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Recortes de Prensa    Domingo 5 Julio 2009

 

Agresión al castellano en Cataluña
Editorial ABC 5 Julio 2009

CUANDO un presidente del Gobierno jura o promete guardar y hacer guardar la Constitución no se trata de una fórmula ritual sino de un compromiso político y jurídico que está por encima del oportunismo y las conveniencias coyunturales. De ahí que sea inaceptable la actitud de Rodríguez Zapatero ante la Ley de Educación aprobada por el Parlamento catalán con el voto favorable de socialistas y nacionalistas. La vulneración de los derechos de los ciudadanos y el desconocimiento del castellano como lengua común a todos los españoles no puede ser analizada desde una perspectiva partidista. El presidente incumple sus obligaciones cuando mira para otro lado en un asunto tan grave porque prefiere mantener una supuesta «paz social» y criticar el «empeño» en hacer batalla política del bilingüismo. Es notorio que el PSOE tiene serias dificultades para sacar adelante la financiación autonómica y que no puede arriesgarse ahora a una rebelión de los diputados del PSC, al tiempo que le interesa mantener abiertos los cauces para un acuerdo con CiU en el Congreso. Sin embargo, el interés particular de un partido político en apuros para completar mayorías parlamentarias nunca puede justificar la pasividad del Ejecutivo y la permisividad del presidente, puesto que la propia Constitución exige que el Gobierno garantice la igualdad de derechos y deberes de los españoles en todas las partes del territorio nacional.

Mientras el TC se eterniza en las deliberaciones sobre el estatuto catalán, la realidad de los hechos desborda ya los posibles efectos de la sentencia. En este contexto, el PSOE prefiere no echar leña al fuego y deja hacer a los partidos catalanes porque necesita votos para una supervivencia política cada vez más complicada. Lo peor de todo es la insistencia en negar la realidad, haciendo creer que en Cataluña existe una «convivencia pacífica» de las dos lenguas y dando por buenas las garantías verbales del consejero de Educación Ernest Maragall. La ley recién aprobada establece, en efecto, que los estudiantes deberán dominar ambas lenguas al llegar a los doce años, pero las buenas palabras no se corresponden con los hechos ya que se elimina sin más la obligatoriedad de la tercera hora de castellano. Ello supone una discriminación para sectores muy amplios de la población y una invasión de las competencias del Estado, profundizando así en la fórmula confederal que altera el modelo territorial sin modificar la letra de la Constitución. Por eso los promotores de la norma hablan de «la ley más importante de la legislatura», hasta el punto de que la búsqueda de acuerdos con CiU ha sido prioritaria sobre las desavenencias internas del tripartito.

Desde la pasada legislatura, la falta de criterio en materia de organización territorial del Estado pasa factura a todos los españoles. No es aceptable que un gobernante ponga en primer plano sus intereses oportunistas cuando están en juego competencias estatales y principios básicos para vertebrar la convivencia en todo el territorio nacional. El castellano es una lengua de dimensión universal, en plena expansión internacional cuya convivencia natural con el catalán responde a la realidad histórica y sociológica. Es muy grave que en una materia tan relevante el Gobierno de España haga dejación de su responsabilidad por razones oportunistas.

La ley catalana debe ir al Tribunal de Estrasburgo
ROSA DÍEZ. EL MUNDO  5 Julio 2009

La buena noticia de la semana es la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre Batasuna. Es una gran noticia que en Europa haya quedado demostrado jurídicamente que Batasuna es una organización terrorista, enemiga por tanto de la democracia española, y que ésta tiene no sólo el derecho, sino la obligación de utilizar todos los instrumentos a su alcance para defender los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos. «Necesidad social imperiosa de disolver Batasuna»; éstas han sido las palabras exactas del más alto tribunal europeo que dictamina sobre derechos humanos. No puedo sentirme más reconfortada por ellas, y más reivindicada, por qué negarlo.

Éramos muy pocos los que en su día defendíamos la necesidad de una ley que protegiera nuestros derechos, que protegiera la democracia contra los que querían liquidarla. Éramos muy pocos los que no teníamos miedo al posible victimismo de los batasunos; muy pocos los que decíamos públicamente que les preferíamos víctimas que verdugos. Pues aquí está la sentencia que nos da la razón también en lo legal; porque lo político estaba claro para todos nosotros. Incluso estaba claro para algunos de los que, aduciendo dudas legales, se negaban a poner en marcha la Ley de Partidos precisamente porque, en el fondo, preferían una ETA con la que poder negociar políticamente. Bien está lo que bien acaba. Y bienvenidos sean todos los padres sobrevenidos de la ley. Dice Iñaki Gabilondo que Aznar tenía razón; qué manía la de estos tipos de la progresía oficial de dar la razón a los príncipes pero negársela a los obreros... Aznar tenía razón, sí; y todos aquellos a los que negaron la voz y la posibilidad de firmar en el Grupo Prisa, también tenían razón.

La mala noticia de la semana (también tiene que ver con derechos humanos) es la ley que se acaba de perpetrar en Cataluña contra la libertad de elección lingüística. Es un escándalo de dimensiones que aún no se nos alcanzan a ver. Es un escándalo mayúsculo que un Gobierno elegido democráticamente, en pleno siglo XXI, cercene derechos de los ciudadanos que habitan en su territorio; es una vergüenza que lo hagan con el único objetivo de imponer el monolingüismo oficial, la lengua del poder. Es una abominación que el Gobierno de Cataluña, presidido por un socialista, apoyado por antiguos comunistas, nacionalistas independentistas y nacionalistas herederos de la burguesía catalana, mutile derechos de los ciudadanos utilizando la lengua como arma para discriminar y para establecer dos tipos de ciudadanos: los buenos y los malos. Los que se integran (que han de hablar catalán), que son los ciudadanos de primera; y los que no quieren someterse a la imposición, que son aquellos que el Gobierno considera no integrados y son, por tanto, calificados y tratados como ciudadanos de segunda.

Yo creo que tenemos que librar una gran batalla contra este atropello. Una batalla política, pedagógica, ideológica y jurídica. Porque es muy grave lo que está ocurriendo, pero lo es más aún que suceda ante el silencio, complicidad y aquiescencia del Gobierno de la Nación. Y ante la pasividad complaciente de una cierta clase mediática totalmente entregada al poder. No podemos esperar 30 años hasta que el Gabilondo de turno nos diga que, también en esto, éramos nosotros quienes teníamos razón. Porque en ese tiempo habremos perdido dos o tres generaciones y se habrán atropellado con impunidad los derechos fundamentales de millones de ciudadanos. Y la mancha democrática impuesta en Cataluña se extenderá por el resto de España. Y entonces no habrá quien lo pare por las buenas.

Fíjense que ya ha empezado a extenderse el mal sin que haya adquirido apenas categoría de anécdota. Recuerden el espectáculo de la pasada semana en el Senado: había traductores a cinco lenguas españolas cooficiales para que sus señorías pudieran entender las palabras del vicepresidente del Gobierno. ¿Puede haber mayor ataque a la Constitución que el reconocimiento institucional de que es posible que haya un representante nacional electo sentado en el Senado de España que no entienda y hable la lengua común, el idioma del Estado? Éste no es un tema menor. Anuncia el diagnóstico de un país sin estima por sí mismo, en el que se banalizan las cosas importantes, en el que todo vale.

Aún hay quien se rasga las vestiduras cuando decimos que, si se rompe la cohesión, se rompe la España democrática. Hay que empezar a repetirlo. No hemos de tener complejos y hemos de insistir en que la única España que nos interesa es la de la de los ciudadanos libres e iguales ante la ley. Y esa España se construye y refuerza propugnando normas comunes de convivencia entre españoles; actitudes de respeto a las leyes y derechos que éstas proclaman; leyes que reconozcan derechos por igual y para todos, que cohesionen el país, que no levanten fronteras entre los ciudadanos. Esa España constitucional y democrática, unida para garantizar la igualdad de todos los españoles, nos exige que seamos capaces de combatir aquellas leyes y gobernantes que trabajan para mutilar nuestros derechos, romper la igualdad de los ciudadanos ante la ley y negarnos nuestra libertad.

Ya es hora de decir que el bilingüismo significa que los poderes públicos de las comunidades en las que existen dos lenguas oficiales tienen la obligación de ofrecer a sus ciudadanos el instrumento para conocer y aprender a expresarse en ambas lenguas. Pero que no pueden obligar a nadie a hacerlo. Hay que recordar a todos que la Constitución establece, en su artículo 3.1, que «el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». El deber y el derecho. Ni siquiera para la lengua común existe la obligación de usarla. Pero si está amparado el deber de hacerlo, ¿cómo consentir que en Cataluña se obligue a conocer y hablar la otra lengua española que es allí cooficial, el catalán, y se niegue el derecho a educar a los niños en la lengua común de los españoles?

No vamos a callar ante este atropello. Ni vamos a dejar de denunciar la complicidad del Gobierno de España en la gestación y extensión de leyes discriminatorias. Que el presidente Zapatero diga, como respuesta a la ley catalana, que en Cataluña hay paz lingüística es un insulto. Como si el protagonista de la afrenta fuera la lengua y no el político que la utiliza para conculcar derechos a unos ciudadanos frente a otros. Parece como si Zapatero tuviera nostalgia de aquellas campañas con las que se pretendía ocultar la falta de libertad presumiendo de años de paz... Pues yo he aprendido, viviendo 57 años en el País Vasco, que la paz sin libertad no merece la pena. Por eso anuncio que libraremos esta batalla hasta el final.

Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de Unión, Progreso y Democracia.

Nuevo golpe policial a ETA
Editorial ABC 5 Julio 2009

CON la detención ayer en Francia de los etarras Asier Borrero, Itziar Plaza e Iurgi Garitagoitia, las fuerzas de seguridad galas, en estrecha colaboración con las españolas, asestaron de nuevo un duro golpe a la estructura interna de la banda terrorista. En efecto, no sólo se trata de tres de los terroristas más buscados, sino que los expertos en la lucha antiterrorista atribuyen a Borrero un relevante papel directivo en la banda como sustituto de Jurdan Martitegi en el «aparato militar», y las primeras investigaciones apuntan a que los otros dos capturados podrían ser sus «lugartenientes». Es sin duda otra buena noticia en la lucha contra ETA que demuestra que la presión policial no cesa tanto en suelo español como francés y que acredita las dificultades de la dirección de la banda para reorganizarse internamente y reponerse de los varapalos policiales. De hecho, la caída de Borrero supone el descabezamiento de la jefatura de los «comandos» etarras por cuarta vez desde noviembre, fecha desde la que han sido capturados sucesivamente «Txeroki», Aitziol Iriondo y Martitegi.

Sin embargo, conviene reafirmar que no cabe la euforia. Por encima de las dificultades y de la dedicada labor de los servicios de información de las Fuerzas de Seguridad, ETA siempre ha aprovechado cualquier oportunidad, por mínima que sea, para reorganizarse porque dispone de criminales suficientes en la recámara para sustituir a los detenidos. ETA estuvo operativa durante su tregua-trampa hasta el atentado de la T-4 y continúa estándolo hoy. Lamentablemente, el reciente asesinato del policía Eduardo Puelles así lo certifica.

Quien quiera hallar la causa de una menor capacidad mortífera de ETA en la supuesta inexperiencia y juventud de sus sucesivos «jefes» se equivoca. La banda ha demostrado demasiadas veces que mata cuanto y cuando puede. Aun así, es indudable que cuando operaciones policiales como la de ayer fructifican, ETA se resiente. No hay más vías que la policial y la judicial para acabar con ETA y, desde esta perspectiva, cobran sentido las palabras del nuevo consejero vasco de Interior, el socialista Rodolfo Ares, en la entrevista que hoy publica ABC: «Una tregua no cambiaría la decisión de no dialogar con ETA». Ha tenido que producirse un fallido «alto el fuego» trampa para que el PSOE haya rectificado y asumido que la irresponsable negociación de la pasada legislatura no fue sino un ejercicio de obcecada ingenuidad y de imprudencia que el Estado de Derecho no puede permitirse. Desde ayer, ETA cuenta con tres terroristas más en la cárcel y con la certeza de que las Fuerzas de Seguridad no descansan.

Hipocondría y terror
GERMÁN YANKE ABC 5 Julio 2009

No está de más recordar ahora, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de ratificar la sentencia por la que el Supremo ilegalizó Batasuna, que el proceso, iniciado en 2002, fue el primer caso en el que los dos grandes partidos políticos pactaron una iniciativa de calado sin la previa oferta de negociación a los nacionalistas, costumbre que se había convertido en habitual desde el inicio de la Transición. Este modo de actuar producía en muchos un cierto vértigo que no respondía tanto a la prevención legal, una vez aprobada en junio de ese año la Ley de Partidos, sin a los complejos políticos que han venido contribuyendo al auge de los nacionalismos.

La solidez con que el actual presidente Rodríguez Zapatero apoyó entonces al Gobierno de Aznar no fue la consecuencia de verse arrastrado por la corriente, sino el fruto de un convencimiento compartido que se plasmó a iniciativa de los socialistas en el Pacto contra el Terrorismo. Y este no era otro que la constatación de que Batasuna formaba parte de un entramado terrorista. El mismo día en que el Congreso instaba al Gobierno a presentar la demanda de ilegalización, el juez Garzón, basado en numerosas pruebas de aquella pertenencia e identificación, suspendía cautelarmente las actividades de Batasuna. La sentencia del Supremo, respaldada ahora por el Tribunal de Estrasburgo, ratificó después que tanto el juicio sobre los hechos como sobre la legalidad de las decisiones no tenía reparo.

Para Batasuna esto es el fin. El impulso violento de la banda y la ideología totalitaria que la impregna no van a desaparecer con la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque su fanatismo es impermeable a la reflexión y porque, a pesar de algunos ingenuos análisis, no hay nada en su interior que haga posible su autodisolución. Otegi, que no podía sino esperarla, desvía la atención hacia una política global que limita los derechos, pero los tribunales, primero el Supremo y luego el de Estrasburgo, confrontan a Batasuna con la ley precisamente para defender los derechos individuales. El PNV, que, con la ambigüedad precisa para dejar abierta la «acumulación de fuerzas nacionalistas», ha quedado más desairado que nadie: no es «España» el motivo para la ilegalización, sino la ley y la preservación de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Pero volvamos al vértigo. La «justificación» del final dialogado y del «proceso» era historicista, es decir, anteponer el cese de la violencia a la defensa de la ley y las libertades ciudadanas. Si ETA desistía, todo lo que se hiciera en el camino, terminaba justificándose. En ese trecho, la disculpa de la justificación era, en el fondo, el complejo antes citado, la aceptación del argumento del enemigo según el cual la defensa sin tolerancia de la democracia, el grado cero de las contemplaciones con el terrorismo, constituye una suerte de enfermedad del sistema.

No se trata de un exagerado garantismo, sino de hipocondría política, de la concepción infundada de que si se hace presente la violencia, es -o al menos es también- por culpa propia y no exclusivamente por una voluntad criminal con la que hay que terminar. Con ello, con la hipocondría, han contado todos los terrorismos y especialmente el de ETA, al que los pusilánimes y el nacionalismo vasco han ayudado a buscar ficticios conflictos que lo explicarían. Si no han bastado hasta ahora las razones, bienvenido sea el diagnóstico del médico que esta semana ha sido el Tribunal de Estrasburgo: no están enfermos, se defienden con la ley del peor de los virus.

Opiniones de algunos padres sobre la injusta y antidemocrática inmersión lingüística
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 5 Julio 2009

Las opiniones más importantes sobre el tema de la lengua vehicular en los estudios es la de quienes tienen el problema: los padres y los alumnos. En una lucha desigual contra el estatalismo dominante, éstos empiezan a asociarse y a organizarse para defender sus derechos. Pero el camino a recorrer es largo. Los intereses del poder político y de todos los que revolotean a su alrededor, como las moscas van a la miel, no se cambian en dos días. Requieren inteligencia, firmeza, perseverancia y organización. Las asociaciones cívicas que defienden la libertad en una sociedad que se dice democrática, pero que no lo es plenamente, carecen de dinero, locales y medios materiales, pero no de capacidad de trabajo ni de convicción, por ello los liberticidas pueden dar por perdida la batalla. Sus victorias son muy a corto plazo, pero a la larga no prevalecen contra el sentido común y la inalienable libertad de las personas.

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Un japonés en Barcelona

Imagínese que se traslada a mi país, a Japón, con sus hijos en edad escolar. Y escolariza a sus hijos con la ilusión de darles la oportunidad de aprender japonés. Y al escolarizar a sus hijos se encuentra con que todos los colegios imparten clase en una lengua regional japonesa (también tenemos lenguas regionales, como en casi todos los países). Y que no encuentra ningún colegio con el japonés como lengua vehicular.

Supongo que usted, atónito, preguntaría por qué no existen colegios con la lengua oficial común del Estado. Y le cuentan algo sobre que hay que proteger no sé qué y que es una especie de revancha contra no sé quién que hizo que hace más de 50 años esa lengua regional estuviera perseguida. Y usted sigue sin entender por qué no puede elegir en Japón una educación en la lengua oficial común del Japón, el japonés.

Pues bien, esto me ha ocurrido en Barcelona, donde actualmente no hay ningún colegio con español como lengua vehicular. Ni público, ni concertado, ni privado.

En mi país, todo el mundo entendería que usted no tuviera ningún interés en que sus hijos aprendieran una lengua regional de mi país, pero sí japonés. Y aquí en España, ¿entienden que nosotros queramos aprender español y no catalán?

Atsushi Fukazawa. Barcelona
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Una madre desesperada
Pues ése es el problema: que aunque la Constitución establece que todos tenemos el derecho a usar el castellano, y aunque los padres tengamos el derecho a elegir entre las lenguas cooficiales cuál queremos que sea la vehicular en el colegio, aquí no se cumple.

Imagínese cómo me siento al ver a mi hijo, que parece tener un nivel de inteligencia medio-alto, sintiéndose un fracasado y perdiendo las ilusiones que tenía en los estudios. Y ello por no dominar el gallego. Y es que al no dominar el gallego, le cuesta muchas horas estudiar en dicha lengua, estudiar las matemáticas o las ciencias o la geografía a golpe de diccionario, dejarse preguntas en blanco en los exámenes por no entender lo que le están preguntando, o ver sus respuestas tachadas en rojo porque se le escaparon palabras o frases en español...

Cuando hay examen sale de casa con todo bien aprendido, pero en vez de sacar un 10 saca un 6. Sacaría un 10 con el mismo examen... pero en español. Esto es absolutamente injusto. Y no podemos hacer nada.
Lupe. Galicia

Plinio Apuleyo, escritor:
"Es absurdo que los inmigrantes tengan que aprender otro idioma además del castellano"

Opina que darle dimensión política al plurilingüismo español es un contrasentido
M.A.G. www.lavozlibre.com 5 Julio 2009

Madrid.- El escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, autor del 'Manual del perfecto idiota latinoamericano', entre otras obras, y corresponsal de la revista Cambio, trabaja en su nuevo libro, 'Las dos orillas'. Después de su experiencia en Europa durante más de 30 años, el escritor nunca ha perdido el contacto con Colombia. Algo que se refleja en su nueva novela. Ex embajador de Colombia en Italia y Portugal, desde hace años reside en España. Ahora está ubicado en Madrid, aunque pasó tres años de su vida en Mallorca, donde conoció el alcance que tiene en España la convivencia de las distintas lenguas.

- ¿Cómo ve la situación plurilingüe de España?
- Me preocupa mucho. Yo lo miro como observador exterior y no lo entiendo. El español es una lengua vasta que puede coexistir en ciertas provincias con otras lenguas, pero tiene que ser la primera lengua. Es la que se identifica con el país y, además, es universal, mientras que las otras son puramente locales.

- Desde el punto de vista extranjero, ¿cómo afecta el bilingüismo a una sociedad?
- Me parece que es grave lo que se está haciendo. Yo no soy muy amigo de los abruptos nacionalismos, porque los muchachos, niños o jóvenes que estudian en estas zonas del país, tienen que tener un conocimiento perfecto del castellano, un idioma que les va a servir en todo el mundo. Creo que tratar de sustituirlo, de marginarlo, en función de las lenguas locales que no tienen dimensión internacional, me parece un tremendo error desde el punto de vista cultural y político.

- ¿Cree que afecta al futuro profesional?
- Sí, está completamente comprometido. Por otra parte, hay una cosa de la que pocos se han dado cuenta. Muchos latinos venían a Barcelona, por ejemplo, para estudiar su carrera y se encontraban con estos problemas relacionados con la lengua. Esto implica que, naturalmente, se pierda ese contacto que tuvo siempre Cataluña con los países hispanoamericanos. Me parece un hecho de sectarismo lingüístico completamente absurdo y estúpido.

- ¿Cómo viven esta situación los inmigrantes?
- Es absurdo que se obligue a la gente a aprender otro idioma, cosa que nunca ocurría en otro tiempo. Es una imposición completamente arbitraria, puesto que el castellano es una lengua que circula en todo el mundo hispano y no veo ninguna necesidad de que los inmigrantes tengan que aprender el catalán o el gallego para poder obtener un trabajo. Me parece una tontería.

- ¿Al mundo de la cultura también le influye la imposición lingüística?
- Por una parte, es correcto que un escritor quiera escribir en catalán, me parece muy bien. Si es su lengua, tienen todo el derecho de escribir en ella. Pero hay ciertas medidas y propuestas como poner los subtítulos a las películas o doblarlas en catalán, que no me parecen correctas porque afectan a la mayoría de la población. Está bien lucir y potenciar una lengua regional, pero no denegarle su espacio a una lengua universal como es la castellana.

- ¿Cree que las autonomías hacen una mayor promoción de los artistas que defienden la cultura catalana, gallega o vasca?
- Sí, pero de todas maneras, deben saber que la lengua que les permite salir de un recinto localista es el castellano. A partir del castellano pueden venir otras traducciones. Parece mucho más lógico. Y tanto cineastas, como escritores y distintos artistas, tendrían que tener en cuenta que ésta es la lengua que puede permitir una discusión y el conocimiento de su obra en el mundo.

- ¿Piensa que la gente se moviliza lo suficiente para que las cosas cambien?
- No, está claro que hay una falta de movilización. Yo me encuentro todos los días con noticias en los diarios que denuncian el detrimento del castellano y no entiendo cómo no hay una movilización mucho más enérgica en todo nuestro mundo hispánico. Tiene que haber una protesta más categórica, pero sobre todo en España, que es donde la amenaza se está presentando de forma muy alarmante.

- ¿Se utiliza el conflicto lingüístico como una herramienta política?
- Claro, se le está dando una dimensión política a un problema que no debería tenerlo. Es el típico brote propio del nacionalismo. Yo creo que es un regreso al concepto tribal del mundo. Éste avanza opuesto al confinamiento de la gente en mundos reducidos. Al contrario, el mundo se abre en general. La tecnología permite una estructura universal. Creo que es un contrasentido en beneficio de un interés político local. No lo veo de otra manera.

- ¿No es paradójico que el castellano vaya en detrimento aquí y en aumento en el resto del mundo?
- En el mundo entero. Ya es la segunda lengua en EE.UU. El castellano nos une. Es extraordinario cuando miro las tasas de castellano en América Latina. También en Brasil hay mucha influencia, porque se han dado cuenta de que es útil. Pero tener una dimensión tan amplia en América, que desde México hasta la Patagonia hablamos el mismo idioma, es una maravilla. Es un gran beneficio poder desplazarse por todo un continente sin tener que cambiar de lengua.

- Para el 2050, se dice que el país que más castellanohablantes tendrá será EE.UU.
- Es muy probable que así sea. Hay más gente que habla castellano en EE.UU. que en España. No me quiero imaginar cómo será en cuarenta años.

- En las últimas elecciones regionales, Patxi López y Núñez Feijóo llegaron al poder en el País Vasco y Galicia, respectivamente. ¿Conoce sus líneas políticas?
- Me parece muy positivo, porque es una reacción local a ese abrupto nacionalismo que está creando limitaciones terribles. Yo lo veo como algo muy positivo en ambas comunidades.

- ¿Cree que podrá suceder lo mismo en Cataluña?
- Espero que suceda, pero no lo sé. Si se trata de expresar un anhelo, espero que suceda.

- Comunidades más pequeñas también sufren este problema, pero no se habla tanto de ellas.
- A mí me parece preocupante lo de Mallorca. Yo viví allí tres años y sí que hablaba castellano y entendía el mallorquín perfectamente. Vivía en un pequeño pueblo y no había problemas. Pero cuando veo que se toman medidas completamente arbitrarias contra el castellano y se impone a la fuerza el catalán, me parece que es un contrasentido. No corresponde a lo que yo viví. Pasaban de una lengua a la otra sin ningún problema. Por otra parte, tienen un elemento clave para su prosperidad y su desarrollo, que es el turismo. Al turismo no le pueden imponer una lengua distinta al castellano porque es absurdo. ¿Por qué van a aprender los turistas una lengua local para poder desplazarse a una zona que está abierta al gran turismo internacional?

- ¿Tendría más sentido que se hiciese una inmersión en inglés?
- Que confirmaran la importancia del castellano, pero sí, que hicieran una inmersión en inglés sería mucho más lógico.

- ¿Hay presión para hablar catalán en Baleares?
- Con los médicos que protestaron sí. Tenían que aprender catalán para trabajar. Hubo movilizaciones en contra del Gobierno mallorquín.

- El TC derogará dos decretos sobre la promoción del catalán en las administraciones judiciales. ¿Levantará ampollas entre los nacionalistas?
- Puede que lo haga, pero es una medida perfectamente lógica y saludable.

- ¿Cuál es el papel que juegan los personajes culturales respecto a este tema?
- Es una labor muy importante: defender la cultura y ampliarla, en lugar de confinarla. En este sentido, lo que nosotros necesitamos es abrir los espacios de nuestra propia cultura hispánica, en lugar de ponerle trabas y cerrar espacios que nunca se habían cerrado. Creo que sí se requiere una movilización de la gente de pensamiento, los pintores, los escritores o los artistas, a favor de una mayor amplitud para el español y de la eliminación de las trabas que quieren imponer los nacionalismos.

"HAN DE ASUMIR QUE LA LENGUA VEHICULAR ES EL CATALÁN"
Gabilondo avala que los padres no puedan educar a sus hijos en castellano
En una esclarecedora entrevista, Ángel Gabilondo se ha referido a la recién aprobada Ley de Educación Catalana. La define, "de entrada", como "muy buena" y dice que "cada familia" ha de asumir la existencia de una "lengua vehicular" en la enseñanza, en este caso, el catalán.
 Libertad Digital 5 Julio 2009

El ministro de Educación es entrevistado en El Mundo para hablar, entre otras cosas, de la polémica ley de educación catalana que supone, en la práctica, la erradicación de la educación en castellano en Cataluña. Ángel Gabilondo confiesa en el diario que a él la norma le parece "muy buena desde el punto de vista educativo". Y no hay atisbo de crítica a esa implantación por ley del catalán como lengua vehicular.

Gabilondo no esclarece si el Gobierno piensa hacer algo en torno a aspectos de la nueva normativa manifiestamente inconstitucionales. En su opinión, "parece razonable esperar" a que el Constitucional hable por fin sobre el Estatuto, la norma de la que nace esta ley, "para ver si plantea algún problema".

"Yo entiendo que gobernamos en un Estado de las Autonomías y nos parece natural que un Gobierno, en el ámbito de su Estatuto, establezca las leyes que considere más adecuadas con la aprobación de una mayoría tan cualificada como ha sido la de esta ley", dice en otro momento de la entrevista, dejando clara su postura. El Gobierno, en cualquier caso, aclara, "tiene tres meses para analizarla".

En cuanto a su opinión como ministro sobre el contenido de la norma, Gabilondo dice que a él, "de entrada", le parece "una muy buena ley desde el punto de vista educativo", por lo que aporta, dice, a "la autonomía de los centros, por lo que significa para los profesores" y, sorprendentemente, "por el papel de las familias en la educación". "Me parecería erróneo que todo el debate se centrara únicamente en el debate de las lenguas", apostilla.

Preguntada por la periodista por esas familias a las que se les arrebata la libertad para elegir en qué lengua estudiarán sus hijos, Gabilondo zanja la cuestión diciendo que "eso es la lengua vehicular. No es un problema de la ley". Recuerda que hace trece años que en Cataluña el catalán es la lengua vehicular y apunta que "cada familia, dentro de la organización del centro, ha de seguir las disposiciones legales, que es la asunción de esa lengua vehicular". "Quiere decir que la enseñanza está tramada o articulada en torno a una lengua y a partir de ahí, la ley garantiza el conocimiento de otras", aclara.

Tras este aval a la política lingüística de la Generalidad, Gabilondo continúa diciendo que la ley "no habla de horas", en alusión al tiempo que se dedicará a la enseñanza del castellano. No alude, sin embargo, al incumplimiento del gobierno catalán de la tercera hora y las sentencias judiciales que piden al tripartito que respete una libertad para las familias que con esta nueva norma podría quedar definitivamente enterrada.

EN PAU, AL SUROESTE DEL PAÍS
Detenidos en Francia tres de los terroristas de ETA más buscados
La Policía francesa ha detenido este sábado en la localidad francesa de Pau a los terroristas de ETA Asier Borrero, Itziar Plaza e Iurgi Garitagoitia. Los tres se encontraban dentro de la lista de "los más buscados" por las Fuerzas de Seguridad.
Libertad Digital 5 Julio 2009

La detención se produjo en plena calle en el barrio de Macieres cuando los tres terroristas salían del Mc Donald´s de un centro comercial. Los tres etarras, que iban armados y no opusieron resistencia, viajaban en un vehículo robado con las placas de la matrícula dobladas, según informaron a Efe y Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista, en el que se encontró diverso material informático.

Iurgi Garitagoitia Salegui, nacido el 9 de noviembre de 1983 en Bilbao, está acusado de ser el jefe grupo de ETA que asesinato al ex edil socialista Isaías Carrasco y al empresario guipuzcoano Ignacio Uria.
Abandonó su domicilio y se dio a la fuga a principios de enero de 2008 coincidiendo con la detención del grupo Elurra de ETA, el mismo que hizo volar por los aires el aparcamiento de la T-4 del aeropuerto de Barajas en las navidades de 2006. Los servicios antiterroristas consultados por Vasco Press no saben si tenía alguna relación con ese grupo etarra, ya que en ese momento no estaba incurso en ninguna investigación policial.

Garitagoiti formó parte del grupo Donosti junto a otros tres terroristas que no estaban fichados por las Fuerzas de Seguridad: Manex Castro Zabaleta, Beñat Aguinagalde y Ugaitz Errazkin Tellería. El grupo tenía a su disposición un piso ubicado en Hernani, propiedad de la familia de Castro, que estaba desocupado y que por ello era utilizado por los etarras como lugar en el que preparaban los artefactos que luego colocaban en diversos objetivos. El grupo, al que se le atribuyen casi todos los atentados perpetrados por ETA en Guipúzcoa a lo largo de 2008, quedó desarticulado tras la captura de Manex Castro. El resto de los terroristas del grupo consiguió huir.

Asier Borrero Toribio, "Arrano", nació en Guecho el 31 de octubre de 1984, está acusado de haber formado parte del grupo Hegoak, satélite del complejo Vizcaya de ETA, y de intervenir en atentados con bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra, la comisaría de la Ertzaintza en Zarautz, el Palacio de Justicia de Guecho y dos Casas del Pueblos del PSE. Huyó de su domicilio en julio de 2008 tras la desarticulación del grupo Hegoak, operación en la que fue detenida su novia, Inge Urrutia de la Vega.

En el puente de la Constitución de 2006, Borrero, Aitor Cotano e Iñigo Gutiérrez se desplazaron a la localidad de Vieux Boucau (departamento francés de Las Landas) donde el dirigente de ETA Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", les instruyó en la fabricación de explosivos durante dos días. A la vuelta constituyeron el grpo Hegoak (Alas) que actuaba a las órdenes de los miembros Arkaitz Goikoetxea y Jurdan Martitegi, según fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Vasco Press.

El 25 de septiembre de 2007, los tres miembros del grupo Hegoak colocaron una bomba en la comisaría de la Ertzaintza en Zarautz que estalló provocando importantes daños materiales. Borrero fue, según sonpechas las Fuerzas de Seguridad, la persona que saltó la tapia que circunda la dependencia policial y colocó la bomba en el interior del recinto.

El 11 de noviembre siguiente, Asier Borrero y Aitor Cotano colocaron dos bombas en el Palacio de Justicia de Guecho, una junto a la puerta del edificio, y otra en una papelera situada a pocos metros. Los terroristas querían atraer a los ertzainas con la primera explosión y alcanzarles con la segunda bomba programada para estallar unos minutos más tarde. Los dos artefactos fallaron y no se registraron daños personales y materiales.

El 25 de diciembre de 2007, Borrero y Cotano colocaron otra bomba en la sede del PSE de Balmaseda que provocó importantes daños materiales en el edificio y obligó a desalojar a varias familias. Dos meses más tarde, el 29 de febrero de 2008, volvieron a colocar otro artefacto en la sede del PSE de la localidad de Derio.

Además de los anteriores atentados, Asier Borrero está acusado de intervenir en el atentado con coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra el 21 de marzo de 2008. Ayudó a los pistoleros a sueldo del Vizcaya a transportar la bomba desde la localidad de Ezcaray hasta el puerto de La Herrera donde robaron un automóvil en el que cargaron el explosivo que luego fue hecho estallar ante la instalación de la Guardia Civil. Después de cometido el atentado, ayudó a esconderse a Arkaitz Goikoetxea.

También está acusado de haber intervenido en un traslado de material explosivo, en abril de 2008, desde la localidad guipuzcoana de Izurza. Además, ayudó, según las fuentes consultadas por Vasco Press, a transportar desde La Rioja hasta Guecho el barril de cerveza cargado de explosivos que la Ertzaintza encontró en enero de 2008.

Se sospecha que Borrero fue uno de los autores materiales de los disparos efectuados contra una patrulla de la gendermería el pasado 8 de junio. En aquel atentado un agente de la gendarmería francesa resultó herido en el Departamento de Lozere al ser alcanzado en una mano por un disparo efectuado por un supuesto etarra al que había sorprendido cuando robaba un coche. En el incidente se vieron involucrados dos miembros de la banda terrorista que robaron tres vehículos y que estaban siendo buscados por los agentes galos.

Según las Fuerzas de Seguridad francesa sería uno de los terroristas que fue sorprendido hace unas semanas intentando robar un vehículo en la localidad francesa de Sainte-Enimie y que disparon contra un agente de la Gendarmería. En ese intento de robo también habría participado otra de las terroristas detenidas este sábado, Itziar Plaza.

Natural de Bilbao, donde nació el 13 de octubre de 1982, Itziar Plaza Fernández, alias "Leire" e "Idoia", está acusada de haber formado parte del grupo Donosti entre los años 2005 y 2006 y de haber participado en una treintena de atentados. Fue reclutada para ingresar en ETA por el dirigente Ibón Fernández Iradi, en agosto de 2003. En diciembre de ese mismo año, a raíz de la captura de "Susper" en Francia, se dio a la fuga por temor a ser identificada y detenida.

Dos años más tarde regresó como pistolera a suedo formando parte del grupo Donosti junto con Zigor Ruiz Jaso y Alejandro Zobarán, con los que realizaron una intensa campaña de atentados entre 2005 y 2006 que se extendió a varias provincias españolas.

Está acusada de colocar una bomba en una central eléctrica de la localidad zaragozana de Añón de Moncayo, el 20 de septiembre de 2005. También se le imputa la colocación de tubos lanzadores de granadas para atentar contra el aeropuerto de Zaragoza, el 12 de octubre del mismo año. Unos días más tarde, el 25 del mismo mes, colocó, sendas bombas en los Juzgados de Paz de Berriozar (Navarra) y Ordicia (Guipúzcoa). El 14 de nombre intervino, según la acusación, en la colocación de otro artefacto en una bodega de la localidad riojana de Haro.

Participó también en la colocación de cinco bombas en otras tantas carreteras de los accesos a Madrid el 6 de diciembre de 2005. Los artefactos, de escasa potencia, no provocaron daños materiales, pero los cortes de carretera provocaron importantes atascos de tráfico. A la vuelta de Madrid, colocaron otras dos bombas en las oficinas de Correos de Alsasua y de Zumárraga.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Pedagogía democrática
J. M. RUIZ SOROA El Correo 5 Julio 2009

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la Ley española de Partidos Políticos y sobre la subsiguiente ilegalización de Batasuna por efecto de su aplicación es una excelente ocasión para hacer un poco de pedagogía de la democracia entre nosotros. Porque sucede que el término de 'democracia' ha tenido tal éxito en los últimos tiempos, ha sido tan total su asunción por todos los partidos, movimientos y gobiernos (incluso por los que se niegan a aplicarla de verdad) que corre el riesgo de quedar vacío de contenido, de convertirse en un simple comodín verbal asociable a toda afirmación o demanda particular. Al igual que ha sucedido con el término 'derecho', el de 'democracia' es una de esas palabras 'buenas' que siempre hay que asociar al propio discurso, porque lo dota de un halo de prestigio. Y así, de tanto manosearla, tiende a no significar nada concreto.

Pues bien, el principal valor de la sentencia de Estrasburgo en este sentido es el de decir en voz muy alta (aunque no tanto como para que no haya quien siga sin escucharlo) que 'democracia no es cualquier cosa', que 'no todas las ideas son democráticas', que 'hay discursos políticos y acciones concretas que son radicalmente incompatibles con la democracia'. Hay en la sentencia una frase estremecedora para todo aquel que la lea sin prejuicio, proviniendo como viene del intérprete más ponderado que hay en Europa acerca de los requisitos de la democracia liberal: «El discurso y los actos de los partidos ilegalizados (Batasuna y Cia) forman un conjunto que arroja una nítida imagen de un modelo de sociedad que está en contradicción con el concepto de 'sociedad democrática'». El tribunal no se limita a decir que estos partidos amparan o comparten la práctica del terror, sino que va más allá y explicita con toda nitidez que la actuación de estos partidos es incompatible con lo que en Europa se entiende por una 'sociedad democrática'. Con lo cual está afirmando que la democracia, por defectuosa que sea, no es compatible con cualquier discurso ni permite cualquier clase de actuación política. Vamos, que no es cierta esa especie de apotegma simplón que se ha instalado desde hace tiempo entre nosotros y que coloniza las mentes de tantos ciudadanos de buena fe, ése que reza que 'todas las ideas se pueden defender en democracia' y que, por tanto, todas las ideas, partidos y personas tienen derecho a ser actores políticos legítimos en el proceso público democrático vasco.

¿Cómo explicar esta limitación básica del proceso democrático, cómo hacer entender al ciudadano inexperto que no todas las ideas son compatibles con la democracia? Porque es forzoso reconocer que esta limitación sustantiva no es comprendida ni aceptada de buen grado por el habitante estándar de nuestro sistema político, que tiende a desconfiar de cualquier sugerencia en este sentido, o a considerar que vienen siempre inspiradas por los intereses particulares del gobierno o del tribunal que se las recuerda. Sucede, en el fondo, que la gente posee una noción muy relativista de la democracia, tiende a reducirla a una serie de reglas de funcionamiento en las que no existen valores sustantivos sino sólo opiniones; y para el 'homo qualunque' todas ellas son igual de válidas, claro está.

Quizás la vía de la reducción al absurdo, que pone de manifiesto la contradicción intrínseca de una determinada afirmación cuando se lleva a su consecuencia lógica, sea la más conveniente para hacer pedagogía democrática entre nosotros. Y podría hacerse en la manera siguiente: si usted, amigo lector, defiende el principio de que en democracia debe ser posible defender cualquier clase de ideas y proyectos, seguramente pensará que tal principio deja el campo libre a cualesquiera idea política: pues 'todas son defendibles', ha dicho. Pero, ¡ay!, como les sucede a todos los relativistas ingenuos, usted ha afirmado sin darse cuenta un dogma potentísimo que está por encima de cualquier idea política concreta: el de que 'todas deben poder defenderse', con lo que ha afirmado implícitamente que sí hay una idea que es radicalmente inadmisible: la de que sólo algunas, no todas las ideas, puedan defenderse. Su dogma no admite como democráticamente válidas aquellas ideas que defiendan que ciertas ideas no pueden defenderse ¿No es cierto?

Ocurre entonces que su aparentemente sencillo y relativista principio tiene unos contenidos mucho más 'fuertes' de lo que parecía a primera vista: puesto que lleva inexorablemente a un sistema en el que se aceptarán como defendibles todas las opiniones salvo unas muy concretas: las que lo pongan en cuestión y defiendan que ciertas opiniones no pueden manifestarse, es decir, las que nieguen el pluralismo constitutivo de la sociedad, las que consideren que a ciertas personas o partidos, por defender ciertas ideas, se les puede excluir o perseguir. Es decir, que si se institucionaliza efectivamente en un sistema político concreto su principio de 'todas las ideas son defendibles' llegaremos a establecer uno en que estén necesariamente prohibidas e ilegalizadas ciertas ideas: las que ataquen ese dogma. ¡Paradójico, pero inexorable!

Pues bien, si esto es así, su aplicación al caso vasco es bastante evidente y sencilla: deberán ser defendibles pública y electoralmente todas las ideas salvo aquéllas que nieguen ese principio, bien lo hagan francamente, bien a través de su operatividad real. El terrorismo es una práctica que, aunque hoy en día se proclama 'democrática' (ya lo hemos dicho, últimamente es demócrata todo el mundo, hasta Franco se reclamaba como tal al final), niega el derecho a existir de ciertas ideas en Euskadi, o por lo menos el derecho de sus mantenedores a afirmarlas. Los elimina. Se convierte en árbitro inapelable de las ideas admisibles o rechazables. Las ideas de los terroristas, por definición, 'valen más' que las demás, aunque sólo sea porque las respaldan con la violencia. No caben, entonces, en una sociedad democrática definida por el principio de 'todas las ideas son admisibles'. ¿Y Batasuna? Bueno, la regla sigue siendo la misma: si defiende de verdad que todas las ideas son admisibles, debe forzosamente condenar a quienes atacan de raíz este principio con sus actos. Si no lo hace y prefiere adoptar un melifluo y borroso discurso de 'condeno todo pero no condeno a nadie', está en el fondo diciendo que los que quieren acabar con mis ideas y conmigo (y las de miles de ciudadanos como yo) tienen un sitio, un buen sitio además, en su sociedad ideal. Pero, entonces, en su sociedad no se cumple el principio que dice inspirarles. Con lo que llegamos a la inescapable conclusión de que los propios principios que Batasuna y la izquierda abertzale dicen defender exigen inexorablemente su propia exclusión del proceso político, su ilegalización.

Conclusión que sólo es relativamente sorprendente, pues es lo que suele suceder a quienes juegan con las ideas. Pero que debería hacer pensar a tanto ciudadano vasco de buena fe que se deja arrastrar por el prestigioso atractivo de lo simple. Piénsenlo, y verán que, como dice Estrasburgo, al final, «democracia no es cualquier cosa». Y que eso vale en Irán, desde luego, pero también por acá.

Toma de realidad
EDITORIAL El Correo 5 Julio 2009

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo ha dejado totalmente en entredicho la posición de quienes consideraban que la Ley de Partidos y las sucesivas resoluciones del Supremo y del Constitucional violentaban la libertad ideológica y el derecho a la participación política. Una interpretación en la que el nacionalismo democrático ha coincidido con el no democrático sin duda por convicción, pero también por mantener ante la base sociológica de la izquierda abertzale una imagen solidaria, alegando, incluso, que la exclusión judicial de Batasuna de la liza electoral perseguía obtener la mayoría absoluta por parte de socialistas y populares. Pero lo que deja de ser comprensible es que el PNV haya reaccionado a la sentencia evitando reconocer su trascendencia jurídica y política.

Un partido de su relevancia puede mostrarse disconforme con una determinada ley y discrepar radicalmente de las decisiones judiciales que deriven de ella. Pero es inadmisible que siga arguyendo que con la ilegalización de Batasuna se han prohibido ideas legítimas e impedido el derecho a la representación política a miles de vascos, haciendo caso omiso nada menos que a las razones expuestas por el Supremo, por el Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y soslayando de paso la resolución adoptada por el TC en el caso de Iniciativa Internacionalista. No parece razonable que una formación parlamentaria pretenda mantener tal cual su particular verdad incluso por encima de las sentencias emitidas por los tribunales facultados para interpretar sobre los derechos y las libertades fundamentales en España y en el ámbito europeo.

Tras pronunciarse Estrasburgo, sería lógico que el PNV cuando menos moderara el tono de su discrepancia en esta materia, admitiendo que las resoluciones judiciales de ilegalización se basan en razones fundadas. Aunque no es fácil que lo haga mientras no clarifique su posición respecto a la izquierda abertzale hoy ilegalizada. En los últimos años, el PNV siempre ha querido contar con la reserva parlamentaria de Batasuna, dado que le resulta muy difícil disponer de su depósito de votos. Pero para eso sería mejor que se dirigiera a la izquierda abertzale instándola a recuperar la legalidad mediante el acatamiento de lo dispuesto en la Ley de Partidos. Es más que probable que su mensaje no hiciera rectificar la trayectoria del extremismo abertzale; pero su llamada a cumplir con la legalidad vigente contribuiría a fortalecer el sistema de libertades frente al terror y a quienes le prestan cobertura. Porque mientras continúe denunciando la Ley de Partidos, o protagonizando excesos gestuales como los de ayer en el Gorbea, el PNV seguirá ocupando esa falsa centralidad de la que se jactaba Ibarretxe, manteniéndose distante de la verdadera.

Osos
JON JUARISTI ABC 5 Julio 2009

FUE mi buen amigo José María Portillo Valdés, historiador y profesor universitario bilbaíno, hoy en la Universidad de Santiago de Compostela (y sin parentesco conocido con el líder conservador británico Michael Portillo, de paso por Madrid), quien definió rigurosamente el carácter de la independencia originaria invocada por los nacionalistas vascos.

Efectivamente, afirmaba Portillo, los vascos preindustriales vivieron, en su mayor parte, libres e independientes del poder central, pero su independencia fáctica, no política, fue consecuencia inevitable de la abundancia de bosque y matorral. A ver quién era el guapo que se animaba a recaudar impuestos de una población esparcida entre tupidos hayedos y rocas escarpadas. Muchos vascos, en la práctica, fueron independientes del rey, del corregidor y hasta de su alcalde. Tal circunstancia favoreció notablemente la conservación del eusquera, propiciando a la vez su fragmentación, hasta el punto de que, ya en 1571, el hugonote Joannes de Leizarraga, traductor del Nuevo Testamento al vasco, se quejaba de que dicha lengua era diferente en casas vecinas, muchas de las cuales distaban entre sí no menos de siete leguas.

No es un caso único en Europa. La república ex yugoslava que menos problemas tuvo para independizarse, en 1990, fue Eslovenia, la región europea que arroja mayor índice de hiperforestación. Visité Eslovenia a menudo, durante los primeros años de la presente década. En una de esas ocasiones, su llorado primer ministro, Janez Drnovsek, con quien hice buenas migas (lo que no quiere decir nada, pues también se llevaba divinamente con Ibarreche), me preguntó si me interesaría adoptar un oso. Aunque Drnovsek hablaba un castellano impoluto, no entendí a la primera el sentido de la oferta. Creí que me proponía apadrinar un plantígrado. Que se trataba de una típica y simpática iniciativa ecológica local, como las de los israelíes, que cada vez que viajas a su país te invitan a plantar un arbolito. Nada de eso. Como aclararía a continuación, estaba proponiendo que me trajera a España un oso vivo, de cualquier edad o sexo, gratis y exento de aranceles. Los osos, explicó, siempre habían proliferado en los bosques eslovenos. La única artesanía nacional digna de mención, la constituyen las tablas de colmena historiadas con el motivo del oso robando miel. Pero, añadió con un deje de fastidio, desde las últimas guerras yugoslavas el problema se había agravado, porque los osos de Bosnia se habían pasado a Eslovenia huyendo de los bombardeos y, cuando agotasen las ya escasas reservas melíferas, era de temer que comenzaran a zamparse niños eslovenos, sanísimos y ricos en proteínas. Para ser un país viable, Eslovenia debía regular su población forestal y contener el desmadre demográfico de sus osos, autóctonos o inmigrados.

En el País Vasco no arrostran riesgos semejantes, gracias a que, bajo el Antiguo Régimen, los lugareños talaron bosques extensos para construir barcos, imágenes de San Ignacio de Loyola, carbón vegetal y mondadientes, comiéndose todo lo que encontraban entre árbol y árbol. El último oso vasco lo mataron los carlistas para hacerle una pelliza a Zumalacárregui. De modo que la única herencia silvestre que conservan los vascos actuales de aquellos felices tiempos de la independencia originaria es el eusquera, que Zapatero ha prometido a Pachi López apoyar con denuedo. Lástima. Si algún encanto tiene el lehendakari socialista, reside precisamente en su bendita ignorancia de la lengua de Aitor, y ahora se va a sentir conminado a aprenderla. ¿No le bastaría con adoptar un oso?

Nacionalismo en el monte
IGNACIO CAMACHO ABC 5 Julio 2009

HAY que ver lo que le gusta al nacionalismo vasco echarse al monte. Ayer lo hizo, literalmente, en el Gorbea, para conjurar con un exorcismo ritual la profanación cometida por unos militares arriscados que plantaron allá arriba una intolerable bandera española. ¡Cómo se atreven esos malandrines a colocar una bandera de España en territorio español! Ni que el País Vasco fuera Perejil, dice el tal Urkullu, reconvertido en ocasional caudillo liberador de tierras ocupadas. Y para expulsar los malos demonios han llenado el monte de ikurriñas, como si una bandera fuese excluyente de la otra; ambas son perfectamente constitucionales, pero el PNV se acostumbró a convertir la una en excluyente, en la «suya», que era un modo de atizarle simbólicamente con el mástil a quienes no sienten ningún reparo en identificarse con las dos. Ésta es la clave de la hegemonía forzosa que han impuesto los nacionalistas: aprovechar el sentido integrador de la autonomía que diseñó la Constitución para construir un ámbito de exclusiones. Para subvertirla, literalmente.

La estrategia les ha dado, qué duda cabe, resultados rentables: treinta años de dominancia política nada menos. Un período tan largo ha generado un sentimiento de sumisión más o menos subconsciente, hasta el punto de que la sociedad vasca ha interiorizado como una especie de necesidad ontológica que el nacionalismo ha de estar en el poder de un modo u otro. Así se explica el dato esencial del último Euskobarómetro, según el cual el 60 por ciento de los vascos está en desacuerdo con el pacto PSOE-PP, inclinándose en mayoría por una fórmula de coalición entre los socialistas y el PNV. Lo curioso es que en las últimas elecciones el partido-tótem obtuvo sólo un 38,5 por 100 de los votos. Es decir, que incluso muchos ciudadanos que no lo votaron piensan que debería seguir gobernándolos. Sentido de dependencia, se llama eso. Síndrome de Estocolmo.

Con semejante estado de opinión, que es el verdadero enemigo del gobierno de Patxi López, es natural que el nacionalismo sienta impulsos de subir al monte para proclamarse como providencialista salvador de la patria amenazada. En realidad, los nacionalistas nunca han bajado de los cerros, desde que Arana dio en elegir escenarios montaraces para sus proclamas mesiánicas, a menudo pronunciadas tras bien regadas comilonas campestres; se trata de un partido estrictamente cerril, que busca sus raíces en una mitología de ruralismo atávico, antiurbano y antimoderno, amigo de akelarres y demás conjuros mágicos. Pero está por ver el día en que se echen al monte con todas sus enseñas y su parafernalia excursionista para protestar en serio contra ETA y sus cómplices, o para honrar la memoria de las víctimas del terrorismo. Sería un picnic muy celebrado en el que nadie echaría de menos o de más bandera alguna.

El mito del atraso político de Galicia
Roberto Blanco Valdés La Voz 5 Julio 2009

Durante décadas ha circulado por España un mito que poco a poco ha quedado desenmascarado en su rotunda falsedad: el de que Cataluña y el País Vasco eran las regiones políticamente más modernas del país frente a las que, como Galicia, estaban supuestamente en la prehistoria democrática.

El primer atisbo de que era tal cosa un cuento chino se puso de relieve al comprobar que las prácticas clientelares que algunos presentaban como connaturales a gallegos o andaluces, existían igualmente, en muchos casos multiplicadas, en la Cataluña y el País Vasco que los nacionalistas gobernaron durante muchos años como si de su finca se tratara.

El tripartito catalán supuso también un jarro de agua fría para los que esperaban que aquello iba a ser un punto y aparte. Pues lo fue, pero en sentido contrario al esperado: tras el desastre de Maragall, Montilla ha mantenido la vergüenza de los informes encargados por sus consellers sobre las majaderías más absurdas o el inadmisible despilfarro de la política exterior de la Generalitat, lo que da una idea de hasta dónde llega el fraude.

Las reacciones frente al tan esperado cambio vasco tampoco confirman, sino al contrario, la modernidad política de aquella sociedad en comparación con la gallega. Hace poco más de cuatro años, el PSdeG y el BNG gobernaron con el apoyo de 38 de los 75 diputados que se sientan en el Hórreo y nadie puso en duda la legitimidad del bipartito. El jueves conocimos el Euskobarómetro de mayo, según el cual uno de cada dos vascos considera ilegítimo un Gobierno apoyado ¡por 38 de los 75 diputados del Parlamento de Vitoria!

Así, mientras el comportamiento de los gallegos fue en su día comparable al de los daneses o suecos, el de la mitad de los vascos -que niegan ahora legitimidad a un Gobierno que la tiene según todas las reglas democráticas- recuerda en realidad los modos de esos Estados tercermundistas, donde los perdedores desautorizan por sistema al ganador.

Tal actitud, expresiva de una forma pervertida de entender la democracia, resulta además escandalosa a la luz del hecho conocido de que esos mismos vascos que rechazan la legitimidad de Patxi López se la otorgaban a un Gobierno que, además de contar con un apoyo parlamentario más escaso, actuó durante años de un modo ignominioso: dejando abandonados a su suerte a quienes sufrían la brutalidad del terrorismo, negándose a que fueran ilegalizadas las fuerzas que defendían a los que lo practicaban y sacando adelante su gestión con el apoyo parlamentario de partidos creados por ETA para dar cobertura política a sus crímenes. Si todo eso es modernidad política, mejor ser, como aquí, tradicionales, siguiendo las reglas de las mejores democracias del planeta.

La detención de otros tres etarras en Francia acelera el debilitamiento de la banda
En homenaje al policía Puelles
Editorial La Razón 5 Julio 2009

El golpe asestado ayer a ETA por las policías francesa y española culmina una semana de grandes avances en la lucha contra el terrorismo, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos calificara de «necesidad social imperiosa» la ilegalización de Batasuna. Los éxitos policiales contra la banda han menudeado en las últimas semanas, fruto lógico de la excelente labor realizada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y gracias al compromiso inequívoco del presidente Sarkozy de colaborar con España. Las detenciones de ayer, empero, tienen un valor añadido que trasciende la relevancia de los pistoleros en el organigrama de la banda: es el mejor homenaje que la Policía Nacional podía rendirle a su último compañero asesinado, el inspector Eduardo Puelles.

Lo proclamó Francisca Hernández con el corazón en la boca, pocas horas después de que mataran a su marido, y se confirmó ayer: los pistoleros jamás conseguirán nada, porque como Puelles hay muchos policías dispuestos a defender la libertad y cumplir la misión que les ha encomendado el Estado de Derecho. Más temprano que tarde, también serán detenidos los asesinos del policía bilbaíno, del mismo modo que ayer lo fueron los del concejal socialista de Mondragón, Elías Carrasco, y del empresario Ignacio Uría.

Todos los datos apuntan a que la lucha contra la banda etarra ha entrado en una fase de aceleración, fruto de la conjunción de factores políticos, policiales, judiciales y de cooperación internacional. No cabe duda de que la recuperada unidad de los dos grandes partidos ha sido un elemento dinamizador y ha despejado cualquier duda que hubiera, dentro y fuera de España, sobre el destino de ETA: la cárcel y su erradicación.

También está llamado a jugar un papel determinante para apuntillar al entramado etarra el nuevo ciclo político inaugurado en el País Vasco con la presidencia de Patxi López y el apoyo del PP. Hasta ahora, en los treinta largos años de régimen nacionalista, las principales instituciones vascas, ocupadas por el PNV, rehusaron liderar el combate contra los pistoleros, a los que atribuían objetivos políticos que era necesario negociar. El daño moral y social que este comportamiento ha causado en la sociedad vasca ha sido inmenso y no cabe duda alguna de que hoy ETA no existiría si desde un primer momento los gobernantes vascos la hubieran combatido con la misma determinación que los nacionalistas catalanes pusieron para erradicar a la banda de Terra Lliure. El anacronismo de que en la Europa del siglo XXI persista el último grupúsculo terrorista se debe, en buena medida, a la ambigüedad del nacionalismo gobernante, que ha sido incapaz de evolucionar desde el tenebroso siglo XIX en el que fue fundado. Prueba irrefutable de ello es el esperpéntico espectáculo dado ayer por el líder del PNV, Íñigo Urkullu, y un grupito de nostálgicos con boina «tomando» el monte Gorbea al toque de un cuerno de vaca.

Lo de menos es que el dirigente peneuvista haya tenido la ocurrencia de comparar al País Vasco con el islote Perejil; lo relevante, y preocupante, es que el principal partido político vasco siga anclado en una ética y una estética excluyentes, frentistas y cavernícolas. Para ganar el futuro, la sociedad vasca necesita sortear con brío dos serios obstáculos: la recesión económica y el terrorismo. Todo sería más fácil con el apoyo de un PNV renovado y acorde a los retos de la sociedad tecnológica. En todo caso, con o sin él, el País Vasco avanza a velocidad de crucero.

Desazón en la comunidad educativa tras aprobarse la LEC
ESTHER ARMORA | BARCELONA ABC Cataluña 5 Julio 2009

La primera ley educativa catalana ha dejado fríos a sus verdaderos protagonistas. Profesores, estudiantes y padres ven en el texto aprobado, que destierra al castellano de la escuela catalana y diezma los derechos de los hablantes de esta lengua, «una oportunidad perdida» porque entienden que, más allá de encender los ánimos políticos, no resuelve los problemas de fondo de la educación catalana, los que la han arrastrado a posiciones preocupantes en los rankings europeos.

«No nos representa»
Profesores y alumnos se debaten entre la preocupación y la indignación un día después de aprobarse la normativa. «No queremos esta ley», coinciden en declaraciones a ABC. Llevan meses levantando la voz para expresar su rechazo al esqueleto vertebrador de esta norma, gestada en las esferas políticas y de espalda a la comunidad educativa.

«Es un día triste para la educación», afirma Montse Ros, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC. OO.. Tanto ella como sus colegas ven claro que la LEC no sólo no acabará con el preocupante fracaso escolar sino que agudizará las diferencias entre la red pública y la privada. De igual modo lo ve Rosa Cañadell, portavoz de Ustec-STEs, que lamenta profundamente que se haya aprobado una norma tan esperada y de tanta trascendencia «de espaldas a la comunidad educativa». «Han preferido un pacto político a uno social y los alumnos serán los más perjudicados», denunció Cañadell.

Las familias rechazan también el articulado porque, a su entender, «vulnera los derechos y libertades de los padres». De hecho, la LEC reduce de cinco a un año el derecho a escolarización en lengua materna y lo limita a la atención individualizada, y veta la tercera hora de castellano. El presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonell, dijo ayer que la ley «no ayuda a mejorar la calidad educativa» y la tachó de «inconstitucional».

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) alertó también de que la nueva normativa pactada por PSC y CiU «deja en inferioridad de condiciones a los alumnos catalanes, al minusvalorar el castellano». El sindicato de profesores Anpe lamentó que la ley haya salido del Parlament sin el apoyo de los docentes «que serán los que deberán aplicarla». En una carta al conseller Ernest Maragall, el sindicato critica que la LEC les culpe de los males del sistema.
La nueva ley no sólo ha decepcionado a los agentes sociales, el mundo político seguía ayer convulsionado. La líder de UPyD, Rosa Díez, aseguró que la ley «mutila» los derechos de los ciudadanos y acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de «haberla alentado». Por su parte, el PPC volvió a insitir en que, en función del fallo del Estatut, recurrirán al Constitucional.

Políticas lingüísticas

KARMELE ROTAETXE AMUSATEGI
|CATEDRÁTICA DE LINGÜÍSTICA Y SOCIOLINGÜÍSTICA EN LA UPV-EHU El Correo 5 Julio 2009

What profiteth (sic) it Irish or Basque to gain Astrophysics and to lose Gaeltacht or the caserio?» («¿Qué beneficio le aporta al gaélico o al vasco ganar la (variedad de la) Astrofísica y perder la de la zona mayoritariamente gaélica o la del caserío?». Joshua A. Fishman, Language Spread and Language Policy for endangereg languages, 1998, 13)

Es tema recurrente cuando hay lenguas en contacto y una de ellas tiene menos hablantes y/o menor poder social. Entre nosotros no es habitual, por lo que han sido oportunas las declaraciones del ex viceconsejero de Política Lingüística, publicadas en EL CORREO. Daba cuenta del aumento significativo del conocimiento del euskera (franja 16-24 años), aunque no de su uso. Más tarde, y en unas jornadas sobre cuestiones similares, dieron la misma información paradójica el ex lehendakari y el rector de la Universidad: no aumenta el uso pese a aumentar el conocimiento. Y esto es grave: una lengua que no se usa -o se usa muy poco- carece del rasgo llamado 'vitalidad'; no se desarrolla ni, por lo tanto, evoluciona, y tiene el riesgo de ir siendo 'lengua muerta'. Sobre todo, si no se usa la forma de hablar (o 'variedad') propia de nuestra vida cotidiana en comercios habituales, encuentros fortuitos, etcétera, correspondiente a nuestra práctica informal de la lengua (de toda lengua natural). Es la variedad vernácula que Fishman llama 'caserío'.

Porque toda lengua natural (y no 'artificial') es un conjunto de variedades adecuadas, cada una, a la función que cumple en su dominio social. Y la variedad de la 'Astrophysics' de Fishman o la de la Lingüística no es la del supermercado, por ejemplo. Nos ha costado mucho impartir docencia universitaria en euskera sin ningún precedente al que acudir; pero la extensión del euskera en ese nivel superior, aunque aporte prestigio a la lengua, no le da vitalidad, al carecer de etoglosia o, digamos, de fuerza comunicativa. Salvando los euskaldunes nativos y unos pocos más, el euskera sigue siendo una lengua formal, aprendida, y su extensión es dificultosa.

Hablo desde Bilbao, que no es Lea-Artibai, y que con su entorno representa más del 50% de la población de Euskadi. Y en Bilbao no se oye euskera por dos razones al menos.
La primera procede de la Constitución de 1978 que fija el 'deber de conocer' para el español y remite al Estatuto donde se señala 'el derecho de usar' para el euskera. El efecto en quien no sienta el valor simbólico del vasco es de indiferencia hacia su uso cuando no de oposición, actitud que suele camuflarse delegando el aprendizaje en los hijos o alegando su escaso valor para el esfuerzo que exige. Esto lleva a la segunda razón anunciada.

La norma del euskera (y no el estándar, como en el caso del catalán de Pompeu Fabra), conocida como vasco unificado, es difícil. Soy firmante del documento 'Batasunaren Kutxa', de 1970, en el que unos pocos nos comprometíamos con la unificación de la lengua: era y es un paso indispensable. Pero las formas, en especial verbales, propuestas por filólogos (no por lingüistas), quizá buscando ser integradoras, son utópicas y complicadas. Demasiado para ser empleadas con fluidez por hablantes normales. Esto debió parecerle escandaloso a un colega mío de Euskaltzaindia, para quien el euskera no es más difícil que el castellano porque un niño aprende en la cuna por igual una u otra lengua. Tiene razón, aunque está equivocado. Es obvio que todo niño adquiere (más que aprende) por igual cualquier lengua en la cuna. Pero hay dos precisiones: es dudoso que la mayoría de los jóvenes de esa franja de 16-24 años sean euskaldunes nativos y, según datos oficiales, son bilingües. Es decir, que disponen de dos lenguas para expresarse en una u otra. Porque el contacto de lenguas, que es social, está en el bilingüe que compara sus lenguas e incluso, las mezcla, siendo la interferencia moneda corriente.

La difícil situación del euskera está en que no hay monolingüismo vasco ni en Euskadi ni, probablemente, en ningún sitio.
En Lingüística, adjetivos como fácil, difícil, significan en relación a un estándar explícito o implícito con el que se los compara. En nuestro caso, los bilingües citados tenderán a comparar las formas verbales vascas con las castellanas. Por ejemplo, 'eman diezadakezu' corresponde a 'me lo puedes dar', pareciendo ésta más fácil que aquella para usar por construirse con elementos independizables y reconocibles semánticamente frente a la forma vasca que es un bloque de morfemas abstractos inseparables.

Sé -por haber sido la primera en demostrarlo hace tiempo- que el vasco es lengua aglutinante y que este rasgo fundamenta su estructura. Pero las formas verbales similares a la citada, si bien fascinan al gramático por su pulcritud, suponen un hándicap en el uso natural de la lengua. Y como tienen formas alternativas más ágiles, creo que la grave situación actual lleva a sopesar éstas. Quizá habría que cambiar la filosofía frente a la norma vasca, porque la ley del mínimo esfuerzo es real y, en nuestra práctica diaria, la gramática no es sino un 'mal necesario', ya que buscamos jugar con la lengua. Es obvio que mi propuesta no cabría en distinto contexto político.

La política lingüística se inserta en una planificación con varios componentes. El Gobierno vasco ha actuado con acierto sobre casi todos ellos, salvo sobre el de mayor impacto social: la codificación de la norma. Y puede pensarse que, a través de sus expertos, tenía que haber alertado a la Academia sobre los tristes datos del uso, para introducir medidas correctoras, como prevé el modelo de planificación aunque sean incómodas.

Me cuento entre quienes han dedicado mucho tiempo al euskera y querría poder emplearlo en mi ciudad. Me gustaría también dejar de oír que la lengua que no tiene más país que este nuestro para manifestarse y vivir es un enfermo terminal que no acaba de morir.

anterior gobierno
Las consellerías del Bloque dispararon las subvenciones de la Xunta a A Mesa

En el 2007 aportaron 342.000 euros sobre un total de 385.000, 125.000 más que los que recibió la Real Academia
La Voz 5 Julio 2009

A Mesa pola Normalización Lingüística multiplicó en la pasada legislatura sus ingresos en subvenciones de la Xunta gracias a la presencia del BNG en el Gobierno gallego. La aportación de las consellerías nacionalistas resultó determinante en el incremento exponencial registrado en las cantidades aportadas por el Ejecutivo autonómico a la organización creada en 1986 para promover el uso del gallego, que entre el 2006 y el 2007 pasaron de 54.761 a 385.912 euros. De esa cantidad, 342.000 euros procedieron de convenios e inserciones publicitarias de Vicepresidencia, Industria, Cultura y Vivenda, departamentos que controló el Bloque dentro del Gobierno de coalición.

La rúbrica de convenios y la incorporación de publicidad en la revista Longa lingua por parte de las consellerías que dirigió el BNG fue decisiva en la financiación de A Mesa durante el mandato del bipartito, en el que ingresó 695.309 euros en subvenciones de la Xunta entre el año 2006 y el primer trimestre del 2009. De esos 695.309 euros, 647.000 procedieron de operaciones con consellerías con gestor nacionalista. Los 48.000 restantes correspondieron en su mayor parte a la Presidencia de la Xunta, de la que dependían las competencias en materia de Política Lingüística.

Ajuste tras el bum del 2007
Aunque después del crecimiento exponencial de las ayudas en el 2007 la organización lingüística siguió nutriéndose en el 2008 de las aportaciones de las consellerías del Bloque, que firmaron convenios e inserciones publicitarias que le reportaron 233.000 de los 238.360 euros que recibió de las arcas autonómicas en ese ejercicio, los ingresos por esa vía sufrieron una merma importante respecto al año anterior. Ese recorte tuvo lugar después de que en el 2007 A Mesa recibiera más fondos de la Xunta que la propia Real Academia Galega, la institución centenaria encargada de definir las normas gramaticales, la ortografía y el léxico del idioma, y de promover su uso. En ese ejercicio, el Gobierno autonómico liquidó a la Real Academia Galega transferencias y subvenciones por 260.381 euros, 125.000 menos de los que aportó a A Mesa (385.912). Pese a que esa relación se invirtió en el 2008, y la Real Academia ingresó 154.000 euros más que A Mesa, en el cómputo del período 2006-2009 la diferencia a favor de la institución centenaria fue inferior a 300.000 euros.

Vicepresidencia como motor
Entre todos los departamentos de la Xunta que gestionó el BNG durante el mandato del Gobierno de coalición, el departamento de la Vicepresidencia de Igualdade, que dirigió Anxo Quintana, fue el más aplicado en subvencionar a la organización lingüística. 223.140 de los 385.912 euros que A Mesa percibió en el 2007 correspondieron a acuerdos con ese departamento. En el 2008 le aportó 185.000 euros en cinco pagos de convenios.

La Xunta canalizó las subvenciones por dos vías principales. Las aportaciones más cuantiosas correspondieron a convenios de colaboración con A Mesa, que generalmente se repartían en varias mensualidades. Las entregas de menor importe, pero muy notables en número, se justificaron por medio de inserciones publicitarias en la revista que la organización lingüística edita desde hace dos años con una tirada de 5.000 ejemplares.
 

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