AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 4 Julio 2009

 

Catalán
Crónica de una muerte anunciada
Carmen Leal Libertad Digital 4 Julio 2009

Estuve en el lugar del crimen, allí, en el hemiciclo del Parlamento catalán el 1 de julio de 2009. Allí oí y allí vi cómo se perpretaba el desalojo del castellano de la escuela catalana y su muerte legal, a través de la aprobación de la Ley de Educación de Cataluña. Es el mayor atentado a la ciudadanía española y un "órdago" a la Constitución vigente. La ley ya estaba pactada entre el Gobierno Tripartito catalán y la oposición, aunque la escenificación y los protagonistas de "la foto" fuesen PSC, con el Sr. Montilla, y CiU, con el Sr. Mas, porque ERC actuó de segundón, e IU se desmarcó en muchos aspectos de la Ley y rompió el monolítico "Tripartito". Sólo se opusieron el PP de forma moderada y muy correcta, con argumentos veraces como "no es una ley de consenso" (tres huelgas generales de Enseñanza), "ley de moqueta y despacho, no de ciudadanía"(manifestaciones en ese momento frente al Parlamento de Sindicatos, y por la tarde de distintas Asociaciones civiles convocadas por la Asociación por la Tolerancia a la que se adhirieron UpyD y C’s). Mención aparte merece la verdadera oposición, con la intervención del diputado, Antonio Robles del Grupo Mixto, que fue contundente y muy dura (se pueden ver las intervenciones en estos dos vídeos). Fue sin duda la intervención más brillante y molesta para el nacionalismo, es decir para la mayoría de los diputados presentes, incluidos algunos del PP (tres ni siquiera votaron para no hacerlo en contra) y la mayoría de los "invitados". Los aplausos evidenciaban la adscripción ideológica, nacionalistas en mayor o menor grado.

En las distintas intervenciones se oyeron frases inefables. El Sr. Colomé hablaba de una ley de "los míos", y de que era una ley de consenso hecha para "compartir un sueño: nuestra identidad", por eso era una ley para "una escuela catalana en lengua y contenidos".

El PSC hablaba de la culminación de un proceso que surge de "la voluntad de un Gobierno catalanista y de izquierdas". En todas las intervenciones de apoyo a la ley se repetía en constante "ritornello" es "una ley de país" y "ley catalana en lengua y contenidos". El hilo conductor no eran los grandes problemas que tiene la educación en Cataluña, (disciplina, fracaso escolar...) sino que era una ley "nuestra", la primera ley emanada del Parlamento catalán, que apoyada en un Estatuto (todavía en el Tribunal Constitucional), evitaba las interferencias del Gobierno central. Evitaba el cumplimiento de las tres sentencias del TSJC y la del Tribunal Supremo que obliga a especificar en los impresos de matriculación en qué lengua desean los padres que se realice la escolarización de sus hijos durante la enseñanza primaria.

Era necesario blindar la "inmersión lingüística" (cambio de lengua hogar/escuela) diseñada solamente para los niños castellanohablantes (mayoría en Cataluña) y desalojar el castellano como lengua vehicular o de enseñanza del sistema educativo catalán. Este y no otro era el verdadero objetivo. Por eso se oyeron en el Parlamento catalán frases inefables en apoyo a la exclusividad de la lengua catalana en la escuela como "Es una lengua para pensar y mejorar posiciones" , algo de lo que nadie tiene duda, porque todas las lenguas sirven para pensar, pero no todas sirven para"mejorar posiciones" en Cataluña. ¡Que se lo pregunten al Sr. Montilla! La mejor frase fue, que esta ley "propiciaba la ¡dignificación de contenidos!". No sabemos cuáles son "los contenidos indignos" que no deben estar presentes en las escuelas catalanas. ¿Son dignos o indignos las tablas de multiplicar, el teorema de Pitágoras o la ley de Avogadro? ¿Es indigna la Literatura española, la Historia de España? ¿Quizás la Constitución española? Mas bien abre la puerta legal a contenidos de dudosa cientificidad y objetividad histórica, pero que sirven para una ideologización nacionalista. De eso se trata.

En el plano puramente político, la guinda la puso el representante de ERC que no se cortó un pelo para aludir a la ley como uno de los pilares para Cataluña porque la Escuela era "Nación, lengua y contenidos".Esta ley pertenecía ya a la Nación catalana. Aseguraba el dominio de la lengua del país, la lengua de la patria, y el sentimiento de pertenencia, ya que había un titulo especial dedicado a la lengua (Titulo II). En 30 años de autogobierno era la primera ley que evitaba las interferencias del gobierno central, era una ley catalanista para la construcción nacional del Estado, del Estado catalán. Sobran comentarios.

Si el Sr. Zapatero no retira las competencias en Educación cedidas por el Estado español al Gobierno autonómico catalán de inmediato, la secesión a medio plazo está servida. A esta Ley Catalana de Educación seguirán otras, y se perpetrará de hecho un alejamiento legal continuo de los demás españoles. El problema se multiplicará cuando las demás autonomías, tengan o no tengan "lengua propia", lengua vernácula o regional, tomen ejemplo y aprueben en sus respectivos parlamentos leyes de educación específicas para cada autonomía con lenguas y contenidos "regionales" o "locales".

¿O es que La Rioja, por poner un ejemplo, no tiene lengua propia? El castellano nació precisamente allí, y tienen una fonética específica, un léxico específico, con su morfosintaxis peculiar, y unas costumbres específicas por no hablar de "su literatura" (desde Quintiliano a Bretón de los Herreros, "su historia" : Calahorra, ciudad romana con acuñación de moneda, etc.)

Así, hasta diez y siete "nacioncillas". ¿Alguien me puede demostrar que esto es el progreso?
Carmen Leal es ex consejera general de Ciudadanos
http://www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/IE0406/IE040603?p_cp1=409646&p_cp2=409814&p_cp3=4&p_cp22=cerca

Presión, prisión, depresión
ARCADI ESPADA El Mundo 4 Julio 2009

UN DÍA antes de que el Parlamento de Cataluña aprobara la nueva Ley de Educación el responsable de Política Lingüística presentó una amplia encuesta (la más pormenorizada desde 2003) sobre los usos lingüísticos en Cataluña. La conclusión llamativa era la pérdida de posiciones del catalán como lengua habitual. En 2003, primer año de la mayoría nacionalista de izquierdas, un 46% de la población tenía el catalán como lengua habitual. Hoy la cifra es del 35,6%. (Y en el área metropolitana barcelonesa el porcentaje no llega al 28%). Casi 11 puntos de pérdida. La inmigración aumentó un 7% en el mismo periodo, lo que justifica, en parte, el descenso. Sólo en parte, desde luego.

Si en Cataluña existiera decencia política, el Gobierno debería explicar algunos porqués elementales. Es decir, por qué detrae escandalosamente recursos públicos para destinarlos a la promoción lingüística en un país cuyo estado de bienestar decrece; por qué promulga leyes lingüísticas cuyo único parangón discriminatorio es ártico; por qué su obsesión lingüística le lleva a incumplir la ley, como en el caso de la tercera hora de castellano; pero, sobre todo, por qué ha añadido a su inmoralidad inepcia: ¿cómo es posible que a pesar de los histéricos esfuerzos gubernamentales el uso del catalán haya descendido casi cuatro puntos en seis años, descontado el impacto de la inmigración?

Soy consciente, por supuesto, de que el nacionalismo podría hacer otra lectura de estos datos y declarar que prueban la necesidad del endurecimiento. Y no le faltaría razón. En la vida no hay nada como el endurecimiento. Sólo que en estos 30 años de cabezazos contra la pared el nacionalismo ya no dispone de otro recurso que el de enviar a la cárcel a los lenguaraces.

El recurso a la «violencia definitiva», como ha descrito el marcial almogávar Bohigas el próximo paso de Cataluña en su pleito con España. La cárcel siempre la tienen a mano, en efecto. Y es muy probable que los nacionalistas tengan que empezar a plantearse ese tipo de soluciones drásticas. Porque crece la sospecha de que sin inmersión, sin sanciones, sin incumplimientos flagrantes de la ley y sin toda esa acomplejada política de la antipatía que se ha desarrollado en los últimos 30 años, el número de personas que hoy tendrían el catalán como lengua de comunicación habitual sería, muy aproximadamente, el mismo.

Los Montillas catalanes
EDURNE URIARTE ABC 4 Julio 2009

A estas alturas, ya no me sorprende el fanatismo lingüístico de los nacionalistas. Ha sido sobradamente analizado y diseccionado. Los nacionalistas catalanes persiguen al español, se saltan las leyes y desobedecen sentencias judiciales porque consideran el catalán la esencia de su identidad, de su diferencia, de sus derechos étnicos. Y, además, la base de sus privilegios y de su poder. Son fanáticos con causa y con intereses. Los que sí me siguen sorprendiendo son los esclavos voluntarios de ese fanatismo.

Los cientos de miles cuya lengua de comunicación es el español, la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, y que, sin embargo, apoyan a los partidos responsables de las leyes del fanatismo lingüístico. En contra de su causa y de sus intereses.
Y es que hay algo incontestable en la nueva Ley de Educación catalana y en otras tropelías cometidas por las instituciones de esa comunidad. Que son plenamente democráticas, al menos en cuanto a sistema de decisión y juego de las mayorías y minorías. Han sido aprobadas por una amplia mayoría de los partidos y refrendadas en las urnas una y otra vez. Por un electorado catalán lleno de Montillas, ciudadanos cuya lengua es el español, que ni son nacionalistas ni fanáticos, pero aceptan gustosamente las imposiciones fanáticas. Hasta las lideran, si hace falta, y no hay más que ver a Montilla, el más nacionalista entre los nacionalistas.

Y éste no es un problema de la política o de la democracia, sino de la psicología. De la fuerza de unos valores sociales y de unos modelos de éxito en los que los ciudadanos «de segunda», hijos y nietos de inmigrantes, o los más miedosos, o los más susceptibles a la presión nacionalista, se apuntan gustosamente al fanatismo para integrarse. Formar parte de los triunfadores, aunque sea a costa de uno mismo y de sus intereses. Esa es la tragedia de los Montillas catalanes.

La LEC es propia del totalitarismo
www.alternativaespanola.com 4 Julio 2009

AES estima que la Ley de Educación de Cataluña es inconstitucional, impide la enseñanza en castellano en Cataluña, acaba con el derecho de los padres a escoger y es un instrumento diseñado por los nacionalistas para imponer sus tesis a través de la educación. La LEC es propia de un estado totalitario.

La Ley de Educación de Cataluña, aprobada por el Parlamento de Cataluña, es propia de un estado totalitario. En la práctica, con esta ley, se acaba con la posibilidad de que se pueda utilizar en Cataluña el castellano como lengua vehicular en la enseñanza y se proscribe, definitivamente, el derecho, reconocido por la Constitución y defendido por sentencia del Tribunal Supremo, de los padres a escoger la lengua en la que quieren que sus hijos sean educados.

Alternativa Española quiere denunciar que esta ley, como otras similares que en silencio se están aprobando en Cataluña, es el resultado de la aplicación de lo dispuesto en el Estatuto Cataluña. Un Estatuto que esta recurrido ante el Tribunal Constitucional, recurso sobre el que el Tribunal no encuentra tiempo para pronunciarse.

Alternativa Española quiere subrayar que con esta Ley o con la Ley de la Agencia Catalana de la Inspección de Trabajo la Generalidad busca, tal y como manifiestan los representantes del tripartito, romper la unidad en los aspectos normativos asumiendo competencias que no le corresponden transformando el marco institucional administrativo español en un modelo bilateral entre el gobierno de España y el de Cataluña.

AES suscribe las tesis de quienes estiman que esta ley tiene como objetivo la exclusión del castellano de la educación en Cataluña. El castellano en la educación tiene para la Generalidad la misma consideración que una lengua extranjera.

AES entiende que no sólo los artículos 9, 11 y 16 de la ley son inconstitucionales. La LEC es inconstitucional en su conjunto.

Derecho contra delirio
DIEGO IÑIGUEZ El Correo 4 Julio 2009

Para el autor, las sentencias del Tribunal de Estrasburgo convalidando la ilegalización de Batasuna «acortan la distancia entre la realidad que percibe el sentido común y la fantástica que viven quienes encuentran explicaciones a crímenes odiosos y aceptan el voto de sus partidarios»

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado, tras un maratón jurídico con etapas en el Supremo y el Constitucional españoles, que la ilegalización de los satélites de ETA es adecuada desde los criterios jurídicos más exigentes. Las sentencias acortan la distancia entre la realidad que percibe el sentido común y la fantástica que viven quienes encuentran explicaciones a crímenes odiosos y aceptan el voto de sus partidarios. Con el fallo del TEDH, que 'no es final porque sea infalible, pero es infalible porque es final', resulta aún menos racional esperar que la opinión internacional sea sensible a las narraciones de una historia inventada, delirantemente proyectada hacia el futuro, pero basada en un presente de terrorismo muy real.

El Tribunal sigue un método cuidadoso. Empieza por explicar el alcance de los derechos afectados, se pregunta luego si las acciones del Estado demandado estaban predeterminadas por la ley, si eran necesarias en una sociedad democrática para mantener la seguridad pública, el orden jurídico y los derechos de los demás, si había una necesidad social imperiosa de adoptarlas y si han sido proporcionadas. Prohibir un partido es un posibilidad restringida a casos excepcionales, de amenaza real, de formaciones políticas que provoquen la violencia o persigan fines que conserven la apariencia de una democracia, pero la vacíen de contenido privando de derechos o protección a una parte de los ciudadanos.

Valorando los comportamientos de los partidos ilegalizados y las manifestaciones de sus dirigentes, el TEDH concluye que sus fines ofrecen en conjunto la imagen clara de un modelo de sociedad netamente contrario al de una sociedad democrática: instrumentos en la estrategia de ETA, alimentan un clima de confrontación social -un clásico del totalitarismo para destruir la confianza de la sociedad, la propia posibilidad de un gobierno democrático- y completan políticamente la acción terrorista. Los partidarios de Batasuna y sus defensores en el proceso dicen que la prohibición demuestra la baja calidad de la democracia española. Claro, cabe preguntarse qué calidad tiene una democracia cuyos empresarios y concejales, periodistas y jueces, profesores y militantes democráticos tienen que llevar escolta, arrodillarse ante sus coches por si hay una bomba, interpretar pintadas y campañas por si están 'señalados' y tienen que emigrar o jugarse la vida.

La amenaza no es una exageración, los terroristas han asesinado a ingenieros y guardias civiles, a militares y gente que hacía la compra, a sus hijos cuando les acompañaban o dormían en su casa. La sentencia quizá ayude a los amodorrados entre el 'qué horror los crímenes y qué bien los votos' a preguntarse qué sería de ellos en un Estado libre asociado como el de Irlanda en los años 20, regido por pistoleros de ETA o sus portavoces de peinado a tazón y pendiente; a decidir si prefieren la ilusión de una independencia tecno-folclorista o la realidad de una autonomía privilegiada en un país decente que no tiene ganas, medios ni posibilidades de oprimirles.

Las sentencias son una alegría para quienes saben que la democracia debe defenderse con el Derecho: lo que hace España de manera ejemplar desde hace muchos años, con un consenso social enorme. Son un reconocimiento al trabajo de abogados del Estado, fiscales y jueces, a la policía judicial, al Supremo y el Constitucional, que usan la técnica y el modo de razonar del Tribunal Europeo. Es un homenaje al juez Lidón, a Carmen Tagle, a Tomás y Valiente, a los cientos de guardias civiles y policías (también autonómicos) asesinados, héroes -dicen bien la viuda y el hermano del inspector Puelles- de un país que se enfrenta al terrorismo sin haber perdido la cabeza antes ni después del 11 de Septiembre de 2001.

La Ley de Partidos tiene muchos padres, es fruto de un trabajo conjunto que honra al PP y al PSOE. Las sentencias respaldan su colaboración para un Gobierno vasco que se ocupe de lo importante, en la forma actual o en una coalición que nada impide: el ámbito autonómico existe para eso. Los abuelos de la ley son alemanes: la Ley Fundamental germana declara inconstitucionales los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus miembros tiendan a desvirtuar o eliminar el ordenamiento constitucional democrático o a poner en peligro la existencia de la República; su Tribunal Constitucional prohibió en 1952 el Partido Socialista del Reich, nazi, y en 1956 el KPD, comunista, pero no el neonazi NPD en 2002 porque el caso no estaba bien fundado. La ley española, su aplicación por el Supremo y el Constitucional y las sentencias del Tribunal Europeo forman un código negativo de conducta política, de lo que no se puede hacer, de lo que no vale.

La sociedad europea ha aprendido mucho del siglo XX, sabe que debe conciliar la libertad y el pluralismo con la protección de los derechos fundamentales y la propia democracia. Alemania mantiene un sistema educativo atento y crítico, prohíbe actitudes que conduzcan a la deshumanización de los otros, a la violencia social, al nazismo otra vez. En Berlín, los desfiles de los nazis dieron paso primero a manifestaciones de libertad: las de 1953 contra el totalitarismo de la DDR, las que en los 60 cambiaron el silencio sobre el pasado por una democracia exigente, las que hicieron caer el Muro en 1989.

Hoy se manifiestan los partidarios de la música tecno, los militantes de la diversidad sexual, los apolíneos corredores ciclistas y de maratón... Las sentencias del Tribunal Europeo quizá ayuden a que las sombrías procesiones de los que las ven como una catástrofe den paso a maratones de atrevido colorido y txapelas de diseño, sin enemigos inventados, sin creer que sea posible cualquier medio para alejarlos de las propias fantasías. Camus nos enseñó que el germen de la peste nunca desaparece del todo, que los héroes son quienes cumplen con su deber y lo combaten cuando rebrota. Qué gran materia para una educación ciudadana.

Manifiesto por una «Alianza Mundial por la Lengua Española»
Plataforma Hispana 4 Julio 2009

Las restricciones al uso de la lengua española en los sistemas educativos vasco y catalán, la alarma creada en Estados Unidos por la creciente difusión del español, el fomento en USA de un pupurri linguístico llamado «spanglish», la marginación del español en las instituciones europeas... La percepción de un conjunto de agresiones a la libre difusión de la lengua española está dando pie a diversas respuestas que tratan de buscar una actuación contundente y unida. En esa dirección va el manifiesto por una «Alianza Mundial por la Lengua Española», aparecido estos días en la red, y que reproducimos en estas páginas. En él se subraya la idea crucial del español como una lengua universal y mestiza, que no es la lengua de una raza, ni de una nación, ni de un Estado, ni de una religión, ni de una etnia ni de un color, sino la lengua universal de la hispanidad.

«Crece espectacularmente el número de los hispanos ­hispanohablantes­ en los EE UU, merced a la alta tasa de nacimientos (tasa de crecimiento) entre los latinoamericanos. Crece en todo el mundo el interés por el estudio de la Lengua Española como primera lengua extranjera en muchos países de Europa y Asia.
Intelectuales catalanes, encabezados por Albert Boadella, Félix de Azúa, Francesc de Carreras y Arcadi Espada, en un «Manifiesto» denuncian las acciones del nacionalismo catalanista contra el español o castellano y sus hablantes en Cataluña.

Asociaciones culturales y profesores protestan en al País Vasco por la marginación a los profesores de lengua propia o materna Española.

Hace unos días se mandaba el siguiente texto breve a la publicación ‘«El Hispano»: «Ángeles Martínez, en 'El Hispano', periódico que leen los hispanos y latinoamericanos –y otros hispanohablantes–, inmigrantes en España, pide en un escrito reciente, unidad de los hispanos, en su carta. Pero en cambio parece que se alegre de que se inventen el "spanglish", un popurrí de español e inglés, entre los hispanos y latinos de los EE UU. Nosotros no nos alegramos.

Si algo une hoy a 400 millones, ahora 550 millones ( de hispanos y latinos en el mundo ) es la lengua. Nuestro español. Porque no formamos una raza, ni una etnia, ni una única nación o Estado, ni tenemos sólo una religión (somos y hay católicos, protestantes, ortodoxos, judíos, algún budista, algún hinduista, algún musulmán...); ni una etnia ni un color (hay mulatos, mestizos, cobrizo, negros, blancos...).

Todos los latinoamericanos del mundo, junto con los españoles y los hispanos de los EE UU (más tal vez los que hablen español en Filipinas, Guinea Ecuatorial, Sahara Occidental...) formamos esa gran latinidad, esa gran comunidad hablante: La Hispanidad. Somos los hispanos del mundo. No hay otra. Nuestra unidad e identidad nos viene de la Lengua Española. Nuestra Lengua. La que hablamos. Sin ella, no seremos nada". Un Hispano".

Desde algunas Autonomías, sectores nacionalistas no-castellanohablantes en España, quieren y pretenden imponer en toda España el criterio, el pensamiento «políticamente correcto», de que los españoles lo que tenemos que hacer es ponernos a estudiar muchos idiomas extranjeros, dos, tres, cuatro... lenguas, como la forma mejor de integrarnos en el mundo que viene.

¿Como los holandeses? ¿Como los finlandeses? ¿Como los suecos, polacos, húngaros, daneses o estonios? ¿Pero no es el Español una de las grandes lengua del mundo? ¿Entonces?

Los sectores nacionalistas españoles no-castellanohablantes quieren oscurecer la dimensión internacional y mundial del español, poniendo en primer lugar su lengua regional, para luego predicar la necesidad de «tres lenguas» internacionales: español, francés e inglés. Es una estrategia muy elaborada.

Su pretensión es la de, sin duda, negar el bilingüismo real de esas Comunidades y el hecho de la existencia de los hispanohablantes en la regiones bilingües de España. Y minimizar la fuerza real del español y sus hablantes. ¿Es esta la estrategia adecuada para 400 millones , hoy 550 millones, de hispanos, de hispanohablantes en el mundo? ¿Porque lo digan y pretendan así las minorías españolas que no tienen el español como su primera lengua, materna, propia y habitual?

A poco que lo meditemos, llegaremos a la conclusión de que no.

Lo que los hispanos e hispanohablantes del mundo debemos hacer en primer lugar es potenciar cada vez más el español o castellano.

Lo segundo que debemos hacer es exigir de nuestros veinte Estados Nacionales del mundo hispano que se unan para conseguir que el español ocupe efectivamente su lugar en el mundo, en las relaciones internacionales y en todos los foros mundiales, continentales y regionales o zonales del mundo.

Lo tercero, apoyar a los hispanohablantes de los EE UU, de Filipinas, de Guinea Ecuatorial, el Sahara Occidental, el norte de África….

Los hispanohablantes debemos vertebrar un « pensamiento fuerte» hispano a nivel mundial, que ponga el español y su cultura en el centro de todo.

Alrededor del español y de la cultura en español, podemos y debemos enriquecernos y enriquecer nuestro patrimonio común con las lenguas menores de la Hispanidad, que son también nuestras, en España y en América, y luego con otras lenguas extranjeras.

No seguir este orden significa en todo caso abdicar torpemente de nuestro mejor patrimonio, de nuestra lengua universal, y renunciar de forma insensata a ser algo grande y fuerte en el mundo. Algo respetable y respetado en el concierto de las naciones. Una Alianza Mundial por la Lengua Española de los ciudadanos y ciudadanas, de los gobiernos y de los Estados Nacionales del mundo Hispano, de la Hispanidad: España, América latina hispanohablante, los Hispanos de los EE UU de América, los hispanohablantes de Filipinas, de Guinea Ecuatorial, del Sahara Occidental, del Norte de África, de Israel, etc. Esa debería ser la respuesta:

-Que vertebre un «Pensamiento fuerte» hispano a nivel mundial que ponga el español y su cultura en el centro de todo.

-Que alrededor del español y de la cultura en español, quiera enriquecerse y enriquecer su patrimonio común con las diversas lenguas menores de la Hispanidad, que son también nuestras, en España y en América.

-Que luego, y sólo después, incorpore bajo estas premisas otras grandes lenguas a nuestros niños y estudiantes en la hispanidad. Las otras grandes lenguas extrajeras.

-Que se proponga coordinar los esfuerzos de los hispanos e hispanohablantes del mundo, esfuerzos que debemos hacer en potenciar cada vez más, y en primer lugar, el español o castellano y su expansión en el mundo.

-Que se proponga exigir de nuestros veinte Estados Nacionales, y de los Gobiernos de todos los niveles, que se unan para conseguir que el español ocupe efectivamente su lugar que le corresponde en el mundo, en las relaciones internacionales y en todos los foros mundiales, continentales y regionales o zonales del mundo.

Convocamos pues, a los hispanos de España, de América, del mundo, a esta hermosa y gran tarea. Vale la pena.»

Junio de 2005
Plataforma Hispana
«La Hispanidad»

Eduardo de Prado Álvarez .
(*) Por repeto a don Albeto Buela, donde dice 400 millones, hoy, julio de 2009, debe decir 550 millones.
Madrid, 2 de julio de 2009.

Eduardo de Prado Álvarez, de Villalmonte, León, España (“Eduardo de Villalmonte”) es uno de los principales activistas y defensores de los Derechos Humanos de los niños y hablantes Castellanohablantes, derechos conculcados en varias Zonas del actual Reino de España de Don Juan Carlos I de Borbón, régimen llamado de 1978 o de las Autonomías, pero Confederal en lo educativo y cultural. Defensor de la Hispanidad y del espacio de la Hispanidad, su concepto y su ámbito, en España, Hispanoamérica, Iberoamérica y toda América Latina; Estados Hispanos de los EE UU e Hispanohablantes de los USA, norte de África, Guinea Ecuatorial, Sahara Occidental, Filipinas, Israel (Sefardí, castellano antiguo). Defiende un ámbito de la Hispanidad, que pueda incluir la Lusofonía (Portugal, Brasil, Angola, Mozambique…)

Es el principal Impulsor del Manifiesto por una "Alianza Mundial por la Lengua Española" (AMLE) del año 2005. Publicado.

Por ello ha sufrido y padecido diversas consecuencias sociales y politicas perjudícales de todo tipo, en ámbitos hostiles a España y lo español y su Lengua, dentro de “la actual España”.

Gasto
Un techo de papel
José T. Raga Libertad Digital 4 Julio 2009

No se trata de evocar a aquel techo que daba cobertura a "mi casita de papel", que tan gratos recuerdos proporciona a los que militamos ya en la edad avanzada, por decirlo con cierta benevolencia o, dicho de otro modo, a los ya viejos o ancianos. Aquella canción tan popular y armoniosa hacía las delicias de propios y extraños y buena prueba de ello es que sigue apareciendo en escenarios y actuaciones musicales, aportándose nuevas versiones, para beneplácito de grandes y pequeños.

El techo de papel al que hoy me refiero, lejos de invitar al deleite, nos sume en la más profunda depresión. El techo es el de la Nación española en su dimensión financiera. Un techo frágil, resquebrajado, parcheado y sin tejado que le proteja. Un techo, el del límite del gasto público, que cuanto más se eleva menos cobertura proporciona al habitáculo. Un techo proclive a los desprendimientos, de aquí la inseguridad para los que viven bajo él, y que precisa de grandes recipientes en el suelo para recoger el agua de sus filtraciones. De hecho, la Nación vive dos vidas bien diferentes: la oficial, resguardada por las verdades formales, y la real que vive de las filtraciones que se recogen en los recipientes de los medios de comunicación.

Una cosa tenemos muy clara: a medida que el techo se desplaza hacia arriba, los que vivimos bajo el techo empequeñecemos progresivamente, pues, el primero sólo se eleva por la reducción en la estatura de todos los demás. El espectáculo, de hecho, no puede ser más deprimente: al tiempo que vemos adelgazar nuestros bolsillos, comprobamos cómo engorda el bolsillo del sector público (administración central, administraciones autonómicas, municipales, etc.). Y dirán ustedes que no tiene ninguna lógica que uno engorde a base de adelgazar a los demás. No puedo estar más de acuerdo, aunque lo que ocurre es que los que deciden engordar tienen un poder que no existe en los que adelgazan. ¡Qué le vamos a hacer!

De vez en cuando, surge una voz disonante que, como tal, parece ser el resultado de una apelación a la responsabilidad. Una voz que exclama con un ¡basta ya! a ese atropello económico urdido por el Gobierno revestido del poder de imperio del Estado. Ha sido el Senado el que, en esta ocasión, ha rechazado la pretensión del Gobierno y de la Cámara Baja de elevar el techo de gasto presupuestario en algo más de un quince por ciento, para el año 2010, cuando el Producto Interior Bruto se prevé que disminuya en no menos de un dos y medio por ciento.

¿Cómo se explica tal pretensión? Si dejan hablar al presidente del Gobierno, les dirá que es por el gasto social que se impone en momentos de crisis. Nada más lejos de la realidad. Crear ministerios como el de la Vivienda, el de la Igualdad... multiplicar el personal contratado por la Administración, para fines no siempre conocidos y mediante fórmulas casi siempre vergonzantes, pues, no creo que nadie se atreva a garantizar públicamente que, en dicha contratación, imperan los criterios de igualdad (ésta es la de verdad, no la de la ministra Aído), mérito y capacidad. Además, en el gasto, hay medidas tan sociales como las embajadas abiertas y que se abren por algunas Comunidades Autónomas en el exterior, o los programas de inmersión, aunque la inmersión se produzca en aguas cenagosas, o los apoyos a alianzas imposibles que sólo pretenden avalar la débil personalidad de quien los formula.

Comprendo su satisfacción por el rechazo del Senado a la pretensión del Gobierno, sin embargo, prepárense porque poco dura la alegría en la casa del pobre. Y en este caso, los pobres somos todos los contribuyentes y, si me apuran, también el Senado. ¿Por qué se le llamará al Senado, Cámara Alta, si su consideración no puede estar más a ras del suelo? Ya ven ustedes cuál fue la reacción inmediata de la vicepresidenta segunda, a lo que se había debatido en la sesión. Convencida de que no iba a tener ningún efecto, porque lo tienen atado y bien atado en el Congreso –que si es el que manda, no sé tampoco por qué se le llama Cámara Baja–, se limitó a decir que "sabemos sumar".

La manifestación, no sé a ustedes pero a mí, me ha producido un gozo tan grande como el que le habría producido a Pitágoras si hubiera tenido la oportunidad de conocerla. Que los políticos y, más aún, los gobernantes, sepan sumar, no es nada que pueda dejarse al margen de una merecida consideración. Y vaya desde estas líneas mi tributo personal a ese conocimiento, que aprecio en lo que significa. Ahora bien, dicho esto, el problema ante el que nos enfrentamos el pueblo español no es el de la capacidad del Gobierno para sumar, sino el inverso: el de restar. Lo que necesitamos de forma imperiosa es reducir el tamaño del sector público, reducir el presupuesto del Estado y de las Administraciones Públicas y, para esto, saberse la primera de las operaciones aritméticas, la suma, no nos es de gran ayuda; necesitamos dar un paso más para que, con un poco de esfuerzo, consiga el Gobierno saber restar. Yo estoy seguro de que lo puede conseguir; cosas más difíciles se han visto.

De todos modos, la vicepresidenta segunda lo tiene un poco más complicado, porque en su estructura mental tiene un sesgo que le dificulta la tarea. Hace unos días, a la hora de explicar el aumento de los impuestos sobre los hidrocarburos, el tabaco y las bebidas alcohólicas, no tuvo el mínimo reparo en afirmar que ante una disminución de ingresos se planteaba como necesaria la consiguiente elevación de los impuestos. Es decir, aplicación de la suma. Si hubiera sabido restar –y ahora lo entiendo todo– se le habría podido ocurrir, también como solución, la reducción del gasto, lo cual, dicho sea de paso, le habríamos agradecido todos los españoles.

Lo contrario es optar por un techo de papel que, como máximo, estimulará a la noble distracción de la papiroflexia. Así que, como somos un país libre –eso al menos decimos– pueden optar por construir, con el papel de nuestro techo, pajaritas o aviones; dediquen a ello su capacidad de elección que, aunque vana, es una elección libre. ¡Cuán diferente sería la vida de una sociedad, si los gobiernos tomaran ejemplo de las familias! Las nuestras, de momento, ya están ahorrando el 7,9 % de su renta disponible, algo así como 4,8 puntos porcentuales más que hace un año; y es que, como oímos a nuestros padres, el horno no está para bollos.

Reclama la comparecencia de Gabilondo para que aclare si la apoya
El PP llevará al Congreso la nueva ley catalana de educación
La Concapa cree que la normativa favorece «la exclusión social de los que no pueden certificar su pureza lingüística».
R. N. La Razón 4 Julio 2009

Madrid- El PP quiere poner al menos en un brete al Gobierno a cuenta de la remozada política lingüística de la Generalitat. Los populares reclaman al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que comparezca en el Congreso para explicar si respalda o no la nueva Ley de Educación de Cataluña, aprobada el pasado jueves en el Parlamento autonómico gracias a los votos de PSC, CiU y ERC.

El PP ha registrado en el Parlamento la solicitud de comparecencia urgente del titular de Educación para que aclare si «respalda o ampara» la Ley de Educación de Cataluña. Su portavoz en esta materia, Juan Antonio Gómez Trinidad, asegura que esta ley «nos aleja de un pacto educativo en España» por varias razones, «además de la sobradamente conocida razón lingüística», porque crea «cuerpos específicos de Cataluña». A su juicio, la normativa «supone una agresión» a los catedráticos, maestros y profesores de Secundaria, entre otros, que dejan de tener la posibilidad de moverse por toda España.

La Ley de Educación de Cataluña (LEC) establece que el catalán es la única lengua vehicular de la enseñanza y no respeta la tercera hora en castellano que fijaba la legislación del Gobierno central.

Por su parte, la Confederación Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) también rechazó la ley al considerar que «impone» el catalán y constituye un «lastre», porque favorece «la exclusión social de todos aquellos que no puedan certificar su pureza lingüística».

Por último, la diputada de UPyD Rosa Díez anunció que planteará «batalla política a fondo» contra esta ley, informa Ep.

MÁS TARDE SÍ LA ABORDÓ EN UN MITIN
Rajoy elude la política lingüística en Cataluña: "No me han preguntado"
Mariano Rajoy no habló de política lingüística durante la rueda de prensa en su primera visita a Cataluña tras la aprobación de la Ley de Educación que prohíbe el castellano. Sánchez Camacho se lo recordó en un susurro: "No me han preguntado", respondió. Más tarde, en un mitin, sí abordó el asunto.
LIBERTAD DIGITAL 4 Julio 2009

En un acto celebrado en Deltebre (Tarragona), Rajoy respondió a preguntas de los periodistas, que se emplearon en intentar averiguar el futuro de Luis Bárcenas. Rajoy hizo alarde de su filosofía de cómo esquivar las piedras y no dio ninguna repuesta.

El líder del PP no hizo alusión a la recién aprobada Ley de Educación de Cataluña que erradica el castellano en esta comunidad autónoma. La presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, intentó recordárselo antes de que se cerraran los micrófonos. "No me han preguntado", le contestó Rajoy.

No obstante, el presidente de la oposición sí hizo referencia en un mitin posterior a la política lingüística de Cataluña. Según informa Efe, Rajoy dijo que defenderá el derecho de los padres a "educar a sus hijos como crean mejor" y puso a Galicia, gobernada por el PP, como modelo a seguir frente a Cataluña.

Rajoy consideró que es "malo hacer una ley en un tema tan importante como es la educación con una gran división social". En Galicia, recordó Rajoy, el gobierno autonómico popular ha iniciado una serie de encuestas en el mundo educativo que afecta a profesores y padres. "Allí todo el mundo puede opinar y eso es más razonable y sensato, para que todo el mundo pueda estar a gusto", afirmó el líder del PP.

Para el dirigente popular, "lo más terrible" de la situación del mundo educativo es que "no se está hablando de lo más importante, que es la calidad de la educación". Por ello, el presidente del PP reclamó "diálogo, acuerdo y sentido común" porque, se preguntó, "si la lengua convive en la calle, en la cultura y en los medios de comunicación, ¿por qué no puede hacerlo en la escuela?".

PROBLEMÁTICA LINGÜISTICA
IU ve posibilidades de llegar a un acuerdo en la ley de lenguas
El portavoz parlamentario Adolfo Barrena se muestra optimista para sacar adelante la propuesta impulsada por el PSOE, en solitario.
N. A. M. Heraldo de Aragón 4 Julio 2009

¡El PSOE podría encontrar un aliado pronto para su propuesta de ley de lenguas. IU manifestó ayer su voluntad de llegar a acuerdos en torno a este texto. Es más, su portavoz parlamentario, Adolfo Barrena, aseguró que "existen posibilidades" para que su formación apoye esta ley.

Barrena aseguró que la ley de mínimos presentada por los socialistas permite pensar "que puede haber una ley de lenguas en esta comunidad". No obstante, dejó claro que para respaldarla, se deberán incorporar una serie de propuestas propias que habrá que negociar y que no quiso desvelar, por ahora. "El texto está en dirección adecuada. Hay bastantes puntos de acuerdo, pero también matices que deberán centrar las negociaciones", explicó Barrena, que celebró que "se abra la posibilidad de resolver este problema".

El portavoz de IU, al igual que el portavoz del PSOE, Jesús Miguel Franco, durante la presentación de la iniciativa, instó a todos los partidos a sumar el mayor número de votos.

Por su parte, CHA es el único partido que aún no se ha pronunciado sobre el contenido de esta propuesta de ley de lenguas. Solo ha criticado que se haya presentado por el PSOE en solitario y no como un proyecto de ley del Gobierno de Aragón.

Los socialistas presentaron el jueves en el registro de las Cortes su proposición de Ley de Uso, Protección y Promoción de las Lenguas Propias de Aragón, que reconoce el catalán y el aragonés como "lenguas propias e históricas" de la Comunidad, aunque no su cooficialidad con el castellano, única lengua oficial del territorio. Además, se caracteriza por la voluntariedad en el uso de estos idiomas tanto en los ámbitos públicos, como de la enseñanza y de la administración para "aquellos municipios en los que su utilización sea históricamente predominante".

El PAR y el PP, de momento, han manifestado su rechazo al texto. Los aragonesistas, socios de gobierno en el Pignatelli, se oponen a la denominación del catalán como lengua propia y apuestan por que sean los ayuntamientos los que decidan los nombres de las diferentes modalidades lingüísticas. El comité intercomarcal de Teruel acordó ayer respaldar esta postura y la de no presentar un proyecto conjunto con el PSOE.

El PP, por su parte, considera que esta norma es "innecesaria y una cortina de humo" y criticó la "falta de responsabilidad" de los socialistas de llevar "una norma tan sensible y complicada en solitario". No obstante, se abre este verano un periodo de negociación que se oficializará en septiembre.

 

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TRIBUNA / ESTADO AUTONÓMICO
El Senado y el paletismo lingüístico
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 4 Julio 2009

TRAS LA DERROTA y consiguiente impotencia del ejército francés, en su intento fallido de conquistar Moscú en 1812, las críticas y vituperios contra Napoleón, vencedor de Austelirtz y de Marengo, entre otras batallas, no se hicieron esperar. La humillación que había sufrido, tras las continuas alharacas y elogios a los que estaba acostumbrado, hizo que escribiera una carta a su embajador en Varsovia, en la que incluía una frase que después se ha hecho popular: «De lo sublime a lo ridiculo no hay más que un solo paso».

Pues bien, en un sentido laxo ésta es la frase que habría que aplicar a lo que esta ocurriendo en España con las diferentes lenguas territoriales, en relación con el castellano o español, lengua común y obligatoria para todos lo que posean la nacionalidad española, según lo expuesto en el artículo 3.1 de la Constitución. No voy a entrar aquí en los intentos de excluir la enseñanza en castellano de algunas Comunidades Autónomas que tienen una lengua propia. El debate, con la complicidad de los sucesivos gobiernos nacionales y del cada vez más desprestigiado Tribunal Constitucional, seguirá desgraciadamente todavía durante varios años. Por el momento, Cataluña acaba de aprobar una ley inconstitucional, basada en un Estatut inconstitucional, con la que se quiere establecer el monolinguismo en Cataluña

Ahora bien, nadie sensato dudará de que España es un país con una lengua común en todo el territorio nacional, pero en el que también existen, en algunas Comunidades Autónomas, otras lenguas que hay que amparar y fomentar, pero siempre en el marco de un bilingüismo no igualitario, que enriquece sin duda a los habitantes de esos territorios. Pero digo que el bilingüismo no puede ser nunca igualitario, porque la Constitución establece que « el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». El precepto es claro, pero goza de algunos incovenientes, producto de los complejos de culpabilidad que muchos españoles tenían con respecto a la política lingüística del franquismo, cuando se perseguía a las lenguas y culturas que no eran la del Imperio.

Lo lógico, por lo demas, habría sido, que dicho artículo hubiese expresado claramente que el castellano o el español, era la lengua «nacional» de España, pero nuestros constituyentes afectados por ese síndrome que he señalado, sólo mencionan a España como nación en dos ocasiones: en el Preámbulo y en el artículo 2. Nada más, ni nada menos, pero lo suficiente para que se deduzca que el castellano o español es la lengua nacional de toda España, mientras que las otras lenguas españolas son sólo «cooficiales» en su respectivos ámbitos culturales o territoriales. No existe, por tanto, ninguna duda de que en las instituciones del Estado central, la lengua que se debe utilizar es únicamente la «nacional», puesto que todos la conocen, mientras que en las instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan otras lenguas, se pueden utilizar indistintamente las dos, la nacional y la propia de la Comunidad, cuando así sea.

Esto es lo que dice la Constitución y lo que debería haber sucedido en un país serio y moderno, pero en cambio no ha sido así. Se piensa que el castellano se convirtió en la lengua del Estado (que no de la Nación), por imposición de los gobiernos centralistas y que, por tanto, en las Comunidades Autónomas con lengua propia, ésta debe ser la que se imponga a la lengua centralista, reflexión que roza los límites de la estupidez humana. España como Nación, tiene una lengua nacional, lo que facilita la comunicación de todos los españoles, sean de dónde sean, pero es que el castellano ya no es la lengua de Castilla, sino que enriquecida por aportaciones de las otras lenguas españolas y por contribuciones de los más de 20 países que también la hablan, es ya una lengua universal, y no sólo nacional. Pero los políticos, sobre todo los nacionalistas, tienen los ojos en la nuca y no en la cara, y no son capaces de darse cuenta, en contra de los intereses de los ciudadanos, de la ventaja que tenemos los españoles en este sentido respecto a otras naciones.

Por eso, cuando en el Senado se reformó su Reglamento el 4 de julio de 2005, como concesión a los nacionalistas, aunque ya había algún precedente en reformas anteriores, se incluyó un artículo que dice asi: «Las intervenciones que se produzcan en las sesiones de la Comisión Genaral de las Comunidades Autónomas podrán realizarse en cualquiera de las lenguas que, con el castellano, tengan el carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía. En el diaro de Sesiones se reproducirán íntegramente en la lengua en que se hayan realizado y en castellano». Artículo con el que el Senado dio le petit pas, que conduce de lo sublime a lo ridículo, porque puede resultar sublime proteger todas las lenguas españolas y usarlas voluntariamente en cada una de las Comunidades Autónomas que posean una propia, pero tener que recurrir a intérpretes para debatir en el Senado, una de las Cámaras de las Cortes que representan a todo el pueblo español, al usar alguna de las otras lenguas españolas, fuera de su ámbito de vigencia y oficialidad, no es sólo inconstitucional, sino, lo que es peor, es francamente rídiculo, por las siguientes razones.

En primer lugar, si la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del Estado (de la Nación, en suma) y que todos los españoles tienen el deber de conocerla, los primeros que están obligados por este mandato son los políticos, procedan de cualquier región o nacionalidad, porque todos ellos representan al pueblo español. A continuación, porque el artículo 9.1 de la Carta Magna, establece que los poderes públicos están sujetos a la Constitución y, en este punto, como hemos visto, el mandato constitucional es meridiano. En tercer lugar, porque el artículo 3.2, afirma igualmente, de manera indiscutible, que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autómas», pero sólo en cada una de ellas, luego fuera del territorio propio dejan de ser oficiales, para pasar a serlo, únicamente, el castellano, que es la lengua nacional y por medio de la cual nos entendemos todos los españoles hasta nuestros dias.

Pero el futuro, si continúan estas concesiones aberrantes a las lenguas autónomicas que las convierten en predominantes, será bastante desalentador, ya que habrá que viajar por España acompañados de un intérprete, cuando los que vivan en Cataluña sólo hablen y entiendan el catalán, los vascos sólo el euskara, y así sucesivamente... En ese momento, si todavía existe una sola Nación, sí serán nececesarios los interprétes, porque desde ahora, con la nueva Ley de Educación, los niños catalanes sólo estudiarán catalán en todos los niveles de la enseñanza.

POR ENTONCES, ya no regirá la Constitución española en todo el territorio nacional, en parte gracias también al empujón que puede suministrar el Tribunal Constitucional con la próxima sentencia sobre el Estatut, que es ya merecedora de los peores presagios, cuando, como ocurría en el franquismo, se está esperando a hacerla pública en el mes de agosto, todos tumbados al sol o a la sombra. Pero esta babelización de España, comenzada por los gobiernos nacionalistas de algunas Comunidades Autónomas, ha sido consagrada por el Senado, en donde ya existen contratados 25 intérpretes, de acuerdo con una curiosa categoría de «fijos discontinuos», que trabajan con gastos pagados, cuando el Senado los convoque, según han explicado, en una magnífica crónica en este periódico, R. Martínez Simancas y J. Gómez.

En definitiva, todo este batiburrillo de las lenguas, mal organizado y peor desarrollado por los diversos gobiernos nacionales, tanto de derechas, centro o izquierdas, lo que han conseguido es que nuestros jóvenes hablen cada vez peor una lengua que les serviría para viajar por el mundo, mientras que, al mismo tiempo, tampoco acaban de dominar la lengua propia de su Comunidad Autónoma. Por ello, hay que repetir que el progreso de un país es inverso a sus tendencias tribales, porque las sociedades más tribales son las menos democráticas y modernas, y las más arbitrarias.

De este modo, los nacionalismos en España son sobre todo tribalismos, con un culto a un pasado, casi siempre inventado, que va en contra del progreso. En consecuencia, lo que establece el citado artículo 3 de la Constitución, en su apartado tercero, esto es, que «la riqueza de las distintas modalidades lingüisticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto o protección», no puede significar en absoluto que exista necesidad de recurrir a intérpretes en el Senado, cuando todos los españoles están obligados, empezando por los políticos, a conocer el castellano o español, que es la lengua nacional. Pues si seguimos por este camino, acabaremos haciendo lo de aquel paisano que asó la manteca.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.
 

La tercera hora
LAURA CAMPMANY ABC 4 Julio 2009

El castellano, bien aprendido y mejor usado, da para mucho. Para cantar las gestas de los antiguos héroes, para «fablar» con el vecino, para traerse a estos páramos los endecasílabos de Petrarca, para describir el despecho de un cíclope, para narrar las nunca vistas andanzas del más chiflado de los caballeros, para evocar oscuras golondrinas, para decir el mar con su oleaje o mandar esemeses con los d2. Pero en Cataluña, según el Parlament, no da ni para tres horas lectivas a la semana. En poco me lo tasáis.

No parecen tener los promotores de la LEC mucha confianza en la lengua que auspician si han de blindarla mediante consensos oportunistas y normativas pirata frente a su muy desguarnecido competidor. Se pensarán que así, dejando al viejo castellano en cueros vivos, van a acabar con él, como un Goliat que, para variar, venciera a David. Querrán dejarlo imposible para vos y para mí, pero yo me temo que lo único que conseguirán es que cada día más gente le haga un hueco en el alma, que es la Valencia de los desterrados.

A base de prohibiciones, vamos a acabar creando una comunidad sefardí dentro de nuestras fronteras. O a lo mejor de este ejercicio de inmersión lingüística nace un idioma nuevo, una especie de mozárabe: el de los catalanes que hablen castellano en la intimidad. Ya me imagino a los kiosqueros de las Ramblas vendiendo libros de Miguel Hernández de tapadillo, como en la posguerra, y a los niños jugando a hablar como en España. Olvidan los Montillas y Mases del momento que no hay quien mida en horas las palabras.

Metástasis en el País Vasco
Editorial ABC 4 Julio 2009

SI algo demuestran las conclusiones del último Euskobarómetro es que el nuevo Gobierno presidido por el socialista Patxi López va a encontrar aún más dificultades de las que eran previsibles para dotar de estabilidad política y social al País Vasco.

El dato de que seis de cada diez vascos no comparten el pacto alcanzado entre el PSE-EE y el PP para impedir que los nacionalistas monopolicen el poder una legislatura más, y el hecho de que prácticamente la mitad de los consultados dude de la legitimidad de la nueva mayoría, hacen prever que la tarea de adaptación a un Ejecutivo por fin constitucionalista va a ser ardua y muy compleja. Más aún con la despechada y combativa conducta demostrada por el PNV desde el mismo instante en que comprobó que la suma de los votos de socialistas y populares pondría fin a casi treinta años de exclusividad, privilegios y clientelismo.

Sólo dos de cada diez vascos apoya abiertamente el vigente acuerdo de gobernabilidad, y aunque los números cuadren a la hora de aprobar leyes, es una cifra raquítica que sigue reflejando el estrabismo político de una parte importante de la sociedad vasca, incapaz de admitir -ideologías legítimas al margen- que los graves errores y el desgaste del nacionalismo en Ajuria Enea ya eran inasumibles porque ese camino sólo conducía al abismo de un soberanismo imposible. La sociedad vasca continúa profundamente dividida y, según el Euskobarómetro, una importante mayoría no parece dispuesta siquiera a dar muchas oportunidades a su primer Gobierno no nacionalista. Sin embargo, el tiempo debe correr a favor del lendakari López a la vista de que, si semanas atrás el CIS atribuía a un escaso 10 por ciento el respaldo ciudadano al nuevo Gobierno, ahora el Euskobarómetro lo eleva al 20 por ciento.

Es un avance insuficiente, pero un avance, en cualquier caso, que debe mover a López a rearmar al País Vasco en tres ámbitos: políticamente, con la presencia incondicional del lendakari en las instituciones, poniendo fin de modo irreversible a los caprichosos vetos y los chantajes de Ibarretxe; simbólicamente, con la recuperación en las calles y en las sedes oficiales de todos los símbolos constitucionales que el nacionalismo ha despreciado a conveniencia durante años, incumpliendo sistemáticamente sentencias firmes del Tribunal Supremo; y anímica y socialmente, en la conciencia de que la mejor manera de perder el miedo a ETA es precisamente acabar con ETA.

Sin embargo, esta labor de concienciación no será fácil en una sociedad anestesiada por demasiados años de imposiciones nacionalistas trasnochadas, de amenazas y de humillantes cesiones a ETA. No en vano, son casi seis vascos de cada diez los que aún consideran contraproducente para su futuro la exclusión de la izquierda proetarra de las urnas y las instituciones, y -más llamativo aún- son ocho de cada diez los que abogan por una negociación entre el Gobierno y ETA, esté o no condicionada a una declaración previa de abandono de las armas. Es la evidencia de que queda mucho por hacer contra esta metástasis que hasta ahora el nacionalismo se había encargado de extender en sumisa complicidad con los terroristas. La legitimidad democrática del nuevo Gobierno vasco está fuera de toda duda y en ella ha de residir el invasivo tratamiento para que la metástasis del miedo a un futuro más libre quede erradicada.

El Gobierno vasco ordena a los municipios eliminar cualquier foto o pintada de la banda
Cobrará los gastos de limpieza a los que incumplan la norma
Tolerancia cero con la simbología etarra
Iker Moneo La Razón 4 Julio 2009

VITORIA- Tolerancia cero con toda la cartelería de apoyo a ETA en los municipios vascos y exigencia máxima a los ayuntamientos que no colaboren en su retirada. Lo dejó así de claro el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, quien advirtió de que su Departamento se encargará de eliminar los carteles, fotos y pintadas de ETA en caso de que los ayuntamiento se nieguen a hacerlo. Eso sí, precisó, les cargarán los gastos de limpieza. El primer caso lo puede protagonizar la localidad vizcaína de Lekeitio, gobernada por el PNV, a la que se le ha concedido un plazo de 24 horas para que erradique los símbolos relacionados con la banda terrorista. Ares, que recordó que este requerimiento lo cumplió la alcaldesa de Mondragón (ANV), explicó que el Ayuntamiento de Lekeitio ha respondido que esta actuación le corresponde al Departamento de Interior. «No voy a aceptar excusas», zanjó ante dicho argumento.

En una entrevista en Radio Euskadi, el mismo día en el que la bandera española, junto a la vasca y la europea, ondeó por vez primera en el exterior de la sede central del Gobierno vasco, el consejero indicó que se ha propuesto eliminar todo tipo de iconografía relacionada con ETA para cumplir la Ley de Víctimas del Terrorismo, «que establece con toda claridad que eso no puede tolerarse». Y dijo que este cometido lo desempeñará «con profesionalidad, cuidando la seguridad de quienes tienen que retirar este tipo de carteles» para acabar con la impunidad. Entretanto, prosigue la labor de la Ertzaintza en este sentido. Ayer agentes de la Policía vasca entraron en la «herriko taberna» del casco viejo de Bilbao para retirar las fotografías de los presos de ETA presentes en el local.

Según informó el Departamento de Interior, poco antes de las 11 de la mañana varios efectivos que estaban «escoltando» a un grupo de trabajadores municipales de la limpieza que borraba unas pintadas en la calle Ronda, se percataron de que en el interior de la «herriko taberna» había una serie de fotografías y pancartas que podrían llegar a ser constitutivas de un delito de enaltecimiento del terrorismo. De esta forma, los agentes accedieron al local para proceder a retirar las imágenes de los presos etarras e identificaron a las cinco personas que se encontraban en el interior en ese momento, sin que se registrase ningún incidente. Por otro lado, en la noche del miércoles varios radicales lanzaron dos cócteles molotov contra una sucursal de la Kutxa en Andoain (Guipúzcoa), que sufrió graves daños materiales en el cajero automático.


 

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