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Recortes de Prensa    Sábado 16 Mayo 2009

 

Cambio urgente del modelo económico
MANUEL LAGARES El Mundo 16 Mayo 2009

UNA de las frases más repetidas en estos tiempos de crisis es la de que hay que cambiar de modelo económico. Muchos de quienes la escuchan, y no pocos de quienes la repiten, piensan que el cambio de modelo está sin más al alcance de nuestra política económica y que sus consecuencias serán poco menos que inmediatas. Es decir, que un cambio en el modelo económico vendría a ser algo así como cambiar de traje cuando se dispone de varios para elegir. Sólo es cuestión de gustos y, en todo caso, tarea de poco tiempo.

Casi todos están también de acuerdo en que el modelo que debería elegir la economía española es el de una producción caracterizada por una agricultura muy selecta, por una industria muy importante con escasos costes medioambientales y, además, volcada al exterior gracias a su avanzada tecnología, por no demasiada construcción y, sobre todo, por muchos servicios del más alto valor añadido. Un modelo ideal a cuyos encantos resulta difícil resistirse.

Sin embargo, la realidad cotidiana es bien distinta. Tenemos una producción primaria débil que apenas si representa un 3% del PIB al coste de los factores; una construcción hipertrofiada que supone más de un 12% de esa magnitud; una industria que, incluida la producción de energía, escasamente bordea el 17% de toda nuestra producción y que básicamente concentra sus exportaciones en el automóvil y sus componentes, pero sobre modelos de segundo nivel tecnológico. Finalmente, unos servicios concentrados en torno al turismo y el sector público que casi alcanzan el 68% de esa producción.

Además, las importaciones superan en valor a nuestras exportaciones y, como una parte considerable del PIB -casi su 80%- consiste en construcción y servicios, actividades que absorben bastante mano de obra, se crearon muchos empleos durante la pasada expansión, pero también estamos generando mucho paro en la actual época de crisis, donde esos sectores, incluida la industria del automóvil, se están viendo especialmente afectados.

No hemos elegido ese modelo, bastante diferente del que nos gustaría, mediante una sola decisión consciente y deliberada, sino que ha ido imponiéndose como consecuencia de decisiones que, quizá inconscientemente, se han ido adoptando a lo largo de muchos años respecto a nuestros factores productivos, a nuestros mercados y a nuestro sector público. Suele ocurrir así, pues la estructura sectorial de la producción y su contenido es siempre el resultado final de decisiones continuadas de la política económica que lentamente van afectando a la dotación de factores y a su capacidad para producir, al desarrollo de los mercados, al juego del sector público y a la demanda interior y exterior que se logran captar gracias a calidades y precios.

El problema es muy serio pues, si no se cambia ese modelo, la imposibilidad de repetir en los próximos años el pasado boom inmobiliario, las dificultades de nuestra agricultura y de nuestra industria para exportar e, incluso, para atender las demandas del mercado interior, junto con el desarrollo de nuevos centros turísticos en otros países y el desastre creciente del sector público dificultarán y alargarán la salida de la crisis, como pronostican los organismos internacionales y no parece creerse nuestro Gobierno. Pero también pondrán en grave riesgo nuestros niveles de bienestar a más largo plazo, relegándonos a lugares muy secundarios de la economía mundial y haciéndonos olvidar para muchas décadas el brillante porvenir que parecía que acariciábamos en estas últimas.

La solución tiene que ver con los factores de la producción, con la organización de los mercados y con el ámbito, composición y actuaciones del sector público. Los cambios en todos esos aspectos son los que, a la larga, terminarían por producir el cambio en nuestro modelo económico. Comenzando con nuestra fuerza de trabajo, la raíz del problema se encuentra en el sistema de enseñanza en todos sus niveles y, especialmente, en los más primarios, que no son hoy capaces de lograr que sus alumnos dominen suficientemente los conocimientos más elementales y se habitúen a establecer las relaciones lógicas que forman el pensamiento. Las carencias en comprensión escrita y cultura matemática son muy altas, por lo que no cabe esperar la integración eficiente de esas personas en un mundo de alto nivel tecnológico.

Por eso, la reforma profunda de la enseñanza, comenzando por la primaria y terminando por la universidad, constituye una premisa necesaria al cambio de modelo económico, reforma que no se soluciona con poner un computador portátil a disposición de cada alumno -una de las sorpresas que se sacó Zapatero en el Debate sobre el estado de la Nación- ni con dotar a las aulas de pizarras electrónicas, aunque tales medidas sean buenas en sí mismas. Mucho, muchísimo más habrá que hacer para que los estudiantes españoles no sean de los últimos en la clasificación mundial de conocimientos. Pero también necesitaremos controlar mejor la inmigración. No podremos soportar que nuestra población siga creciendo a ritmos superiores al 1 por 100 anual, como en los últimos años y, sobre todo, tampoco podremos aguantar la entrada masiva de personas con escasa formación y capacidades si queremos cambiar la calidad y la estructura de nuestras producciones y nuestro nivel de empleo.

En cuanto a la dotación de capital, hemos realizado un fuerte esfuerzo inversor en la última década, con niveles de formación bruta de capital del 30% del PIB. Pero hemos dedicado una porción considerable de esos fondos a las viviendas, que no son bienes de capital sino de consumo duradero. Otra parte sustancial a la producción de bienes directamente orientados al bienestar de los ciudadanos -equipamiento social y urbano, por ejemplo-, pero no a la producción de otros bienes, que es lo que constituye el auténtico capital.

Finalmente, la inversión productiva tampoco se ha materializado muchas veces en bienes de capital de alta calificación tecnológica, teniendo un corto impacto en el crecimiento de la producción y las exportaciones. Por eso el cambio de modelo tiene que pasar por el mantenimiento de altas tasas de formación de capital, orientando las inversiones hacia la producción más que al bienestar de los ciudadanos y, sobre todo, concretándolas en bienes que incorporen avanzadas tecnologías. Y deberíamos, al mismo tiempo, impulsar la generación de energía abundante y barata para nuestras producciones.

EN MATERIA de mercados quedan duras tareas por delante. La primera, una amplia supresión de trabas inútiles para su funcionamiento y para la entrada y salida de sus participantes. La segunda, una importante integración del mercado nacional, sometido hoy a un intenso proceso de fragmentación mediante la implantación de barreras interiores que limitan la competencia.

Una lengua común es fundamental para el mantenimiento de la unidad de mercado, al tiempo que capital de primera línea para el progreso futuro. Además tendremos que abordar urgentemente una homogeneización completa de esos mercados, incluido el laboral, con los de los países más avanzados de nuestro entorno.

Por último, habrá que reformar profundamente nuestro sector público, volviendo a pensar el papel que hoy juega el impuesto sobre sociedades, mejorando el actual IRPF, aproximando los tipos del IVA y aprovechando sus ingresos para reducir sustancialmente las cotizaciones sociales, lo que ayudaría mucho a nuestras exportaciones. Pero, sobre todo, tendríamos que redefinir a fondo los gastos públicos, reduciendo los corrientes para incrementar los de inversión productiva. Tendríamos también que reformar nuestra Seguridad Social, pese a que nuestro Gobierno opine que no existen problemas en este ámbito. Y tendríamos que alcanzar una estructura territorial de nuestra Hacienda pública mucho más racional que la que se está generando por el mercadeo de apoyos políticos. Pero, además, tendríamos que lidiar con un déficit que se encuentra ya próximo al 10% de nuestro PIB.

Sólo con políticas de reforma profundas, constantes y pacientes lograremos cambiar de modelo económico para salir con bien de esta crisis y asegurar nuestro futuro como nación. Pero, ¿se han dado cuenta de lo poco que se ha hablado de las acciones necesarias en el reciente debate parlamentario?

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Lenguas en la UE
José Antonio VERA La Razon 16 Mayo 2009

Ha hablado Mayor Oreja en Barcelona del problema de las lenguas en la Unión Europea. No es tema menor. Cada vez que he ido al Parlamento de Bruselas o a la Comisión me ha parecido absolutamente ilógico, ingobernable y nada práctico que se tenga que traducir cualquier papel en 23 lenguas diferentes. Así no hay manera de avanzar en nada. Por fortuna el sentido común y el sentido práctico de la gente se impone y, al final, el inglés es de hecho el idioma común de la mayoría de los eurodiputados y funcionarios. Inglés y francés, en muchos casos, pero con preferencia por el primero. Algo lógico que debería oficializarse de alguna manera, pero que encuentra resistencia en Alemania y Francia.

La realidad es que la UE no puede seguir con este dispendio en la burocracia de las lenguas. Lo normal sería que el idioma anglosajón fuese el oficial en toda la Unión para el día a día, aunque se pudiera compartir esa oficialidad con las otras cuatro más habladas en la totalidad de la Unión, que son, por este orden, alemán, francés, italiano y español. Todas las restantes (hasta 23, incluidas el catalán, el gallego y el euskera) debieran limitarse a ser co-oficiales en sus respectivos territorios, pero no en las instituciones comunitarias. Traducir cada discurso de cada parlamentario a más de veinte idiomas distintos es sencillamente imposible de sostener desde el punto de vista del gasto, amén de latoso y nada práctico.

Se quejaba Jaime Mayor en Barcelona de que el español no tiene en la UE el trato que se merece, en atención a su peso como segunda lengua de uso corriente a nivel mundial. Tiene razón. Alemanes, franceses e italianos están por delante de nosotros por población, con el agravante de que en los últimos tiempos el castellano ha perdido posiciones por la decisión incomprensible de restar de nuestros 45 millones de habitantes a aquellos que viven en Cataluña, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana y Galicia, al acreditarles como hablantes de sus respectivas lenguas regionales. Decisión absurda pero adoptada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero para cumplir sus compromisos con los socios nacionalistas, que exigen la co-oficialidad en Europa del catalán, el gallego y el vascuence.
Veo por eso mismo complicado que el español pueda llegar a ser considerado como segunda lengua de la UE, como propone el candidato del PP. En los últimos tiempos su peso ha ido disminuyendo por la razón antes mencionada. La batalla tiene que centrarse ahora en lograr que seamos una de las cinco de referencia, y que no nos adelante el polaco o alguno de los idiomas del este, cosa que al paso que vamos no sería impensable.

Una vez más nos encontramos ante la paradoja incomprensible de que tenemos una lengua que avanza en todo el mundo menos en nuestro propio país y en Europa, debido a decisiones de los gobernantes. Nos dedicamos a restar en vez de a sumar, cosa que no sería imposible si lográramos alcanzar algún tipo de acuerdo de mutuo interés con Portugal (el portugués y el castellano son similares en un 87 por ciento de su léxico), con lo que por número de habitantes estaríamos al mismo nivel que ingleses, franceses e italianos.

Pero aquí estamos siempre en la pequeña miseria de las banderas y los himnos. Así nos luce el pelo.

Provocación españolista
IGNACIO CAMACHO ABC 16 Mayo 2009

FUE una provocación españolista. La culpa del bochorno de Mestalla la tiene en primera instancia la Federación Española por su anacrónico empeño de hacer sonar el himno nacional en lugar y momento tan impropios, y en segundo lugar el Rey Juan Carlos por no abdicar, ya que no del trono, al menos de su insostenible privilegio de presidir la final de la Copa que inexplicablemente lleva aún su nombre. Ante tan retadora arrogancia del nacionalismo español, las criaturitas allí llegadas desde el País Vasco y Cataluña no tuvieron más remedio que expresar su pacífica protesta en forma de abucheo, el modo más civilizado de hacerse oír que tenían a mano. Podían haber destrozado el estadio, lanzado objetos o quemado bengalas al uso tribal de cualquier afición futbolera, pero se limitaron a manifestar su ruidoso descontento ante la desconsiderada agresión a sus sentimientos identitarios. Fue una protesta sensata e irreprochable que muestra la diferencia de talante entre los ciudadanos de las nacionalidades oprimidas y la prepotencia hegemónica de las instituciones del Estado.

Si al lector le ha parecido este párrafo una ironía -que lo es- sepa que constituye el núcleo argumental exculpatorio de buena parte de la opinión nacionalista, incluso de cierto sector de medios que ha calificado de «ejemplar» el comportamiento del público de la final por el simple hecho de que, hermanado en el repudio de los símbolos españoles, no mostró la tradicional animadversión banderiza entre las hinchadas contendientes. Antes al contrario, simpatizaron la una con la otra en la solidaridad victimista ante el común opresor que organizaba el partido, dedicándose entre sí efusivas muestras de un amistoso respeto que excluía al mayoritario resto de conciudadanos que se sienten representados por su monarca y su himno, y que no encontraron un ápice de amparo, ni previo ni ulterior, de los directivos de los clubes finalistas ni de los dirigentes políticos de sus respectivas comunidades.

Más bien al contrario. Tanto los presidentes del Athlétic y del Barça como los de los gobiernos catalán y vasco -el molt honorable Montilla y el lendakari López, ambos de miembros un sedicente partido nacional español-, así como los responsables de las diversas formaciones nacionalistas, tenían pleno conocimiento de la minuciosa preparación de la algarada y del reparto masivo de silbatos que no eran para reprobar al árbitro. De sus bocas no salió en las vísperas del encuentro una palabra de temple, ni una petición de respeto, ni una declaración integradora. Y con posterioridad a los hechos, se desmarcaron más o menos vergonzantemente de condenarlos y los minimizaron cuando no se sumaron al elogio de la supuesta ejemplaridad de las aficiones. El cliente siempre tiene razón. Y esos chicos tan majos y ejemplares no se merecían una provocación de ese jaez en fecha tan señalada.

PP
Esperando nada
Maite Nolla Libertad Digital 16 Mayo 2009

Gran polémica nacional-deportiva. Dice la vicepresidenta Fernández que no hay que mezclar política y deporte. Sucede que el partido de dos de sus ministros, de la vicepresidenta del Congreso, la entrañable y prescindible Tere Cunillera, y de porrones y porrones de secretarios de estado y directores generales, empezando por la maravillosa Maravillas Rojo, subvenciona una idea independentista que todos los partidos nacionalistas han aceptado y que es la de las selecciones deportivas propias distintas de las españolas. Y como no hay que mezclar deporte y política, el socialismo abona a los promotores de tal idea un arrendamiento millonario en el paseo de Gracia. Pero de esto ni habla el líder del PP, ni la presidenta del partido en Cataluña le insta, le exige o le emplaza a que lo haga, en su tono habitual, tan vehemente; y no digo yo que no obtuvieran rédito de una puyita bien puesta, aunque sólo fuera porque Zapatero se ha nombrado ministro de Deportes.

A ver, Maite, no se nos ande por las ramas, ¿o ya no dice nada usted del PP de Cataluña después de la campaña contra la Ley de Educación? Pues sí, y me parece muy bien; un poco pasada de rosca, en mi opinión, pero no está mal. Lo único, que no me lo creo. De hecho, su presidenta sigue ofreciendo un pacto a los convergentes a cambio de nada, es decir, quiere rendirse a uno de los principales autores de la ley. Con lo que, llegado el momento, si la presidenta y Mariano tienen que decidir entre pactar con CiU o seguir por la buena senda, elegirán pactar con CiU, porque una cosa y otra son incompatibles. Además, la señora presidenta en lugar de afear la conducta a su presidente y líder máximo por no decir nada de la ley de educación en el Debate sobre el estado de la Nación –cuando es una cuestión clave del estado de la nación–, vuelve a la simpleza propia de los nacionalistas de reprochar a los veinticinco diputados del PSC que no exijan a Zapatero que cumpla con Cataluña; traducido, significa que el PP de Cataluña tiene en materia de financiación el mismo discurso que el resto de los partidos nacionalistas. Pura comedia.

Definitivamente, esta semana Rajoy se ha caído con todo el equipo (expresión que ahora está muy de moda). Ni siquiera en materia económica, que es donde el PP se ha centrado obviando otras cuestiones espinosas, fue capaz Rajoy de ganarle la partida a Zapatero. Excepto el propio interesado, los asesores del interesado y la prensa afín al interesado, el que menos considera que Rajoy perdió una oportunidad. Yo creo que el motivo principal de la tibieza del discurso del líder de la oposición hay que buscarlo en el miedo pavoroso que tiene a las posibles respuestas del presidente. Para cualquier cuestión que tenga que ver con el nacionalismo catalán, Zapatero acusará al PP de anticatalán y de utilizar a Cataluña para ganar votos en el resto de España. Y Rajoy, en lugar de preparar una respuesta que en el Congreso sólo se atreve a dar Rosa Díez, decide que su camino no pasa por ahí. Y si le dice algo de los derechos sociales y del despido libre, se le cuelga el sistema.

Es un error fiarlo todo a una victoria en las europeas, aunque sea mínima, porque no va a provocar que se convoquen elecciones anticipadas. Igualmente, es un error pensar que la economía acabará con Zapatero. El PP puede convertirse en un partido que se pase la legislatura esperando nada.

Pitada
Censura democrática
José María Marco Libertad Digital 16 Mayo 2009

La pitada al Rey y a la Marcha Real en Mestalla ayuda a aclarar un debate que ha tenido lugar en estas mismas páginas de Libertad Digital acerca de los posibles parecidos entre la Restauración de 1876, la canovista, y la reinstauración de la Monarquía en la persona del Rey Juan Carlos. A pesar de que en algunas ocasiones se temió lo peor, como en una famosa visita de Alfonso XIII a Barcelona, parece inconcebible que en aquel régimen de hace ya un siglo el Rey hubiera sufrido una circunstancia tan poco afortunada.

¿Por qué? Porque entonces la Monarquía constitucional estaba basada en un pacto firme acerca de las instituciones, un pacto que duró no menos de treinta años. El pacto en el que se basa la actual Monarquía parlamentaria es distinto. Algunos de quienes lo suscribieron se reservaron la libertad de ir variándolo, o transgrediéndolo, en función de las circunstancias. Es lo que ha pasado con los nacionalistas y con el PSOE, que desde entonces ha tensado la cuerda de la alianza con el separatismo cuando le ha convenido, y que no duda en incumplir las leyes y la Constitución allí donde le interesa, como ocurre en Cataluña con la cuestión educativa y el derecho a la enseñanza en español.

Curiosamente, lo que permite este estado de cosas es la legitimidad democrática de la actual Monarquía parlamentaria. La Restauración era un régimen liberal –es decir de limitación del poder– y de elites. La Monarquía parlamentaria es, en cambio, un régimen democrático, de participación, y como parece que los españoles no hemos acabado todavía de aprender en qué consiste el frágil equilibrio entre libertad y participación política, aquello que puede estar respaldado por una mayoría, aunque sea una salvajada, adquiere el marchamo de lo indiscutible.

¿Y qué puede ser más democrático y por tanto más legítimo –más normal, como se ha dicho– que varias decenas de miles de personas, por así llamarlas, abucheando los símbolos de aquello mismo que les permite hacer lo que están haciendo? Para rizar el rizo de esta hiperdemocracia en la que vivimos, se hurtó a los espectadores del evento la posibilidad de contemplar la pitada y de ver la llegada del Rey al acto y escuchar el himno nacional. La democracia entendida al modo cafre y castizo tiene esos inconvenientes: acabará con el régimen de libertad, y ya ha instaurado la nueva censura que permite sortear los aspectos más desagradables de una realidad que se niega cuando conviene. Eso sí, podemos presumir de participaciones aplastantes. ¿Alguien se imagina si pasara algo remotamente parecido en Estados Unidos o en Gran Bretaña?

Tras el fiasco, Rajoy, el ineto sobrao, sobra.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 16 Mayo 2009

Lo de Rajoy en el debate del pésimo estado de la nación es para nota, pero nota descalificativa del tipo demoledora. El mandamás del PP, que tan aficionado es al ciclismo, ha pasado por una experiencia que le traumatizará seguramente durante 3 minutos 15 segundos y cuatro décimas, ha competido en un largo sprint contra el ciclista ZP, del equipo DEPANZA (Desastres y Parados Nacionales de Zapatero), que llevaba pinchadas las cuatro ruedas de su bicicleta durante los últimos 34 kilómetros de la etapa, no solo permitió que el corredor del DEPANZA ganara con 4 minutos largos de escandalosa diferencia, sino que el ciclista Rajoy, del equipo PEPER (Partido Español Perdedor por Estupidez de Rajoy) mientras pedaleaba apática, perezosa, blandengue y cómodamente, iba diciendo a los espectadores que le jaleaban “le estoy ganando por goleada”, vamos, que el ciclista Rajoy del PEPER ni sabía que estaba en una carrera ciclista, y así le fue.

Mi admirado y actualizado a excelentísimo señor ministro, Don José Blanco, seguro diría que Rajoy es un “ineto sobrao”, y esta vez seguro atinaría. Porque hay que ser inepto para correr contra ZP del DEPANZA, con su bici pinchada, y cargado con un pesadísimo lastre de casi cinco millones de parados, tres millones hechos por el corredor del DEPANZA y que a cada kilómetro que pasaba en la carrera se le subían a la espalda nueve mil parados más, y con toda esa rémora aun ganó la carrera al ineto Rajoy que recorrió los últimos 50 kilómetros con los brazos alzados, el muy tontolaba y pedaleando cansinamente el muy sobrao.

No soy asesor político de Rajoy el ineto, ni tengo capacidades de ningún tipo para decirle como tiene que correr esas carreras, pero algo sí sé, que si Rajoy no puede, ni sabe, o como yo me temo, ni quiere ganarle a ZP del DEPANZA una carrera en la que ZP cargaba con 4.587.658 hándicaps tipo parados, y cientos más de otro tipo, pues que eso demuestra que Rajoy del PEPER no vale un pimiento como corredor y que debería largarse y dedicarse a algo que no necesite esfuerzo alguno. El ineto sobrao sobra.

De todos es sabido, y por tanto debería saberlo también Rajoy el ineto, que ZP del DEPANZA es mortal de necesidad para la economía, que es un apañado en política, que es un mentiroso más grande que la tapa de un pino y más enorme que la copa de un piano, que es un maestro del “toma cien millones de euros y besa por donde piso”, que es un desastre en muchos aspectos y que es un virtuoso de la incoherencia, del galimatías político, de los pifostios y de los guirigáis, pero también debería saber Rajoy el ineto que su contrincante ZP del equipo DEPANZA es un maestro en demagogias, un súper ultra mega maxi experto en fabricar cortinas de humo de pajas, un fuera de serie controlando los medios de comunicación para que le tapen sus vergüenzas, una autoridad mundial de reconocido prestigio en el agitprop, sabido eso debería haber actuado Rajoy el ineto en consecuencia.

El fiasco de Rajoy ha sido monumental, andar por la vida política sin querer mover un pelo del bigote porque eso cansa, haciendo el papel de un don Tancredo que espera que su contrincante ZP del DEPANZA lo haga tan rematadamente mal que la gente le convierta en ganador, seguro que le dará más de una y más de diez sorpresas como la del debate del pésimo estado de la nación, un ineto siempre será un inepto.

Desdramatizar el artículo 155 (2)
Cristina Falkenberg El Confidencial  16 Mayo 2009

La semana pasada hicimos una sucinta referencia a las potestades de coordinación del ente territorial superior —que así se denomina convencionalmente— sobre los inferiores, complementarias al artículo 155 de nuestra Constitución. Tales potestades se concentraban en el artículo 153 —control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas por el Tribunal Constitucional, el Gobierno, la jurisdicción contencioso-administrativo y el Tribunal de Cuentas— y el artículo 154 —presencia del Estado en las Comunidades Autónomas a través su administración periférica: los delegados del Gobierno.

Llegamos así al artículo 155, “el artículo prohibido”, el que aún no hemos estrenado por una incomprensible parálisis más propia de una película de Buñuel que de un Estado de Derecho moderno. ¿Y qué es lo que dice este artículo que sea tan terrible? Pues dispone exactamente lo siguiente:

“Artículo 155. 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de otra forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.”

Bien pues sin perjuicio de que el Gobierno pueda dictar normas y disponer su ejecución en todas aquellas materias en las que es habitualmente competente, este artículo cita de manera expresa la facultad de requerir a la Comunidad Autónoma para que cumpla y, si no lo hiciere, sustituir la inacción de sus autoridades por órdenes directas del Gobierno, aunque con el sólo fin de dar cumplimiento a lo debido (“para la ejecución de las medidas previstas”, dice) lo que supone:

Primero. Que no suspende la autonomía de ninguna Comunidad Autónoma, ni disuelve, suprime ni suspende el funcionamiento de ninguno de sus órganos ni destituye a ninguno de sus cargos: simplemente los sustituye en el ejercicio de su autoridad,

Segundo. Que tal sustitución sólo se extiende al ejercicio de las potestades necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por el Gobierno y por el tiempo y en la medida necesarios para que se cumpla,

Tercero. Pero supone, eso sí, que podrá al tenor de lo dispuesto en el 155.2 que habla de “dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”, dirigir su acción hacia todas las Comunidades Autónomas, sean incumplidoras o no, así cuando sencillamente sea necesaria su cooperación para el restablecimiento de la legalidad o la evitación o reparación del interés de España contra el que se hubiere atentado por parte de alguna Comunidad Autónoma.

Aunque a primera vista parece que el precepto sólo hable de “una Comunidad Autónoma” incumplidora, es perfectamente posible que sean más de una las incumplidoras simultáneamente y en cierta cuestión, pudiendo dirigirse el Gobierno a todas ellas (además de a otras Comunidades Autónomas cuya colaboración, en fase de ejecución pueda requerirse). Se trata de una interpretación absolutamente congruente con supuestos tan interesantes como el previsto en el taxativo artículo 145.1 de la Constitución cuando sienta que “en ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas” (federación que de darse implica necesariamente que haya más de una Comunidad Autónoma incumplidora porque para federarse hacen falta al menos dos).

Para admitir la acción conjunta contra varias Comunidades Autónomas, la materia en que las Comunidades Autónomas hayan incumplido no tiene por qué ser necesariamente idéntica en todos los casos: bastará que presenten conexión suficiente (básicamente probando que compartían un mismo fin) como para justificar la acción conjunta contra todas ellas.

No se va a ocultar que es un hecho grave el que una Región, una Comunidad Autónoma o un Estado Federado incumplan de manera significativa las leyes que les incumben o atenten gravemente contra el interés general del país. En este sentido Entrena Cuesta, brillante administrativista, sostiene que el artículo 155 es aplicable únicamente en los casos de mayor trascendencia y sólo cuando las Comunidades Autónomas ejerzan funciones estatales, esto es, no cuando actúen en el ámbito de su autogobierno. La interpretación de este destacado autor es conocida y su cita se hace ineludible, por tanto. Pero se trata de un punto de vista ciertamente muy discutible y que al menos a primera vista no parece que tendría el suficiente apoyo normativo necesariamente.

La doctrina coincide en que el principio de unidad debe conjugarse siempre con otro principio, el de respeto por la autonomía de las Comunidades Autónomas y que se sustancia en una regla de intervención mínima: la justa para lograr que el principio de unidad se cumpla de manera efectiva, pero en ningún caso más que eso. Esta cuestión tiene una plasmación clarísima en cómo se estructura la intervención prevista del Gobierno: primero, pidiendo a la Comunidad Autónoma que ella misma cumpla voluntariamente mediante el requerimiento previo. Luego, y sólo ante este segundo incumplimiento, podrá proceder al ejercicio de sus facultades ejecutivas: pero con el exclusivo fin de reponer la legalidad infringida.

Quizá el lector haya advertido que el supuesto de hecho para el que se prevé que entre en juego este artículo 155 de la Constitución no deja de ser curioso. En efecto, dice que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o” —aún cumpliendo con la legalidad que le incumbe— “actuare de otra forma que atente gravemente al interés general de España…” El problema lo plantea la conjunción disyuntiva “o” pues es difícil pensar en que se cumpla con la legalidad vigente y, cumpliendo con ella sin embargo se atente gravemente contra el interés de España… ¡aunque sólo sea porque esa legalidad obliga a proceder siempre en interés de España! La objeción ya aparece hecha por el Sr. Letamendía durante la fase de redacción de la Constitución, como reflejan los Diarios de Sesiones. El precepto se salvaría entendiendo que aplica a aquellas situaciones en las cuales se da un cumplimiento formal, sólo aparente de la legalidad, pero persiguiendo o incluso logrando dañar los intereses de la Nación española. [La redacción correcta es “y atentare o no contra…” porque como se verá tiene todo el sentido del mundo que el 155 entre en juego cuando una Comunidad Autónoma incumple significativamente la legalidad ya se pueda poner en conexión directa —o no— en ese momento con un atentado contra los intereses de España.]

El ámbito de actuación en que parece que esta situación podría darse sería aquél en el que haya una amplísima discrecionalidad administrativa y en todo caso es el ámbito de la acción llamada “de gobierno”, además de la legislativa (y sin olvidar que son los gobiernos los que llevan la batuta de la iniciativa legislativa).

Hay que tener sin embargo en cuenta que en el caso de que una disposición normativa con fuerza de Ley fuere presuntamente ilegal (por contraria a la Constitución o a algún Estatuto de Autonomía) o tuviere en su aplicación un resultado gravemente dañoso para España (lo cual la coinvertiría en ilegal también), lo más lógico parece ser acudir a la vía del recurso de inconstitucionalidad que prevé el artículo 161.1.a) de la Constitución.

Bien pues este es el contenido preciso del artículo 155 de nuestra Constitución, ese que parece que nadie se atreve a estrenar, pese a que bien mirado parece una previsión normativa de lo más normal, sensato y razonable. Lo que es más, es que no se trata de ninguna rareza de nuestro sistema sino una cláusula presente en otras constituciones de nuestro entorno y cuyo ejercicio es obligado para el ente territorial superior, el Estado. Pero esa ya es materia para la semana que viene.

 

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Núñez Feijoo trata de contentar a todos, menos a quienes le otorgaron su confianza y le dieron su voto
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 16 Mayo 2009

La verdad está donde está, no es equidistante, no se haya en un punto intermedio entre la evidencia y el error. A veces, como en el caso de Galileo Galilei, la verdad estaba muchísimo más cerca de lo que en su época se consideraba "un gravísimo error" que de "la verdad oficial" defendida a capa y espada por la Iglesia católica.

El cardenal Roberto Belarmino, jesuita, dirigió en 1616 el primer proceso contra Galileo Galilei, donde se censuraba su teoría heliocéntrica. Belarmino fue beatificado y canonizado por el papa Pío XI en 1930 y declarado doctor de la Iglesia en 1931. Galileo, sin embargo, fue condenado a guardar silencio y murió ciego el 8 de enero de 1642 en Arcetri, a la edad de 78 años. Pero la Tierra y los demás planetas siguieron girando alrededor del Sol, porque "la realidad es la que es" por mucho que los "entendidos" traten de negarla. Galileo venció.

Que "la realidad es la que es" es algo que debiera reconocer el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, quien, sin embargo, ha provocado una gran polémica al colocar a un defensor de la imposición del gallego como responsable de la política lingüística. El presidente gallego ha elogiado la independencia de su nuevo fichaje. ¿Es realmente Anxo Lorenzo tan independiente como pretende hacernos creer Núñez Feijoo?

Veamos lo que decía Anxo Lorenzo hace poco sobre el decreto 124/2007 cuya derogación prometió Feijoo antes de ganar las elecciones y del que ahora habla de reformar: "Estamos ante un Decreto que debe tener una validez de no menos de diez años, que es el tiempo mínimo para evaluar los cambios positivos que pretende propiciar. Y, sobre todo, estamos ante un texto normativo que está destinado a favorecer que en Galicia la educación lingüística sea el referente para una convivencia social en que la igualdad de derechos de las personas que usan lenguas distintas se convierta en una realidad. […] Es un Decreto destinado a capacitar a la sociedad gallega futura de la competencia y libertad lingüística que aún no tenemos en el presente. Nadie tendrá libertad para hablar/escribir entre varias lenguas si sólo sabe hablar y escribir una. No puede haber libertad lingüística sin conocimiento lingüístico. Por eso el Decreto clava los pilares de una sociedad plurilingüe formada por una gran mayoría de individuos competentes en la lengua propia y natural del país y en las demás lenguas foráneas, necesarias para la comunicación internacional".

Según el curioso razonamiento de Anxo Lorenzo no habría nada mejor que obligar a los españoles a ser católicos, como quería Franco, para que así tengan la más plena libertad de elegir entre religiones, creencias o increencias. Es decir, la libertad nace como resultado de una imposición previa, en este caso de la falacia de "la lengua propia y natural del país". Curioso, curioso y más que curioso. Este señor me deja perplejo. ¡Qué nivelazo argumental!

Examinemos ahora la exactitud o inexactitud de la independencia que Feijoo le atribuye a Anxo Lorenzo. ¿Es independiente una persona afín al ideario socialista y que trabajó con su antecesora en el cargo, Marisol López? Nacido en Vigo en 1964, Anxo Lorenzo es profesor de Filología Gallega y Latina de la Universidad de Vigo desde 1992 y autor de numerosos libros. Entre 2001 y 2006 fue el director del servicio lingüístico de dicha institución académica y en 2004 fue nombrado, con Fraga en la Xunta, secretario de la comisión sectorial de educación en el Plan de Normalización Lingüística. Con el bipartito, Marisol López le encomendó la coordinación de la exposición itinerante 'As Nosas Palabras, Os Nosos Mundos', que trataba de defender las ventajas del plurilingüismo.

En abril de 2008, Anxo Lorenzo sostenía que Galicia Bilingüe sólo quería una Galicia en castellano, pero que lo peor era el apoyo recibido por el Partido Popular. En una entrevista concedida al Faro de Vigo, contestó textualmente: "Siempre hubo gente en contra del gallego, pero la guinda es la actitud de apoyo del PP, que cree que puede causar daño electoral. La novedad es que los castellanistas, que no estaban organizados ni tenían repercusión social, ahora cuentan con el PP".

El pasado 19 de noviembre, estando ya al frente de la exposición encargada por Marisol López, Anxo Lorenzo expresaba así su desacuerdo con el PP: "Lo que debería quedar claro es que en Galicia no hay una política de imposición del gallego y vemos que el PP está intentando utilizar este factor para fomentar un conflicto político que desde el punto de vista social no existe. En Galicia no hay nadie que no conozca el castellano".

El hombre elegido por Feijoo para dirigir la política lingüística de la Xunta mantuvo, paradójicamente, una actitud muy crítica con el partido del actual presidente al que acusó de crear un conflicto político sobre la lengua y de dar amparo a sectores que, como Galicia Bilingüe, "sólo quieren una Galicia en castellano", afirmación mediante la cual demuestra su más crasa ignorancia acerca de los objetivos de Galicia Bilingüe.

Feijoo está dando un peligrosísimo giro a su discurso lingüístico de antes de las elecciones para traicionar a quienes ingenuamente le dieron su voto por creer que iba a defender la libertad lingüística de los gallegos. De momento, la decisión de Feijoo no contenta a nadie y el resultado es un más que previsible fiasco, pues no hay nada peor para un político que no tener las ideas claras y no ser fiel a sus promesas electorales.

A mí que me registren. Yo lo predije en su momento.

Feijóo nombra responsable lingüístico a un profesor cercano a las tesis del PSdG-BNG
Galicia Bilingüe califica de fraude la elección
 www.lavozlibre.com  16 Mayo 2009

Santiago de Comopostela.- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció el jueves el nombramiento del profesor Anxo Lorenzo Suárez como nuevo secretario general de Política Lingüística. A juicio de Feijóo se trata de un «independiente» que buscará «consensuar el decreto» sobre la lengua gallega. Sin embargo, el nombramiento ha provocado ya la indignación de la plataforma Galicia Bilingüe, que exige el equlibrio entre castellano y gallego y reclama la libertad de los padres para decirir el idioma de enseñanza en los colegios, que actualmente sólo es en gallego.

Feijóo señaló tras el consejo de gobierno semanal que Lourenzo Suárez, profesor de la Universidad de Vigo y muy cercano al PSdG, tendrá que buscar la «convivencia pacífica» entre el gallego y el castellano y llevar a las aulas el «bilingüismo cordial» de la calle. Según el presidente de la Xunta, este nombramiento significa el cumplimiento de su compromiso de pedir apoyo a personalidades independientes, ya que «la lengua es de todos, no del Gobierno».

Núñez Feijoo indicó que espera que el nuevo decreto sobre el uso del gallego en la enseñanza se apruebe en los inicios de esta legislatura, aunque aunque señaló que no podía concretar una fecha.

Sobre las críticas a la política lingüística de la Real Academia Gallega (RAG), que señaló que las medidas adoptadas por la Xunta desprotegían el gallego, Feijóo dijo que se puso en contacto con su presidente, Xosé Ramón Barreiro. Coincidirán en un acto el próximo domingo, Día de las Letras Gallegas, en un homenaje a Ramón Piñeiro. «Creo en la libertad y en la promoción del gallego, y esto seguro que la Academia lo comparte», dijo Núñez Feijóo.

Sobre la polémica en torno a darle oficialidad al topónimo de «La Coruña», el presidente gallego señaló que la Xunta tomará una decisión «si hay un acuerdo con el consenso mayoritario en el municipio». Dijo que el Gobierno gallego es «respetuoso» con la autonomía local y la iniciativa sobre los topónimos corresponde a los ayuntamientos. «El debate planteado lo abrió el ex alcalde Francisco Vázquez y el actual Javier Losada. Es legítimo que los municipios opinen sobre el nombre de su ciudad. Es una cuestión de consenso y el PSdeG siempre defendió que el topónimo fuese bilingüe, supongo que lo seguirá manteniendo», señaló el presidente de la Xunta.

GALICIA BILINGÜE: "ES UN FRAUDE"
El nombramiento de Anxo Lorenzo provocó la inmediata protesta de la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, que considera “un fraude” la elección del nuevo responsable de Política Lingüística en la Xunta de Galicia. Lago considera esa decisión una decisión "decepciona a quienes creímos en las intenciones del hoy presidente, Alberto Núñez Feijoo, expresadas durante la pasada campaña electoral”.

En un comunicado emitido por Galicia Bilingüe, señala que "el docente vigués es de hecho uno de los responsables de la vergonzante manipulación de la realidad en que se basó una campaña a favor del controvertido decreto 124/2007 desarrollada recientemente por la Universidad de Vigo bajo el título 'Europa é plurilingüe. Quien sabe galego, sabe máis', y se mostró siempre a favor del proceso de imposición lingüística impulsado por el anterior Gobierno de la Xunta ", en alusión al ejecutivo encabezado por Pérez Touriño.

Lago sostiene que el nombramiento, como mínimo, "da a entender que Núñez Feijoo no está muy dispuesto a atender sus compromisos de campaña, que fueron la puesta en marcha de una política lingüística sin imposiciones, con acciones específicas como la emisión bilingüe de todas las comunicaciones oficiales, y, en materia educativa, la conversión de las galescolas en escuelas infantiles, la derogación del decreto del gallego en los primeros cien días de Gobierno, la consulta a los padres en el sobre de matrícula del curso 09/10 de la lengua en que quieren que sus hijos reciban la enseñanza de las asignaturas troncales, y la implantación de la libertad de idioma en las escuelas de tal forma que los estudiantes puedan utilizar el de su elección en su expresión oral y escrita, así como en la realización de exámenes en todas las asignaturas".

Estas promesas, como ya en su día puntualizó la propia presidenta de Galicia Bilingüe, están aún algo alejadas del principal objetivo de la asociación, que no es otro que aplicar en Galicia el mismo sistema de libre elección de la lengua vehicular de la enseñanza por parte de padres o alumnos "del que gozan los ciudadanos en todas las democracias europeas con más de un idioma oficial". Según Galicia Bilingüe, la campaña desarrollada por Antxo Lorenzo en la Universidad viguesa "se apoyó precisamente en un cúmulo de falsedades sobre el modelo lingüístico de enseñanza que se sigue en otros países".

"La Mesa me tildó de anti gallega por dirigirme a los niños en las dos lenguas"
Lucrecia García, directora de la Granja Escuela 'El Kiriko'
 www.lavozlibre.com 16 Mayo 2009

Pontevedra.- Lucrecia García es la directora de 'El Kiriko', una granja-escuela situada en la localidad pontevedresa de Fornelos de Montes, dedicada a fomentar el contacto con la naturaleza a través de actividades orientadas a grupos de todas las edades. El 18 de noviembre de 2008, Lucrecia se encontró con la desagradable sorpresa de que La Mesa por la Normalización Lingüística de Galicia iba a denunciar a su granja-escuela ante la Inspección de Trabajo por, supuestamente, “prohibir a sus trabajadores usar el gallego”. La noticia fue publicada por numerosos medios de comunicación después de que la Mesa ofreciera una rueda de prensa. Ningún medio se puso en contacto con Lucrecia -tampoco la Mesa- para confirmar la información.

- ¿Qué tipo de empresa es la granja-escuela 'El Kiriko'?
- Realizamos campamentos para grupos de niños enviados por colegios o por ayuntamientos de toda España y siempre hemos hablado indistintamente tanto en gallego como en castellano, en función de la lengua utilizada por cada colegio.

- ¿Qué hechos dieron lugar a que saltara la noticia de que La Mesa por la Normalización le había denunciado?
- Tuve un problema puntual con un par de trabajadores. Ellos llevaban varios años en la empresa, tenían cierta antigüedad y, deseosos de buscar una salida victoriosa, querían que yo les despidiera. Me negué y les respondí que si no estaban conformes podían irse ellos mismos, por lo que optaron por utilizar única y exclusivamente el gallego desde ese momento. Yo les dije que, por favor, con los niños hablaran en castellano, ya que tengo campamentos de toda España. No me hicieron caso y se lo puse por escrito. Ellos contactaron con la Mesa por la Normalización y ésta envió mi escrito a los medios de comunicación.

- ¿La Mesa por la Normalización se puso, en algún momento, en contacto con usted con el objetivo de contrastar las declaraciones de estos dos trabajadores?
- No, en ningún momento. Nadie contrastó esa información. Dieron una rueda de prensa y, a partir de ahí, organizaron un lío tremendo, pero en ningún momento contrastaron la información. Por eso, al ver publicada una noticia, mi primera reacción fue pedir una cita con Carlos Callón, presidente de La Mesa por la Normalización Lingüística. Quería tratar el tema con él personalmente. Después de insistir muchas veces, finalmente me atendió. Le expliqué la situación y pareció que lo había entendido. Aceptó que lo que le estaba contando era cierto y que, por tanto, tenía que pedirme disculpas. Lo hizo y me aseguró que también las pediría públicamente, pero todavía estoy esperando a que lo haga.

- ¿Qué consecuencias ha tenido para usted?
- Hago una valoración global seis meses después y he salido beneficiada. Al enterarme de la publicación de la noticia, mi abogado me recomendó que fuera cauta e, incluso, más inteligente que ellos. Así que, hablé con cada uno de mis clientes, a los que expliqué la situación y todos lo entendieron perfectamente. Por ejemplo, tengo como cliente al ayuntamiento de Ames (La Coruña), gobernado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG). Su alcalde me llamó nada más publicarse la noticia y me dijo que no sabía cómo me habían podido hacer eso, ya que sabía cómo trabajábamos. Tenía constancia de que no era cierto. De hecho, yo cierro todos los años con ellos un campamento de 140 niños en verano y lo he vuelto a cerrar este año.

- ¿Se puede decir entonces que ha salido reforzada?
- Sí. Mis clientes son de Galicia como de otros puntos de España y siempre hemos profesado un respeto absoluto por cada uno. Si viene a la granja un centro que desea expresarse en gallego y que nosotros nos dirijamos también en gallego a los niños, lo hacemos sin ningún problema; y lo mismo si es en castellano. Soy gallega, vivo en Galicia y jamás he tenido una postura intransigente con respecto a este idioma. Es más, no quiero que nadie me incline por un lado o por el otro, que es lo que, precisamente, hizo La Mesa al tildarme de “anti gallega”. Les expliqué que no rechazo el gallego. Esto sería ridículo. Siempre hemos utilizado cada lengua en función de lo que nos pida cada colegio.

- ¿Hay más casos como el suyo o cree que esta presión ha remitido últimamente?
- Creo que la fuerza que La Mesa tenía antes ya no la tiene. Creo que el número de casos es inferior. En esta organización llevan las cosas a unos extremos que no tienen razón de ser. La Mesa busca la confrontación, pero pero en mi caso no lo van a conseguir. Adecuamos el idioma a cada colegio y ya está. De hecho, nuestra propia página web está en ambas lenguas. Yo misma le dije al presidente de La Mesa que francamente no pensaba que él conociera muchas pequeñas empresas que tuvieran una página totalmente bilingüe. Siempre he tenido claro que me debo a la comunidad educativa de Galicia y aquí hay muchos sitios donde se utiliza el gallego de forma habitual.

- ¿Se sintió traicionada?
- Totalmente. Lo único que hizo La Mesa fue buscar polémica, lo que me molestó mucho, ya que siempre he tenido muy buena relación con los medios gallegos, tanto con los locales como con los regionales. Buscan el lío y no se dan cuenta de que una tontería así puede hacer mucho daño. Yo soy de Vigo, llevo toda mi vida en Galicia, mi familia tiene varias empresas aquí y nunca ha habido ningún problema. La sociedad siempre ha tenido una convivencia ejemplar. Sin embargo, durante estos últimos años ha habido un 'boom' repentino que nos ha hecho pensar si de verdad hacía falta llegar a esto.

- Cuando apareción la noticia, ¿los medios la llamaron?
- Nadie lo hizo, me sentí sola, sin poder contar la realidad. El mundo se me vino encima. Luego, con el apoyo nuestros clientes, volví a recuperar la esperanza de que saldríamos adelante.

Losada replica a Feijóo que no hacen falta más acuerdos porque el pleno ya decidió el topónimo
R.R. > A CORUÑA El Ideal Gallego 16 Mayo 2009

El alcalde, Javier Losada, profundizó ayer en la polémica sobre el nombre de la ciudad tras la intervención del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que apuntó que no descarta hacer oficial el topónimo “La Coruña”. Eso sí, puso como condición “sine qua non” que así lo acuerden todos los grupos políticos en el pleno municipal. Ante esta iniciativa, el alcalde coruñés replicó, en declaraciones a una emisora de radio local, que “no hace falta que se tomen más acuerdos plenarios” porque “ya lo hay”.

El primer edil explicó que “el tema del topónimo y el Partido Popular suena a cachondeo con los coruñeses”. Losada recordó que desde las filas populares “primero impusieron el topónimo” y “después nos denunciaron cuando aprobamos utilizar los dos topónimos”. Así, evocó la época en la que Núñez Feijóo era vicepresidente del ejecutivo gallego presidido por Manuel Fraga. Fue en ese momento, en 2004, cuando la Xunta recurrió al juzgado la decisión del pleno municipal de aprobar como cooficiales tanto el topónimo gallego como el castellano, algo que finalmente anuló el acuerdo de la corporación.

Durante su intervención radiofónica, el alcalde se preguntó cuál era entonces la intención del PP: “¿Buscaban réditos políticos? ¿Buscaban votos? ¿Lo buscaban cuando nos impusieron un topónimo o cuando nos denunciaron, o lo buscan ahora, cuando cambian, o dicen que cambian?”, interrogó el primer edil del Ayuntamiento coruñés.

Losada insistió en que su única intención es “respetar la legislación vigente”, aunque le pidió algo al partido que preside la Xunta: “Que no nos vuelvan locos, que si tiene un problema el Partido Popular, que lo arregle, pero que nos dejen en paz y que dejen de jugar con la ciudad”. Además, aseguró que no van “a ser cómplices”.

En cuanto al acuerdo municipal que apuntó ayer Feijóo como imprescindible para lograr hacer oficial el topónimo “La Coruña”, el alcalde manifestó que no va a permitir a nadie “utilizar el pleno para resolver los problemas del Partido Popular y del señor Negreira”, así como que tampoco está dispuesto a “permitir que se juegue con el idioma, con nuestro nombre ni con los sentimientos de los coruñeses”. El líder del PSOE coruñés insistió en que el gobierno local, de hecho, está centrado en otras cosas, como “luchar contra el paro y aumentar el bienestar de los ciudadanos”.

POLÍTICA | Campaña para las europeas
Cataluña, Galicia y Euskadi, independientes en un juego de la web de CiU
España,, sin Galicia, Euskadi y Cataluña en el juego de CiU.
Barcelona elmundo.es 16 Mayo 2009

CiU ha 'reinventado' las fronteras de la Unión Europea. En ellas Cataluña, Euskadi, y Galicia son países independientes. Al menos, eso se desprende del juego que la formación nacionalista presidida por Artur Mas aloja en su web para alentar al electorado a participar en los comicios europeos del próximo 7 de junio.

Bajo el apéndice "El juego de la UE", el partido propone una especie de Trivial en el que anima al visitante a responder diferentes preguntas sobre la Unión y los países que la conforman.

"Este juego te permite apreciar la gran riqueza cultural, lingüística, nacional y geográfica de Europa y la larga historia de todos sus estados y naciones [...] Responde rápido y podrás ser uno de los tres jugadores que más saben de Europa", reza la introducción. Después llega la sorpresa.

Al acceder, se puede apreciar como el mapa España sufre un 'lifting' cuando menos curioso pues, al poner el cursor sobre ella, tres comunidades autónomas no quedan seleccionadas. Cataluña, Euskadi y Galicia van por libre para CiU. Pueden seleccionarse independientemente y cuentan con sus propias preguntas dentro del juego (cuál es su capital, qué colores componen su bandera, qué día se celebra su fiesta nacional...)

Choca por otra parte que la llamativa cartografía de CiU no se ha ceñido a los tradicionales designios del nacionalismo catalán y ha evitado la división territorial de los llamados 'Països Catalans', formados por Cataluña, Valencia, las Islas Baleares, la Franja aragonesa, Andorra, la región francesa del Rosellón y el Alguer italiano.
 

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