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Recortes de Prensa    Miércoles 29 Abril 2009

 

Lo que Sarkozy hubiera hecho de España
Pablo Sebastián Estrella Digital 29 Abril 2009

Un embajador de Francia en Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme, comentó hace años que el actual sistema político español no era plenamente democrático y añadió: "Pero para los españoles no está mal". O sea, para los franceses, y no digamos para los ingleses, sería inaceptable y con razón. Ellos lo saben y Sarkozy también, pero el presidente galo disimula y se nos presenta en Madrid como el acomodador de España en las sillas del G-20, y en el Congreso de los Diputados los parlamentarios rompen a aplaudir al francés que, además de su probada colaboración en la lucha contra ETA, se ha comprometido a destruir la barrera de los Pirineos con iniciativas en los campos de la electricidad y las comunicaciones, por tren y carretera.

La visita de Sarkozy a España ha sido un breve paseo triunfal, adornado por su esposa Carla Bruni, y plagado de elogios mutuos. Confirmando que son muchos los españoles que admiran la fuerza y el carácter del presidente francés, aunque a nadie se le ha ocurrido imaginar qué haría Sarkozy, en un país como España, si le dejaran presidirlo durante una legislatura. Pues si hacemos un breve ejercicio de simulación diremos que lo primero que haría el político galo sería suprimir las leyes catalanas que prohíben enseñar en el idioma español y utilizar la lengua oficial del Estado en sus instituciones y las empresas catalanas. Además obligaría a implantar la bandera de España en todos los edificios públicos del país, pondría orden en los colegios ante el maltrato a los profesores y, además de poner a la Conferencia Episcopal en su justo sitio, posiblemente buscaría una letra para el himno nacional.

Y esto lo haría Sarkozy en el primer mes de su imaginario mandato. Acto seguido propondría una reforma de la ley electoral y unas elecciones de corte presidencialista, por sufragio universal directo, para designar al jefe del Gobierno, en vez pasar por el Congreso de los Diputados. Al mismo tiempo, crearía para las elecciones legislativas circunscripciones con listas abiertas a dos vueltas, para asegurar la gobernabilidad. Y a parte de ahí se abriría un verdadero periodo constituyente para transformar esto, que aún tenemos aquí, en una verdadera democracia.

En cuestiones de gobierno como la crisis económica, lo primero que habría hecho Sarkozy es no perder un año como Zapatero, y luego decir la verdad a los españoles. También buscar un gran acuerdo político con la oposición y a partir de ahí poner en marcha un plan de choque que nada tendría que ver con la soflama ideológica y social del presidente español, sino con medidas urgentes y drásticas para crear confianza y reactivar la economía.

En realidad, para hacer todo esto que estamos diciendo no hace falta ser ni francés ni un líder de proyección internacional, sino ser un patriota y tener un poco de sentido común. Pero aquí estamos en otras cosas y todo apunta a que, con las elecciones europeas de por medio, se van a perder cerca de cinco meses antes de que se pueda vislumbrar un gran acuerdo político para abordar la crisis. Es decir, hasta después del verano, como poco.

O sea, a esperar. Primero el debate de la nación a mediados de mayo y dos semanas más tarde la noche electoral europea, convertida en un test sobre el nuevo Gobierno de Zapatero y sobre la presunta recuperación de Rajoy y del PP.

Hablar español como delito
Pablo Molina Libertad Digital 29 Abril 2009

A juzgar por cómo se desenvuelve la tiranía lingüística en Cataluña, la idea de que un día el hablar español en esa comunidad autónoma se considere un delito, si no penal administrativo, es algo que no se puede desechar a la primera.
La moción del PP, apoyada en solitario por Rosa 9'5, y rechazada por el PSOE y sus aliados nacionalistas, recogía únicamente lo que dictan las leyes y la constitución española, pero aún así los socialistas han manifestado una vez más que los preceptos legales tienen una función secundaria respecto a la idea de construcción (anti)nacional según el canon progresista.

El estrafalario Tardá, cuya inteligencia hace honor a su apellido, se ha permitido incluso el insulto desde la tribuna parlamentaria, lo que da una idea de lo que el nacionalismo puede llegar a dar de sí en términos intelectuales, ante la aprobación expresa de Bono (que hasta le pidió perdón por interrumpir), lo que nos remite a lo que el socialismo puede llegar a ofrecer también en témino morales.

No existe ningún país, civilizado o no, en que el uso de la lengua propia tenga que ser objeto de una moción parlamentaria ante la vulneración continua de ese derecho en algunos territorios. Y si lo hubiera, sería aprobada por unanimidad. En eso, la España de Zapatero constituye también una excepción cultural, para regocijo de los botarates radicales que se manifiestan contra las sedes de UPyD en Cataluña acusando a esa formación de genocidio lingüistico. Es lo normal cuando el presidente del gobierno es un adolescente intelectual fanatizado y los que le siguen un rebaño de eunucos con miedo a perder el sueldo y el coche oficial. La Historia los juzgará. Un momento, ¡pero si la Historia la escriben ellos! Nada, estos tíos siempre ganan. Resignación y a confiar en la Providencia. Es practicamente lo único que nos queda.

Liberalismo
Ni derechas ni izquierdas
Manuel Llamas Libertad Digital 29 Abril 2009

El actual debate ideológico está agotado. Es inviable, inservible y del todo ineficaz para alcanzar la aspiración que, desde sus inicios, ha defendido y aún defiende el auténtico liberalismo. Esto es, la limitación real del poder público y el blindaje de la libertad individual y la propiedad privada. Condiciones básicas para el desarrollo y la prosperidad del ser humano en todos sus ámbitos.

Los Estados de medio mundo están aprovechado la crisis económica como excusa perfecta para extender sus áreas de intervención e influencia sobre la vida y los bienes de los ciudadanos. Lo políticos, ésos cuyos sueldos, prebendas y privilegios pagamos, se erigen ahora en salva patrias económicos y protectores sociales arguyendo que el mercado ha fracasado y que, por lo tanto, es el momento de establecer un "nuevo orden". El suyo.

Y mientras tanto, sus gobernados permanecen inertes, paralizados, esperando que la solución, una y otra vez prometida por los dirigentes políticos, caiga del cielo. Patético, a la vez que triste. Las economías crecen y los individuos prosperan a pesar de los gobiernos, no gracias a ellos. Se trata de una máxima una y otra vez demostrada por la historia: a mayor poder estatal, menor libertad individual. Véase Cuba, Corea del Norte, Zimbabwe, o los fascismos y comunismos de antaño. Por el contrario, a mayor libertad económica, más riqueza y desarrollo. No hay excepción. Dicha máxima se cumple caso por caso.

Pero la demagogia política suele desviar con excesiva frecuencia la atención de las víctimas, los ciudadanos, sobre los auténticos culpables: el intervencionismo económico y monetario. Las sesiones parlamentarias son la escenificación semanal de un elaborado teatro en el que unos y otros se culpan de todos los males para tratar de demostrar que su familia –partido– es la mejor. Sin embargo, su único y verdadero fin es la conquista y el mantenimiento del poder.

Por desgracia, ha desaparecido del debate actual la pregunta clave que, históricamente, se ha formulado la filosofía política: ¿cómo se debe gobernar? Y ha sido sustituida por una cuestión inocua, vacía y errónea: ¿quién debe gobernar? No es cuestión de izquierdas y derechas. Ambas han muerto a la vista del progresivo acercamiento ideológico que promulgan las distintas formaciones.

La pugna política de hoy es mucho más profunda y sustancial. El antagonismo se dirime entre estatistas y liberales: Estado o mercado; público o privado; presupuestos o capital; intervención o desregulación; subvención o iniciativa; dirigismo o creatividad; sociedad o individuo; igualdad (en sentido material, no jurídico) o libertad.

En definitiva, la reivindicación de una serie de derechos y valores que son intrínsecos al ser humano. Si el Estado gana esta batalla ideológica y moral, el individuo acabará cediendo nuevas parcelas a la clase parasitaria. El Gobierno acaparará más control, promulgará normas más restrictivas, impondrá nuevos impuestos y tasas, aumentará la burocracia, gozará de mayor inmunidad judicial... Bertrand de Jouvenel explica a la perfección en sus obras cómo crece y se desarrolla el poder estatal en detrimento siempre del individuo.

No es algo extraño, ni siquiera lejano. Sucedió en Argentina hace décadas con Perón –el modelo sigue vigente con los Kirchner– y se extendió a numerosos países europeos tras el estallido de la Gran Depresión. En la actualidad, se ha impuesto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador e, incluso, amenaza ya a Sudáfrica. Las crisis económicas y sociales constituyen un caldo de cultivo ideal para este tipo de movimientos. La tentación de confiar en el estatismo resurge con fuerza. Si triunfa, las recetas que nos vende el Estado hoy serán, sin duda, los problemas del mañana.

Manuel Llamas es miembro del Instituto Juan de Mariana y jefe de Economía de Libertad Digital.

PSOE
Asimetrías
Juan Morote Libertad Digital 29 Abril 2009

En Román paladino entendemos por asimetría la falta de correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Si se supone que lo simétrico es lo armónico y, por lo tanto, lo que se acerca a lo bello, en cuanto que plasmación de un ideal, aquí tenemos al PSOE empeñado en fomentar y subvencionar lo asimétrico, lo injusto, lo inicuo, con el dinero de todos los contribuyentes.

La primera asimetría que se planteó como una situación ideal fue el estatuto ontológico y competencial de Cataluña. Realmente se trataba de un óptimo paretiano. Maragall, que fue el autor intelectual del bautizado como federalismo asimétrico, planteó una función de utilidad en la que Cataluña no podía conseguir un aumento en su utilidad total sin que ello implicara de modo necesario una disminución en la utilidad del resto de regiones integrantes de la nación española.

Desde entonces, estos pijo progres que nos gobiernan, no han dejado de utilizar el susodicho concepto. Eso sí, sin saber de qué narices estaban hablando, ni quién fue Vilfredo Pareto, ni la madre que lo parió. Así han enhebrado dos conceptos diferentes, como son: el tratamiento asimétrico de los problemas y la obtención de un óptimo de utilidad para un colectivo beligerante en detrimento siempre de un conjunto pacífico de ciudadanos.

Para no parecer abstruso concretaré la idea. En primer lugar: la crisis económica. Esta crisis que pacientemente soportamos implica que todas las familias tengan que apretarse el cinturón y reducir gastos. Por ejemplo: no viajar, no comprar determinados productos, recurrir a marcas blancas, etc. Sin embargo, el Estado no prescinde de ningún gasto superfluo, ni de las subvenciones al cine, ni a las ONG's que no son más que agencias de autoempleo, ni a los colectivos marginales y, sobre todo, mantiene el número de liberados sindicales y aumenta las subvenciones a la improductiva estructura sindical, q.e.d. Claro ejemplo de asimetría.

Otro caso flagrante lo encontramos en el trato a las distintas religiones, así, la Iglesia Católica no puede opinar sobre el asesinato masivo de inocentes en el vientre de sus madres. En cambio, no pasa nada si la religión musulmana alienta la lapidación de una adúltera, o la mutilación del brazo de aquél que roba para comer, o permite la ejecución de un homosexual por practicar su condición. Esto también parece bastante asimétrico. Huelga que refiramos la diferencia de trato que el Islam otorga a los hombres y a las mujeres, tanto en educación como en posibilidades de crecimiento personal mas, ante esto, la ministra de Igualdad no tiene opinión.

Una lista con luces y sombras
EDITORIAL Libertad Digital 29 Abril 2009

El Partido Popular por fin ha hecho pública su lista electoral para los próximos comicios europeos del 7 de junio, en la que Luis de Grandes aparece como número dos y en la que, finalmente, no está incluido el hasta ahora "número tres" del PP en Europa, Gerardo Galeote. Como se recordará, este eurodiputado ha sido vinculado por el juez Garzón en el "caso Gürtel", si bien la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado en dos ocasiones su imputación en la supuesta trama de corrupción liderada por Francisco Correa y que salpica a algunos miembros del PP. Según fuentes de Génova, la ausencia de Galeote, tras quince años como eurodiputado, se ha producido "a petición propia" para "no perjudicar la candidatura" de Mayor Oreja y evitar convertirse en "el eje de la campaña".

Aunque el principio de presunción de inocencia debe ser siempre defendible, y aunque la buena labor de Galeote en Europa haya sido reconocida hasta fuera de las filas del PP, su ausencia en estos comicios es una decisión acertada y sensata que, ciertamente, evitará al PSOE manejar las sombras de la sospecha contra sus adversarios políticos. Más aun en una campaña electoral que va a girar, como es previsible, en torno a asuntos domésticos, poco o nada relacionados con el ámbito europeo, y en la que los socialistas se aferrarían a buen seguro a este supuesto caso de corrupción que salpica al PP, por mucho que en él Galeote ni siquiera esté imputado. En cualquier caso, esta asunción de responsabilidades políticas por parte de Galeote –pues de eso se trata, tanto si ha sido decisión propia como si no– contrasta con la persistencia como Tesorero del PP de Luis Bárcenas, sobre el que se ciernen tantas o más sospechas en el ya citado caso Gürtel.

La sensata sustitución de Galeote por una persona como Teresa Jiménez Becerril, o la persistencia de Vidal-Quadras como número cuatro, no hacen, sin embargo, menos criticable la absurda e injusta defenestración de un eurodiputado tan conocido y querido por el electorado popular como es Luis Herrero. Más aun teniendo en cuenta la brillante y conocida labor en defensa de la libertad de los medios de comunicación, de los derechos lingüísticos o de la libertad en países como Cuba o Venezuela que Herrero ha protagonizado valientemente dentro y fuera de la sede parlamentaria europea. Así paga, sin embargo, Rajoy una independencia que nunca estuvo reñida ni con la lealtad ni con la mejor representación de los valores y de los votantes del Partido Popular.

Por lo demás, se trata de una lista previsible, de continuidad en la que alrededor del 70 por ciento de los actuales miembros del Grupo Popular vuelven a formar parte de la candidatura; una lista que, además del activo que supone Mayor Oreja, va a verse beneficiada por la absoluta incompetencia del Gobierno de Zapatero a la hora de afrontar una crisis que, se quiera o no, va a constituir el eje de estos comicios europeos. Al margen del desinterés por la política europea, detectable hasta en los propios candidatos, los previsibles buenos resultados del PP en estos comicios serán sin duda aprovechados por Rajoy, cuya posición de liderazgo ya se ha visto reforzada tras las elecciones vascas y, sobre todo, gallegas. Estrasburgo es una etapa necesaria, aunque no suficiente para la meta monclovita a la que aspira Rajoy. En cualquier caso, cada vez resulta más probable que Rajoy termine por heredar del desgobierno de Zapatero lo que aspiraba a recibir del buen gobierno de Aznar.

17 Autonomías y una epidemia
N. R. C. | MADRID ABC 29 Abril 2009

La legislación española cuenta con d normas que facultan al Ministerio de Sanidad a tomar medidas «en situaciones de urgente necesidad» que le dan más poder de decisión en un escenario en la que la Sanidad está transferida. El artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad lo prevé y también una ley orgánica que regula las medidas especiales en Salud Pública. El Partido Popular cree que la amenaza de la gripe porcina y la aparición de los primeros casos en España proporcionan buenos motivos para que el Gobierno haga uso de ellas.

Esas normativas permitirían, por ejemplo, configurar una red de laboratorios de Salud Pública que hicieran análisis de confirmación de casos -y no sólo el Instituto de Salud Carlos III, como ahora- o definir los estándares mínimos para todos los hospitales de todas las comunidades autónomas. Con más laboratorios acreditados se evitaría un trasiego de muestras y se ampliaría la capacidad de análisis si empiezan a aflorar casos de forma masiva.

Coordinación insuficiente
Ayer la secretaria de Política Social y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, recordó a la actual ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, la posibilidad de recurrir a estas normas durante una reunión que ambas mantuvieron. Encuentro en el que Pastor ofreció al Gobierno su «lealtad y colaboración». Al tiempo que pedía al Ejecutivo que hiciera una «puesta al día» de todos los recursos con los que se cuenta para hacer frente a una posible pandemia.

No era la primera vez que Jiménez lo oía. El lunes por la noche, los consejeros de salud, durante una reunión extraordinaria, también se lo recordaron. Hubo voces, como la del consejero de Madrid, Juan José Güemes, que creen que la mera coordinación no basta. Por eso pidió a Trinidad Jiménez que haga uso de la legislación para dotar al Ministerio de más poder en un caso de emergencia como éste. En la reunión se le recordó a la ministra que aún hay muchos flecos que necesitan más coordinación. Las comunidades piden que sea el Gobierno quien centralice la compra de medicamentos antivirales y de material de protección (guantes, mascarillas...) para evitar la competición entre las administraciones y las compañías suministradoras. O que se coordinen los criterios para ofrecer tratamiento preventivo (antivirales) a quien ha podido estar en contacto. Ahora no hay un criterio común de quimioprofilaxis.


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Un modelo ejemplar
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 29 Abril 2009

Para detener a la cúpula de ETA en Bidart, en marzo de 1992, la Guardia Civil tuvo que trabajar en territorio francés de manera clandestina hasta localizar la reunión de la ejecutiva etarra. Una vez confirmada la cita de los terroristas, el Instituto Armado se lo comunicó a la Policía Judicial de Bayona para que procediera a su arresto. Los agentes del entonces coronel Galindo tuvieron que ocultar su presencia al otro lado de la frontera indicando a la PJ que el dato sobre la reunión de 'Pakito', 'Txelis' y 'Fitipaldi' se lo acababa de proporcionar un confidente de toda confianza.

Apenas un mes antes, el 17 de febrero de 1992, en una reunión celebrada en Albertville, las autoridades de París comunicaron a una delegación encabezada por Rafael Vera, secretario de Estado de Interior, su rechazo a crear brigadas mixtas hispano-francesas para combatir a ETA, tal y como había solicitado poco antes el ministro José Luis Corcuera. El responsable francés del Interior, Philippe Marchand, se oponía a la creación de esas unidades, al igual que lo había hecho su antecesor, Pierre Joxe, ambos socialistas. «En lo concerniente a la constitución de brigadas mixtas, no es jurídicamente posible, ni en Francia ni en España», había indicado Marchand en una carta enviada a Corcuera.

Con el paso del tiempo, sin reconocerlo de manera abierta y oficial, las autoridades francesas fueron aceptando por la vía de los hechos la presencia de agentes españoles trabajando en su territorio al lado de los agentes galos, adelantándose a la regulación europea del año 2000 que estableció un primer marco para los equipos conjuntos de investigación penal en el marco de la UE.

El trabajo operativo de las unidades conjuntas -formadas por Guardia Civil y la antigua RG, ahora DCRI, por un lado, y el Cuerpo Nacional de Policía y la PJ, por otro- ha sido la clave de los éxitos antiterroristas desde hace tiempo y se ha aplicado no sólo contra ETA, sino también contra el GRAPO. El trabajo de los policías se ha complementado con otras medidas en el ámbito judicial como la regularización de las extradiciones, la aplicación de las euro-órdenes, la entrega temporal de presos o la aplicación del Convenio de Dublín, entre otras, que han completado el catálogo de instrumentos antiterroristas.

Aquello que Marchand consideró que no era «jurídicamente viable» es hoy el modelo de cooperación policial más exitoso de Europa. Por eso Sarkozy y Zapatero se han propuesto extenderlo a otros aspectos de la seguridad tales como la delincuencia organizada, el terrorismo yihadista o la emigración ilegal.

En esa cooperación contra ETA sigue existiendo un punto negro: el acceso inmediato a la documentación, sea en papel o en soporte informático, intervenida a los terroristas en suelo francés. A pesar de que el asunto ha sido tratado una y otra vez con las autoridades francesas, el problema no termina de resolverse, quizás porque está en manos de los jueces y no del Gobierno. A veces pasan meses hasta que los investigadores españoles conocen el contenido de los documentos incautados.

Pero no es un problema sólo español. A los servicios de información franceses de la DCRI también les cuesta acceder al material que interviene la PJ y que queda sellado en el juzgado.

Ayer, los presidentes volvieron a dar un empujón sobre el papel a este último asunto. Habrá que esperar a ver si esta vez es el definitivo.

País Vasco: avance de las libertades, pero no de la democracia
Francisco Rubiales Periodista Digital 29 Abril 2009

El pacto PSOE-PP que desaloja al PNV y coloca en el poder al socialista Patxi López se está "vendiendo" falsamente en España como la recuperación de la "democracia" en el País Vasco, cuando es solo un "avance" de las libertades. No pueden instaurar la democracia en el País Vasco dos partidos que no son demócratas, ni han sido capaces de instaurarla en España, donde han gobernado alternativamente desde 1982.

Aunque nadie lo diga, para que los llamados "constitucionalistas" hayan podido alcanzar la mayoría en el País Vasco, ha sido necesario, previamente, exiliar de la política a los proetarras, impidiéndoles presentarse a las elecciones, una medida que refleja claramente el "déficit" profundo de democracia que sufre España.

A pesar de esa y de otras carencias notables, lo ocurrido en el País Vasco merece la aprobación de los demócratas porque esa tierra ha permanecido demasiado tiempo sometida a los intereses bastardos y mezquinos del nacionalismo, pero en modo alguno constituye la llegada de la democracia a la sociedad vasca. Los socialistas y populares, como mucho, podrán ampliar las libertades e instaurar una oligocracia de partidos, que es lo que han hecho en el resto del Estado.

La verdadera democracia exige comportamientos, reglas y valores que en España no existen, como la separación e independencia de los tres poderes básicos del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial); la libre elección de los representantes políticos por parte de los ciudadanos, un proncipio básico que en España no se cumple porque son los partidos los que eligen a los integrantes de las listas cerradas y bloqueadas que el ciudadano tiene que votar sin alterar; el fin de la marginación del ciudadano, que debe ser considerado y tratado como el soberano del sistema; el imperio de la ley, que debe aplicarse a todos por igual, sin beneficiar, como ocurre en España, a los políticos, a los poderosos y a los amigos del poder; la existencia de una sociedad civil fuerte y libre del dominio del Estado, que cumpla su misión de servir de contrapeso al poder político; la existencia de unos medios de comunicación independientes y libres, capaces de ejercer su misión fiscalizadora de los grandes poderes y la instauración de frenos, cautelas y controles que impidan la corrupción y el abuso de poder y limiten el poder del gobierno y de los partidos políticos, que en España constituyen auténticas dictaduras tan legalizadas como impunes.

La marginación de los proetarras del último proceso electoral vasco, justificada con el argumento de que exaltan el terrorismo, constituye una mancha y un déficit democrático que ensucia el actual proceso y le resta legitimidad y valor. La democracia auténtica jamás tiene miedo a enfrentarse a las ideas, sean las que sean. El apoyo político popular al terrorismo en el País Vasco puede explicarse sólo porque los partidos políticos no ofrecen una alternativa democrática verdadera.

A pesar del enorme déficit democrático que representa el cóctel PSOE-PP en el País Vasco, al ser todavía mayor el déficit democrático del nacionalismo que representa el PNV, la llegada a Ajuria Enea del nuevo poder puede considerarse, en términos relativos, como un avance de las libertades y como un retroceso de la arbitrariedad y la corrupción generalizada que representaba el gobierno del PNV.
Voto en Blanco

El efecto Feijóo
Manuel Romerowww.lavozlibre.com 29 Abril 2009

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha arrancado su mandato sin expresar dudas acerca de la coexistencia en libertad de los dos idiomas que mayoritariamente hablan sus conciudadanos.

Su voluntad es derogar el decreto que impone el gallego en las escuelas y que margina a los alumnos y padres que tienen como lengua materna el castellano. En otros casos se trata de ofrecer la opción a aquellas familias gallegohablantes que, precisamente por serlo, prefieren que sus hijos se eduquen en español.

Algo así como permitir que familias irlandesas que dominan el gaélico manden a sus hijos a colegios donde se expresen en inglés. Al fin y al cabo, si unos chicos del continente pueden viajar a Dublín a estudiar inglés 20 horas a la semana, ¿por qué no va a poder hacerlo un alumno local?

Justo es lo que no sucede en muchas partes de España. Padres extranjeros pueden traer aquí a sus hijos para que estudien español en academias privadas, pero progenitores locales tienen que conformarse con 2 ó 3 horas semanales en sus colegios.

Alberto Núñez Feijóo habla un excelente gallego y un perfecto castellano. Utiliza el gallego en el Parlamento regional y también en sus comparecencias. Como presidente de todos debe dar ejemplo de que ninguna de las dos lenguas está proscrita de la vida pública. Por eso, no basta con mostrarse educado y contestar a los periodistas en el idioma en el que se le pregunte, sino que voluntariamente y con normalidad, sería aconsejable que usara ambos.

Su comportamiento tendrá repercusión en otras comunidades españolas en las que el castellano ha sido eliminado de la vida política pública.
La Xunta ordena a los centros permitir a los alumnos elegir el idioma en clase
Los estudiantes podrán escoger indistintamente entre castellano o gallego para dirigirse a los profesores y hacer exámenes con las excepciones de Lengua Española y Lingua Galega
X. A. TABOADA / P. PÉREZ | SANTIAGO La Opinión 29 Abril 2009

La nueva Xunta del PP ha dado ya el primer paso en su anunciado revisión del modelo lingüística en la educación. Con efecto inmediato, todos los centros públicos de Galicia recibirán instrucciones para "reponer los derechos civiles" en las aulas y dar total libertad a los alumnos para que, salvo en las asignaturas de Lengua Española y Lingua Galega, se puedan dirigir a los profesores y realizar los exámenes en el idioma que el estudiante prefiera.

La orden partió el propio presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, quien se dirigió a la Inspección Educativa para que traslade las nuevas ordenanzas a todos los centros. Fuentes del Gobierno gallego precisaron que la comunicación a los colegios se realizará mediante una circular de la Consellería de Educación y que su envío comenzará "de forma inmediata".

Estas mismas fuentes señalaron que las instrucciones darán libertad para elegir el idioma tanto a los alumnos como a los profesores y que de su implantación no se deriva un incumplimiento del decreto del gallego en la enseñanza. Al menos así se lo han expuesto al Gobierno gallego los juristas con los que consultó antes de tomar la decisión.

Esta medida representa un gesto político de calado en la política lingüística de la Xunta y constituye el avance de lo que será la derogación y modificación del decreto del gallego, que comenzará a aplicarse en el próximo curso. Tal como es ahora el modelo, como mínimo el 50% de las materias se impartirá en gallego y, "con carácter general", la lengua que se emplee para dirigirse a los profesores o realizar los exámenes será la que use en esa materia. No obstante, el decreto recoge "excepciones" en esta regla, lo que en la práctica ya da a los estudiantes la posibilidad de elegir el idioma, salvo que en las asignaturas de Lengua Española y Lingua Galega.

Lo que hará la circular de la nueva Xunta es, precisamente, dejar sin efecto esa consideración de "con carácter general". Directamente, estudiantes y profesores escogerán el idioma sin condicionantes previos.

Sin embargo, todos los libros y las fichas seguirán, hasta final de curso, tal como están, ya que no ha posibilidad de cambio. Esto puede ocasionar en que en una asignatura con todo el material escolar en gallego, toda la clase hable en castellano, o viceversa.

La medida, anunciada por Feijóo en una entrevista a la Cadena Cope, ha disgustado a la Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística. Su portavoz, Rubén Rivas, censura que la orden se haya tomado sin diálogo previo y sin consenso con el sector educativo, sostiene que no se respeta el Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado por unanimidad en el Parlamento en el año 2004 y expresa su preocupación por las dificultades que tendrán los alumnos en lograr la competencia lingüística en gallego, "puesto que cada vez tienen menos ámbitos donde practicar el idioma".

La otra primera medida sobre el gallego tomada por Núñez Feijóo fue la de ordenar a la directora xeral de Función Pública que en las próximas oposiciones de la Administración autonómica que se preparen, los aspirantes puedan utilizar indistintamente cualquier idioma. "Nos parece que simplemente es reponer un derecho constitucional, que es que cualquiera persona que se examine en Galicia para la Administración pública tenga el derecho a poder hacer el examen en castellano o en gallego", destacó ayer Feijóo en la entrevista radiofónica.

Estos cambios en la política lingüística provocaron ayer en el enfado socialistas y nacionalistas. Francisco Cerviño, del PSdeG-PSOE, acusó a Feijóo de "meter el dedo en la herida que él mismo abrió", que fue el de crear un conflicto lingüístico donde no lo había. "Gobierna solo para una minoría llena de prejuicios sobre la lengua gallega. Estas medidas no van a favor del bilingüismo amable, sino del bilingüismo crispado", añadió Cerviño.

Más contundente mostró el diputado del Bloque Bieito Lobeira: "Supone conculcar directamente la legalidad y atenta contra los derechos lingüísticos de los administrados".

Rosa Díez arranca los aplausos del PP al poner en su sitio a Tardà
 Periodista Digital 29 Abril 2009

"Tomo la palabra como diputada nacional". Rosa Díez apoya la proposición de ley presentada por el Partido Popular en defensa de los derechos de las personas que quieren comunicarse en castellano en las Comunidades Autónomas donde existen varias lenguas oficiales. La diputada de UPyD se enfrentó a Joan Tardà, de ERC, que basó su discurso en insultos. Rosa Díez recogió los aplausos del Grupo Popular. Por fin.

Ha sido Alfonso Alonso el encargado de defender la iniciativa del Partido Popular. Argumentan que se trata de "defender la libertad" y de extender el espíritu que incluye el acuerdo entre populares y socialistas en el País Vasco. No obstante, el PSOE -una de cal y otra de arena- no respaldó la propuesta.

Sólo Rosa Díez apoyó la propuesta. "Se trata de una cuestión de derechos, no de sentimientos", le dijo al diputado Joan Tardà, que durante su intervención, fiel a su estilo trabucaire, acusó al PP de "genocidio cultural y lingüístico", habló de la "recuperada catalanofobia del PP" y la emprendió contra el Rey y contra Pedrojota Ramírez, Losantos y el ABC.

"Hoy hemos vivido un debate sobre los sentimientos y no sobre los derechos. Y yo voy a apoyar esa proposición porque defiende los derechos de los ciudadanos españoles en su conjunto, vivan en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco o en cualquier otra parte de España".

"Estamos aquí para contraponer argumentos, y no adjetivos, y no descalificaciones. Ya somos mayores, todos, para que nos tengamos el respeto debido como representantes de la soberanía nacional. Usted, señor Tardà, o cualquiera de los diputados que votará en contra de la proposición de ley, podrá estar en contra de nuestra argumentación, podrá decir que no se están conculcando derechos de los ciudadanos, que no se está produciendo una situación en la que en España, desde la Administraciones autonómicas, y con el silencio y la aquiescencia del Gobierno de la Nación, se están convirtiendo a los ciudadanos en ciudadanos de primera y de segunda..."

Y ha concluído:
"Señor Tardà, yo soy vasca, de las vascas que no hablan euskera, pero una vasca con los mismos derechos que los que lo hablan".

España deberá pagar las traducciones en la UE si los textos son en catalán, euskera o gallego
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contradice a Diego López Garrido (PSOE)
Belén Piedrafitawww.lavozlibre.com 29 Abril 2009

Luxemburgo.- Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea, firmó un acuerdo con Roger Grass, secretario del Tribunal de Justicia Europeo, para que los ciudadanos españoles puedan dirigirse por escrito a dicha institución en catalán, euskera o gallego. Sin embargo, este acuerdo apenas tendrá consecuencias prácticas, ya que sólo en asuntos intrascendentes podrá ponerse en práctica. De hecho, en asuntos jurídicos, los documentos en catalán, euskera y gallego deberán ser traducidos previamanete a uno de los 23 idiomas oficiales de la UE, con cargo al presupuesto de España. Si nuestro país quiere promocionar sus lenguas en el laberinto idiomático europeo, tendrá que rascarse el bolsillo. La Unión no está dispuesta a financiarlo.

Sorprendentemente, López Garrido no presentó su firma con esta óptica, sino como un éxito de sus gestiones para lograr cumplir sus compromisos con los nacionalistas, que le exigen la presencia de las lenguas cooficiales en Europa.

De hecho, los ciudadanos no podrán dirigirse directamente al Tribunal en catalán, euskera o gallego. Si desean emplear cualquiera de las lenguas cooficiales, deberán enviar su texto a la Oficina para las Lenguas Oficiales del ministerio de Política Territorial en Madrid. Este organismo lo traducirá al español y lo enviará a Bruselas. Posteriormente, la UE reenviará la respuesta en castellano para que la misma oficina realice la traducción inversa, que recibirá el remitente. Además, será el Gobierno español el que se haga cargo de todos los gastos.

Pese a todo, Diego López Garrido ha declarado que "el acuerdo alcanzado supone una demostración de la voluntad y el compromiso del Gobierno español con las comunidades autónomas con lengua propia y un paso muy importante para acercar el Tribunal de Justicia a los ciudadanos".

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