AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 19 Abril 2009

 

Hoy, todos los recortes castigados a la sección bilingüe.
Saludos cordiales a todos los lectores.
El Editor

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Castración química para el 'Estatut'
VICTORIA PREGO El Mundo 19 Abril 2009

El trabajo está ya hecho. Las posiciones están fijadas. Ya no queda casi nada sobre lo que seguir discutiendo en Derecho. Ahora, a lo que están los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) es simplemente a negociar. ¿Y qué negocian sus señorías, una vez que tienen ya claro qué preceptos del Estatuto de Cataluña son abiertamente constitucionales y cuáles no? Negocian cómo decir lo que quieren decir sin que se note mucho lo que van a decir y se levanten ampollas. Negocian que la defensa del Estado y de la Constitución a la que están obligados -porque es el Constitucional el que, sentencia a sentencia, va haciendo la Constitución-, no acabe convirtiéndose en una bofetada múltiple con malas consecuencias políticas para casi todos y con claros beneficios, también políticos, para unos pocos que ni siquiera están ahora en el poder. Más claro: no se está deliberando sobre el contenido, sino sobre la forma que se le va a dar a ese contenido.

Tres años después, ¡santo cielo!, de que el PP presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, refrendado por los catalanes con una participación tan débil que dejó el proyecto tambaleándose y hubo que recurrir al inmediato apuntalamiento de los entusiastas, resulta que ahora hay prisa por sacar la sentencia. Después de haber estado alargando el asunto hasta lo impresentable porque el «sector gubernamental» se consideraba entonces en minoría, ya está claro para todos, presidenta incluida, que mientras esta sentencia no se haga pública, el Constitucional no se va a renovar. Al Gobierno le interesa ya despejar este balón cuanto antes. Y a algunos magistrados del TC también, porque tienen otros planes para su futuro. De modo que en un mes o dos veremos bajar a Moisés del Sinaí llevando en la mano las tablas de la ley.

Lo que pasa es que este Moisés constitucional ya tiene por lo menos la mitad de los mandamientos escritos. Los tiene desde hace dos años, cuando en marzo de 2007 hizo público el fallo sobre la deuda histórica de Andalucía. Aquélla no fue una sentencia inocente. Al contrario. Se hizo con la clara intención de sentar las bases que permitieran abordar en el futuro el Estatuto de Cataluña, que ya estaba recurrido. Y allí fue donde el TC dejó claro que, en materia de financiación, que es la apuesta más importante del Estatut, el Estado es quien «tiene la competencia exclusiva para configurar el sistema de financiación de las comunidades que considere idóneo». Y que «dotar de carácter vinculante una voluntad autonómica» no sólo anularía esa potestad, sino que le privaría de ejercer otras, también exclusivas, «como la de coordinación y la de solidaridad» entre los distintos territorios de España.

Es inimaginable que los mismos magistrados que votaron esto se atrevan a cambiar su propia doctrina en el plazo de dos años.Y no lo van a hacer. Van a hacer otra cosa. Van a evitar publicar un fallo que esté lleno de preceptos declarados inconstitucionales y, en lugar de eso, van a intentar vaciar de fuerza jurídica esos mismos preceptos porque -dirá la sentencia- «no vinculan al Estado».

Un ejemplo: si el Estatut dice que corresponde al Parlament acordar cuánto va aporta Cataluña al Fondo de Solidaridad interterritorial, la sentencia del TC podría asegurar -no en el fallo, ojo, que esto es muy importante, sino en los fundamentos jurídicos- que, bien mirado, lo que el precepto quiere decir no es acordará, sino propondrá. Incluso podría afirmar que el tal precepto será constitucional siempre y cuando Cataluña proponga al Estado lo que el Parlament acuerde. Y, en lo tocante a la bilateralidad, lugar de decir que es inconstitucional la competencia de la Comisión Mixta para decidir cuánto aporta Cataluña, el TC va a decir que el precepto no es inconstitucional, pero que esa competencia corresponde al Estado. Y que mientras la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) no se modifique en el mismo sentido que el Estatuto, el artículo en cuestión carecerá de eficacia. Lo mismo, pero mucho más claro, va a suceder con el título relativo al Poder Judicial, donde va a quedar sentado, pero bien envuelto, que la Justicia es una, y única, para toda España.

De esa manera, tan invisible pero tan efectiva como una castración química, podrán los magistrados ir sacando del fallo una larga retahíla de inconstitucionalidades flagrantes, de modo que se eviten unos cuantos efectos no deseados. El primero, que el Gobierno y el PSOE queden en gravísima evidencia por haber apoyado la aprobación en el Congreso de un Estatuto que, de la otra manera, aparecería abiertamente como inconstitucional. Eso sería una auténtica bofetada política y no es eso lo que se busca. El segundo, que una sentencia clara y cruda levante de indignación a los dirigentes nacionalistas catalanes, que ahora mismo son todos con la excepción de los del PP y de Ciutadans, lo cual desataría a su vez graves conflictos políticos en el seno del tripartito presidido por Montilla y complicaría definitivamente la supervivencia del Gobierno en el Congreso, demasiado ahogado ya en su soledad parlamentaria. Y el tercero, que el Partido Popular se declare plenamente victorioso y pasee el texto del TC por todo el Hemiciclo como quien pasea la Eurocopa mientras reprocha al PSOE su irresponsabilidad.Y tampoco eso conviene porque el tema es lo bastante trascendental como para que lo prudente sea dejar pocos heridos, y recuperables.

Pero que nadie piense tampoco que el Gobierno está soñando con una sentencia manifiestamente favorable, sobre todo en financiación, porque eso toca la médula de la Constitución y, por tanto, la del Estado. En realidad, no le convendría nada que se diera el placet a un Estatuto que consintió en aprobar en el Congreso con la secreta esperanza de que luego viniera el Constitucional a sacarle las castañas del fuego con la impagable ayuda del recurso planteado por el Partido Popular. Lo que en realidad querría, y es muy probable que obtenga, es un fallo que deje entero el envoltorio pero lo vacíe de sustancias nocivas. Una cosa así como lo que habría provocado este Estatut en la Constitución si el proyecto catalán se hubiera aprobado sin modificaciones y se aplicara en vivo. Es decir: lo mismo, pero al revés.

Que una sentencia del tipo de la que se apunta va a ser un foco permanente de conflictos no tiene duda. Asistiremos, si la previsión se cumple, a la enésima patada a ese balón autonómico que cada vez recorre menos trecho y que cada vez se enreda más en los zarzales. Pero, de momento, y para saber de verdad qué dice el Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, acepten un consejo: léanse primero los fundamentos jurídicos, porque ahí va a estar lo mollar de esta sentencia, pusilánime y política, sí, pero esperemos que no devastadora para los intereses de España. Y luego ya, léanse si quieren lo que dice el fallo.

Nuevo golpe a ETA
Editorial ABC 19 Abril 2009

LA detención en Perpiñán de Jurdan Martitegi -considerado por las Fuerzas de Seguridad del Estado como el cabecilla del aparato militar de ETA- en una brillante operación conjunta entre la Policía española y la Gendarmería judicial francesa es una excelente noticia que habría que poner en el contexto del nuevo escenario político surgido en el País Vasco. La importancia de esta operación, en la que también fueron detenidos otros terroristas, supone un duro golpe para la banda, obligada a ir ajustando su organigrama criminal a medida que la eficacia policial descabeza la «dirección» etarra. Tres máximos responsables de ETA han caído en seis meses. Martitegi había relevado como jefe de los pistoleros a Aitzol Iriondo, detenido a su vez el pasado 8 de diciembre. Éste, por su parte, relevó a «Txeroki», quien también había caído en una operación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

No hay otro camino contra ETA que la eficacia policial y las leyes, instrumentos de un Estado de Derecho en el que, por primera vez, el nacionalismo no controla el poder de las instituciones vascas. Se abre pues un horizonte esperanzador, porque la derrota definitiva de ETA se veía dificultada por la acción política de un PNV contemporizador y equidistante, siempre dispuesto a tender puentes y a alimentar el mundo abertzale en una estrategia de frentismo permanente contra lo que representa el Estado.

Es por eso que su desalojo del poder supone una oportunidad histórica, porque puede dejar sin espacios a las terminales políticas de la banda asesina, que se enfrenta inexorablemente a la ruptura de su permanente interlocución con el nacionalismo gobernante. Si la acción política y la policial se complementan sin fisuras y se avanza progresivamente hacia una democracia plena en el País Vasco, el cambio en el código de valores de una sociedad moldeada a su antojo durante décadas por el régimen nacionalista será tan importante como la firmeza del Estado en la lucha contra el terror. Por eso, la detención de Jurdan Martitegi, la primera de un destacado cabecilla de ETA que se produce en un escenario de supremacía parlamentaria del constitucionalismo, adquiere un importancia que va más allá del indudable éxito policial.

Un Estado de partidos
La ideología da paso al oportunismo, haciendo del sistema un rehén de los intereses partidistas, mientras los ciudadanos ven perplejos cómo aumenta el paro y sus ahorros menguan
JUAN BENGOECHEA El Correo 19 Abril 2009

La crisis ha obrado el milagro: Leviatán, la bestia abominable de antaño, ha sido elevado a los altares. Nuestros líderes reclaman más Estado y menos mercado. Nicolas Sarkozy ha ido más lejos, añadiendo que debemos refundar el capitalismo. Pero el Estado es un ente metafísico, su efectividad depende de la calidad de sus instituciones. Ellas dictan la forma en que se gasta el dinero público y los incentivos que reciben los agentes económicos. Si esto es así, puede afirmarse en nuestro caso que, aunque la democracia ha traído una etapa de gran prosperidad, la Administración sigue aquejada de viejos males. La corrupción parece haberse instalado en sus entrañas, alimentada por un sentimiento de impunidad. No hemos sabido crear contrapesos sociales que impidan a los partidos políticos hacer del Estado un objeto de sus ansias de poder, otorgándoles así una especie de patente de corso sobre la vida pública.

La Administración democrática nació sobre las cenizas de la franquista, manteniendo el clientelismo como nexo de unión entre ambas. El patrón tradicional ha sido sustituido por el partido, que ha primado a sus huestes en el reparto del botín. La diferencia estriba en que ahora el botín es mucho mayor que en el pasado, ya que 3 millones de personas trabajan en el sector público. La mayor parte lo hacen en las comunidades autónomas, en algunas de las cuales se han creado estructuras sobredimensionadas. Pero es en los períodos electorales donde la munificencia de los nuevos patrones se deja sentir con particular intensidad. Así, a pesar de la crisis, no han tenido reparos en conceder a los funcionarios incrementos salariales muy por encima de la inflación. Menos parece preocuparles crear las condiciones precisas para que el sector público mejore la productividad del trabajo, que es sensiblemente inferior al promedio de la UE-15.

La permanencia en el poder obliga a los partidos gobernantes a una continua búsqueda de tierras vírgenes con las que seguir creando adhesiones. Y el sector empresarial de las administraciones territoriales ha demostrado ser un campo rico en oportunidades. Para hacerse una idea de su feracidad baste señalar que, en el período 1998-2006, por cada empresa desaparecida en el ámbito estatal han nacido veinte dependientes de gobiernos autonómicos y/o locales. Su casuística es compleja, pero generalmente pecan de falta de transparencia. La constitución de empresas públicas sujetas al derecho privado permite a sus responsables huir de los siempre incómodos controles administrativos. Además es un campo fértil en argucias legales, tal y como ha podido comprobarse en Euskadi. Basta recordar los artificios empleados para eludir la realización de auditorías e impedir la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.

La colonización de nuevas esferas de poder por parte de los partidos no se ha circunscrito al ámbito público. Su desembarco en los órganos de gobierno de las cajas les ha permitido controlar la mitad de los depósitos bancarios, algo que no tiene precedentes en el mundo desarrollado. Aún más, obsesionados por convertirlas en bancos públicos de desarrollo regional al servicio de sus designios, se han olvidado de su deber de supervisar las políticas de riesgo de esas instituciones. Una actitud con la que, todo sea dicho, el Banco de España ha contemporizado por temor a enfrentarse a la clase política. Ahora que la crisis ha estallado quizá sea ya demasiado tarde para una reestructuración ordenada, lo que puede obligar, a fin de vitar males mayores al contribuyente, a privatizarlas. Triste epílogo para unos animales financieros que han sabido sortear con éxito los avatares de los últimos 175 años de nuestra historia.

El estado democrático, en palabras del profesor García-Pelayo, se configura en la práctica como un Estado de partidos. El problema surge cuando la competencia por el poder tiene lugar -tal y como sucede en España- en ausencia de proyectos políticos definidos. La ideología da así paso al oportunismo, haciendo del sistema un rehén de sus intereses partidistas. Afrontar la crisis con este bagaje no es tarea fácil, si, paralelamente, hay que realizar reformas. Algunas de las cuales, además de ir contra la inercia del statu quo actual, suponen acabar con el sistema de reparto del botín entre las mesnadas cuando se ganan elecciones. De ahí que el Gobierno no quiera asumir en solitario ese coste electoral, y la oposición se niegue a prestarle gratis su apoyo. En medio están los ciudadanos, que, mientras tirios y troyanos desojan sus margaritas, ven perplejos cómo el paro aumenta, sus ahorros menguan y el clima social se degrada.

"La profesora dejó de hablar castellano de repente"
Pedro Larrauri, de Vigo (Pontevedra), tiene dos hijas de 3 y 5 años
 www.lavozlibre.com 19 Abril 2009

Vigo.- Pedro Larrauri nació en Madrid pero lleva más de la mitad de su vida residiendo en Vigo. Sus hijas son gallegas, él ama esa tierra y se considera tan gallego como el que más. Por eso no acepta que se afirme que las personas que se declaran contrarias al Decreto de Normalización Lingüística son aquéllos venidos de fuera que no hablan gallego. Sencillamente, porque no es verdad.

- Usted nació en Madrid pero ha vivido en Galicia buena parte de su vida. ¿De dónde se siente?
- Soy gallego. El Estatuto de Autonomía de Galicia afirma que lo son todos aquéllos nacidos o residentes en la Comunidad Autónoma. Además, quiero a esta tierra y pienso seguir en ella toda mi vida. Por eso me cabreo cuando me dicen que no soy de aquí.

- ¿Le han reprochado alguna vez su origen a la hora de tratar el problema de la normalización lingüística?
- Sí, hay personas que afirman que éste es un conflicto provocado por gente de fuera que no sabe hablar gallego, pero no es cierto. Lo que se hace visible es la indignación de la mayoría de los padres gallegos que, como yo, tenemos en casa el castellano como lengua materna. De los veinticuatro compañeros de colegio de mi hija mayor, sólo uno es gallegohablante.

- ¿En qué cursos están sus hijas?
.- La pequeña en P3 [párvulos de tres años] y la mayor en P5.

- ¿Y ha tenido algún tipo de problema con la lengua de enseñanza en el parvulario de sus hijas?
- Sí, con la mayor. Hasta el curso pasado la niña disponía de una profesora que le hablaba en castellano en el centro concertado de Educación Infantil de Zamanes, a las afueras de Vigo. Tras la aprobación del Decreto de Normalización Lingüística, esa misma profesora pasó a hablarles exclusivamente en gallego de repente. Lo hizo sin avisar y de forma totalmente traumática. Entonces, mi mujer y yo comenzamos a preocuparnos por la niña. Le preguntábamos si lo entendía todo y siempre nos respondía que sí, pero, de repente, a mitad de curso la profesora se dio de baja y la sustituyó otra que de nuevo les habló en castellano. Un día vino nuestra hija y nos dijo que ahora sí que entendía a la profesora. Nos dimos cuenta de que la niña nos había estado mintiendo todo el rato y que en realidad no había entendido nada.

- ¿Qué es lo que más le preocupa?
- Por un lado, me inquieta un poco que mi hija mayor está empezando a leer y a escribir en gallego, lo que le va a ocasionar unos problemas lingüísticos tremendos, especialmente por la carencia de tiempos compuestos en este idioma y, por otro, el hecho de no poder recorrer el aprendizaje de las palabras con ellas, de la misma forma que mi madre hizo conmigo. Los niños deben poder usar la lengua en la que mejor se expresen, por lo que no me parece bien que traten de imponerles otra, justo lo que están haciendo con el Decreto de Normalización Lingüística.

- ¿En qué idioma va a recibir su hija las clases?
- En teoría, la práctica totalidad de las asignaturas serán en gallego: Lingua Galega, Coñecemento do Medio, Sociais e Inglés. Incluso, la asignatura de Castellano es denominada en gallego como Lingua Española.

- ¿Cuál es el principal reproche que realiza a la Xunta de Galicia?
- La tesis principal en la que basan toda su argumentación es errónea. Afirman que el castellano ocupó zonas en las que anteriormente se hablaba gallego pero no es así. Las ciudades siempre fueron territorios castellanohablantes. De hecho, Alfonso X El Sabio mandó escribir la Gramática Castellana y únicamente escribió las Cantigas en 'idioma galaico', porque eran un obsequio personal a su hija, reina de Portugal.

Recortes de Prensa   Página Inicial