AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 6 Julio 2009

 

Ajo y agua
José Carlos Rodríguez Libertad Digital 6 Julio 2009

La Generalidad y el parlamento catalán han cerrado el círculo inane. Catalán en la escuela de cabo a rabo. La preferencia de los padres no vale nada ante la preferencia de los políticos. Como ha dicho elocuentemente el ministro de Educación, "las familias deben asumir que la lengua vehicular es el catalán". Qué educación reciben sus hijos es cosa de los Montilla, los Gabilondo y una pléyade de burócratas sin nombre ni vergüenza que les suplanta.

Me sorprende cómo se ha recibido la noticia en algunos medios. ABC habla de ataques "al castellano". Como si el idioma fuera un ente real distinto de quienes lo hablan y escriben. ¿Qué es "el español" o "el catalán" sino el modo de comunicarse de un conjunto más o menos grande de personas? A los nacionalistas les sobran las personas, que a poco que se les dé protagonismo empiezan a decir lo que les da la gana y a mostrar una inconveniente inclinación a tratar sus propios asuntos como les da la real gana. No. Lo mejor es hablar de un ente, de un fantasma, "el catalán", como si tuviese vida propia, al margen de quienes lo hablan. Saussure, a la hoguera. ¿Quién puede alegar nada razonable frente a una creación mística, como ese "catalán" sublimado? Oponerle "el castellano" es un esfuerzo vano, porque en el terreno de la mística el nacionalismo lleva demasiada ventaja. Hablemos de los catalanes y de sus derechos.

También me llama la atención el titular de El Mundo. La llamada LEC es una declaración de independencia educativa. Es de independencia, sí­, pero no de España, que sería lo de menos, sino de independencia de los ciudadanos y de sus derechos. ¿Para qué querríamos una España unida en la que nos gobernase un hampa como la de la clase política catalana? España, antes rota que roja, o que protofascista.

Porque aquí lo que está en juego no es "el castellano" o "la independencia". Lo que está a la vista de todos es que el sistema político actual no tiene de democrático más que la envoltura. No se hace lo que quieren los ciudadanos, sino lo que quieren los políticos. Una democracia autoritaria, un autoritarismo dizque democrático. Ese es el peligro en las aulas de Cataluña y fuera de ellas.

José Carlos Rodríguez es miembro del Instituto Juan de Mariana

Cataluña
Del Estado raquítico al Estado anoréxico
José García Domínguez Libertad Digital 6 Julio 2009

Es tradición. La derecha, tan gallarda cuando toca perorar sobre la patria acodada en las trincheras de Madrid, se rila en cuanto pisa Barcelona. Apenas atisban El Prat, feroces leones indómitos y temibles legionarios de la causa hispana, de súbito, se transmutan en inofensivos conejitos de peluche. Y no digamos al llegar a la Plaza de Cataluña (Catalunya para los creyentes).

Tanto da entonces que se trate de políticos, rutilantes estrellas del periodismo o intelectuales más o menos orgánicos: se arrugan todos con una diligencia que haría las delicias de Adolfo Domínguez. Así, Rajoy, que ha aprendido a conducirse por territorio comanche aplicando aquella máxima de supervivencia tan cara a los quintos de provincias en la mili: pasar lo más inadvertido posible, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, siempre. De ahí su heroico "No me han preguntado" a cuenta de la Ley de Educación de Cataluña . Y es que motu proprio nada tenía que decir el estadista presunto sobre la prohibición del español en un rincón –teórico– de España. En eso, don Mariano nos ha salido a Franco: él tampoco se mete en política. Jamás.

Así las cosas, sólo resta que hagan pública de una vez la inapelable sentencia del Constitucional contra la Constitución. Atajo vergonzante por medio del cual habrá de cerrarse el largo ciclo que diseñaron los dos gobernantes más sobrevalorados de la Historia de España, Cánovas y Adolfo Suárez. Muy loado fundador del Estado raquítico, el uno; no menos nefasto precursor del Estado anoréxico, el otro. Y en medio de ambos promotores de la nada, del poder reducido a mera ausencia, el catalanismo ocupando ese inmenso espacio libre regalado a su cotidiana labor de zapa.

Las naciones, todas, sin excepción, han sido creaciones de los Estados, no viceversa como presumen los simples. Por eso, consumada la secesión sentimental, la expulsión del castellano se antojaba imprescindible al Estado catalán en gestación con tal de apuntalar la nació en las mentes bajo su soberanía. Y al fin, lo han conseguido. Cuentan los cronistas del Desastre del 98 que el honrado pueblo, indiferente, lo celebró en los toros. Hoy, apenas un siglo y pico después, las portadas de la prensa patria las monopoliza Barcelona. No es para menos: José Tomás, soberbio, ha triunfado en La Monumental.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

El partido más antiliberal y mentiroso de España
EDITORIAL Libertad Digital 6 Julio 2009

A Zapatero le resulta paradójico que el gran partido liberal de España sea también el Partido Socialista. Y no es de extrañar, porque resultaría paradójico si no fuera rematadamente falso. En España, después de que Rajoy echara por la ventana a los liberales y a sus principios en el nefasto Congreso de Valencia, no existe ninguna formación genuinamente liberal, si acaso algún partido con ciertas políticas tímidamente liberales, y más por casualidad o interés electoral que por convicción.

Zapatero miente y sabe que miente, será para no perder la costumbre que tan buenos réditos electorales le ha dado hasta la fecha. Al fin y al cabo, la esencia del famoso talante es ésa: atacar y cercenar todas y cada una de las libertades de los españoles con una sonrisa en la cara. El líder socialista ha comprendido que una parte muy significativa de España consiente cualquier exceso del poder estatal siempre que no perturbe su calma, siempre que no recurra a la bronca, siempre que no diga una mala palabra aunque tampoco cometa ninguna buena acción.

Sin embargo, la otra parte de España, esa minoría que nunca ha tragado con las ruedas de molino ni de la izquierda depredadora ni de la derecha timoratamente simpática y retorcidamente centrista, sólo puede escandalizarse –una vez más– ante el desvergonzado descaro del presidente del Gobierno.

Basta una fugaz lectura de la prensa de este domingo para desmentir la afirmación de Zapatero por todos y cada uno de los costados de la realidad. Será difícil encontrar siquiera una noticia no ya donde el PSOE promueva o respete la libertad de los españoles, sino donde no la ataque con saña e inquina.

En el ámbito institucional, donde un partido liberal debería defender la contención del poder político, la transparencia y la interdicción de la arbitrariedad, el PSOE sólo ofrece ejemplos de nepotismo y corrupción orgullosos de serlo. Saiz ha dimitido por su escandaloso comportamiento al frente del CNI, pero Zapatero sólo sabe calificar su gestión de "buena"; le ha faltado añadir "ejemplar". Y es que, de hecho, si hubiese seguido el ejemplo del vicepresidente tercero, el jefe de los espías españoles continuaría limpiando piscinas, cazando y pescando, manipulando fotografías o espiando criadas a costa de los contribuyentes: el nepotista Chaves no sólo no se va, sino que recibe el espaldarazo de su partido como "político, honesto, cabal e íntegro".

En el ámbito económico, donde un partido liberal debería postular la reducción de impuestos y del gasto público así como la libre empresa, nos encontramos con que Zapatero anuncia la planificación de la industria energética hasta el año 2030 (lo que en términos estalinistas vendrían a ser unos cuatro planes quinquenales) y con que nuestro país se ha convertido en todo un ejemplo internacional de cómo el despilfarro y el déficit público sirven no para salir de la crisis sino para hundirnos todavía más en ella.

En la política exterior, donde un partido liberal habría de alinearse con los regímenes democráticos más respetuosos con las libertades ciudadanas, Zapatero se alía, como pocos otros mandatarios mundiales, con el totalitarismo bolivariano –Chávez, Castro, Correa y Morales– para dar el golpe definitivo a la democracia hondureña. No sólo no respeta la soberanía nacional, sino que está dispuesto a pisotearla para validar su red de relaciones internacionales con algunos de los regímenes más tiránicos del planeta.

En la educación, donde un partido liberal debería defender con uñas y dientes la libertad de los padres para instruir a sus hijos en sus valores, ideas y lengua, el ministro Gabilondo aparece defendiendo la Ley de Educación Catalana con argumentos tan liberticidas como que "las familias deben asumir que la lengua vehicular es el catalán". No hay otra opción, porque el liberalismo con marca Zapatero consiste precisamente en eso: eliminar las opciones individuales reduciéndolas a los caprichos del líder.

Tal vez Zapatero se crea liberal por despenalizar todo aborto durante las 14 primeras semanas de gestación, esto es, por conceder a las madres la potestad irrestricta de terminar con la vida de un ser humano. Pero aun cuando algunos liberales bienintencionados confundan la desprotección jurídica total del nasciturus con la "libertad a abortar", difícilmente el PSOE podría encuadrarse entre los liberales.

No, los socialistas sólo quieren esconderse detrás de la etiqueta "liberal" para tener las manos libres a la hora de anular las libertades de los españoles. Es la vieja estrategia de vender libertad mientras se desempolvan los grilletes y las cadenas.

Cuando pagar impuestos humilla y esclaviza
Francisco Rubiales Periodista Digital 6 Julio 2009

Cuando los ciudadanos pagan sus impuestos con desconfianza y obligados más por el miedo al castigo que por el deber cívico de contribuir, la democracia no existe y, probablemente, la política y el liderazgo están infectados de corruoción, totalitarismo y otros males.

Muchos españoles acaban de entregar su declaración de la renta a Hacienda sin entusiasmo, sin espíritu cívico, sintiéndose sometidos y con mucho dolor, convencidos o sospechando que sus impuestos no van a ser utilizados para desarrollar políticas justas, solidarias y orientadas al bien común, sino que, por el contrario, van a alimentar el despilfarro del poder, la corrupción y la injusticia.

Pocas cosas son más humillantes para un demócrata que pagar sus impuestos sin entusiasmo ni espíritu cívico, sólo por miedo al castigo que el Estado tiene reservado a los que no pagan dinero al poder.

Aquellos viejos tiempos de la naciente democracia española, cuando todavía creíamos que nuestros impuestos servirían para construir carreteras, potenciar el desarrollo del país y compensar a los más débiles y necesitados, han pasado a la historia. Entonces pagábamos con orgullo dde demócratas, pero hoy es diferente. Cada día son más los ciudadanos españoles que se sienten vajados y humillados al contribuir con su dinero al carnaval de truhanes en que se ha convertido esta España injusta, corrupta y mal gobernada.

Cada día son más los que entregan su declaración convencidos de que sus impuestos servirán para:

Pagar sueldos excesivos a políticos que no los merecen, a enchufados de los partidos que ni siquiera trabajan, a familiares y amigos de políticos que ordeñan el erario público.

Sufragar el boato abusivo e hiriente de los innecesarios gobiernos locales, provinciales, regionales, autonómicos y central, todos ellos hipertrofiados y cargados de privilegios y aparatos superfluos y demasiado costosos, dotados de tarjetas de credito ilimitadas, coches de lujo, guardaespaldas, secretarias, asesores, conserjes, chóferes y demás servidumbre copiosa de las modernas cortes creadas por los nuevos sátrapas de la democracia.

Alimentar, subrepticia o directamente, la corrupción que infecta a España, con metástasis muy avanzadas en las administraciones, partidos políticos y numerosas instituciones de la sociedad.

Mantener a una casta política arrogante y sin otros méritos que exhibir que el de su mal gobierno, el del despilfarro y el de haber asesinado la democracia, tansformándola en una sucia oligocracia de partidos, de la que el ciudadano, que es el "soberano" del sistema, ha sido expulsado.

Voto en Blanco

Lucha jurídica contra ETA
Editorial ABC 6 Julio 2009

LA contundente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el «caso Batasuna» abre nuevas perspectivas en la vertiente jurídica en la lucha contra ETA y sus secuaces. Los jueces de Estrasburgo han dejado las cosas muy claras en cuanto a la capacidad de un Estado democrático para impedir la presencia en las instituciones de quienes actúan bajo las órdenes directas de una banda terrorista y al servicio de sus fines estratégicos.

A partir de ahora, cabe plantear con nuevos fundamentos de Derecho la posibilidad de actuar contra los ayuntamientos dominados por Acción Nacionalista Vasca (ANV), otra «marca» pseudopolítica de ETA también ilegalizada en su día de acuerdo con la Ley de Partidos. Hoy informa ABC acerca de la disposición del Gobierno a emprender acciones legales contra dichas corporaciones con el aval que supone el fallo de un Tribunal europeo que se caracteriza por una alta exigencia hacia los Estados respecto a la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Así pues, la legislación española cumple escrupulosamente todas las reglas del juego democrático y convendría continuar ahora por el camino allanado por la sentencia de Estrasburgo.

A partir de una consideración favorable a este tipo de acciones en el terreno jurídico, es necesario tener en cuenta las dificultades prácticas que se plantean. El chantaje criminal de ETA sigue ahí -como demuestra, por desgracia, el reciente asesinato de Eduardo Puelles- y no será fácil disolver las corporaciones actuales y constituir comisiones gestoras en un ambiente de amenaza terrorista. Además, es preciso determinar con exactitud cuántos ayuntamientos se verían afectados por estas actuaciones. Caben al respecto varias opciones: bien aquellos en los que ANV gobierna o sólo aquellos en los que tenga mayoría absoluta (y sea imposible, por tanto, actuar por vía de mociones de censura), o bien incluso acudir a una interpretación restrictiva y actuar sólo contra aquellos que utilizan la corporación para adoptar acuerdos que favorezcan de un modo u otro a la banda terrorista.

Hay, por tanto, una conjunción de problemas de hecho y de Derecho, sumados a que las actuales entidades locales están ya en una fase avanzada de la duración de su mandato. Todo ello obliga a un estudio riguroso y sereno para adoptar la decisión adecuada al único fin política y moralmente admisible en un Estado de Derecho, que sólo admite la presencia en las instituciones de las personas que rechazan sin reparos la violencia como arma política.

La ley de Partidos, fruto del Pacto Antiterrorista suscrito en momentos de pleno consenso en la lucha contra ETA, ha demostrado ser un instrumento eficaz en la práctica y acorde con las exigencias democráticas, como se desprende de las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y ahora del órgano jurisdiccional europeo encargado de velar por el Convenio de Roma en materia de derechos fundamentales. La opinión pública exige la máxima contundencia en las acciones que se emprendan contra cualquier disfraz de la banda terrorista, cuya presencia en las instituciones democráticas indigna a las personas honorables y exige abrir nuevas vías con el mismo rigor y pulcritud que hasta ahora.

Triste, solitario y final
GABRIEL ALBIAC ABC 6 Julio 2009

NO le digo ahora adiós. Lo dije entonces, cuando, hace menos de dos años, Mikel Buesa inició la derrota que cierra dignamente ahora. Fue el síntoma de que todo iba a venirse abajo. Los partidos recuperaban el control total de lo político, que parecían haber perdido, y que quizá ciertamente perdieron, entre la primavera de 2004 y el invierno de 2007; cuando, por primera vez desde que España es democracia, la gente tomó en las calles el relevo de una casta por la cual se juzgaban estafados. En 2007, Buesa anunciaba su ingreso en el partido nuevo de una vieja aparatchiki del PSOE a punto de perder el sueldo del cual vivió en los últimos treinta años. Vi en aquello un error, entonces. Ahora, cuando Buesa decide volverse a casa, es ya tarde. No hay remedio. Los partidos recuperaron el control. De todo. Y el ciudadano entró en el tibio redil tras sus pastores. Lo peor sucede siempre: es una ley de la materia.

Por eso fascinaba tanto el movimiento ciudadano hace cuatro años. Por eso era preciso aniquilarlo. Los partidos políticos son una maldición inseparable de la democracia: quizá su precio más oneroso y su perversión moral más repulsiva. Pero algo hay que pagar por este, que es, pese a todo, el menos doloroso de los sistemas políticos hasta hoy conocidos: el único en el cual, por lo menos, el pago de brutales impuestos compra el primordial derecho a atrincherarse en lo privado y mandar, desde allí, al Estado a hacer puñetas.

Los que hemos visto otros tiempos y otros sitios, sabemos hasta qué punto esta minucia es el mayor lujo. No dan para mucho más las sociedades humanas. Y allá donde un mundo es bastante inteligente -y suficientemente rico- para pagarse una vida mínimamente agradable, no persigue ya siquiera librarse de la parásita casta de sus políticos. Acota sólo lo que es conveniente pagarles para que no molesten. Y fija, en paralelo, las redes de comunidad que permitan al ciudadano relacionarse con sus iguales y despreciar con sosiego a aquella mala gente necesaria, a la cual mantenemos para que carguen con el trabajo moralmente más sucio. La libertad real de un país se mide por el índice de autonomía de la sociedad respecto de lo político; y por la intensidad de su hastío hacia partidos y Estado.

Aquí nunca existió eso. Ni antes, ni durante, ni después de la dictadura. El Estado, en la España del siglo veinte, absorbe todo. Y los partidos tienen, como objetivo primero, quebrar alma y libertad de quienes pagan sus cuentas. Es el mundo al revés. Pero viene de tan largo, que ni siquiera ya percibimos la amputación anímica que toma aquí nombre de democracia. Y es cierto que es menos malo eso que una dictadura. Pero, ¿puede llamarse democracia? Sólo muy analógicamente. Por eso, cuando el Foro Ermua sacó a la gente a la calle con objetivos y lemas que eran abiertamente odiosos a los partidos, cosechó un éxito tan inesperado.

Fue una fiesta. Al fin la ciudadanía, pensamos algunos. Lo pensaron también los dirigentes políticos. Y entendieron que había que aniquilarlo. La más inteligente fue, desde luego, Rosa Díez: hacer de aquel grito de rechazo contra los partidos matriz para otro partido más, revela un cinismo político sin duda brillante. Buesa fue rehén de aquel proyecto. Se equivocó. ¡Tantas veces nos equivocamos todos! Le honra haberlo constatado ahora. Y haber tenido el vigor de abandonar. Y a mí me pasa como al protagonista de cierta novela negra, que no acierta a formular su despedida, porque eso sucedió hace mucho: «No le digo adiós. Se lo dije cuando tenía algún significado. Se lo dije cuando era triste, solitario y final».

UNA VERSIÓN OFICIOSA DIFÍCILMENTE VEROSÍMIL
EL MUNDO 6 Julio 2009

(El Editorial 'Una versión oficiosa difícilmente verosímil' fue publicado por EL MUNDO el 14 de julio de 2006)

El horror del 11-M se enmaraña con el paso del tiempo en tres historias: lo que ocurrió en aquella hora infame; el relato oficial de lo que ocurrió, elevado a sentencia; y todo lo que sabemos que no sabemos, más lo que ni siquiera sabemos que no sabemos. La querella de la 'Asociación de Ayuda', que representa a un colectivo de víctimas, contra el entonces jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, demuestra que siguen sin respuesta ni aclaración las dudas y certezas que EL MUNDO exponía un día sí y otro también hace tres años, mientras el procesamiento estaba en curso y quedaba la esperanza de que se pudiera buscar la verdad:

*** Tres días ha tardado el Ministerio del Interior en trasladarnos su versión oficiosa sobre la contradicción entre lo declarado en el Congreso por el jefe de los Tedax -que señaló que los expertos de la Policía encontraron nitroglicerina en los focos de explosión de los trenes- y la hipótesis sobre la que descansa el sumario del 11-M de que los explosivos utilizados por los islamistas eran Goma 2 ECO, que no contiene nitroglicerina.

Aunque siempre es de agradecer que el Gobierno conteste al requerimiento de un medio, las explicaciones oficiosas de Interior no nos parecen suficientes y seguimos pensando que un asunto de esta gravedad requiere una explicación pública y una versión oficial. Dejando aparte este aspecto nada secundario, debemos decir que las explicaciones que nos han transmitido contienen elementos tan difíciles de entender como de creer. Se nos dice, en primer lugar, que Sánchez Manzano, jefe de los Tedax, confundió nitroglicerina con dinamita; es decir, la parte por el todo.

Es cierto que en la primera de sus dos referencias en el Congreso cabría esta interpretación. Pero no en la segunda, cuando se equivoca al decir que la nitroglicerina es un elemento integrante de todas las dinamitas, pero luego precisa que "lo único que se pudo encontrar es nitroglicerina".

En todo caso, resulta difícil de aceptar un error de tan grueso calibre en un profesional que comparece ante el Congreso y que ha preparado su intervención. Si Sánchez Manzano se equivocó de forma tan garrafal, lo mínimo que podría hacer el Gobierno es destituirlo de forma fulminante por la gravedad del error y por no haber rectificado en los dos años transcurridos. Hay que recordar que Sánchez Manzano es la misma persona que trató de engañar al juez con la metenamina, la suplantación de la mochila y la omisión de que el cable del móvil estaba desconectado del explosivo.

Por otro lado, la versión de Interior tiene una inquietante contradicción: se dice que se identificó que el explosivo era dinamita y a la vez que no se pudo identificar ninguno de sus componentes. ¿Cómo es posible saber que se trata de dinamita si no se conoce previamente su composición química interna? En el auto de procesamiento, se afirma que la unidad especializada de la Policía realizó "una analítica" de los explosivos "que determinó la presencia de componentes de dinamita". Ello contradice la versión oficiosa del Gobierno.

Pero además Interior habla de la existencia de "una comunicación verbal" en la que se informa el mismo 11-M al jefe de los Tedax de que el explosivo era dinamita. Resulta inverosímil y contradice todos los protocolos de actuación policial que el resultado de un análisis químico fuera comunicado sólo verbalmente y no por escrito. El propio auto de procesamiento menciona un anexo donde deberían constar los resultados de los análisis de los explosivos, pero ese anexo no aparece en el sumario. ¿Por qué?

Para creer la versión del Gobierno habría que hacer un acto de fe. EL MUNDO ha evitado los juicios de intenciones y la formulación de hipótesis no basadas en los hechos. Pero tampoco podemos comulgar con ruedas de molino.

Hay tres cosas que el Gobierno puede hacer para ser creíble: la primera, destituir a Sánchez Manzano; la segunda, hacer público ese análisis que se realizó el 11-M, de cuya existencia estamos seguros; y la tercera, comparecer cuanto antes a explicar todo ello en el mismo Parlamento en el que Manzano pronunció la palabra que puede cambiar la historia del 11-M. ***

(El Editorial 'Una versión oficiosa difícilmente verosímil' fue publicado por EL MUNDO el 14 de julio de 2006)

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Gabilondo se lava las manos frente al nacionalismo catalán
EDITORIAL Libertad Digital 6 Julio 2009

EL PASADO jueves el Gobierno saludó la Ley de Educación de Cataluña (LEC) advirtiendo que estudiaría «sus recovecos» ante la certidumbre de que esta normativa contraviene -como mínimo- el Real Decreto de 2006 del Ministerio de Educación que establece la obligatoriedad de impartir tres horas semanales de castellano. Pues bien, de la entrevista con el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que hoy publicamos, se desprende que el Ejecutivo no sólo no va a mover un dedo para impedir que Cataluña proclame su independencia de España en materia educativa, sino que está dispuesto a recurrir a todo tipo de pretextos para pasar por alto el órdago soberanista más importante al que se enfrenta el Estado desde el plan Ibarretxe.

La LEC se ampara en el Estatuto de Cataluña para consagrar el catalán como lengua vehicular única en la enseñanza en esta Comunidad -algo que ya reconocía la Ley de Política Lingüística de 1998-; contraviene flagrantemente la Constitución al imponer un modelo monolingüe en las escuelas y negar a los padres el derecho a elegir la lengua en que van a ser educados su hijos; ignora la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a la Generalitat a ofrecer formularios de escolarización bilingües; y se burla del Gobierno -que según el TC es quien debe fijar las enseñanzas mínimas- al relegar el castellano al nivel de una lengua extranjera y al atribuir a la consejería de Educación catalana el diseño curricular.

Pese a estas evidencias de que la LEC es una peana del independentismo que desprecia las leyes del Estado y las sentencias judiciales, el mismo ministro que hace solo dos meses recordaba que «el español es la lengua oficial de todo el Estado» y porfiaba que «todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo», ahora concluye que todas las disposiciones de la ley catalana son legítimas y hay que respetarlas mientras el Tribunal Constitucional no resuelva los recursos presentados hace tres años contra el Estatuto, cuya normativa es efectivamente de rango superior a los decretos de su departamento.

Gabilondo se lava las manos en la vergonzosa pasividad del TC y pide a las familias que olviden sus derechos básicos y «asuman la legalidad» de la lengua vehicular catalana. Tiene razón el ministro cuando subraya que «el debate de fondo es el debate sobre el Estatuto», pero no por ello podemos evitar recordarle que los derechos constitucionales están por encima de cualquier Carta autonómica, así como preguntarle si se siente pues exento de responsabilidades en Cataluña mientras los magistrados del TC no decidan pronunciarse.

En el trasfondo de la docilidad del Gobierno para con los desafueros de los nacionalistas catalanes volvemos a encontrar las hipotecas de la geometría variable de Zapatero, así como el uso de las lenguas cooficiales como armas arrojadizas. Si no, no se explica que el mismo partido que en el País Vasco pacta con el PP para frenar la euskaldunización programada por el anterior lehendakari, en Aragón ponga en riesgo su alianza con el PAR para promover el catalán a través de la controvertida Ley de Lenguas, o en Cataluña se avenga a hacer de comparsa del secesionismo lingüístico.

Entre los escombros de Babel
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR ABC 6 Julio 2009

«AHORA, pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que no se entiendan los unos con los otros». Así dice la Biblia que Dios castigó la soberbia de los hombres, en su deseo de construir una torre con la que conquistar el cielo: por eso se la llamó Babel que es lo mismo que decir, confusión , balbuceo. Así parece que algunos grupos políticos quieren reconstruir en España un paraíso políglota para uso y disfrute de viajeros románticos, cerrando espacios a la libre y fácil circulación de ciudadanos, levantando por aquí y por allá aduanas lingüísticas.

Lamentablemente, la posibilidad de entenderse en una lengua común, elogiada, incluso, por el poeta catalanista Aribau en 1817, ya no se ve en España como una ventaja, sino como una penitencia impuesta por Goliats implacables y abusivos. Hoy es una moda casi unánime alegrarse por nuestra valiosa riqueza lingüística, y a nadie le sorprende que esas hablas recónditas, propias de algún verde valle asturiano, aragonés, leonés o extremeño, sean la delicia de los políticos regionales.

Los partidarios de Babel están tan convencidos de que multiplicar las lenguas multiplica la riqueza cultural que, algunos, hasta se animan a exportar su autocomplaciente receta por medio mundo. Y así, en marzo de este año, gracias a la televisión catalana, hemos podido ver a Carod Rovira dedicando un millón de euros a fomentar el bilingüismo entre los indios shuars del Ecuador. Dinero de los españoles para que aquéllos aprendan su propia y antiquísima lengua. La imagen del político nacionalista aceptando la lanza india que le ofrecía el jefe shuar en perfecto castellano y medio en cueros, además de grotesca, demuestra que Unamuno no se equivocaba cuando, ya hace más de noventa años, dijo que el ideal de ciertas gentes es ver cada terruño con su lengua rústica.

Rectificar lo tradicional por lo racional fue la consigna y el proyecto de Azaña en la Segunda República. Las lenguas tienen una finalidad utilitaria: sirven fundamentalmente para comunicarse, y aquellas que tienen alcance universal, como el inglés, como el español, son puentes, instrumentos de unión y no de aislamiento. Esto, al menos, nos dicen la razón y la historia.

Pero esta concepción de la lengua apenas ha tenido peso en la España de las comunidades autónomas. Aquí, lo tradicional corrige lo racional. Aquí, una lengua, cualquier lengua, es mucho más que algo para entenderse. Aquí, quien más quien menos, se ha ido adhiriendo al ideario nacionalista, según el cual la lengua no la hablan las personas sino los pueblos, o peor aún, los territorios.

«Normalización» ha sido y es la amenazadora palabra utilizada por los gestores de las comunidades bilingües para implantar la lengua autóctona, y minoritaria, en todos los ámbitos de la vida oficial y social de la región, relegando al castellano a un papel secundario de vehículo de comunicación con el resto de España y un nivel similar al que supone el inglés en las relaciones internacionales. Y para que este implacable proceso de planificación cultural alcance su meta, cualquier despilfarro parece justificado. En 2008 la Generalitat catalana invirtió 42 millones de euros en Política Lingüística, el doble que en 2007, mientras que Baleares gastó más de seis y la Xunta del desaparecido Touriño alrededor de 23. Todo, dinero público para que no se hable castellano.

Este brutal eufemismo, «normalización lingüística», acompañado por gestos de doncella azorada ante los imaginarios ultrajes del lucifer castellano, está diseñado para despertar simpatía y comprensión. Pero detrás de esa puesta en escena se oculta un deseo de homogeneización contrario al pluralismo social, además de una grosera conquista y conservación del poder político y de control del erario público por parte de ciertas elites regionales, ansiosas de promoción social. El término, hoy en boca de todos, me recuerda las tergiversaciones verbales de los partes alemanes de la Primera Guerra Mundial: por ejemplo, «avance elástico sobre la retaguardia» para no decir retroceso.

Porque si nos atenemos a la normalidad, o a la integración y cohesión social de la que nos hablan una y otra vez las autoridades regionales, la lengua a proteger debería ser el castellano, la lengua común y de la mayoría de catalanes, vascos, gallegos o baleáricos , la del resto de españoles y la de mayor parte de los trabajadores emigrantes. Pero los nacionalismos y asimilados siempre dan por hecho que su proyecto político es algo escrito en las estrellas, un derecho natural, casi divino.

Y por lo que respecta a sus planes lingüísticos, han conseguido que la mayoría de españoles se muestren aquiescentes y sumisos, cuando no entusiastas, como en el caso de los socialistas catalanes y de Baleares, fanáticamente incorporados al aquelarre de los atentados contra los derechos de los castellanohablantes.

Hace muchos años que Ortega se lamentaba: «¿No es cruel sarcasmo que luego de tres siglos y medio de descarriado vagar, se nos proponga seguir en la senda tradicional?». Sarcasmo aún mayor: que, en pleno siglo XXI, no sólo siga en pie esa propuesta, sino que triunfe. Lo supo ver, con claridad desmitificadora, el llorado filólogo Juan Ramón Lodares, quien hace ya tiempo advirtió que esta España de los pueblos que se nos presenta ahora como el colmo de la modernidad, con sus ricas lenguas oficiales y sus otras muchas variedades dignas de especial protección por los gobiernos autónomos es, en esencia, una España antiquísima. La que irritaba a Ortega y Azaña. La de los tradicionalistas revestidos ahora de nacionalismo. La de siempre.

Y no deja de ser paradójico que mientras Zapatero se llena la boca proclamando su cruzada en defensa de las libertades, su Gobierno mire pudorosamente hacia otro lado cuando éstas se asfixian en el ámbito lingüístico. ¿Cómo cerrar los ojos ante los millones de personas que se ven postergadas y a veces coaccionadas por el simple hecho de querer utilizar su propio idioma de alcance universal? ¿Cómo ignorar la célebre policía de la lengua catalana o los tribunales que amparan las denuncias anónimas y multan los usos lingüísticos que desagradan a los nacionalistas y socialistas? ¿Cómo no sentir claustrofobia e indignación ante la agresiva campaña del gobierno balear para sustituir el bilingüismo en las islas por un predominio absoluto del catalán?

Lo más triste... que hasta ahora los fundamentalistas de la «normalización» han conseguido confundir el problema con su denuncia y convertir en verdugos a las víctimas. Las quejas se acallan diciendo que no hay quejas, acusando a los descontentos de querer levantar polémica, o tachando a aquellos ciudadanos que denuncian la discriminación lingüística de fachas y retrógrados. Así de fácil. Así de cínico.

Pero no es cierto, como se lamentaba Jonathan Swift, que no se gana nada con defender la libertad. Siempre se gana algo, aunque sólo sea la conciencia de la propia esclavitud. Y cuando me hablan del compromiso de Patxi López en defensa de la libertad lingüística, recuerdo vivamente el coraje de las plataformas cívicas que mantienen esa llama en unos territorios donde la democracia y la razón se pervierten a golpe de anacronismo e ilegalidad. Y escucho el sonido de sus voces, y sus palabras llenas de sensatez, y comprendo su valiente escepticismo, pues saben que la tiránica hegemonía de las lenguas minoritarias no se ha edificado sobre las virtudes de los nacionalistas, sino sobre la hipocresía de los conversos y la pusilanimidad o los silencios de los demás.

FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR
Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de Deusto

Ética frente al terrorismo
Enrique LÓPEZ La Razón 6 Julio 2009

Ya han pasado unos cuantos días desde que el Tribunal de Estrasburgo, ha fallado a favor del Estado Español en el recurso interpuesto por Batasuna contra la ilegalización de esta formación política, pero su trascendental importancia hace que se deba recordar permanentemente esta resolución y sentar un principio, –que hoy parece claro, pero no hace apena dos años–, sólo con firmeza y unidad y desde la ley, aplicándola en toda su entidad, se puede acabar con el terrorismo, y en cualquier caso aunque tengamos que convivir todavía con el mismo, resulta el único medio para luchar contra la barbarie terrorista, cualquier otro es ilegal, inmoral e inaceptable en una Democracia. Parece que el diálogo con ETA ya está totalmente descartado.

El ejercicio de la lucha contra ETA ha de estar presidido no sólo por el uso de la ley, sino y además, por el ejercicio de la ética, ética que determina responsabilidad, unidad, coherencia, que hace descartar cualquier atajo (ni Gal, ni negociación). Con los miembros de ETA sólo se debe hablar ante los Tribunales y con la Ley como límite.

Pero estaba claro que hacía falta algo más; ETA se enmascaraba bajo Batasuna, actuaba contra nuestra Democracia utilizando la fortaleza de nuestro propio Estado de Derecho, y esto no podía permitirse por más tiempo. Así nace la nueva Ley de Partidos Políticos de 2002, y así se aplica por primera vez, teniendo como fruto la Sentencia del Tribunal Supremo ilegalizando Batasuna; aquel fue el principio del más que próximo fin de ETA. No fue fácil el consenso en la elaboración de la ley, y sé de lo que hablo, no resultó fácil su aplicación, había algún rechazo y fuerte escepticismo, pero al final se logró.

Pero para algunos, no bastaban los filtros judiciales de este país, reclamaban el examen de instituciones europeas, y se ha logrado: el alto Tribunal de Derechos Humanos ha calificado la ilegalización de Batasuna como una «necesidad social imperiosa», se dice en la sentencia que el Tribunal Supremo ilegalizó el partido etarra con el objetivo de «mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos». Por ello la ilegalización por parte de España no supuso una violación del principio de libertad de reunión y de asociación. Añade que cualquier partido puede proponer el cambio de la estructura constitucional de un Estado si cumple dos condiciones: que los medios utilizados sean legales y democráticos y que el cambio propuesto sea compatible con los derechos democráticos fundamentales. La resolución alaba la claridad de la Ley de Partidos e indica que la Ley «no está destinada a prohibir la defensa de ideas o doctrinas que cuestionen el marco constitucional, si no a conciliar la libertad y el pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia».

Ahora que ya tenemos el plácet europeo, nunca debemos olvidar que sólo con la Ley y con la Ética se debe luchar contra ETA, por eso nunca más artificiosas teorías sobre la escindibilidad de la personalidad jurídica de un partido como ocurrió con ANV, nunca más intentos de diálogo con delincuentes. Nunca más debemos alimentar la esperanza de los terroristas de que matando o dejando de matar van a conseguir algo, los que así lo crean se colocarán fuera del sistema. Por ello Ética, Ley y Moralidad.

AUNQUE LA BANDA ESTá BAJO MíNIMOS QUIERE LIDERAR AL NACIONALISMO VASCO
Otro golpe a ETA, Otegi y el PNV a lo suyo
IMPRESIONES El Mundo 6 Julio 2009

LA DETENCIÓN ayer de tres etarras que figuraban en la lista de los terroristas más buscados supone un golpe importante para la dirección operativa de la banda. Las policías española y francesa mantienen un cerco constante y muy eficaz contra la dirección etarra, ya que en las últimas semanas han llevado a la cárcel a terroristas con un papel clave en ETA.

El pasado día 25 se detuvo a dos miembros del aparato de información y ayer a tres etarras del aparato militar a los que se relaciona con los asesinatos del ex concejal socialista Isaías Carrasco en vísperas de las últimas elecciones generales y del empresario Ignacio Uria en diciembre de 2008. Todas estas detenciones son posibles gracias a que la colaboración hispano-francesa atraviesa sin duda uno de sus mejores momentos.

Las operaciones policiales golpean a los que empuñan las pistolas, pero su entorno político está más desarbolado que nunca después de que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo haya dejado sin argumentos su discurso contra la Ley de Partidos. No obstante, según publicamos hoy, ETA sigue queriendo liderar al mundo nacionalista radical, desde Batasuna a EA, pasando por Aralar y llegando al sector más soberanista del PNV.

Un documento incautado a un terrorista detenido establece como objetivo la creación de una llamada «Alianza Popular Nacional» que ETA quiere poner bajo su mando. Batasuna obedece, desde luego, a la banda terrorista, hay que recordar que en vísperas de las elecciones vascas, Otegi intentó un acuerdo con EA y con Aralar para crear una coalición independentista que no prosperó.

No es una noticia que ETA quiera liderar al mundo nacionalista, sí es preocupante que los partidos democráticos no se separen con claridad de sus postulados. En este sentido, resulta inquietante -además de ridículo- lo que sucedió ayer en el monte Gorbea, donde el líder del PNV encabezó una marcha para protestar contra la colocación de una bandera española en el transcurso de unas maniobras militares e hizo un discurso al que Otegi no le haría ascos. «Euskadi no es Perejil ni un punto estratégico en el que clavar el estandarte como signo de conquista», dijo. Cabría preguntarle a Urkullu, entonces, qué pintaban él y sus correligionarios poniendo la ikurriña en la cima del Gorbea con una oración fúnebre «a los gudaris vascos que dieron su vida por este país».

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
LUIS MARIA ANSON El Mundo 6 Julio 2009

Enterrado el victimismo europeo de Batasuna

Mis queridos magistrados?

Hasta las ranas del estanque del Retiro sabían en España que Batasuna es un instrumento de la banda terrorista Eta. Los camuflajes etarras no engañaron nunca a nadie, salvo al Zapatero de la primera legislatura que consideró a Otegui como un hombre de paz y comprometió la dignidad del Estado en una negociación, tú a tú, con Eta. Los embustes con que hace tres años obsequió el presidente circunflejo a la ciudadanía subrayan hoy la ejemplar sentencia que han dictado ustedes, los siete jueces que firman lo decidido por la Sala Quinta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Han arruinado ustedes la estrategia victimista de Batasuna en Europa. Han enterrado el brazo político de Eta. Han deslegalizado futuras maniobras como la de Iniciativa Internacionalista.

Gracias a las ocurrencias zapaterescas, sin embargo, los etarras mangonean hoy en numerosos municipios de las provincias vascongadas. Eta ha buscado siempre marcas para enturbiar las elecciones. El pueblo las huele a distancia. Y las denuncia. Ocho o diez partidos han maquillado la realidad atroz de los terroristas en los últimos años. Era muy necesaria una sentencia como la que han firmado ustedes para terminar con la burla. Conviene recordar ahora que el juez Garzón, tan denostado por otros motivos, actuó de forma sagaz y valerosa contra las falacias etarras.

Han afirmado ustedes en su sentencia que la deslegalización de Batasuna «corresponde a una necesidad social imperiosa»; que la Ley de Partidos española, «no está destinada a prohibir la defensa de ideas o doctrinas que cuestionen el marco constitucional sino a conciliar la libertad y el pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia»; que Batasuna y demás camelancias «eran instrumentos de la estrategia terrorista de Eta»; que los partidos políticos que incitan a la violencia «no pueden aprovecharse de la protección de la Convención Europea de Derechos Humanos».

Enhorabuena, señores magistrados. La sentencia que han firmado es y será en el futuro una pieza clave en la lucha contra las máscaras de Eta y contribuirá a extirpar el terrorismo que, desde hace más de treinta años, extiende su dictadura del miedo sobre el País Vasco español.

Estrasburgo, un paso de gigante
ANTONIO BASAGOITI ABC 6 Julio 2009

El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que apoya por unanimidad la ilegalización de Batasuna representa mucho más que una excelente noticia. Estamos ante un hecho que va a suponer un antes y un después en la manera de afrontar la lucha contra el terrorismo. En el duro camino por acabar con ETA ha habido distinto hitos como Ermua, el Pacto por las Libertades y ahora estamos ante otro. La ratificación de la corte de Estrasburgo desautoriza algunas de las iniciativas sobre ETA, en la idéntica proporción que avala otras.

Ya no debe quedar ninguna duda de que ETA es más que los pistoleros, y que las cosas hay que hacerlas bien, como hizo esto el Gobierno de Aznar, con la actuación destacada de personas como Acebes, Michavilla o Astarloa.
Y además se hacen mejor desde la unidad. Zapatero, estando en la oposición, propuso acertadamente la rúbrica del Pacto en el que se gestó esta Norma. Por eso Estrasburgo no sólo ha avalado al Gobierno en su actuación contra Batasuna. Ha dejado claro cuál es el camino correcto.

Por el contrario, lo que este fallo deja en evidencia son las negociaciones y las defensas de los batasunos. Algunos han quedado especialmente mal. La hemeroteca es clara, accediendo a la web de este diario se pueden leer cosas como: «Llamazares tiene dudas razonables de que este proceso vaya en camino de reducir la violencia». En 2002. Dos años más tarde, «ERC pedirá en el Congreso cambiar la Ley de Partidos y la derogación de leyes involucionistas». Los de Arzalluz consideraban, en 2003, que se estaba produciendo un «grave atropello jurídico y político» que tendrá «serias consecuencias electorales y de convivencia», y que «condena a la muerte civil a decenas de miles de vascos».

Estos nacionalistas dijeron que responderían con «la guerra» a la ilegalización de HB. Acusaron a Aznar de «destruir la democracia», dijeron que las elecciones estarían «trucadas». «Os queremos aquí», dijo Egibar dirigiéndose a los escaños batasunos «porque si tras las elecciones estáis fuera no se avanzará en la solución del conflicto». Año 2005. La iglesia vasca también. Los obispos rechazaron la ilegalización de Batasuna y auguraron «consecuencias sombrías».

Estrasburgo ha dejado claro que todo eso es mentira, y los argumentos esgrimidos por los anteriormente citados y algunos más solo han servido para alimentar el fanatismo. Los que han dicho estas cosas tienen que cambiar.
Tampoco ha quedado en buen lugar la negociación. El fallo confirma el grave error que supusieron las mesas de Loyola, los encuentros de la proetarra Goirizelaia con la actual consejera vasca Zabaleta, o también la foto del hoy lehendakari Lopez con Otegi. Los que metieron la pata deben aprender.

En definitiva, el fallo de los jueces de la Corte europea es un paso de gigante porque acaba con una de las principales excusas de la banda terrorista ETA, permitiendo hacer mucha pedagogía contra el terrorismo, y recordándonos que el camino para conseguir la paz es la firmeza del Estado de Derecho. Que es lo que estamos haciendo en el País Vasco el PP y el PSOE unidos, y ahora con más fuerza moral. Tenemos razones para ser optimistas.

Los profesionales sanitarios se plantan ante el rodillo del catalán
El sector de la sanidad considera «contraproducente» la campaña de inmersión lingüística impulsada por la Generalitat en los hospitales
E. ARMORA | BARCELONA ABC 6 Julio 2009

Aprender el catalán sí, pero sin prisas ni imposiciones. Facultativos y enfermeras consultadas por este diario coinciden en la necesidad de aprender la lengua autonómica, aunque no están de acuerdo en las formas que plantea la Administración para hacerlo.

A mediados del pasado mes de mayo, la Generalitat aprobó una resolución para que se intensifique el uso del catalán en los hospitales y en el ámbito sanitario, en general. Tanto las tres fuerzas del tripartito como CiU consideran que «hay una necesidad real de reforzar la presencia de esta lengua en este ámbito».

Los protagonistas del sistema (médicos y enfermeras), sin embargo, difieren radicalmente. Los profesionales sanitarios consideran que imponer el aprendizaje del catalán es «contraproducente» y lo ven más como una «estrategia política» que como una «necesidad profesional».

Inmersión lingüísticaPor este motivo, no ven con buenos ojos la iniciativa de la Generalitat que, tal como avanzó ABC el pasado 15 de mayo, supondrá extener la inmersión lingüística al mundo sanitario.

«No entiendo porque se ha puesto en marcha. En los hospitales no hay conflicto y, aunque no hables catalán, te entiendes con los pacientes perfectamente», dijo Paolo Macchiarini, cirujano del Hospital Clínic. De igual modo opinan otros médicos de nacionalidad extranjera que se encuentran en su misma situación.

En el ámbito de la enfermería la postura es similar. La mayoría de las profesionales consultadas por este diario se muestran a favor de aprender el idioma, aunque consideran «un error» imponerlo.

Como en otras ocasiones, las medidas impulsadas por la Generalitat van en sentido contrario a la realidad social. Según los datos de la última Encuesta de Usos Lingüísticos 2008, presentada hace unos días, prácticamente la mitad de la población que reside en Cataluña se relaciona con sus médicos y enfermeras en castellano. Según las citadas estadísticas, que pretenden calibrar el uso de las dos lenguas oficiales en diversos ámbitos, el 46% de la población catalana se relaciona exclusivamente o de forma preferente en español con su facultativo. Por contra sólo un 34% lo hace sólo en catalán.

Por ámbitos territoriales, un 45,5% de los pacientes de la región metropolitana se expresa sólo en español cuando acude a la consulta de su médico. En el caso de las comarcas del Campo de Tarragona la proporción es del 44,5%.

Por contra, el uso del catalán en el ámbito sanitario se impone en las comarcas de Lérida, Gerona y en Las Tierras del Ebro. En este último territorio, un 70% de los pacientes se declara exclusivamente catalanohablante en su relación con el personal sanitario.En Ponent (Lérida), un 55,8% también prefiere hablar en catalán con su médico. Por lo que respecta a los países de origen, la inmigración prefiere el castellano al catalán. Un 78,8% de los extranjeros lo usa para relacionarse con el médico.

Subvenciones millonarias a la "Mesa" durante el anterior gobierno
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 6 Julio 2009

La "Mesa", durante el mandato del bipartito, ingresó 695.309 euros (115.689.683 pesetas, sí, no se asusten) en subvenciones de la Xunta entre el año 2006 y el primer trimestre del 2009, una cifra nada despreciable que me hace dudar del idealismo de quienes dicen defender el idioma gallego "por amor a la patria". No, señores, en política el "amor" se llama "dinero", aquí y en la Patagonia.

La "Mesa" vocifera, amenaza, protesta y organiza manifestaciones sola y exclusivamente por dinero, pues así como otros venden motos, frigoríficos, yogures o desodorantes, ellos venden "identidad", y el corazón de la identidad gallega, el "ADN de Galicia" (sic) o su "columna vertebral" (sic) es, según los mesócratas, el "idioma gallego".

Estar en posesión de la identidad es algo así como vivir en gracia de Dios o pertenecer al grupo de los elegidos o de los salvados.

En el calvinismo coinciden los elegidos con los salvados. Según el calvinismo más estricto, Cristo no murió para salvar a la humanidad, sino para salvar a los ya elegidos desde el comienzo de los tiempos, es decir, para salvar a los ya predestinados a la salvación. Suena raro, pero es así. Es el tercero de los cinco puntos del calvinismo, llamado expiación limitada, redención particular o expiación definida.

En el sistema de castas de la India, un paria, dalit o intocable es una persona que está fuera de los varnas o castas. Los parias no constituyen la casta inferior, sino que son los "descastados", los que no pertenecen a ninguna casta, el desecho de la sociedad, el desperdicio humano, la basura social.

Por eso la venta de artículos inmateriales que tengan algo que ver con alguna forma de salvación o elección divina es el negocio más rentable de todos. Apenas hay gastos de producción, los artículos atrasados no se deterioran y, si caducan, su reciclaje es fácil y los costos son mínimos. Si quieren ustedes hacer un negocio rentable, seguro y duradero, vendan productos inmateriales: la salvación eterna, la identidad colectiva, el sentido de pertenencia, el amor a la patria, la galleguidad… Al fin y el cabo el nacionalismo es una religión laica de tantas.

Como escribía el abogado José María Ruiz Soroa en su artículo "Aportación ingenua a la teoría de la vasquitud", publicado en la edición de EL PAÍS para el País Vasco el día 23/10/2005: "En último término, el nacionalismo no es sino la politización de la pertenencia". Es decir, el sentido de pertenencia como negocio.

LA NOTICIA:
La Mesa por la Normalización Lingüística multiplicó en la pasada legislatura sus ingresos en subvenciones de la Xunta gracias a la presencia del BNG en el gobierno gallego. La aportación de las consejerías nacionalistas resultó determinante en el incremento exponencial registrado en las cantidades aportadas por el Ejecutivo autonómico a la organización creada en 1986 para promover el uso del gallego, que entre el 2006 y el 2007 pasaron de 54.761 a 385.912 euros. De esa cantidad, 342.000 euros procedieron de convenios e inserciones publicitarias de Vicepresidencia, Industria, Cultura y Vivienda, departamentos que controló el Bloque dentro del gobierno de coalición.

La rúbrica de convenios y la incorporación de publicidad en la revista "Longa lengua" por parte de las consejerías que dirigió el BNG fue decisiva en la financiación de la "Mesa" durante el mandato del bipartito, en el que ingresó 695.309 euros (115.689.683 pesetas) en subvenciones de la Xunta entre el año 2006 y el primer trimestre del 2009. De esos 695.309 euros, 647.000 procedieron de operaciones con consejerías con gestor nacionalista. Los 48.000 restantes correspondieron en su mayor parte a la Presidencia de la Xunta, de la que dependían las competencias en materia de política lingüística.

Entre todos los departamentos de la Xunta que gestionó el BNG durante el mandato del gobierno de coalición, el departamento de la Vicepresidencia de Igualdad, que dirigió Anxo Quintana, fue el más generoso en subvencionar a la organización lingüística. 223.140 de los 385.912 euros que la "Mesa" percibió en el 2007 correspondieron a acuerdos con ese departamento. En el 2008 le aportó 185.000 euros en cinco pagos de convenios.

La Xunta canalizó las subvenciones por dos vías principales. Las aportaciones más cuantiosas correspondieron a convenios de colaboración con la "Mesa", que generalmente se repartían en varias mensualidades. Las entregas de menor importe, pero muy notables en número, se justificaron por medio de inserciones publicitarias en la revista que la organización lingüística edita desde hace dos años con una tirada de 5.000 ejemplares.

La Voz de Galicia, 5-7-2009
 

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