AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 3 Julio 2009

 

La Ley de Educación de Cataluña impide que los padres puedan elegir la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos
Un problema de libertad
José Antonio VERA La Razón 3 Julio 2009

Lo peor de la recién aprobada Ley de Educación de Cataluña no es que estipule que el catalán ha de ser, como normal general, la lengua vehicular en la enseñanza. Lo peor es que lo impone de manera total y absoluta. Es decir, que nadie va a poder elegir que la lengua vehicular de sus hijos sea el castellano. Algo que no es propio de una sociedad libre, sino de una intervenida. O sea, parecido a lo que sucedía con Franco, pero en sentido inverso. El dictador prohibió estudiar en catalán, y ahora son los nacionalistas (socialistas incluidos) y los independentistas los que prohíben que se pueda usar el español como lengua prioritaria en las escuelas.

De lo que se infieren injusticias, discriminaciones y una manifiesta indefensión e incluso ilegalidad. Injusticia porque es injusto obligar a muchos niños cuya lengua materna es el castellano a estudiar todo el temario en un idioma que no dominan y en el que se encuentran en desventaja. Discriminatorio porque no se tiene en cuenta el deseo de miles de padres que lo que quieren es que sus hijos estudien preferentemente en castellano y que el catalán sea sólo una asignatura. Se produce indefensión porque la Generalidad se está saltando a la torera todas las sentencias de los tribunales que le obligan a escolarizar en castellano a aquellos niños que lo desean.

Y es claramente ilegal porque vulnera la Constitución, que proclama que los españoles son iguales ante la ley. En Cataluña esto no se produce. No son iguales los que quieren estudiar en español. No son iguales los que quieren rotular, emitir o escribir en español. Al español se le persigue hasta en los recreos. El niño que habla en castellano en el recreo es apercibido.

Las administraciones públicas sólo usan el catalán en sus comunicaciones con los ciudadanos. La cartelería de calles, plazas, información pública, carreteras y autopistas está elaborada enteramente en catalán y sólo en catalán. No existe bilingüismo oficial. Quieren la transferencia de los aeropuertos para poner únicamente en catalán todos los mensajes de megafonía, las señales, carteles e indicaciones. Con la idea de que cuando uno llegue a El Prat diga: «Esto no es España, es otro país».

Hay hoy en Cataluña un abuso de la norma con voluntad clara de sacar de la circulación al español, lengua oficial de 23 naciones e idioma materno de 400 millones de personas en el mundo. Lo quieren echar de la escuela, de la universidad, de la administración, del comercio, de la televisión, de las calles, los autobuses, los trenes y los aeropuertos. Lo quiere el nacionalismo moderado y también el radical. Lo quieren claramente los independentistas, que equiparan lengua con soberanía. Se prestan a ello los socialistas, olvidando que no es algo que reclame su electorado.

Y el PP hace como que no se entera, atrapado como está por la obsesión de no molestar a CiU. El problema no lo tienen los políticos. Lo tienen los hijos de los castellanoparlantes que quieren estudiar en español, hablar un buen español y escribir correctamente en español. Lo tienen los españoles de otras regiones que se van a vivir un año a Barcelona o a Gerona. Lo tiene el Estado, cada vez menos capaz de tomar decisiones que afecten a Cataluña. Lo tenemos todos y no es un problema menor. Es un problema de libertad.

Fascismo educativo
Daniel Martín Estrella Digital 3 Julio 2009

Antonio Sánchez Orantos es uno de los mejores profesores de filosofía que he conocido. Padre claretiano, de cultura enciclopédica, escribe unos resúmenes de calidad excelsa, sobre todo por su concisión y claridad. En España no hay ningún libro de texto, escolar o universitario, que muestre tan bien contenidos filosóficos. Pero como el padre Sánchez Orantos no tiene el doctorado, no le está permitido dar clase en un Master. Buen sistema éste.

Pero si traigo a colación a Antonio Sánchez Orantos no es por la injusticia que se comete con él en cuanto a su capacidad de asomarse como profesor a cursos de postgrado. Este maestro y filósofo siempre afirma que para comprender bien una época histórica hay que conocer a fondo su sistema educativo, a la postre una ventana privilegiada para mostrar las virtudes y los defectos de cualquier sociedad y su correspondiente estructura y funcionamiento políticos.

Esta lúcida idea aplicada a las democracias occidentales demuestra que comienzan a hacer aguas desde que a sus escolares no les exigen nada y les enseñan aún menos. Democracias así alimentadas con sujetos sin conciencia ni capacidad de reflexión, borregos antes que seres humanos.

Aún más revelador y provocador resulta la idea de Sánchez Orantos si nos ponemos a pensar en la nueva vuelta de tuerca que se ha dado en Cataluña a un sistema educativo que ha aprobado casi el 90% de su parlamento autonómico. No hay que olvidar jamás esta abrumadora mayoría porque muestra hasta qué punto la Comunidad Autónoma será la primera en dejar de serlo para convertirse en algún ente abstracto, sin duda asociado a España y Europa de maneras menos beneficiosas para su ciudadanía que las actuales.

Así, el 90% de los políticos catalanes ha considerado conveniente que en la escuela sólo se den dos horas de castellano a la semana en lugar de tres. La educación será en catalán para así diferenciar a su nación y separar a sus estudiantes de las casi 500 millones de personas que hablan español en el mundo. Siempre se ha dicho que los catalanes eran muy inteligentes en los negocios. Ya no. Ahora quieren ser provincianos y, a costa de su propia capacidad de entendimiento con el resto del planeta, incidir en su hecho diferencial.

Ya he escrito alguna vez que la dicotomía entre dos o tres horas es una gilipollez. En cualquier caso es una minucia. Los chavales que dan dos o tres horas de inglés o francés a la semana al final no saben nada. En Cataluña, desde hace tiempo, aquellos escolares que no hablan castellano en sus casas no son capaces de construir frases coherentes en el idioma común a todos los españoles. Enhorabuena, señores nacionalistas. Así se comienza a construir un buen aislamiento separatista. Al final estos chavales considerarán al resto de los españoles como extraños, como extranjeros.

Una vez descartada cualquier ventaja lógica del aprendizaje en catalán a costa del idioma español, está claro que esta medida tiene claros matices nacionalistas. Catalonia is not Spain, que es lo que suelen decir cuando viajan allende sus fronteras y en muchas de las casi 50 "embajadas" que tienen por todo el mundo. El nacionalismo, en la Europa del siglo XXI, es un anacronismo. Pero bien vale el poder en una Comunidad Autónoma, potencial nación independiente.

Pero, siguiendo ahora con el razonamiento del buen Antonio Sánchez Orantos, la educación en catalán destapa qué se esconde detrás de esta política educativa. Con modos similares a los totalitarismos del siglo XX, a través del catalán se alecciona a los muchachos para que no hablen el idioma oficial de su país y sí el de la futura nación que quieren construir. Si a eso se une Els segadors y la Senyera, tenemos claros elementos de un sistema claramente fascista. No hay libertad para estudiar de otro modo.

Pero, repito, el 90% del parlamento catalán, democráticamente elegido, apoyó este aislamiento idiomático. Lo más terrible es que muchos medios de comunicación han empequeñecido esta medida y casi todos se darían con un canto en los dientes si se consiguiese la tercera hora de castellano, que siempre se daría con los métodos de una lengua extranjera.

Sí, se aprende mucho de una sociedad, de un país y de una época a través del conocimiento de su sistema educativo. No sé dónde quieren ir los catalanes, pero está clarísimo que sus políticos recurren a medidas fascistas para acrecentar su condición nacional. A costa del interés general y de la libertad. El despotismo de la cerrazón nacionalista no tiene límites.

dmago2003@yahoo.es

Rajoy
Los pactos y los principios del PP
Guillermo Dupuy Libertad Digital 3 Julio 2009

Es cierto que los redactores de la ponencia política del PP durante el Congreso de Valencia celebrado hace poco más de un año aceptaron sin condiciones una enmienda presentada por Vidal-Quadras y Abascal, en la que, entre otras cosas, se proponía la necesidad de una reforma constitucional que fortalezca el Estado y cohesione la nación, el derecho de los padres a elegir la lengua de escolarización de sus hijos, una reforma del sistema electoral para conseguir una mejor adecuación entre votos y representación o la eliminación de la posibilidad de que el Estado transfiera competencias exclusivas a través del articulo 150.2 de la Constitución. Es cierto también que Basagoiti ha sido fiel a su pasado y un digno heredero de Maria San Gil al frente del PP vasco. Es cierto que el pacto entre PP y PSOE en el País Vasco no contradice –todo lo contrario– la encomiable enmienda citada o que Feijóo parece dispuesto a hacer realidad su promesa de establecer la libertad lingüística cercenada en las escuelas de Galicia. Es cierto también que la designación de Mayor Oreja para encabezar al PP en las Europeas tiene más de reivindicación de los principios que tradicionalmente ha defendido el PP que de exponente de un giro "simpático" hacia los nacionalistas.

Tambien es cierto que en su reciente baño de multitudes en Valencia para celebrar el triunfo electoral del PP en las Europeas, Rajoy ha hecho un llamamiento a "superar viejas historias" y ha pedido "un esfuerzo para olvidar lo que merece ser olvidado". El líder del PP ha reivindicado "todo nuestro pasado, con sus aciertos y sus errores; los aciertos, especialmente en la etapa del gobierno de José María Aznar, son nuestro aval para el mañana". "Hemos ganado las elecciones sin renunciar a nuestros principios... hace un año dijimos que el PP no debía modificar una coma de sus principios, porque un partido son sus principios. Hemos demostrado que íbamos en serio y decíamos la verdad".

Siendo esto verdad, no es toda la verdad. Aunque la existencia de UPyD haya contribuido a que Rajoy haya hecho de la necesidad virtud, lo cierto es que en los preparativos de ese congreso de Valencia sí hubo una tentación real –y creo que aun no superada, pese a los hechos ciertos antes descritos– de cambiar la letra y la música a lo que había sido la partitura del PP. La suicida ponencia original que causó el abandono de Maria San Gil o de Ortega Lara fue real. La voluntad de hacer un giro a los nacionalistas para caerles "simpáticos" y no provocar recelos entre ellos que beneficiara al PSOE, fue real. Tan real y cierto como que Rajoy enseñó la puerta de salida de su partido a los conservadores y a los liberales. Tan cierto como que el líder del PP ha tratado de sofocar a medios y comunicadores decisivos de la derecha por el hecho de ejercitar su labor desde la convicción de unos principios y desde la lealtad a su independencia.

Si Rajoy quiere de verdad que cicatricen "viejas heridas" lo que no puede hacer es luz de gas a quienes se sienten justamente ofendidos o dar por inexistente aquello que las provocó. Más aun si tenemos en cuenta que la tentación de la deriva de los principios persiste en el PP a la hora de buscar hipotéticos y futuros socios de gobierno.

Con esto no quiero decir que haya que seguir sustentando que exista un "nuevo" PP porque Rajoy haya dicho que "alguien te puede tirar una piedra, pero si te apartas hábilmente...". Tampoco que se tenga que sustentar que "la estrategia de Rajoy pasa por cortejar a PNV y CIU" con argumentos tan endebles como que el PP ha podido llegar en el parlamento a acuerdos puntuales con otras formaciones minoritarias o porque Rajoy haya constatado que en el ultimo año "se ha roto una dinámica que consistía en que en un lado del espectro político estaban todos encabezados por Zapatero y en el otro el Partido Popular, que no podía dialogar ni entenderse". Eso, sería tanto como hacer de la relativa soledad del Gobierno socialista y de las relativas fisuras del "cordón sanitario" y del pacto del Tinell la prueba de la deslealtad del PP a sus principios.

Ahora bien. Tal y como ha señalado alguien tan poco sospechoso de acercamiento a los nacionalistas como Vidal Quadras, una cosa es llegar a acuerdos puntuales con formaciones minoritarias, que "forman parte de la dinámica parlamentaria normal, lógica y aconsejable", y otra cosa muy distinta llegar a acuerdos de fondo con partidos como CiU y PNV. Más le valdría a Rajoy, en cualquier caso, dejar clara su negativa a esta segunda posibilidad, pues las dudas en este sentido, ya sean reales o inventadas, no harán más que nutrir a quienes como Rosa Diez no las tienen.


Batasuna y Estrasburgo
JAVIER TAJADURA TEJADA, PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UPV-EHU El Correo 3 Julio 2009

Para el autor, el Tribunal de Estrasburgo, «legitimando la actuación del Estado español en defensa de la democracia, contribuye a la deslegitimación de ETA-Batasuna (y marcas afines) en el ámbito europeo e internacional»
L a sección quinta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado, por unanimidad, las demandas contra España formuladas por Batasuna y personas a ella vinculadas, por presunta violación del derecho de asociación consagrado en el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos del Hombre. La lectura de estas tres importantes sentencias nos permite extraer las siguientes conclusiones jurídicas y políticas.

Desde un punto de vista jurídico, las sentencias no aportan novedades sustantivas. El Tribunal se limita a confirmar su doctrina sobre la ilegalización de partidos. En este sentido, conviene recordar que las demandas de Batasuna sólo podían prosperar en el supuesto de que el TEDH modificase radicalmente sus criterios sobre este tema. Afortunadamente tal modificación no se ha producido. Al contrario, de forma rotunda y unánime ha ratificado su doctrina anterior.

Y es que, efectivamente, el TEDH ha tenido que enfrentarse a la problemática de la disolución de partidos en numerosas ocasiones y su doctrina sobre el particular resulta muy clara. El derecho de asociación política no es un derecho absoluto. En la sentencia de 31 de julio de 2001 en la que declaró que Turquía no violó el Convenio al ilegalizar un partido islamista, el Tribunal estableció con claridad cuáles son los dos límites que todo Estado puede imponer al derecho de asociación política: «Un partido político puede pretender el cambio de la legislación o de las estructuras legales y constitucionales de un Estado bajo dos condiciones: 1) los medios utilizados a tal fin deben ser legales y democráticos sin lugar a dudas; 2) el cambio que se pretende debe ser asimismo compatible con los principios democráticos. De donde se deriva forzosamente que un partido político cuyos responsables inciten a recurrir a la violencia o auspicien un proyecto político que no respete alguna o algunas de las reglas de la democracia, que aspire a la destrucción de la misma o menoscabe los derechos y libertades que esta última consagra, no pueden pretender que el Convenio le proteja contra las sanciones que se le hayan impuesto por cualquiera de esos motivos». En el caso que nos ocupa, el Tribunal ha tenido que examinar si Batasuna cumplía o no esas condiciones y, desde esa perspectiva, ha enjuiciado la compatibilidad de las decisiones de los poderes públicos españoles con el Convenio.

La doctrina del TEDH reviste un enorme interés. La disolución de un partido no exige necesariamente que éste utilice la violencia para el logro de sus objetivos. Aunque un partido utilice medios pacíficos para la consecución de sus fines, si estos últimos no son compatibles con el orden material de valores consagrado por el Convenio, el partido puede ser prohibido. No todos los proyectos políticos gozan de la protección del Convenio. Esta doctrina es la que explica que en Europa coexistan dos modelos de control de los partidos políticos. El que podemos denominar sistema alemán de democracia militante, que permite disolver cualquier partido que pretenda subvertir la Constitución aunque únicamente utilice medios pacíficos. Y el modelo de democracia procedimental, al que parece adecuarse la legislación española, según el cual los partidos sólo pueden ser disueltos si por su vinculación con organizaciones terroristas emplean la violencia para el logro de sus propósitos. Según este modelo, política y jurídicamente inconsecuente, un partido nazi que pretendiera establecer un sistema de segregación racial o un partido islamista que rechazase los derechos de la mujer, no podrían nunca ser prohibidos si defendieran sus proyectos por medios democráticos.

La legislación española sobre partidos políticos ha optado por el sistema de control mínimo, esto es, total libertad para todos los proyectos e ideologías, pero prohibición de utilización de medios violentos. Ésta es la razón que ha permitido la ilegalización de Batasuna. Lo que ha resultado probado por la Justicia española es que dicho grupo forma parte de una organización terrorista. La conclusión de la Sala Especial del Tribunal Supremo (sentencia de 27-III-03) fue que la esencial coincidencia entre los tres partidos políticos demandados (HB, EH y Batasuna) entre sí y de todos ellos, a su vez, con ETA, «pone de manifiesto una identidad sustancial entre las tres formaciones (en los ámbitos mencionados (personal, de fines, de estrategias y de actividad), y, asimismo, un riguroso control de todos ellos por la citada banda criminal. Por esta razón podemos concluir afirmando la existencia en el presente caso de un único sujeto real, que es la organización terrorista ETA, que se oculta tras esa apariencia de diversidad de personalidades jurídicas».

En el caso de Batasuna, el Tribunal Europeo ha tenido que afrontar, por tanto, un supuesto que, por su excepcionalidad -disolución de un partido que forma parte de una organización terrorista y como tal se sirve de ella para el logro de sus objetivos- difícilmente podía ser objeto de reproche alguno. Desde esta perspectiva el fallo de la sentencia a nadie puede sorprender.

Ahora bien, desde un punto de vista político, la sentencia reviste una notable importancia. El nuevo ciclo político que se ha abierto con la formación, del nuevo Gobierno vasco presidido por Patxi López y sustentado en un acuerdo político PSOE-PP, que garantiza su estabilidad, tiene como uno de sus objetivos la deslegitimación del terrorismo en todos los ámbitos. Hasta hoy, algunos apelaban a Europa y al Tribunal Europeo para sostener la disparatada tesis de que nuestra democracia era de baja calidad e incompatible con los estándares europeos. Con estas sentencias, el Tribunal Europeo respalda y convalida nuestra legislación de partidos y la aplicación de la misma por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. De esta forma, legitimando la actuación del Estado en defensa de la democracia, contribuye a la deslegitimación de ETA-Batasuna (y marcas afines) en el ámbito europeo e internacional.

La disolución de Batasuna y de sus marcas afines no era sólo una facultad del Estado español. En realidad era una obligación del mismo exigida por el Convenio. Se trataba de una medida necesaria para preservar la democracia. Como expresamente ha señalado el TEDH en las sentencias del pasado día 30, las medidas adoptadas por el Estado, respondían a «una necesidad social imperiosa». A partir de ahora, el Gobierno sabe que cuenta con el aval del más alto Tribunal Europeo en materia de derechos humanos. En definitiva, que sólo cabe felicitarnos por el hecho de que el TEDH haya cumplido ejemplarmente con su función defensora de los derechos y de la democracia.

Queremos reformas, no medidas
VALENTÍN BOTE ABC 3 Julio 2009

HACE prácticamente un año, el 29 de junio de 2008, el presidente Zapatero afirmó en una entrevista que «es un tema opinable si hay crisis o no hay crisis». Dejando a un lado su prodigioso don de oráculo, dado que la recesión de la economía española se inició en julio de 2008, quedó claro que en ese momento no quería asumir la realidad económica nacional. Hoy, un año después, la crisis se ha convertido en algo interiorizado ya por todos, incluso por el presidente. Lo que todavía no ha asimilado es que, al igual que la aparición y la virulencia de la crisis en España es consecuencia en gran medida de la inacción de su Gobierno durante cinco años, la salida de la crisis tampoco se va a producir sin tomar las medidas de calado que nuestra economía precisa.

De hecho, un error muy extendido entre los socialistas es pensar que sólo hay una manera de solucionar los problemas, en este caso la crisis económica: gastar más. Fruto de esta idea, que ha demostrado una y otra vez ser incorrecta, hemos asistido en los últimos meses a una sucesión de medidas de gasto -los 400 euros para fomentar el consumo entre las rentas medias y altas, que ahora desaparecerán para la mayor parte de sus beneficiarios en 2008; los 2.500 euros por nacimiento; los 11.000 millones del Plan E, etcétera-, nacidas en muchos casos de las ocurrencias del presidente del Gobierno, y a la ausencia total de un planteamiento general de reformas económicas de carácter estructural. El drama es que de una crisis, y muy especialmente una de la magnitud de la que vivimos en España, no se puede salir con medidas, sino con reformas. Y de eso, nada de nada.

El Gobierno no sólo no está estudiando e impulsando las reformas estructurales necesarias, sino que ni siquiera admite que se pueda hablar de ellas. Sirva a modo de ejemplo la reforma del mercado de trabajo: todo aquel que ha defendido la necesidad de la misma ha sido inmediatamente desautorizado tanto por el Gobierno como por los sindicatos, dos de las partes que deberían estar tomando buena nota de los ejes de reformas laborales exigidos a España por la Comisión Europea, el Banco de España o el BCE. El curso de economía del Campus de Verano de FAES, que empieza hoy, desobedece la intención del Gobierno de evitar el debate sobre las reformas económicas que necesita la economía española, y dedica una atención especial a esta cuestión.

Uno de los temas clave tratados es el de la crisis financiera y la necesidad de una reforma del sistema financiero internacional. La cuestión es de tal relevancia que no sólo se va a debatir sobre ella, sino que FAES aprovecha la ocasión para presentar un solvente informe que ha elaborado sobre esta delicada reforma, a la que también se le dedica una sesión monográfica de su Observatorio Económico. Pero la crisis que atraviesa España no es, ni mucho menos, sólo internacional y financiera, sino que tiene unos elementos propios, como el elevado déficit público, que hipoteca nuestro sistema de protección social, la tentadora tendencia del Gobierno a reforzar el intervencionismo en la actividad económica privada y la pérdida de competitividad de nuestra economía. En el curso la atención se extiende también a estos aspectos, y se reflexionará sobre las reformas estructurales necesarias para encaminar a España de manera exitosa por la senda de la economía del conocimiento y por el papel que en este sentido debe jugar nuestro sistema educativo. El broche de oro será la conferencia de Edgard C. Prescott, premio Nobel de Economía, cuya disertación versará sobre las reformas más eficaces contra la recesión.

El futuro de España y de nuestra economía depende de manera crucial de las reformas estructurales que se adopten. Un viejo dicho de origen africano dice que «el mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años; el segundo mejor momento es hoy». La moraleja es muy clara: dejemos atrás las medidas improvisadas y continuemos con el proceso de reformas estructurales interrumpido en España hace ya cinco años.
Profesor de Teoría Económica. UAM

Rajoy se da tres meses de plazo para tomar una decisión
Zapatero renuncia a recurrir la ley catalana que excluye el castellano
M. Espanyol La Razón 3 Julio 2009

barcelona- El debate que ha acompañado durante un año la redacción de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) no acabó el miércoles con su aprobación en el Parlamento. Las divergencias entre los seis grupos políticos que dibujan la Cámara catalana -PSC, CiU y ERC votaron a favor, mientras que ICV, PP y el grupo mixto lo hicieron en contra- se trasladaron ayer a la calle y al Congreso.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acorde con la decisión de los socialistas catalanes, salió en defensa de la LEC, a pesar de que, entre otras cosas, veta la tercera hora de castellano en los colegios e impide a los padres decidir en qué idioma estudian sus hijos. Recordó que la ley fue aprobada con el voto de los tres grandes partidos -CiU, PSC y ERC, que suman 106 de los 135 escaños-. Amparándose en ello, exigió al resto de partidos que «no quiebren la paz social existente en Cataluña en materia lingüística por intereses políticos».

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, añadió que «hay una paz ciudadana bastante amplia en torno a la defensa del bilingüismo», pasando por alto que la LEC carga con tres huelgas masivas.

El ejemplo de Feijóo
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, avanzó que su partido se dará tres meses para decidir si recurre o no la ley. Esperará a que el Tribunal Constitucional falle sobre el Estatut, puesto que la LEC nace de él. También quiso recordar que el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, «ha tomado una decisión que a mí me parece muy correcta, que es consultar a la comunidad educativa y particularmente a los padres». «Porque tener en cuenta la opinión de los padres en un asunto como éste es un tema muy importante», señaló. Rajoy reiteró que su posición se basa en la «no confrontación» por criterios lingüísticos y por la posibilidad de que se hable y se escriba en castellano y en catalán -como en cualquier otra lengua cooficial- «en paz y con armonía».

La avalancha de inmigrantes obliga a sanidad a gastar 300.000 euros en traducción sólo en Madrid
Redacción Minuto Digital 3 Julio 2009

Nadie se atreve a hacer el balance del debe y el haber de la inmigración. Ninguna fundación bancaria o Universidad ha elaborado un estudio de cuanto es lo que los inmigrantes aportan a la Seguridad Social y cuanto es lo que suponen como coste.

En ciudades como Madrid los centros sanitarios atienden a tantos extranjeros que ha sido preciso habilitar un servicio de traducción simultánea para poder prestar una buena asistencia. Los servicios de urgencias de todos los hospitales de la red de la Comunidad de Madrid contarán a partir del próximo lunes con un sistema de traducción simultánea con 50 idiomas a través de un teléfono móvil para los extranjeros residentes en la región que desconocen el español y se encuentran dificultades a la hora de explicar lo que les pasa. La inversión inicial es de 300.000 euros. En el caso de la Comunidad de Madrid, estará funcionando las 24 horas del día durante los 365 días del año y el servicio correrá a cargo de la empresa Dualia, que contará con “profesionales para dar cobertura de los diferentes idiomas”, unos 50.

El sistema que se va a implantar consiste en un teléfono móvil con dos auriculares, uno para el médico y otro para el paciente. A continuación se realizará una llamada al centro concertado, donde los profesionales podrán traducir a más de 50 idiomas, entre rumano, árabe, búlgaro, chino, o ruso, entre otros. El teleoperador les traducirá la conversación en tiempo real. De esta manera, explicaron los responsables se “minimizará la ansiedad y estrés que se produce por la falta de entendimiento”, y en el caso, por ejemplo, de los hospitales, se agilizarán los diagnósticos clínicos y con ellos, el tiempo de espera en los servicios de Urgencias. También supone una tranquilidad adicional, tanto para el paciente como para el personal sanitario, para el primero porque se puede expresar con facilidad en su idioma, y para el segundo porque puede entender lo que le están contando.

Galicia Bilingüe trata de incorporar al PSOE-PSdeG a la defensa de la libertad de elección en la enseñanza
Reunión con representantes socialistas en el Parlamento autonómico
 www.lavozlibre.com 3 Julio 2009

Santiago de Compostela.- La plataforma Galicia Bilingüe se reunió con representantes del PSOE-PSdeG para tratar de incorporar al partido en la defensa de la libertad de elección de la lengua en la escuela.

Guillermo Meijón y Francisco Cerviño, quien recientemente dedicó duras palabras a Galicia Bilingüe, fueron los diputados encargados de recibir a Gloria Lago, presidenta de la organización, y a su vicepresidente, José Manuel Pousada.

El encuentro, que tuvo lugar en el Parlamento de Galicia, fue "crucial para los objetivos" de la organización, según palabras de Gloria Lago, quien transmitió a los parlamentarios la necesidad de que el PSdeG defienda algún día de manera formal la libertad de elección de lengua en la enseñanza, como lo hacen todos los partidos socialdemócratas en todas las democracias europeas con más de un idioma oficial.

Gloria Lago incidió también en el hecho de que decenas de militantes, muchos simpatizantes y algunos dirigentes socialistas, estos últimos a título particular o anónimo, ya se han sumado a la causa.

Los representantes del PSdeG en ningún momento del encuentro de este mediodía comprometieron su apoyo a las tesis de la asociación, pero sí se mostraron comprensivos y dialogantes al abordar algunos de los objetivos de la organización.

POSTURA INDETERMINADA
Para Gloria Lago, los socialistas prefieren por el momento mantener una postura indeterminada en relación con la lengua, similar a la que en algunas ocasiones durante pasadas semanas han mostrado algunos responsables del PP del actual Gobierno gallego, sin atreverse a posicionarse de una manera clara.

"Es importantísimo el primer contacto oficial de hoy para que el PSOE se sume en Galicia a unos postulados completamente acordes con los ideales y la tradición democrática que ha acompañado a la historia de este partido", aseguró Lago.

Además, consideró un gran error la política lingüística que está llevando a cabo en Cataluña, al igual que la que emprendió los cuatro años de gobierno bipartito en Galicia con el BNG, "por su necesidad de compartir poder con fuerzas nacionalistas".

"La regeneración de la política lingüística en Galicia necesitará de populares y socialistas, y el consenso se alcanzará en torno al reconocimiento de los derechos civiles ciudadanos y nunca a través de fórmulas que apuesten por la imposición", concluyó Lago.

Fernando Arce (Calviá):
"No podíamos escolarizar a nuestro hijo en castellano y preferimos irnos a Francia"

"Prefiero que mi hijo aprenda francés antes que catalán"
Belén Piedrafita  www.lavozlibre.com 3 Julio 2009

Calviá (Mallorca).- “Los colegios públicos de la isla de Mallorca llevan a cabo la inmersión en catalán y en los privados no obtuvimos plaza, así que decidimos irnos a Francia a vivir con nuestro hijo”. Fernando Arce es madrileño. Su mujer es de origen peruano, nacionalizada española. Ambos llevan veinte años viviendo en Mallorca. No se opone a que su hijo de seis años estudie catalán, pero opina que otras lenguas le serán más útiles en el futuro.

- ¿Cuándo empezó a notar que su hijo podría sufrir la inmersión en catalán?
- En el momento en el que fuimos a escolarizar a nuestro hijo. Vivíamos en Calviá, en la isla de Mallorca. Nuestro hijo iba a la guardería y cuando llegó el momento de inscribirlo en un colegio, nos pusimos a buscar aquél impartiera las clases en castellano. En principio, nos centramos en el 'Son Pisa', ya que parecía que era bilingüe, pero no había ni plazas ni lista de espera. Buscamos en otros centros, pero nos dimos cuenta de que en todos se aplicaba la inmersión en catalán. Únicamente daban una o dos horas a la semana de castellano, así que pasamos a buscar plaza en diferentes colegios privados.

- ¿Tuvieron más suerte?
- Miramos en dos colegios británicos y en uno francés, pero estaban completos. La única alternativa posible era llevar al niño a Magaluz, una localidad donde hay muchos niños extranjeros y se habla un poco de todo. En principio, inscribimos al niño ahí, pero vimos que el colegio tenía problemas económicos y no se sabía si iba a continuar.

- ¿Cómo se produjo su traslado a Francia?
- Mi mujer tiene una hermana en Beziers, que nos ofreció la posibilidad de ir a vivir allí. Puso a disposición su casa y se ofreció a buscarnos el colegio. Como mi mujer no tenía trabajo, decidimos que ella se fuera con el niño a vivir allí. Yo continué en Mallorca por trabajo. Así que preferimos escolarizar a nuestro hijo en Francia, porque aquí, de todas formas, no había manera de hacerlo en castellano.

- ¿Cómo se plantean el próximo curso escolar?
- Mi mujer acaba de encontrar trabajo en una empresa de Barcelona, por lo que yo me he trasladado a Beziers para estar con el niño. Durante el año y medio que mi mujer estuvo en Francia aprendió el idioma. Paradójicamente la empresa catalana para la que trabaja ahora en ningún momento le ha pedido el catalán. Querían que supiera inglés y francés, pero nunca hicieron mención al catalán. Para el próximo curso hemos solicitado plaza en el liceo francés de Palma y nos la han concedido. A finales de junio regresaremos a Calviá, que es donde tenemos nuestra casa, y el niño comenzará a estudiar allí. Sinceramente prefiero que mi hijo aprenda francés antes que catalán. Le va a servir mucho más en el futuro. Me gusta más este tipo de educación que la inmersión en catalán.

- ¿Qué opción escogerían si pudieran elegir?
- El bilingüismo. No nos importa que aprenda catalán, pero queremos que también estudie el castellano. Y si además es posible que adquiera algún otro idioma, mejor. Con lo que no estamos de acuerdo es con que las clases sean cien por cien en catalán, mientras que al español se le trata como si fuera una lengua extranjera.

- ¿Antes de tener a su hijo eran conscientes de que podrían tener este tipo de problemas?
- No, ni mucho menos. Si hubiera vivido en Cataluña no me hubiese sorprendido nada, pero viviendo en Mallorca no lo esperaba. Yo he trabajado de funcionario más de 15 años sin tener el título de catalán. Al final tuve que dejarlo por esta causa, pero durante esos años no tuve ningún problema.

- ¿Cuál es su percepción de la situación actual de la educación en Baleares?
- Si quieres tener libertad para elegir, tienes que salir de la Comunidad. Lo único que nosotros pedimos es tener libertad. Me parece muy bien que alguien quiera enseñar a su hijo cien por cien en catalán pero también quiero que los que queremos que los nuestros aprendan catalán, castellano e inglés también podamos hacerlo. Si Mallorca se independizara, tendríamos que aceptar sus leyes y costumbres, pero de momento estamos en España.

- El pasado 30 de mayo, la manifestación que organizó Círculo Balear contra la imposición catalana tuvo mucho éxito, ¿por qué cree que la sociedad balear no se ha movilizado antes?
- Porque no se moviliza para ningún tema. La sociedad balear no protesta. No es ni mejor ni peor, simplemente es así. Por eso, el mallorquín se ha dejado comer el terreno por el catalán.

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La última fase
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 3 Julio 2009

Presidentes de CC.AA. se organizan frente al gobierno central que ellos llaman «el Estado» y que no es otra cosa sino la Administración central, lo que representa Zapatero frente a lo autonómico, lo comunitario, lo válido... En vano les diréis que Estado es todo, que ellos también lo son. La estimación por sí mismos pasa por el odio al Estado que consideran enemigo, contrapuesto. Es posible que, insistentes, consigáis convencerles a ellos, socialistas, populares, que también son Estado. Será inútil. Volverán a lo mismo. Para ellos Estado es lo que tiene validez global, lo que a ellos se les escapa y se les contrapone. Así que, enseguida, de nuevo, volverán a su dialéctica infantil, belicosa frente al Estado.

Así que mientras en Cataluña se plantea el final del idioma común, esto es, la negación definitiva de la Nación que nos ha llevado una gran parte de nuestra historia democrática, los presidentes de Comunidades Autonómicas colaboran activamente en la destrucción del Estado. De este modo, si los protagonistas de la negación de España como Nación fueron los nacionalistas catalanes, gallegos y vascos, ahora son los presidentes de las pequeñas patrias, otrora regiones. Si las reivindicaciones tuvieron que ver, sobre todo, con hechos culturales y con símbolos, ahora se trata del aparato estatal mismo. Una ventaja. Si en la fase «antinacional» no faltó la sangre, ahora todo se soluciona con reuniones. Mientras termina de completarse el reconocimiento de Cataluña y País Vasco en la fase superior de la independencia (los Países Catalanes y Euskalherría).

Hecha ya la destrucción de la Nación española que conmemoran con fidelidad Fernando García de Cortázar y el Dos de Mayo, estamos ahora en el asalto definitivo al Estado. Estamos ya en la diferenciación cartagenera frente al «Estado», en el funcionamiento horizontal frente a la verticalidad del Estado, en una fase que sería de ciegos no considerar como el último paso hacia la muerte.

El castellano, lengua extranjera en Cataluña
Roberto Blanco Valdés La Voz

Adivine usted, querido lector, la clave de este enigma: ¿Cómo es posible que, proclamando nuestra Constitución que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», haya podido aprobarse anteayer en Cataluña una ley de educación que, tras establecer que el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza, reduce allí la presencia del castellano a dos horas semanales, menos de las que se estudian de lenguas extranjeras?

La solución del enigma no es difícil: porque el español es para la mayoría parlamentaria que aprobó esa ley de educación, formada por todos los partidos catalanes, salvo el PP y Ciutadans, otra lengua extranjera. O, para ser más exactos, una lengua extranjera diferente, que merece un castigo -es decir, un trato peor que las demás-, por ser supuestamente la culpable de la pérdida de hablantes de la única lengua de verdad de Cataluña: el catalán.

Que los nacionalistas defiendan esta visión paranoica del bilingüismo constituye una auténtica desgracia para los habitantes del país, pero es compresible pues el nacionalismo ve en la lengua un mero instrumento de construcción nacional ante el que deben ceder todos los derechos personales. Que la haya asumido además el PSC -y, por su presión, el propio presidente del Gobierno- supone, sin embargo, además de algo incomprensible, una forma peligrosísima de alejar a la ciudadanía de lo que hacen sus representantes, por más que esa misma ciudadanía haya carecido durante los últimos treinta años de valor para revelarse frente una política de inmersión lingüística tan arbitraria como resueltamente contraria a la Constitución.

Y es que, por razones que sería largo de explicar, pero que tienen que ver con la cobardía de los partidos no nacionalistas para enfrentarse a los dogmas identitarios más reaccionarios del nacionalismo, lo que ahora establece la ley de educación solo viene a dar cobertura legal a una política de presunta normalización impulsada desde hace mucho tiempo por la Generalitat y consagrada en el nuevo Estatut aprobado por el Parlamento catalán y por ¡las Cortes Generales!

Muchos confiábamos, de buena fe, en que el Tribunal Constitucional, declarando la inconstitucionalidad de lo que es contrario a la Constitución a todas luces (las previsiones del Estatut en materia lingüística), permitiría hacer frente a este atropello.

Pero ese tribunal, en el punto álgido de su desprestigio, ha dejado hacer y se ha convertido ya en cómplice objetivo de un desarrollo estatutario que, además de dejar la Constitución hecha un guiñapo, abandona a su suerte a los que fiaban en ella la defensa de sus libertades y derechos.

La barretina de Robinson
M. MARTÍN FERRAND ABC 3 Julio 2009

CATALUÑA es, para unos pocos, la ambición irracional de un nuevo Estado y, para algunos más, una «realidad nacional». Hay quienes la ven como un caldo de tradiciones y costumbres e, incluso, como un complejo para el estudio de la psicopatología social. Entre todas las regiones que la Historia acredita como esenciales en la realidad de España, Cataluña es la de más diversos perfiles porque vivió, cuando correspondía, las revoluciones industrial y burguesa y se asentó en una suerte de ombliguismo que resulta inseparable de la satisfacción compartida por una mayoría. La riqueza y la burguesía, realidades plenas en Cataluña, coinciden siempre en crear mecanismos de exclusión y defensa para protegerse a sí mismos. A la vista de los acontecimientos, en eso parece que estamos.

Si Cataluña fuese una persona, una sola, en lugar de ser una realidad social, política y administrativa, sería Robinson Crusoe. Se hubiera buscado un Viernes en El Maresme y, como el personaje de Daniel Defoe, estaría entregado a perfeccionar su propio puritanismo diferencial. Mucho de eso hay en la nueva Ley de Educación que acaba de aprobar el Parlament. Desde lejos, no parece encajar en el espíritu y la letra de la Constitución; pero, según sus mentores, se ajusta milimétricamente al Estatut. Algún año de estos, cuando el TC se decida a enfrentarse con su propia responsabilidad, sabremos a qué atenernos. En cualquier caso será tarde, y muy conflictivo, para desandar lo andado si así fuera necesario.

José Luis Rodríguez Zapatero, pieza germinal del sentido confederal que alimenta la nueva Ley catalana, se apresuró ayer para decirnos que en Cataluña hay paz ciudadana en torno a la lengua. «No quebremos esa paz -encareció el querubín de La Moncloa- por intereses políticos». Así se entiende, y se le entiende, todo. ¿De quién son los intereses que no se deben quebrar? Por mucho que la Ley mejore y eleve el nivel educativo de Cataluña terminará siendo nociva, más que para el Estado, para los catalanes. No tiene sentido en un mundo global que seis millones de personas se encierren en un tabernáculo de pureza idiomática. El resto de España es el primer mercado de Cataluña como el resto de Europa lo es de España. Bien está el folclore autonómico; pero, ¿dónde dejamos la comunicación y el progreso? Las mayorías transfieren poder y derecho, pero no razón e inteligencia.

Una polémica innecesaria
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 3 Julio 2009

"Quizá sea por el poco tiempo transcurrido desde que regresé a vivir y trabajar en mi tierra, pero no acabo de entender toda la polémica en torno al gallego. O quizá sea que mi deformación de jurista me lleva directamente a la ley para intentar situarme yo mismo, y situar al mismo tiempo a los amables y atentos lectores de esta columna.

La Constitución, es decir, la madre de todas las restantes normas legales, establece con claridad meridiana que el castellano es la lengua oficial del Estado español en su artículo 3. Una lengua que, como es natural y establece dicho precepto, todos los españoles tenemos el derecho de usarla, pero, además, tenemos el deber constitucional de conocerla.

El hecho de que la Constitución española establezca una jerarquía entre las lenguas españolas -el español cuyo conocimiento es un deber, y las lenguas españolas que pueden ser cooficiales si así lo determinan los respectivos estatutos de autonomía- es un hecho político por excelencia. Y la declaración de cooficialidad del euskera , del catalán o del gallego, afirmando además que el catalán o el euskera son, a diferencia del español, lenguas propias de las correspondientes comunidades autónomas -con el añadido del deber de conocimiento en el nuevo estatuto catalán-, son también hechos políticos por excelencia.

Estamos, pues, ante un debate ciertamente político. Un debate que tiene mucho que ver con la estructura del Estado, con el discurso de la España plural, con la integración o no de los nacionalismos periféricos en un proyecto estatal común. Un debate que tiene que ver con derechos básicos de los ciudadanos, con obligaciones también importantes de los ciudadanos, con la cohesión social, con el derecho al trabajo, con la libertad lingüística dentro de los parámetros fijados por la declaración de cooficialidad de las lenguas. No es un debate estrictamente cultural, ni un debate puramente lingüístico. Es un debate político y es mejor tomarlo como tal.

Como este debate corre el riesgo de ser malinterpretado por la situación lingüística de los participantes, vaya por delante que quien esto firma es vascoparlante monolingüe de familia, alguien que aprendió español o castellano en la escuela. Pero también alguien para quien el castellano no es lengua extraña, para quien el castellano es tan lengua propia como el euskera, lengua, ésta, de relación familiar casi en exclusividad, y de trabajo en la universidad. Alguien que no tendría inconveniente alguno en sustituir la obligatoriedad constitucional del conocimiento del castellano por la constatación del valor de lengua franca del español para la cohesión del estado. Y alguien que no tendría inconveniente en cambiar el calificativo aplicado por el estatuto vasco al euskera como lengua propia, a diferencia del español.

España es diversa y plural. Es un hecho. En España se hablan varias lenguas, además del español. También es un hecho que la diversidad de lenguas en España no es como en Suiza, que no cuenta con una lengua franca, o como en Bélgica, donde tampoco existe una lengua común. En España sí existe una lengua común.

Por eso, el discurso de la España plural no tiene sentido, ni responde a la realidad, si no se completa con el discurso de la pluralidad de Cataluña, de Euskadi y de Galicia: estas comunidades autónomas no son homogéneas en términos lingüísticos, sino plurales. Como lo son, por cierto, también, en el sentimiento de pertenencia. Existe, sin embargo, una diferencia en lo que al hecho de la pluralidad de España y de la pluralidad de Cataluña, Euskadi y Galicia se refiere: desde el punto de vista lingüístico existen amplios territorios y amplias demografías en España que son homogéneas en castellano, y la pluralidad se refiere a que existen zonas en las que está presente, además del castellano, otra lengua.

En Cataluña, Euskadi y Galicia no existe prácticamente ningún kilómetro cuadrado, ni ningún segmento o zona poblacional homogénea en cuanto a la presencia de una única lengua: estas comunidades autónomas son estructuralmente mucho más plurales que lo es España en su conjunto.

En los debates recientes muchos se han referido a que el español no está en peligro en Cataluña. Pero no es ésa la cuestión: la cuestión no está en los derechos de la lengua, sino en los derechos de los hablantes. De la misma forma que un hablante bilingüe puede en Cataluña o Euskadi reclamar la satisfacción de su derecho a ser atendido por la administración en la lengua de entre las oficiales que elija, el mismo derecho le asiste a un ciudadano monolingüe, por lo que no puede haber, en este contexto de derechos, una lengua privilegiada de la administración.

En el contexto educativo, no existe un derecho a ser escolarizado en la lengua materna, y menos por razones supuestamente pedagógico-psicológicas. Pero sí existe el derecho de los padres a que la lengua de su elección de entre las cooficiales sea también lengua vehicular. Y ante este derecho fallan los argumentos de que la otra lengua cooficial está en situación de debilidad, de que ya aprenderán esa lengua de elección en la calle o en los medios de comunicación, entiéndase la televisión, que el monolingüismo de inmersión es el único medio que garantiza la cohesión social, y está dando buenos resultados.

Ninguno de estos argumentos anula el derecho de los padres a reclamar que la lengua que quieren sea también vehicular en la enseñanza de sus hijos. Dicho simplemente: no hay razón alguna, y menos técnicas, para esconder en la enseñanza ninguna de las lenguas cooficiales de una comunidad autónoma como lengua vehicular."

Alfonso Villagómez
Magistrado Juez del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Publicado en El Correo Gallego
Jueves 02.07.2009

El "gudari nagusia", su viuda elocuente y el PNV
José Antonio Zarzalejos El Confidencial 3 Julio 2009

Cuando Josu Puelles García, ertzaina y hermano del inspector de policía asesinado en la localidad vizcaína de Arrigorriaga, definió al funcionario criminal y cruelmente abatido como un “gudari nagusia” (gran soldado vasco), se estaba produciendo una enorme transformación en la semántica de las víctimas de la banda terrorista ETA. Porque hasta ahora, en el lenguaje simbólico del nacionalismo, tanto radical como sedicentemente moderado, los “gudaris” eran aquellos soldados que durante la II República, a las ordenes del lehendakari Aguirre, defendieron las supuestas libertades vascas. Poco les importó –a los efectos de reescribir la historia épica de aquellos luchadores— que Juan Ajuriaguerra les entregase en una rendición sin condiciones en la playa de Santoña a las fuerzas italianas que colaboraban con las franquistas. Lo cierto que es que, siendo el nacionalismo un alimentador constante de mitologías, esta de los “gudaris” es una más que los etarras se atribuyeron con el beneplácito de amplios sectores del PNV.

Josu Puelles, hermano del asesinado Eduardo, reclamó para el inspector esta condición, la de “gudari”, arrebatando a los abertzales un patrimonio de simbólicas evocaciones legendarias muy del gusto de los auditorios enfervorizados del independentismo vasco. Y si la finta verbal de Josu Puelles cayó en el nacionalismo como una usurpación mitológica, la elocuencia de la viuda, Paqui Hernández, les desquició. Esa mujer, con la cabeza alta, gritó a los cuatro vientos que los presos de ETA no eran “políticos” sino “criminales” y denunció, con las cámaras de la Televisión Vasca en directo, la subvención que los sucesivos gobiernos del PNV han librado a los familiares de los reclusos etarras.

Lo hizo Paqui con una determinación, con un valor, con una contundencia y, sobre todo, con una credibilidad tan políticamente irreprochable, que fuentes sin identificar del PNV filtraron al diario El País la “conveniencia de que las viudas no hablasen en esos momentos”. Y Paqui Hernández ha seguido hablando con elocuencia redoblada al reivindicar la condición de “héroes y no de víctimas” de los asesinados por ETA y de sus afectados, dando cuerpo así a la enorme transformación ética que se ha registrado en el País Vasco. Mientras tanto, la ETB (TV pública vasca) daba una cobertura completa de las exequias y el lehendakari López pronunciaba un acertado discurso asegurando que los “espacios de impunidad” se han acabado.

El PNV se ha sentido concernido por todo esto que ha ocurrido. Y hace bien en percibir que a ellos, los nacionalistas, se dirigen estas elocuencias de víctimas y políticos. Porque han sido sus gobiernos los que, después de casi treinta años, han navegado en la ambigüedad. Tiempo hubo –y los viví muy de cerca—en que los féretros de los asesinados hacían el mismo trayecto que el de Eduardo Puelles García –desde el antiguo Gobierno Civil hasta la parroquia de San José de la Montaña, apenas ciento cincuenta metros-- de manera casi clandestina. Sin himnos, sin banderas, sin políticos y con unas decenas de personas que veíamos con lágrimas en los ojos como el ataúd y los familiares de la víctima salían del funeral deprisa y corriendo a la inhumación de sus seres queridos como si de apestados se tratase (era aquella atroz época del “algo habrá hecho”). Ahora esa injusticia histórica –tan moralmente repugnante—se empieza a saldar.

El pasado del PNV
El presidente del PNV anda de medio en medio reivindicando la limpieza moral de sus dirigentes en los anteriores gobiernos. Mejor es que calle y aguante, que tome penitencia. Porque no habría espacio en este texto para enumerar las veces en que el PNV ha incurrido en comportamientos conniventes con los terroristas. Y no sólo cuando pactó con la banda en Lizarra (1998), sin olvidar cuando el propio Arzalluz aconsejó (1980) a ETA p-m que no dejase las armas, sino también cuando los nacionalistas utilizan un lenguaje hiriente que dulcifica el carácter criminal de los etarras. Por eso hay que proscribir expresiones nacionalistas como “capacidad militar”, “lucha armada”, “comando”, “conflicto político”, “derecho a decidir”, expresiones referidas a ETA y a sus bárbaros delitos, y aplicar palabras y conceptos que se ajusten –como ha hecho Josu Puelles y su cuñada Paqui Hernández, viuda de su asesinado hermano Eduardo—a la naturaleza delictiva y criminal de los etarras.

Es el momento de ganar dos metas: la del lenguaje y la de la decencia. La primera la ha alcanzado la familia Puelles García; la segunda, puede que haya comenzado con esa patética fotografía de varios ex consejeros de Interior del Gobierno vasco –nacionalistas, por supuesto—reivindicando su trayectoria de lucha contra ETA. Hasta el momento el nacionalismo en su conjunto –victimista y egoísta—ha ido ganando la batalla de la agitación y la propaganda –de la comunicación-, pero a partir de ahora y gracias, entre otras muchas cosas, a la viuda elocuente del “gudari nagusia” Eduardo Puelles, todo va a empezar a cambiar. Como cambia el mapa del tiempo en la televisión pública vasca, como caen los terroristas con frecuencia vertiginosa, como, por fin, el tribunal de Estrasburgo da la razón a España y proclama a Europa y al mundo que los batasunos eran una extensión cómplice de la criminalidad etarra.

José Antonio Zarzalejos es director general de LLORENTE & CUENCA en España.

Luz verde a la ley gestada por CiU y PSC para erradicar el castellano en la escuela catalana
La normativa, aprobada sin el apoyo de ICV, veta la tercera hora y proclama la autonomía de Cataluña en la enseñanza
ESTHER ARMORA | BARCELONA ABC Cataluña 3 Julio 2009

Después de algo más de un año de intensas reuniones, tres huelgas masivas y un tormentoso debate político que ha desgastado definitivamente las relaciones internas del tripartito, llegó el día «D» para la nueva ley educativa catalana, la primera que concede autonomía absoluta a esta Comunidad para gestionar su modelo de enseñanza y veta la tercera hora de castellano en los colegios.

El texto fue aprobado ayer en el Parlamento catalán con el apoyo de PSC y ERC y con la complicidad del principal grupo de la oposición (CiU), mientras que ICV, el tercer socio de triunvirato catalán, se desmarcó oficialmente de la propuesta evidenciando la desunión del Ejecutivo de Montilla en cuestiones de primer orden político. Tampoco avalaron la normativa, que libera a Cataluña del cumplimiento de las sentencias emitidas (TSJC y TS) en materia lingüística, PPC y C´s.

Escenificación impúdica
Lo que debía ser una jornada de consenso y fotos de grupo acabó siendo una escenificación impúdica de una nueva fuerza que emerge en el convulso escenario político catalán, la sociovergencia. Fue un día histórico por un doble motivo: por la aprobación de la primera ley catalana de educación y por el primer pacto a gran escala de una fuerza de gobierno con el principal partido de la oposición.

Una hora antes de empezar la sesión parlamentaria, el presidente de la Generalitat, José Montilla, se reunió con el principal líder de la oposición, Artur Mas, en el Palau de la Generalitat para sellar el pacto que ha dado lugar a la ley. El encuentro, con foto y apretón de manos incluido, retrasó el inicio de la jornada parlamentaria y acaparó toda la atención mediática. Se habló de educación, según afirman fuentes oficiales, aunque cuesta creer que la financiación y la crisis, dos asuntos de actualidad en los que ambos grupos mantienen posturas divergentes, se pasaran por alto.

Papel de segundones
El «vis a vis» entre Montilla y Mas no sorprendió a nadie y mucho menos a los ecosocialistas que llevaban meses denunciando los encuentros furtivos entre PSC y Convergencia. Pese a ser un pacto anunciado, tanto ICV como ERC asumieron con indignación su papel de segundones.

ICV ya había dejado claro que «no tragaría» con la imposición de CiU de ampliar los conciertos a los colegios que separan a los alumnos por sexos y se mantuvo fiel a sus principios. La diputada Dolors Camats (ICV) restregó a PSC y ERC que «hubieran preferido pactar con la oposición» a hacerlo con sus socios y mostró una foto de 2006 con todos los agentes sociales cuando se firmó el Pacto Nacional para la Educación, sobre el que dijo «debía germinar esta ley». CiU se congratuló de haber primado la responsabilidad política a los intereses de partido al pactar con el PSC. Esquerra se limitó a verlas pasar. De cara a la palestra aguantó el tipo, pero después en los corrillos no escondió su dolor por no haber sido protagonista. Maragall abandonó la Cámara con la sensación, según dijo, de haber vivido el mejor momento de su vida parlamentaria. Lástima que el resto de partidos y la comunidad educativa no compartieran esa percepción de triunfo. Se fueron con la sensación de «oportunidad perdida»

¿Qué cambiará en la escuela?
No habrá tercera hora
El artículo 51 de la ley fija que la competencia para el currículo corresponde exclusivamente a la Generalitat «salvo la formación común regulada por las leyes». Se da por sentado que elimina la tercera hora de castellano. Condición que ERC impuso a sus socios del PSC para apoyar la normativa.
Menos derechos lingüísticos
Hasta ahora, la Ley de Política Lingüística reconocía el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en la lengua materna durante cinco años. Ahora, el artículo 11.4 reduce este derecho a la atención individualizada durante un solo año.
Mayor autonomía
La ley dota de mayor autonomía pedagógica a los centros a la hora de diseñar el proyecto educativo, adaptando el currículum que determine el Gobierno autonómico en cada una de las etapas y enseñanzas.
Corresponsabilidad educativa
El texto define las prioridades de subvención para los centros concertados, y que se consideran de «atención preferente» los que aplican el principio de coeducación a través de la escolarización mixta. La ley busca la corresponsabilidad de la concertada por lo que respecta a la admisión de inmigrantes.
Nuevos conciertos para el bachillerato
La LEC abre las puertas a la concertación de las etapas de nuevas etapas de escolarización no obligatorias. El texto contempla que los conciertos lleguen al bachillerato y las subvenciones a las guarderías.
Exige a los docentes que dominen la cultura catalana
El artículo 106.2 de la ley exige a los profesores que quieran ingresar en la función pública no sólo que acrediten «el conocimiento suficiente y adecuado del catalán» sino que tengan «conocimientos sobre las instituciones y la cultura de Cataluña».
Cuerpos docentes propios
La ley contempla la creación de un cuerpo docente propio con oposiciones diferenciadas. La creación de un cuerpo docente propio no es inconstitucional, pero sí

El Gobierno de Aragón no reconoce como oficiales el catalán y el aragonés
El PSOE, que presentó en solitario la Ley de Lenguas, las califica de modo pintoresco como "propias e históricas"
Belén Piedrafita  www.lavozlibre.com 3 Julio 2009

Zaragoza.- Tras meses de negociaciones infructuosas con su socio de gobierno, el Partido Aragonés Regionalista (PAR), el PSOE ha presentado hoy jueves en solitario ante las Cortes de Aragón el proyecto de Ley de Uso, Protección y Promoción de las Lenguas Propias de Aragón, comunmente conocida como Ley de Lenguas.

La propuesta de Ley de Lenguas presentada por el PSOE reconoce como lenguas "propias e históricas" tanto el aragonés como el catalán en Aragón, pero no su cooficialidad con el castellano. Mientras que el aragonés y el catalán son definidas como lenguas "voluntarias, no cooficiales y circunscritas a los municipios en los que su utilización sea históricamente predominante", el castellano se define como "la única lengua oficial en todo el territorio aragonés".

La propuesta de los socialistas, que consta de 27 artículos, reconoce la pluralidad lingüística de Aragón y "garantiza el uso por los aragoneses de las lenguas propias como un legado cultural histórico que debe ser conservado". Dentro de esa pluralidad se engloban el catalán y el aragonés, que "gozarán de protección y se garantizarán su enseñanza y el derecho de los hablantes a su uso en las zonas de utilización histórica predominante de las mismas".

En este sentido, la proposición de ley incide especialmente en la voluntariedad de su uso en los ámbitos públicos, de la enseñana y de la administración. Es decir, en el caso de la escuela, los padres o tutores podrán decidir si sus hijos aprenden o no catalán o aragonés, aunque la administración deberá asegurar su enseñanza en estos territorios.

LA CUARTA PARTE DE LAS LOCALIDADES HABLA CATALÁN O ARAGONÉS
Las zonas bilingües serán delimitadas gracias a un estudio que llevará a cabo el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, un órgano consultivo de nueva creación integrado por 15 miembros de reconocido prestigio del ámbito lingüístico, jurídico, educativo y literario escogidos a propuesta de la Universidad, de las Cortes y del Gobierno de Aragón. Actualmente se considera que se habla catalán o aragonés en unas 200 localidades de Aragón, lo que representa casi la cuarta parte del total de la región

Una vez presentada en la Cámara, los socialistas abrirán un periodo de negociación durante este verano para tratar de lograr los máximos acuerdos con la base de esta ley de mínimos. Será un proceso previo a la tramitación oficial en las Cortes, que no comenzará hasta finales de septiembre. El objetivo es que a finales de año esté aprobada y entre en vigor en 2010.

Las reticencias del Partido Aragonés han impedido que el equipo de gobierno haya podido sacar adelante La Ley de Lenguas de Aragón de forma conjunta en el plazo esperado. Hace diez años el PAR votó a favor de regular por ley el uso de las modalidades lingüísticas propias de Aragón y en los acuerdos de coalición del actual gobierno regional se comprometió a llevarla a término.

Sin embargo finalmente el PAR se ha desmarcado de esta iniciativa legislativa, lo que no implica que finalmente se oponga a ella. Las principales discrepancias entre ambos partidos derivan de la definición de la lengua o lenguas habladas en Aragón Oriental. Tanto el PSOE como Chunta Aragonesista (CHA) lo definen como catalán y proponen inscribirlo en la futura Ley de Lenguas como lengua propia de Aragón, junto con el aragonés hablado en el norte de la Región.

Reconocen por primera vez el trilingüismo en la comunidad. Sin embargo, determinadas asociaciones y Plataformas del Aragón Oriental, como la Plataforma No Hablamos Catalán (PNHC) o FACAO, niegan que las modalidades lingüísticas habladas en el este de Aragón sean catalán y las denominan 'chapurriau'.

IMPOSICIÓN DEL CATALÁN, SEGÚN PNHC
“La Ley de Lenguas es un nuevo intento de sustituir la lengua aragonesa que se habla en la zona oriental por la lengua catalana. Con esta imposición se da validez a la entelequia de los Países Catalanes”, argumenta Lorenzo Pastor, presidente de la PNHC. Esta Plataforma acusa al PSOE de “ejercer de expansionistas catalanes” y denuncia que LA CHA “está sujeta a sus pactos con Esquerra Republicana de Cataluña”.

“Esta Ley va en contra de los intereses de los Aragoneses. La mayor parte de la población la rechaza. Si se aprueba, los ciudadanos que sepan catalán tendrán ventajas a la hora de opositar en Aragón por delante de los propios aragoneses”, denuncia la Plataforma No Hablamos Catalán.

Anuncia que el próximo 11 de julio va a movilizarse para llevar a cabo una acción informativa sobre su rechazo a la Ley de Lenguas en Zaragoza.

Por su parte, la Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental (FACAO) reclama la realización de un referéndum entre los hablantes de dichas modalidades lingüísticas.

“El Estatuto de Aragón deja bien claro que deben protegerse solo las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, y está claro que el catalán no lo es”, replica FACAO. “Si durante siglos hemos sido capaces de salvaguardar nuestro aragonés oriental no permitiremos que ahora determinados sectores políticos, motivados por extraños cambalaches, catalanicen nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra identidad”, aseveran. “Exigimos que el Ejecutivo aragonés defienda y promocione de una vez las modalidades aragonesas en lugar de fagocitarlas con la introducción del catalán”, concluyen desde FACAO.

Por su parte, la Federazión de Ligallos de Fablans de l’Aragonés manifiesta un punto de vista opuesto. “Hace mucho tiempo que en el mundo del aragonés y del catalán en Aragón estamos esperando una Ley de Lenguas. Muchas veces nos han puesto el caramelo en la boca, pero cada vez se retrasa más. Sabemos que la Ley de Lenguas no sería ni la panacea universal ni algo que vaya a arreglar la situación lingüística en Aragón de un día para otro, pero sí que nos puede ayudar a difundir nuestra lengua y nuestra cultura”, explica Feliciano Martínez Tur, presidente del Ligallo de Fablans de Zaragoza.

“En Aragón Oriental se habla catalán. Una lengua es lo que es y no lo que las personas quieren que sea. Otra cosa son las razones viscerales que quieran aducirse para negar un hecho innegable, bajo el argumento de que estamos en Aragón y no en Cataluña. De la misma manera un argentino podría decir que no habla castellano por estar en Argentina”, añade el presidente del Ligallo de Fablans.

“Lingüísticamente hablando, Aragón es una de las comunidades más ricas de España. Pocas regiones pueden decir que tengan tres lenguas y que las tres están vivas. Es imprescindible el reconocimiento de esta realidad”, concluye Martínez Tur.


 

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