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Recortes de Prensa    Miércoles 1 Julio 2009

 

ETA
Estrasburgo, entre el pasado y el futuro
EDITORIAL Libertad Digital 1 Julio 2009

No por previsible ni lógica, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de rechazar por unanimidad el recurso que Batasuna interpuso contra su ilegalización deja de ser una espléndida noticia para los amantes de la libertad, en general, y para los españoles muy en particular. Desde que los principales partidos de nuestro país reconocieron la anomalía democrática que suponía que el Estado español permitiera la representación política y la subvención pública a formaciones políticas que forman parte de un entramado terrorista, no han faltado quienes desde el papanatismo miope o el nacionalismo cómplice han cuestionado la legalidad y legitimidad de la Ley de Partidos y la consiguiente ilegalización de estos voceros del terrorismo. Pero, como bien acaba de señalar la Corte de Estrasburgo, "un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias normas de la democracia o que conduce a la destrucción de la misma, así como a ignorar los derechos y las libertades que ésta reconoce, no puede prevalerse de la protección de la Convención contra las sanciones impuestas por estos motivos".

Dentro de la buena acogida que el Gobierno ha dado a esta noticia, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha manifestado que "una vez que el Tribunal de Estrasburgo ha dado por buena la Ley de Partidos, sí debemos concluir con una visión de futuro y es que en nuestro país, en España, no habrá en las instituciones democráticas partidos que defiendan la violencia. Nunca más". Ciertamente para que esa "visión de futuro" se haga realidad debemos recordar que en un pasado nada lejano los nacionalistas no fueron los únicos en ningunear esta Ley de Partidos que ahora respalda Estrasburgo. Y es que, a pesar de estar supuestamente en vigor, la negociación que el Gobierno de Zapatero mantuvo con la dirección de ETA –o la que mantuvo el PSE con Patxi López a la cabeza con Batasuna–, fue una clara violación de la letra y del espíritu de la Ley de Partidos; como también lo fue su bochornosa condescendencia a que los proetarras del PCTV y ANV tomaran el relevo; como también lo fue llevar la interlocución con ETA al Parlamento Europeo, o como también lo fue que el fiscal general del Estado equiparara por aquel entonces la Ley de Partidos con un "Guantánamo electoral". No hay que olvidar, por otra parte, que al día de hoy, y aunque esté ilegalizado su partido, los proetarras de ANV siguen estando en numerosos ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Eso, por no hablar de la condición de legales de la que todavía gozan los proetarras de la Iniciativa Internacionalista de Alfonso Sastre.

Muchos de los que ahora aplauden desde el ámbito político, mediático y judicial la decisión de Estrasburgo, defendían hasta hace nada el "diálogo" con ETA. Bien está que algunos de ellos admitan ahora públicamente su error y que se den cuenta de que la única forma de acabar con ETA está en la fortaleza del Estado de Derecho, en la policía y en la justicia.

Bien está también que el juez Garzón haya llamado a Mayor Oreja para felicitarle y para felicitarse por la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Pero no hay que olvidar que, por importantes golpes judiciales que Garzón haya dado a ETA, este juez respaldó públicamente la "paz sucia" de ZP bajo una premisa tan ajena al espíritu y la letra de la Ley de Partidos como la de que "hay que dialogar hasta con el diablo". Pues, no. Con los terroristas y sus voceros no hay nada que dialogar. Hay que ponerlos fuera de la ley, tal y como señala nuestro ordenamiento jurídico y respalda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es que ahora no se trata de restregar a nadie su pasado, sino de evitar pretéritos errores e infamias precisamente para que el "escenario de futuro" que ahora nos dibuja Rubalcaba se haga realidad.

Punto final a Batasuna
EDITORIAL El País 1 Julio 2009

El Tribunal de Estrasburgo cierra el círculo de dudas sobre la ilegalización del partido 'abertzale'

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha puesto punto final a cualquier duda jurídica que pudiera todavía albergarse sobre la ilegalización de Batasuna. Se entierran así las esperanzas, no sólo de la formación abertzale, sino también de ciertos medios nacionalistas de que un órgano jurisdiccional europeo e independiente pusiera en entredicho la actuación de la justicia española y condenara al Estado español por vulneración de derechos políticos fundamentales. El jarro de agua fría afecta directamente al PNV y al anterior Parlamento de Vitoria, que confiaban en una sentencia de Estrasburgo desfavorable a la Ley de Partidos a pesar de haber sido avalada también por el Tribunal Constitucional español.

El veredicto del Tribunal de Estrasburgo no puede ser más contundente, no sólo por su unanimidad, sino por sus argumentos: la actuación de la justicia española -tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional-, sustentada en una probada complementariedad política de Batasuna con ETA, no vulnera los derechos a la libertad de expresión ni de asociación política. El revés jurídico para Batasuna es histórico, y sus consecuencias políticas resultan nefastas para sus pretensiones: se corta de raíz no sólo su posible vuelta a las instituciones sino la de sus segundas marcas.

La formación ilegalizada alegó que la Ley de Partidos le había sido aplicada retrospectivamente; que su disolución fue desproporcionada y que el objetivo de la misma fue impedir el necesario debate sobre la izquierda independentista vasca. En definitiva, que se habían vulnerado sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. Ninguna de estas quejas tiene acogida: no hubo retroactividad porque los hechos y las pruebas son posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Partidos; la disolución no buscó impedir el debate sobre la izquierda independentista vasca, "ya que otros partidos llamados separatistas coexisten pacíficamente en muchas autonomías españolas", y no fue desproporcionada con los actos y discursos demostradamente antidemocráticos del partido disuelto.

Para Estrasburgo no cabe duda alguna: la ilegalización de Batasuna respondió a una "necesidad social imperiosa". Y llama la atención su sintonía con el Supremo y el Constitucional españoles. Coincide con ellos en que la actuación y el discurso de Batasuna y sus dirigentes "no excluyen el recurso a la fuerza para alcanzar sus objetivos"; forman parte "de una estrategia política contraria a los principios democráticos de la Constitución española" y sus probados vínculos con ETA "pueden ser objetivamente considerados como una amenaza para la democracia". Más claro no puede decirse: un partido así no encaja en una "sociedad democrática". Habría sido admisible incluso, aunque no fue el caso, ilegalizar a Batasuna por no condenar los atentados de ETA: "En ciertas circunstancias las omisiones y silencios pueden equivaler a un apoyo expreso".

Estrasburgo liquida a Batasuna
Pablo Sebastián Estrella Digital 1 Julio 2009

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha apoyado la sentencia del Tribunal Supremo español que ilegalizó Batasuna, lo que constituye un hecho político y jurídico de la máxima envergadura que condena y aísla a ETA y su entorno político y social y que extiende la ilegalidad de Batasuna al resto de organizaciones políticas que han pretendido ocupar su puesto, disfrazándose de partidos presuntamente democráticos, como ha ocurrido con ANV o, recientemente, con Iniciativa Internacionalista, que se coló en las últimas elecciones europeas por un absurdo y equivocado exceso de celo del Tribunal Constitucional, como se demostró en fechas posteriores y durante la pasada campaña electoral.

Se ha cerrado, pues, la puerta de toda legalidad a ETA y a su brazo político y social que, además de los continuos varapalos de la policía, ayer recibió un definitivo aldabonazo de la Corte europea de Estrasburgo, lo que obligará a los jefes de la banda y a sus propagandistas, con Arnaldo Otegi en cabeza, a tomar buena nota de esta sentencia que los deja fuera de juego política, jurídica y moralmente, y los sitúa en el ámbito del terror y la delincuencia.

Y hora es que tomen buena nota de la sentencia los responsables para este país de Amnistía Internacional, que han tenido la desfachatez, días atrás, de calificar a ETA como "grupo armado vasco", en vez de llamarlo "grupo de terroristas", o banda de criminales. Y buena nota deberán tomar también en el País Vasco el PNV, Eusko Alkartasuna y Aralar, para dejar de lado el juego de equívocos y guiños al que nos tienen acostumbrados, mezclando con el terror vocablos como paz o conflicto, cuando de lo que se trata es simple y solamente de crimen y terror. Y lo mismo se puede decir a quienes todavía se permiten malabarismos para justificar a personajes como Sastre, que se ha convertido en el último invento de Batasuna para intentar reabrir, otra vez, una negociación con la banda.

Negociación que en este momento resulta imposible, y menos aún después de la sentencia de Estrasburgo que deja a los Otegi, Sastre y compañía no sólo fuera de la ley española, sino del conjunto de Europa. Al contrario, los últimos acontecimientos les están diciendo a ETA cuál es el único camino que tienen: el abandono de las armas y de la violencia. Un sendero que aún tardarán en tomar, lo que todavía nos traerá más muertes de los inocentes y más lágrimas y terror entre los ciudadanos demócratas y de bien.

Aunque en los últimos meses las cosas han cambiado mucho. Cambió, a la fuerza, su empeño negociador el Gobierno de Zapatero, cambió el Gobierno en el País Vasco a favor de la opción constitucional PSOE-PP, y ahora nos ha llegado la sentencia de Estrasburgo, que también va a cambiar muchas cosas y, sobre todo, cierra una puerta por la que ETA y Batasuna se querían colar.

Batasuna pierde, también por goleada, el partido en Europa
Roberto Blanco Valdés La Voz 1 Julio 2009

Cuando en junio del 2002 se aprobó la ley de partidos, que iba a permitir la ilegalización judicial de Batasuna, los que la defendimos fuimos agriamente criticados por nuestra supuesta insensibilidad hacia los derechos democráticos. Como volvimos a serlo meses después, cuando el Tribunal Supremo decidió, por unanimidad, ilegalizar a Batasuna y cuando, con posterioridad, el Tribunal Constitucional, también de modo unánime, acordó que la medida era acorde con nuestra ley fundamental.

Los argumentos de los que nos atrevimos a sostener, desde el primer momento, que Batasuna debía ser puesta fuera de la ley eran de tres tipos: que la medida resultaba elemental desde el punto de vista de la decencia democrática, pues no podía ser legal un partido nacido para dar cobertura a las acciones de una banda terrorista; que ilegalizar a Batasuna contribuiría a acabar con ETA al eliminar un elemento indispensable para su reproducción; y, finalmente, que la medida resultaba coherente con los valores de una sociedad democrática y compatible con los principios de la Constitución.

Si, sin que sirva de precedente, se me permite en este caso la inmodestia de la cita, creo que fui el primer constitucionalista español que defendí todos los argumentos referidos en un largo artículo, publicado en la revista Claves de razón práctica y aparecido en julio del 2002, cuando la ley de partidos acababa de aprobarse.

A siete años vista de esa fecha puede decirse con claridad que lo acontecido desde entonces nos ha dado plenamente la razón a los que, en medio de la abierta descalificación de toda esa intelectualidad nacionalista presuntamente progresista, apoyamos una medida que ha devuelto la dignidad a las víctimas de ETA, ha contribuido a poner a la banda terrorista al borde de la desaparición y ha sido confirmada en su legalidad por todos los tribunales que han tenido que pronunciarse en la materia.

Ayer lo hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de Estrasburgo ha sentenciado, ¡de nuevo por unanimidad!, que la ilegalización de Batasuna ni ha violado la libertad de expresión, ni las libertades de reunión y asociación. Muy lejos de ello, entienden los magistrados europeos que aquella ilegalización constituyó una necesidad para defender la seguridad, la libertad y la democracia: más claro, agua.

La sentencia no confirma, desde luego, nada que no supiéramos quienes llevamos defendiendo lo mismo desde hace varios años, pero quizá ayude a privar de argumentos a los que, a falta de otro mejor, insistían en que Europa no toleraría la supuesta violación de los derechos que el Estado español había perpetrado. Como era de esperar, también ahí, como en todo lo demás, se equivocaban.

El Tribunal de Derechos Humanos ratifica el acierto de la unidad contra los terroristas
Editorial La Razón 1 Julio 2009

La sentencia unánime de los siete jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que respalda la ilegalización de Batasuna es la lógica consecuencia de aplicar las leyes de todo Estado democrático de Derecho. Otro veredicto, que avalara las pretensiones del brazo político de una banda terrorista, habría supuesto una alteración grave de la base en la que se asienta la convivencia democrática. Quien no cumple las leyes no puede dictar las leyes, y quien justifica el terrorismo no puede apoyarse en las instituciones. Pero no siempre este supuesto básico, que es consustancial a toda sociedad democrática, sale triunfante de las pugnas judiciales, razón por la cual la sentencia de Estrasburgo se debe valorar como una relevante victoria.

Por eso mismo, es de estricta justicia reconocer ahora el gran acierto de Aznar así como el excelente trabajo desarrollado en su día por el equipo que, capitaneado por Ángel Acebes como ministro del Interior, reformó la Ley de Partidos de manera ejemplar desde el punto de vista técnico y jurídico y logró los objetivos que se proponía: expulsar de las instituciones a los secuaces políticos de ETA. De la victoria de ayer también tienen motivos para congratularse los dirigentes socialistas, encabezados por Rodríguez Zapatero, que casi sin excepción apoyaron de modo inequívoco la reforma judicial.

Ninguna iniciativa como aquélla, que ha sorteado con éxito todos los obstáculos y exámenes judiciales posibles, refleja tan fielmente que la unidad frente a los terroristas no sólo es imprescindible, sino que además es imbatible como instrumento para su erradicación. Cuando el Tribunal de Estrasburgo subraya que la disolución de Batasuna obedecía a «una necesidad social imperiosa» no está enjuiciando sólo una cuestión de técnica constitucional, sino una demanda social respaldada abrumadoramente por el conjunto de la sociedad y cristalizada en una reforma legal.

La sociedad, enfatiza el Tribunal, está obligada a «mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades», objetivos contra los que chocaba la actividad del partido que representa a los terroristas. Por otra parte, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo tiene una importancia añadida pues, además de desenmascarar a Batasuna, ha defraudado al PNV y a los demás partidos nacionalistas.

Conviene recordar que el partido de Ibarretxe era uno de los recurrentes ante el Tribunal europeo y que siempre se ha opuesto a la ilegalización de la llamada «izquierda abertzale». La renuencia con la que los dirigentes peneuvistas acogieron ayer la sentencia europea revela su decepción. Por tanto, más que un varapalo para unos batasunos que sólo buscaban ganar la batalla de la propaganda en Europa a costa de los tribunales, la sentencia es también un severo correctivo al PNV, que deberá cambiar su discurso y aproximarse a las tesis que comparten PP y PSOE en la lucha contra ETA.

Ese reforzamiento de la unidad de todos los demócratas es especialmente necesario para desalojar a los proetarras del último reducto institucional que aún ocupan, los 42 municipios vascos y navarros en los que ANV gobierna vidas y haciendas. El aval del Tribunal de Derechos Humanos permite ampliar la ilegalización de Batasuna a todas aquellas siglas y franquicias bajo las que se oculta. ANV e Iniciativa Internacionalista, por citar las dos que burlaron el escrutinio judicial, son la demostración de que no cabe bajar la guardia frente a los terroristas. La victoria judicial de ayer marca el camino correcto.

ETA pierde en Estrasburgo
Editorial ABC 1 Julio 2009

QUE la ley de Partidos Políticos -impulsada por el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, cuya determinación adquiere hoy un valor singular- respetaba los Derechos Humanos era una certeza que se tenía desde que fue aprobado un texto que ya reflejaba las garantías establecidas por el Tribunal de Estrasburgo para ilegalizar a una formación política. El Constitucional lo entendió así al rechazar el recurso presentado en 2003 por el Gobierno vasco, presidido entonces por Ibarretxe, contra una ley que estaba permitiendo expulsar a ETA de casi todas las instituciones. P

or tanto, cuando los dirigentes de Batasuna recurrieron su ilegalización ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Estado, a través del Gobierno, el Parlamento y el Tribunal Constitucional, tenía ya preparada la respuesta a la ofensiva de la izquierda proetarra contra la ley de Partidos Políticos. Bien es cierto que durante la tregua de 2006 con ETA hubo algún titubeo en la defensa jurídica de las ilegalizaciones, si bien ha pesado más la realidad de las cosas, es decir, la irreversible naturaleza terrorista de ETA, que los erróneos análisis que llevaron a aquel infausto proceso de negociación política con los terroristas.

La sentencia del TEDH no sólo confirma jurídicamente las decisiones del Tribunal Supremo y del Constitucional, sino que despoja a ETA de uno de sus últimos recursos para trasladar a Europa su estrategia victimista. Su descripción de España como un país que reprime arbitrariamente las libertades ha fracasado por completo. Es importante el dato de que la sentencia del TEDH ha recibido el respaldo unánime de los jueces que lo componen, a diferencia de anteriores resoluciones sobre ilegalización de partidos, dictadas con una clara división interna. Esta es una buena ocasión para que el Gobierno promueva una nueva campaña de deslegitimación de ETA ante la opinión pública europea, más aún si el entramado batasuno pretende recuperar algún apoyo internacional de la mano de su enésima tapadera, Iniciativa Internacionalista.

También han fracasado todos los profetas que, incluso desde fuera del ámbito abertzale, anunciaron el desahucio de las libertades y los derechos democráticos en España por la aprobación de la ley de Partidos Políticos. No sólo no ha habido retroceso democrático por la aplicación de esta ley, sino que la democracia española es hoy mucho más digna con ETA fuera de sus instituciones. Los restos de ANV en los ayuntamientos vascos y navarros y la legalización de Iniciativa Internacionalista por el TC son episodios anómalos -en todo caso, reversibles en cuanto las pruebas lo permitan- de una trayectoria impecable de las instituciones democráticas contra ETA.

El TEDH no podía decir otra cosa distinta. Nadie que apoye la violencia tiene espacio en la democracia, porque tampoco es cierto que todas las ideas sean legítimas: las que defienden o disculpan el terrorismo no lo son. La libertad política no es absoluta para quienes no respetan la ajena. Jurídicamente, la ley de Partidos Políticos se ajusta a las exigencias de necesidad, proporcionalidad y adecuación a los valores democráticos que establece el TEDH. Políticamente, ha sido la iniciativa más acertada y eficaz nunca impulsada por el Estado en la lucha contra ETA, fruto de la decisión de un Gobierno, el de José María Aznar, de no aceptar más resignaciones frente a ETA, y de un gran pacto con el PSOE, el Acuerdo por las Libertades de 2000, que nunca debió abandonarse.

Fin del sortilegio
HERMANN TERTSCH ABC 1 Julio 2009

Emocionado y conmovido estoy ante la frase que hoy no acababa de creerme ver pronunciada por el gran hombre bueno del buenismo. Ha dicho que José María Aznar no se equivocaba. Y que ETA es un problema policial. Quienes siempre hemos luchado con la idea de la existencia de Dios estamos probablemente más cerca de la afirmación. Si Iñaki Gabilondo dice que Aznar tenía razón en algo, nadie debiera tener problemas en aceptar el mucho vino en las bodas de Canaa, ni los panes y los peces en la fiesta campestre ni la propia Santísima Trinidad. Toda la progresía hundida de golpe, caída del más inmenso caballo ante la puerta de Damasco, como cuando Milovan Djilas reveló la obviedad de que Josip Broz Tito y sus comunistas eran una banda de hipócritas, ladrones y puteros. Cierto que Gabilondo no espera como Djilas serias represalias, seguirá bien pagado y escuchará la Novena de Brückner como si el drama no fuera con él.

¡Pero qué bonito es escuchar una enmienda tan rotunda! Una enmienda a la totalidad que conlleva muchas más de las que pretende su autor. Si el gran pope del sectarismo izquierdista, el adalid del odio personal casi patológico que se ha generado desde el poder y sus aledaños contra el ex presidente en los últimos años dice que Aznar tenía razón en algo, se ha roto un sortilegio. Si Gabilondo dice que Aznar tuvo en algún momento razón, está diciendo que Zapatero y sus palanganeros de bajo coste como Enric Sopena y otros tantos, no la tenían ni tienen. Y da por hecho que su propia enmienda revela que la incapacidad de hacerla del resto de los fabuladores demuestra cómo todos ellos se aferran a la mentira.

Gabilondo perdona a Aznar
José Antonio Martínez-Abarca Libertad Digital 1 Julio 2009

Coincidí hace unas fechas con el periodista José María Calleja en una tertulia de televisión de la periferia. "¿Cómo va lo tuyo con Isabel San Sebastián? ¿Cómo fue aquello que la llamaste, 'antiterrorista de discoteca' o así?", le dije con aire primaveral en el piscolabis previo a entrar al estudio. "Estoy querellado", sonrió sin asomo de preocupación, incluso un poco divertido. "Me habré equivocado seguro en muchas cosas. Pero yo creía que hablando con los terroristas se podía solucionar algo, que era bueno, y por aquello me llamaron amigo de ETA y cosas peores". No supe si estaba cantando la palinodia, pero desde luego había buen rollito, no sé si porque en aquel programa de televisión no pagaban lo suficiente para que a Calleja se le fuera estratégicamente la virgen.

Quien sí la ha cantado, la palinodia, es otro amante incondicional y muy principal del diálogo y del "proceso", Iñaki Gabilondo, quien incluso le concede cierta condición humana a Aznar ("él tenía razón y yo no"), cosa meritoria para quien tiene afirmado que todo lo que tenga que ver con el ex presidente le pone del hígado y le hace perder el desasimiento y el aura. ¿Habrán descubierto los valedores opinativos del proceso que aquello no conducía a ningún lado o, más bien, siempre lo supieron, sólo que ahora no toca?

Porque no ha ocurrido nada que justifique ese cambio de opinión, y nadie le ha hecho aparentemente ninguna putada a Gabilondo para que de repente hable con sentido común, cuando nadie lo espera, ni se le pide. Salvo que hay un Gobierno vasco medianamente distinto, todos están donde solían, si acaso ahora ETA mata un poquito menos y Aznar, por mucha razón que tuviera, es odiado un poquito más por esa parte del país que se lo cree todo, sea una cosa antes y ahora su contraria. ¿Quién le devuelve ahora sus cincuenta y nueve segundos de infamia, que fueron algunos más, a Aznar? ¡Pero si de pronto descubrirán que Jaime Mayor Oreja es algo más que el cenizo caduco con "esa cara de ir a dar siempre el pésame" con la que lo pintaron siendo ministro, de modo que votarle en las recientes elecciones al Parlamento Europeo daba hasta mal fario!

Sería mucho pedir que a los fósiles, los resentidos, los antiguos, los amargados, "los de siempre" que se han venido oponiendo a sentarse con los terroristas a hablar de recetas de cocina también se les extendiese el beneficio de esta interesada rehabilitación de Aznar. No da tiempo a dejar de considerarlos unos meros fachas según la doctrina oficial, porque cuando otra vez toque descubrir que lo mejor es entenderse con ETA no habrá que molestarse en volver a ponerles la etiqueta.
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Rescate
El regreso de la banca pública
Manuel Llamas Libertad Digital 1 Julio 2009

La aprobación del Fondo de rescate bancario (FROB) otorga un poder inusitado al Gobierno para reestructurar a su antojo el ya de por sí hiperregulado sistema financiero español. El nuevo regulador público, ya que en última instancia depende de la ministra Salgado, no sólo controlará hasta el extremo la gestión de las entidades intervenidas sino que, de hecho, abre la puerta a la nacionalización parcial de la banca española a medio plazo.

En primer lugar, el FROB pone de manifiesto que el Gobierno mintió al negar que la crisis financiera no afectaría a la solvencia misma del sistema español. Cabe recordar que hace escasos meses Zapatero se chuleaba ante sus colegas de contar con uno de los sistemas financieros "más sólidos del mundo", y se vanagloriaba de la excelente regulación y gestión de riesgos del Banco de España.

Pues bien. Ni uno ni lo otro. El propio Ejecutivo reconoce ahora en el Real Decreto que regula el nuevo fondo de rescate que algunas entidades de tamaño mediano o pequeño podrían "llegar a ver comprometida su viabilidad en los próximos meses" debido a la persistencia de los problemas de liquidez, el deterioro de activos o el aumento de la morosidad.

Es más: "Aunque es previsible que las entidades susceptibles de entrar en dificultades no tengan, individualmente por su tamaño, carácter sistémico, la consideración conjunta de sus problemas de viabilidad sí podría llegar a generar un potencial riesgo sistémico que justifica tener previstos instrumentos adicionales y la utilización de recursos públicos". Así pues, el Ejecutivo ha dado, una vez más, marcha atrás. Por otro lado, si algo ha demostrado el rescate de Caja Castilla-La Mancha es que el control del Banco de España ha fracasado, por mucho que se intente ocultar.

En segundo lugar, ante tales riesgos, el Gobierno ha optado por la "ordenación pública" del sistema. Y es que, en realidad, el Fondo se configura como un nuevo regulador financiero con plena capacidad de intervención en el sector bancario. A partir de ahora, dicho organismo, encabezado por Salgado a modo de banquera central, tendrá la última palabra en materia de fusiones, reestructuración de balances, aprobación de planes de viabilidad o inyección de recursos públicos

De hecho, será el FROB quien determine qué, cómo y cuándo se podrá declarar en quiebra una entidad. En su disposición adicional tercera, el Real Decreto establece que, en caso de intervención, "la legitimación para solicitar el concurso (de acreedores) corresponderá exclusivamente al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria". Asimismo, ningún juzgado podrá aceptar la solicitud de concurso (antigua suspensión de pagos) si la entidad en cuestión cuenta con un plan de viabilidad aprobado por el Fondo.

Por último, más allá del coste que supondrá para los contribuyentes el rescate bancario –hasta 90.000 millones de euros, en principio–, el Gobierno tendrá voz y voto en las cajas intervenidas. De hecho, nacionalizará parcialmente entidades si en un plazo máximo de siete años éstas son incapaces de devolver las ayudas públicas concedidas. Una opción bastante probable si se tiene en cuenta el largo estancamiento económico que sufrirá el país.

Se atisba, pues, el regreso de la banca pública a España. De todos modos, no es un proceso aislado. La mayoría de los gobiernos de países desarrollados, tales como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia o Rusia han optado u optarán por participar en el capital, hasta ahora privado, de la banca. Por una vez, parece que Almunia tenía razón.

No obstante, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) recomienda en su último informe seguir la actuación de Finlandia, Noruega y Suecia en sus crisis bancarias de finales de los años 80 y principios de los 90 debido al limitado progreso que están demostrando las medidas de rescate adoptadas hasta el momento. Es decir, nacionalizar la banca para reconocer las pérdidas reales del sector, liquidar los activos problemáticos y recapitalizar el sistema con fondos públicos.

La reestructuración de la banca nórdica llevó casi una década y se tradujo en pérdidas, aunque escasas, para los contribuyentes. El problema es que la actual crisis financiera es internacional, no local, y los excesos cometidos son muy superiores. Además, si el origen de la actual crisis estriba en la intervención monetaria y en una nefasta y excesiva regulación bancaria, ¿qué cabe esperar de una banca pública en manos del Gobierno al más puro estilo chino? Soplan malos tiempos para el libre mercado... Muy malos.

Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

Campaña contra la discriminación lingüísitca en las pruebas de acceso a la universidad
Mesa por la Libertad Lingüística 1 Julio 2009

 Campaña contra la discriminación lingüísitca en las pruebas de acceso a la universidad: recogida de firmas para solicitar la reforma del régimen de selectividad. A la atención de los medios de comunicación, socios y simpatizantes de la Mesa por la Libertad Lingüística.

 Los alumnos residentes en territorios sometidos a normalización lingüística sufren, otra más, discriminación lingüística en las pruebas de acceso a la universidad, las pruebas de selectividad que se están realizando estos días.

 La Mesa por la Libertad Lingüística inicia una recogida de firmas, con inicio en Junio de 2009 y de un año de duración, solicitando:

 La reforma del régimen de selectividad o Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios -PAAU- para igualar la duración de los exámenes de la parte común de todos los estudiantes permitiendo a los de territorios con regímenes de normalización lingüística examinarse de una sola de las lenguas oficiales en su territorio, a su elección, y, a los mismo efectos, computándoles la de su elección en la nota media del bachillerato.

 El día 18 de Junio nuestra entidad presentó en la Alta Inspección de Educación el escrito que se adjunta.

 Animamos a los medios de comunicación que nos reciben en copia a difundir esta iniciativa, a la que invitamos a participar a nuestros socios, simpatizantes y ciudadanos en general a los que también animamos a reenviar este correo a todos sus contactos.

  Es una iniciativa de largo recorrido de la que no esperamos resultados inmediatos, pero la lucha contra la discriminación lingüística tiene muchos jalones, y todos son importantes. Para adherirse basta con entrar en nuestra página web y firmar.
Puede hacerlo pinchando aquí. www.libertadlinguistica.com/

A la Alta Inspección de Educación.
Contra la discriminación en el acceso a la universidad

Subordinada, como todo lo demás, al valor superior de la igualdad, la Constitución Española acogió la opinión de que la diversidad lingüística es una riqueza y un patrimonio digno de especial respeto y protección.

Pero las regulaciones lingüísticas territoriales no han sido fieles a esa diversidad constitucionalmente postulada, substituyéndola por la homogeneidad lingüística interior a costa de la exclusión de la lengua común mediante coerciones y discriminaciones supuestamente positivas, y convirtiendo un bien cultural en una carga que grava a toda la población en edad escolar en los territorios en que se han implantado regímenes de normalización lingüística.

Una de las consecuencias de ese proceso generalizado en las comunidades autónomas con lengua cooficial es que, ante la selectividad para ingreso en la universidad, los alumnos son evaluados de una asignatura más, tanto para la nota media del bachillerato, que aporta el 60 % de la nota definitiva, como en las pruebas de selectividad propiamente dichas, de las que se obtiene el 40 % restante, respecto de los alumnos de régimen común o no sujetos a normalización, que sólo se examinan de una lengua oficial.

No se trata ahora de equiparar a todos los alumnos españoles, ya que para ello sería preciso recuperar las tres o cuatro horas semanales que los sujetos a regímenes de normalización han de dedicar durante toda su vida escolar al estudio de una asignatura más, mientras sus compañeros del resto de España y Europa las dedican a las otras materias comunes, o bien gravar a éstos con una carga equivalente, lo que no sería posible ni razonable.

Tampoco es el objeto de esta iniciativa concreta recuperar la libertad de los alumnos sujetos a regímenes de normalización, de estudiar en la lengua cooficial de su preferencia, ya que, generalmente, en esos territorios, la ampliación de la oficialidad a otra lengua no supuso, como hubiera sido lógico, el reconocimiento de un derecho de opción, sino la substitución de la lengua común por la privativa, como vehicular, lo que constituye una enorme desventaja para los miles de alumnos cuya lengua materna, social o preferente es la común.

Se trata, simplemente, de reducir la discriminación emulando un aspecto positivo de la regulación actual de las pruebas de selectividad, como es la posibilidad de realizarlas en cualquiera de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas que tienen dos. Del mismo modo, los alumnos sujetos a regímenes territoriales de normalización deberían poder ejercer esta doble opción para reducir en lo posible la desigualdad objetiva en la selectividad:

1.optar por una de las dos lenguas oficiales en su comunidad autónoma para formar la media del bachillerato que supondrá el 60 % de la nota definitiva;

2.examinarse de una sola de las dos lenguas cooficiales en su comunidad autónoma, a su libre elección, ya que ahora tienen que examinarse de las dos, mientras que sus compañeros de la España libre de normalización, sólo tienen que examinarse de una.

Por supuesto, estas pequeñas reformas no equipararían a todos los alumnos españoles ante la selectividad para ingreso en la universidad [y esta petición no supone renuncia de las asociaciones, plataformas o ciudadanos firmantes a sus objetivos de libertad e igualdad] pero reducirían la discriminación actual, sin perjuicio ni coste alguno. Por ello,

SOLICITAMOS la reforma del régimen de selectividad o Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios -PAAU- para igualar la duración de los exámenes de la parte común de todos los estudiantes permitiendo a los de territorios con regímenes de normalización lingüística examinarse de una sola de las lenguas oficiales en su territorio, a su elección, y, a los mismo efectos, computándoles la de su elección en la nota media del bachillerato.



El catalán pierde peso en Cataluña
Juan Julio Alfaya Periodista Digital 1 Julio 2009

Siempre dije que los métodos impositivos y coactivos producen rechazo, pero comprendo que mi voz es como un granito de arena en el panorama mediático.

Si fuera Premio Nóbel o cantante de pop sería otra cosa, pero como soy un ciudadano gallego que habita en el rural, tiene costumbres aldeanas y al que no conocen más que en el supermercado, en la oficina de correos y en la farmacia, pues así me luce el pelo. Con todo, el tener razón no deja seresultarme estimulante.

El secretario general de Política Lingüística, Bernat Joan, sostiene que no se puede hablar de «retroceso» del catalán, puesto que durante los últimos cinco años se han incorporado a la sociedad catalana más de 700.000 extranjeros. ¿Qué va a decir el pobre? Es como si le preguntan en Galicia a Anxo Lorenzo. Si no tienen argumentos, se los inventan.

El caso es que la Generalidad ha hecho una macroencuesta cuyo resultado recoge el Periódico de Cataluña y que supongo que para los acérrimos partidarios de la imposición (a la que ellos llaman "normalización" para disimular), debe ser más que desalentador. En resumen, éstas son las conclusiones del citado periódico:

1. El uso del español dobla al del catalán en el área de Barcelona.
2. Una macroencuesta de la Generalidad muestra que el idioma autóctono pierde peso.
3. Un 6,5% utiliza una lengua extranjera como el árabe o el urdu para comunicarse.
 
El uso del español entre la población que reside en Cataluña sigue yendo muy por delante del que se hace del catalán. Los datos de la segunda encuesta de usos lingüísticos de la Generalidad presentada ayer atestiguan que mientras un 45,9% de los preguntados utilizan el español como lengua habitual, en el caso del catalán el porcentaje se sitúa en el 35,6%, 10 puntos por debajo.

La superioridad es todavía más manifiesta en el área metropolitana de Barcelona, donde los usuarios exclusivos del español (53,8%) suman el doble de los que se sirven de la lengua autóctona (27,8%). El predominio del español también se produce en la zona del Campo de Tarragona, si bien con una diferencia menor (45,1% frente a 33,1%). En el resto de áreas de
Cataluña, el catalán es la lengua más utilizada.

EN TODOS LOS GRUPOS DE EDAD SE REPRODUCE LA VENTAJA DEL ESPAÑOL
La encuesta, en la que han participado 7.140 personas mayores de 15 años,  muestra que, excepto entre los mayores de 65 años, en todos los grupos de edad se reproduce la ventaja del español. Incluso entre los más jóvenes, los que forman parte de la franja comprendida entre los 15 y los 29 años, que han utilizado en buena parte de su itinerario escolar el catalán como lengua vehicular de aprendizaje, se reproduce una diferencia de más de 12 puntos porcentuales a favor del español.
 
La mayoría de la población conoce ambas lenguas, pero el dominio del español es notoriamente superior (20 puntos porcentuales por delante) cuando se pregunta si se habla o lee en uno u otro idioma. Y más acusada es todavía la diferencia, siempre a favor del español, a la hora de escribir.

El trabajo muestra que, si se compara con la primera encuesta de usos lingüísticos realizada en el 2003, los que aseguran que saben hablar catalán han pasado del 78,3% al 75%. El secretario general de Política Lingüística, Bernat Joan, sostuvo ayer que no se puede hablar de «retroceso» del catalán, puesto que durante los últimos cinco años se han incorporado a la sociedad catalana más de 700.000 extranjeros.

RETROCESO DE 10 PUNTOS ENTRE LOS CATALANOHABLANTES
El índice de los que dicen que acostumbran a hablar en catalán ha retrocedido 10 puntos porcentuales en el periodo 2003-2008, mientras que el español ha acusado una caída de un punto.

La encuesta también desvela que un 6,5% de la población se vale de idiomas extranjeros como el árabe y el urdu para comunicarse. Joan alertó del riesgo de que se creen guetos lingüísticos donde la población «tenga menos oportunidades» por el hecho de no dominar las lenguas oficiales de Cataluña.

Jordi Casabella (Barcelona)
El Periódico de Cataluña, 30/6/2009
http://www.elperiodico.com/default
asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=625542&idseccio_PK=1021&h=
P.D. Si yo estuviera en la piel de Bernat Joan, me tomaba un cubata de ron con pentobarbital y me iba con la música a otra parte.
Gallegos Hispanohablantes
1) http://blogs.periodistadigital.com/galhispanos.php
2) http://libertadengalicia.es/index
php/section-blog/39-gallegos-hispanohablantes

Barcelona, 1 de julio de 2009
COMUNICADO DE RECHAZO A LA LEC
Asociación por la Tolerancia  1 Julio 2009

La Asociación por la Tolerancia, que lleva 17 años defendiendo el bilingüismo institucional y el derecho a la libertad de elección lingüística en Cataluña, se ve obligada a mostrar su rechazo a la Ley de Educación de Cataluña (LEC).

En nuestra opinión se trata de una ley administrativista, burocrática, más empeñada en dotar al Gobierno de Cataluña de competencias exclusivas sobre educación que en dar soluciones pedagógicas a los grandes problemas a que se enfrenta nuestra escuela.

La LEC ha sido realmente diseñada para blindar la inmersión y legislar la exclusión lingüística del español (o castellano) como se puede comprobar en el artículo 11, que determina que el catalán y sólo el catalán, es la lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo a todos los niveles.

Esta ley extiende la inmersión desde infantil a bachillerato, reduciendo a un solo año el derecho a la educación en lengua materna, cuando ésta es el castellano –que en teoría también es oficial–, e impone el catalán a profesores y personal no docente, lo que supone una nueva vuelta de tuerca en el recorte de derechos básicos constitucionales.

Esta política es contraria a las recomendaciones de la UNESCO, que aconseja la enseñanza en la lengua materna para disminuir el fracaso escolar, y contraviene el "Informe sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en España" del Consejo de Europa (11/12/2008) que cita textualmente "La Carta no prevé la enseñanza obligatoria en catalán para todos los alumnos, sino, únicamente, que todos los alumnos reciban educación en catalán si sus padres así lo desean".

Es una ley que invade competencias del Estado al tomar como referencia exclusiva el Estatuto, ignorando la Constitución española, a pesar de ser ésta de rango superior. Así, atribuye a la Generalitat el diseño en exclusiva del currículum, lo que le permitirá evadir las normas estatales como el decreto de mínimos que exigía esa “mísera e insuficiente” 3ª hora de castellano.

Por si fuera poco, la LEC no apuesta por el buen funcionamiento de la enseñanza pública, que es el mejor recurso del que disponen las sociedades para compensar las desigualdades. Ni siquiera se refiere ya a la “enseñanza pública”, sino al “servicio de educación de Cataluña”, condenando definitivamente a la escuela pública a gestionar el fracaso escolar de las clases más desfavorecidas y convirtiéndola en la herramienta fundamental para la “normalización” de la inmigración.

Por todo ello, nuestra Asociación –a la que, por cierto, no se dio la oportunidad de defender su punto de vista ante la Comisión correspondiente– alerta a la sociedad de los perjuicios que pueden derivarse de la aplicación de esta Ley de Exclusión del Castellano (LEC).

Plataforma Voces Contra el Terrorismo

www.vocescontraelterrorismo.org 1 Julio 2009

La plataforma Voces Contra el Terrorismo celebra la decisión adoptada por el Tribunal de Estrasburgo. Esta decisión confirma el argumento de quienes mantenemos que el brazo político de ETA no puede tener representatividad en ninguna institución.

Esta sentencia debe de servir como estímulo para que el Gobierno proceda a disolver los ayuntamientos gobernados por ANV. Es imprescindible que este paso se lleve acabo para que sean creíbles los cambios que dice el Gobierno haberse
producido.
 
Desde Voces Contra el Terrorismo seguiremos denunciando la situación en la que se encuentran los ayuntamientos gobernados por ANV hasta que el Gobierno no actúe contundentemente con todas las herramientas legales que tiene a su
disposición para llevar acabo la disolución de estos ayuntamientos.

Alcaraz pone en marcha la plataforma 'Voces contra el Terrorismo' para reactivar la 'rebelión cívica'
Redactan un manifiesto para exigir la expulsión de ANV de las instituciones "ante la pasividad del Gobierno"
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Voces contra el Terrorismo, dirigida por el ex presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Francisco José Alcaraz, está organizando una serie de acciones dirigidas a reactivar la denominada rebelión cívica "ante la actitud pasiva y las maniobras dilatorias del Gobierno" en la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV.

Esta Plataforma fue creada en el seno de la asociación de víctimas Verde Esperanza y está formada por ciudadanos que reclaman que la ciudadanía vuelva a alzar su voz contra la política antiterrorista del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, según explicó Alcaraz a Europa Press.

Para ello, ha redactado un manifiesto llamado 'ETA fuera de las instituciones ¡ya!' en el que plasma su rechazo a la presencia de ANV en las instituciones. Además, planea acciones como la recogida de firmas y actos reivindicativos entre los que no se descarta la convocatoria de grandes movilizaciones como las que protagonizaron la pasada legislatura.

"Ha llegado el momento de decir que ya basta --defiende--. La sociedad española no puede, no debe, volver a convertirse en rehén de una estrategia de engaño destinada a ganar tiempo con vistas a posibles negociaciones futuras con ETA". "Consideramos que ha llegado el momento de dar un nuevo impulso a la rebelión cívica, que fue lo único que evitó en la legislatura pasada que el Gobierno llevara hasta sus últimas consecuencias el proceso de rendición del Estado ante ETA", sostiene.

El manifiesto recuerda que Zapatero inició un proceso de negociación "despreciando el dolor provocado por ETA durante 40 años" y criticó que "de nada sirvió la oposición casi unánime de las víctimas del terrorismo, el rechazo de una amplia mayoría de la sociedad" ni "las advertencias de que se estaba ante una nueva tregua-trampa".

En este contexto, denuncia la "negativa" del Gobierno a expulsar a ANV de las instituciones y reconoce su temor de que esta "falta de respuesta" esconda "el deseo de volver a oficializar los contactos en cuanto el clima político sea más propicio para las pretensiones del Gobierno".

Por ello, plantea una serie de reivindicaciones entre las que coloca en primer lugar la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV utilizando el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, "de la misma forma que se disolvió el ayuntamiento de Marbella por corrupción".

Además, exige la revocación de la resolución del Congreso que autoriza el diálogo con la organización terrorista si se cumplen determinadas condiciones y reclama también la revocación de la resolución del Parlamento Europeo "que mostraba su apoyo a las negociaciones entre el Gobierno y ETA".

Otra de sus reclamaciones es que los consistorios gobernados por ANV no reciban dinero del fondo de 8.000 millones de euros destinado a las entidades locales para hacer frente a la crisis económica y, también, que se respete el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo.

"QUE LOS POLÍTICOS SE DEJEN DE DECLARACIONES HUECAS"
"Exigimos que los partidos políticos se dejen de declaraciones huecas y que los poderes públicos pongan en práctica, aplicando los mecanismos que proporciona el Estado de Derecho, medidas reales dirigidas a acabar con el nacionalismo terrorista y con quienes, desde posturas falsamente moderadas, les prestan apoyo material o justificación ideológica", prosigue.

De esta forma, resume que su única reivindicación es, "simplemente, la derrota policial y judicial de los asesinos" y aclara que rechazan cualquier unidad con una fuerza política que no comparta con la plataforma su deseo de que "el terrorismo nacionalista sea derrotado de manera incondicional".

"Llamamos a los ciudadanos a reactivar la rebelión cívica si el Gobierno continúa sin cumplir con su obligación de acabar con los terroristas, o si pretende reeditar el proceso de negociación con los asesinos de ETA", concluye.

La sentencia aísla a Batasuna y arruina su estrategia victimista en Europa
Supone un reconocimiento a la actuación de la Justicia española contra el entorno etarra
NIEVES COLLI | MADRID ABC 1 Julio 2009

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha cerrado definitivamente la única vía que le restaba al brazo político de ETA para intentar salvar su imagen en Europa y evitar salir del aislamiento. El aval de Estrasburgo a la ilegalización de Batasuna y Herri Batasuna deja claro que no sólo se trata de partidos indisolublemente unidos a la banda terrorista y comprometidos con la violencia, sino que además la Ley de Partidos Políticos -el instrumento que permitió la ilegalización- es respetuosa con los derechos humanos.

La estrategia del victimismo tan manida por los proetarras, que una y otra vez han intentado presentarse como perseguidos políticos fuera de nuestras fronteras, toca a su fin en los países de nuestro entorno más próximo. A ello cabe añadir que, una vez más, tampoco podrán hacerse «publicidad» en la Eurocámara, donde el pasado 7-J Iniciativa Internacionalista no consiguió ningún escaño pese a que lograra pasar el filtro del Tribunal Constitucional.

Sentencia unánime
La resolución dictada ayer por la Sección Quinta del TEDH, con el voto unánime de los siete magistrados que la integran, supone un importantísimo espaldarazo a la doctrina que el Constitucional lleva fraguando desde el 17 de enero de 2004, fecha en la que confirmó la sentencia de ilegalización de HB, EH y Batasuna dictada por la «Sala del 61» del Tribunal Supremo en marzo de 2003.

Aunque los proetarras podrán seguir acudiendo al TEDH cada vez que se produzca la ilegalización de una de sus marcas -cada caso debe ser analizado de forma individualizada-, lo cierto es que esta sentencia condiciona mucho futuras resoluciones por cuanto sienta un precedente poco esperanzador para los acólitos de ETA. De hecho, da por buena la doctrina del Constitucional en cuanto a la aplicación de la Ley de Partidos y respecto a cuáles son los elementos que pueden llevar a la ilegalización de una formación política.

Juez pionero
Sin duda, la sentencia también supone un reconocimiento a la vía -en el ámbito penal- inaugurada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el primero que se atrevió a dar el paso contra el entorno de la banda y el primero en afirmar en sus resoluciones que son miembros de ETA no sólo los que usan las pistolas, sino también los que ocupan determinados despachos; en agosto de 2002, seis meses antes de su ilegalización, este magistrado suspendía las actividades de Batasuna.

Nada más conocer la sentencia, Garzón llamó por teléfono a Jaime Mayor Oreja, otro de los impulsores de la desarticulación de las tramas de la banda criminal, para festejar la buena noticia.

La decisión del TEDH causó una satisfacción generalizada en el mundo judicial. Por un lado, en la Fiscalía y en la Abogacía del Estado, donde se siente como un triunfo propio, pues son estas dos instituciones las únicas legitimadas por la ley para instar la ilegalización de un partido.

Y de otro lado, en el Supremo y en la Audiencia Nacional, donde se han felicitado por el espaldarazo de Estrasburgo a la Justicia española. Santiago Pedraz, decano de la Audiencia, aseguró que queda demostrado que «no ha habido conculcación de los derechos humanos».

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, señaló que la decisión del supone «el triunfo del Estado de Derecho español» y «la consolidación de la Ley de Partidos». «A aquellos que deciden actuar fuera de las reglas del juego, los tribunales les ponen en su sitio», aseguró en declaraciones a Europa Press.

El Parlamento de Cataluña aprueba hoy la ley que arrincona al castellano en las aulas
Barcelona - Mariona Sanuy La Razón 1 Julio 2009

Después de casi cuatro años de tira y aflojas, el Parlamento de Cataluña aprobará hoy la nueva Ley de Educación que blindará el modelo catalán de enseñanza, es decir, la inmersión lingüística que cierra el paso a la aplicación de la tercera hora de castellano en las aulas de Cataluña. Ni el PP ni Ciutadans darán su respaldo a la nueva normativa catalana, negándose a aceptar que los padres no puedan escoger la lengua vehicular en la que se educarán sus hijos. La redacción de la ley educativa catalana no sólo ha contado con el rechazo de PP y C¿s. E el propio tripartito ha afrontado su diseño dividido y hoy vivirá la votación por separado.

Varios meses de discusión no han servido para que Iniciativa apoye la nueva Ley, que inusualmente contará con el respaldo de CiU. Conseguir el voto afirmativo de la federación nacionalista, ha supuesto la ruptura entre el consejero de Educación, Ernest Maragall, y sus socios, que no ven con buenos ojos que los conciertos se mantengan en las escuelas que separan al alumnado por razón de sexo. Además, quieren que «la laicidad sea el principio integrador de todas las convicciones religiosas».

Los aragoneses tomarán la calle el día 11 contra la imposición del catalán
Zaragoza La Razón 1 Julio 2009

La Plataforma No Hablamos Catalán anunció ayer que el próximo sábado, día 11 de julio, se movilizará en Zaragoza en contra de la imposición del catalán en Aragón. A pesar de que el PSOE no presentó finalmente la Ley de Lenguas, la organización considera que se trata simplemente de una «estrategia más de Marcelino Iglesias», el presidente de la comunidad, que espera «un momento de despiste para colar en gol del catalán en Aragón».

Por este motivo, y para que no llegue a producirse esa imposición, el día de la concentración la Plataforma montará una mesa informativa y repartirá 5.000 folletos para explicar a los aragoneses lo que supondría la aplicación de dicha Ley. Y piden a los partidos que se definan públicamente acerca de determinar que el catalán sea «legua propia e histórica de Aragón».

«Tour» informativo
Además, señalan en un comunicado que a partir del próximo mes de septiembre incrementarán sus acciones e iniciaran un segundo «tour» de conferencias para informar a los ciudadanos «de lo que nos jugamos con esta Ley de Lenguas catalanista cocinada por el PSOE y dispuesta para que junto a CHA entre en vigor en Aragón». Y todo, tal y como señalan, «en contra de la mayoría de los aragoneses».

Un silbido para la humanidad
Marga Arroyo  www.lavozlibre.com 1 Julio 2009

La Unión Europea goza de una diversidad lingüística abrumadora. En total hay 23 lenguas oficiales, más de 60 habladas a nivel regional y unas 100 de población emigrante. En concreto, en España hay unas cuantas.

Una de ellas, no muy conocida, es el silbo gomero. Se trata de un lenguaje silbado que se utiliza desde tiempo inmemorial en la isla de La Gomera para comunicarse a grandes distancias. No es una serie de códigos preestablecidos que sirven para expresar contenidos limitados, sino de un lenguaje articulado, reductor, no convencional, que permite intercambiar una gama ilimitada de mensajes al reproducir mediante silbidos las características sonoras de una lengua hablada. En la actualidad, reproduce el castellano hablado en las Islas Canarias pero, teóricamente, podría hacer lo mismo con cualquier otra lengua.

Según Leonard Orban, el comisario de Multilingüismo de la Unión Europea, su misión es la de “preservar y promover esa diversidad lingüística”. Hizo estas declaraciones la semana pasada en su visita al Archipiélago canario para promover el aprendizaje de idiomas en las escuelas de las islas.

En su recorrido hizo un alto en el camino en La Gomera y haciendo referencia a su particular lenguaje, Orban dejó algunos regalos y se deshizo en alabanzas con frases como “se trata de un legado mundial” o “es algo único en todo el planeta”.

Además de su rareza, es innegable el valor que tiene al haberse conservado prácticamente intacto. Hay que agradecer a los gomeros por haber permitido que hoy lo podamos conocer. Y es que el silbo gomero es una asignatura complementaria en los centros escolares de la isla.

El silbo es un puente entre el pasado y el futuro, no sólo en lo que a los habitantes de la isla se refiere, sino a toda la humanidad, porque todo lo que nos remite a nuestros orígenes tiene carácter universal.

Este es uno de los motivos por los que el Gobierno Canario pretende que la UNESCO lo declare patrimonio inmaterial de la humanidad y por los que el Comisario ha prometido apoyo económico para preservarlo.

Después de tantas promesas europeas no puedo evitar pensar que ésta también caerá en saco roto.

Espero que no sea así porque aunque el silbo no sea una catedral, una muralla… algo tangible en definitiva, no deja de ser una forma ancestral de cultura que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. A mí particularmente me hace pensar en toda la riqueza cultural que se ha perdido por el camino y en la que no quiero que se pierda.

Me encantaría dedicarles unas últimas palabras en la lengua gomera, pero no sé silbar. Ellos sí.

> En la imagen: Un vecino de La Gomera practicando el silbo. http://www.silbogomero.es/
> Si quiere conocer más información sobre cómo se estudia el silbo Gomero en la escuelas, pinche aquí.
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/3941/el-silbo-gomero-opta-a-ser-patrimonio-cultural-inmaterial-de-espana

El Ayuntamiento usará sólo el catalán en sus comunicaciones con el ciudadano
À. GUBERN | BARCELONA ABC Cataluña 1 Julio 2009

El Ayuntamiento de Barcelona pretende aprobar un reglamento de uso de la lengua catalana que, de hecho, consagrará el monolingüismo de facto que ya practica la administración local en muchos ámbitos. Atendiendo lo que dispone desde 1983 la ley de Política Lingüística -y que el Consistorio ha ignorado desde entonces-, el gobierno de Jordi Hereu está elaborando un reglamento de usos lingüísticos que pretende pactar con los grupos municipales.

Por el momento, los grupos ya disponen de un primer documento -que fuentes municipales califican de provisional y aún en redacción-, y que ahora será discutido en una ponencia que va a convocarse en pocos días. De entrada, el PP ya ha rechazado tal texto, presentando uno alternativo con la defensa del bilingüismo como premisa.

La propuesta de reglamento elaborada por el equipo de gobierno desarrolla los principios que emanan del Estatut y de la Carta Municipal, textos que consagran el catalán como «lengua de uso normal y preferente del Ayuntamiento de Barcelona». Nada distinto a lo que ya se hace ahora.

No obstante, algunos de los puntos propuestos sí que podrían representar un cambio respecto a las prácticas actuales. Así, el artículo 5.3 señala que «las comunicaciones y notificaciones dirigidas a personas físicas y jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán deben hacerse en lengua catalana, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano, si lo solicitan». Este punto representaría por ejemplo abandonar el bilingüismo que ahora es común en documentos como las multas de tráfico o las comunicaciones del Instituto Municipal de Hacienda.

Otros dos puntos (4.1 y 4.2) podrían tener repercusiones en el ámbito empresarial, al obligar a que todos los «estudios, proyectos, y trabajos» encargados a terceros dentro del «ámbito territorial catalán» deban entregarse en catalán. Del mismo modo, se especifica que en los contratos administrativos constará que contratistas y proveedores deben presentar la documentación en catalán.

Alberto Fernández (PP) denunció el uso reiterado en el documento del concepto «prefrentemente en catalán», lo que trataría de evitar la impugnación del texto en los tribunales. Fuentes municipales lamentaron la «anticipación del PP la descalificación e impugnación de un texto todavía en fase de discusión»

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Ilegalización definitiva
EDITORIAL El Correo 1 Julio 2009

La sentencia por la que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo desestima los recursos presentados en nombre de Batasuna y de Herri Batasuna contra el Reino de España por la ilegalización de ambas siglas consagra el carácter democrático de la legislación de partidos en nuestro país y representa una enorme frustración para las esperanzas que la izquierda abertzale había depositado en su iniciativa. Es indudable que ésta no perseguía otro objetivo que deslegitimar el sistema de libertades en España, tratando de convencer a la Corte europea de que las sentencias de ilegalización y la ley en que se basan vulneran los artículos 10 y 11 de la Convención que fundamenta la propia existencia del Tribunal de Estrasburgo.

La contundencia mostrada por éste al considerar la ilegalización de Batasuna y de Herri Batasuna, dictada por el Supremo y el Constitucional españoles, como de «imperiosa necesidad social» y «necesaria en una sociedad democrática» despeja cualquier duda sobre el parecer del máximo órgano judicial europeo para la protección de los derechos y libertades fundamentales. No sólo viene a advertir sobre la naturaleza liberticida de la izquierda abertzale que presta cobertura política al terrorismo etarra; recalca también que corresponde al Estado constitucional atajar el riesgo que ello representa garantizando «la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades». Algo que hace extensivo a las agrupaciones de electores proscritas, al haber rechazado también los recursos de AuB y de Herritarren Zerrenda.

El Tribunal de Estrasburgo es el intérprete último del marco de libertades común a todos los europeos, por lo que su sentencia constituye un aval de relevancia para la ejecutoria de los poderes del Estado español -el Gobierno, el Parlamento y los tribunales de Justicia- frente a quienes hacen el juego al terrorismo en España. Pero sobre todo echa por tierra los argumentos empleados por la izquierda abertzale -aunque también por parte de otras voces nacionalistas- tratando de convencer a la opinión pública de que ilegalizar a Batasuna era dejar fuera de la ley ideas y personas.

Desde la promulgación de la Ley de Partidos y las sucesivas sentencias de ilegalización ha pasado suficiente tiempo como para que la sociedad vasca, y el conjunto de la sociedad española, se haya percatado de que el papel subsidiario que venían desempeñando las organizaciones de la izquierda abertzale respecto a ETA no podía continuar aprovechándose de una mezcla de cinismo e impunidad. El clamoroso silencio con el que ayer recibieron la noticia los dirigentes de la ilegalizada Batasuna permitió constatar hasta qué punto los extremistas creían que su obstinación podía recibir el plácet nada menos que del Tribunal de Derechos Humanos. Por el contrario, la sentencia es tan inapelable que pondrá a prueba a esa supuesta corriente moderadora que periódicamente se adivina en el seno de la izquierda abertzale, sin que nunca hasta ahora se haya hecho valer.

La homologación europea de la Ley de Partidos
EDUARDO VÍRGALA FORURIA, CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL El Correo 1 Julio 2009

Seis años después de que Batasuna fuera ilegalizada por el Tribunal Supremo, lo que confirmó posteriormente el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha convalidado tal ilegalización y, además, lo ha hecho por unanimidad de su quinta sección y de forma contundente. Para corroborar aún más esa homologación de la que hablo en el título de este artículo, la sentencia de Batasuna no viene sola sino acompañada de otra sobre las candidaturas prohibidas a Autodeterminaziorako Bilgunea en 2003 y de una final, que se remite sin más a las dos anteriores, sobre la candidatura de Herritarren Zerrenda a las elecciones europeas de 2004 ('Herritaren Zerrenda contra España'). Son tres sentencias que representan un espaldarazo definitivo desde el punto de vista jurídico para la Ley de Partidos de 2002, lo que, a su vez, supone un reforzamiento del Estado democrático en España y del adecuado funcionamiento de sus mecanismos legales y judiciales en la lucha contra el terrorismo y sus acólitos políticos.

Una primera lectura de estas sentencias permite llegar a la conclusión de que no representan ninguna vulneración del Convenio europeo de derechos humanos de 1950 ni la ilegalización de partidos políticos por su vinculación con el terrorismo ni la prohibición de candidaturas electorales continuadoras de los partidos disueltos. El TEDH establece lo anterior de manera nítida, sin dar margen a interpretaciones ambiguas y marcando una línea jurisprudencial que parece cerrar las dudas, al menos los jurídicas, sobre la Ley de Partidos.

La primera sentencia, 'Herri Batasuna y Batasuna contra España', comienza exponiendo lo que es ya el cuerpo consolidado de la jurisprudencia de Estrasburgo en la ilegalización de partidos políticos que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, especialmente desde mediados de los años 90 del siglo pasado en relación con la prohibición de partidos en Turquía y en los últimos tiempos con algunos casos en países del Este europeo (Bulgaria, Rumanía, Letonia). Para aceptar la ilegalización de un partido, el TEDH exige que la misma esté prevista legalmente, se base en una finalidad legítima y sea necesaria para la pervivencia de una sociedad democrática.

El primer requisito es relativamente sencillo y significa que ha de existir en el Estado afectado una ley que, con carácter previo a la ilegalización de un partido, haya previsto esa sanción de forma suficientemente accesible y previsible, lo que el TEDH entiende que hace sin ningún genero de duda la Ley española de Partidos de 2002.

El segundo requisito para avalar la ilegalización es que tenga una finalidad legítima amparada en el artículo 11 del Convenio europeo de derechos humanos. En este sentido, el TEDH hace una de sus primeras afirmaciones más relevantes en relación con los ataques que ha ido recibiendo la Ley de Partidos desde su publicación. El Tribunal de Estrasburgo descarta completamente que la ley española vaya en contra de los partidos independentistas ya que constata que en nuestro país existen pacíficamente muchos de ellos y algunos gobiernan y han gobernado diversas comunidades autónomas. Para el TEDH, el objetivo de la ilegalización entra, como más adelante demostrará, dentro de las finalidades legítimas que ampara el Convenio de derechos humanos como son el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades.

El último requisito que ha de cumplir toda ilegalización de partidos es el de su necesidad para la pervivencia de una sociedad democrática y el de la proporcionalidad de tal medida. El Convenio europeo permite la existencia de todo partido que respete dos condiciones: la utilización de medios de actuación legales y democráticos, y que las propuestas de cambios legales deben ser compatibles con los principios democráticos fundamentales. Sin embargo, y este punto es trascendental para entender la racionalidad de la sentencia de ayer, un partido cuyos responsables inciten a la violencia, propongan un proyecto político que no respete una o varias de las reglas de la democracia o que propugne su destrucción o el desconocimiento de los derechos y libertades, «no puede prevalerse de la protección del Convenio europeo de derechos humanos contra las sanciones impuestas por tales motivos».

A partir de esas consideraciones generales, se pasa luego a analizar el caso concreto de Batasuna y el Tribunal no duda en hacer una serie de afirmaciones que respaldan plenamente los pronunciamientos emitidos en su día por nuestros tribunales. Para el TEDH, HB y Batasuna son «instrumentos de la estrategia terrorista de ETA», favoreciendo un clima de confrontación social entre tales partidos y el resto de los existentes en el País Vasco, hasta el punto de provocar actos violentos que perturban el orden público.

También recalca el TEDH que la ilegalización, a diferencia de lo sostenido por algunos partidos, no está basada sólo en la ausencia de condena del atentado de Santa Pola, sino en la existencia de un vínculo de Batasuna con ETA que es, en sí mismo, una amenaza para la democracia. Por lo tanto, la conclusión es clara, la ilegalización de Batasuna es una «necesidad social imperiosa» al expresar ese partido un modelo de sociedad contrario al propio de la democracia y es proporcional a la finalidad legítima de proteger el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades.

En cuanto a la sentencia sobre las candidaturas de Autodeterminaziorako Bilgunea, 'Etxeberria Barrena y otros contra España', el TEDH señala que la medida prevista en la Ley española de Partidos está reservada exclusivamente a candidaturas con fuertes vínculos a los partidos ilegalizados y en ningún caso pretende la prohibición de ideas independentistas. Por eso, y aquí el Tribunal vuelve a ser meridianamente claro, la disolución de Batasuna «sería inútil si el partido pudiera proseguir de facto su actividad a través de las agrupaciones electorales». Siempre, claro está, que se compruebe la conexión entre esas agrupaciones electorales y los partidos disueltos (y no está de más recordar aquí el reciente caso de Iniciativa Internacionalista en que no se pudo demostrar tal conexión, de acuerdo al Tribunal Constitucional), lo que el Tribunal Supremo español hizo en 2003 y 2004 a través de diversa documentación. También es importante para el TEDH que la verificación de esa conexión se haya hecho individualmente para cada candidatura, de forma que algunas de ellas fueron amparadas en su día por nuestro Tribunal Constitucional.

En definitiva, no queda más que felicitarse por que las sentencias del TEDH hayan ratificado la Ley española de Partidos al ser plenamente homologable con los estándares europeos sobre partidos políticos, evidenciando lo que el autor de estas líneas ya había dicho en anteriores ocasiones en el sentido de que la gran mayoría de las diatribas y denuestos contra la ley tenían una motivación política pero no jurídica.

Para el autor, «las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos» hechas públicas ayer, han «ratificado la Ley española de Partidos al ser plenamente homologable con los estándares europeos sobre partidos políticos» y han evidenciado «que la gran mayoría de las diatribas y denuestos contra la ley tenían una motivación política pero no jurídica»

Ilegalizar ideas
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo  1 Julio 2009

El Tribunal de Estrasburgo ha hablado y lo ha hecho para confirmar que la ilegalización de Batasuna no vulnera los acuerdos internacionales de derechos humanos. La Ley de Partidos que creó el marco legal para dejar fuera de la legalidad a una organización connivente con el terrorismo ha recibido el espaldarazo de la corte europea, al igual que los jueces del Tribunal Supremo y los magistrados del Constitucional que en su día determinaron que Batasuna era una organización que no merecía poder utilizar las ventajas del sistema democrático.

La sentencia de Estrasburgo supone el respaldo a la decisión política del Partido Popular y del Partido Socialista de combatir al terrorismo en todos sus frentes impidiendo mediante la Ley de Partidos que ETA y Batasuna siguieran con el doble juego de llevar en una mano el fusil y en la otra las urnas, de mezclar los votos y la balas, disfrutando de los cargos de elección ciudadana al tiempo que mataban a sus adversarios políticos.

El fallo deja en evidencia a los nacionalistas, en particular al ex lehendakari Juan José Ibarretxe, cuyo Gobierno intentó presentar un recurso contra la Ley de Partidos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no fue admitido a trámite por falta de legitimación. Pero deja en evidencia también los motivos de fondo por los que se han opuesto a la Ley de Partidos, primero, y a su aplicación más tarde. Ibarretxe se ha cansado de decir en estos últimos años que esa ley suponía la «ilegalización de ideas», que era una norma excepcional vulneradora de derechos humanos. La afirmación de que dejar fuera de la ley a los cómplices políticos del terrorismo era una ilegalización de ideas ha sido el mantra más repetido por los miembros del ex tripartito vasco en los últimos seis años.

El mantra iba acompañado de una segunda parte, según la cual todas las ideas son legítimas, que todas tienen el derecho a ser defendidas y que sólo con las urnas se podía combatir a ETA y Batasuna. Naturalmente que la afirmación de que todas las ideas son legítimas sólo se aplicaba al caso de ETA y su entorno porque ninguno de los que han sostenido tal cosa mantendrá que son legítimas las ideas que defiendan la inferioridad de la mujer, la segregación racial o el nazismo, por citar algunos ejemplos.

¿Reconsiderará ahora el nacionalismo vasco su postura sobre la Ley de Partidos y las ilegalizaciones? Es una buena oportunidad para hacerlo y para sacar lecciones de cara al futuro. La primera de ellas podría ser la de ahorrarse los duros ataques y la deslegitimación que el nacionalismo ha hecho de los tribunales de justicia en todos sus niveles por aplicar la ley. La mejor deslegitimación del terrorismo es la que comienza por legitimar las instituciones democráticas, entre ellas los tribunales españoles que juzgan con la misma vara de medir que sus colegas europeos.

Con ETA no es lo mismo hacer una cosa y la contraria
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 1 Julio 2009 1 Julio 2009

Una falsedad propagandística repetida y reiterada hasta el hartazgo es pretender equiparar los contactos del gobierno de Aznar, la "tregua trampa" como la calificó por cierto Mayor Oreja, con las negociaciones establecidas por Zapatero en lo que entendió como elemento trascendental de su política en la primera legislatura: el ahora innombrable Proceso de Paz.

Son dos posiciones muy diferentes ante el terrorismo. Los enviados de Aznar textaron simplemente, hay actas, si había disposición inmediata de rendir las armas y no quisieron seguir hablando de cosa alguna más. Aznar cometió otros errores en su mandato pero contra ETA fue inflexible y durísimo y fue en su tiempo cuando las victimas adquirieron la relevancia y la consideración que hoy tienen. La decisión política de extirpar de las instituciones a los tentáculos de ETA se tomó entonces: Ley de Partidos Político (con el apoyo del PSOE de Zapatero), ilegalización de HB por el Tribunal Supremo (año 2003), que es lo acaba de ratificar por unanimidad y en sentencia esclarecedora el Tribunal de Estrasburgo: la violencia no tiene legitimidad ninguna como forma de hacer política, es contradictoria y autoexcluyente del sistema y de los principios democrático. No son criminales las ideas independentistas, lo son quienes pretenden imponerlas con métodos violentos. ETA sufrió duros golpes, quedo aislada internacionalmente y su entorno debilitado en extremo.

Zapatero intento otra vía. Rompió de facto el pacto antiterrorista que tenía firmado con el PP y emprendió otro camino . Tenía derecho a hacerlo como nuevo gobernante. Pero la oposición, pues era una política antiterrorista contradictoria con la mantenida hasta entonces –dialogar con ETA en vez de derrotarla, que no dejaba en ocasiones de mostrar el mensaje subliminal de que era imposible esto último- tenía derecho en criticar aquella deriva. Y razones por el peligroso camino que se emprendía, desconocedor del enemigo que confrontaba, aunque no para hacerle los tremendos juicios de intenciones que se le hicieron desde el Partido Popular: traidor a los muertos, entregar Navarra o estar dispuesto a ceder la soberanía.

Pero fue tremendamente doloroso el espectáculo de De Juana Chaos, los encapuchados disparando en las campas o lo peor de todo y todavía hoy causando un tremendo daño: permitir de nuevo la llegada de filoetarras de ANV a los ayuntamientos por el sencillo método de sólo cuestionar ante el Supremo la mitad de las listas dejando presentarse a la otra mitad. Más grave aún fue que todo aquello se continuara tras el atentado de la T-4. Los avisos de todos los lugares, de los propios medios afines como el Pais o como Fernando Savater y el sentido común de que no podía uno negociar ni sentarse a la mesa con quien seguía con el revólver en la mano, de que no se podía pretender tener al mismo tiempo la papeleta y la pistola, la bestialidad criminal de la propia ETA en suma, acabaron por convencer hasta a ZP, que comprendió que simplemente con ETA no quedaba otra que derrotarla o ella acababa por derrotar al estado, a la libertad y a la sociedad democrática imponiendo sus criterios y reconquistando espacios de donde la unidad le había hecho retirarse.

Hoy se ha vuelto a esa unidad que tanto se echó en falta y tan necesaria nos es . Pero pretender defender una cosa y la contraria es excesivo. Pretender decir que la política del Proceso de Paz es la que hoy se aplica, que es lo mismo y que aquí no se equivocó nadie ni se cometieron errores es, simplemente, insultarnos a todos. El Gobierno rectificó y hoy creo que en ese campo tiene el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Que hoy celebran esa sentencia de Estrasburgo, esa unidad recuperada y ese lendakari socialista en el País Vasco apoyado por el PP que demuestra como si es posible el acuerdo en los grandes asuntos de estado.

Argumentario falaz
José Antonio VERA La Razón 1 Julio 2009

Estrasburgo ha avalado al Gobierno español en la ilegalización de Batasuna. No podía ser de otra manera. Los proetarras peregrinan de instancia en instancia intentando lograr lo que no es de recibo: que se les deje participar en la vida pública aun sin renunciar a apoyar a Eta. La decisión del Ejecutivo ha sido avalada sucesivamente por tres tribunales: el Supremo, el Constitucional y ahora el Europeo de Derechos Humanos. Entiende este último que tal decisión responde a una «necesidad social imperiosa», y que las medidas adoptadas han sido «proporcionadas» y necesarias en una sociedad democrática que tiene la obligación de garantizar el orden y proteger derechos y libertades.

Y es que todo el argumentario batasuno es falaz. Alegaron vulneración de la libertad de expresión, pero es evidente que se trata de un derecho que no incluye el delito. No puede haber libertad de expresión para delinquir, y lo hace quien apoya a un grupo terrorista o forma parte de él. Igual que los derechos de reunión y asociación. Quien defiende el crimen no debe ampararse en estos derechos para legalizar sus fechorías. Nadie le impide a Batasuna ser independentista. Eusko Alkartasuna lo es, y también ERC. Lo que no se puede admitir es que utilicen la democracia para defender métodos mafiosos. Por ahí han de saber los proetarras que sólo llegarán a la penitenciaría.

Sentencia europea contra el entorno de ETA
Estrasburgo entierra a Batasuna
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la Ley de Partidos y asegura que las formaciones ilegalizadas tenían "un compromiso con el terror"
JOSÉ YOLDI - Madrid El País 1 Julio 2009

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) enterró definitivamente ayer a Batasuna como formación política. La corte, con sede en Estrasburgo (Francia), avaló la legalidad de la Ley de Partidos Políticos y la aplicación que el Tribunal Supremo y el Constitucional realizaron de la misma al ilegalizar a Herri Batasuna y su sucesora, Batasuna, por una "necesidad social imperiosa" con la finalidad de proteger la democracia.

La resolución señala que la ilegalización no se produjo únicamente porque los partidos políticos abertzales no condenaban los atentados de ETA, sino porque las citadas formaciones incurrieron en "una pluralidad de actos y de comportamientos, graves y reiterados, que concluyeron en un compromiso con el terror y contra la coexistencia organizada en el marco de un Estado democrático".

Esta es la primera resolución que afecta a la aplicación de la Ley de Partidos, si bien, prácticamente todas las formaciones abertzales ilegalizadas posteriormente cuando intentaron presentarse a distintas consultas electorales han recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Sozialista Abertzaleak, Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), Aukera Guztiak, Abertzale Sozialisten Batasuna, Abertzale Sozialistak, Acción Nacionalista Vasca (ANV), Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) y, finalmente, Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad con los Pueblos (II). El TEDH rechazó también el recurso de Herritarren Zerrenda.

La sentencia, muy clara y contundente, marca el camino que el Tribunal Europeo seguirá con las mencionadas formaciones, porque aunque la resolución precisa que la ilegalización no está basada sólo en la negativa a condenar los atentados terroristas, deja claro que "el simple hecho de que la disolución hubiera sido fundada en ese elemento no habría sido contrario a la convención". "El comportamiento de los políticos", continúa el texto, "engloba de ordinario no sólo sus acciones o discursos, sino igualmente, en ciertas circunstancias, sus omisiones o silencios, que pueden equivaler a tomas de posición y hablar más incluso que toda acción de apoyo expreso".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es complaciente con Batasuna y sus seguidores, por el contrario, califica de razonables las inferencias del Supremo, con los elementos de prueba a su disposición, de que existen lazos entre Batasuna y ETA. Y agrega que, después de numerosos años con múltiples atentados terroristas, especialmente en una región políticamente sensible como es el País Vasco, "esos lazos pueden ser considerados objetivamente como una amenaza para la democracia".

Batasuna había alegado que con su disolución como partido, España había violado la libertad de asociación, con una medida absolutamente desproporcionada, que además había adoptado por aplicación con efectos retroactivos de una ley ad hoc que tenía como finalidad eliminar el debate político en el País Vasco.

Pero el alto tribunal rechaza todos esos argumentos: la Ley de Partidos es una ley existente, accesible y previsible, que entró en vigor el 29 de junio de 2002 y la ilegalización de Batasuna no se produjo hasta el 27 de marzo de 2003. La ley, según el tribunal, define de manera suficientemente precisa la organización y el funcionamiento de los partidos políticos, así como los comportamientos susceptibles de provocar su disolución o su suspensión judicial.

Agrega que la Convención garantiza la no retroactividad de la ley, pero únicamente en los procesos penales, lo que no es el caso, pero puntualiza que los actos realizados por Batasuna que el Supremo tomó en cuenta para su ilegalización se produjeron entre el 29 de junio y el 23 de agosto de 2002, es decir, después de la entrada en vigor de la ley por lo que nunca se trataría de una aplicación retroactiva de la norma.

Batasuna alegaba también que la finalidad del Gobierno era eliminar la corriente política independentista vasca de la vida política y democrática. Pero el Gobierno justificó la disolución como un medio de evitar que Batasuna actúe contra el sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos sosteniendo la violencia y las actividades terroristas de ETA. Además, alegó que en España coexisten pacíficamente varios partidos políticos independentistas que ejercen normalmente su actividad.

El Tribunal da la razón a España y considera que el objetivo de ilegalizar a Batasuna es legítimo porque se trata del mantenimiento de la seguridad pública y la defensa del orden y la protección de los derechos a la libertad de los otros.

Además, considera que la ilegalización, aunque es una medida grave, es proporcionada, ya que Batasuna incurrió en una serie de actos "que permiten concluir que era instrumento de la estrategia terrorista de ETA". Esos actos se distribuyen en dos grupos: los que favorecen un clima de confrontación social y los que constituyen una actividad de soporte implícito al terrorismo de ETA. Así, se mencionan las consignas de apoyo a los presos de ETA en las manifestaciones convocadas por Batasuna; la entrevista con un dirigente de Batasuna en Egunkaria, en la que señalaba que "ETA no hace la lucha armada por capricho, sino que es una organización que necesita utilizar todos los instrumentos para hacer frente al Estado" o el nombramiento de los etarras como hijos predilectos de sus pueblos de origen. Se trata de comportamientos cercanos a un sostén explícito de la violencia y de alabanzas a personas verosímilmente ligadas al terrorismo.

Por otro lado, el juez Baltasar Garzón declaró ayer que resulta difícil transmitir el verdadero alcance de todo lo que es el entorno de ETA, pero poco a poco se ha ido transmitiendo y consolidando una evidencia que existía desde hacía muchos años. En manifestaciones a Cuatro, afirmó: "Fuera de España siempre ha costado trabajo traducir la realidad de ese complejo terrorista en sus justos términos. Ahora, lo bueno de esta situación es que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, la máxima instancia de protección de derechos y garantías fundamentales, el que ha dicho que lo que aquí se ha hecho respeta esos parámetros y transmite a los ciudadanos europeos que ETA no son sólo aquellos que están en la vanguardia armada sino todo el entorno sin el cual la organización no sería ni lo que es ni podría serlo". "Hay que dar la enhorabuena a las víctimas", concluyó.
El largo proceso hacia el fin de Batasuna

- 29/06/02. Entra en vigor la Ley de Partidos Políticos.
- 26/08/02. El pleno del Congreso de los Diputados aprueba instar al Gobierno de José María Aznar a presentar ante el Supremo una demanda de ilegalización de Batasuna, después de que no condenara el atentado de ETA en Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto de 2002, en el que murieron dos personas.
- 03/09/02. El Gobierno y la Fiscalía General del Estado presentan ante el Tribunal Supremo demandas en las que solicitan la ilegalización de Batasuna.

- 27/09/02. El Gobierno vasco de Ibarretxe presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Partidos Políticos. Fue desestimado en marzo de 2003.

- 27/03/03. El Tribunal Supremo ilegaliza HB-EH-Batasuna al estimar que estas formaciones habían vulnerado la Ley de Partidos, que permite aplicar la medida a formaciones que amparen y apoyen políticamente el terrorismo.

- 23/04/03. Comienza el proceso de liquidación patrimonial de Batasuna.
- 03/05/03. Anuladas 241 candidaturas electorales para las elecciones municipales.

- 10/09/03. Demanda del Gobierno vasco contra el Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fue desestimada en febrero de 2004.

- 16/01/04. El Tribunal Constitucional confirma la ilegalización de Batasuna y de Herri Batasuna.
- 13/06/04. Elecciones europeas. Ilegalizada la candidatura Herritarren Zerrenda.

- 13/12/07 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declara parcialmente admisibles las demandas presentadas en 2004 por Batasuna y HB contra su ilegalización.

- 30/06/07 El TEDH rechaza el recurso de Batasuna y avala la ilegalización decretada por el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Los argumentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

- La ilegalización de Batasuna "corresponde a una necesidad social imperiosa que está proporcionada al fin buscado. Así, la disolución puede ser considerada como una necesidad en una sociedad democrática, sobre todo para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos del otro".

- La Ley de Partidos "no está destinada a prohibir la defensa de ideas o doctrinas que cuestionen el marco constitucional sino a conciliar la libertad y el pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia".

- "Los comportamientos de los partidos disueltos permitían concluir que eran instrumentos de la estrategia terrorista de ETA". Su objetivo era "completar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para perturbar el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública".

- "Un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias reglas de la democracia o que busca su destrucción (...), no puede aprovecharse de la protección de la Convención Europea de Derechos Humanos".

¿Quién defiende la Constitución?
Justino Sinova, EL MUNDO  1 Julio 2009

La Ley de Educación de Cataluña, aprobada el miércoles por el Parlament, acentúa el reto de la Generalitat a la Constitución. Es un hecho consumado más que se apoya en el Estatut, aprobado hace tres años, objeto poco después de siete recursos de inconstitucionalidad y vigente en todos sus artículos porque el Tribunal Constitucional no ha sido capaz en ese tiempo de sentenciar qué aspectos sí y cuáles no están conformes con la principal norma que rige en el Estado de Derecho de España. Uno de los artículos del Estatut, el 35, que dice que «el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje» en la enseñanza, es el que ha autorizado al Parlament a diseñar una norma que impone el catalán como lengua vehicular y niega el derecho de los padres a elegir el castellano como la lengua en que sus hijos sean enseñados. El derecho a la educación que consagra el artículo 27 de la Constitución como un derecho fundamental queda limitado por ese procedimiento.

No es una cuestión menor, ni para muchos catalanes que prefieren el castellano en la enseñanza -sólo hay que oír los lamentos de muchos padres, que claman contra la ley incluso en catalán- ni para los ciudadanos que, no residiendo en Cataluña ni sufriendo los efectos de la marginación del castellano, esperan que las instituciones públicas actúen con un mínimo de ecuanimidad. Lo que ha ocurrido es que una ley autonómica enmienda la ley fundamental del sistema, la Constitución, en un movimiento jurídicamente inaceptable, además de indeseado para el mantenimiento de la paz política y para la aplicación de la Justicia. Es evidente que la Ley de Educación les sirve a algunos de ariete contra España en su ofensiva por la secesión -y ahí está, por ejemplo, el contento de Esquerra Republicana de Cataluña, que considera la ley un paso más para «construir el Estado catalán»-, como es evidente que eso lo hacen forzando la legalidad y lesionando derechos de las personas.

Pero a los problemas que causa y que causará una norma de tal intención, hay que sumar una inquietud generada por el escenario político de los últimos años, y que es la de si la Constitución de nuestra democracia encontrará quien la defienda como es debido. ¿Va a ser el presidente del Gobierno quien se enfrente a su correligionario y protector presidente de la Generalitat? Hay que temer que no: Rodríguez Zapatero depende de los votos que cosecha el Partido Socialista de Cataluña de José Montilla, que está en el papel de consentidor de los nacionalistas. Zapatero no va a toserle, ni siquiera a inquietarle. Por ese lado, mal lo tiene la Constitución. ¿Va a ser el Tribunal Constitucional el que ponga firmes a quienes no la respetan? Hay que temer, por lo menos, que muy tarde. De momento no lo ha hecho con el Estatut, que ya camina por su cuarto año triunfal desde que fue aprobado por un referéndum, con muy escasa participación pero decisivo. El Tribunal dirá qué podemos esperar de él, pero va a tener que trabajar duro para despejar el pesimismo que está causando y que a muchos, cada vez más, les hace temer por la vida de la misma Constitución.

El Parlamento de Cataluña aprueba la LEC, la ley educativa que promueve la imposición del catalán
PP y Ciudadanos votarán en contra del texto
 www.lavozlibre.com 1 Julio 2009

Barcelona.- El pleno del Parlamento de Cataluña aprobará mañana la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que pasará a la historia por ser la primera ley educativa de Cataluña y, sobre todo, por establecer la imposición lingüística de una lengua sobre otra (el catalán sobre el castelllano) en las aulas de la comunidad.

De esta forma, la ley regula todas las etapas y formas de la escolarización hasta las puertas de la enseñanza superior.

Mañana, PSC, CiU y ERC votarán a favor del texto, mientras que el tercer socio del Govern, ICV-EUiA, se abstendrá en la votación del preámbulo y votará en contra de los títulos IV y XII, referentes al servicio educativo y a las obligaciones de las concertadas.

También rechazará algunos artículos de otros títulos y dos disposiciones adicionales. PP y Ciudadanos votarán en contra en la mayoría de títulos, especialmente los que aluden al modelo lingüístico y a la capacidad de elección de las familias del proyecto educativo de sus hijos.

Sin embargo, el apoyo parlamentario de PSC, CiU y ERC hará posible que la ley se apruebe, como pasó en el último trámite en la Comisión de Educación del Parlament, y que empiece a aplicarse en el próximo curso, a pesar de que el PP llevará el texto al Consejo Consultivo en mayo.

20 AÑOS DE LEC
El consenso alcanzado entre PSC y CiU hará de la LEC una ley intoclable, lejos de las reformas políticas a cada cambio de gobierno, aunque se haya hecho hincapié en la flexibilidad del texto.

Esta flexibilidad se refiere a lo que se ha llamado el "despliegue a voluntad" que cada gobierno podrá promover o no, lo que le merece la acusación de ley demasiado laxa entre las voces más críticas.

Un ejemplo de ello es la polémica generada con el concierto a las escuelas de enseñanza diferenciada, que el PSC considera que la LEC limita, y que CiU ve como una puerta abierta.

Precisamente, de este punto nace el desacuerdo del tercer socio del Govern, ICV-EUiA, quien ha manifestado hasta el último momento su rechazo a los conciertos de la diferenciada. ERC ha participado activamente en la definición del modelo lingüístico escolar, que fija el catalán como lengua vehicular y consigue eludir la aplicación de la tercera hora de castellano, reforzando la inmersión lingüística en catalán.

Además de las divergencias políticas, la LEC ha centrado el curso escolar 2008-2009 en forma de concentraciones, cuatro huelgas y manifestaciones por parte de los padres, alumnos y representantes sindicales de los profesores.

LEY DE ESPECTÁCULOS E ILP SOBRE TRANSGÉNICOS
Además de la LEC, el pleno del Parlament que comienza mañana aprobará también la ley de espectáculos públicos, tras el dictamen del Consejo Consultivo que solicitó CiU. El debate de totalidad de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la prohibición de transgénicos tendrá lugar el jueves, y se enfrenta a tres enmiendas presentadas por CiU, PSC y PP. En este punto también hay desacuerdo en el Govern, ya que ICV-EUiA sí apoya la iniciativa.

Pero el primer punto del orden del día será el debate y la votación del informe sobre la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al 2006, que presentará el Síndico Mayor de Comptes, Joan Colom. El pleno también incluirá la intervención del premio de honor de las letras catalanas Joan Solà, acogiéndose al artículo 178 del reglamento del Parlament, que prevé que puedan intervenir personas relevantes por su significación institucional, política, social, científica o cultural.
 

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