AGLI

Recortes de Prensa    Martes 16  Junio 2009

 

Galicia
El nacionalismo manda callar
Cristina Losada Libertad Digital 16 Junio 2009

Los nacionalistas gallegos, dados como otros a la escenografía truculenta, colocaron alguna vez en sus manifestaciones a un grupo de niños con carteles que denunciaban que se les quería quitar la lengua. Naturalmente, ellos querían quitarles la lengua a otros niños y así lo hicieron cuando gobernaron con los socialistas e implantaron de facto el monolingüismo en la enseñanza. Pero el afán lenguicida de los talibanes va más allá, como corresponde a su naturaleza. Ahora, su deseo, rabioso deseo, es que enmudezcan todos, niños y padres. Tienen auténtico terror a que expresen cuáles son sus preferencias en el asunto del idioma, incluso en formato tan alicorto como la consulta que estos días realiza el gobierno autonómico.

No se veía desde el Prestige una ola de indignación rugiente de tal tamaño y catadura. El nacionalismo está en pie de guerra ¡contra una encuesta! Movería a risa si no fuera por el hecho de que disponen de resortes –siempre subvencionados– para coaccionar a padres y alumnos. Una miríada de asociaciones, sindicatos y confederaciones, toda la aldea Potemkim levantada por el nacionalismo, se revuelve contra la posibilidad de que las familias puedan decir algo sobre el idioma en que han de estudiar sus hijos las asignaturas troncales. Queda retratado el modus operandi de la "normalización lingüística". Consiste en ignorar la voluntad de los afectados, de aquellos que otros, superiores, los ungidos, decidieron que debían ser "normalizados".

Un centenar de directores de colegios, convocados por el sindicato nacionalista CIG, se han negado a darles la palabra a los usuarios de sus centros. No distribuirán la encuesta. El presidente de una asociación de directores de colegios públicos dice que el Gobierno mejor haría en ocuparse de la calidad de la enseñanza. ¡Lo dice ahora! No durante los muchos años en que la prioridad de las autoridades educativas era asegurar el cumplimiento de las normas lingüísticas. Los inspectores no hacían otra cosa bajo el bipartito. Vigilar, espiar y amenazar para que ni una palabra de español contaminara las aulas.

Los Equipos de Normalización adjuntan a la encuesta un folleto que conmina a elegir la opción del gallego. Algunos directores hacen idéntica presión con cartas. El escenario de la coacción se completa con los atentados y amenazas contra Galicia Bilingüe a cargo del "brazo armado" de la imposición. El nacionalismo quiere ciudadanos mudos y sometidos, en esta ocasión igual que en todas. Esto es, no quiere ciudadanos. Y no puede quererlos: no reconoce derechos individuales. En procura de la "construcción nacional" sigue un procedimiento que bien se puede describir con una de sus expresiones favoritas: la doma y la castración. Mientras no esté bien domado y castrado, el pueblo deberá callar.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Subidas "a traición"
Lorenzo Contreras Estrella Digital 16 Junio 2009

Ahora, pasadas las elecciones y, por tanto, el imperativo político de las urnas y los correspondientes intereses o conveniencias de ello derivados, todo lo que empieza a venir o a descender desde el olimpo depauperado del Gobierno se perpetra a traición. A traición ha subido el precio de la gasolina y del tabaco, con un criterio recaudatorio de emergencia que, en el caso del tabaco, quiere presentarse hipócritamente desde alguna fuente oficial como un intento de beneficiar la salud de los fumadores. El otro hachazo, el de la gasolina, ya tiene una excusa más difícil. Y cabe hablar de excusa, o excusas, porque desde el Gobierno o desde la propaganda oficial se había puesto en circulación el concepto de que la elevación de los impuestos es una estrategia de las derechas.

Pues ya tenemos a la "derecha zapaterista" en acción si hemos de ser, en la deducción, literalmente lógicos. O sea, que el Gobierno aplica el fatalista criterio de que a la fuerza ahorcan. Y en consecuencia, cuece habas como todo vecino. En realidad se trata de un preaviso de nuevas subidas impositivas, ya sin problemas inmediatos de urgencias electoralistas.

Todo esto significa, volviendo a esgrimir la retórica zapaterista, que los brotes verdes se han secado a una velocidad vertiginosa. La sociedad da la sensación de haber perdido el sentido de la sorpresa. Otra cosa es que no experimente la impresión de que una vez más sufre engaño. Pero ya lo esperaba. Si el Ejecutivo sabía de antemano que la crisis, en gran parte agravada por sus imprevisiones y errores, es irreprimible, debería utilizar la precaución de moderar la forzada estrategia del calendario. Cabe suponer que ya tiene asumida su propia fatalidad.

Zapatero se está quedando sin recursos políticos. Un nuevo cambio de ministros, cuando los nuevos apenas han tenido tiempo de calentar sus asientos, sería escandaloso. Se puede pensar que los últimos desplazados se están felicitando de no haber tenido que atravesar las actuales tormentas y poder ahorrarse las próximas. Y quienes se felicitaban de haber conservado sus carteras difícilmente podrán apostar por su propio futuro. Éste sería el caso de Leire Pajín, sobre cuya gestión han recaído los peores reproches. En realidad se ha convertido en la nueva "Maleni". Pero no tardarán en agregarse algunos otros nombres al censo de reprobados.

En la agenda oficial de acciones inmediatas acaba de entrar como dato de emergencia la última operación anti-ETA, emprendida sobre la base de datos antiguos que estaban seguramente archivados en espera de una oportunidad de maquillaje político. Esos datos han sido desempolvados bajo la acusación de que la banda preparaba "desde hace varios años" una fuga de presos etarras desde la cárcel de Huelva. En realidad, la organización terrorista puede resultar un buen filón propagandístico para retocar la imagen deteriorada del Gobierno.

Uno de los problemas de Zapatero es su creciente descrédito entre sus propios correligionarios. Ahí tenemos, entre otros ejemplos, la actitud de Felipe González, que acusa al Ejecutivo de que sus planes anticrisis adolecen de falta de claridad. Dijo hace días el ex presidente y ex líder socialista, según consta en una entrevista con su amigo Iñaki Gabilondo, que Zapatero ha perdido un tiempo precioso a la hora de adoptar medidas de urgencia bajo pretexto de tener que consensuar una reforma laboral con los sindicatos. Pues ya está en marcha. A destiempo, pero lo está. Que lo digan en Vigo. O esperemos a ver qué ocurre con la central nuclear de Garoña, cuya prórroga de funcionamiento defiende precisamente González. Mientras tanto, aparte del tabaco y la gasolina, esperemos el futuro que se reserva a las tarifas eléctricas. Del conjunto de tanta suma de problemas y conflictos es razonable deducir que a Zapatero no le cabe otro recurso que estudiarse bien el calendario y adelantar las elecciones generales al grito de "barco a la deriva".

Llamar al terrorismo por su nombre
En materia de apoyo a las víctimas, España ha terminado por convertirse en una referencia mundial. Se celebra en Madrid un congreso internacional que recoge la experiencia de décadas de dolor y reacción cívica
GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA Y FERNANDO REINARES El País  16 Junio 2009

El terrorismo, ocurra donde ocurra, es un fenómeno que viola de manera sistemática, y en conjunto también masiva, los derechos humanos. Empezando por el derecho a la vida. Su práctica por parte de grupos armados de muy distinta orientación ideológica -aunque en nuestros días se trata sobre todo de organizaciones relacionadas con la actual urdimbre del terrorismo internacional- ocasiona cada mes, de acuerdo con los datos disponibles para este año y el pasado, entre 1.000 y 1.500 muertos y una cifra mucho más elevada de heridos. Muchas de esas personas, sin embargo, no son reconocidas como víctimas del terrorismo, ni, por consiguiente, lo son sus allegados más cercanos, que padecen asimismo en el seno de sus familias, rotas por la sinrazón, los embates de una violencia que, digan lo que digan los terroristas de uno u otro signo en la propaganda que emiten, se caracteriza por ser esencialmente indiscriminada. La inmensa mayoría de las víctimas que la violencia terrorista produce en estos momentos pertenecen a la población autóctona de países ubicados en el sur de Asia y Oriente Medio, sin olvidar el norte y este de África o América Latina.

Pero en el mundo de hoy continúa siendo atronadoramente elevada la proporción de víctimas del terrorismo, recientes o ya pretéritas, que no son reconocidas como tales. Y este hecho merece una reflexión profunda por parte de los actores estatales y no estatales que constituyen la comunidad internacional, por parte de las élites políticas que debaten sobre cómo prevenir el terrorismo y mitigar sus consecuencias. Que en este momento de la historia, cuando se conmemoran genocidios y se denuncian crímenes contra la humanidad, haya tantas y tantas víctimas del terrorismo ignoradas, que no son reconocidas en su condición, se explica en buena medida porque aún son demasiados los Gobiernos renuentes a llamar al terrorismo, cualquiera que sea ese terrorismo, por su nombre. Sin embargo, ésta es una conducta que en no pocas ocasiones encuentra acomodo en percepciones distorsionadas que todavía pueden observarse en algunos segmentos de las opiniones públicas nacionales, incluso en las del mundo occidental, donde persisten elementos reacios a aceptar la evidencia de que existe un terrorismo nacionalista o un terrorismo islamista.

Al terrorismo hay que llamarlo por su nombre, sin eufemismos de ninguna clase, con independencia de dónde acontezca, de quién lo perpetre, de cuáles sean las justificaciones que invoque para ello y de contra qué se dirijan los atentados. Introducir matices dependiendo del lugar, el autor, la finalidad o el blanco crea ambivalencias que, en última instancia, explotan en su propio beneficio los terroristas, que, por cierto, suelen acabar dirigiendo su violencia también contra aquellos mismos que matizan. Una de las implicaciones que tiene no llamar al terrorismo por su nombre -además de, entre otras cosas, perturbar la cooperación internacional contra dicho fenómeno- es que a menudo con ello se niega el reconocimiento oficial y social debido a las víctimas que provoca. Y esta ausencia de reconocimiento formal e informal de las víctimas del terrorismo supone el abandono a su suerte de quienes sufren las atrocidades de esa violencia en cualquiera de sus manifestaciones, que quedan desprovistas del apoyo moral y de la solidaridad material que necesitan.

En este sentido, España es una referencia internacional y se ha convertido incluso en un modelo a seguir por otras naciones cuyas poblaciones están asimismo afectadas por el terrorismo o consideran verosímil llegar a serlo, dentro o fuera de sus propias jurisdicciones estatales. Algo con lo que, en justicia, debería estar asociada la imagen exterior de nuestro país cuando se trata de las respuestas estatales al terrorismo y de hacer frente a sus consecuencias. En ningún otro país del mundo existe un marco de legislación o una cobertura institucional para proteger moral y materialmente a las víctimas del terrorismo, de cualquier tipo de terrorismo, que sea comparable a las iniciativas que los sucesivos Gobiernos españoles han desarrollado a lo largo de la última década y media, que ahora se piensa en revisar y ampliar. Ello obedece, desgraciadamente, a que los ciudadanos españoles se encuentran entre los más afectados de su entorno europeo por las actividades terroristas -principalmente, aunque no solamente, por las de ETA desde hace decenios, y más recientemente por las del terrorismo internacional, con los atentados del 11 de marzo en Madrid como trágico exponente-.

Ahora bien, incluso en España esas iniciativas de reconocimiento efectivo a las víctimas del terrorismo, con el desarrollo de sus correspondientes medidas, tardaron en ser decididas y no adquirieron carta de naturaleza hasta que las propias víctimas empezaron a movilizarse, casi tres décadas después de que existieran. Tras centenares de muertos y muchos más heridos. También entre nosotros hubo marginación y olvido de unas víctimas del terrorismo que se veían así doblemente victimizadas. Fueron ante todo el resultado de su propia acción colectiva, que las transformó no sólo en portadoras ellas mismas de legítimas demandas compartidas que presentar a las autoridades, sino en protagonistas fundamentales de la reacción contra el terrorismo desde la propia sociedad civil española. Dejaron atrás el olvido y el estigma para reclamar tanto el reconocimiento que les corresponde en su condición de víctimas del terrorismo como la significación política que dicha condición implica. Pues las víctimas del terrorismo evidencian como nadie las consecuencias de valores y comportamientos contrarios a los que son constitutivos de una sociedad abierta y de una democracia liberal.

Hablar de democracia liberal es hablar de Estado de derecho, de Gobiernos democráticamente elegidos y de sociedad civil. Ninguno de esos tres pilares fundamentales del orden constitucional está al margen de la lucha contra el terrorismo. Pero a menudo el papel de la sociedad civil se soslaya o minimiza, a pesar de que su contribución es fundamental para, por ejemplo, evitar que los terroristas fracturen la sociedad o reconciliarla después de que hayan acentuado sus divisiones, inhibir procesos de radicalización violenta, dignificar a las víctimas del terrorismo manteniendo viva su memoria, e implicar al conjunto de la ciudadanía contra ese último. Pero combatir con éxito al terrorismo exige hacerlo dentro de la legalidad y de manera proporcionada, sin erosionar las libertades públicas y garantizando los derechos fundamentales. A este respecto, no sólo en el avanzado régimen de amparo y protección a las víctimas del terrorismo se presenta la España democrática como un referente internacional, sino que también lo es en cómo combatir con éxito el terrorismo, cualquier terrorismo, respetando las libertades civiles y los derechos humanos.

En este sentido, adquiere un extraordinario interés la conferencia internacional que sobre La sociedad civil ante las consecuencias del terrorismo: víctimas del terrorismo, libertades civiles y derechos humanos, se celebra estos días en Madrid, organizada conjuntamente por los Gobiernos de Suiza y España. Foros de alto nivel como éste adquieren una extraordinaria importancia, en la medida en que hacen posible acercar la experiencia española, tanto en el tratamiento de las víctimas del terrorismo como de la lucha democrática contra este fenómeno, a otros países carentes de la misma, tanto de nuestro inmediato entorno europeo y mediterráneo como de otras regiones del mundo. Al igual que contribuyen a difundir nuestras lecciones aprendidas en el seno de los organismos multilaterales implicados en la prevención y el combate del terrorismo, en especial Naciones Unidas, en cuyo seno impulsa España un partenariado de apoyo a las víctimas del terrorismo, cuyas agendas no pueden ser ajenas a las consecuencias sociales de un fenómeno que desde hace tiempo -bien lo sabemos los españoles- no conoce fronteras.

Gustavo Suárez Pertierra y Fernando Reinares son, respectivamente, presidente e investigador principal de terrorismo internacional del Real Instituto Elcano.

Europeas
Tiempo de reaccionar
Clemente Polo Libertad Digital 16 Junio 2009

Más allá de las interpretaciones coyunturales (el PP ha ganado y obtenido 3,7 puntos porcentuales sobre el PSOE-PSC), las elecciones europeas me han dejado una amarga estela de desesperanza que sólo atempera la ilusión de que somos muchos los españoles con vocación realmente europea que no estamos dispuestos a dejarnos llevar por la melancolía y queremos plantar cara a la actual partitocracia que se reparte, con malas artes y peor estilo, los impuestos con los que nos acosan.

Comencemos por la desazón. Los resultados de estas elecciones europeas vienen a confirmar que la mayoría de quienes lograron vencer la desilusión y la pereza y acabaron depositando una papeleta en las urnas, el 46% de los electores potenciales, lo hicieron movidos ya por una fe inquebrantable en los "suyos", ya por el deseo de acabar con los "otros". La participación en la campaña electoral de líderes del PP relacionados o imputados en casos de espionaje y presunta corrupción (convenientemente aireados cada día por los medios de comunicación afines al PSOE) y el abrumador refrendo popular que ha obtenido el PP en las CCAA de Valencia y Madrid, demuestran que, para la mayoría de sus votantes, lo importante es votar a los "suyos", hagan lo que hagan, perdonándoles incluso los indicios que los sitúan en el entorno de tramas organizadas para realizar negocios con la complicidad de cargos públicos y en algunos casos pagados con los impuestos de todos.

El caso del PSOE es muy distinto. Aunque en este momento ningún líder del partido está involucrado en tramas de financiación ilegal –noticias, sin embargo, como la publicada hace unos días sobre el pago de un evento del partido por una empresa privada demuestran que también cuenta con ingresos que no aparecen reflejados en los libros que presenta al Tribunal de Cuentas–, hay otras consideraciones sobre su labor al frente del Gobierno de España que al parecer no han inmutado lo más mínimo al grueso de sus electores. Me refiero naturalmente al desastre que ha supuesto la aprobación de unos estatutos a la carta en la pasada legislatura que, como ya se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, amenazan con paralizar el Estado y reducirlo a una suma ingobernable de reinos de taifas. Resulta paradójico que el Gobierno español, obligado a cumplir las directivas de la UE, carezca hoy de competencias dentro de su ámbito territorial y no disponga de autoridad para ordenar la ejecución de las políticas públicas, ya sea en el ámbito de la provisión de servicios públicos básicos (educación, sanidad, etc.) ya en el de la inversión en infraestructuras o en la regulación de la actividad privada. Muy pronto el Sr. Rodríguez Zapatero completará su nefasto legado con un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas que avalará asimetrías injustificables en un Estado moderno, soportado por una constitución que reconoce la igualdad de todos los españoles.

Los resultados de las elecciones del 7-M vienen a confirmar los peores augurios: la llave de los principales asuntos de Estado va a quedar de nuevo en manos de los partidos nacionalistas catalanes (PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA), vascos (PNV, EA, Aralar), navarros (Na-Bai), gallegos (BNG), canarios (CC), aragoneses (Cha), andaluces (PA), asturianos (BA) y mallorquines (UM), cuyo electorado sumado no sobrepasa el 10% de los votos emitidos y a los que sólo une el afán de desarticular España, dándose la paradoja de que para entenderse entre ellos utilizan el castellano, la lengua que denuestan y atropellan cuando tienen ocasión en sus autonomías. A pesar de la solemne bofetada recibida, lo más probable es que el PSOE, junto con el partido nacionalista "amigo" (PSC), siga al frente del Gobierno, continuando su labor de deconstrucción de España. Mucho me temo que la nueva financiación autonómica sea el peaje que va a pagar el PSOE para sacar adelante los presupuestos del 2010. Desde esta perspectiva, tampoco se ganaría mucho mejor si para sacar adelante una moción de censura el PP tuviera que echarse en brazos de CiU. En ambos casos continuaría progresando el proceso de deconstrucción del Estado autonómico para satisfacer las exigencias de los partidos nacionalistas.

¿El motivo para la esperanza? La confianza en que una fracción de la ingente masa de ciudadanos que no han acudido a votar (54%) y de los que habiéndolo hecho se han inclinado por votar a un partido testimonial o depositar un voto en blanco para dejar constancia de su insatisfacción, reaccione frente al actual estado de cosas. Hay que reconocer que motivos para el escepticismo no nos faltan. Pero ni el descalabro de Ciudadanos tras su éxito inicial en 2006, ni el desprecio a los procedimientos democráticos de los actuales líderes de UPyD, pueden desanimar a quienes nos comprometimos a regenerar la democracia española, restituyendo el principio de la realidad a la política, reforzando la división de poderes y clarificando la distribución de competencias y recursos entre el Gobierno central, las Comunidades Autónomas y los municipios. Estos motivos están hoy más vigentes que nunca.
Clemente Polo es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona

El deplorable resultado de la inmersión lingüística en Cataluña
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 16 Junio 2009

Los caprichos de los poderosos y los ricos siempre acabamos pagándolos los más pobres. Y esto no es por mi parte una afirmación gratuita, pues conozco a muchos defensores de la libertad en Galicia que no llegan (no llegamos) a mileuristas, a pesar de estar supuestamente "pagados" por el Club Financiero de Vigo. Vamos, puro humor negro.

Ésta es la denuncia presentada por Convivencia Cívica Catalana sobre cómo afecta la inmersión lingüística a las clases sociales más necesitadas. Lo que ocurre en Cataluña es totalmente extrapolable a Galicia.

Una familia gallega culta y económicamente desahogada probablemente le podrá ayudar a hacer los deberes en gallego a sus hijos y si no contratar a un profesor particular gallegohablante. Si se trata de ciudadanos procedentes de otras comunidades o de otros países hispanohablantes, lo tienen mucho más difícil. Parodiando el lenguaje marxistoide, una familia gallega perteneciente a la "clase trabajadora" lo tiene mucho más difícil en todos los aspectos, también en el de la enseñanza. Sus hijos siempre tendrán menos oportunidades que los hijos de los "burgueses". Pero los "sindicatos de clase" se pasan el marxismo por la entrepierna. ¿A quién le amarga la buena vida del progre aburguesado, sobre todo si no tiene mala conciencia por el simple hecho de "ser de izquierdas"?

DENUNCIA DE CCC
Convivencia Cívica Catalana acaba de presentar su nuevo estudio "Resultados escolares de los alumnos hispanoamericanos en Cataluña", basado en el análisis estadístico de los datos de PISA 2006 y cuyas conclusiones deberían mover a la reflexión del gobierno catalán sobre su política lingüística.

Entre los colectivos más perjudicados por el arrinconamiento del español en las escuelas catalanas, destaca el de los alumnos hispanoamericanos, que no pueden recibir la enseñanza en la lengua que más dominan, la lengua española.

El dossier del estudio lo encontrarás adjunto a este correo electrónico y te recomiendo su lectura.

Las principales conclusiones del análisis efectuado son:

1. Los alumnos inmigrantes y en particular los hispanoamericanos obtienen en Cataluña puntuaciones notablemente más bajas que en el resto de España.

2. Cataluña ocupa los puestos de cabeza en cuanto a desigualdad educativa entre alumnos inmigrantes y autóctonos en España.

3. Dentro de España, los alumnos hispanoamericanos encuentran sus mayores dificultades en la escuela en Cataluña y el País Vasco, es decir, allí donde buena parte de la enseñanza no es en español, la lengua que más dominan.

Todas estas conclusiones están fundamentadas en base a datos objetivos de PISA 2006 y prueban, una vez más, el perjuicio que está ocasionando en muchos estudiantes el sistema de inmersión lingüística.

En la web de Convivencia Cívica Catalana pueden encontrar más informes sobre el sistema educativo catalán:

http://lin1.hidehost.net/~convivenci/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=35
Convivencia Cívica Catalana
www.convivenciacivica.org

Reducir el gasto, no, subir los impuestos
LUIS MARIA ANSON El Mundo 16 Junio 2009

CASI TODAS las empresas españolas han hecho un gran esfuerzo para evitar que la crisis, desencadenada en parte sustancial por la torpeza de Zapatero, las reduzca a cenizas. Es tiempo de ahorro y austeridad. La inmensa mayoría de las empresas periodísticas, por ejemplo, que son las que mejor conozco, han demostrado que tienen los pies en la realidad, han prescindido del personal innecesario, han controlado hasta los más pequeños gastos, han adecuado a los ingresos publicitarios en declive los presupuestos anuales. Conozco casos en que se ha ahorrado incluso el chocolate del loro y se ha puesto coto a almuerzos, viajes, teléfonos móviles, protocolos y representaciones. Al mal tiempo se ha respondido con la cara atribulada pero consciente de lo que era necesario hacer. Hay presidentes y consejeros delegados que avanzan por la cuerda floja haciendo todos los equilibrios para evitar el derrumbe.

Existe una empresa en España, sin embargo que se carcajea de la crisis y de los esfuerzos que están haciendo las demás. Es la empresa del Estado. Ante una situación como la que vivimos, agravada porque en el otoño del año 2007 Zapatero no tenía otro objetivo que ganar las elecciones, el presupuesto del Estado debería reducirse drásticamente. La suntuosidad, el derroche, la contratación de funcionarios, asesores y colaboradores, los informes innecesarios, las subvenciones a amiguetes y paniaguados, el nepotismo desenfrenado, la caravana incesante de automóviles, de choferes y de escoltas, los edificios suntuarios, todo ese despilfarro innecesario, si se atajara, supondría una reducción de un 20, tal vez de un 30% en los gastos del Estado.

En lugar de la urgente cirugía sobre el presupuesto, Zapatero ha decidido multiplicar la deuda, incrementar el déficit, gastar a lo loco. Y mentir una vez más a la opinión pública al hablar de brotes verdes y reducción del paro para paliar la derrota anunciada en las elecciones europeas.

Y, claro, como cada vez se gasta más y se ingresa menos, en lugar de hacer lo que hay que hacer, el Gobierno, para cuadrar sus cuentas disparatadas, ha decidido subir los impuestos, empezado por la gasolina. Zapatero estaba en la obligación de reducir el gasto público y elaborar un presupuesto al menos un 20% por debajo del que impuso el año pasado. Pues no. Lo que ha hecho es acudir al expediente fácil y subir impuestos, asfixiando aún más a las empresas y a los ciudadanos.

No había crisis. La había. Era imposible la recesión. Estamos en ella. El colapso es palabra de catastrofistas. Caminamos hacia él, si no se adoptan con urgencia están dos medidas clave: reducir drásticamente el gasto público y bajar los impuestos, para que las pequeñas y medianas empresas creen empleo y prosperidad. Es decir, lo contrario de lo que Zapatero está haciendo.

Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.

IMPULSO DE LA "LIBRE DESIGNACIÓN"
En España hay casi tantos empleados públicos como empresarios
Inaudito. En España hay más funcionarios que empresarios según revela la última encuesta de población activa. Con la crisis numerosas pymes echan el cierre al mismo tiempo que el sector público aumenta las contrataciones, muchas de ellas “a dedo”.
Lorenzo Ramírez Libertad Digital 16 Junio 2009

España se acerca peligrosamente a los cinco millones de parados. Según la UE ya hay 4,36 millones de desempleados. Las Administraciones Públicas han decidido aumentar aún más sus plantillas y en el primer trimestre se disparan un 5,4%, su mayor nivel en seis años.

Pero cuando se mira con detalle la Encuesta de Población Activa (EPA) la tendencia es preocupante, ya que los asalariados del sector público se aproximan a la cifra de empresarios. En concreto, los empleados públicos alcanzan las 3.029.500 de personas, mientras que el volumen de emprendedores es de 3.240.500.

Es decir, que mientras el sector privado destruye empleo y se cierran empresas todos los días, las Administraciones Públicas no dudan en aumentar sus plantillas. Si se tiene en cuenta que hay 18 millones de personas trabajando en España, la tasa de funcionarios es del 16,6%. Sus nóminas les cuestan a los contribuyentes 108.000 millones de euros.

Sólo hay que echar un vistazo al Boletín Oficial del Estado (y de las comunidades autónomas y ayuntamientos) para confirmar el aumento de empleados públicos, especialmente aquellos que son contratados “en libre designación”. Precisamente el BOE de este lunes está casi exclusivamente dedicado a este objetivo.

En época de crisis los poderes públicos deberían dar ejemplo, algo que no sucede en España. Como avanzó LD algunos funcionarios de Vivienda, Presidencia e Interior disfrutarán este verano de una subvención para alquilar apartamentos y habitaciones hoteleras en diversos destinos vacacionales.

Todo ello, a costa del dinero de los contribuyentes, según las licitaciones públicas a las que ha tenido acceso este periódico. De hecho, la cuestión aún es más llamativa. En casi todos los ministerios hay subvenciones de este tipo, sólo que no son públicas, ya que no es necesario convocar un concurso.

Lo que es más preocupante de todo este proceso es que los licenciados universitarios y los desempleados prefieren convertirse en funcionarios que crear su propia empresa o simplemente trabajar en el sector privado. Esto puede lastrar aún más a la economía española, porque el sector público no crea empleo y cuando lo hace es a costa de disparar el gasto.

Esta tendencia no es exclusiva del Estado. Precisamente las comunidades autónomas y los ayuntamientos han sido las Administraciones Públicas que más empleados han contratado en España en los últimos años y esta tendencia aumenta con el paso de los meses. Llegados a este punto, es necesario aclarar que el sector privado es el que crea empleo eficiente y productivo, al no estar subvencionado.

José María Ulldemolins (Mahón):
"Mi hijo estudia en catalán porque en Menorca no hay otra opción"

Asegura que los profesores se limitan a cumplir la ley
Belén Piedrafita www.lavozlibre.com 16 Junio 2009

Mahón (Menorca).- José María Ulldemolins es natural de Mahón (Menorca) y su familia es menorquina de pro. Tiene tres hijos, de 13, 15 y 17 años, que actualmente están cursando 2º de ESO, 4º de ESO y 2º de Bachillerato, respectivamente. Los dos pequeños estudian en el colegio concertado de La Salle y el mayor, en el Instituto Joan Ramis i Ramis. "En casa todos somos bilingües, pero normalmente hablamos en castellano para que sepan utilizarlo, porque si no, no lo sabrían".

- ¿En qué idioma reciben sus hijos las clases?
- La Salle antes era un colegio trilingüe, por lo que las clases se impartían en castellano, catalán e inglés, pero recientemente han suprimido el trilingüismo y mantienen un equilibrio de 50-50 de castellano y catalán, mientras que en el Instituto Joan Ramis se da todo en catalán, excepto la asignatura de castellano.

- ¿La Dirección de La Salle les ha explicado por qué se han suprimido esas asignaturas en inglés?
- No, pero sabemos que al ser un centro concertado, deben limitarse a cumplir las exigencias de la Consejería de Educación. No puedes exigir que sea un colegio trilingüe cuando la Consejería no lo permite. Si fueran privados sí, pero tampoco hay colegios privados en Menorca.

- ¿En qué idioma hablan sus hijos habitualmente?
- En casa, en castellano, y con los amigos depende de la lengua de cada uno. En casa todos somos bilingües, pero normalmente hablamos en castellano para que sepan utilizarlo, porque si no, no lo sabrían.

- ¿Qué modelo de enseñanza escogería para sus hijos?
- Aquélla que tuviera el castellano como lengua vehicular.

- ¿Por qué inscribió a su hijo mayor en dicho instituto?
- Porque en Menorca no existen centros concertados para hacer el Bachillerato. Únicamente hay institutos y en todos la enseñanza es cien por cien en catalán.

- ¿Qué sintió cuando el Rey fue a inaugurar el curso escolar al instituto de su hijo?
- Bastante vergüenza. Además, la propia placa conmemorativa realizada 'ex profeso' estaba mal escrita y llena de faltas de ortografía en catalán. Incluso aparecía el nombre del Rey como Joan Carles. La rechazó diciendo que él no se llamaba así, sino Juan Carlos.

- ¿En algún momento ha emitido algún tipo de reclamación o de queja a la Consejería de Educación para pedir línea de castellano o se le ha ofrecido la posibilidad?
- No, pero es que ni siquiera nos lo planteamos, ya que de antemano sabemos que tendremos un 'no' por respuesta. En Menorca dependemos del Consejo Insular, actualmente en manos de los nacionalistas, por lo que no podemos hacer nada. Sería echarnos piedras sobre nuestra propia espalda y repercutiría negativamente en nuestros hijos. Precisamente es lo que queremos evitar a toda costa. El Gobierno regional está en manos del Partido Socialista, el cual ha formado una coalición con cinco partidos más. La Consejería de Educación la controlan los nacionalistas de Unió Mallorquina, mientras que el PSOE mira para otro lado. Aquí está pasando lo mismo que anteriormente en Galicia, donde cada uno iba por su lado.

- ¿Cuál era tradicionalmente el modelo educativo de Baleares?
- Siempre se han combinado el catalán y el castellano sin ningún tipo de problema. En cuanto aterrizó el primer gobierno de Antich comenzó a haber discrepancias, mientras que ahora en su segunda etapa el carácter catalanista de algunos centros se está agudizando.

- ¿Sabe si en La Salle cada profesor escoge el idioma en el que imparte la materia?
- Lo desconozco, pero creo que sí.

- ¿En qué idioma prefiere estudiar su hijo y cómo afrontó el paso al instituto?
- Prefiere el castellano, por lo que no le quedó otra opción que aceptar con resignación el cambio total al catalán. ¿Qué debería hacer si no, mandarle a Madrid para que estudie en un internado? No hay otra solución. Si quieres hacer Bachillerato en Menorca, tiene que ser en catalán. No existe ningún tipo de opción.

- ¿Sabe si en los centros educativos se ha sancionado alguna vez a los chicos por hablar en castellano o no se ha llegado a esos extremos?
- De momento no hay comisarios político-lingüísticos, pero sólo de momento.

- ¿Cómo ve a otros padres de los centros de sus hijos?
- En general, tienen el mismo problema y la misma preocupación que nosotros, pero no pueden hacer nada.

- ¿Se ha reunido alguna vez con los profesores o los directores de los centros de sus hijos?
- Sí. Hablas con ellos pero te dicen que tienen un decreto de la Consejería de Educación y que tienen que cumplirlo, ya que si no, les cortan las subvenciones. No les queda más remedio. Es la pescadilla que se muerde la cola.

"LOS PROFESORES SE LIMITAN A SEGUIR LA NORMA. ACEPTAN LO QUE LES DICEN Y PUNTO"
- ¿Cree que están presionados?
- Opino que se limitan a seguir la norma. No pueden hacer otra cosa. Quitando cuatro o cinco profesores que son nacionalistas, al resto si les dicen que las clases deben impartirse en castellano lo hacen, igual que si les dicen que lo hagan en catalán o en inglés. Les da igual. Aceptarán lo que les digan y punto.

- ¿Cómo ve usted la situación en Mahón?
- La verdad, creo que se están perdiendo muchas oportunidades. Cada vez se necesitan más idiomas y con la situación actual lo único que estamos consiguiendo es que los niños pierdan muchas horas con el catalán, horas que podrían dedicar a otros dominios como las Matemáticas, la Física y Química o la Historia.

- Iniciativa Cívica Mahonesa, asociación ligada a Círculo Balear, ha organizado una concentración a favor del bilingüismo para este jueves 18 de junio ¿Qué le parecen ese tipo de iniciativas?
- A mi modo de ver están muy bien, pero no sé la respuesta que tendrá.

- ¿Cree que la sociedad balear debería movilizarse o no piensa que eso lleve a ningún sitio? ¿Cuál cree que sería la medida más idónea?
- En primer lugar, se debería cambiar la Ley electoral. Y en segundo lugar, es imprescindible que se devuelvan las competencias de educación a Madrid. No hay otra solución porque todo pasa por aquí. Ése fue precisamente el gran error de Adolfo Suárez. Dejó las competencias de educación, que suponen el futuro de España, en manos de las autonomías. Ahora todos estamos pagando ese error, especialmente nuestros hijos.

"EL PP PIENSA QUE TIENE QUE SER CATALANISTA PORQUE SI NO LES TACHAN DE FASCISTAS"
- ¿Cree que esto será posible algún día?
- Si hay un pacto entre el PP y el PSOE sí. Si no, no. Pero para eso tendrían que cambiar la Ley electoral, pero como a ambos les conviene la actual todo sigue igual.

- ¿Cree que si el Gobierno regional fuera otro podría haber un cambio en Baleares?
- En su momento el PP tuvo la oportunidad y se rajó, acobardado por los nacionalistas. El voto nacionalista suma en torno a un 15 por ciento pero al final es el que hace gobernar.

- ¿Cree que sería positivo hacer una encuesta que evaluara la demanda de castellano, similar a la que se está proponiendo ahora en Galicia?
- Sí, pero aquí no se atreverán nunca porque perderían.

- ¿Cree que la situación en Baleares es la misma que en la Comunidad Valenciana?
- Es exactamente la misma. Bajo mi punto de vista, en Valencia el PP está pecando de lo mismo que pecó aquí: de claudicar ante los nacionalistas y de avergonzarse de defender el castellano.

- ¿No ve posible una solución a corto plazo?
- No. Actualmente están acobardados. Piensan que tienen que ser catalanistas porque si no les tachan de fascistas. Están acomplejados. Además no hay que olvidar una cosa: la ley actual de Baleares proviene del PP de Gabriel Cañellas. La situación actual es culpa del Partido Popular. El PSOE lo único que ha hecho ha sido aplicar la ley, nada más. Y es ahora cuando se lavan las manos y se dan cuenta de que el nacionalismo es un monstruo que nunca tiene suficiente. En su momento era muy progre aprobar el catalán, por lo que ahora pasa lo que pasa.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Manos Limpias
Balza, la "paz" y la colaboración con ETA
Guillermo Dupuy Libertad Digital 16 Junio 2009

El sindicato Manos Limpias acaba de denunciar ante la justicia al ex consejero vasco de Interior, Javier Balza, por la supuesta comisión de unos ilícitos penales como son la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución, el encubrimiento y la colaboración con banda armada. El origen de esta valiente y argumentada denuncia surge de los escalofriantes y no menos valientes testimonios de unos agentes de la Ertzaintza a Antena 3 TV en los que confesaban que, durante el mandato de Balza, les dieron "ordenes expresas" para actuar bajo mínimos en la lucha, persecución, detención e investigación de ETA. La verosimilitud de esas manifestaciones no radica únicamente en la actividad, efectivamente nula, de la Ertzaintza a la hora de detener a los etarras y a sus cómplices; tampoco únicamente en la tradicional oposición de los nacionalistas a buena parte de nuestro ordenamiento jurídico contra el terrorismo, sino también en la propia dinámica del "diálogo" y los "procesos de paz" que, tal y como no me cansaré de repetir, conllevan siempre una mayor o menor incompatibilidad con el imperio de la ley.

Como dice el sindicato en su denuncia, "en el Estado de Derecho el principio de legalidad está por encima de cualquier consideración política y partidista" y "es obvio que, si lo que pretendía el ex consejero de Interior denunciado era utilizar lo que denominó proceso de paz para dar órdenes a los ertzainas en el sentido expuesto de los hechos denunciados, en modo alguno, desde el punto de vista estricto del ordenamiento jurídico general y penal en concreto, podía haber dado instrucciones u órdenes a la Policía autónoma vasca, máxime al tratarse de delitos de terrorismo".

Con todo, dudo de que la denuncia planteada por Manos Limpias llegue a una condena por las implicaciones que podrían tener para todos los gobiernos y ministerios del Interior que se han visto relacionados en procesos de "diálogo" con criminales prófugos de la justicia, tal y como ha sucedido en todos los mal llamados "procesos de paz".

Naturalmente, no pongo en un mismo saco moral, ni siquiera legal, los encuentros que con ETA mantuvieron los gobiernos de González o Aznar, que se limitaron a la bienintencionada estupidez de constatar que la tregua era sólo una tregua, con los infames encuentros que mantuvo con ETA el PNV y el resto de partidos firmante del Pacto de Estella o el que tuvo en Perpiñán Carod-Rovira para, en palabras de la banda, "diseñar estrategias conjuntas para la desestabilización del Estado español". Tampoco equiparo la actuación del Gobierno de Zapatero, que llegó a prenegociar una tregua comprometiendo un precio político, con la de sus antecesores. Lo único que afirmo es que todos esos gobiernos y representantes políticos incumplieron, en mayor o menor medida, su "deber de promover la persecución del delito" cada vez que se reunían con los prófugos de la justicia. Y no es una hipótesis descabellada, sino del más elemental sentido común, suponer que todos los responsables de contactar con ETA tomasen las medidas necesarias para evitar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuviesen a sus interlocutores en esas reuniones clandestinas.

Con esto –insisto– no quiero decir que todos los gobiernos y responsables de Interior hayan dado ordenes tan expresas e infames como las que les atribuyen a Balza para no detener a sus interlocutores de ETA: al margen de que muchos encuentros con los etarras prófugos se dieron en el extranjero, hay un gran distancia moral y política entre unos y otros. Pero no será la primera vez que la infamia de unos se excusa en el error de los otros. Es por ello por lo que no creo que la denuncia de Manos Limpias prospere judicialmente, por mucho que pueda ayudar a inocular en la opinión pública la idea de la incompatibilidad entre los procesos de paz y el imperio de la ley.

En cualquier caso, esta es la hora en que seguimos sin saber si los policías que advirtieron a los responsables de la extorsión de ETA de que estaban siendo vigilados por orden del juez Marlaska, perpetraron ese delito de colaboración con banda armada por decisión propia o cumpliendo órdenes de sus superiores. Lo que sabemos es que ni estos eran nacionalistas, ni sus subordinados ertzainas.

Deslegitimación
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 16 Junio 2009

El homenaje a los miembros de la Ertzaintza víctimas de ETA organizado por el Gobierno vasco el pasado domingo ha supuesto un acto de reconocimiento a los componentes del cuerpo policial vasco que perdieron la vida y a sus familiares por el sacrificio soportado y, al mismo tiempo, una expresión de apoyo a los agentes que hoy visten el uniforme y tienen la misión de combatir al terrorismo.

El acto, sólo por eso, era importante, pero fue todavía algo más. Al poner en el centro del espacio público a las víctimas, se está expulsando de ese mismo espacio a los terroristas porque no se puede estar con los dos a un tiempo. Se puede jugar, como se ha hecho muchas veces en el País Vasco, a la ambigüedad y a la equidistancia, pero cuando se hace eso las víctimas se convierten en algo molesto que hay que ocultar.

Al resaltar el papel de las víctimas, el Gobierno vasco está desarrollando su anunciada política de deslegitimación del terrorismo, una política en la que el nacionalismo, aun estando en la oposición, tiene mucho que aportar. La deslegitimación no supone sólo rechazar el crimen y decir que matar es malo, sino combatir las razones políticas que invoca ETA para justificar sus asesinatos.

El terrorismo no consiste en matar por matar, sino en hacerlo para conseguir unos objetivos políticos. ETA no mata policías porque lleven uniforme ni mata adversarios políticos de manera caprichosa. Lo hace porque combate al Estado que representan esos policías, a las instituciones y al sistema democrático que defienden esos adversarios. «Tenemos que deslegitimar su imposición, el marco jurídico, debilitarlos en la medida que sea posible», señalaba un documento de la izquierda abertzale del año 2000.

Deslegitimar al terrorismo requiere, además de algo tan básico como rechazar el crimen, defender el marco político y las instituciones que ETA quiere destruir con la violencia, una defensa que tiene que hacerse, incluso, cuando se quieran cambiar esas mismas instituciones por vías democráticas. Con el Pacto de Ajuria Enea esa línea estuvo clara y hasta los terroristas reconocieran su eficacia deslegitimadora de la violencia: «Han obtenido logros en los terrenos ideológico y psicológico que no podemos pasar por alto», escribía ETA en 1993. Pero en los últimos diez años se ha retrocedido en el terreno de la deslegitimación de la violencia como consecuencia del cuestionamiento del marco político vigente que ha hecho el nacionalismo institucional.

La derrota del terrorismo no tiene que ser sólo policial, sino fundamentalmente social y política. El reconocimiento de las víctimas supone poner delante de la sociedad los dramas que la violencia etarra ha provocado y señalar con el dedo a sus responsables.

No descarta acudir al TC en defensa del bilingüismo
El PP estudiará la sentencia del Estatut antes de recurrir la LEC

El Consejo Consultivo avala la inmersión en las aulas y el PP abre una reflexión para analizar sus siguientes medidas.
Barcelona - Marcos Pardeiro La Razon 16 Junio 2009

Era difícil que el Consejo Consultivo de Cataluña –un órgano jurídico asesor de la Generalitat equivalente al Consejo de Estado español– compartiera las tesis del PP respecto a la Ley catalana de Educación. Seis de los siete miembros del Consultivo lo son a propuesta de otros partidos y, por tanto, la tendencia ideológica del organismo no es proclive a suscribir los argumentos de los populares. El Consultivo dio ayer a conocer su dictamen de 173 páginas sobre la Ley de Educación y avaló el conjunto del capítulo lingüístico, el cual consagra el sistema de inmersión del catalán y no da cabida al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña.

El PP no ha encontrado, por tanto, apoyo en este organismo para defender la libre elección de los padres a escoger la lengua de educación de sus hijos. Ahora, los populares abrirán un período de reflexión para determinar sus siguientes medidas en defensa del bilingüismo. «Nosotros respetamos el dictamen del Consejo Consultivo como no podía ser de otra manera, aunque es evidente que no lo compartimos porque la Ley de Educación cierra el paso al castellano y recorta las libertades lingüísticas», comentó el diputado del PP Rafael López a este diario.

López se inclina por «madurar» la decisión que debe adoptar su partido, ya que «un dictamen de 173 páginas requiere un análisis con detenimiento». El diputado del PP recuerda que su partido está pendiente de conocer la setencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut y aboga por esperar a conocerla antes de tomar una determinación.

La carta del Constitucional
El recurso del PP contra el Estatut incluye cuestiones lingüísticas y el sentido de la sentencia del TC en este punto influirá sobre la postura final de los populares. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, no descartó llevar al Constitucional la Ley de Educación porque no quiere renunciar a ningún mecanismo del Estado de Derecho para defender el bilingüismo. De momento, compás de espera.

La exclusión del castellano
Quizás el TC comparta alguno de los razonamientos del jurista Joaquim Borrell, el miembro del Consultivo designado a propuesta del PP que ha emitido un voto particular en este dictamen. Borrell destaca que «el castellano queda totalmente excluido del sistema como lengua vehicular, lo cuasl contradice la doctrina del TC». Según su interpretación, los conceptos «soporte lingüístico específico» y «atención personalizada» que figuran en la Ley de Educación «no garantizan plenamente los derechos del (alumno) recién llegado» en cuanto a la posibilidad de recibir la enseñanza en castellano durante el tiempo de adaptación.

Este jurista también advierte de que el término «normalmente» que la ley emplea para referirse al uso del catalán en la escuela no comporta que sea la lengua única porque esto «iría en contra del principio de doble oficialidad» que rige en Cataluña. «El adjetivo normal excluye la idea de deber o imposición que justificaría la duda sobre su constitucionalidad», ha dictado el TC.

ANÁLISIS: Un dictamen sin vinculación legal
- ¿Qué representa el dictamen del Consultivo?
–A efectos legales, nada, puesto que el Consejo Consultivo no tiene potestad para ordenar modificaciones en las leyes, algo que cambiará cuando entre en funcionamiento el Consejo de Garantías Estatutarias. Sin embargo, la opinión del Consultivo es muy respetada porque se reconoce a sus miembros un reconocido prestigio. Conviene recordar que sus siete miembros son designados a propuesta de los partidos por lo que es inevitable que haya un sesgo ideológico.

-¿Cuál será la verdadera prueba de fuego?
–Buena parte del redactado de la Ley de Educación se inspira en los artículos del Estatut, un texto que está pendiente de ratificación en el Tribunal Constitucional. Invalidar la parte del Estatut referida a la lengua y a la ordenación de las enseñanzas podría afectar a la Ley de Educación. Por esta razón, el PP prefiere esperar a conocer la sentencia del TC antes de dar otro paso.

-¿Y la tercera hora?
–El Consultivo no amonesta al tripartito por no aplicarla en la Ley de Educación.

29 millones para Galicia por tener lengua propia
El País 16 Junio 2009

En medio del debate sobre financiación autonómica, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió ayer en La Moncloa al nuevo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Tras el encuentro, el mandatario gallego anunció que la comunidad recibirá 29 millones de euros adicionales del Estado por tener una lengua propia. Feijóo se comprometió a evitar la lucha partidista, pero recomendó a Zapatero que prorrogue el acuerdo vigente si las negociaciones se tuercen.

SIN TERCERA HORA DE CASTELLANO
El Consejo Consultivo catalán blinda la inmersión lingüística en la escuela
El Consejo Consultivo, un órgano asesor de la Generalidad, ha dado un duro revés al castellano y ha apoyado las tesis de la nueva ley de educación de Cataluña. De este modo, avala la inmersión lingüística y permite la no aplicación de la tercera hora de castellano en Primaria.
EFE Libertad Digital 16 Junio 2009

Este lunes, el Consejo Consultivo ha avalado los aspectos básicos de la ley catalana de educación, entre ellos el bloque lingüístico, pero ha considerado "inconstitucionales" apartados de cinco artículos del texto, que deberán ser modificados antes de que el Parlament apruebe esta normativa.

Tal como estaba previsto, este órgano asesor, que elaboró el dictamen a petición del PP catalán, ratifica de esta forma el modelo de inmersión lingüística y permite la no aplicación de forma general de la tercera hora de castellano que pide el Ministerio de Educación.

"El Tribunal Constitucional ha desvinculado el derecho a la educación de cuál sea la lengua docente de la enseñanza, de manera que ha dicho que no se deriva (...) de la Constitución un derecho a ser instruido en la lengua de preferencia de los padres, tutores o alumnos", dice el dictamen, cuestionado por uno de sus miembros, Josep Borrell, elegido a propuesta del PPC.

Pese a desestimar las quejas del PPC sobre el trato que se da al castellano en la ley, el Parlamento autonómico deberá modificar el redactado de diversos artículos, dos de ellos relacionados con la Formación Profesional y con la enseñanza deportiva, por contravenir la Ley Orgánica de Educación.

Los docentes denuncian presiones para ignorar a la Xunta e imponer el gallego
Los colegios de Galicia sufren otra ofensiva nacionalista
Cristina Gullón La Razon 16 Junio 2009

Continúan las presiones para marginar el castellano en Galicia. La Xunta entregó el viernes a los colegios e institutos de la comunidad las consultas en las que los padres deben elegir en qué idioma quieren que sean educados sus hijos. Sin embargo, los sindicatos nacionalistas y la Mesa por la Normalización Lingüística -plataforma «independiente» financiada por el BNG durante el anterior Gobierno de la Xunta- han intensificado las presiones tanto sobre los padres como sobre los docentes.

A pesar de que los nacionalistas han intentado convertir la consulta en una lucha entre castellano y gallego, los profesores aseguran que no les importa el idioma en el que den clase, sino impartir a los niños una educación con la que los padres estén de acuerdo.

Algunos docentes recibieron veinticuatro horas antes un correo electrónico firmado por la Mesa por la Normalización Lingüística, en el que se les animaba a «transmitir a los padres la necesidad» de votar a favor del gallego, y en el que se calificaban los resultados de la consulta como «ilegítimos» y fuera «del margen de la comunidad educativa».

El texto, en gallego, aseguraba que para que los alumnos sean competentes en las dos lenguas oficiales es necesario, al menos, «el 50 por ciento de las materias impartidas en gallego». Además, invitaba a los votantes a marcar la opción de «gallego» en infantil y FP, y «todo en gallego» en Primaria y Secundaria. «La cosa está que arde. Han colgado carteles en mi instituto y ayer vinieron miembros del Bloque para entregar un tríptico a los niños lleno de mentiras sobre el castellano para que se lo dieran a sus padres», asegura a LA RAZÓN una profesora de Vigo.

«Hace tres años, a los jefes de departamento se les exigió la presentación de los programas escolares en gallego. Si no lo hacías recibías amenazas por carta o de palabra. Se está «batasunizando» la educación». Sin embargo, la fuerza de los nacionalistas es aún mayor, tal y como demostraron los ataques contra la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, en su domicilio y en su vehículo particular. «No queremos escolarizar a nadie en castellano que no lo desee. Quienes quieren imponer el gallego buscan una educación totalitaria», afirma otro profesor de La Coruña.

Medidas para frenarlo
Desde el PP reconocen que los equipos de normalización lingüística -con presencia en todas las actividades educativas y dedicados a vigilar el idioma-, presionan en los colegios, aunque aseguran que la Xunta ya ha puesto en marcha medidas para impedirlo, como la reforma de la Ley de Función Pública, que permite a los candidatos a un puesto en la Administración elegir el idioma en el que examinarse. Pese a ello, los docentes aseguran que si los padres responden sinceramente a la consulta, «más del 70% escogerá el castellano».

educación
Los directores de colegios e institutos se alzan contra la consulta a los padres

Las centrales STEG y CIG emprenden acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Xustiza
La Voz 16 Junio 2009

La consulta a los padres sobre el gallego ha logrado unir en su contra a profesores, sindicatos, equipos de normalización y colectivos pedagógicos. Uno de los grupos más afectados es el de los directores de colegios e institutos, que deben gestionar y garantizar todo el proceso. De ahí que no solo cuestionen el objetivo y la finalidad de la encuesta, sino el propio procedimiento.

Ayer se celebraron sendas reuniones de directores en Santiago y Pontevedra. En total, acudieron en torno a medio centenar de responsables de centros. Los profesores se preguntan qué validez tiene recoger la opinión de los padres cuyos hijos terminan la enseñanza, por ejemplo, y obviar la de los que van a iniciar el curso a partir de septiembre. Otra crítica se refiere al intento de «sacar do Parlamento o que ten que lexislarse no Parlamento». En cuanto al correo electrónico enviado por la consellería para prohibir actos a favor o en contra de la consulta, «xa é que nin o valoramos». Uno de los directores que acudió a la reunión de Compostela se preguntaba ayer cómo es posible gastar más de 200.000 euros en esta medida, «cando cada vez que se fala dunha necesidade educativa, o conselleiro di que non hai cartos».

Los centros de infantil y primaria de la ciudad de Pontevedra también pusieron sobre la mesa la primera protesta contra la encuesta. Aseguran que la decisión de la consellería está provocando el enfrentamiento entre los profesores, además de aumentar la carga de trabajo de los grupos directivos en un momento crucial del curso. El colectivo se reunió para, de manera conjunta, mostrar su descontento con esta iniciativa, que consideran que no solo se tomó de manera precipitada, sino que «no se tiene en cuenta al profesorado como miembro fundamental de la comunidad educativa». En el documento firmado por la dirección de 17 de los 23 centros que hay en la ciudad señalan: «O procedemento habilitado para a devolución das enquisas produce en nós unha sensación de servilismo propio doutras épocas».

Las reuniones de equipos directivos, que comenzaron ya hace días, continuarán. El sábado pasado más de un centenar de representantes llevaron a cabo una asamblea para rechazar el intento de censura «e prohibición da liberdade de expresión e de cátedra do profesorado por parte da consellería», pulsar la opinión de los directivos sobre la posibilidad de dimitir por esta imposición, o promover concentraciones el día 22, coincidiendo con la entrega de las encuestas.

Las reuniones y escritos no son la única medida de protesta en contra de la consulta. La CIG-Ensino acaba de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por la vulneración de derechos como la libertad de expresión y sindical, en relación al comunicado de la Xunta en el que se prohíben actos a favor o en contra de la encuesta. Además, el sindicato también interpuso una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos, «polo uso fraudulento dos ficheiros de xestión académica».

Estos recursos se unen al que presentó la misma organización hace una semana en la consellería, y al que acaba de anunciar el sindicato STEG, también judicial, contra el comunicado de la Xunta que insta a los directores a prohibir actividades sobre la consulta.

La Voz sin Voz
Nota del Editor 16 Junio 2009

Estos de La Voz, no pierden oportunidad para machacar la libertad, siempre al servicio y al lado de los que se benefician del liberticidio de los español hablantes.

Cultura
El silbo gomero opta a ser Patrimonio Cultural Inmaterial de España
Se estudia en los colegios de la isla
LVL / EP 16 Junio 2009

Santa Cruz de Tenerife.- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el lenguaje del silbo de La Gomera figuran entre las 45 candidaturas que aspiran a convertirse en uno de los 10 Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España.

El silbo es el lenguaje silbado practicado por algunos habitantes de La Gomera para comunicarse a través de barrancos. Creado por los guanches, el Gobierno canario reguló su aprendizaje en la escuela y lo declaró como patrimonio etnográfico de Canarias en 1999, para evitar que desapareciera.

Este lunes, el Bureau Internacional de Capitales Culturales inicia el periodo de votación ciudadana para la elección de los 10 Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España. La votación, que se realiza a través de la página web www.ibocc.org, finalizará el domingo 28 de junio, a las doce de la noche, según informa la organización en un comunicado, en el que precisa que la campaña se lleva a cabo con la voluntad de promover, divulgar, sensibilizar y salvaguardar el rico patrimonio cultural inmaterial español.

El patrimonio cultural inmaterial se define, según la Convención para la Protección del Patrimonio Inmaterial de la Unesco, como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.

Algunas de sus características son que se transmite de generación en generación; es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia; infunde a las comunidades y los grupos un sentimiento de identidad y de continuidad; promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana; es compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes; cumple los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

EN TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES
El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en tradiciones y expresiones orales; artes del espectáculo, como la música tradicional, la danza y el teatro; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; técnicas artesanales tradicionales.

Las 45 candidaturas que aspiran a convertirse en uno de los 10 Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España son, por orden alfabético, la Bienal de Flamenco de Sevilla; Camino de Santiago; Canto de la Sibilla de Mallorca (Baleares); Carnaval de Cádiz; Carnaval de Santa Cruz de Tenerife; Consejo de Hombres Buenos de Murcia; Corpus Christi de Toledo; Danza de los zancos de Anguiano (la Rioja); Diada de Sant Jordi (Cataluña); Endiablada de Almonacid de Marquesado (Cuenca); Fallas de Valencia; Feria de Abril de Sevilla; Feria del Caballo de Jerez de la Frontera; y Festival de los patios cordobeses.

A ellos se suman el Festival de Teatro Clásico de Mérida (Extremadura); Festival Internacional de Santander; Fiesta de los Huevos Pintos de Pola de Siero (Asturias); Fiesta de Santa Águeda en Zamarramala (Segovia); Fiesta del Curpillos de Burgos; Fiestas de la Magdalena de Castellón de la Plana; Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy (Alicante); Fiestas del Apóstol Santiago en Santiago de Compostela (Galicia); Fiestas del Corpus de Granada; Filandón de León; Fin de Año en la Puerta del Sol de Madrid; Hogueras de San Juan de Alicante; Jarramplas de Piornal (Cáceres); y Leyenda de los amantes de Teruel.

Además de la Leyenda del Lagarto de la Malena de Jaén; Misteri d'Elx o Misterio de Elche (Alicante); Pasión de Chinchón (Madrid); Paso del Fuego y Fiesta de las Móndidas de San Pedro Manrique (Soria); Patum de Berga (Barcelona); Procesión Cívica de El Vítor de Mayorga (Valladolid); Procesión de la Virgen de la Salud de Algemesí (Valencia); Rapa das Bestas de Sabucedo; Romería del Rocío (Huelva); Sanfermines (Pamplona); Semana Grande o Aste Nagusia de Bilbao; Silbo Gomero (La Gomera, Canarias); Tamborrada de San Sebastián; Tradición de la Virgen del Pilar de Zaragoza; Tribunal de las Aguas de Valencia; Trovo de La Alpujarra (Granada y Almería); y Txistu del País Vasco.

DECLARADAS POR LA UNESCO
La Patum de Berga y el Misteri d'Elx formaran parte automáticamente de los Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España por haber sido declaradas por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El Bureau Internacional de Capitales Culturales, presidido por Xavier Tudela, ha creado y desarrolla la Capital Americana de la Cultura, la Capital de la Cultura Catalana, la Capital Brasileira da Cultura, la US Capital of Culture y está preparando la implantación de la Capital de la Cultura Española.

Para el desarrollo de las diversas capitales culturales creadas por este organismo de la sociedad civil cuenta con un amplio apoyo institucional internacional: Parlamento Europeo y Parlamento Latinoamericano; acreditación ante la Organización de los Estados Americanos; Ministerio Federal de Cultura de Brasil; Ministerio Federal de Turismo de Brasil; Parlamento de Cataluña...

Los objetivos son los de promover y desarrollar las capitales culturales creadas por el Bureau; coordinar actividades con las otras capitales culturales existentes en el mundo; promover la creación de capitales culturales en los lugares del mundo donde todavía no existe esta iniciativa, y colaborar con instituciones y entidades culturales para alcanzar objetivos comunes.

Además de proporcionar asesoramiento a instituciones públicas y privadas para el desarrollo de proyectos culturales y desarrollar directamente iniciativas culturales en todo el mundo, como por ejemplo han sido la elección de las 7 maravillas del patrimonio cultural material de Asunción (Paraguay), Barcelona, Madrid, Brasilia (Brasil), Nizhny Novgorod (Rusia) y Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), llevada a cabo con el apoyo de las institucionales locales o regionales de estas ciudades

Charnegos agradecidos
Jesús Royo Arpón www.lavozlibre.com 16 Junio 2009

Manolo Vázquez Montalbán dice que a los catalanes no hay nada que los haga más felices que un charnego agradecido: se les cae literalmente la baba. Por simetría, lo que más les debe cabrear es un charnego que se plante, que no trague, que no pase por el aro. Yo mismo, charnego y profesor de catalán, podía ser considerado un charnego agradecido. De hecho, la mayor parte de elogios por mi libro 'Una llengua és un mercat' –un alegato contra el mito de la identidad– me vinieron por mi dedicatoria: “a mis padres/als meus fills”. Yo era un “converso”. Pero desde que me he plantado como bilingüista, he pasado a ser un perverso.

El charnego agradecido adopta el catalán, quizá abomina del castellano, y a menudo es el más catalanista de la cuadrilla. Este ritual representa su aceptación del sistema de reparto del poder en Cataluña: o sea, la retención del poder a favor de sus actuales propietarios, simbolizados por la etiqueta-semáforo de la lengua que hablan. El charnego agradecido acepta y ratifica el principio de “puix parla en català, Déu li don el poder”. Y el poder ya se encarga de premiar al charnego agradecido: en la fábrica pasará a ser encargado, en el PSC podrá ser alcalde de un pueblo del cinturón, o dentro de CIU podrá llegar a ser cabeza de lista “de comarcas”.

La gratitud equivale, para el charnego, a una naturalización, a una “limpieza de sangre”. Piensa: “Ya que no soy catalán, para compensar, me haré catalanista”. La gratitud del charnego se basa en el autoodio: no ser catalán –no hablar catalán– es un defecto de fábrica, una condición impresentable y que hay que superar. Si consigue ser admitido en el círculo del poder, el charnego tratará de olvidar/borrar/disimular su lacra original. Se reirá del flamenco, abominará de la fiesta de los toros. Su lengua materna, el castellano, para él será sinónimo de barbarie, privaciones y fracaso. Incluso cuando hable en castellano lo hará con acento catalán –como el presidente Núñez– , y se sentirá orgulloso de cometer catalanadas.

El charnego agradecido es un personaje penoso, y a la vez tierno. Patético, sin duda. Creo que daría para muchas novelas.

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