AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 30 Mayo 2009

 

Desmemoriados
Alfonso USSÍA La Razón 30 Mayo 2009

Con esto de la listita proetarra que tanto cariño ha recibido del Tribunal Constitucional encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre, algunos medios de comunicación han resumido la trayectoria del peculiar calzonazos olvidando pasajes fundamentales de su vida. Amnistías que sólo disfrutan algunos. Ninguno de sus desmemoriados biógrafos ha recordado que con anterioridad a su antifranquismo, a su antiespañolismo, a su abrazo a Batasuna y su constante justificación del terrorismo, Alfonso Sastre, Premio Nacional de Teatro, fue falangista. Eso, la desmemoria.

Miguel Gila, el gran humorista de corto repertorio, se presentó en los últimos años como un luchador contra el franquismo. Incluso se inventó que sobrevivió a un fusilamiento, farsa que fue desmontada con facilidad por tratarse de una descomunal mentira. Gila escribió y manifestó que había sido víctima de la persecución franquista. A Gila sólo le persiguió el franquismo para que actuara en las cenas del 18 de julio que Franco convocaba en La Granja de San Ildefonso, y en las que Gila le hizo sonreír en varias ediciones. Un día desapareció. Y puso como excusa que se exiliaba voluntariamente para huir de Franco, el que tanto reía sus gracias. Se exilió para huir de su primera mujer y de las deudas que había contraído con ella, y eligió para su exilio la Argentina de la dictadura militar, la de Videla, Massera, Galtieri y los desaparecidos. Y estuvo bien allí, y mejor tratado. De vuelta a España, se vistió de rojo, ganó muchos millones en las televisiones públicas y falleció sin pagar a Hacienda. Pero fue presentado como un combatiente intelectual contra las dictaduras.

Tengo para mí, que de existir un Instituto Nacional de Biografía, trabajan en él unos señores con enormes tijeras que deciden a quién sí y a quién no se les puede perdonar su pasado de manifiesta cooperación o mansedumbre con el franquismo. Sastre y Gila pertenecen a la relación de beneficiados. Y un bastante José Luis Coll, Juan Luis Cebrián, Concha Velasco, Javier Arzallus, el obispo Setién, y no sigo porque la relación se presenta interminable. Pero más que los políticos, los religiosos o los académicos, me interesan estas figuras de la intelectualidad y el espectáculo –Sastre, indudablemente, es un escritor culto–, que han conseguido el maravilloso regalo del olvido.

Coll se hizo socialista de toda la vida cuando conoció a Felipe González. Concha Velasco saltó a la fama gracias a José Luis Sáenz de Heredia, director de cine, y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera. Sara Montiel recordó que no era franquista unos pocos días después de la muerte de Franco. Pero la Dirección General de la Desmemoria funciona perfectamente, y a unos les borran el pasado y a otros se lo adornan. El gran escritor Rafael García Serrano, navarro, requeté, pendenciero y siempre nostálgico de batallas, murió en el olvido y el desprecio porque nunca ocultó sus ideas. Pero fue el autor de una de las obras fundamentales de nuestra terrible Guerra, escrita sin rencor y con humor muy largo, el «Diccionario para un macuto». Lo hizo cuando uno de sus compañeros de Falange, Alfonso Sastre, aún cantaba la vuelta de las banderas victoriosas al paso alegre de la paz. Por si a Otegui le interesa.

Si los Amish no, ¿por qué los galleguistas sí?
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 30 Mayo 2009

Leo en La Voz Libre las declaraciones del socialista gallego Francisco Cerviño que no añaden nada nuevo a la tendencia al estatalismo de esta gente: "Estamos absolutamente en contra de que un padre apueste por que a su hijo se le enseñe exclusivamente en gallego o en castellano". Los padres no tienen derecho a opinar, aconsejar y mucho menos decidir si una hija de 16 años debe abortar o no, pero sí pueden prohibirle que fume; los padres tampoco tienen derecho a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos…

Dentro de poco los padres necesitarán un permiso oficial para engendrar hijos y perderán la custodia de los mismos al menor desliz que contradiga lo políticamente correcto. En fin, que los padres estamos de sobra y es mejor que el Estado se encargue de todo, desde la procreación hasta la educación de los hijos. Parece que el robot idiotizado es el ideal de ciudadano para los estatalistas. Todo es cuestión de que se pongan a inventar los medios para lograrlo. Y, si no me equivoco, ya están en ello.

Los padres y las familias somos un estorbo para los planes de un Estado que pretende inmiscuirse en todas las facetas de la vida de sus ciudadanos y decidir por ellos. Un Estado omnipotente y omnipresente. Una fórmula que ya ensayaron Stalin y Hitler no parece que con muy buenos resultados. Pero, bueno, ser progre conlleva ciertas servidumbres ideológicas, entre ellas la renuncia a vivir y dejar vivir. Para ellos vivir es obedecer y ser sumisos y dejar vivir una capitulación inadmisible. En suma, prefieren vivir en rebaño o manada para evitar el tremendo peligro de convertirse en personas.

Ahora se está poniendo de moda el argumento de que lo mismo que los padres no pueden decidir si sus hijos deben estudiar Matemáticas o Conocimiento del Medio, alias "Coñe", tampoco pueden decidir sobre la lengua vehicular en la que creen que sus hijos se desenvolverán mejor y desarrollarán de forma óptima sus capacidades. Ellos, como padres, no saben ni entienden nada sobre el asunto. Sólo la administración estatal o autonómica está capacitada para conocer y decidir lo mejor para cada cada alumno o futuro súbdito.

Francisco Cerviño, del PSdeG-PSOE, ridiculiza así la libertad: "Es la misma supuesta libertad, una concepción ultraliberal, anarquista, que no compartimos en absoluto". A continuación declaró que también existen comunidades que ejercen su libertad, como los Amish, "que conservan sus costumbres, van en carrito y llevan gorro del siglo XIX".

Vamos, que tampoco los Amish tienen derecho a conservar sus costumbres. Si los Amish no, ¿por qué los galleguistas sí?
***
"Ninguna cosa impuesta por la violencia será duradera. La violencia lleva implícita en sí misma la debilidad" (Paul Valéry).

II
ETA y la extrema izquierda
GEES Libertad Digital 30 Mayo 2009

Existe toda una historia de colaboración entre la extrema izquierda española y la banda terrorista ETA. La relación más estrecha se produce en los años setenta, cuando una ETA aún no capacitada por sí misma para tener una estructura fiable en Madrid, recurre a miembros de la extrema izquierda para labores de información e infraestructura. En esa época, ETA y la izquierda comunista más radical colaboran estrechamente. Al respecto, destacan dos acontecimientos. En primer lugar, la "Operación Ogro", el asesinato de Carrero Blanco, de su escolta y de su chófer (diciembre 1973), episodio aún oscuro en cuyas labores de información participó la izquierda antifranquista y antidemocrática. En segundo lugar, el crimen de la calle Correo de 1974, donde murieron 12 personas y casi un centenar resultaron heridas en la cafetería Rolando, en un atentado celebrado al alimón entre esta izquierda y ETA. Entre los implicados en ambos sucesos, destacan Genoveva Forest y su marido, Alfonso Sastre, hoy número uno de la candidatura de Iniciativa Internacionalista.

En democracia están bien documentadas las relaciones de ETA con la izquierda independentista catalana o gallega. En el resto del país, la colaboración extremista con ETA se ha producido en los últimos años, sobre todo en el nivel de la propaganda ideológica: conferencias de miembros de Herri Batasuna, actuaciones de grupos musicales proetarras en conciertos, organización de eventos de "solidaridad" con el pueblo vasco. Ahora se ha dado un nuevo paso en esta relación, que es más bien un paso atrás.

El significado de Iniciativa Internacionalista es doble. Para ETA constituye cierto éxito saltar más allá de los límites vascos para embarcar en su proyecto europeo a parte de la extrema izquierda española. No están todos los que son, pero son todos los que están; prácticamente todas las familias de la izquierda antisistema están representadas en la lista de Iniciativa Internacionalista. Se diluyen así las relaciones –a veces institucionales, otras familiares– directas de otras listas blancas de ETA, formadas por ex concejales, condenados anteriormente o familiares de presos detenidos. La banda alcanza así legitimación política en sectores antidemocráticos izquierdistas de toda España.

En este caso, la ayuda de la izquierda radical española ha enmascarado mejor la relación con ETA, que no obstante se ha guardado bien de no engañar a nadie sobre el carácter de la lista con el número uno. La presencia allí de Alfonso Sastre –entre otros– muestra hasta qué punto no se quiere esconder la filiación con la banda. Escritor vulgar, mimado por la izquierda sin excesivo motivo artístico, y detenido anteriormente por colaborar con ETA, es un histórico de la izquierda abertzale, bien conocido por todos. Para ETA, lograr una candidatura así resulta un éxito apreciable, al romper –poco, pero romper– el aislamiento político a que fue sometida desde el año 2000.

Cabe preguntarse, además, el motivo por el que la izquierda antidemocrática, residual pero con cierta presencia aún, se ha lanzado a los brazos de la banda terrorista ETA, reeditando los tiempos de la Transición. Entonces, el rechazo común a un régimen, la Constitución de 1978, motivó la colaboración operativa entre la extrema izquierda nacional y ETA. Los primeros rechazaban la posibilidad de un régimen democrático que no fuese revolucionario y de lucha de clases. Los segundos, se oponían a cualquier autonomismo vasco. Ambos creían en una "democracia popular" que fuese además la república de los pueblos, con la excepcionalidad vasca gestionada por ETA.

Hoy, treinta años después, la alianza se repite con un escenario parecido: España, desde 2004, está sumida en un proceso de cambio de régimen que traerá consigo reformas tanto en lo institucional como en lo nacional. Ante la perspectiva de cambio de régimen, ETA ya se posicionó entre 2004 y el proceso de negociación con Zapatero de 2006, y ahora logra cierto oxígeno al acudir en su auxilio político la misma izquierda que colaboró operativamente con ella en los setenta. Veremos en qué acaba esta colaboración, bastante inofensiva si no fuese porque se da en un momento especialmente delicado para las instituciones nacionales.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Rancio y oportunista
Editorial ABC 30 Mayo 2009

EN plena crisis económica, hay sectores importantes de la izquierda española que son incapaces de superar un discurso anclado en tópicos fuera de lugar para una sociedad desarrollada. ABC informa hoy sobre un manifiesto surgido desde el sindicato Comisiones Obreras con la intención de buscar en los próximos días apoyos en el sedicente «progresismo» social y cultural que presta su firma para este tipo de operaciones. Como siempre, la culpa recae sobre el mercado y el supuesto egoísmo de los empresarios y las entidades financieras. Frente al mal absoluto, la única receta sigue siendo el gasto público, sin considerar la cuantía del déficit ni responder a la pregunta elemental sobre quién pagará tanto dispendio. El documento apoya sin disimulo la política económica del Gobierno y no parece que a sus redactores les importe el fracaso de las ocurrencias de Rodríguez Zapatero ante la evidencia de los cuatro millones largos de parados y la incapacidad para generar confianza en los sectores productivos.

Además de rancio, el manifiesto es oportunista y sospechosamente progubernamental cuando estamos en la recta final de la campaña para las elecciones europeas. Hay quien pretende movilizar como sea a un electorado reticente a escuchar -una vez más- los cantos de sirena de un presidente que ha perdido sintonía con los ciudadanos. El desencanto de los afines es tan evidente que todo vale con tal de captar algún voto a base de presentar a la derecha como responsable de la crisis. El propio manifiesto tiene como objetivo dar respuesta a la opinión expresada públicamente por un importante núcleo de economistas (entre ellos, por cierto, el ahora secretario de Estado de Economía) acerca de la necesidad de abordar ciertas reformas imprescindibles. La izquierda sigue empeñada en practicar la oposición retrospectiva, y la campaña para el 7-J demuestra la obsesión por echar la culpa a Bush y a Aznar, a los «neocon» y a los neoliberales. Por supuesto, no dice una palabra sobre los cinco años de gobierno socialista o sobre los datos comparativos entre la herencia recibida por Rodríguez Zapatero y la realidad actual de la economía española. La última parte consiste en atribuir al PP el objetivo de implantar el despido libre, utilizando como prueba algunas reflexiones ponderadas a cargo de círculos empresariales y de expertos independientes.

Frente a ellos, el PSOE esgrime nuevas promesas sin contenido bajo el disfraz retórico de cambiar el modelo productivo. Lo malo es que tanta propaganda no sirve para nada a los que sufren cada día el drama del paro y a los que temen con fundamento perder su empleo en cualquier momento. A estas alturas, los tópicos añejos reflejan que la izquierda es incapaz de aprender de los errores, carece del más elemental sentido de la autocrítica y sólo sabe insistir en una peligrosa dinámica de división social e ideológica. Por lo demás, cabe pensar que los propios promotores del manifiesto tienen que ser conscientes de que una sociedad democrática madura no se deje influir por maniobras interesadas que exclusivamente demuestran el agotamiento de una ideología obsoleta. En plena crisis económica de dimensión universal, es lamentable que algunos pretendan distraer la atención mirando al pasado y ofreciendo medidas que han demostrado ya su ineficacia.

Suicidio colectivo
M. MARTÍN FERRAND ABC 30 Mayo 2009

FRANCISCO Franco, Dios le habrá perdonado, quería llevarnos hacia Dios por el camino del Imperio. No es algo fácil de entender; pero debe tratarse de lo mismo que hoy pretende José Luis Rodríguez Zapatero cuando, contumaz, insiste en usar en calidad de líder de un partido político un avión de la Fuerza Aérea que le corresponde como jefe del Gobierno. Es el mal totalitario que ilumina a los gobernantes cuando pierden la capacidad de distinguir entre lo privado y lo público y entender las distancias que separan lo íntimo de lo institucional. El gran drama de nuestra Historia reside en el hecho de que nuestros gobernantes -monarcas absolutos, validos, presidentes republicanos, dictadores...- lo que siempre han pretendido es «tener razón». Algo complejo, estéril y fútil, que viene empobreciendo a la Nación desde hace docenas de generaciones. Lo de la disgregación del Estado es más reciente, pero tiene el mismo fundamento: la conservación del poder.

Hemos llegado a un punto en el que la izquierda y la derecha, cada cual a su modo, son un peligro para España. Ambas quieren tener razón y eso es dinamitador cuando sus razones se oponen a la del Estado. Lejos de buscar remedio para los males que nos acosan, el Gobierno -principal responsable de la situación- insiste, incluso con chulería, en prácticas incompatibles con el sentido común y el modelo que, mejor o peor, sienta las bases de la Unión Europea. Trabajar sobre la hipótesis, no descartable en función del crecimiento patológico del endeudamiento del Estado, de que tuviéramos que llegar a salir de la cofradía del euro -el salvavidas que nos mantiene a flote- aterroriza al ánimo más templado; pero, ¿cuánto puede durar una ficción?

Machadas amenazantes, como las del vicepresidente Manuel Chaves, no lejanas de una vieja -y parecía que olvidada- tradición del PSOE, no son más que evidencias de que a nuestra democracia, degenerada en partitocracia dudosamente representativa, le falta tiempo de cocción. No está a punto. También pueden observarse conductas reprobables en los partidos de la oposición, el grande y los periféricos; pero el poder, su ejercicio, eleva los niveles de la responsabilidad. Si, además, para poder «tener razón», la única meta clara en el proceder de Zapatero, se contamina el paisaje con cuestiones morales y relativas a la fe de los ciudadanos, el diagnóstico es de suicidio colectivo.

El jet, el piso y el cochazo
EDURNE URIARTE ABC 30 Mayo 2009

Nosotros con los pobres y ustedes con los ricos, es más o menos el resumen de los eslóganes socialistas de las Europeas. Majadería que imagino aún funciona porque los humanos tenemos una asombrosa tendencia a guiarnos por las imágenes de hace cincuenta años. El capitalista de puro, bigote y mirada asesina y el obrero pobre, honrado y bondadoso. A pesar de que a estos socialistas que apelan a los pobres les gusta hacerlo con el tren de vida de los ricos.

Que es el resumen del asunto Falcon, lo mismo que lo fue el cochazo y el despachazo de Touriño o el piso gratis total ocupado por el anterior director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida. Por no hablar de los trajes a medida de Zapatero o de sus cinturones H_rmes. El gusto al lujo que se adquiere con asombrosa facilidad cuando se llega al poder. Más que nada porque no sale de tu bolsillo. Ni siquiera del bolsillo de tu partido, sino de los contribuyentes, o de la pobre Guardia Civil que, a estas horas, y si no se ha hecho en secreto, aún no ha recuperado el piso del okupa Mesquida. Y encima amenazan con subirnos los impuestos, para pagar los Falcon, el piso de Mesquida y los coches y los despachos de lujo.

Lo más irritante de todo esto, ahora de nuevo con el asunto del jet de lujo en el que gusta viajar el presidente, es que lo justifiquen con la mentira. Con dos mentiras, mejor dicho. Primero, la insinuación del mismo comportamiento de los presidentes anteriores. Y después, lo de la seguridad. Que es lo mismo que adujeron para justificar el piso de Mesquida, el coche de Touriño o la negativa a explicar las obras del despacho. Con la mentira liderada nuevamente por quien mejor sabe que lo es, el ministro del Interior. Y lo más increíble es que ha colado en muchos sectores. Nos sé si por el arte de Rubalcaba o por el miedo que inspira este Gobierno.

Desdramatizar el artículo 155 (4)
Cristina Falkenberg EC 30 Mayo 2009

Visto el punto de inserción constitucional del artículo 155 entre las potestades de orden, defensa del interés general de la nación y coordinación del ente territorial superior sobre los inferiores, su carácter obligatorio y garantista, pasaremos a ver las concretas garantías de que se reviste su ejercicio. Básicamente las garantías se estructuran en torno a dos grandes momentos: el del requerimiento previo, que veremos esta semana y el de la intervención del Senado.

Pido disculpas a los lectores por la extensión del artículo de esta semana pero estamos ante un tema de suma importancia, lleno de tópicos que de poco sirven por ser incorrectos y es uno de los propósitos de esta columna tratar de enderezar semejante situación. A veces, en Derecho, no es posible resumir sin perder precisión y sustancia. Sé que sabrán perdonarme. Vamos allá…

Para el ejercicio de la potestad que encierra el artículo 155 de nuestra Constitución, el constituyente español ha optado por exigir que el Gobierno invite previamente al Presidente de la Comunidad Autónoma para que cumpla con la legalidad que estima se está vulnerando. No es opcional: el Gobierno tiene que, necesariamente y sin excusa, primero invitar a la Comunidad Autónoma a que ella misma y de manera voluntaria, cumpla, dirigiendo para ello el oportuno requerimiento al Presidente de esa Comunidad Autónoma. Debe entenderse que el Gobierno marcará a la Comunidad Autónoma aquellos fines que debe cumplir, pero cómo exactamente deba hacerlo es algo que la Comunidad Autónoma puede aún determinar por ella misma en esta fase. Siempre que logre los fines que el Gobierno le especifica, siempre que cumpla puntualmente, tan válido será hacerlo por un medio como por otro y el respeto al principio de autonomía exige que sea la Comunidad Autónoma misma la que elija los medios por los que decide cumplir. Todo ello se entiende sin perjuicio de que en la práctica haya casos en que los medios, las opciones posibles, se reduzcan a unas pocas o incluso a una sola, realmente. Pero ello no desvirtúa la circunstancia de que el requerimiento del Gobierno no pueda ir más allá de indicar la legalidad vulnerada y la necesidad de reponerla. Es sólo en la segunda fase, la ejecutiva, que el Gobierno podrá proponer las medidas concretas a adoptar.

Esta primera fase es muy importante y ello por varias razones. De entrada el texto del requerimiento no puede tener cualquier contenido sino que ha de especificar de manera suficiente qué legalidad se está incumpliendo, por qué se estima que esto sea así y qué precisos fines deba lograr la Comunidad Autónoma, esto es, qué reposición de las cosas debe llevar a cabo para que hechos (actuaciones), actos, disposiciones, resoluciones, etc. emanados de sus órganos vuelvan a estar en armonía con la legalidad vigente. El contenido del requerimiento debe ser al menos éste que se apunta, y ello por varias razones, pero nótense en este momento dos que son fundamentales:

La primera razón es que la Comunidad Autónoma está facultada para recurrir el requerimiento del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Es un principio general que los actos y resoluciones recurribles deben estar suficientemente motivados a fin de que el recurrente pueda ejercer su derecho, pues si no se explica por qué se toma una decisión, ¿cómo puede discutirse si las razones eran o no suficientes?

La segunda razón es que si la Comunidad Autónoma no cumple, el Gobierno puede pasar a la fase ejecutiva. Para ello deberá dirigirse al Senado, justificando suficientemente que ha pedido a la Comunidad Autónoma que cumpla y que ésta sin embargo no ha observado (o no suficientemente o sólo de manera aparente) lo pedido por el Gobierno. Para que sea exigible a la Comunidad Autónoma que cumpla, la orden que se le dirija debe ser suficientemente clara y completa. Pero es que además para que el Gobierno pueda pasar a la fase ejecutiva tendrá que justificar el incumplimiento de la Comunidad Autónoma; y lo que es más, es que la Comunidad Autónoma por su parte y como se verá luego, también podrá alegar lo que tenga por oportuno ante el órgano del Senado encargado de examinar el caso. Es decir, vuelve a haber un momento en que se escucha a las partes.

Bien pues es evidente que se tiene aquí una primera garantía: la de un requerimiento claro y completo recurrible ya a estas alturas por la Comunidad Autónoma ante un tercero, un árbitro neutral, como es el Tribunal Constitucional (o al menos así se supone).

El eventual recurso del requerimiento ante el Tribunal Constitucional
“Cierto y verdad”, como suele decirse en el foro, el artículo 161.1 de la Constitución dispone que “El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: […] c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí”, pues el hecho de que el requerimiento del Gobierno se haya eventualmente extralimitado no sería sino un conflicto de competencias. ¿Es el Gobierno realmente competente para pedir a la Comunidad Autónoma que cumpla ciertas cuestiones, en base a lo que dispone el artículo 155 de la Constitución? Eso es lo que se plantearía por parte de la Comunidad Autónoma.

Hay que tener en cuenta que el recurso de la Comunidad Autónoma ante el Tribunal Constitucional no es automático sino que de nuevo, el legislador genera la oportunidad para que las partes compongan antes sus diferencias. Así, en desarrollo del 161.1.c) el artículo 63.1 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC) prevé que cuando el órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma considere que una resolución o acto emanado de la autoridad del Estado no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, esto es, que el Gobierno con su requerimiento se está extralimitando, le requerirá para que lo anule. Es decir, antes de acudir al Tribunal Constitucional, la Comunidad Autónoma requerida tiene que ponerse en contacto con el Gobierno para a su vez, motivadamente, exponerle las razones por las cuales cree que el requerimiento del Gobierno no procede.

Si se mira bien la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, hay una diferencia importante entre la posición del Gobierno ante el Tribunal Constitucional y la de las Comunidades Autónomas. Apúntense dos circunstancias:

Primera. Mientras que para la Comunidad Autónoma es obligatorio requerir previamente al Gobierno antes de poder formalizar el recurso ante el Tribunal Constitucional, para el Gobierno el requerimiento previo es opcional, como se deduce del artículo 62 de la LOTC: puede dirigirse antes a la Comunidad Autónoma… o directamente al Tribunal Constitucional, si bien caso de recurrir una disposición o una resolución deberá contar previamente con el preceptivo Dictamen del Consejo de Estado, aprobado por su Comisión permanente según el artículo 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril, del Consejo de Estado. Es el mismo requisito de dictamen previo que se vio al principio que exigía el artículo 153.b) de la Constitución en el supuesto de control por el Gobierno del ejercicio, por parte de las Comunidades Autónomas, de funciones que les hubiere delegado el Estado (y que se refleja en el artículo 22.5 de esta misma Ley Orgánica 3/1980).

Segunda. Otra diferencia entre la posición del Gobierno y la de una Comunidad Autónoma ante el Tribunal Constitucional es que cuando el Gobierno recurra una disposición o resolución de una Comunidad, puede invocar el artículo 161.2 de la Constitución, en cuyo caso se producirá la suspensión automática de su aplicación por un plazo de cinco meses. En los demás casos —entre ellos el de las Comunidades Autónomas cuando recurran una disposición, acto o resolución estatal— habrá que solicitar la suspensión invocando para ello como causa única que de no suspenderse “se producirían perjuicios de imposible o difícil reparación”. Por su parte, el Tribunal “acordará o denegará libremente la suspensión solicitada” dice el artículo 64.3 LOTC.

Ambas estas circunstancias no vienen sino a afirmar que el ente territorial superior goza de una serie de privilegios procesales, “pluses” o “extras” si se quiere, de que no gozan los entes territoriales inferiores. Estos privilegios procesales se han establecido precisamente para la eficaz defensa del Estado con salvaguarda entre otros del capital principio de unidad que le sirve. Y todo esto es así porque en su día así fue querido por todos los españoles, pueblo soberano (único que es soberano) que lo decidió: y mientras el soberano no decida que quiere un cambio, las cosas son como son.

Bien, pues estamos en que el Gobierno ha requerido a la Comunidad Autónoma y que ésta a su vez puede haber contestado al Gobierno con otro requerimiento, que puede versar sobre todo o sólo parte del inicial requerimiento del Gobierno pues nada impide a la Comunidad Autónoma entender que una parte deba cumplirla procediendo en consecuencia (por ejemplo para crear una mera apariencia de que cumple, caso muy típico en Derecho). Bien, pues el Gobierno puede decidir atender el requerimiento de la Comunidad Autónoma o no. Si decide atenderlo parece que por la vía del diálogo, el consenso y “el talante”, Gobierno y Comunidad Autónoma se habrán entendido. Si no, la Comunidad Autónoma puede bien “achantarse” y cumplir la petición del Gobierno con la que en todo o en parte no estaba de acuerdo… o puede formalizar el recurso ante el Tribunal Constitucional, árbitro neutral que decidirá.

Como todo poder público y aunque a veces no lo parezca, el Tribunal Constitucional se somete a los principios de legalidad e interdicción de la arbitrariedad lo que le obliga a tener en cuenta en su resolución el juego de los principios de unidad, intervención mínima y proporcionalidad: ¿realmente la Comunidad Autónoma está incumpliendo un precepto o atentando gravemente contra el interés general de España?, y, ¿es adecuada la medida planteada por el Gobierno a la Comunidad Autónoma para los fines que se propone o es quizá excesiva? O a lo mejor no es suficiente…

Son cuestiones a las que el Tribunal ha de responder de manera satisfactoria, esto es suficiente y motivada; estamos, como se dijo, ante una garantía más.

Nótese que todo lo expuesto se desarrolla en fase declarativa; esto es, hasta ahora todo lo que ha ocurrido es que han circulado escritos entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma en los cuales cada uno ha expuesto sus puntos de vista. Esta amplia fase en la cual hay grandes posibilidades de entendimiento entre Gobierno y Comunidad Autónoma no es más que un reflejo del esfuerzo que hace el legislador por retrasar la aparición de la segunda fase, la de las medidas ejecutivas.

Quien escribe puede imaginarse que a estas alturas la frase “desdramatizar el artículo 155 de la Constitución” del maestro García de Enterría y que da título a esta serie de artículos, habrá ido calando en el lector, contrarrestando los tremendismos infundados de “decretar la suspensión de la autonomía” y otras cosas peores que pueblan el imaginario político popular.

La semana que viene veremos la segunda garantía y concluiremos esta serie. Mil gracias por su paciencia lectora pero creo que vale la pena empezar a hablar de estas cosas en cierto detalle.

España es todo un ejemplo en derrochar dinero público, según The Economist
Redacción Minuto Digital 30 Mayo 2009

La revista británica The Economist pone a España como ejemplo de derroche de fondos públicos por parte de la clase política, especialmente en las comunidades autónomas y en las administraciones locales.

Así lo recoge en un artículo publicado en su último número en el que el semanario se pregunta “por qué algunos políticos europeos se tienen que enfrentar a la ira de la opinión pública, mientras otros siguen disfrutando de la buena vida”.

En el caso español, The Economist recuerda los titulares hostiles que la prensa dedicó a principios de año al Audi del ex presidente gallego Emilio Pérez Touriño, quien, según recuerda, “ya tenía otras tres limusinas”.

En el artículo, la revista critica que “en España los líderes regionales son barones de partido cuyo mínimo traslado implica lamentos de sirena y limusinas”.

También recoge las declaraciones del experto de la universidad de Gotemburgo (Suecia) Víctor Lapuente, quien denuncia que en España algunos alcaldes que se han visto envueltos en casos de corrupción a veces son reelegidos, “algo impensable en Finlandia”, por ejemplo.

El PP recuerda a los sindicatos que no se rebaja el dominio de la lengua gallega
ANA MARTÍNEZ ABC 30 Mayo 2009

SANTIAGO. Alberto Núñez Feijóo esbozó un planteamiento sintético: el 95% de los empleados que desempeñan tareas en la administración autonómica accedieron al cargo acreditando, en primer turno, sus conocimientos técnicos; y después, la competencia en gallego, el idioma propio. «Exactamente igual que deberán hacer ahora», esgrimió el presidente. La modificación de la Ley de Función Pública para garantizar la elección de lengua en las oposiciones no supone, a su juicio, «minusvaloración», porque los examinandos que concurran a los procesos selectivos podrán realizar todos los test en el habla propia si así lo desean, o bien, hacerlos en castellano y al final acreditar su conocimiento del gallego.

«Eligieron lengua durante 25 años y no hubo una crítica», recordó a los sindicatos que se oponen ahora a esta modificación, CIG, CC.OO. y UGT. Solamente el CSI-CSIF la apoya. La revisión, comentó el mandatario galaico, está «tan basada en los derechos civiles» que será aplaudida por los opositores y «la mayoría de los gallegos». Más allá del rechazo sindical, el BNG entendió que el gobierno gallego está inmerso en una «cruzada contra el gallego» que favorecerá la entrada masiva de aspirantes de otras comunidades, mientras que el PSOE interpretó que al PP le interesa seguir «desprotegiendo» la lengua.
«Su desaparición de las oposiciones es un síntoma claro», apostillaron. En una nota, este grupo acusó un «auténtico azote, con decisiones que contribuyen a desgalleguizar la administración pública de Galicia».
 

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Empresarios y ciudadanos exigirán hoy a Antich que deje de atacar al castellano
Baleares se echa a la calle contra la imposición de la lengua catalana
N. González La Razón 30 Mayo 2009

BALEARES- La movilización orquestada por la Asociación Cívica del Circulo Balear, con su presidente a la cabeza, Jorge Campos, será secundada hoy por formaciones políticas. PP o UPyD, que contará con su portavoz nacional, Rosa Díez, además de entidades empresariales con actividad económica en las Islas.

Las ultimas decisiones adoptadas por el Gobierno Balear en su política de normalización lingüística del catalán –la exigencia del idioma a cientos de funcionarios públicos, personal sanitario, o el caso del niño de 11 años de Ibiza, Olav Boned, al que se le prohibió examinar en su lengua materna, a pesar de ser cooficial– han sido el caldo de cultivo para unir a una buena parte de la ciudadanía bajo un mismo lema: «Nuestras lenguas nos unen. Volem llibertat d’elecció». Una libertad de elección que «a día de hoy no existe» señala Jorge Campos a LA RAZÓN. «La avalancha de quejas en el sector educativo se sucede una tras otra», indica Campos, a la espera de conocer si el Tribunal Constitucional atiende las demandas contra el Estatuto Catalán por razones discriminatorias acaecidas en el sistema educativo. «Porque de hecho», prosigue Campos, «la voluntad de los padres a la hora de decidir en que idioma quieren que estudien sus hijos no existe tampoco». Por tanto, muchos no se pueden escolarizar en otros colegios por falta de recursos.

Su entidad se ve desbordada incluso por las denuncias anónimas de aquellos padres que no pueden elegir el castellano como lengua de estudio para sus hijos. La inmersión del catalán es la tónica habitual en Baleares. En concreto, datos aportados por el Círculo Balear revela que el 90 por ciento de los colegios públicos de la Isla imparten al cien por cien el catalán, y el castellano queda relegado a un segundo plano junto al inglés. La inmersión lingüística comienza a tener sus consecuencias negativas. Según fuentes consultadas por este periódico, ya hay padres mallorquines que recurren a la ayuda de niños con habla castellana o hispanoamericanos para que pasen el tiempo libre con sus vástagos y puedan practicar así el idioma coartado en las aulas. Además, «ciudadanos extranjeros afincados en Baleares no logran entender las circulares de sus hijos escritas sólo en catalán».

CONTRA LAS IMPOSICIONES DE ANTICH
Miles de personas marchan por la libertad y el bilingüismo en Baleares
"Nuestras lenguas nos unen". Bajo este lema miles de personas, 15.000 según fuentes policiales, han abarrotado el centro de Palma de Mallorca en defensa de la libertad lingüística y contra las imposiciones del Gobierno de Antich. Un pequeño grupo de radicales ha intentado boicotear la marcha.
La asistencia a sobrepasado todas mis expectativas...!!! Fui por convicción, aunque sospechando que la suerte ya estaba echada y que seríamos 4 gatos. Pero, nada más lejos de la realidad...! Creo que voy a tener los pelos de punta el resto del día. No he podido retener las lágrimas en toda la mañana. Banderas mallorquinas y españolas unidas en aras del mismo derecho. Lemas aclamados en mallorquín y español, al unísono. Cuánta satisfacción, por fin...!
Libertad Digital 30 Mayo 2009

 Éxito rotundo de la manifestación convocada por Círculo Balear a favor de la libertad lingüística, la primera en la historia de las Islas Baleares. Desde las doce del medio día, miles de personas han abarrotado todo el recorrido oficial.

En declaraciones a Libertad Digital, el presidente de la asociación, Jorge Campos, no podía disimular su alegría ante el éxito de la convocatoria: "La manifestación está abarrotada de gente, es una reivindicación clara en la que los ciudadanos están diciendo no a la imposición del catalán".

Asistentes a la manifestación.
La marcha, que ha comenzado a las doce, ha recorrido todo el centro de la ciudad, comenzado en Borne y terminando en la Plaza de España. Los asistentes portaban variados carteles en los que se podían leer 'Castellano y catalán con los mismos derechos'; 'Aquí castellano y mallorquí'; 'Que no te impongan el catalán'; 'Por la libre elección de lengua' y 'Lucha y defiende tus derechos'.

El único incidente se ha vivido cuando un grupo reducido de radicales, disfrazados de monjas, curas y guardias civiles, ha desplegado una pancarta a favor del catalán. En ella se podía leer 'Català sí sí sí sí, Feixismo no no no no'. Mientras, los jóvenes gritaban mediante un altavoz 'No al fascismo, sí al catalán' y 'Fuera fascistas, fuera de nuestra isla', mientras que los miles de manifestantes que pasaban por debajo del balcón les replicaban con 'Libertad, libertad', 'Somos mallorquines, no catalanes' y 'Fuera, fuera, fuera'. Excepto por este episodio, el ambiente festivo y lúdico se ha repetido a lo largo de toda la manifestación. Al final de la protesta, ha subido al escenario el niño de once años Olav Boned, que fue sancionado por utilizar el castellano en un examen, para pedir libertad.

Los representantes políticos
Cerca de una treintena de entidades de todo signo se han adherido, destacando la presencia de Olav, el niño ibicenco al que el Gobierno balear impidió examinarse en castellano. Miembros del PP balear, Rosa Díez (UPyD), Albert Rivera (Ciutadans), Regina Otaola (alcaldesa de Lizarza) o Álvaro Middelmann (director de Air Berlin en España y Portugal) también han participado en la marcha.

Además, se han unido a la protesta el alcalde de Calvià, Carlos Delgado, el vicepresidente del PP balear, Juan Ramón Bauza, y el presidente del PP de la comarca alavesa de Ayala y presidente de DENAES, Santiago Abascal. Rosa Estarás no asistió por encontrarse en un acto electoral.

Por una lengua común europea
XABIER ZABALTZA 30 Mayo 2009

Cuando se denuncia la lejanía de las instituciones europeas respecto a los ciudadanos de a pie raramente se incide para explicar ese hecho en la ausencia de una lengua común. Y sin embargo, mientras los europeos no podamos entendernos, será imposible construir una sociedad civil supranacional, con sindicatos, prensa y asociaciones comunitarias, y "Europa", para la mayoría de la población, seguirá siendo una lejana cosa de tecnócratas y lobbies. Sin un idioma paneuropeo seguiremos pensando en términos nacionales, lo que supone un pesado lastre para la Unión.

Actualmente sólo el 27% de los españoles declaran ser capaces de mantener una conversación en inglés. Podemos seguir discutiendo ad nauseam sobre si los castellanohablantes están discriminados en tal o cual comunidad autónoma bilingüe o si son los hablantes de las otras lenguas españolas los que tienen motivos para quejarse. En España las tensiones entre los nacionalismos periféricos y el estatal nos han hecho olvidar que la primera función de un idioma no es identitaria, sino comunicativa. La tan agotadora como estéril discusión sobre los llamados "derechos lingüísticos" (que con la misma contundencia que se defienden para la propia comunidad lingüística se suelen negar para las demás) contribuye a ocultar el fracaso del sistema educativo en la enseñanza de lenguas extranjeras, tanto en las comunidades bilingües como en las monolingües castellanas.

En la Unión Europea existen en la actualidad 23 lenguas oficiales. Es decir, en el Parlamento Europeo teóricamente se precisan por lo menos 506 intérpretes, contando solamente uno por cada combinación posible, y ese número tenderá a crecer de manera exponencial cada vez que ingrese un nuevo Estado que posea lengua propia. De hecho, el maltés, el luxemburgués y el turco (por Chipre) están ya en la cola de la oficialidad y en 2011 será el turno del croata y, probablemente, del islandés, por lo que para entonces se necesitarían 756 traductores como mínimo. En realidad, el inglés suele emplearse como intermediario entre los diversos idiomas, así que la labor de los intérpretes corre el peligro de convertirse en una variante del juego del teléfono. La mayoría de los Estados europeos, entre ellos España, son incapaces de destinar un magro 0,7% a ayuda al desarrollo, pero cada año la Unión Europea se gasta en traducciones nada menos que un 1% de su presupuesto, casi 1.200 millones de euros. La pluralidad lingüística y la protección de las minorías son, sin duda, valores muy europeos que hay que mantener y fomentar, pero la ciudadanía tiene que ser consciente de que tienen un coste y de que tal vez existen prioridades más perentorias.

La imagen que proyectan algunos de nuestros representantes en las instituciones europeas es ciertamente patética. Estrasburgo se ha convertido en un gran cementerio de elefantes donde se jubilan con una pensión de oro los políticos fracasados. Cuando los partidos eligen a sus candidatos "para Europa", a menudo no tienen en cuenta su dominio de lenguas. Así que, cuando no hay intérpretes, son incapaces de comunicarse con los políticos de otras nacionalidades e incluso de conocer la realidad de los países en los que ejercen su labor. Desde luego, ésa no es la mejor manera de combatir el euroescepticismo. Hoy la falta de competencia lingüística supone uno de los mayores desafíos a los que tiene que enfrentarse Europa.

Es muy fácil criticar la debilidad europea ante los Estados Unidos. Sin embargo, la mera existencia de una diplomacia europea, aun con sus limitaciones, es ya un éxito sorprendente. Pero sin un idioma en el que podamos entendernos resultará muy complicado transformar esa diplomacia común en una opinión pública común. The European, el primer y por ahora último intento de prensa paneuropea, apenas duró ocho años. Los europeos nos vemos así obligados a informarnos a través de medios cuyo marco de referencia es predominantemente nacional. Y, sin una opinión pública común, Europa seguirá siendo un enano político in aeternum.

En Europa existen tantos hablantes nativos de ucraniano o de polaco como de castellano. Pero, adormecidos en los cómodos laureles de la Hispanidad, gran parte de los españoles siguen manteniendo delirios de grandeza lingüística. En total, el 9% de los ciudadanos comunitarios tienen el castellano como lengua materna, pero sólo otro 6% lo hablan como segunda lengua (las cifras para el inglés son el 13% y el 38%, respectivamente). Todavía no nos hemos enterado de que el castellano pinta muy poco en Europa.

A finales del siglo XIX, el austriaco Johann Evarist Puchner diseñó un idioma artificial al que denominó nuove roman. Su invento era una variante simplificada del castellano, pero, sintiéndolo mucho por los monóglotas militantes, no conoció difusión alguna (el esperanto, creado un poco antes por Ludoviko Lazaro Zamenhof, ha tenido algo más de éxito). De hecho, el latín fue el idioma de las élites intelectuales hasta principios del siglo XX y en esa lengua presentaron sus tesis doctorales en La Sorbona, entre otros, Renan, Seignobos, Bergson y Durkheim. Y eso que, para entonces, el francés llevaba siglos siendo la lengua diplomática del Viejo Continente. Hoy la opción es otra. Por más que los diferentes chovinismos nacionales se empeñen en negarlo, a menudo con la excusa del antiimperialismo, el idioma común europeo es el inglés. Aunque no, naturalmente, en su variante de Oxford o Cambridge, sino en lo que el lingüista galés David Crystal ha denominado English as a Global Language (EGL). El EGL es el latín, el esperanto y el nuove roman de nuestra época.

Termino como empecé. Las lenguas deberían servir en primer lugar para comunicarse y sólo después para definir una cultura o una nación. La situación sociolingüística actual de España es mucho más compleja que la de hace 30 años. Entonces el paradigma "lengua A" (castellano) arriba y "lengua B" (catalán, gallego y euskera) abajo se cumplía a la perfección. Hoy las lenguas de los inmigrantes están por debajo de las lenguas autonómicas y es posible que pronto el inglés esté por encima del castellano. Si se gestiona bien, esta nueva coyuntura puede ser beneficiosa para la convivencia lingüística, porque disminuye la diferencia de estatus entre las diferentes lenguas españolas.

Desde el siglo XVIII, si no antes, el monolingüismo oficial ha sido un axioma del nacionalismo estatal y una ambición de sus émulos sin Estado. La construcción europea nos brinda la oportunidad de cerrar el ciclo histórico del Estado-Nación y superar de una vez sus múltiples contradicciones (siempre y cuando, claro, no convirtamos a Europa en una especie de gigantesca Nación anglófona, en cuyo caso, el remedio será peor que la enfermedad).

En una realidad posnacional, el multilingüismo no puede ser sólo un atributo de las instituciones, ni de las élites, sino de los ciudadanos en su conjunto. Si el tiempo y la energía que se derrochan en denunciar el trato que tal lengua (llámese castellano, catalán, gallego o vascuence) recibe por parte de tal administración, estatal o autonómica, se emplearan en el aprendizaje de idiomas extranjeros, esta pequeña Península y sus islas adyacentes serían uno de los lugares más cultos, y también más competitivos, del planeta. Con cierto sarcasmo señalaba Friedrich Engels que en su época los franceses presumían de cosmopolitismo, pero se imaginaban al mundo entero hablando en francés. Cabe preguntarse qué habría pensado de la mayoría de los españoles si se diera una vuelta por aquí.

Xabier Zabaltza es historiador y traductor, autor de Una historia de las lenguas y los nacionalismos.

¿ Porqué lanza piedras sobre nuestro tejado ?
Nota del Editor 30 Mayo 2009

Aquí seguimos tratando de defender nuestros derechos constitucionales y humanos, luchando contra la inoculación de los idiomas regionales en los niños y este tipo miserable se permite decir que "gran parte de los españoles siguen manteniendo delirios de grandeza lingüística".

Además no tiene ti puta idea de lo que significa multilingüismo; ese vocablo es una falacia y ninguna persona es capaz de conocer al 100% su propio idioma materno, salvo que se trate de un mini-idioma sin historia y sin porvenir.

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