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Recortes de Prensa    Miércoles 8 Julio 2009

 

Imposición
¿Nadie recurrirá la Ley de Educación de Cataluña?
Álvaro Vermoet Hidalgo Libertad Digital 8 Julio 2009

La primera reacción significativa a la aprobación de la Ley de Educación de Cataluña ha sido la del ministro de Educación, Ángel Gabilondo. Lejos de seguir nuestro consejo, la persona de la que dependen, entre otras cuestiones, la inspección educativa, nos ha ilustrado, como viene siendo habitual, con sus declaraciones: "Cada familia, dentro de la organización del centro, ha de seguir las disposiciones legales, que es la asunción de esa lengua vehicular. Quiere decir que la enseñanza está tramada o articulada en torno a una lengua y a partir de ahí, la ley garantiza el conocimiento de otras". A la brillantez expresiva del ministro se le une el estar en posesión de la razón, puesto que, como bien ha explicado Pepe García Domínguez, la enseñanza del árabe y del urdú está perfectamente garantizada en Cataluña.

Pero la cuestión fundamental con la que tratan de confundir –y efectivamente confunden– quienes sostienen que esto de las lenguas es una batalla política que sólo se libra en Madrid y que el castellano no peligra en ningún rincón de España, es que nadie está hablando de si se enseña o no se enseña una lengua hablada por cuatrocientos cincuenta millones de personas, cosa que también podría discutirse habida cuenta de los resultados de los alumnos catalanes en las pruebas de castellano. No, el problema es que no se respetan los derechos lingüísticos de los ciudadanos castellanoparlantes en Cataluña. En realidad, estamos ante un problema de igualdad jurídica: si ambas lenguas, la catalana y la castellana, son igualmente oficiales en Cataluña, la marginación y proscripción de una de las dos de la vida pública (en el caso que nos ocupa, del sistema educativo) supone una evidente discriminación de las personas que deseen usarla, que ven sometido su derecho a la igualdad al proyecto político de construcción nacional catalana.

El filósofo de la Moncloa, como apodó el rotativo de Prisa a Ángel Gabilondo, no entra, lógicamente, en esta cuestión, y se remite al hecho de que la ley catalana desarrolla un estatuto que a día de hoy no ha sido declarado inconstitucional. Dice el ministro que "parece razonable esperar para ver si plantea algún problema". Cualquiera diría que el recurso lo interpuso él y el Estatuto lo aprobaron otros. Pero diga lo que diga el Tribunal Constitucional (que, recordemos, ni es un tribunal, ni lo forman jueces de carrera ni se integra en el Poder Judicial, sino que es un órgano cuyos miembros son elegidos por los mismos partidos políticos que aprobaron el Estatuto), lo cierto es que en Cataluña se hablan dos lenguas, constitucionalmente hay dos lenguas con el mismo carácter oficial y lo que se ha aprobado es dar rango de ley a la imposición de una de las dos sobre la otra.

José María Aznar tampoco alberga dudas al respecto, y ha dejado claro que "no se trata ni de un problema de derechos de las lenguas ni de un problema de identidad de Cataluña, ni de ninguna reivindicación social", sino de los derechos de las personas. Pronunció estas palabras en el campus de verano de la Fundación FAES, un lugar harto desagradable si se le compara con TV3, la cadena que exalta con cierta regularidad al grupo terrorista Terra Lliure y que se dedica día y noche a la propaganda separatista y anti-PP. Comparación esta que no hago yo sino que se permite emitir la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho (sí, la misma que aparecía retratada al lado de Obama en aquella horterada electoral).

Precisamente, publica El País, el PP de Cataluña ha pedido a Rajoy que no lleve ante el Constitucional la Ley de Educación de Cataluña. La estrategia de Alicia consiste, por tanto, en que el único partido nacional que queda en Cataluña presione para que no se defiendan los derechos de los catalanes castellanohablantes ante el Constitucional. Desde luego, si Nebrera merece la apertura de un expediente disciplinario por aquello que dijo de Maleni, me da la sensación de que el expediente de Alicia debiera estar ya más avanzado que el del compañero Bárcenas (por cierto, ante la imputación del tesorero nombrado por Rajoy imagino que no volveremos a oír mensajes como que el PP no contrata con Correa desde 2004, dejando ver así que se trataba de algo de la era Aznar).

Se inicia, sobra decirlo, una cuenta atrás para Mariano Rajoy: recurrir o no la Ley de Educación de Cataluña (suponiendo que un año de éstos el Tribunal Constitucional tenga a bien decidir sobre la existencia de España, entre otras cuestiones pendientes). Una cuenta atrás que se acumula a otras muchas, entre ellas la de Bárcenas. En ambos casos me temo la peor decisión posible a la que tan acostumbrados estamos: ninguna.
Álvaro Vermoet Hidalgo es presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, miembro del Claustro de la Universidad Autónoma de Madrid, consejero del Consejo Escolar del Estado y autor del blog Cien Mil Objeciones.

El complejo lingüístico de Andalucía
Marga Arroyo  www.lavozlibre.com 8 Julio 2009

Si nos atenemos a lo que dicen los textos legales, las lenguas serían cinco en un primer recuento: castellano, catalán, valenciano, gallego y euskera. Abría que añadir balear y aranés, ambos contemplados en el Estatuto de Cataluña.

Si por otro lado, hacemos caso al informe de Ethnologue para España, son trece lenguas. Hay que empezar a contar por los dialectos románticos como el aragonés, el asturiano e incluso el extremeño, que carecen de cobertura legal, pero que son reales, sobre todo para quienes piensan y se comunican en ellos. Continuamos con la fala, el caló, etc.

Pero no hemos acabado. Ésas son las lenguas que podemos considerar autóctonas, pero no quiere decir que sean las únicas que se hablan.

El andaluz es otra de ellas, aunque no todos los estudiosos en este tema coinciden en que no es una lengua, pues carece de una gramática propia y toda su producción literaria está en castellano.

¿Es acaso un dialecto? ¿Una cualidad de habla? Unos prefieren denominarlo hablas andaluzas, otros variedad andaluza y, finalmente, otros modalidad lingüística andaluza.

Precisamente esta última forma es la que aparece en la Constitución y en los Decretos de Enseñanza de la Comunidad de Andalucía.

Quizá por esta desorganización en la denominación del andaluz o porque no hay estudios bien definidos o concretos es por lo que en muchas ocasiones se menosprecia esta cualidad del habla en el sur de España.

El andaluz, que existe desde los mismos inicios del castellano, ha sido considerado, aún en la actualidad, como sinónimo de expresión vulgar y de incultura. Motivos históricos, sociales y políticos han llevado a creer a muchos españoles, entre ellos andaluces, que no es un dialecto, sino una tosca y aleatoria deformación de la lengua española. Que el andaluz no tiene habla propia, sino que las personas hablan mal el español.

Es por eso por lo que se ha desarrollado un fuerte complejo de inferioridad entre muchos andaluces que nunca han tenido en su dialecto un modelo lingüístico de prestigio.

Esta vergüenza ha llegado hasta el límite de que en el libro de estilo de Canal Sur se considera ‘vulgar’ la mayoría de los rasgos dialectales andaluces. Un testimonio del papel que se le da a esta variedad lingüística en los medios de comunicación gubernamentales.

Pero si otras regiones como Cantabria, Aragón o Canarias abanderan con orgullo poseer ciertas diferencias lingüísticas que les caracterizan y que, en ocasiones, son mucho menos marcadas, ¿por qué esta comunidad ha de agachar la cabeza y permitir que se diga que el andaluz es un castellano mal hablado?

Tomo la palabra y digo que en Andalucía no se habla mal, simplemente se habla andaluz.

SORPRENDE LA PASIVIDAD DEL GOBIERNO
Estrasburgo muestra el camino para desalojar a ETA de los ayuntamientos
Estrasburgo consideró hace unos días como una "necesidad social" la ilegalización de Batasuna-ETA. Reconocidos juristas consideran que las tres sentencias del TEDH contra Batasuna y sus sucesoras (AuB y HZ) ampararían la actuación contra ANV y el partido de Sastre.
Libertad Digital 8 Julio 2009

El pasado 30 de junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) daba su apoyo a la Justicia española al avalar la ilegalización de HB-EH-Batasuna, el brazo político de la organización terrorista ETA. Según la sentencia, el Tribunal Supremo ilegalizó el partido etarra con el objetivo de "mantener la seguridad pública, la defensa del ordeny la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos". Además, añadía que la ilegalización respondía a una ya que su disolución respondía a una "necesidad social".

Aunque pasaron más desapercibidas, ese mismo día, el TEDH hizo también públicas las sentencias de las dos demandas que los acólitos de ETA habían llevando al tribunal acompañando a la de HB-EH-Batasuna. Se trataba de los recursos por la anulación de las candidaturas electorales de Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) y Herritarren Zerrenda (Hz). La primera quisieron presentarla para las elecciones locales, forales y autonómicas de 2003; la segunda, para las elecciones europeas de 2004.

La primera de las demandas, la de HB-EH-Batasuna, se refería a los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, es decir, relativa al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la libertad de reunión y de asociación. Por su parte, las otras dos, eran relativas al artículo 3 protocolo 1 y al artículo 13 de la Convención, es decir, relativo al derecho a las elecciones libres y al recurso efectivo.

Prestigiosos juristas consultados por Libertad Digital consideran que los argumentos utilizados por el TEDH en las tres sentencias ampararían la actuación del Gobierno español contra los partidos y franquicias electorales utilizados por ETA y que todavía siguen operativas. Se trataría de Acción Nacionalista Vasca (ANV) e Iniciativa Internacionalista (II). Pese a esto, el Gobierno prefirió no destacarlo y todavía guarda silencio.

De la interpretación literal de las sentencias del TEDH se deduce que España estaría legitimada para actuar definitivamente contra las franquicias de ETA que gobiernan o tienen presencia en ayuntamientos y contra el partido Iniciativa Internacionalista que logró colarse en las listas para el Parlamento europeo. En definitiva, el Gobierno podría instar ya al Ministerio fiscal a actuar en consecuencia, algo que aún no ha hecho. De la actuación contra estas formaciones podría derivarse la tan demandada aplicación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local que permitiera el definitivo desalojo por la vía de la disolución de ayuntamientos.

Artículo 61 de la Ley de Régimen Local
1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.

3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.

Las citadas fuentes recuerdan que los magistrados españoles mantuvieron un amplio debate durante la tramitación de la Ley de Partidos Políticos y en las sentencias de ilegalización y suspensión de candidaturas sobre si en España había una democracia abierta y neutral o una democracia militante. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? La primera es una democracia que admite todo tipo de ideologías, por muy radicales que sean, y en la que los poderes públicos han de permanecer abiertos y neutrales en el debate entre los ciudadanos y los grupos en que ellos se integren, según la definiese en enero de 2007 el magistrado Manuel Jiménez de Parga en una tercera publicada en el diario ABC. Por su parte, la democracia militante sería aquella que se reserva el derecho a defenderse a sí misma de aquellos que intentan atacarla utilizando los resortes que les facilita la propia democracia.

La sentencia del TEDH sobre HB-EH-Batasuna entra de lleno en este tema, exactamente en los párrafos 20, 21, 31 y 45, y se refiere a la democracia española como "militante", zanjando parte de la discusión que hubo entre los juristas de nuestro país, dando legitimidad de esta forma a España para actuar contra los terroristas que intentan utilizar las instituciones en su beneficio propio. Es en esa definición de España como "democracia militante" en la que las fuentes consultadas verían la luz verde para actuar contra Acción Nacionalista Vasca, que cuenta con presencia institucional en la comunidad vasca y Navarra, y que la utiliza para beneficiar, amparar y extender el mensaje de ETA, lo mismo que hizo el PCTV durante los cuatro años (2005-2009) en los que contó con representación y grupo parlamentario propio en el Parlamento vasco.

El amparo para actuar contra Iniciativa Internacionalista vendría dado por el párrafo 88 de la sentencia de HB-EH-Batasuna en el que el TEDH dice que el brazo político de ETA no fue ilegalizado sólo por no condenar el terrorismo de ETA, sino que había más pruebas de su subordinación a la banda terrorista, pero que, en caso de haber sido ilegalizado sólo por no condenar la violencia también habría sido válida la decisión.

Párrafo 88 sentencia HB-EH-Batasuna:
La Cour est d'accord avec les arguments du Tribunal constitutionnel exposés au paragraphe 46, ci-dessus lorsque la haute juridiction considéra le refus de condamner la violence comme une attitude de soutien tacite au terrorisme et ce, dans un contexte de terrorisme qui existe depuis plus de trente ans et qui est condamné par l'ensemble des autres partis politiques. De l'avis des requérants, la dissolution se serait fondée exclusivement sur cette absence de condamnation des actes violents. Cependant, la Cour tient à souligner que cet élément ne fut pas la seule base de la dissolution des partis requérants. En effet, le Tribunal constitutionnel constata qu'il s'ajoutait à une pluralité d'actes et de comportements, graves et réitérés, qui permettaient de conclure à un compromis avec la terreur et contre la coexistence organisée dans le cadre d'un Etat démocratique. En tout état de cause, la Cour signale que le simple fait que la dissolution eut été aussi fondée sur cet élément n'aurait pas été contraire à la Convention, le comportement des hommes politiques englobant d'ordinaire non seulement leurs actions ou discours, mais également, dans certaines circonstances, leurs omissions ou silences, qui peuvent équivaloir à des prises de position et être aussi parlant que toute action de soutien exprès.

La Corte coincide con los argumentos del Tribunal Constitucional establecidos en el párrafo 46 citado anteriormente, en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de considerar la no condena de la violencia como una actitud de apoyo tácito al terrorismo, en un contexto de terrorismo desde hace más de treinta años y en el que es condenado por todos los demás partidos políticos. En opinión de los demandantes, la disolución se basó fundamentalmente en la falta de condena de la violencia. Sin embargo, el Tribunal desea hacer hincapié en que esta no era la única base para la disolución de los solicitantes. El Tribunal Constitucional determinó la existencia de una variedad de actos y conductas, graves y reiteradas, que permitió concluir un compromiso con el terror y en contra de la convivencia en el marco de un Estado democrático . En cualquier caso, el mero hecho de que la disolución se hubiera basado sólo en este elemento no hubiese sido contrario a la Convención, ya que el comportamiento de los políticos suelen incluir no sólo a sus acciones o sus palabras, sino también, en determinadas circunstancias, sus silencios u omisiones, que pueden convertirse en una fijación de posiciones o en un apoyo explícito.

Hay que recordar que desde que se presentó la candidatura de Iniciativa Internacionalista para las pasadas elecciones europeas hasta que el Tribunal Constitucional le dio el beneplácito para presentarse a los comicios, pese a que había sido anulada por el Supremo, los dirigentes de la candidatura se negaron a condenar el terrorismo de ETA. En concreto, el número uno de la lista, Alfonso Sastre, y la número cinco, la ex diputada de IU Ángeles Maestro. A esto se une el artículo amenazante publicado por Sastre en Gara, habitual altavoz de ETA, hace dos semanas.

De igual modo, sería respaldado por el párrafo 54 de la sentencia contra AuB, en la que se argumenta que pese a que un partido o candidatura pueda no haber tenido relación con la violencia, si podría disolverse o anularse si el partido del que es sucesor ha sido disuelto previamente por su apoyo a la violencia.

Los juristas consultados por Libertad Digital resaltan también la importancia de las dos sentencias sobre Autodeterminaziorako Bilgunea y Herritarren Zerrenda por la poca jurisprudencia que existe sobre recursos relacionados con las elecciones libres.

Precisamente, el tribunal de Estrasburgo se refiere a los dos votos particulares (párrafo 37 del fallo sobre AuB y en el párrafo 36 del fallo sobre Hz) que en la anulación de estas candidaturas emitió la ahora presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que pese a votar a favor de esas anulaciones, eran votos particulares recurrentes, no discrepantes, lo hace en un tono tal que el TEDH se refiere a esos votos particulares concurrentes como "disidentes".

Estos votos particulares hacen alusión a que sólo hay dos días en la legislación española para recurrir la anulación de una candidatura. Sobre esto, el TEDH argumenta en el párrafo 80 de la sentencia sobre AuB que pese a que la Convención Europea de Derechos Humanos aboga porque sean tres días como mínimo, hay otros países en los que también hay sólo dos, por lo que los plazos de la legislación española están dentro de lo razonable. Asimismo, destaca como importante que, al contrario de lo que pasa en estos países, el recurso que pueden plantear los partidos o candidaturas en España puede llegar hasta el Tribunal Constitucional, cosa que no sucede en otros países europeos.

Por último, la sentencia sobre AuB destaca también la presencia de partidos independentistas en las elecciones españolas, e incluso en las instituciones, en alusión al PNV, rechazando el argumento de los proetarras de que la razón de su ilegalización es únicamente por sus ideas.

Párrafo 55 de la sentencia de AuB
La Cour note que le contexte politique existant en Espagne, à savoir la présence de partis politiques à caractère indépendantiste dans les organes de gouvernement de certaines communautés autonomes et en particulier au Pays basque, prouve que la mesure litigieuse ne répondait pas à une intention d'interdire toute manifestation d'idées séparatistes...

La Corte toma nota de que el contexto político en España hay presencia de partidos políticos de carácter independentista en los órganos de gobierno de algunas comunidades autónomas, especialmente en el País Vasco, lo que demuestra que la medida en cuestión no cumplía con la intención de prohibir cualquier manifestación de separatismo...

El hombre de los calzoncillos suicidas no cambia
Pío Moa Libertad Digital 8 Julio 2009

(Ayer, en El economista)

Ha dicho Gabilondo que Aznar tenía razón cuando aplicaba la solución policial a la ETA, y él erraba al buscar otras salidas. Buena rectificación, porque si algo ha beneficiado a la ETA han sido las llamadas “soluciones políticas”, que no solo daban a los pistoleros esperanza y legitimidad, sino que servían a muchos políticos para infringir normas elementales del estado de derecho so pretexto de acabar “negociadamente” con el terror: un “negocio” para todos ellos. Rodríguez ha ido más allá: ha dado a la ETA dinero público, imagen favorable, reconocimiento, proyección internacional, ataques a la Constitución y a las víctimas directas. Nadie ha colaborado más eficazmente con la ETA que este gobierno.

Pero la rectificación de Gabilondo es falsa, pues se ha apresurado a aclarar que la solución está “sobre todo, en que la izquierda abertzale se ponga en pie y le diga a la ETA que abandone definitivamente las armas. Sólo después podremos hablar de detalles técnicos y entonces el Estado podrá ser incluso generoso”. Es decir, sigue en la solución política, mostrando un repulsivo respeto por la “izquierda abertzale”, que de sobra está en pie y legalizada. Respeto también a la ETA misma: no se trata de acabar con su capacidad de asesinato, sino de que sus seguidores le “digan” que “abandone las armas”. Como si fuera un ejército.

¡Y la generosidad! Generosidad con los asesinos y ruindad y cosas peores con las víctimas. Por un tiempo, en la confusión del paso de una dictadura a la democracia, la generosidad pudo tener sentido y cierto éxito, como ocurrió con los terroristas polis-milis (muchos de los cuales pasaron al PSOE). Pero hace mucho que la única salida es la aplicación estricta de la ley, pues la confusión ha desaparecido. Ha desaparecido excepto, claro, para los interesados en ella, en la “solución política”. En el ataque al estado de derecho, finalmente.

Tirar por elevación
Luis del Pino Libertad Digital 8 Julio 2009

Pues a lo mejor tienen razón los sindicatos policiales SUP y CEP. A lo mejor las querellas contra quienes nos hurtaron a los españoles el conocimiento de los verdaderos autores del 11-M deberían ir dirigidas no contra Sánchez Manzano, sino más arriba.

Pero no merece la pena discutir, porque la cosa tiene fácil solución: basta con que el que fuera responsable de los Tedax cuando el 11-M y su jefa de laboratorio se descarguen de responsabilidad, diciéndonos a todos cuatro cosas muy sencillas:

1. Qué muestras se recogieron en los focos de explosión, dónde están los listados de esas muestras y quién les dio la orden de no adjuntar al sumario esos listados.
2. Qué se hizo con esas muestras recogidas en los focos de explosión y dónde están.
3. Quien les dio la orden de no enviar muestras de los focos de explosión al laboratorio de análisis químicos de la Policía Científica.
4. Qué análisis se realizaron en el laboratorio de los Tedax, o en otras instalaciones, a las muestras recogidas en los focos de explosión, dónde están los originales de esos análisis y quién les dio la orden de no adjuntar al sumario del 11-M esos originales.

Las cosas son tan simples como eso. Tanto Sánchez Manzano como su subordinada han tenido multitud de ocasiones, primero durante la instrucción y luego durante el juicio, para actuar correctamente. Ahora tienen otra oportunidad más de responder a los interrogantes. Esperemos que la aprovechen. Nada nos gustaría más a todos los españoles.

Alternativamente, si alguno de los sindicatos policiales que recomiendan "tirar por elevación" dispone de algún dato que permita descargar de responsabilidad a Sánchez Manzano e identificar a aquellos superiores suyos que pudieran ser responsables de las posibles irregularidades, pues la solución es también muy sencilla: que pongan esos datos sobre la mesa.

Pero lo que no podemos los españoles, lo que no pueden las víctimas del 11-M, es jugar a adivinos. A la luz de las declaraciones ante el juez instructor y ante el tribunal presidido por Gómez Bermúdez, la responsabilidad de aquellas decisiones inexplicables (como la de no enviar muestras de los focos de explosión al laboratorio de la Policía Científica) recae en Sánchez Manzano y en su jefa de laboratorio. De hecho, Sánchez Manzano ya se encargó de intentar endilgarle el marrón (sin excesivo éxito) a su subordinada durante el juicio.

Así que, con los datos conocidos a fecha de hoy, y en ausencia de datos adicionales, la vía elegida por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M no es que sea más o menos acertada: es que es la única posible. Quien crea que no es la vía correcta, está en su derecho de manifestar su discrepancia, como han hecho los dos sindicatos policiales, pero lo lógico sería entonces que, además de manifestar esa discrepancia, aportaran alguna información que permita orientar la iniciativa más apropiadamente.

¿No les parece a ustedes que sería lo más correcto?

Tensiones
Sobre la nueva financiación autonómica
Agapito Maestre Libertad Digital 8 Julio 2009

Nadie sabe muy bien cuáles son los criterios del proceso de negociación para financiar las comunidades autónomas. Pero después de la utilización torticera que de este "modelo" –por llamarle algo– está haciendo Zapatero, todo el mundo sabe que el resultado seguirá enfrentando a unas comunidades con otras. Un enfrentamiento del que, obviamente, salen perdiendo todos. Por otro lado, nadie debería de sorprenderse del asunto, si tiene en cuenta que el Título VIII de la Constitución lejos de ayudar a resolver este problema, en mi opinión, lo acrecienta.

En este contexto trágico-cómico, todos los agentes de la negociación tratan de sacar su mayor beneficio sin reparar, en principio, en el color político de cada una de las autonomías; así, igual que puede haber comunidades gobernadas por socialistas que están más próximas a otras dirigidas por el PP, igual puede suceder lo contrario con comunidades gobernadas por el PP respecto a las socialistas. Quizá el ejemplo más relevante de lo que digo sea el caso de Castilla-La Mancha. Seguramente, por eso, Barreda se ha enfrentado ya varias veces a Zapatero.

Hay, sin embargo, otro factor de gran calado político y de partido, que ha agudizado ese enfrentamiento entre Barreda y Zapatero. El asunto no tiene nada que ver con las finanzas sino con los sondeos electorales. El PP, según todas las encuestas, podría ganar en esa comunidad. La cuestión ha puesto muy nervioso a Zapatero, tan fuera de sí está el presidente que ha abierto mil frentes para cargarse a Barreda. Éste es consciente de que Zapatero quiere a otro candidato para esa comunidad en las próximas elecciones autonómicas. Los movimientos para desalojarlo del poder por parte de los suyos son múltiples y en todas las direcciones, incluso ya hay nombres de repuestos. Se habla del actual alcalde de Toledo, Emiliano García-Paje, un político curtido desde su más tierna juventud al lado de Bono, para sustituir al actual presidente.

Sea por razones nacionales, o sea porque se libra hace meses una dura batalla entre el inquilino de La Moncloa por un lado, y el morador en el antiguo palacio de Carlos V por otro, lo cierto es que Barreda ha sido claro contra Zapatero: no aceptará, en modo alguno, los factores de corrección a la financiación autonómica derivados del Estatuto de Cataluña, que sólo servirían "para financiar delegaciones o embajadas en el extranjero" de esta, cada vez más extraña y parasita, comunidad. He ahí un argumento clave, por otro lado, que comparte Barreda con otros presidentes de comunidades del PP.

En cualquier caso, nada que tenga que ver con la nueva financiación autonómica es edificante. Todo es políticamente cutre y ajado. Recuerda la España más aldeana. El espectáculo de la financiación autonómica no puede ser más triste. Enfrenta a unas comunidades con otras y, además, es utilizado por el aparato del PSOE en general, y especialmente por su líder Zapatero, para ajustar cuentas con los compañeros que no le caen bien, o mejor dicho, tienen criterios basados en la solidaridad para "lograr la igualdad" entre todos los españoles. Populismo y solidaridad casan mal, muy mal, en la mente de Zapatero.

La amenaza terrorista a cuatro años del 7-J
ROGELIO ALONSO, Profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos ABC 8 Julio 2009

Acaban de cumplirse cuatro años de aquel 7 de julio en el que cuatro terroristas se inmolaron en Londres asesinando a 52 personas e hiriendo a centenares. A las 8.50 de la mañana de aquel 7-J, tres explosiones destrozaron otras tantas estaciones del metro de la ciudad. Una hora más tarde, un cuarto terrorista se suicidaba en un autobús tras haberlo intentado en el metro. Un año después de la matanza del 11-M, el terrorismo yihadista golpeaba a otra democracia europea. Madrid mostró el rostro de una violencia inspirada en una interpretación fundamentalista del Islam que se reproduciría en Londres un año después: atentados indiscriminados y simultáneos contra redes de transporte de la capital durante la hora punta buscando una elevada letalidad. Aunque los terroristas del 7-J recurrieron al suicidio, el 11-M pospusieron esa decisión porque deseaban continuar atentando. Las cartas escritas por algunos de ellos demostrarían que no renunciaban a quitarse su propia vida, como finalmente hicieron cuando lo entendieron oportuno tácticamente al verse rodeados por la policía en Leganés.
España y el Reino Unido se convirtieron en blanco de un terrorismo que ha pasado a definir sus políticas antiterroristas y que todavía hoy identifica a ambos países como objetivo preferente.

Las similitudes entre el 11-M y el 7-J también se observan en algunas reacciones y acontecimientos posteriores a tan brutales atentados, aunque carezca de parangón la irresponsable manipulación de algunos medios de comunicación españoles suscitando infundadas sospechas sobre la masacre de Madrid. Mientras en nuestro país todavía se cuestiona desde ciertos medios la versión oficial del 11-M a pesar de la sólida investigación policial y judicial realizada, algunos familiares de víctimas del 7-J siguen reclamando una investigación independiente sobre los hechos. Así es aunque en 2006 el Parlamento británico hizo públicos exhaustivos informes en los que se aportaban importantes claves de lo ocurrido aquel día. En mayo de 2009 el Comité de Inteligencia y Seguridad británico publicaba otra investigación en la que se exoneraba a la policía de las acusaciones que sobre ella se lanzaron por su actuación antes del atentado.

Al igual que ocurrió con el 11-M, algunos de los responsables de los atentados habían sido investigados por su relación con redes terroristas activas antes del 7-J. Mohammed Sidique Khan y Shehzad Tanweer, dos de los suicidas británicos, aparecieron tangencialmente en investigaciones antiterroristas año y medio antes de los atentados de 2005. En 2001, Khan había sido filmado por la policía en un campo de entrenamiento dirigido por dos destacados extremistas. La ausencia de una efectiva coordinación entre los servicios de inteligencia y la policía evitó que las informaciones que sobre estos terroristas iban surgiendo desembocasen en su consideración como el riesgo que finalmente constituyeron. Al mismo tiempo, la limitación de recursos materiales y humanos impidió que fueran investigados todos y cada uno de los potenciales sospechosos. Como resumió un responsable de la inteligencia británica «los servicios de seguridad nunca tendrán la capacidad de investigar a todos los que aparecen en la periferia de otras operaciones». Similares problemas se evidenciaron también con el 11-M.

Si bien el incremento de las capacidades de inteligencia y la mejora de la coordinación han sido notables tras los atentados de Madrid y Londres, conviene tener presentes aquellos precedentes. El paso del tiempo puede provocar un distanciamiento con la realidad que la amenaza terrorista todavía comporta, subestimándose el riesgo que el terrorismo yihadista aún representa para Europa. Debe recordarse que en estos años una decena de atentados han sido frustrados en España y Reino Unido como consecuencia de exitosas operaciones policiales. Sin embargo, algunas de estas acciones antiterroristas han sido criticadas porque no concluyeron con procesamientos y condenas o porque culminaron en absoluciones por parte de instancias judiciales superiores. Este aparente desequilibrio induce a equívocos sobre la eficacia de operaciones absolutamente necesarias frente a una expresión terrorista cuyos rasgos diferenciales respecto de otros tipos de terrorismo plantean importantes retos.

La experiencia en España y Reino Unido ha confirmado cuán escaso es el tiempo que transcurre desde la planificación de atentados yihadistas hasta su ejecución. Esta circunstancia limita sobremanera el margen de actuación de las fuerzas de seguridad, exigiendo un mayor enfoque preventivo que neutralice la materialización de atentados altamente letales e indiscriminados. Los antecedentes referidos no son los únicos que revelan cómo las relaciones aparentemente inocuas que se establecen entre individuos dentro de entornos radicales a menudo devienen en peligrosas conexiones: El 21 de julio de 2005 seis terroristas intentaron repetir la masacre del 7-J sin que llegaran a estallar las bombas que pretendían detonar en el metro londinense. Unos meses antes cinco de los terroristas también habían sigo vigilados por la Policía británica.
En este contexto la recolección de inteligencia preventiva se ha convertido en una de las prioridades del repertorio antiterrorista español y británico, motivando acciones policiales cuya premura ha dificultado a veces la acumulación de pruebas suficientes para que una vez judicializadas permitiesen la incriminación de los sospechosos. No obstante, la prevención de posibles asesinatos masivos ha de considerarse un éxito, requiriéndose por ello una correcta definición de los criterios que deben regir la valoración de intervenciones policiales cuyo objetivo fundamental es salvar vidas.

Tan necesaria labor policial de tipo preventivo debería verse reforzada con actuaciones en el ámbito judicial que complementasen la estrategia frente a esta modalidad terrorista. Sigue resultando fundamental que algunos magistrados comprendan mejor la complejidad que plantea la respuesta al terrorismo yihadista y la necesidad de adoptar mecanismos interpretativos menos rígidos de los que tradicionalmente han sostenido frente a otras tipologías terroristas. Merecen por ello especial estímulo las propuestas para incluir nuevos tipos penales que eviten situaciones como la absolución por parte del Tribunal Supremo de 15 de los 20 condenados por la Audiencia Nacional en la Operación Nova.

También parece pertinente evaluar modelos aplicados en otros países en los que la carga de la prueba tiende a invertirse ante la dificultad de recabar determinada inteligencia que garantice procesamientos en causas de considerable dificultad. La formación de la convicción del tribunal mediante la prueba de indicios es un recurso razonable que se utiliza con normalidad en otros ámbitos y que parece especialmente apto para este tipo de criminalidad que tanto descansa en la acumulación de inteligencia preventiva. Debe subrayarse la complejidad de investigar a activistas que utilizan distintos códigos culturales e idiomas, sistemas encriptados, y que actúan en distintos lugares del mundo, explotando la ausencia de uniformes criterios legales y las trabas que surgen de la mera corroboración de datos en dichas circunstancias. En esas condiciones, la expulsión de personas que suponen una amenaza para la seguridad nacional es otro de los recursos legales que podría utilizarse con mayor profusión si fuera preciso, tal y como ocurre en Reino Unido.

Ante la incesante actividad de las redes yihadistas, cuatro años después de que este terrorismo causara un inmenso dolor en Londres, debemos recordarlo para seguir alerta frente a un fanatismo que mantiene su voluntad de atentar.

Auschwitz es ahora
GABRIEL ALBIAC ABC 8 Julio 2009

«Los asesinos de Auschwitz cercenaron a los judíos de la humanidad y les negaron el derecho a existir»: tal vez sea Emil Ludwig Fackenheim quien mejor haya formulado la dimensión teológica del exterminio nazi contra el pueblo judío. No es lo más aterrador la cifra de los seis millones. Lo es la precisión con la que, antes de ser gaseado, cada uno de ellos debía ser desprovisto individualmente de hasta su último atributo de hombre. De modo que lo aniquilado no fuera una fracción -ni siquiera una fracción criminal u odiosa- de la especie humana. Sino un virus, al cual se fumigaba preventivamente. Así, la logística de la muerte en los Campos era tan moralmente trivial cuanto la desratización en las cloacas. El Ziklon-B fue puesto en el mercado como la última palabra en raticidas. Nada más funcional que usar como laboratorio de su eficacia a los especímenes hacinados en Auschwitz, Dachau, Treblinka...

«No eran humanos», repiten los ancianos alemanes a quienes Goldhagen entrevista en Los verdugos voluntarios de Hitler. Ellos, grises padres de familia en los años treinta, corrieron con las ejecuciones en las zonas rurales. Nada, o casi nada, sabían de política. Se les dio un revólver, instrucciones para no ser salpicados por las astillas que saltan de la nuca al estallar la bala. Cumplieron su tarea con la misma asqueada indiferencia con la que hubieran pisoteado orugas. No eran humanos. Habían sido vecinos suyos hasta dos días antes. Pero aquello debía ser visto ahora como un malentendido; o, más bien, como una conspiración para infectar al pueblo ario. No eran humanos ya, cuando les disparaban. Eran el enemigo de las leyes de la naturaleza y de los hombres.

Conforme a lo dictado por Adolf Hitler en 1934: «Al ario y el judío, los opongo mutuamente. Y, si doy nombre a uno de hombre, estoy obligado a buscar un nombre diferente para el otro. Porque están tan separados entre sí, cuanto lo están las especies animales de la especie humana. Y no es que yo esté llamando animal al judío. Está el judío más lejos del animal que nosotros, los arios. Es un ser ajeno al orden natural; es un ser contra natura».

Proliferó, consecuente, la iconografía burlesca del monstruo: nariz rinoceróntica, ropón negro y raído, desaliñados tirabuzones bajo la kipá, ojo aviso... El «judío Süss» de cineastas y dibujantes nazis tenía todos los rasgos de lo repelente. Su mente maquinaba las resentidas perversidades que contra la belleza humana -la moral como la física- le ponían en condiciones de perpetrar su enfermo retorcimiento anímico y su inagotable atesorar dinero ilícito. La eficacia de esa iconografía fue demoledora. Funcionaba así: una encantadora niña aria, rubia y con tirabuzones, se enfrenta al repugnante judío ataviado de cucaracha: «¿Pero cómo pueden los judíos violar con total impunidad todas las leyes humanas e internacionales?».

Cínicamente indiferente, responde el hombre insecto: «Nuestro buen dinero nos cuesta». El judío es el enemigo de lo humano. Su dinero, sabiamente administrado, borrará a los verdaderos hombres de la tierra.
Setenta y cinco años después, abro el periódico. Viñeta. Una encantadora niña aria, rubia y con tirabuzones, se enfrenta al repugnante judío ataviado de cucaracha: «¿Pero cómo puede Israel violar con total impunidad todas las leyes humanas e internacionales?». Cínicamente indiferente, responde el hombre insecto: «Nuestro buen dinero nos cuesta». Israel es el enemigo de lo humano. La sabia administración de su dinero busca borrar a los verdaderos hombres de la tierra.
Sucedió en Madrid. Hace ocho días. Auschwitz no es aquí cosa del pasado.

Rosa Díez (UPyD):
"Antes se podía educar a los hijos en un colegio público en castellano y en catalán, y ahora no"

"Acepto que un nacionalista quiera proteger la lengua, pero no que me diga que no hay discriminación"
 www.lavozlibre.com 8 Julio 2009

Madrid.- Rosa Díez, portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), concedió ayer lunes una entrevista al diario 'Avui' en la cual habló de la situación política española, del sistema educativo en Cataluña y del aprendizaje del catalán.

“UPyD es un partido progresista entendiendo que las políticas de progreso, en el mundo del siglo XXI, no son propiedad ni de la derecha ni de la izquierda. El PP está más preocupado que el PSOE por nuestra influencia porque es más ‘torpe’. La izquierda, en España, a la hora de gestionar la 'cosa mediática', es mucho más hábil que la derecha”, aseveró Rosa Díez. La portavoz de UPyD afirmó que tanto el PSOE como IU estaban muy preocupados antes de las europeas. “Son partidos tradicionales que no se han adaptado a un mundo en el que los ciudadanos son más críticos, especialmente los jóvenes.”

En materia lingüística, Díez manifestó su convencimiento de que en Cataluña sería viable garantizar que cualquier estudiante pudiera recibir las clases en catalán o en castellano siempre que se apostara por el bilingüísmo. “Con los habitantes que tiene Cataluña es complejo, pero se puede hacer. La Administración tiene la obligación de atender en cualquiera de las dos lenguas, pero tú no las tienes que conocer”, expuso la portavoz de UPyD.

“En la calle no hay ningún problema, pero no es gracias a la política lingüística de la Administración, sino porque el catalán es un idioma fácil de aprender y todo el mundo lo habla. De hecho, el problema lo crea la propia Administración. Acepto que un nacionalista me diga que quiere proteger la lengua, incluso restando derechos a los ciudadanos. Lo que no acepto es que me digan que no hay discriminación”, protestó Rosa Díez.

“Queremos un modelo educativo que deje de estar a la cola de los informes. Los idiomas me preocupan menos”, manifestó Díez. Se mostró de acuerdo con llevar el aprendizaje a la escuela, pero no con el hecho de imponerlo y de impedir que los padres puedan escoger la lengua de escolarización de sus hijos. “La integración no ha sido posible gracias a la política lingüística, sino a pesar de ella. Antes podías educar a tus hijos en un colegio público, tanto en castellano como en catalán, y ahora no”.

Matizó que la integración no pasa por aprender catalán. “Se debería poder vivir en castellano en Cataluña y actualmente no es fácil”.

En lo referente a la posible aplicación a las escuelas de Cataluña del triple modelo lingüístico de las del País Vasco, explicó que el sistema de itinerarios funcionó durante los primeros años “sin ningún tipo de conflicto ni segregación”, pero que posteriormente “la Administración comenzó a obligar”.
 

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Rahola
Tras el español, prohibirán los toros
José García Domínguez Libertad Digital 8 Julio 2009

Resulta que la secular querencia taurina de Cataluña ha dado en salir del armario a borbotones al socaire de ese cóctel de esnobismo populista y devoción laica que en todas partes suscita José Tomás. De ahí, sin duda, la irritada diligencia con que el Parlament tramita la ley que prevé expulsar a la Fiesta Nacional de la nació por las bravas. Total, si ya han prohibido la lengua impropia ¿por qué no eliminar de paso la tradición impropia, ese bárbaroinjertoimpuesto por Madrit que responde por tauromaquia?

Sin ir más lejos, es decir no yendo muy allá, eso predica la independentista Pilar Rahola, inopinada musa de los nacional-taurófobos domésticos. Así, al ignaro modo, un desencuentro ético a cuenta de humanos y otras bestias ha acabado transmutarse en falsa querella identitaria, otra más. Pues, como es fama, quienes festejan el Correbou de Cardona, al igual que cuantos participan en esos dos centenares largos de encierros que al año se celebran en Cataluña, todos, sin excepción, resultan ser oriundos de Australia. Y es que, desde tiempo inmemorial, los hereus y pubilles autóctonos aprovechan esas fiestas locales para recogerse en sus hogares y profundizar en el estudio de Kant y Schopenhauer en discretos seminarios privados.

Compréndase, pues, la atónita perplejidad que asaltó a nuestra activista ante lo nunca visto: nada menos que una corrida de toros en La Monumental. Llegado "con aires de conquista", "decidido a plantar la bandera de una fiesta cruel y obsoleta", presto a lanzar "un reto a la sociedad catalana", hubo de clamar contra José Tomás la airada republicana desde La Vanguardia del Grande de España. Y pensar que tan pronto como el 25 de julio de 1835 se celebró la corrida más esperada de aquella temporada en Barcelona. Que el festejo resultó un fraude para la afición (los toros, muy flojitos, se caían). Que cientos de catalanes, irritados por la falta de trapío de aquel ganado, se dirigieron entonces al centro de la ciudad y quemaron la iglesia de La Merced, el convento de San José, el de los Carmelitas Descalzos, el de los Dominicos y el de los Agustinos. Que el día acabó con dieciséis curas asesinados... Y que la Rahola aún no se ha enterado.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Japonés anticatalanista
Manuel Molares do Val Periodista Digital 8 Julio 2009

Pongámonos en la mente de un nacionalista o de un socialista catalán que lee en un periódico madrileño la carta de Atsushi Fukazawa, un japonés residente en Barcelona, en la que protesta porque sus hijos no pueden estudiar en español.

“Este japonés es un agresor, un indeseable que se mete en lo que no le importa, un imperialista, un españolista al que deberíamos echar de nuestro país”, dirán los socialistas y nacionalistas, asociados ideológicamente como socialnacionalistas, que acaban de aprobar una ley contra el uso del castellano en las escuelas que lo restringe aún más de lo que conocía Fukazawa.

El japonés se largará, pero con él todo lo que representa de tecnología, conocimientos, comercio o propaganda de esa región en su país, al que la Generalitat le implora humildemente inversiones.

Atsushi Fukazawa empieza su carta, publicada en El País pero no vista aún en la prensa catalana, haciendo pensar:

“Imagínese usted que se traslada a mi país, a Japón, con sus hijos en edad escolar. Y escolariza a sus hijos con la ilusión de darles la oportunidad de aprender japonés. Y al escolarizar a sus hijos encuentra que todos los colegios imparten clase en una lengua regional japonesa (también tenemos lenguas regionales, como en casi todos los países). Y que no encuentra ningún colegio con el japonés como lengua vehicular”.

Ya no se trata de que ingenieros, técnicos, científicos, médicos o los funcionarios españoles de mayor capacitación, como jueces o catedráticos, rechacen crecientemente establecerse en Cataluña.

Es que comienzan a hacerlo también numerosos extranjeros, profesionales y estudiantes, que influyen en la economía y en los conocimientos, en el progreso.

Hasta Messi, la superestrella del Barça terminará huyendo, como hizo su hermana menor que volvió a Argentina con su madre porque para estudiar tenía que aprender catalán, lo que separó a la familia.

Un cacique menos en Gondomar
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 8 Julio 2009

A principios de febrero de 2008, el entonces alcalde de Gondomar, José Antonio Araújo Quintás, del BNG, negó a la asociación Galicia Bilingüe el permiso para incluir esta localidad en el itinerario del autobús que entonces recorría Galicia para acercar sus reivindicaciones a los ciudadanos e incrementar la campaña de recogida de firmas a favor de sus demandas.

Galicia Bilingüe solicitó autorización para estacionar su autobús en la Plaza de la Iglesia. La respuesta del ahora ex alcalde fue contundente: «Na vila de Gondomar non existe ningunha praza con esa denominación (en el pueblo de Gondomar no existe ninguna plaza con esa denominación)», pues resulta que Plaza de la Iglesia en gallego se dice Praza da Igrexa. Cualquier habitante de Gondomar sabe que la "Plaza de la Iglesia" es la gran plaza situada delante de la iglesia de San Benito, del siglo XIX, en el mismísimo centro del pueblo.

¿Qué se puede esperar de un alcalde que no conoce ni su propio pueblo?

Además, Araújo Quintás adujo que la localidad estaría dedicada desde el 1 de febrero y durante varios días al Entroido (Carnaval). Galicia Bilingüe comprobó que para esa jornada no había programada ninguna actividad ligada al Carnaval. O sea que además de cínico, mentiroso.

No contento con este acto de desprecio caciquil y antidemocrático ante una asociación legal y con pleno derecho a expresar públicamente sus propuestas, el ahora ex alcalde del BNG se dedicó a descalificar a Galicia Bilingüe afirmando que los objetivos de esta asociación son una agresión contra la lengua gallega, afirmación totalmente gratuita que no tiene nada que ver con la realidad de lo que defiende GB. En la denegación oficial, Araújo Quintás hacía constar su «compromiso con la defensa de nuestra lengua, el gallego, por lo que no entendemos las agresiones contra la misma que ustedes proponen desde su asociación».

Al final, Galicia Bilingüe optó por solicitar al regidor municipal, por registro, la autorización para estacionar el autobús (extremo que en ningún otro ayuntamiento gallego había sido necesario), para dejar constancia formal de lo que considera una flagrante agresión al derecho de la asociación a expresarse y trasmitir públicamente sus opiniones acerca del derecho a que cada ciudadano hable y se comunique en cualquiera de las dos lenguas oficiales que existen en Galicia.

A pesar de la absurda prohibición municipal, el autobús de Galicia Bilingüe recorrió todo el pueblo de Gondomar, aunque sin estacionar en él.

Pero, como decimos en Galicia, "a todo porquiño chégalle o seu San Martiño". Y a José Antonio Araújo Quintás le llegó, por fin, en forma de moción de censura presentada por el PP, el PSOE y el grupo independiente Move Gondomar. La moción de censura fue debatida en un pleno extraordinario muy tenso, pero gracias a ella Gondomar cuenta hoy con un cacique menos.

Conozco de primera mano el descontento de los vecinos con el ex alcalde nacionalista que había paralizado todo el plan urbanístico, de modo que hasta ahora era imposible obtener permisos, comprar, vender terrenos o edificar dentro de las normas establecidas legalmente.

Las cacicadas de Araújo Quintás, en las que está implicado su hermano, irán saliendo poco a poco a la luz. Verán que el tan cacareado «compromiso con la defensa de nuestra lengua, el gallego» no era más que una tapadera para sus propios negocios y chanchullos.

Marisol Santos (La Coruña):
"Mi hija me preguntó el año pasado si era malo hablar en castellano"

"Cuando mi hija no entiende una palabra, su tutor le responde: 'Búscao no diccionario'"
Belén Piedrafita  www.lavozlibre.com 8 Julio 2009

La Coruña.- "Mi hija pequeña incorpora al castellano muchas palabras del gallego". Marisol Santos tiene dos hijos de 10 y 12 años matriculados en 4º y 6º de Primaria en el colegio público 'Eusebio da Guarda' de La Coruña. Tras la aprobación del Decreto de Normalización del Gallego en 2007, casi la totalidad de las asignaturas pasaron a impartirse en gallego en el centro, incluso la de Lengua Castellana.

- ¿Cuándo comenzaron sus hijos a recibir la enseñanza sólo en gallego?
- Hasta hace dos años, las asignaturas de Lengua Gallega y Conocimiento del Medio eran las únicas que se impartían en gallego. Con la llegada del famoso 'Decreto 124/07', por el que se regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo, prácticamente el cien por cien de las asignaturas pasaron a impartirse en gallego en el CEIP Eusebio da Guarda, con la excepción de Inglés, Ética/Religión y Lengua Española. Y aun así, algunos profesores, como el tutor de mi hija, también dan la asignatura de Castellano en gallego, denominándola 'Lingua Castelá'.

- ¿En qué ha repercutido este cambio en sus hijos?
- La imposición lingüística que ha surgió a partir de ese decreto no ha afectado a todos los alumnos por igual. Por ejemplo, en mis hijos se aprecia una gran diferencia entre el mayor, que estaba cursando quinto de Primaria, y su hermana, que estaba en tercero. El primero distingue perfectamente el castellano y el gallego y no comete faltas de ortografía en ninguno de los dos idiomas, pero su hermana incorpora al castellano muchas palabras del gallego. Esto es mucho más acusado en los niños de 3 a 5 años.

- Sin embargo, ¿cuál es la lengua materna de sus hijos?
- El español, aunque los dos entienden el gallego, ya que es la lengua en la que actualmente reciben el 95 por ciento de sus clases. De hecho, todos sus compañeros también hablan castellano con la excepción de uno o dos niños.

- Por tanto, ¿han podido escoger la lengua de enseñanza de sus hijos?
- Rotundamente, no. Mis hijos estaban acostumbrados a que los profesores se dirigiesen a ellos en castellano y, de pronto, todos se pasaron al gallego, incluso en las clases de Gimnasia y Matemáticas. Los niños se sienten incómodos y les cuesta concentrarse. Mi hija pequeña me preguntó el año pasado si era malo hablar castellano.

- ¿Qué objetivo cree que tenían las autoridades cuando aprobaron esta ley?
- Fue la concesión que le dio el PSOE al BNG para hacerse con la Xunta de Galicia.

- ¿Ha tenido la sensación en algún momento de que las cosas estuvieran cambiando?
- Cuando gobernaban Quintana y Touriño, la imposición lingüística del gallego llegó a sobrepasar la legalidad. Parece que esto se va a solucionar con el nuevo gobierno de Núñez Feijóo, aunque en muchos momentos nos hace pensar que sólo quiere contentar a todos sin concretar nada.

- ¿Han tenido sus hijos algún tipo de problema de adaptación en el colegio a causa de la lengua?
- Afortunadamente no, porque me he preocupado de conseguir todos los libros posibles en español. Incluso aquéllos que no se han editado en castellano, los he escaneado y traducido en el ordenador. Ha sido un esfuerzo enorme, pero ha merecido la pena. La clase ya depende del profesor. La mayoría habla en castellano, por lo que les cuesta un esfuerzo enorme dar la clase en gallego. Cuando los niños no entienden algo, suelen recurrir al castellano para explicarse. El problema está cuando el profesor actúa como un político y no como un docente. A veces están más preocupados en imponer un idioma que en centrarse en que los niños aprendan. Cuando mi hija le pregunta a su tutor una palabra que no entiende, éste le responde: “Búscao no diccionario”. Esta actitud afecta el rendimiento de mi hija, porque en los exámenes se encuentra con enunciados que no comprende y no puede contestar correctamente.

- ¿Cómo se manejaba usted con libros en castellano en casa y clases en gallego en el colegio?
- El profesor de mi hija me llegó a decir que estaba entorpeciendo su aprendizaje al comprarle los libros en castellano. Es increíble que diga eso cuando el expediente académico de mi hija es de los mejores de su clase, a pesar de que le quitan puntos por hacer sus tareas en español.

- ¿Han reivindicado los padres la libertad de elección de lengua en el colegio?
- Desde el principio del curso pasado, varios padres hemos solicitado al director, el señor Manuel Naviera, que nos escriba las notas informativas, circulares y demás comunicaciones en castellano, ya que actualmente sólo lo hace en gallego. Su respuesta siempre ha sido negativa. Sin embargo, a finales del curso pasado presentamos una denuncia en la Inspección y en la Delegación de Educación y comenzamos a recibir alguna circular en castellano, aunque de una manera totalmente improcedente.

- ¿Cómo actúa el centro para que lo califique como una manera improcedente?
- El tutor entrega a todos los alumnos de una clase, excepto a mis hijos, una circular informativa. Al cabo de un par de horas entra el director en el aula, interrumpiendo la clase, y entrega a mis hijos la nota en castellano. Por supuesto, tuvimos que pedir a este señor que las notas se entregaran en español por medio del tutor y de la misma manera que a sus compañeros, sin poner en evidencia a mis hijos delante de sus compañeros. Conseguimos que así lo hicieran hasta febrero de este año, cuando volvieron a escribir exclusivamente en gallego. A pesar de presentar una queja, el Valedor del Pueblo me aseguró que no tenía constancia de que en dicho colegio se estuviera incumpliendo la ley en materia lingüística. Obviamente es mentira, pero ya no sabemos a dónde recurrir.

- ¿Cree que tras la aprobación del Decreto de 2007 la actitud adoptada por los colegios públicos y privados ha sido diferente?
- Los centros privados y concertados temen que la Administración tome represalias, si no actúan según el Decreto. En los públicos, sin embargo, se les promociona a los profesores que hablan gallego. A los que utilizan el castellano en sus clases, se les amenaza con enviarles a un inspector y sancionarlos.

- Para usted, ¿cuál sería la situación ideal en Galicia?
- Que se respete el derecho de los ciudadanos a elegir en cuál de las dos lenguas oficiales desean recibir las clases, utilizar los libros de texto y expresarse. Y que en todos los documentos oficiales se empleen ambas lenguas.

A todos nos duele nuestra lengua
La cuestión lingüística no va bien; ahí está la última polémica sobre la ley catalana. En España, todo el mundo piensa que su idioma materno es maltratado. Lo primero sería cambiar la actitud de los ciudadanos
ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA-MOLINS El País 8 Julio 2009

A los españoles de hace un siglo, al menos a algunos de ellos, les dolía España. A los de ahora lo que nos duele, sobre todo, es la lengua. Integrados en Europa, con un régimen democrático y con una economía que, pese a la crisis, sigue siendo del primer mundo, ningún ciudadano debería sensatamente tener motivos para el desánimo. Y, sin embargo, los herederos de Miguel de Unamuno y de María Zambrano, de Salvador Espriu y de Alfonso Rodríguez Castelao, tenemos razones más que suficientes para estar preocupados.

La cuestión lingüística en España no va bien; de hecho, va tan mal que ha llegado a poner en cuestión la existencia misma del país en una sucesión de acciones y reacciones, a cual más desgraciada, en la que las culpas se hallan bastante repartidas. No pasa día sin que los medios den noticia de protestas, manifiestos o declaraciones que están continuamente arrojando leña a una hoguera ya crecida de por sí.

Ahora mismo estamos embarcados en la polémica de la llamada ley del catalán, aprobada por el Parlament de Cataluña, lo que, sorprendentemente, no basta para zanjar la cuestión. Hay quienes se obstinan en mirar para otro lado y se niegan a reconocer que el rey está desnudo. Es una suprema irresponsabilidad política: se quiera o no, casi no existe ningún ciudadano español que esté contento con el trato que le están dando actualmente a su lengua. Si esto se aplicase a su cuenta corriente, a su familia o a su lugar de residencia, estaríamos en puertas de una revolución. Y, sin embargo, la lengua nos constituye sentimental y humanamente mucho más que aquellos factores: uno puede cambiar de ciudad, está continuamente alterando su estado financiero y, si se empeña, hasta puede cambiar de familia, pero nunca perderá su lengua.

Una precisión importante: lo que a los ciudadanos les duele en cada caso no es la lengua por antonomasia, de aquí o de allá, es su lengua.

En España, el 40% de la población vive en comunidades bilingües, de forma que a una mayoría le duele el español, pero a una minoría muy relevante le duelen el catalán/valenciano, el gallego o el vasco. Pasa con esto como con las guerras: los políticos y los estados mayores juegan a destrozarse mutuamente, pero lo hacen por persona interpuesta, de forma que las víctimas siempre son soldados y civiles que lo han perdido todo, sin que su condición doliente permita distinguir a los de un bando de los del otro.

¿Existen ciudadanos de las comunidades bilingües que se sienten vejados por lo que denuncian como excesos de la aplicación de las leyes de normalización lingüística, lo cual encorajina de paso a muchos habitantes de las monolingües? Sí, es evidente. ¿Existen ciudadanos de las comunidades bilingües que sienten que en España -un país que sólo reconoce sus lenguas en el ámbito regional (y además recientemente)- no dejan de estar de visita? Igual de evidente.

No sé a qué conduce mirar para otro lado y hacer de avestruz en este tema tan delicado. Si queremos seguir viviendo juntos, porque nos interesa mutuamente y fuera hace mucho frío, habrá que resolver esta contradicción alguna vez. Y entiéndase que no estoy propugnando ninguna forma de organización política concreta para España. A mí, como iberista convencido, lo que me gustaría es que la dualidad estatal vigente en la península Ibérica se superase con alguna fórmula viable y aceptada por todos, pero éste es otro debate ajeno a la cuestión que nos ocupa aquí.

Lo que sí propugno es la necesidad de replantear radicalmente la cuestión lingüística.

Dicen que este asunto está muy politizado. Desde luego: por acción o por omisión, abierta o larvadamente, los políticos de uno y otro signo no han hecho más que tensar la cuerda en beneficio propio sin sacar al náufrago ni un milímetro de la ciénaga que lo está tragando. Entiendo que lo más importante es cambiar la actitud de los ciudadanos y que sólo cuando haya cambiado será posible plantear medidas efectivas concretas porque ellos mismos las habrán demandado. Lo contrario sería empezar la casa por el tejado.

En el momento presente lo que predomina es una actitud avasalladora que impone en cada caso la lengua dominante con exclusión de las demás. De un lado está la idea de que el español es la única lengua del país (lo que gustan llamar "lengua nacional"), siendo así que no sólo no es el idioma materno de muchas personas, a las que habría que agradecer permanentemente su esfuerzo al usarlo, sino que, además, el catalán/valenciano, el gallego y el vasco han sido igualmente lenguas generales de España desde hace muchos siglos y por razones de las que no me puedo ocupar aquí. De otro lado está la idea de que estos tres idiomas (que gustan llamar "propios") sólo podrán sobrevivir si sus defensores calcan miméticamente la ignorancia y el menosprecio del otro que han caracterizado a los que sólo están interesados en la defensa del español.

En otras palabras: a lo que se aspira, como mal menor es a que las lenguas coexistan, pero sin propiciar su convivencia, es decir, su vivencia compartida. Es lo que en el antiguo régimen se preconizaba para las clases sociales y para los sexos: coexistencia inevitable, sí, convivencia fecunda, no. Mas si algo caracteriza a nuestra época es la superación de estas desigualdades: la de clase, la de sexo, la de religión... todas, menos la de lengua. Y esto constituye una tragedia, y no sólo hoy, en España viene siendo así desde el siglo XVIII.

¿Tan difícil es hacer posible que en el Parlamento, en los medios de comunicación y en la vida diaria de toda España uno pueda expresarse en cualquiera de los tres romances sin que se le insulte, a pesar de que le comprenden perfectamente con un mínimo de práctica?

¿Tan pernicioso resultaría para la vida social de las comunidades bilingües que los hispanohablantes, que de todas maneras conservarán el español en este mundo de la aldea global, no lo retengan sólo como una variedad oral más o menos vergonzante? Dicho brevemente: ¿acaso no vamos a ser capaces de cimentar la vida de los ciudadanos españoles sobre la convivencia lingüística?

Todo lo que acabo de decir son obviedades, pero soy consciente de que muchas personas lo acogerán con reticencia. Por eso me guardaré muy mucho de proponer que las cuatro lenguas de España sean declaradas oficiales en todo el Estado o que la oficialidad legal de la lengua propia y del español se aplique equilibradamente en las comunidades autónomas bilingües.

Las medidas legales efectivas son las que consolidan un estado de opinión mayoritario -la ley de dependencia, la de igualdad de género-, nunca las que aspiran a crearlo de la nada al estilo de la ley antialcohólica de Estados Unidos en los años veinte. Antes de legislar hay que ganar la batalla de la opinión y de las actitudes.

El tiempo apremia: la herida sigue abierta, y las posibilidades de que se gangrene crecen de día en día. Necesitamos cauterizarla con un gran pacto de Estado: nos va en ello la paz social.

Ángel López García-Molins es catedrático de Teoría de los Lenguajes de la Universitat de València.

Educación alega que en la consulta del gallego «no habrá datos bajos»
PATRICIA ABET/ISABEL BUGALLO | SANTIAGO/OURENSE ABC Galicia 8 Julio 2009

El conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria, Jesús Vázquez Abad, se manifestó ayer sobre los datos de la polémica consulta lingüística que el Ejecutivo realizó entre los padres durante el pasado mes de junio. Abad no dudó en descartar que hubiera «datos bajos» y avanzó que existen «muchos miles y miles» de ellos, por lo que consideró que se trata de una opinión que va a ser tenida en cuenta, ya que se basa en una encuesta hecha desde la «libertad».

Desde Educación se confirmó que «hay una cantidad de cajas perfectamente ordenadas» sobre la consulta referida al idioma y matizaron que todavía se desconoce cuál ha sido el índice de participación, pero que se sabrá «en el momento en el que estén tramitadas las consultas con las cartas que se enviaron». En alusión al tema lingüístico, Jesús Vázquez se ratificó a favor de una Galicia con dos lenguas, dentro de un «marco de convivencia lingüística de referencia para otras culturas» y abogó por la pluralidad como un objetivo a conseguir.

Estas declaraciones fueron realizadas durante la exposición «As nosas palabras, os nosos mundos», que permanecerá abierta hasta el próximo día 19 de julio en el Centro Cultural de la Diputación de Ourense. A través de esta muestra se intenta poner de relieve la riqueza y diversidad de todos los idiomas del mundo, como vehículos de comunicación y cultura. A dicha presentación acudieron también el conselleiro de Cultura, Roberto Varela; el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo; el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez y la edil de Educación del Concello de Ourense, Ana Garrido.

José Luis Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, aprovechó su asistencia a la exposición para hacer una llamada al consenso sobre el gallego. El barón provincial afirmó que «desde los puestos de responsabilidad debemos ser capaces de buscar lugares de armonía y de coincidencia», porque, aseguró, «quien intente convertir la lengua en un elemento de confrontación y lucha partidaria caminará hacia un abismo al que le conducirán los propios gallegos», manifestó.

Asimismo, añadió en su intervención que para la Diputación «es un placer acoger esta exposición sobre nuestra lengua, dentro del contexto de un mundo multilingüe», asegurando que «ser anfitrión de una iniciativa positiva y constructiva es siempre motivo de satisfacción, por poder contribuir y ayudar a divulgar esta propuesta». Concluyó alegando que «ni Galicia ni el gallego tienen más dueños que los gallegos y la patria y el habla no son de políticos», sostuvo. «Y no precisa de salvadores mesiánicos», remató.

 

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