AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 9 Mayo 2009

 

El español pasa a ser considerado lengua extranjera en Cataluña
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 9 Mayo 2009

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de la que dicen que es tan inteligente, confunde el derecho a estudiar "el castellano" con el derecho a estudiar "en castellano". Sólo así es posible que este viernes haya llegado a decir en relación a la Ley de Educación de la Generalidad, actualmente en trámite, que "la enseñanza del castellano está y estará garantizada, en Cataluña y en el resto de las Comunidades Autónomas como lo ha estado siempre". Vamos, el colmo del cinismo.

La Comisión de Educación y Universidades del Parlamento de Cataluña consumó ayer la imposición del catalán como única lengua oficial y vehicular de la enseñanza. Partiendo del principio de que el catalán es la única "lengua propia" de Cataluña, como si en esta comunidad los hispanohablantes fuesen fantasmas invisibles, desarrolla una ley que se arroga la completa independencia en materia educativa, estableciendo un curriculum propio para los contenidos y convierte al español y a las materias comunes en inexistentes.

La enseñanza del español, como asignatura, verá reducidas sus horas de 3 a 2 semanales. Como lengua vehicular quedará definitivamente excluido con la futura ley autonómica educativa para Cataluña. El español pasa así a estar peor considerado que una lengua extranjera, ya que dispondrá de dos horas semanales, pero podría desaparecer completamente como asignatura de Lengua si ése fuera el deseo de la Generalidad.

Los vasos comunicantes
IGNACIO CAMACHO ABC 9 Mayo 2009

NO hay tregua. La tensión centrífuga que se ha apoderado de la política española no concede un instante de pausa ante la pasividad de un Gobierno que desconoce o soslaya su responsabilidad sobre la estructura del Estado. No sólo eso: parece como si el zapaterismo se sintiese obligado a alentar siempre un cierto grado de presión sobre las costuras del sistema constitucional. Y cuando consigue abrir en el País Vasco un resquicio a la esperanza frenando la deriva secesionista, permite que Cataluña demarre hacia un programa lingüístico y educativo excluyente que supone de hecho la abolición de la Carta Magna. El presidente siempre tiene un problema para cada solución; es su Partido Socialista -llámese como se llame en cada territorio- el mismo que descabalga a Ibarretxe en Vitoria mientras aplica sus tesis soberanistas en Barcelona en un temerario ejercicio de vasos comunicantes.

Es el marco jurídico, más que la cuestión del idioma, lo que está en solfa bajo la nueva ley educativa catalana. El castellano no corre peligro en Cataluña, aunque a algunos ya les gustaría que así fuese, pero sí la prevalencia de la ley fundamental que preserva la igualdad de los españoles bajo un sistema de derechos y obligaciones comunes. Y ello sucede porque Zapatero no mueve un músculo para impedir el delirio de una clase política dispuesta a consagrar por las bravas la existencia no ya de una nación sino de un Estado dentro del Estado. Y porque el Tribunal Constitucional lleva tres años incurriendo en clamorosa, inmoral dejación de responsabilidades, bloqueado por su propia dependencia política en un escandaloso y cobarde silencio que abre paso a la interpretación a conveniencia de parte de un Estatuto demencial pendiente de convalidación jurídica.

La dirigencia catalana ha emprendido la vía hacia la bilateralidad y el soberanismo porque no encuentra ningún freno en esa carrera. Ni el TC ejerce su función ni Zapatero su liderazgo. Montilla, un gobernante charnego aliado con independentistas radicales, parece preso de un complejo de inferioridad ante el nacionalismo que le empuja a competir con él hasta sobrepasarlo. Pero la responsabilidad de esta fractura a través de hechos consumados no está tanto en quien la promueve como en quien la consiente. La popularidad del presidente entre el electorado catalán se basa en esa frívola complacencia ante el atropello a la Constitución que por dos veces ha prometido defender y cumplir. Y no tiene sentido respaldarla en el País Vasco -por cierto, ¿por qué no fue a la toma de posesión de Patxi López?- mientras permite su simétrica deconstrucción en Cataluña. A menos que la agenda real del socialismo sea, retórica aparte, similar en un sitio y en otro

La rebelión del idioma
M. MARTÍN FERRAND ABC 9 Mayo 2009

TREINTA años de uso y abuso han dejado la Constitución del 78 hecha unos zorros. No hay más que verla, pobrecita, vaciada del espíritu que la alentó y convertida en un mero recurso retórico para el poder central del Estado. Su Título VIII, tan voluntarioso como ambiguo, ha sido la mecha provocadora de una explosión que ha conseguido vaciar de contenidos un Estado muchas veces centenario y sin consistencia a toda una vieja Nación. Para mayor paradoja, una de las instituciones que más ha contribuido a que así sea, a que la Constitución se convierta en referencia vaga y a que salten sobre ella, y la despiecen, los Estatutos de Autonomía que rompen muchos de los supuestos de la unidad del Estado, es el Tribunal Constitucional.

Estoy pensando en la próxima Ley de Educación de Cataluña que acaba de aprobar la Comisión correspondiente del Parlament. Es el gran fruto de un Govern tripartito y disparatado que, con un cordobés como president y al amparo de una de las muchas zapateradas que ya padecemos, sacó adelante un nuevo Estatut, en vigor, que tres años después de su refrendo por uno de cada tres catalanes, todavía no ha merecido la valoración del TC. Una Ley totalmente rompedora con la letra y el espíritu constitucionales, que establecen que el catalán es «la lengua propia» de Cataluña y que debe ser «la única vehicular» en la enseñanza. Nada de bilingüismo. Nada de idiomas co-oficiales. El castellano, tras la votación del mes próximo en el Parlament, será en Cataluña un poco menos que el francés, como el inglés: un idioma «extranjero».

Abrumados por las crisis económicas que padecemos y ante el creciente y doloroso problema del paro, no reparamos con la suficiente intensidad en los problemas que, fecundados por el germen confederal de José Luis Rodríguez Zapatero, están resquebrajando el Estado. Cataluña, con la complicidad, activa o pasiva, del Constitucional, en donde parecen esperar que el tiempo alivie los problemas que ellos no quieren abordar con la diligencia debida, se establece por su cuenta en la educación de sus ciudadanos y rompe con el principio del castellano como idioma oficial de España. Es todo un cataclismo previsible y no previsto que pone en evidencia, además de la deslealtad constitucional de la Generalitat, la irresponsable incapacidad del Gobierno de España y del tan pomposo como innecesario Tribunal Constitucional.

Estos tiempos históricos
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 9 Mayo 2009

Para tratarse de un hecho «histórico», hay que reconocer que el comienzo del mandato de Patxi López como lendakari ha tenido una valoración tan positiva como contenida. Yo diría que con una cierta desconfianza. Como si se tratara de algo provisional. Ha sido más celebrada la caída de Ibarretxe que la subida de López.
Hay una razón poderosa para esta falta de entusiasmo colectivo. Aunque seamos muy pocos quienes lo comentamos públicamente, las gentes saben que la ascensión de López habría podido ser «resistible». Habría bastado con que ETA hubiera aconsejado «votar» (a Aralar, a EA o al PNV) para que no se hubiera producido el triunfo de los constitucionalistas. Ha sido ETA la que ha dejado caer a Ibarretxe.

Por otra parte ¿cómo apartar de la memoria las tediosas polémicas sobre el «diálogo» y la paz a las que nos condenaron los socialistas durante varios años? ¿Cómo olvidar los encuentros de Eguiguren y Otegi? ¿Cómo no tener en cuenta el proyecto de Estatuto de López o las negociaciones del PSOE y ETA en Loyola...?
Todo lo que debería haber llevado al PSE al desastre electoral le condujo al triunfo. Una prueba terrible de la destrucción moral de los ciudadanos vascos. Mientras, el PP fue castigado por sus propios electores. A muchos de ellos les pareció necesaria la «expulsión» de María San Gil. Pensaron que había que facilitar el entendimiento con los abertzales. Ahora son los guardianes del gobierno socialista.

Por si esto fuera poco ¿qué decir del «ejemplo» catalán? Allí donde también fue «histórica», la sustitución de los nacionalistas por los socialistas nos ha traído un Estatuto que no habría soñado Pujol. ¿Es Montilla un predecesor de López? También anteayer fue un día «histórico» en Cataluña; el Gobierno socialista ha conseguido cumplir el objetivo de la inmersión plena en la lengua de la «nación» catalana. Son, realmente, tiempos «históricos».

Una cuestión de respeto
Vicente A. C. M. Periodista Digital 9 Mayo 2009

Efectivamente señora Vicepresidenta, respeto es lo que le hace falta a este Gobierno por los ciudadanos. Respeto a la Constitución y a las Instituciones. ¿Cuándo va a condenar su Gobierno el salvaje asalto a la Asamblea de Madrid?¿Cuándo respetará la independencia del Tribunal Constitucional, sin “abroncar” a su Presidenta Dª María Emilia Casas porque no hizo bien “su trabajo”, ni hacer leyes exprofeso para mantenerla en ese puesto?¿Cuándo dejará usted de amedrentar con la Abogacía del Estado a quien se ha atrevido a destapar lo que no es sino un caso de irregularidad censal clamoroso?¿Cuándo respetará usted a los ciudadanos y dirá la verdad sobre la crisis y la recesión que sufre España?¿Cuándo respetará usted las conferencias de prensa, tras las reuniones de ministros, para no hacer política y atacar a la oposición?¿Cuándo dejará de sonreir ante la dramática situación de paro,a la que equiparan con una comedia?

¿Respeto? EL Estatuto de Cataluña falta al respeto a los españoles, sobre todo a aquellos que viven en esa Comunidad. Y digo Comunidad Autónoma que no nación, que no lo es por mucho que los nacionalistas se empeñen y el PSC lo secunde enarbolando la senyera. ¿Respeto? ¿A quienes no dudan en desarrollar leyes amparadas en un Estatuto inconstitucional desde su preámbulo y que el Tribunal Constitucional ha dejado que los recursos duerman durante más de tres años? ¿Respeto? ¿A quienes no lo demuestran por España, ni por su soberanía?. Perdone, pero no siento ningún respeto.

Ustedes han trazado un plan cuya base es la total falta de respeto por todo y todos los que se opongan a él. Ustedes, hasta cuando les ha convenido, han mantenido viva la esperanza en ETA de que alcanzaría sus fines políticos y que el terrorismo habría dado sus frutos. Ustedes trataron como “hombres de paz” a criminales como Josu Ternera o como de Juana Chaos, aún libres y perfectamente localizados, para vergüenza de las víctimas del terrorismo. Ustedes mintieron sin pudor a los ciudadanos en las últimas elecciones generales, negando la evidencia de la crisis. Ustedes siguen mintiendo a los ciudadanos sobre la efectividad real de sus insuficientes y suicidas medidas económicas, que llevarán a España a un endeudamiento por décadas. Eso sí es una falta de respeto y de seriedad en este Gobierno.

Así que no nos diga que debemos respetar lo que solo merece desprecio y repulsa por los ciudadanos. Empiecen ustedes por respetar la democracia y no ser cómplices entusiastas de escenas como la de la Asamblea de Madrid. No exijan a los demás lo que ustedes no están dispuestos a hacer.

Irak
Riesgos y amenazas
GEES Libertad Digital 9 Mayo 2009

La proliferación de atentados, los obstáculos políticos internos y la premura de británicos y estadounidenses por reducir su presencia, pueden ser factores que coadyuven a dificultar la normalización de Irak. Si a ello unimos la obsesiva priorización de Afganistán y Pakistán en la agenda de seguridad de Obama ello puede incrementar las debilidades que afectan al país árabe, o al menos la percepción de estas, abonando el terreno a los insurgentes/terroristas que, a pesar de los logros conseguidos en el último año en la lucha contra ellos, pueden revitalizarse.

Últimamente la proliferación de atentados masivos, dirigidos contra objetivos en la mayoría de las ocasiones chiíes, nos retrotrae a las imágenes vividas en Irak entre 2004 y 2007. A título de ejemplo, más de 40 personas morían en el barrio chií de Ciudad Sadr, en Bagdad, en tres explosiones producidas el 29 de abril; el 24 de abril morían más de 60 personas, varias de ellas peregrinos iraníes, en un doble atentado cometido en el barrio chií de Jadimiya, en Bagdad; el 23 morían 87 personas en tres atentados suicidas, uno producido en las proximidades de Baquba matando a 56 personas, la mayoría peregrinos iraníes, y otro realizado por una mujer provocaba 28 muertos en el barrio bagdadí de Al Qarrada; el 8 de abril eran 7 los muertos por una explosión en el distrito chií de Jadimiya; el día 7 morían 9 personas también en Jadimiya por otra explosión; y el 6 de abril la explosión de siete coches bomba provocaba 37 muertos en Ciudad Sadr. Tanta sangre eclipsaba el éxito logrado por las fuerzas de seguridad iraquíes al capturar el 23 de abril al máximo líder de Al-Qaeda en Irak, Abu Omar Al Bagdadi. Por otro lado, tantos atentados concentrados en pocas semanas llevaban al general David Petraeus, jefe del Mando Central estadounidense (USCENTCOM) y artífice de la mejora vivida desde 2008, a afirmar ante la Cámara de Representantes que los progresos logrados son "frágiles y reversibles".

La parálisis política coadyuva indudablemente a ello y se refleja en el retraso permanente de las decisiones sobre el reparto del poder territorial, incluso después de haberse celebrado las elecciones provinciales el 31 de enero. Cuestiones como el estatuto definitivo de la rica ciudad petrolera de Kirkuk, ambicionada por los kurdos frente a la oposición de los habitantes árabes y turcomanos instalados en ella por Saddam Hussein; la aprobación de una necesaria Ley de Hidrocarburos que fije el reparto de los ingresos por la venta del petróleo; o la gestión del retorno de más de cuatro millones de refugiados que viven fuera de Irak se hacen todas ellas esperar. Mientras el primer ministro Nuri Al Maliki prometió empleos a los milicianos suníes que se unieron a las autoridades para combatir a Al-Qaeda –y contra los que ya han chocado efectivos del ejército iraquí apoyados por tropas estadounidenses, como en los enfrentamientos en Bagdad el pasado 29 de marzo– así como la restitución en sus puestos o la concesión de pensiones a los militantes del Partido Baaz no ha cumplido ninguno de dichos compromisos. La salida el 30 de abril de las tropas británicas de Basora, ciudad en la que en marzo fuerzas iraquíes apoyadas por estadounidenses hubieron de emplearse a fondo para reducir la influencia de las milicias proiraníes de Muqtada Al Sadr, y la anunciada de buena parte de las estadounidenses antes de agosto de 2010 hacen temer a muchos que los enemigos de la estabilización de Irak aprovechen para reforzar su ofensiva.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos

SOSA WAGNER, SOBRE LOS NACIONALISTAS
"Es como si los frailes se manifestaran para recuperar los monasterios"
El candidato de UPyD ha vuelto a alertar del peligro de los nacionalismos y de unas exigencias cada vez mayores que amenazan por desmembrar el Estado. Reclamar unos derechos "históricos", advirtió, es lo mismo que si los frailes pidieran sus "monasterios desamortizados".
Europa Press Libertad Digital 9 Mayo 2009

En el Foro Nueva Economía de Barcelona, el candidato de Unión Progreso y Democracia (UPyD) a las próximas elecciones europeas, Francisco Sosa Wagner, comparó la reclamación por parte de las comunidades autónomas de sus derechos históricos con las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XIX.

"Es como si un grupo de frailes saliera ahora a manifestarse para que le devolvieran los monasterios desamortizados", afirmó Sosa en un acto en el que criticó duramente "el procedimiento y el fondo" de las reformas estatutarias emprendidas durante 2004 por varias comunidades autónomas.

El candidato de UPyD, catedrático de derecho administrativo en la Universidad de León y que formó parte del tribunal que evaluó la tesina del presidente del Gobierno, afirmó que las nuevas legislaciones autonómicas aprobadas "ponen sobre la mesa cuestiones bizantinas y estériles". Esa supuesta intención de anclar derechos históricos en textos legales "no mueve las turbinas de la historia", añadió.

Para Sosa, al iniciar este proceso se "hurtó" la posibilidad de discutir otros temas que a su juicio requieren una reforma integral que unifique criterios en toda España, como el sistema educativo, el urbanismo, la distribución del agua o la sanidad.

El candidato europeo vertió críticas también para la reforma del sistema de financiación de las comunidades, del que afirmó que "no tiene nada que ver con los modelos federados", porque "la bilateralidad es contraria a lo federal". Sosa concluyó que se está "inventando el Estado ahora, y eso es una cosa ridícula".

El candidato de UPyD, quien vivió hasta los 11 años en Melilla y completó sus estudios de derecho en Alemania e Italia, se mostró convencido de que su partido podría llegar a ocupar el tercer lugar entre las fuerzas políticas españolas, en la línea de lo que había manifestado con anterioridad la líder de la formación, Rosa Díez.
Además, rehuyó hacer ninguna valoración sobre Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (C's). "Yo conozco la oferta que yo hago, no la de los demás", respondió Sosa a preguntas de los periodistas sobre si temía que C's le restara apoyos políticos

La Ley Educativa exigirá a los profesores hablar en catalán en las clases y el patio
E. ARMORA | BARCELONA ABC 9 Mayo 2009

No sólo deberán impartir todas las clases en catalán —excepto Lengua y Literatura Castellana y Lengua Extranjera— sino que, «al margen de las actividades de enseñanza y aprendizaje», los docentes también deberán hacer uso de la lengua autonómica «en el ámbito general del centro educativo». Eso significa que deberán practicar el monolingüismo dentro y fuera de las aulas, siempre en el recinto educativo. Así lo establece el capítulo lingüístico del dictamen provisional de la nueva Ley Educativa catalana (LEC), al que ha tenido acceso este diario, y que se someterá a votación parlamentaria el próximo 7 de mayo.

En el artículo 14 sobre «Competencia lingüística del profesorado», el redactado último establece que «en el ejercicio de su función, el profesorado usará el catalán en sus actividades de enseñanza y también en el ámbito general del centro educativo». Este añadido no aparecía en el redactado inicial del artículo en el que sólo se pide a los docentes que acrediten el dominio de las dos lenguas oficiales en el ejercicio de su función. En este mismo redactado se mantiene también la reducción a un sólo curso del derecho a la escolarización en castellano, siempre relegando esta opción a la atención individualizada (artículo 11.4). «En el curso escolar en el que los alumnos inicien su primera enseñanza, los padres, madres o tutores podrán instar, en el momento de la matrícula, a que sus hijos/hijas reciban atención lingüística individualizada en castellano, cuando ésta sea su lengua oficial», reza el citado artículo.

Atención individualizada
El diputado del PPC Rafael López considera que este último redactado recorta «drásticamente» los derechos de los niños castellanohablantes. «En primer lugar, porque se especifica que sólo podrán ser escolarizados en su lengua durante un año, en lugar de cinco como hasta ahora», apunta López. Añade que «por si fuera poco, ese artículo deja claro que ese derecho pasa exclusivamente por la atención individualizada, lo que es discriminatorio para los niños».

López advirtió, en declaraciones a ABC, del «riesgo» de que los niños castellanohablantes que lleguen a los centros acaben en las aulas de acogida. El último articulado de la LEC prevé también que «se puedan impartir contenidos curriculares y otras actividades educativas en alguna lengua extranjera», aunque descarta hacerlo en castellano. «Esto demuestra una vez más la discriminación del español respecto al inglés. No es aceptable que se permita ampliar contenidos en otras lenguas y no en la oficial», denuncia el diputado popular.

Otro cambio es el que se refiere al artículo 2.8a. En este apartado, la última versión suaviza el contenido de la que se introdujo en marzo por la presión de los grupos nacionalistas y que apuntaba la necesidad de que los niños se «eduquen en el cultivo del sentido de pertenencia como miembros de la nación catalana». El último redactado apunta que los niños deberán educarse «en el cultivo del conocimiento y sentimiento de pertenencia a Cataluña, y el respeto a la convivencia».


"CORRESPONSABLE" DE LA NORMA
Díez pide la "dimisión" del TC por la ley catalana contra el castellano
La diputada de UPyD ha emitido un durísimo comunicado contra el Tribunal Constitucional. Le acusa de tener la responsabilidad de que se haya aprobado el proyecto de ley que excluye el castellano de las aulas catalanas al no haberse pronunciado aún sobre el Estatuto.
EFE Libertad Digital 9 Mayo 2009

En la nota, Rosa Díez ha pedido la "dimisión" del Tribunal Constitucional, al atribuir a este órgano, en última instancia, la responsabilidad por la aprobación de una norma que, denuncia, "blinda la exclusión del castellano" en la enseñanza en Cataluña.

Díez asegura que la Comisión de Educación del Parlamento regional ha podido sacar adelante esta norma gracias a lo que describe como "incompetencia" del Constitucional, al que reprocha que practique una "política seguidista" del Gobierno.

"Esta política es la que ha permitido que en el Parlamento catalán se haya producido ayer un golpe antidemocrático", ha añadido.

La dirigente de UPyD entiende que es un "escándalo" que el Tribunal Constitucional lleve tres años sin pronunciarse sobre la adecuación del Estatuto a la Carta Magna, un hecho que en su opinión aprovecha el Ejecutivo catalán y los nacionalistas "para radicalizar su política educativa a través de la política de hechos consumados".

Montilla y Sirera
Pepe y el popular
Maite Libertad Digital 9 Mayo 2009

La gresca entre políticos no me ofende y el intercambio de improperios, de vez en cuando, no está mal y le da vidilla al panorama político aburrido y mediocre que nos gobierna. Pero creo que el presidente de una comunidad autónoma no puede dedicarse a insultar a los que le pagan el sueldo.

Montilla ha vuelto a insultar al PP considerándolo un "enemigo de Cataluña". Yo entiendo que dicha cogitación pudiera llevar la autoría del júligan Zaragoza, del ex vocal del Consejo General del Poder Judicial o del candidato de CiU a las europeas, con los que Alicia Sánchez-Camacho quiere pactar a cambio de nada –por cierto, Alicia, deberías ir pensando en dejarlo, de verdad. Pero que lo diga el president de la Generalitat, éste en concreto, no tiene un pase.

Acusó además al PP de no tener respeto por Cataluña. Lo dice un hombre que después de treinta años aquí, la mayoría de ellos en cargos públicos, se expresa en catalán –mi lengua propia, no la suya– como lo hace. De todas formas, que Montilla sea presidente y no conozca la lengua que dice defender tanto, es un efecto directo de la democracia y yo contra eso no tengo nada que decir; que lo digan en todo caso los que le han votado y los que le apoyan. Pero que siendo quien es, viniendo de donde viene, hablando como habla y haciendo lo que hace, por ejemplo, con la Ley de Educación, se pase el día regalando catalanidades, me daría risa si no me diera pena; la Ley de Educación, a la que los nacionalistas llaman la Lec, cuando yo siempre había creído que la Lec es la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El huracán Alicia ha devastado al PP de Cataluña, pero no del todo y Daniel Sirera le dio una buena a Montilla a costa del insulto. A Montilla le prepararon la respuesta basándose en frases de dirigentes del PP sobre el nuevo estatuto de autonomía, frases que la prensa nacionalista se apresuró en calificar como que "Montilla le recuerda a los del PP las barbaridades que dijeron sobre el estatut". ¿Perdón? Para barbaridad el estatuto en sí mismo, amén de inconstitucional, antiliberal, intervencionista, antieuropeo, innecesario y chapucero, entre las cosas que se me ocurren, así de repente; con lo que cualquier cosa que se diga del tema, es poca. Yo, a diferencia de muchos dirigentes del PP que se arrepienten ahora del recurso presentado porque les fastidia sus nuevos planes, no sólo hice campaña en contra, sino que lo volvería a hacer. Al fin y al cabo, el estatuto de Cataluña es la clave de la política española y de la política catalana. La actuación del Tribunal Constitucional, que debe resolver sobre la cuestión, hasta la fecha es una vergüenza y prepárense para la sentencia cuando llegue, si llega. Sus señorías sentenciaran, como dicen los constitucionalistas, de forma interpretativa, con lo que la aplicación y el desarrollo del estatuto dependerán, otra vez, de las mayorías políticas y de las mayorías judiciales y no de la Constitución, como debería.

La vida te lleva por caminos raros –que dice la canción– y al final, al que le ha tocado defender el honor de su partido y de sus votantes ha sido a Sirera, al que Alicia quiere jubilar; ella está a otras cosas.

'Círculo Balear' abre una web para denunciar los casos de imposición del catalán
Padres víctimas de la discriminación lingüística se unen para conseguir libertad lingüística en las clases
Belén Piedrafita www.lavozlibre.com 9 Mayo 2009

Palma de Mallorca.- Fernando A., Rafael L. y Maximiliano S. son tres padres de Mallorca que declaran estar hartos de la imposición lingüística del catalán en Baleares. Ahora han decidido hacer pública su situación en una sección de su página web. Su deseo de escolarizar a sus hijos en castellano les ha causado diferentes problemas. A uno de los chicos se le ha llegado a considerar ‘forastero’ a causa de su apellido. Sus notas descendieron vertiginosamente al pasar de un centro donde las clases se impartían en castellano a un instituto donde todo era en catalán. En ocasiones, el colegio les impedía, incluso, expresarse en castellano, por lo que sus padres decidieron cambiarlos de centro y algunos hasta decidieron emigrar.

La recopilación de casos como éste está siendo posible porque la asociación 'Círculo Balear' ha habilitado una sección en su web donde quienes hayan sufrido discriminación lingüística pueden denunciar su caso. El colegio, el instituto, la universidad, el trabajo o el acceso a la función pública son sólo algunos de los ámbitos donde se sufre imposición lingüística a diario. Con el título 'Víctimas de La Imposición del Catalán', el colectivo pretende recopilar el mayor número posible de casos con el objetivo de sacar a la luz una situación oculta.

"Tenemos la oportunidad de denunciar estos hechos en medios de comunicación locales y nacionales para que, desde la presión de la opinión pública, nuestros políticos reconozcan la actual vulneración de derechos y libertades", afirma Vasco de Quiroga, secretario de 'Círculo Balear'. "Éste es un problema creado por nuestros gobernantes. Dan la espalda a una ciudadanía que siempre ha utilizado con total libertad las lenguas oficiales de Baleares. La única forma de recuperar nuestra libertad es haciendo públicas esas denuncias", explica Vasco de Quiroga.

Los puntos de origen de los primeros testimonios son diversos. Localidades como Palma, Calvià o Marratxí acogen diferentes casos de discriminación lingüística que sus protagonistas han decidido hacer públicos.

"LA IMPOSICIÓN DEL CATALÁN ERA TAL QUE TUVIMOS QUE EMIGRAR A FRANCIA"
“En el colegio al que acudía mi hijo la imposición del catalán era tal que, al no encontrar ni centros bilingües ni colegios franceses o ingleses que tuvieran plaza disponible, decidimos emigrar”, relata Fernando A. “Mi mujer tiene una hermana en Francia, así que, teniendo la oportunidad de marchar para allá, ni me lo pensé. Nos trasladarnos y, aunque yo tenía que hacer viajes frecuentes a Mallorca, decidimos que nuestro hijo aprendiera francés antes que catalán. Por motivos de trabajo, a partir del curso que viene, tendremos que elegir entre Madrid, Barcelona o Mallorca. Deseamos que nuestro hijo pueda tener acceso al mismo tipo de educación, por lo cual solicitaremos plaza en un colegio francés de Madrid. A última hora, me informaron de que había una plaza libre en el Colegio Francés de Palma. Sería una solución para poder quedarme a vivir en Mallorca y no tener que desplazarme”, explica Fernando.

Rafael también decidió cambiar a su hijo de colegio. Abandonó el centro Es Liceu y optó por el Ágora Portals. “Pensé que era la mejor solución para huir del pensamiento único catalán. Al menos en este segundo colegio se dan las tres lenguas y todo el mundo se expresa en la que desea”, añade Rafael.

EL HIJO DE MAXIMILIANO EMPEZÓ A SUSPENDER LOS EXÁMENES POR RECIBIR CLASES SÓLO EN CATALÁN
El caso de Maximiliano es diferente. Su hijo asistió hasta 4º de ESO al colegio concertado La Purísima, donde, con la excepción de Lengua Catalana, todas las clases eran en castellano. En cuanto se inscribió en 1º de bachillerato en el instituto que le quedaba más cerca de su casa, en el que todo se impartía en catalán, sus notas descendieron vertiginosamente. De obtener habitualmente entre 6 y 7 en los exámenes, pasó a suspender con calificaciones bajísimas. Incluso en Biología, la asignatura que más le gustaba y que mejor se le daba, tuvo problemas, ya que pese a que el instituto afirmaba que la asignatura se impartía en castellano, la profesora la daba en catalán. Su hijo intentó hablar en castellano con la profesora, pero ésta le dijo que como utilizase dicha lengua en los exámenes le quitaría puntos. Pese a haber nacido en Mallorca y hablar mallorquín habitualmente con su madre, su primer apellido le hacía sentirse como si no fuera de la zona, y se lo hacían pagar en clase.

Maximiliano decidió hablar con el director y comentarle el caso de discriminación lingüística que sufría su hijo. Le explicó que lo iba a sacar del colegio, pero éste no reaccionó como Maximiliano esperaba y no dio ninguna importancia al hecho.

Con el objetivo de denunciar esta situación, 'Círculo Balear' ha convocado una manifestación para las 12 de la mañana del próximo 30 de mayo en la ciudad de Palma con el lema bilingüe 'Nuestras lenguas nos unen. Queremos libertad de elección'.


Desdramatizar el artículo 155 (1)
Cristina Falkenberg El Confidencial 9 Mayo 2009

La frase no es de esta autora: es de D. Eduardo García de Enterría, destacadísimo administrativisto de reconocido prestigio internacional.

A nadie se le oculta que una de las razones por las que nuestros políticos y gobernantes con frecuencia hacen lo que mejor les parece según su momentánea conveniencia personal (que no necesariamente el interés general del país) para luego vender como maravillosas unas actuaciones incluso a veces desafortunadas, es que el ciudadano medio ni sabe -ni tiene por qué saber- el contenido exacto de la normativa aplicable según la coyuntura política. No hay nada más dañino para la democracia que la ignorancia, pues en ella se ampara la vulneración impune de la arquitectura constitucional: esa pensada para ser límite de poder del Estado y garantía de la libertad de sus ciudadanos. Sin embargo sus ventajas tiene asomarse a esta estupenda cabecera que es El Confidencial y que cada día tiene más lectores.

Esta breve artículo del fin de semana va a tratar de aclarar un poco el contenido de un precepto de nuestra Constitución, el número 155, sobre el que hay un auténtico tabú y del que se han dicho cosas tan dramáticas como que en base al mismo “el Gobierno puede suspender la autonomía de una Comunidad”. Esto suena a algo así como que vaya a mandar ahí al ejército, sometiendo a la población a un régimen marcial que a saber sí y cuándo se levantará.

Nada más lejos de la realidad; pero también nada más cercano al mito popular que se está formando en torno a este precepto que, como se demostrará, simplemente viene a rematar las potestades de coordinación que siempre y en todos los países del mundo tiene el ente territorial superior -esto es, el Estado- sobre los entes territoriales inferiores -Comunidades Autónomas, Municipios y Provincias, entre otros-.

En efecto, el artículo 155 de nuestra Constitución, que permite al Gobierno intervenir en el caso de que una Comunidad Autónoma no cumpla las leyes o con su proceder atente de manera grave contra el interés general de España, por alguna extraña razón parece haber venido a ser “un precepto tan radical que nadie se atrevería a estrenarlo”. Se ha intentado presentar este artículo 155 como una herencia directa de la peor dictadura y por tanto una norma que paradójicamente, ¡estaría prohibido utilizar!, pese a haber sido introducida por un constituyente perfectamente moderno.

Para desmitificar la cuestión no hay nada como situarla en su contexto dentro del orden de potestades que la Constitución confiere a los órganos del Estado -y precisamente- por serlo del Estado y no de ningún otro ente territorial. Visto el sentido del artículo 155, cuando puesto en relación con su contexto de potestades complementarias, conviene determinar su contenido y compararlo con las legislaciones de nuestro entorno que en este punto nos sean más afines. Dado que el precepto por alguna extraña razón parece que fuese pecado usarlo, conviene también discernir la naturaleza obligatoria o no de su ejercicio, así como las garantías que lo rodean y que vienen a coincidir esencialmente con sus dos grandes fases de desarrollo: la primera del requerimiento previo, de tipo meramente declarativo y en la cual podrá incluso impetrarse la tutela del Tribunal Constitucional y la segunda fase, de tipo ejecutivo pero que cuenta con la garantía de la intervención del Senado y que es además una fase que no tendrá necesariamente por qué darse.

El contexto del artículo 155

El Título VIII de nuestra Constitución, que regula la organización territorial del Estado, cuenta con un extenso Capítulo III dedicado a las Comunidades Autónomas en que diseña un modelo de distribución territorial del poder -el autonómico- a medio camino entre un Estado regional y uno federal. Su artículo 153 prevé una primera potestad supervisora de ciertos órganos estatales sobre la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas que conviene recordar. Dice así:

“Artículo 153. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. (Se refiere a las famosas leyes orgánicas de transferencia o delegación en las cuales se señalará junto a la correspondiente transferencia de medios financieros, las formas de control que se reserve el Estado.)

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.”

Bien, pues tenemos que son al menos cuatro los órganos estatales -Tribunal Constitucional, Gobierno, Tribunales contencioso-administrativos y Tribunal de Cuentas- los que de manera ordinaria -esto es, de ningún modo excepcional- tienen potestad para ejercer funciones de control sobre la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas.

El fundamento, la razón de ser para la existencia de estas potestades no es el capricho del constituyente; el fundamento se halla en la salvaguarda del principio de unidad, ese que tiene su reflejo en el pórtico constitucional cuando el artículo 2 proclama que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”Al erigir España en un Estado de Derecho (artículo 1.1) la Constitución queda irremisiblemente abocada a disponer ella misma los mecanismos esenciales para la garantía, esto es, la efectividad real y en todo momento de los principios, valores, derechos, estructura y funcionamiento del país.

Según la doctrina alemana, la genérica potestad de corrección de los órganos del Estado respecto de los del ente territorial inferior, en este caso, la Comunidad Autónoma, se desdobla en dos grandes potestades de carácter general: una la de pedir información a la Comunidad Autónoma acerca de sus actuaciones, otra la de eventualmente proceder a su corrección. El ejercicio de estas potestades, para García de Enterría, se articularía a través cuatro grandes facultades que pueden ejercer los órganos del Estado, a saber:

1ª. la de dictar normas,
2ª. la de ejecutarlas usando de sus propias facultades habituales de ejecución,
3ª. la de requerir a la Comunidad Autónoma para que cumpla lo que se le ordene, y

4ª. la de ejercer el Estado por sí las facultades de que es titular la Comunidad Autónoma incumplidora. Esto lo hará mediante el mecanismo llamado “de sustitución” y que consiste en ponerse al frente de los órganos de las Comunidades Autónomas afectadas por el caso pudiendo dirigir instrucciones vinculantes a sus autoridades y que éstas deberán cumplir.

Todo esto se halla al servicio del principio de unidad cuya vigencia efectiva en todo momento ha de garantizarse dado que España es un Estado de Derecho, a efectos de lo cual se han instituido los oportunos mecanismos.

A esta misma finalidad sirve el que la Administración General del Estado tenga una cierta presencia en cada una de las Comunidades Autónomas: es lo que se denomina “la Administración periférica (de la Administración General del Estado)”. De ella se hace eco el siguiente artículo de nuestra Constitución:

“Artículo 154. Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la Administración propia de la Comunidad.”

Nótese que la coordinación entre la acción de los órganos del ente territorial superior y los del ente inferior se atribuye, de nuevo, al órgano del ente superior (el Estado) el cual estará facultado tanto para pedir informaciones como para dirigir comunicaciones -que podrán encerrar verdaderas órdenes administrativas- a cumplir por la Comunidad Autónoma, todo ello en el marco ordinario de la cooperación entre Administraciones, como señalan reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional. No estamos pues tampoco ante nada excepcional si bien, de nuevo, sobre esta cooperación parece gravitar también cierto absurdo tabú que alimenta día a día el habitual victimismo del nacionalismo radical.

Esto suena a pedagogía jurídica, pero es que lo es. Esta es una columna de divulgación jurídica que cumple una precisa función. Ojalá los políticos hablasen siempre tan claro, diciendo la verdad, y no sólo la parte de ella que les conviene… o incluso a veces ni eso. La semana que viene… más.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

La pasividad del Constitucional, un escándalo
EDITORIAL El Mundo 9 Mayo 2009

EL GOBIERNO y la oposición reaccionaron ayer contra la Ley de Educación que está a punto de aprobar el Parlamento de Cataluña, en la que se impone el catalán como única lengua vehicular del sistema educativo. UPyD y PP manifestaron su disposición a recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional si no se reconoce el derecho de los padres a una enseñanza en castellano y la Generalitat persiste en un modelo que no reconoce el bilingüismo en las escuelas.

María Teresa Fernández de la Vega afirmó que el Gobierno va a «analizar» la ley cuando salga del Parlamento de Cataluña, pero fuentes gubernamentales aseguraron a este periódico que el Ejecutivo recurrirá también ante el Constitucional si la ley catalana no asume la tercera hora de castellano, obligatoria por un decreto del Ministerio de Educación. Es una cuestión tal vez menor, pero la Generalitat nunca ha aceptado esta disposición, convirtiéndola en piedra de toque de su rebeldía ante el Estado.

En realidad, no harían falta esas iniciativas del Gobierno y la oposición si el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado ya sobre el recurso que presentó el PP en julio de 2006 en el que se impugnaban decenas de artículos del Estatuto, entre ellos el que establece que el catalán es «la lengua propia» de Cataluña y que debe ser la única vehicular en la enseñanza.

Han pasado casi tres años y los miembros del Tribunal Constitucional siguen aplazando su decisión mientras la Generalitat y el Parlamento de Cataluña practican una política de hechos consumados que haga poco menos que imposible cualquier marcha atrás.

Rosa Díez pidió ayer la dimisión de los magistrados del Alto Tribunal por su pasividad. Cada día que pasa parece más claro que no se atreven a pronunciarse para evitar un conflicto político con el nacionalismo catalán, cuyos líderes han amenazado con no cumplir la sentencia si es desfavorable a sus intereses.

Lo menos que cabe exigir a estas alturas al Constitucional es una clarificación definitiva y sin equívocos sobre esos artículos que están permitiendo a Cataluña construir un Estado dentro del Estado, vulnerando de forma flagrante la letra y el espíritu de la Constitución.

El Supremo ya falló hace cinco meses que la Generalitat debe garantizar a los padres que lo soliciten el derecho a educar a sus hijos en castellano. Pero como la sentencia no fue más allá de reconocer ese derecho, la Generalitat no ha dado ningún paso para cumplirla, alegando que las cuestiones lingüísticas y educativas son competencia suya.

Teniendo en cuenta este precedente, el Constitucional debería ser mucho más categórico y preciso sobre esta cuestión, al igual que sobre temas como la bilateralidad, la financiación, los llamados «símbolos nacionales», los derechos históricos y el blindaje de las competencias. ¿Cómo es posible, por ejemplo, convalidar la constitucionalidad del artículo 110 de un Estatuto que señala que las leyes aprobadas por el Parlamento catalán tendrán siempre primacía sobre las del Congreso en materia de competencias exclusivas?

No hay que ser catedrático de Derecho Constitucional para saber que ello vulnera la Carta Magna. Los miembros del Constitucional también lo saben, pero les da miedo decirlo en una sentencia. La prueba es que llevan tres años deshojando la margarita y ganando tiempo para no mojarse a pesar de que el Tribunal tenía que haber sido renovado hace 17 meses. La incapacidad del Constitucional para pronunciarse es un verdadero escándalo político que deslegitima esa institución, máxime cuando estamos ante un asunto de enorme trascendencia, que afecta de lleno a la arquitectura institucional del Estado.

El Parlamento catalán debate un proyecto educativo que choca con la Constitución
Una ley contra el castellano
Editorial La Razon 9 Mayo 2009

Para los que aún albergan dudas sobre la inconstitucionalidad de buena parte del Estatuto catalán, nada es más aleccionador que comprobar cómo se está desarrollando y aplicando. A la formulación retórica y premeditadamente ambigua con que fue redactado para pasar el filtro del Tribunal Constitucional se le cae la máscara en cuanto la Generalitat promulga normas y leyes concretas.

El último ejemplo lo acaba de proporcionar la Comisión de Educación del Parlamento catalán al dar luz verde a una nueva ley educativa que no sólo ignora la legislación estatal, sino que además choca frontalmente con los artículos 3 y 27 de la Constitución, que consagran el deber de los españoles a conocer su lengua y el de los padres a elegir la educación de sus hijos.

Salvo que el proyecto varíe de forma sustancial en el Pleno del Parlamento, lo que es muy improbable porque cuenta con el apoyo de CiU, ERC y PSC, la presencia del castellano en el sistema educativo catalán quedará prácticamente erradicada, muy por debajo de otras lenguas, como el francés, el inglés y hasta el chino. En plena sintonía con el espíritu del Estatuto, que establece que el catalán es la lengua vehicular de Cataluña y, por tanto, también debe serlo de la enseñanza, la nueva ley reduce de cinco años (toda la Primaria) a uno (el primer año que se solicita) la posibilidad de que los alumnos puedan recibir atención individualizada en castellano.

Al mismo tiempo, se ignora no sólo de facto, sino también de iure, el decreto estatal de la tercera hora del castellano en las aulas. De este modo, el idioma común queda relegado para las asignaturas de lengua y literatura, mientras que el resto de asignaturas se podrán impartir en un tercer idioma. No es ocioso recordar que hay hasta tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y una del Supremo que establecen que los padres tienen derecho a escoger el idioma en que desean escolarizar a sus hijos y exige que, para su cabal cumplimiento, la Administración autonómica ponga los instrumentos necesarios.

Como es notorio, la Generalitat se niega a dar esas facilidades, como poner en los impresos de matriculación una casilla con las opciones a elegir, con toda suerte de triquiñuelas y dilaciones leguleyas. Merece igualmente atención que la Generalitat establezca un cuerpo de profesores propio que, en la práctica, aísla a los docentes catalanes a los que se les exige el nivel C del idioma, con un sistema de oposiciones diferente al del resto de España y que rompe, de hecho, la movilidad y equivalencia laboral. No es difícil comprobar que todo el proyecto está inspirado en un nacionalismo excluyente e impositivo, más preocupado en inculcar a los escolares la ideología nacionalista que en proteger los derechos educativos de los padres respetando las leyes que nos obligan a todos, a empezar por la Constitución.

En suma, no es una ley al servicio de los ciudadanos, sino del nacionalismo. Preguntada ayer por este asunto, la vicepresidenta De la Vega declaró que «hay que ser prudente y respetuoso y no juzgar la norma sabiendo que la enseñanza del castellano está y estará garantizada, como ha estado siempre». Antes que las promesas del Gobierno de la nación, que no anda muy sobrado de credibilidad, sería mucho más eficaz que el Tribunal Constitucional saliera de la parálisis que le atenaza desde hace tres años y sentenciara sin demora el Estatuto catalán. Es muy probable que si los magistrados hubieran cumplido ya con su obligación, leyes como la que erradica el castellano de la escuela ni se habrían planteado.

El islote catalán
EDITORIAL Libertad Digital 9 Mayo 2009

Que son los individuos quienes tienen derechos y no los colectivos y que precisamente se suele dotar de prebendas a estos últimos como coartada para violar las libertades de los primeros es algo que debería quedar bastante claro con sólo repasar la historia europea del último siglo. En realidad, no habría por qué ir tan lejos, bastaría con que revisáramos someramente la historia democrática de España para darnos cuenta de que la exaltación de la identidad colectiva como base del gobierno ha engendrado los regímenes más represivos de la península.

Si bien algunas regiones españolas han experimentado una cierta migración de su población hacia las regiones más ricas en busca de mayores oportunidades, dos de las regiones más prósperas de España –Cataluña y el País Vasco– han sufrido una intenso exilio ciudadano por motivos políticos, esto es, para evitar el acoso de los poderes públicos supuestamente encargados de proteger sus libertades. El nacionalismo, la invención de un pueblo con derechos propios, autónomos y superiores a los de los individuos que supuestamente lo constituyen, ha sido la mano ejecutora de ese atentado permanente contra las libertades ciudadanas.

La educación, por supuesto, ha jugado un papel fundamental en este proceso de configuración social nacionalista. No sólo sirve para adoctrinar a las nuevas generaciones que engrosarán la cantera de votantes que apuntalará en el futuro el régimen, sino que también permite justificar desde las aulas los permanentes ataques a los derechos individuales.

Cataluña se ha situado desde los comienzos de la democracia en la vanguardia del adoctrinamiento nacionalista: sus leyes educativas han ido cercenando cada vez una mayor porción de la libertad lingüística de los catalanes. La guinda la va a proporcionar la nueva Ley de Educación, cuyo proyecto ha sido recientemente aprobado por la pertinente comisión del Parlament y apoyado por el Gobierno de España.

Bajo esta nueva normativa, se prohíbe la enseñanza en español dentro de Cataluña, es decir, se relega el aprendizaje de la lengua común de todos los españoles a una asignatura de tan sólo dos horas semanales. No es una situación novedosa que, desde luego, vaya a cambiar radicalmente la situación de agobio que sufren los catalanes que quieran estudiar en castellano, ya que la Generalitat ya venía incumpliendo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que exigían, en concordancia de la Ley de Política Lingüística de 1999, la oferta de la educación en esta lengua para la enseñanza infantil y primaria.

La nueva ley, por tanto, sirve para dar cobertura jurídica a lo que ya venía sucediendo de hecho. La Generalitat podrá violar los derechos de los catalanes de manera legal, sin tener que disimular o enfrentarse con el Supremo. Cataluña pasará del oasis al islote aislado del resto del mundo: las lenguas dejarán de ser un instrumentos de comunicación para convertirse en objetos de culto colectivo que facilitarán la división coactiva de los españoles.

Ahora bien, las democracias modernas han incorporado supuestamente mecanismos institucionales destinados a proteger los derechos ciudadanos de las arbitrariedades del Estado. En algunas naciones este control jurídico lo realizan los tribunales de manera desconcentrada mientras que en España, siguiendo el modelo alemán, lo monopoliza el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional ante las reiteradas y flagrantes violaciones del art. 3.1 de la Carta Magna ("El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla")? En efecto, nada. O mejor dicho, ha contribuido a aparentar una apariencia de normalidad y legalidad en una situación abiertamente inconstitucional. Tres años después de la aprobación del Estatuto de Cataluña, en cuyo desarrollo se enmarca la presente ley, el Constitucional sigue sin resolver sobre su encaje en el ordenamiento jurídico español. Como bien ha manifestado Rosa Díez, pocas veces queda tan claro que un organismo público ha faltado a sus obligaciones y que por tanto sus miembros tienen que dimitir en pleno. Al final y al cabo, como también ha denunciado Vidal-Quadras, la Generalitat está legislando amparándose en una norma que si posteriormente fuera declarada inconstitucional generaría un caos jurídico en la región.

Si este Tribunal Constitucional es incapaz de defender los derechos de los catalanes, deberá hacerlo otro. Y si el órgano es tan manifiestamente incompetente como para lograr que imperen los artículos más básicos y esenciales de nuestra Carta Magna, tal vez convenga plantearse qué utilidad cumple esta institución y cuán podridos pueden encontrarse algunos de los pilares de nuestra democracia, a saber, el buen funcionamiento de la justicia y, sobre todo, su independencia real frente al resto de poderes del Estado.

Montilla
Punto sin retorno
Clemente Polo Libertad Digital 9 Mayo 2009

La desvergüenza del Gobierno nacionalista que preside el Sr. Montilla no tiene límites. El 6 de abril confirmaban los medios de comunicación que las dos principales fuerzas del Gobierno de la Generalitat, PSC y ERC, han llegado a un acuerdo con el principal partido de la oposición, CiU, en el Parlament de Cataluña para dejar en manos de cada centro de enseñanza infantil y primaria (CEIP) la decisión de aumentar de dos a tres horas la enseñanza de lengua y literatura castellana en los tres ciclos de la enseñanza primaria. En otras palabras, el Gobierno de la Generalitat está dispuesto a permitir que los CEIP en Cataluña sigan incumpliendo el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre que regula las enseñanzas mínimas en España. Que a principios de julio de 2008 el Tribunal Superior de Justicia dictara, a resultas de la denuncia interpuesta por la asociación Convivencia Cívica Catalana, una sentencia que exigía a la Generalitat implantar la tercera hora en castellano, no ha inquietado lo más mínimo al Ejecutivo catalán. Ellos a lo suyo: más dinero para la Generalitat de Cataluña.

El tema ya lo he abordado en dos artículos anteriores, Montilla incumple la ley y Montilla vuelve a la carga, dedicados a analizar las implicaciones del Real Decreto y las tretas que ha seguido el Sr. Montilla para eludir su aplicación en Cataluña hasta ahora, declarando dos moratorias consecutivas. En otro artículo posterior, Purgando culpas, relaté el duro enfrentamiento que se produjo en el Congreso, pocas semanas después de la entrada en vigor del Real Decreto, entre el Sr. Tiana Ferrer, secretario general del Ministerio y la Sra. Cañigueral Olivé, diputada de ERC, y la Sra. Piguem i Palmés, diputada de CiU, en la Comisión de Educación. Lo que mayor irritación causó a estas excelentísimas ignorantes nacionalistas fue que el Real Decreto se atreviera a establecer "una tercera hora de castellano en toda la primaria, que en el caso de los dos primeros años se eleva a tres horas y media".

Tamaña exigencia les quitó al parecer el sueño y hasta despertó algunas de las adormecidas neuronas de sus señorías. Pobrecitos niños, se revolvían inquietas, ¿cómo van a comprender estas almas cándidas la belleza de las fiestas populares catalanas si alguien osa a enseñarles lengua y literatura castellana tres horas a la semana? ¿No quedarán contaminados para siempre sus cerebros si los exponemos sesenta minutos más a la semana a la lengua cervantina? ¿Estaremos sembrando en ellos la semilla que un día les llevara a pensar que la inmersión lingüística en catalán ha constituido una aberración que les ha restado posibilidades objetivas de disfrutar de otra lengua y literatura y poderse comunicar con cientos de millones de personas? ¿Estaremos aplicando una dosis mortal a las neuronas que mantienen viva la llama de la independencia en Cataluña? Quita, quita, mejor será para nuestra Cataluña mantenerlos en la ignorancia, mejor que asimilen el castellano a cualquier otra lengua extranjera y se sientan de mayores incómodos chapurreándola.

La única explicación posible al esperpento que estamos viviendo en Cataluña desde diciembre de 2006 –incumplimiento continuado de una norma estatal aprobada por el Consejo de Ministros para desarrollar la Ley Orgánica de la Educación e incumplimiento de la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– es que para el Gobierno de la Generalitat, el Gobierno español tiene la obligación de cumplir a rajatabla la interpretación que hace del Estatut de Cataluña, pero el Ejecutivo catalán no tiene obligación alguna de acatar las normas aprobadas por el de España. Resulta trágico que el Gobierno español lo permita y también que el principal partido de la oposición no denuncie la situación hasta sus últimas consecuencias.

El conflicto generado por el incumplimiento del Real Decreto sobre enseñanzas mínimas en Cataluña ilustra el callejón sin salida al que nos está abocando la falta de acuerdo entre los dos principales partidos políticos, PSOE y PP, para cerrar el título VIII de la Constitución antes de que tengamos que cerrar España por falta de existencias. ¿Hemos alcanzado ya un punto de no retorno? A la vista de cómo la Generalitat de Cataluña incumple las normas aprobadas por el Gobierno de España, me siento inclinado a pensar que sí o, en el mejor de los casos, muy cerca de alcanzar ese punto.
Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona

El Gobierno confía en que la ley respete las horas de castellano
• De la Vega espera un debate con "normalidad institucional"
MANEL MANCHÓN  EL PERIÓDICO 9 Mayo 2009

El Gobierno no quiere abrir un nuevo conflicto con la Generalitat , después de considerar que ha logrado superar una etapa de recelos mutuos, con el reciente acuerdo sobre el traspaso de Cercanías de Renfe. Pero seguirá de cerca la aprobación de la ley de educación, con el objeto de que se respeten las tres horas semanales de lengua y literatura castellana en las escuelas, como fija el decreto del Ministerio de Educación. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró que si la ley no recoge ese precepto, "se debatirá con normalidad institucional con la Generalitat ".

Esa "normalidad institucional" puede traducirse de diversas formas, según fuentes del Ejecutivo. O convence (improbable) al tripartito para que aplique el decreto, o presenta un recurso ante el Constitucional para que dirima la cuestión .

SIN PEDIR DEMASIADO
Las mismas fuentes reconocen que el conjunto de la ley catalana presenta "innovaciones de carácter positivo", y que se trata de una "buena ley", pero consideran que no se pedía demasiado a las comunidades autónomas con el decreto de Educación sobre la tercera hora de castellano y que el tripartito debería aplicarla, sin perjuicio de la legislación catalana.

De la Vega afirmó que el Ejecutivo será respetuoso con la tramitación de la ley y que no emitirá ningún juicio hasta que no sea aprobada del Parlament. La vicepresidenta, además, rechazó supuestas agresiones al castellano en Catalunya. "Los datos del aprendizaje del castellano por los alumnos son muy similares en todas las comunidades y, a veces, más elevados en las que tienen dos lenguas", aseguró.

El Gobierno también expresó su deseo de que el Tribunal Constitucional acabe la sentencia sobre el Estatut y despeje las dudas legales sobre su preeminencia sobre la ley orgánica de educación, que establece la potestad del ministerio sobre el 55% de los contenidos y horarios mínimos para las comunidades que tienen dos lenguas oficiales.

El Gobierno apelará si Cataluña no cumple con las tres horas de español
EL MUNDO 9 Mayo 2009

La futura Ley de Educación de Cataluña (LEC), cuyo texto fue aprobado el jueves en la Comisión de Educación del Parlament, ha encendido las alarmas en el seno del Gobierno y en las filas del primer partido de la oposición.

Tanto el Ejecutivo como el PP, cada uno por su parte, están dispuestos a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la norma si no cumple con el marco legal nacional.

En el caso del Gobierno, el foco de atención se fija prioritariamente en la obligatoriedad de garantizar un mínimo de tres horas de clase a la semana de castellano. En el caso del PP, la reclamación es más amplia ya que este partido entiende que la futura ley no asegura un «bilingüismo armónico e integrador».

Por parte del Gobierno central, tal y como aclaró ayer la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega , se esperará a que el Pleno del Parlament apruebe definitivamente el texto legal.

Analizar las novedades
Será entonces cuando, superados todos los trámites parlamentarios, en los que el Ejecutivo no puede inmiscuirse, se estudiará detalladamente la ley –"como se hace siempre con toda la legislación de las comunidades autónomas"–, con el fin de "analizar todas las novedades que incluya en el sistema educativo".

Si se considera que alguno de los preceptos no se adecúa al marco normativo, entonces el Gobierno "actuará en consecuencia". Hasta entonces, según De la Vega , "hay que ser prudentes, respetuosos y no prejuzgar".

Fuentes gubernamentales aseguraron a EL MUNDO que si, finalmente, la LEC esquiva el decreto del Ministerio de Educación que insta a impartir tres horas semanales de castellano en la escuela, el Ejecutivo abrirá un proceso de diálogo con la Generalitat con el fin de que la norma sea reinterpretada o modificada. Si finalmente la conciliación no fuera posible, el Gobierno presentará contra los preceptos oportunos un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La LEC , que está pendiente de ratificación por el Pleno del Parlamento de Cataluña, blinda el actual modelo lingüístico de inmersión en catalán y avala la política del Gobierno de la Generalitat en relación con la tercera hora de enseñanza en castellano. En la actualidad, la mayoría de las escuelas catalanas sólo imparte dos horas semanales de castellano, puesto que el Gobierno tripartito ha dejado en manos de los propios centros escolares la elaboración de un proyecto lingüístico sobre la enseñanza de las lenguas.

Garantía de la enseñanza
La vicepresidenta primera del Gobierno apuntó ayer, en relación con el debate abierto en torno a la futura ley catalana, que hay que partir del principio clave de que "la enseñanza del castellano está y estará garantizada en Cataluña y en el resto de las comunidades autónomas, como lo ha estado siempre".

Para sustentar esta afirmación, la número dos del Ejecutivo se refirió a los datos «muy similares» de aprendizaje del castellano por los alumnos en las distintas comunidades. E incluso afirmó: "A veces es más elevado en las que tienen lenguas cooficiales".

De la Vega , además, rechazó que la tardanza del propio Tribunal Constitucional a la hora de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña propicie debates como el que se ha suscitado a propósito de la futura Ley de Educación catalana.

En el PSC no tenían ayer noticia de que el Gobierno de Zapatero no descarta recurrir la nueva norma legal si ésta no cumple con el decreto de la tercera hora de castellano, pero sí sabían que el PP se plantea llevar este proyecto al Tribunal Constitucional.

Por eso, el secretario de Organización de los socialistas catalanes, José Zaragoza, aprovechó para cargar contra Mariano Rajoy.

Zaragoza acusó a los populares de "recurrir contra los intereses de Cataluña" y a su líder de tener "una fijación enfermiza» contra esta comunidad", informa Leonor Mayor.

También se pronunció sobre esta cuestión la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien destacó que la futura ley lleva dos años gestándose y consensuándose. Según Pajín, su carácter es «meramente instrumental y no ideológico», porque lo que se pretende con ella es "hacer operativo un pacto lingüístico que existe en Cataluña desde hace muchos años".

Gobierno y PP recurrirán la ley catalana de educación
MARISA CRUZ  EL MUNDO 9 Mayo 2009

El Ejecutivo apelará al Constitucional si la Generalitat no asume la tercera hora de castellano / Los 'populares' piden a Montilla que imite a Patxi López y defienda el derecho de los padres a elegir / Rosa Díez exige la dimisión de los jueces del TC por no pronunciarse sobre el 'Estatut'

La futura Ley de Educación de Cataluña (LEC), cuyo texto fue aprobado el jueves en la Comisión de Educación del Parlament, ha encendido las alarmas en el seno del Gobierno y en las filas del primer partido de la oposición.

Tanto el Ejecutivo como el PP, cada uno por su parte, están dispuestos a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la norma si no cumple con el marco legal nacional.

En el caso del Gobierno, el foco de atención se fija prioritariamente en la obligatoriedad de garantizar un mínimo de tres horas de clase de castellano a la semana. En el caso del PP, la reclamación es más amplia ya que este partido entiende que la futura ley no asegura un «bilingüismo armónico e integrador».

Por parte del Gobierno central, tal y como aclaró ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega , se esperará a que el Pleno del Parlament apruebe definitivamente el texto legal.

Será entonces cuando, superados todos los trámites parlamentarios, en los que el Ejecutivo no puede inmiscuirse, se estudiará detalladamente la ley -«como se hace siempre con toda la legislación de las comunidades autónomas»-, a fin de «analizar todas las novedades que incluya en el sistema educativo».

Si se considera que alguno de los preceptos no se adecua al marco normativo, entonces el Gobierno «actuará en consecuencia». Hasta entonces, según De la Vega , «hay que ser prudentes, respetuosos y no prejuzgar».

Fuentes gubernamentales aseguraron a EL MUNDO que si, finalmente, la LEC esquiva el decreto del Ministerio de Educación que insta a impartir tres horas semanales de castellano en la escuela, el Ejecutivo abrirá un proceso de diálogo con la Generalitat a fin de que la norma sea reinterpretada o modificada. Si finalmente la conciliación no fuera posible, el Gobierno presentará contra los preceptos oportunos un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La LEC , que está pendiente de ratificación por el Pleno del Parlamento de Cataluña, blinda el actual modelo lingüístico de inmersión en catalán y avala la política del Gobierno de la Generalitat en relación con la tercera hora de enseñanza en castellano. En la actualidad, la mayoría de las escuelas catalanas sólo imparte dos horas semanales de español, puesto que el Gobierno tripartito ha dejado en manos de los propios centros escolares la elaboración de un proyecto lingüístico sobre la enseñanza de las lenguas.

La vicepresidenta primera del Gobierno apuntó ayer, en relación con el debate abierto en torno a la futura ley catalana, que hay que partir del principio clave de que «la enseñanza del castellano está y estará garantizada en Cataluña y en el resto de las comunidades autónomas, como lo ha estado siempre».

Para sustentar esta afirmación, la número dos del Ejecutivo se refirió a los datos «muy similares» de aprendizaje del castellano por los alumnos en las distintas comunidades. E incluso afirmó: «A veces es más elevado en las que tienen lenguas cooficiales».

De la Vega , además, rechazó que la tardanza del propio Tribunal Constitucional a la hora de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña propicie debates como el que se ha suscitado a propósito de la futura Ley de Educación catalana.

En el PSC no tenían ayer noticia de que el Gobierno de Zapatero no descarta recurrir la nueva norma legal si ésta no cumple con el decreto de la tercera hora de castellano, pero sí sabían que el PP se plantea llevar este proyecto al Tribunal Constitucional.

Por eso, el secretario de Organización de los socialistas catalanes, José Zaragoza, aprovechó para cargar contra Mariano Rajoy.

Zaragoza acusó a los populares de «recurrir contra los intereses de Cataluña» y a su líder de tener «una fijación enfermiza» contra esta comunidad, informa Leonor Mayor.

También se pronunció sobre esta cuestión la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien destacó que la futura ley lleva dos años gestándose y consensuándose. Según Pajín, su carácter es «meramente instrumental y no ideológico», porque lo que se pretende con ella es «hacer operativo un pacto lingüístico que existe en Cataluña desde hace muchos años».

El PP llevará la ley educativa al Consultivo en discrepancia por la tercera hora
EL PAÍS 9 Mayo 2009

No hubo sorpresas. El PP anunció anoche que llevará el proyecto de ley de Educación de Cataluña al Consejo Consultivo de la Generalitat. Quiere que el órgano consultivo se pronuncie sobre algunos aspectos del texto que, a su juicio, podrían vulnerar la normativa estatal, entre ellos la no inclusión de la tercera hora de clase de castellano en las escuelas.
La decisión no paraliza la ley pero su aprobación se retrasará un mes

La decisión del PP de ir al Consultivo retrasa el trámite final de la ley de Educación que discute el Parlament pero no la paraliza. Se abre ahora un plazo de un mes para que el Consultivo dictamine. Pero su dictamen no es vinculante para el Parlament, por lo que la ley podrá ser aprobada en el supuesto de que hubiera un informe negativo en algún punto.

El texto del proyecto de ley no podrá ir a un pleno parlamentario de este mes ni de la primera quincena de junio. Habrá que esperar a final de junio o julio, último mes hábil antes de las vacaciones para aprobar la ley.

Además de la discrepancia por la elusión de la tercera hora de castellano en las escuelas, un portavoz de los populares dijo que otros puntos de discordia son la creación de un cuerpo de profesores y maestros de la Generalitat que incluye el proyecto de ley, y la elección de lengua en la escuela. La posibilidad de optar por el castellano en la escuela sigue limitada en el proyecto a la etapa de la primera enseñanza (hasta los ocho años).

El proyecto de ley ha sido pactado a cuatro bandas entre los grupos que apoyan al Gobierno catalán -PSC, ERC e ICV-EUiA- y CiU. Aun así, ICV-EUiA se desmarca de algunos apartados como la opción de dar fondos públicos al bachillerato o la posibilidad de separar por sexo a los alumnos en los centros concertados.El PP también se plantea recurrir la ley catalana de Educación al Constitucional si no se modifica. Necesita 50 diputados en el Congreso para llevar la ley al Constitucional. La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, confió ayer en que, finalmente, se modifique el texto y deseó que este recurso no tenga que "hacerse".

El PP utiliza el pacto vasco contra la inmersión lingüística en Catalunya
• Los populares amenazan con recurrir la futura ley de educación ante el Tribunal Constitucional
• El Govern defiende que el catalán será la lengua vehicular y se garantizará el dominio del castellano
NEUS TOMÀS  EL PERIÓDICO  9 Mayo 2009

El PP no ha tardado nada en intentar sacar rédito de su alianza con los socialistas vascos y a la misma hora que el lendakari, Patxi López, firmaba en Vitoria los decretos de nombramiento de sus consejeros, en Barcelona la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, apremiaba a los socialistas catalanes a tomar ejemplo del PSE y actuar en consecuencia a la hora de defender un "bilingüismo armónico". Socialistas y populares se han puesto de acuerdo en el País Vasco para rechazar que el euskera sea considerado la lengua vehicular en la escuela. En cambio, en Catalunya la futura ley de educación consagra este estatus para el catalán aunque, según insistió ayer el conseller Ernest Maragall, la nueva norma pretende garantizar también el dominio del castellano.

"Nos gustaría que José Montilla copiase a Patxi López, que ha firmado un documento a favor del bilingüismo integrador. Pero aquí el socialismo es prisionero del independentismo", remarcó la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, mientras a su lado Sáenz de Santamaría añadía que esta es una muestra de la "doble personalidad del PSOE".

LIBERTAD Y PROBLEMAS
Los populares, a raíz del debate sobre la nueva ley de educación --actualmente en trámite parlamentario--, invocan el habitual argumento utilizado para criticar el modelo de inmersión lingüística consensuado en Catalunya hace más de dos décadas: la falta de libertad de elección de los padres para poder decidir en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos.

Aunque pueda interpretarse como una contradicción, Sáenz de Santamaría apeló a un "modelo de convivencia entre catalán y castellano", mientras al mismo tiempo reconocía que "en la calle la lengua no es un problema". Y, siguiendo con este curioso razonamiento, culpó al tripartito de ser el responsable de provocar el problema con normas como la ley de educación (que también cuenta con el apoyo de CiU).

VÍA JUDICIAL
Sin concretar cuál será la decisión final, el PP amenazó ayer con recurrir la ley de educación al Tribunal Constitucional, como ya hizo con el Estatut. De momento, no descarta reclamar un informe al Consell Consultiu para que este dictamine sobre la constitucionalidad de la norma. La apelación al Constitucional requeriría el apoyo de 50 diputados o senadores en las Cortes. "Yo le pido al PSOE que se lo piense bien y lea lo que firma. Ese recurso, si llegara a hacerse, se hará en defensa de los derechos de la gente", afirmó la portavoz popular.

Para reforzar el alegato, el candidato del PP a las europeas, Alejo Vidal-Quadras --que hoy se fotografiará en Barcelona con Camacho en un acto de precampaña--, calificó de "aberración" y "disparate" la ley de educación y exigió al Constitucional que dicte ya la sentencia del Estatut porque, en su opinión, puede producirse "un desastre desde el punto de vista jurídico". "Una enseñanza que proscribe la lengua común, el castellano, es un disparate", remató en declaraciones a Europa Press.

Con la llegada de Camacho a la presidencia del PP catalán pareció que la lengua podía pasar a un segundo plano en la estrategia popular. Por ejemplo, a diferencia de otros dirigentes de su partido, ella no firmó el manifiesto del castellano. Pero ayer quedó claro que Camacho está dispuesta a recuperar el presunto conflicto lingüístico como uno de las esencias del discurso del PPC, aunque con ello se complique su buscado acercamiento a CiU.

El conseller de Educación afirma que la LEC da libertad para decidir sobre la lengua
EL MUNDO 9 Mayo 2009

El conseller de Educación, Ernest Maragall, ha asegurado que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) da libertad a la Generalitat para decidir la aplicación del currículo de las materias escolares, incluida la de lengua castellana, sin contradecir la Ley Orgánica de Educación (LOE).

La LEC , que el jueves recibió la luz verde de la Comisión de Educación del Parlament y que está pendiente ahora de ser aprobada definitivamente por el pleno de la Cámara catalana, blinda el actual modelo lingüístico de inmersión en catalán, y avala la política del Gobierno catalán respecto a la tercera hora del castellano.

El decreto del Ministerio de Educación que insta a impartir tres horas semanales de castellano en la escuela ha sido esquivado en Cataluña, donde la mayoría de las escuelas imparte dos horas de castellano, ya que la Generalitat ha dejado en manos de cada centro la elaboración de un proyecto lingüístico sobre la enseñanza de las lenguas.

En este contexto, la LEC fija que la lengua vehicular de la enseñanza es el catalán y, recogiendo las competencias ampliadas sobre enseñanza que le otorga el Estatut, da capacidad a la Generalitat para "determinar detalles, contenidos y aplicaciones del currículo del conjunto de las materias y de su organización y de su horario para todas las materias", según ha dicho Maragall.

Tras visitar un instituto público en Barcelona, el conseller ha subrayado, en declaraciones a los periodistas, que la LEC "nos da capacidad para decidir y para desarrollar teniendo en cuenta nuestra realidad social y voluntad explícitamente plurilingüe".

En este sentido, ha apuntado que el catalán tiene una función central porque es reconocida como lengua vehicular, pero que ello es completamente compatible con "el dominio pleno del castellano" por parte de los alumnos, e incluso del conocimiento de una tercera lengua.

"Es el modelo que la ley contempla y es lo que vamos a hacer con respeto, con rigor y con la evidencia de que el objetivo del trilingüismo se cumple, con el catalán como lengua vehicular y con garantía del dominio del castellano", ha aseverado.

En materia lingüística, la LEC también recoge que se podrá escolarizar en castellano en el curso en el que los alumnos inicien la primera enseñanza y que corresponde a los padres reclamar este derecho al hacer la matrícula, aunque siempre deberá ser en clases conjuntas.

Respecto al despliegue de la ley, una vez sea aprobada definitivamente por el Parlament, Maragall ha asegurado que espera que éste sea "como una lluvia fina, persistente, benéfica y que vaya demostrando paso a paso y curso a curso que es una ley que se cumple".

La Ley de Educación catalana obvia las sentencias que instan a impartir la tercera hora del castellano y a incluir la casilla en la matrícula ¿ El PP estudia recurrir al TC
Por encima de la ley y sus jueces
Noelia Ramírez barcelona- La Razon 9 Mayo 2009

Desoyendo el decreto del Ministerio de Educación que obliga a la Generalitat a impartir 665 horas de castellano en Primaria -tres horas semanales-, la Ley de Educación (LEC) blindará la inmersión lingüística en las aulas el próximo curso y retorcerá aún más la posibilidad de impartir el castellano. En junio la ley será aprobada en el Parlamento catalán, y ya cuenta con los apoyos necesarios (PSC, ERC y CiU) para hacer realidad un proyecto que obvia también las cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia y una del Supremo en la que se insta a la Generalitat a incluir la casilla del castellano en la preinscripción escolar.

Teniendo en cuenta que han sido los republicanos los encargados de redactar el título de la ley que hace referencia a la lengua, el texto basa sus artículos siguiendo la estela del Estatut y no de la LOE, por lo que el catalán se establece como la «lengua vehicular» de Cataluña y de la educación. El texto contiene varios artículos vitales que obvian al castellano. El número 11 establece que «las actividades orales y escritas, el material didáctico y la evaluación de las áreas, materias y módulos del currículum han de ser normalmente en lengua catalana, excepto en el caso de la lengua y literatura castellanas y de la lengua extranjera»

La ley también abre la vía a que el resto de materias puedan ser impartidas en idiomas extranjeros y no en castellano. El artículo 13 indica que el «proyecto lingüístico puede determinar los criterios para impartir contenidos y otras actividades educativas en alguna de las lenguas extranjeras». Esta situación implicaría que matemáticas o ciencias se pudiesen estudiar en alemán o inglés. La preinscripción vuelve a eludir la casilla del castellano y, además, reduce de cinco años a uno la posibilidad de estudiar en esta lengua. Los padres serán informados «verbalmente» al hacer la preinscripción de que en el primer año de escolarización, y sólo ese año, los alumnos de Primaria puedan recibir «atención individualizada» en este idioma.

Ante este panorama, tanto la portavoz del PP, Soraya Saénz de Santamaría, como la presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, advirtieron ayer que el partido no cierra la puerta a recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, fuentes del Ministerio de Educación indicaron que «el Gobierno no estudiará la ley hasta que se apruebe, por lo que no hará valoraciones que no le corresponden», asimismo, indicaron que la ley catalana «ha situado la Educación en el centro del debate con propuestas muy interesantes».

Los docentes, aislados y obligados a hablar catalán hasta en el patio
Noelia Ramírez barcelona- La Razon 9 Mayo 2009

BARCELONA- Un cuerpo de docentes propio es el que plantea la Ley de Educación, sistema que se ha ganado la desconfianza de los sindicatos ante el aislamiento que supone llevar a cabo un sistema único y diferenciado al del resto de España. Con unas oposiciones propias y con unos aspirantes que deban acreditar el nivel C de catalán, la situación implica dificultades a la hora de pedir el concurso de traslados. Es aquí cuando los inconvenientes aparecen por partida doble. Por un lado, los docentes catalanes que quieran impartir clases en otra comunidad autónoma tendrán que convalidar sus oposiciones con las estatales con unas pruebas que todavía se desconocen. Por otro, los profesores y maestros del resto de España tendrán que realizar las oposiciones catalanas, además de acreditar el nivel C de catalán. Además, el artículo 106 establece que para aspirar a la plaza, los opositores acrediten el nivel B de alguna lengua extranjera. Pero las trabas también se presentan en el propio centro, donde los funcionarios estarán obligados a hablar catalán en todo momento. El artículo 14 establece que, a excepción de las clases de lengua y literatura castellana y de las lenguas extranjeras, maestros y profesores, «al margen de las actividades de enseñanza y aprendizaje», tendrán que utilizar el catalán al comunicarse con sus alumnos, incluida la hora del patio. Hasta el personal no docente tendrá que «asegurar el conocimiento de la lengua».

EDUCACIÓN | El PP pide que se defienda el derecho a elegir
El Gobierno apelará si Cataluña no cumple con las tres horas de español
Marisa Cruz | Madrid El Mundo 9 Mayo 2009

La futura Ley de Educación de Cataluña (LEC), cuyo texto fue aprobado el jueves en la Comisión de Educación del Parlament, ha encendido las alarmas en el seno del Gobierno y en las filas del primer partido de la oposición.

Tanto el Ejecutivo como el PP, cada uno por su parte, están dispuestos a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la norma si no cumple con el marco legal nacional.

En el caso del Gobierno, el foco de atención se fija prioritariamente en la obligatoriedad de garantizar un mínimo de tres horas de clase a la semana de castellano. En el caso del PP, la reclamación es más amplia ya que este partido entiende que la futura ley no asegura un «bilingüismo armónico e integrador».

Por parte del Gobierno central, tal y como aclaró ayer la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, se esperará a que el Pleno del Parlament apruebe definitivamente el texto legal.
Analizar las novedades

Será entonces cuando, superados todos los trámites parlamentarios, en los que el Ejecutivo no puede inmiscuirse, se estudiará detalladamente la ley –"como se hace siempre con toda la legislación de las comunidades autónomas"–, con el fin de "analizar todas las novedades que incluya en el sistema educativo".

Si se considera que alguno de los preceptos no se adecúa al marco normativo, entonces el Gobierno "actuará en consecuencia". Hasta entonces, según De la Vega, "hay que ser prudentes, respetuosos y no prejuzgar".

Fuentes gubernamentales aseguraron a EL MUNDO que si, finalmente, la LEC esquiva el decreto del Ministerio de Educación que insta a impartir tres horas semanales de castellano en la escuela, el Ejecutivo abrirá un proceso de diálogo con la Generalitat con el fin de que la norma sea reinterpretada o modificada. Si finalmente la conciliación no fuera posible, el Gobierno presentará contra los preceptos oportunos un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La LEC, que está pendiente de ratificación por el Pleno del Parlamento de Cataluña, blinda el actual modelo lingüístico de inmersión en catalán y avala la política del Gobierno de la Generalitat en relación con la tercera hora de enseñanza en castellano. En la actualidad, la mayoría de las escuelas catalanas sólo imparte dos horas semanales de castellano, puesto que el Gobierno tripartito ha dejado en manos de los propios centros escolares la elaboración de un proyecto lingüístico sobre la enseñanza de las lenguas.

Garantía de la enseñanza
La vicepresidenta primera del Gobierno apuntó ayer, en relación con el debate abierto en torno a la futura ley catalana, que hay que partir del principio clave de que "la enseñanza del castellano está y estará garantizada en Cataluña y en el resto de las comunidades autónomas, como lo ha estado siempre".

Para sustentar esta afirmación, la número dos del Ejecutivo se refirió a los datos «muy similares» de aprendizaje del castellano por los alumnos en las distintas comunidades. E incluso afirmó: "A veces es más elevado en las que tienen lenguas cooficiales".

De la Vega, además, rechazó que la tardanza del propio Tribunal Constitucional a la hora de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña propicie debates como el que se ha suscitado a propósito de la futura Ley de Educación catalana.

En el PSC no tenían ayer noticia de que el Gobierno de Zapatero no descarta recurrir la nueva norma legal si ésta no cumple con el decreto de la tercera hora de castellano, pero sí sabían que el PP se plantea llevar este proyecto al Tribunal Constitucional.

Por eso, el secretario de Organización de los socialistas catalanes, José Zaragoza, aprovechó para cargar contra Mariano Rajoy.

Zaragoza acusó a los populares de "recurrir contra los intereses de Cataluña" y a su líder de tener "una fijación enfermiza» contra esta comunidad", informa Leonor Mayor.

También se pronunció sobre esta cuestión la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien destacó que la futura ley lleva dos años gestándose y consensuándose. Según Pajín, su carácter es «meramente instrumental y no ideológico», porque lo que se pretende con ella es "hacer operativo un pacto lingüístico que existe en Cataluña desde hace muchos años".

Rosa Díez y el Constitucional
La diputada de UPyD, Rosa Díez, reclamó la "dimisión" del Tribunal Constitucional, al atribuir a este órgano, en última instancia, la responsabilidad por la aprobación en comisión parlamentaria en Cataluña del dictamen para una ley educativa que "blinda la exclusión del castellano" en la enseñanza en Cataluña, según sostiene. Díez asegura que la Comisión de Educación del Parlamento catalán ha podido sacar adelante esta norma gracias a lo que describe como "incompetencia" del TC, al que reprocha una "política seguidista" del Gobierno. "Esta política es la que ha permitido que en el Parlamento catalán se haya producido un golpe antidemocrático", añadió.

Rosa Díez pide la "dimisión" del TC por la Ley del catalán

 Periodista Digital 9 Mayo 2009

La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha pedido la "dimisión" del Tribunal Constitucional, al atribuir a este órgano, en última instancia, la responsabilidad por la aprobación en el Parlament de una nueva ley educativa que según ella "blinda la exclusión del castellano" en la enseñanza en Cataluña.

A través de un comunicado, Díez asegura que la Comisión de Educación del Parlament ha podido sacar adelante esta norma gracias a lo que describe como "incompetencia" del Constitucional, al que reprocha que practique una "política seguidista" del Gobierno.

"Esta política es la que ha permitido que en el Parlamento catalán se haya producido ayer un golpe antidemocrático".

La dirigente de UPyD entiende que es un "escándalo" que el Tribunal Constitucional lleve tres años sin pronunciarse sobre la adecuación del Estatut a la Carta Magna, un hecho que en su opinión aprovecha el Ejecutivo catalán y los nacionalistas "para radicalizar su política educativa a través de la política de hechos consumados".

UPyD en Cataluña considera que tras esta iniciativa legislativa lo que se busca expresamente es erradicar el castellano de la escuela con el absurdo e imposible propósito de aniquilarlo de la sociedad. Los nacionalistas radicales catalanes –PSC, ERC, ICV y CIU- han pasado a la
ofensiva legal subvertiendo la legalidad estatal, sustituyéndola y pretendiendo construir una nueva legalidad al margen de la Constitución y por tanto, del Estado:

Estamos frente a un atentado contra los derechos individuales y como tal, ante un acto de totalitarismo abyecto. El Estado debe defender el derecho de sus ciudadanos en Cataluña adoptando medidas de defensa de los derechos individuales en materia de lengua. La primera medida, exigiendo que el Tribunal Supremo ordene a los altos responsables del Govern catalán que den cumplimiento a las resoluciones judiciales firmes en esta materia -1 del TS y 4 más del TSJC- y procesándolos por delito de desobediencia judicial en caso de incumplimiento.

De igual manera desde UPyD exigimos un pronunciamiento inmediato por parte del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto –o en su defecto la dimisión de sus miembros- para evitar que al amparo de su vigencia, se sigan legislando bodrios jurídicos como el de la LEC. Es un atropello proyectar que el castellano sea considerado en Cataluña como una lengua extranjera no curricular y de peor condición que por ejemplo el inglés.

El proyecto de LEC se ha concebido al margen de la sociedad y como tal, es
además de anticonstitucional, sectario y absurdo. El fin último y deseado de los partidos aludidos –PSC, ERC, ICV y CiU- es hacer de Cataluña una sociedad monolingüe sobre la que construir una nación independiente y su proyecto, un reto al Estado que no debe ser consentido.

INCOHERENCIA DEL PSOE
Rajoy apunta a las responsabilidades del Tribunal Constitucional
Elsemanaldigital.com 9 Mayo 2009

Señaló su sorpresa porque el PSOE aplique una política sobre la educación en el País Vasco y a la vez desarrolle otra muy diferente en Cataluña.

El PP reaccionó el viernes contra la Ley de Educación que está a punto de aprobar el Parlamento de Cataluña, en la que se impone el catalán como única lengua vehicular del sistema educativo. PP y UPyD manifestaron su disposición a recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional si no se reconoce el derecho de los padres a una enseñanza en castellano y la Generalitat persiste en un modelo que no reconoce el bilingüismo en las escuelas. Este asunto, como recogió El Semanal Digital, ha levantado una tormenta en torno al Tribunal Constitucional.

En la mañana de este sábado, en una entrevista en Al Sur de la Semana, de la Cadena COPE, Mariano Rajoy habló de todo ello y dijo que no está "de acuerdo con el fondo del tema" porque "el valor básico debe ser la libertad". "Tengo dos hijos y me gustaría poder educarlos como yo quiero", señaló.

También recalcó la incoherencia del PSOE. Una de las "exigencias" para el pacto en el País Vasco, que los socialistas asumieron, fue el de "dar libertad a la gente de elegir el idioma" en que querían educar a sus hijos. "Me sorprende que el PSOE diga una cosa en una comunidad y en otra haga la contraria", añadió.

Rajoy continuó diciendo que tampoco está de acuerdo con "la forma" del asunto. "En España hay una Constitución, que es una ley que nos obliga y vincula", recordó el líder del PP al señalar que se hizo un Estatuto en Cataluña que la incumplía y que fue recurrido, entre otros, por su propio partido.

"Resulta notable que casi tres años después, todavía tengamos que esperar y cada uno haga lo que le parece oportuno", dijo Rajoy, para quien "los tribunales también tienen su responsabilidad y tienen que contribuir con sus decisiones a cumplir las reglas de juego". "Espero que salga el fallo a la mayor celeridad posible", añadió.
 

Recortes de Prensa   Página Inicial