una semana desde la publicación hasta la celebración de la prueba, lo que influyó en que de los 31 que teníamos que realizar la prueba sólo nos presentáramos cinco.

La "prueba de valoración del conocimiento del idioma gallego" consistió en dos ejercicios escritos y uno oral.
El primero escrito consistió en redactar una memoria sobre la necesidad de construir un centro de salud.
El segundo consistió en la determinación del perfil ideológico de los que participamos en ésta prueba:

Se nos presenta un artículo imaginario que se publica en un periódico imaginario y que relata que en un pueblo imaginario llamado "Torrebubela", el Alcalde dicta un Bando por el que establece un toque de queda a los hombres, un día a la semana, para que queden en la casa haciendo las tareas domesticas y las mujeres puedan salir a divertirse. En este artículo periodístico se dice que el pueblo se llenó de curiosos y periodistas debido la amplia difusión que tuvo. Que un grupo de mujeres voluntarias patrullaban por el pueblo para imponer sanción a los hombres que no respetaban el Bando. Que si el Alcalde había conseguido que se conociera "Torrebubela", que si ya había utilizado anteriormente los medios de comunicación dirigiendo un programa en la TV local que era una parodia del Gran Hermano, pero de alto contenido sexual, que se llamaba "El Gran Canivete", etc., etc., etc.

Y se nos pidió que:
- Hiciéramos un relato de los hechos.
- Expusiéramos nuestra postura tanto sobre el bando del Alcalde, como sobre el contenido del artículo periodístico.
- Conclusiones.

La prueba oral resultó ser otro filtro ideológico:

Nos fueron haciendo pasar de uno en uno a una sala, sin la presencia de los demás compañeros, en un escenario preparado de la siguiente manera: Uno de los miembros de la "comisión de valoración de nuestro conocimiento del gallego", D. Gregorio Ferreiro Fente, se situaba sentado tras una mesa, los “entrevistados” nos sentábamos delante de él, y a nuestras espaldas estaban los otros dos miembros de la "comisión de valoración", Dña. Begoña González Rey y D. Xoán Carlos Domínguez Alberte.

Se trata de un escenario empleado en las entrevistas de SELECCIÓN DE PERSONAL. Uno de los miembros hace las preguntas y los otros dos, situados fuera del campo de visión del entrevistado, se dedican: uno a coger notas y otro a observar el lenguaje corporal del entrevistado aspirante al puesto de trabajo, para posteriormente evaluar si el perfil del aspirante se adecúa al puesto.

En mi caso, una vez que me senté delante de D. Gregorio Ferreiro Fente, este me explicó que la prueba consistía en presentarme un folio con una imagen y yo tenía que expresar lo que me sugiriese. Puso una grabadora pequeña tipo casete encima de la mesa, y comenzó a grabar la conversación. Pero antes de enseñarme la imagen, D. Gregorio Ferreiro, para relajar la entrevista, empieza preguntándome: "¿De dónde eres? ¿Eres de una ciudad o de un pueblo?", tratando de averiguar sí mi conocimiento del gallego viene determinado por el origen familiar (en los pueblos antes se hablaba casi exclusivamente el gallego) o si la soltura en el habla fue adquirida fuera de ese entorno.

Después de contestarle en tono irónico que yo no era genéticamente 100% gallego y que quizás podía tener algo de judío, me presenta la imagen y me hace preguntas que están destinadas a averiguar cuál es mi postura en relación con diversos temas. A mí me tocó sobre el medio ambiente, si se da actualmente una excesiva importancia al aspecto físico sobre otros valores, sobre la prensa y la posible influencia en nuestra percepción social, etc., etc., etc., etc.

Resulta obvia la incongruencia entre el teórico objeto de la prueba: Valorar nuestro “conocimiento del gallego”, y los medios utilizados. Si se utilizan unas técnicas destinadas a determinar el perfil político-ideológico de un aspirante a un puesto de trabajo, y si esta “prueba” permite eliminar a los aspirantes a una plaza en Galicia, de Secretarios de Ayuntamiento, la conclusión lógica resulta ser que se nos está seleccionado bajo criterios ideológicos. Prueba selectiva que consciente y reflexivamente olvida el objeto que legalmente se le asigna a la misma, atentando premeditadamente contra de los derechos cívicos y laborales de los ciudadanos / funcionarios, y violenta los intereses generales que la legislación fija para el actuar de las Administraciones Públicas.

Además supone una ilícita intromisión en la intimidad de los que participamos en esa “prueba” al obligarnos a exponer, no nuestros conocimientos del idioma gallego, sino nuestras ideas político-sociales, y ello llevado a cabo por una Administración Pública que debe evitar en sus actos cualquier tipo de discriminación, entre ellas la ideológica, y así lo hice constar por escrito en la prueba.

El día 13/02/2009, en la pagina Web de la Xunta de Galicia: Eidolocal.es, se publica la relación de los declarados APTOS, no figurando yo entre ellos, lo que podría ser perfectamente pausible, si no fuera porque dos de los compañeros que participaron en la "prueba", que se habían educado fuera de Galicia, manifestaron no tener soltura, ni oral ni escrita, en gallego, siendo declarado apto uno de ellos; y yo, que llevo elaborando en mi puesto de Secretario, desde 1981, la documentación en gallego, que participé como profesor del curso “II CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL”, convocado por la Consellería de Presidencia e Administración Pública, me declaran NO Apto.

Es un sarcasmo que, habiendo defendido durante la dictadura franquista, tanto los derechos político-sociales negados a las nacionalidades del Estado Español, como los derechos cívico-políticos de los ciudadanos (ello a costa de golpes, días de calabozo, pasar por la cárcel y la modificación de mi proyecto vital por no conseguir el certificado de buena conducta (política), indispensable para obtener la prorroga de incorporación a la “mili” y/o acceder a trabajos en la Administración Pública, AHORA, en plena Democracia, vuelvo a sufrir la persecución ideológica: En aquella ocasión no me dieron el “certificado de buena conducta” y ahora la calificación de “Apto”, la historia se repite, cambian los actores.

Y este proceso represivo es realizado por gente que se ha a solidarizado públicamente con el historiador Dionisio Pereira, por la “represión” que le supone tener que enfrentarse a una querella interpuesta por la familia de un ex-alcalde franquista, por un trabajo realizado sobre la post-guerra civil española.

La ideología que trasluce este comportamiento, es el sectarismo y el totalitarismo más rancio adornado con las técnicas más modernas, lo que por cierto y en otros tiempos, es lo que hicieron en la Alemania de 1933 o en la dictadura franquista con la depuración de los funcionarios desafectos al Movimiento Nacional.

Nunca vi una transgresión más grosera de los derechos constitucionales ni un atentado contra las libertades que defiende esta Democracia, de la que afortunadamente nos dotamos hace más de 30 años, y por demócratas que echo en falta actualmente en las diversas Instituciones del Estado, incluida la Xunta de Galicia.

Este control ideológico, intolerable en un Estado Democrático, y la desfachatez de este comportamiento represivo y sectario, induce a pensar que los responsables de este proceso de “Selección ideológica” se sienten amparados e impunes. Con ellos no van los valores democráticos y constitucionales. Y por supuesto la prevaricación administrativa solamente es cosa de los demás.

No estamos ante hechos aislados, solo hace falta ver los procesos de selección de personal realizado por le Consorcio Gallego de Servicios Sociales, por medio de una “empresa de selección de personal” o las noticias publicadas en la prensa sobre la contratación de personal por parte de SEAGA (Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, dependiente de la Consellería do Medio Rural), de vecinos de “Pepe de Cartelle” (Delegado de la Consellería de Medio Rural en Ourense) y/o miembros de las listas electorales del BNG.

Estamos asistiendo a un asalto sin disimulo a la Administración Pública; colocan a aquellos afines que han demostrado “fidelidad y vasallaje” ideológico, extendiendo una red clientelar que hace “buenos” a anteriores Gobiernos. El mensaje resulta claro y breve: si no quieres problemas “intégrate y uniformatízate”.

Temo que los valores democráticos que tanto nos ha costado conseguir, los vayan sustrayendo sin ser percibido por los ciudadanos, y que cuando nos asfixie esa sociedad instalada en el sectarismo étnico-cultural y político que pretenden, sea demasiado tarde para evitar las penalidades a las que conducen; y ejemplos los tenemos muy cercanos en el tiempo: Euzkadi, Kosovo, Irán, etc.).

Cada vez siento más cerca esa sociedad totalitaria y manipulada que describió George Orwell en su novela “1984”. El Estado necesita gente que no piense para afianzarse eternamente en el poder, y ese poder es lo único que importa. Todo aquel que no está de acuerdo con el sistema es “vaporizado”.

En nuestro caso, nos apartan de la Galicia que “ellos” dicen defender, y que la práctica demuestra que no es más que una manipulación para movilizar hacia el etnocentrismo tribal y excluyente, buscando a un enemigo “exterior”.

O defendemos nuestra libertad y ejercemos nuestros Derechos, aun a costa de sacrificios personales, o nos usurpan la dignidad personal que hemos conquistado con la Democracia.

Yo desde los 17 años lo tengo muy claro, y en ello estoy.

Selección ideológica de FHE en Galicia
Luis Eduardo Matías Sánchez
Fundación esPublico, 12.03.2009
http://www.administracionpublica.com/content/view/722/1/

(1) D. Xoán Carlos Domínguez Alberte, en 1999-2001 Juan Carlos Domínguez Alberto (sic), fue puesto a dedo por el PP en una Fundación Comarcal. La de Tierras de Trives (Orense). Era el asesor lingüístico. Luego, durante la etapa social-nazionalista, se incorporó como profesor de Lengua Gallega. Destacaba, según se comenta, por su integrismo, al velar porque cualquier comunicación dentro del instituto estuviese en gallego, hasta a los mismísimos anuncios de particulares... Ha estudiado la figura de Manuel Luis Acuña (padre del periodista y catedrático Ramón Luis Acuña, columnista del diario orensano La Región), un escritor natural de Puebla de Trives (Orense), que publicó un poemario en gallego llamado Fírgoas; aunque también publicó en español. Murió en 1975, y fue maestro nacional, represaliado.

La Generalitat desoye al TS y excluye de la hoja de escolarización el castellano
J. Planes La Razón 24 Marzo 2009

barcelona- Ayer comenzó la preinscripción escolar en Cataluña para el próximo curso 2009-2010, y, una vez más, la casilla para poder escolarizar a los niños en castellano no aparece en el formulario. En la hoja sólo se pregunta el idioma que entienden los hijos. Todo es producto de la política de inmersión lingüística que inició CiU, y que con la llegada a la Generalitat del tripartito no cambió en absoluto. Es más, la Consejería que encabeza el socialista Ernest Maragall hace caso omiso a una reciente sentencia del Supremo que obliga a la Generalitat a colocar la citada casilla en el formulario. Ante la situación, el PP denunció de nuevo los hechos y apuntó que «es muy grave que se vulnere la legalidad», aseguró el diputado Rafa López.
 

Recortes de Prensa   Página Inicial